La dependencia informó en un comunicado, el viernes 31 de octubre, que el presunto feminicida, un hombre de 42 años, fue detenido por uniformados tras intentar herirse con un cuchillo cuando ingresaron al inmueble. 

También relató que los operadores del C2 Poniente recibieron una llamada de auxilio por un posible caso de violencia familiar en el cruce de las calles Chilenos y Mexicanos. Una vecina reportó haber escuchado gritos, por lo que policías y bomberos ingresaron al domicilio.  

En una de las habitaciones hallaron el cuerpo de la víctima sin vida, con heridas de arma blanca en el cuello y las manos. En el sitio fueron asegurados un cuchillo de 30 centímetros y un machete de 40. 

Tercer feminicidio en 10 días

El caso se da apenas cuatro días después del feminicidio de Amanda Castro Rossab, de 22 años, asesinada en plena vía pública en la alcaldía Cuauhtémoc.  

El 27 de octubre, la joven fue atacada por un hombre que vestía una túnica negra, en la esquina de José Sotero Castañeda y Juan A. Mateos, colonia Vista Alegre, después de haber sido reportada como desaparecida por la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, el 23 de octubre. 

El 20 de octubre, otra mujer fue asesinada a tiros en la colonia Tlalpan Centro, frente al número 146 de la calle Diligencias, casi en la esquina con 5 de Mayo. Testigos reportaron que se escucharon al menos diez detonaciones de arma de fuego. 

En menos de dos semanas, tres mujeres fueron asesinadas en distintos puntos de la Ciudad de México: Tlalpan, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. Los crímenes ocurrieron en espacios públicos y domésticos, con armas blancas y de fuego. 

Lo anterior contrasta con la presentación del informe mensual de seguridad de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien el pasado 16 de octubre afirmó que los feminicidios en la capital habían disminuido 35%, y destacó que la Ciudad de México “se consolida como una de las urbes más seguras para las mujeres”.

Mineral de la Reforma, conurbado de Pachuca y el segundo municipio metropolitano en dimensión poblacional, tuvo observaciones por 24 millones 788 mil 782.80 pesos durante el último año de gobierno de Israel Félix Soto, uno de los dos exsecretarios particulares de Omar Fayad desde que el hoy embajador era alcalde de Pachuca (2006-2009) y hasta su elección como gobernador (2016); el segundo era Martiniano Vega Orozco, exoficial mayor preso por cuatro cargos por presuntos delitos de corrupción y una sentencia de 12 años por peculado agravado. 

Félix, secretario de la Política Pública –una dependencia de reciente creación– durante la primera parte del mandato de Fayad, fue impulsado por su jefe político para la candidatura priista al gobierno de Hidalgo en 2022. Cuando Omar renunció al PRI y creó el GPI, Israel no se sumó públicamente, entre versiones al interior del grupo político del hoy embajador de distanciamiento. 

Israel Félix pidió licencia en marzo de 2024 con la intención de participar en el proceso electoral en el que, en lo estatal, se renovaron diputaciones locales, y en lo federal las cámaras de Diputados y Senadores. Fue sustituido de forma interna por Fernando Escalante Sánchez –su suplente y afín políticamente–, hasta septiembre, cuando tomó posesión el actual edil morenista Eduardo Medécigo Rubio. 

La ASEH detectó en la segunda revisión a la cuenta pública de aquel año que en la partida Sueldos a personal eventual el municipio no acreditó 923 mil 74 pesos, porque “no presentó actividades detalladas del personal de enero a junio de 2024, evidencia detallada de las actividades realizadas, solicitudes de pago de las áreas responsables a Recursos Humanos posterior al cumplimiento de las actividades asignadas al personal, timbrado de comprobantes fiscales digitales por internet, listados del personal contratado con firmas e identificaciones”; además, no se apegaron a los lineamientos del Programa de Empleo Eventual 2024, que tenía como meta 20 vacantes. 

En la partida de Mantenimiento de vehículos del ejercicio fiscal 2023, el municipio no presentó requisiciones y bitácoras que acredite 354 mil 134.25 pesos, tampoco relación de movimientos de las tarjetas inteligentes de monedero electrónico ni tickets de la gasolinera firmados por los usuarios que justifiquen 2.5 millones de pesos según la póliza número EGR1301 de fecha 9 de febrero de 2024, y 1.5 millones según la póliza EGR1300 del 2 de marzo de 2024. 

Tampoco proporcionó evidencia de un supuesto seguro contratado para vehículos que costó 2 millones 553 mil 686.84 pesos, mientras que en la partida de Servicios profesionales, el municipio no presentó el Programa de ordenamiento ecológico local aprobado, publicado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como también los dictámenes por parte de los peritos, por los que se dispusieron de 1 millón 409 mil 498.94 pesos e, incluso, hubo demandas laborales por incumplimiento. 

Entre los posibles faltantes están 317 mil 907.60 pesos cargados a la partida de Arrendamiento de fotocopiadoras, pero el municipio no presentó la relación de reportes de servicios realizados y reportes de servicio técnico, sólo la póliza número EGR1957, el 14 de mayo de 2024. 

Sin evidencia también, otro cargo por 2 millones 266 mil 797.83 pesos de la partida “Otros materiales y artículos de construcción y reparación”, registrado en la póliza número EGR3741, de fecha 19 de agosto de 2024. 

En Ayudas sociales a personas, el municipio no presentó listados de beneficiarios, recepción del beneficio, bases del programa, evidencia gráfica, reglas de operación y estudio socioeconómico que validen la salida de 8 millones 806 mil 277.80 pesos, y en la misma partida tampoco justifica otros 459 mil pesos; además, hay 839 mil 75 pesos registrados como “adquisición de semillas” para el programa "produciendo contigo", pero no hay constancia de los beneficiarios. 

Igualmente, según el dictamen de la auditoría estatal, Mineral de Reforma otorgó licencias a diversos giros para la venta de bebidas alcohólicas, pero no las cobró, lo que generó un posible daño al patrimonio municipal por 376 mil 818.94 pesos. 

Pachuca y Mineral de la Reforma concentran el 52 por ciento de las observaciones por 137 millones 961 mil 680.98 pesos que la ASEH hizo a municipios. 

Después de ellos, el tercer municipio con más observaciones fue Zempoala, con 10 millones 663 mil 384.70 pesos. 

El ayuntamiento que estuvo encabezado hasta el 31 de agosto por Jesús Hernández Juárez (PRI) y después por Sinuhé Ramírez Oviedo (Nueva Alianza), no presentó evidencia de desalojo de excavación, tepetate, renta de maquinaria y mano de obra por la cual registró la salida de 1 millones 456 mil 619.74 pesos, además de que tuvo conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por 214 mil 310.33 en el contrato PMZ-REPO-083/2024-005, denominada Escaleras de plaza todos los Santos, en la localidad de Zempoala. 

Sin embargo, la mayor carga de dinero no justificado está en la partida de Ayudas sociales, con 5 millones 429 mil 437.64 pesos en “Apoyos a comunidades” por las que no hay solicitud del beneficiario, agradecimiento, presupuesto, expediente técnico y evidencia gráfica del apoyo recibido. 

También, en Apoyos a instituciones educativas, no presentó expediente técnico para determinar el monto del monto otorgado, así como la evidencia de la aplicación de 256 mil pesos. 

Igualmente hubo cargos como el del comprobante fiscal digital por internet 7DC2CA de fecha 8 de agosto de 2024, pagado mediante transferencia electrónica número 719175 ese mismo día, por presentación de grupos artísticos, pero al revisar los programas de corrida de toros del 16 de septiembre de 2024, fiestas patrias Zempoala 2024, Xantolo en Zempoala 2024, día del músico, festejos navideños, listado de entrega de arcones e invitación a cena de fin de año correspondiente a la partida de Festividades públicas, no se encontró que esas agrupaciones se hayan presentado. 

Con más monto por aclarar sigue el municipio de Zapotlán, con probables recuperaciones por 8 millones 482 mil 183.21 pesos (1 millón 924 mil 802.76 pesos en Gastos de orden social y cultural), y Huejutla de Reyes, con 7 millones 54 mil 676.25 pesos, principalmente en la desincorporación o baja de bienes y falta u omisión de documentación comprobatoria y justificativa de obras y pagos. 

En total, la ASEH observó 211 millones 404 mil 902. 41 pesos en el segundo informe de la cuenta pública 2024, que también incluye 49 millones 359 mil 646.34 pesos a organismos descentralizados municipales y 24 millones 83 mil 575.09 pesos a entidades del sector paraestatal y organismos autónomos.

Las debilidades de seguridad de la herramienta desarrollada durante la gestión de Raquel Buenrostro, ahora secretaria Anticorrupción, para realizar trámites en línea ante la oficina recaudadora, permiten que una persona se acredite y pueda acceder a la información personal y financiera de otra.

En su edición de noviembre que se puede adquirir en este enlace, en el reportaje "El candado que cualquiera puede abrir y pone en peligro a 66 millones de contribuyentes" Proceso da a conocer el demoledor peritaje de la FGR y comprobó el acceso a la información de funcionarios del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

También, en la seguidilla de revelaciones sobre la actividad empresarial del coordinador de Morena en el Senado y sus allegados, la edición que empezó a circular este primero de noviembre publica una serie de reportajes sobre el festín de contratos multimillonarios para Adán Augusto López Hernández y amigos en estados controlados por Morena, especialmente en Veracruz, Quintana Roo, Chiapas y Baja California. Buena parte de los recursos de salud en esas entidades han acabado en contratos en favor de Mario Manuel Guerra Mabarak y de Fernando y Carlo Padilla, amigos también de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En Michoacán, una de las entidades donde el lopezobradorismo se consolidó con la diáspora del desaparecido PRD, el Estado mexicano ha perdido capacidades frente a la delincuencia organizada. El asesinato del representante de los productores de limón, Bernardo Bravo, es la más reciente y ominosa expresión de cómo se han borrado las fronteras entre la legalidad y la delincuencia al amparo de la política en un estado que está, literalmente, minado.

De igual manera abordamos que el trasiego de drogas a Estados Unidos desde Sudamérica ha detonado ataques del Departamento de Guerra de la administración Trump sobre lanchas en el Caribe y Pacífico, en las fronteras marítimas de México. Los bombardeos, considerados ilegales por la comunidad internacional, no deben ser desestimados por el gobierno de Sheinbaum, consideran los reportes recogidos por Proceso en Washington y Bogotá.

En Economía el llamado “segundo piso de la transformación” representa el segundo piso de contratos para las empresas favorecidas desde el gobierno anterior: Operadora CICSA, de Carlos Slim; ICA, Mota Engil e INDI, encargadas de poner en marcha el megaproyecto ferroviario del gobierno de Sheinbaum. 

La cúpula empresarial, en tanto, se disputa el control del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) con miras a la renovación de su dirigencia luego de la gestión de Francisco Cervantes, caracterizada por su cercanía a Palacio Nacional desde el sexenio anterior y su silencio ante las reformas económicas y políticas que le han restado competitividad al país.

En otro proyecto empresarial anunciado por la presidenta Sheinbaum, la ampliación de la infraestructura portuaria y de gas en Baja California, la sociedad y organizaciones como Ballena o Gas y Ensenada Digna se han movilizado en torno de la disyuntiva ante la opacidad y el impacto de las obras en la fauna marina, las playas y el desarrollo urbano en la península.

En esta edición del 49 aniversario de Proceso, los lectores también encontrarán una crónica sobre los dos primeros meses de la novel Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus esfuerzos, entre divisiones, por consolidar el régimen de Morena.

Además, se presenta el reportaje "Desaparecer en las morgues", que explica cómo el Estado mexicano, mediante las fiscalías, representan laberintos de pesadilla para los familiares de los desaparecidos.

En la sección Cultura nuestros suscriptores podrán leer una entrevista con la escritora méxico-estadunidense Jennifer Clement, autora de la novela La viudad de Basquiat, que en una nueva edición cuenta la relación de Suzanne Mallouk con el célebre artista neoyorkino del grafiti Jean Michel Basquiat.

Además, en Nayarit ha surgido el Movimiento Ciudad de las Artes Resiste, ante el avanzado proyecto de las autoridades por derrumbar la Ciudad de las Artes en Tepic, para crear un estadio de futbol en la capital del estado. La sociedad organizada tiene, por ahora, una suspensión judicial para impedir la demolición. Los ciudadanos han pedido la intervención presidencial, sin tener aún respuesta.

En Deportes, Proceso presenta a sus lectores desde Narok, Kenia, el reportaje “Presas de los hombres ‘hiena’”, que cuenta el maltrato al que son sometidas las atletas kenianas por parte de hombres que se les acercan como entrenadores, pero que terminan explotándolas y violentándolas, muchas veces hasta la muerte.

Tal y como lo señala la ONG, la “Casa de las Mercedes” no es un suceso de violencia excepcional hacia las infancias. Durante el pasado mes de julio, mediante un pronunciamiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños y Adolescentes (SE SIPINNA), se dio a conocer el cierre de los albergues infantiles en los municipios de Texcoco y Chicoloapan, operados por la organización “Ayudante al Niño, Transformando Niños en México”, en donde se ha documentado una serie de denuncias por abuso sexual, maltrato y otras formas de violencia contra la infancia.

Asimismo, se señaló que se organizó un operativo conjunto entre diferentes instituciones públicas, con el propósito de garantizar la seguridad de las niñas y niños para proceder al cierre de los albergues implicados. Este operativo incluyó la intervención de autoridades federales y estatales.

Situación que, señalaron, constituye una seria violación a los principios y derechos establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), especialmente en lo que respecta al derecho de vivir libres de violencia y recibir protección y cuidados adecuados en entornos seguros.

Ante ello, se hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de establecer medidas efectivas y permanentes de vigilancia, verificación y control en estos espacios. Es indispensable garantizar que los centros de asistencia social operen con personal capacitado, bajo protocolos claros de atención, en condiciones dignas, seguras y libres de cualquier tipo de riesgo para niñas, niños y adolescentes.

Pero ellos viven de lo que tú estás pagando

Y si te tratan como a un delincuente (ladrón)

No es tu culpa, dale gracias al regente

Hay que arrancar el problema de raíz (ajá)

Y cambiar al gobierno de nuestro país

A la gente que esta en la burocracia

A esa gente que le gustan las migajas

Yo por eso me quejo y me quejo

Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo

Que no wachas, los puestos del gobierno

Hay personas que se están enriqueciendo

Gente que vive en la pobreza

Nadie hace nada porque a nadie le interesa

Es la gente de arriba te detesta

Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas

Si le das mas poder al poder

Mas duro te van a venir a coger

Porque fuimos potencia mundial

Somos pobres, nos manejan mal

Dame, dame, dame, dame todo el power

Para que te demos en la madre

Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder

So I can come around to joder

Es la letra de la canción que se volvió emblemática contra el sistema opresor que la 4T pretendía echar abajo, como su bandera que llevó al triunfo a López Obrador en 2018 y el año pasado a Claudia Sheinbaum.

No es la primera vez que critican al oficialismo guinda: en su canción “No Olvidamos” (2022), repudiaron a AMLO por culpar a gobiernos anteriores de todos los males y por rodearse de figuras controvertidas.

En 2006, la canción “No deje que el Peje lo apendeje” se interpretó como un apoyo irónico a AMLO contra sus rivales, aunque la banda siempre ha negado respaldos a políticos. Su música general, como “Gimme tha Power” (1997), critica el abuso de poder en México sin favoritismos.

Morena los vamos a denunciar por violar los derechos de nuestras rolas sin previa autorización del autor y por cierto no vatoaría por ellos ni aunque esté drogado https://t.co/yPkINIgcKe

— Mil Tragos (@SaqueMate) May 31, 2021

El agresor escapó con ayuda de sus padres, quienes abandonaron a la joven herida en la entrada de un hospital sin avisar a su familia ni llamar a las autoridades. Aunque los padres fueron detenidos en mayo de 2021 por encubrimiento, un juez determinó que no estuvieron relacionados con el feminicidio y solo fueron imputados por “omisión de auxilio”.

La aprobación de esta ley busca evitar que casos como el de Montserrat se repitan, al sancionar penalmente a quienes, por lazos de sangre o afectivos, protejan a los agresores. En otras entidades del país, como Morelos, Oaxaca, Puebla, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México, la Ley Monse ya ha sido aprobada o dictaminada, según destacaron las legisladoras durante la sesión.

Desde la tribuna, la diputada Elena Córdova Molina, de Movimiento Ciudadano, celebró que “después de tanto tiempo de espera, en Veracruz la Ley Monse ya será una realidad”. Recordó que la iniciativa “representa castigos ejemplares a encubridores con penas privativas de libertad y sanciones económicas”.

La diputada Indira de Jesús Rosales San Román, del Partido Acción Nacional, recordó que “nos tomó cuatro años llegar a este momento” y señaló que “ya fue dictaminada en Puebla, en el Estado de México, en Oaxaca y en Jalisco”, mientras que en Veracruz “nos tardamos cuatro largos años”.

A nombre del Partido Verde Ecologista, la diputada Tania Cruz Mejía resaltó que “no estamos discutiendo una reforma más al Código Penal; estamos discutiendo una reforma que tiene nombre de mujer, que nació del dolor y de la indignación, pero sobre todo de la lucha por justicia”. Añadió que “era ilógico e inaceptable que otros estados como Morelos, Puebla o la Ciudad de México avanzaran antes que nosotros, la cuna de esta lucha”.

En representación de Morena, la diputada Astrid Sánchez Moguel defendió que las reformas “fortalecen el marco normativo para sancionar el feminicidio y eliminar los vacíos legales que perpetúan la impunidad de los delitos de violencia contra las mujeres”. Explicó que se modifican los artículos 26 y 345 del Código Penal de Veracruz, limitando las excusas absolutorias basadas en vínculos familiares o afectivos, “con una perspectiva de protección primordial a las víctimas y a la sociedad en conjunto”.

El pasado 27 de octubre de 2025, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una periodista, Karina Vargas, de Reporte Índigo, le preguntó a la mandataria sobre la activación del artículo 34 en la convención en la materia, por parte del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), para determinar si las desapariciones que ocurren en México son generalizadas o sistemáticas.

Al respecto, la presidenta de la República afirmó lo siguiente:

“Nosotros no coincidimos, se ha manifestado varias veces, ha habido varios documentos. Lamentablemente, las desapariciones que existen en México están vinculadas con la delincuencia organizada, en la gran mayoría de los casos. No es la violencia del Estado, como fue en los sesentas (sic), en los setentas (sic), incluso en una parte de los ochentas (sic)… Eso es muy distinto a lo que ocurre en México, donde no es el Estado mexicano”.

Los colectivos, organizaciones y personas solidarias que suscribimos este documento, deseamos formular las siguientes precisiones con base en nuestro informe:

No negamos que la mayoría de las desapariciones que ocurren actualmente en México sean obra de agentes delincuenciales o del crimen organizado. Sin embargo, no coincidimos, por no estar apegado a la realidad jurídica internacional y nacional, ni a la realidad sociológica del país, que las desapariciones forzadas que ocurren actualmente en México no se encuentran asociados directa o indirectamente con la responsabilidad del Estado.

Si bien estamos de acuerdo en que las desapariciones que ocurren en el país actualmente son de características distintas a aquellas que se perpetraron durante los años sesentas, setentas, incluso en una parte de los ochentas, que fueron cometidas directamente por agentes del ejército y otros agentes del Estado mexicano, como parte de una política de persecución política, esto no quiere decir que las desapariciones que se están cometiendo actualmente en nuestro México no sean desapariciones forzadas propiamente dichas, de acuerdo con la estricta aplicación de la definición de desaparición forzada contenida en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte, y de la misma legislación mexicana en la materia.

Las desapariciones que se cometen actualmente en México, en su mayoría, son desapariciones forzadas propiamente dichas, como lo hemos demostrado en el estudio e informe alternativo que presentamos ante el Comité Contra las Desapariciones Forzadas a mediados del mes de agosto de este año. (Desapariciones Forzadas Generalizadas y/o Sistemáticas Cometidas en México https://www.fundacionjusticia.org/desapariciones-forzadas-generalizadas-y-o-sistematicas-cometidas-en-mexico/ ). Por lo tanto, afirmar que las desapariciones que se perpetran actualmente en México no se cometen “desde el Estado” es falso desde el ángulo jurídico y también desde la perspectiva de la realidad.

El CED ha formulado precisiones sobre la definición de desaparición forzada contenida en la Convención respectiva, que incluye como parte de ella, el hecho de que cuando una privación de la libertad es cometida por un particular que actúa con autorización, apoyo o aquiescencia de agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, constituye propiamente una desaparición forzada.

Los principios sobre responsabilidad internacional del Estado aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución A/RES/56/83) son claros en el sentido de que, la responsabilidad internacional del Estado se deriva de actos contrarios al derecho internacional, que son cometidos por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel. En un estado federado, como lo es México, agentes de cualquier sector significa servidores públicos, ya sean federales, estatales o municipales, de cualquiera de los poderes, ya sean ejecutivo, legislativo, judicial, o de órganos constitucionales autónomos, o de cualquier índole, independientemente de que sean de alto o medio o bajo nivel. Cualquier “servidor público” tal y como dicho término es entendido por la constitución mexicana, es un agente del Estado para los efectos de la Convención Internacional en la materia.

En la declaración sobre agentes no estatales en el contexto de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, que hizo público el Comité Contra las Desapariciones Forzadas el 2 de mayo de 2023 (CED/C/10), quedó perfectamente claro que, cuando agentes del Estado otorgan autorización, apoyo o aquiescencia a agentes no estatales, como podrían ser grupos del crimen organizado, dichas privaciones de la libertad constituyen desapariciones forzadas propiamente dichas, en virtud de la participación directa o indirecta de agentes gubernamentales del Estado.

En dicha declaración, el comité aclaró los siguientes conceptos:

“III. Desapariciones forzadas cometidas por agentes no estatales que se enmarcan en el ámbito de aplicación del artículo 2

2. El artículo 2 de la Convención se refiere a las desapariciones forzadas que sean obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Abarca las circunstancias en las que los actos u omisiones de personas o grupos de personas que no sean agentes del Estado puedan no obstante atribuirse al Estado y, por tanto, conllevar la responsabilidad del Estado en el marco del Derecho internacional. Dicha atribución puede producirse en cualquier contexto, incluidas situaciones de paz o de conflicto armado internacional o no internacional.

3. “Autorización” significa que el Estado, por conducto de sus agentes, ha dado permiso oralmente o por escrito a personas o grupos de personas para hacer desaparecer a una persona.

4. “Apoyo” significa que el Estado ha proporcionado algún tipo de ayuda a personas o grupos de personas que han cometido una desaparición forzada, entre otras cosas compartiendo información o proporcionando medios como infraestructura, financiación, armas, capacitación o medios logísticos. A efectos de atribución en este contexto, no es necesario que el apoyo se preste con el objetivo específico de cometer una desaparición forzada.

5. Por “aquiescencia” se entiende que el Estado conocía, tenía razones para conocer o debía conocer la comisión o el riesgo real e inminente de comisión de una desaparición forzada por personas o grupos de personas, pero que concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a) El Estado ha aceptado, tolerado o consentido esa situación, aunque sea implícitamente;

b) El Estado, deliberadamente y con pleno conocimiento, por acción u omisión, no ha adoptado medidas para prevenir el delito e investigar y castigar a los autores;

c) El Estado ha actuado en connivencia con los autores o desentendiéndose por completo de la situación de las potenciales víctimas, facilitando las acciones de los agentes no estatales que cometen el acto;

d) El Estado ha creado las condiciones que permitieron su comisión.

6. En particular, existe aquiescencia en el sentido del artículo 2 cuando existe un cuadro persistente conocido de desaparición de personas y el Estado no ha adoptado las medidas necesarias para impedir nuevos casos de desaparición e investigar a los autores y llevarlos ante la justicia.

7. En tales casos, corresponde al Estado la carga de probar que no hubo aquiescencia por su parte, y debe demostrar que ha tomado medidas y acciones concretas para prevenir, investigar y castigar el delito, y que tales medidas han sido efectivas en la práctica.

8. Las circunstancias contempladas en el artículo 2 se aplican, entre otros, a los denominados “grupos paramilitares”, las “patrullas civiles” y empresas de seguridad privada. También pueden aplicarse a las personas implicadas en la delincuencia organizada, en particular a los grupos de traficantes o tratantes, y se extienden a cualquier persona o grupo de personas, incluidos los grupos o redes informales, desde el momento en que recibieron la autorización, el apoyo o la aquiescencia de una autoridad estatal.”

Como lo hemos demostrado de manera contundente en nuestro informe alternativo, presentado al CED, y al que ya hemos hecho referencia líneas arriba, la gran mayoría de las desapariciones que se cometen actualmente en México, son desapariciones forzadas propiamente dichas, pues muchas de ellas son perpetradas directamente por agentes estatales de cualquier sector o nivel, y también, otras, tal vez la mayoría, son cometidas por agentes delincuenciales que actúan con autorización, apoyo, y, sobre todo, aquiescencia de agentes del Estado.

Por ello, creemos equivocada la postura que ha adoptado el gobierno de la República en relación con el inicio del procedimiento previsto en el artículo 34 de la convención de la ONU en materia de desapariciones forzadas, aduciendo que la aplicación de tal dispositivo es solamente para casos excepcionales, con lo cual parecería que la posición del gobierno de México es que la gravísima situación de las desapariciones, no es excepcional en nuestro país, o que el CED no está actuando de acuerdo con criterios objetivos.

Los colectivos y organizaciones que suscribimos el informe al Comité, no podemos coincidir con tal aseveración, y nos parece, no solamente alejado de la realidad, sino una prueba más de que el gobierno de la República nos da la espalda, negando la realidad.

En tal virtud, quienes firmamos, 61 colectivos, 66 organizaciones civiles, entre otros, hacemos un llamado al gobierno federal mexicano a corregir su equivocada posición con respecto al CED, y en lugar de contradecirlo, cooperar con el mismo y con la comunidad internacional para erradicar de fondo las causas de las desapariciones y garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas.

Suscrito en los Estados Unidos Mexicanos el día 28 de octubre de 2025.

Organizaciones de familiares de víctimas:

Armadillos Rastreadores, Lagos de Moreno; Buscador@s Zacatecas, AC; Buscando Vidas y Justicia por México, A. C.; Búsqueda Desaparecidos Nayarit; Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos AC; Casa Hogar Veracruz; Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello; Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADDEM “Alzando Voces”; Colectivo Amor por los Desaparecidos, Tamaulipas; Colectivo Ayuda a Regresar a Luis Alberto Calleja, AC; Colectivo Buscadoras Guanajuato, México; Colectivo Buscando con Amor y lucha por Ustedes, Veracruz; Colectivo Buscando Corazones; Colectivo Buscando Justicia por los Nuestros, Zitlala, Gro.; Colectivo Buscando nuestros Desaparecidos de Tamaulipas, AC; Colectivo Casa de la Esperanza de Cuauhtémoc, Chihuahua; Colectivo de familiares de personas desaparecidas 10 de octubre de Parral, Chihuahua; Colectivo Esposas y Familiares de Agentes de Seguridad Estatales Detenidos y Desaparecidos por Militares en 1977; Colectivo familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo Gro.; Colectivo Guerrero No+ Desaparecid@s; Colectivo Hasta Encontrarte, Irapuato, Guanajuato; Colectivo Junax K’ontantik, Chiapas; Colectivo Madres Novias del Sol Buscando a sus hijos por la Cuenca del Papaloapan; Colectivo Pirasol. Cd. Valles, SLP; Colectivo Raúl Trujillo Herrera; Colectivo Siguiendo Tus Pasos, Baja California; CRISDE Juntos Hasta Encontrarlos; Desaparecidos Justicia AC. Querétaro; Desaparecidos Querétaro; En Búsqueda de Verdad y Justicia, Tepic, Nayarit; Familiares Caminando por Justicia, AC; Familiares en Búsqueda Michoacán; Familiares en Búsqueda, Xalapa; Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas AC (FAMUN), Coahuila; Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, Cd. Juárez, Chihuahua; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-M); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (FUNDEJ); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL); Glorieta de las y los Desaparecidos; Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción AC (VI.D.A) Laguna, Coah.; H.I.J.O.S. México; Justicia y Esperanza de San Luis de La Paz, Guanajuato; Mujeres en Búsqueda de sus Desaparecidos; Mujeres en Búsqueda, Nogales, Ver.; Plataforma de Víctimas de Desaparición Forzada en México; Por Amor a Ti, Hasta Encontrarte, Tampico, Madero y Altamira, Tamps.; Rastreadoras de El Fuerte; Red de Madres, Veracruz; Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas (RIAPD); Sabuesos Guerreras ext Matías Romero Oaxaca; Sabuesos Guerreras Oaxaca; Sabuesos Guerreras, Sinaloa; Somos la Voz de Pablo y Nuestros Desaparecidos; Todos somos la Voz de los Desaparecidos; Unidas por el Dolor, Culiacán, Sin.; Unidas Siempre Buscando; Unidos por la Paz, la defensa de los Derechos Humanos, AC; Uniendo Corazones, Culiacán, Sin.; Uniendo Cristales, AC; Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas (URNBPD); Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas, Coahuila.

Organizaciones civiles:

Alianza Ciudadana por La Paz; Apuesta Solidaria AC; Article 19, Oficina para México y Centroamérica; Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT; Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres AC; Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas AC (AJAGI); Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello; Centro de Derechos Humanos – Espacios para la Defensa, el Florecimiento y Apoyo Comunitario; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, AC; Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco AC (BARCA-DH); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan AC; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM); Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC (FrayBa); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, AC; Centro de Investigación de Crímenes Atroces AC (CICA); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD); Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC; Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José Ma. Morelos y Pavón AC Guerrero; Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez SJ” del ITESO; Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, AC (CILADHAC); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC); Colectiva Shalom, Torreón, Coah; Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes (COLEFOM); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos AC (CEPAZDH), Chiapas; Colectivo Impacta Cine; Colectivo Sí a la Vida (General Cepeda, Coahuila); Colectivo Todxs Somos Jorge y Javier; Colectivo Zapotengo, Pochutla, Oax; Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos AC; Comité de Derechos Humanos de Tabasco, AC; Consultora Solidaria SC; Consultoría Promoción Humana AC; Defensores por la Justicia, Oax; Eje de Iglesias y Espiritualidades; Frontera con Justicia AC (Casa del Migrante, Saltillo); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho AC; Global Exchange; Global Rights Advocacy; Grupo de Acompañamiento a Familiares de Personas Desaparecidas (GAF-FLAD México); Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI); Justicia Pro Persona, AC; Justicia Transicional en México, Estrategias contra la Impunidad, AC; Lekil Kuxlejal AC; México Unido Contra la Delincuencia (MUCD); Movilidades Libres y Elegidas CoLibres; Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); Observatorio de Designaciones Públicas; Pastoral Social, Iglesia Anglicana de México; Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato; Red de Mujeres de La Laguna; Red de Periodistas del Noreste; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT); Red por los Derechos de la Infancia en México AC (REDIM); Resilientes MX; SAC Consultoría para la Construcción de Paz; Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC (SEIINAC); Sociedad Civil las Abejas de Acteal (Chiapas); Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe; Tequio Jurídico AC; Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes.

Familiares de personas desaparecidas:

Adriana Moreno Becerril; Alda Nelly Cruz Balderas; Aldo Nery Castillo Reséndiz; Alicia Solís Reyna; Alma Cecilia Salgado Santana; Amada Rocío Rebolledo Sotelo; Amelia Hernández Enamorado; Ana Cristina Solís; Ana María González Betanzos; Andrea Gorethy Robles Solís; Andree Méndez Tello; Angélica María Berrospe Medina; Araceli Rodríguez Deaquino; Armando Olmeda; Artemisa Ramírez Ortiz; Beatriz Torres Zuleta; Beatriz Zapoteco Neri; Bellarmina García; Benita Lara García; Berenice Gómez Montes; Bertha Patricia Valdez Ramírez; Bibiana Mendoza; Carolina Reséndiz Mata; Carolina Rodríguez Deaquino; Cecilia García Pacheco; Charbel Méndez Tello; Cruz María Helos Ortega; Daniel Durán Hernández; Delia García Luna; Diana Aguilar Parada; Diana Iris García; Dora Alicia Domínguez Cardón; Eder Christopher Sánchez Viesca Ortiz; Elíseo Rodríguez Gallegos; Erika Guadalupe Salas Ramírez; Erika Montes de Oca; Esther Barajas; Esther Deaquino Velázquez; Fabiola Alejandrina Orozco Romano; Felicitas Suárez Guerrero; Femini Rangel; Fernando Maldonado Medellín; Gerardo Calleja Martínez; Guadalupe Cepeda Aguilar; Guadalupe Lucina Solís; Irene Silos Silva; Ismael Rodríguez García; Ixchel Teresa Mireles Rodríguez; Jaime Galván; Javier Espinosa; Jean Michel Sánchez Viesca Ortiz; Jesús Antonio Ángulo Cárdenas; Jorge Verástegui González; José Alfredo Villagrana; José Antonio Robledo Chavarría; José Matilde Salas Espino; Juan Carlos Lozada Delgadillo; Juana María Castillo Gallegos; Julio César Arellano García; Karol Yuliana Rodríguez Cruz; Lázaro Ramírez Ortiz; Leticia Pinzón Medina; Lucía Baca Baca; Lucía Santana Román; Luz Elena Montalvo Velázquez; Ma de los Ángeles Rodríguez García; Ma. de los Ángeles Mendieta Quintana; Ma. del Refugio Montoya Herrera; Ma. Elena Salazar Zamora; Ma. Guadalupe Fernández Martínez; Ma. Salvadora Coronado Navarro; María Ascención Flores; María de Jesús González Medrano; María de Jesús Lara García; María de las Mercedes Almaraz Fuentes; María de Lourdes Herrera del Llano; María del Carmen Bustamante Salas; María del Carmen García Samaniego; María del Pilar Arenas Navarro; María del Rosario Cano Mascorro; María del Socorro Calderón Ayala; María Esther Contreras de la Rosa; María Eugenia Guerrero Juárez; María Eugenia Padilla García; María Eugenia Zaldívar Padilla; María Guadalupe Pérez Ayala; María Luisa Lazarín Sierra; Marisa Arrioja Reyes; Marisol Sotelo Adame; Martha Beatriz Vega Ruiz; Martha Montelongo; MaryCarmen Trejo; Mayra González Ángeles; Micaela González Heras; Minerva Zepeda Zepeda; Mireya Villarreal Salinas; Miriam Arrambide Jiménez; Misael Rodríguez García; Nora G Tello Santana; Nilvia Hernández Romero; Noemí Martínez Martagón; Nora Torres Rodríguez; Olivia Esmeralda Salgado Santana; Oralia Nájera Simizú; Oscar Flores Coronado; Oscar Sánchez Viesca López; Patricia López Rodríguez; Paulina Landaverde Martínez; Perla Damián Marcial; Rafael Rodríguez Balderas; Ramiro Bonilla Tudón; Raúl Reyes Covarrubias; Raúl Rivera Muñoz; Ricarda Salazar Castillo; Ricardo Ulises Téllez Padilla; Rocío Salas Ramírez; Romeo Mendoza Almaraz; Rosa Alma Delia Hernández García; Rosa Angélica García Saucedo; Rosa Angélica Lara García; Rosa Imelda Díaz Neris; Rosa María Guajardo Fuentes; Severina Fabiola Alarcón Serrano; Silvia Elida Ortiz Solís; Teresa de Jesús Medina Saucedo; Velia Aurora García Cruz; Yadira González Hernández; Yerin Rodríguez Zamora; Yolanda Montes Ortiz.

Personas de academia, activistas y solidarias:

Aarón Ortiz Santos; Adriana Jean Manuel (UABC-Colectivo Siguiendo tus Pasos); Alfredo López Casanova; Alma Rosa García Guevara; Andrea de la Serna (CIESAS-LAJUVI); Andrea Santiago; Arturo Carrasco Gómez, Sacerdote Anglicano; Camelia Muñoz Alvarado; Claudia Irasema García; Claudia Liza Corona de la Peña; Edith López Ovalle; Eleazar Cabello Palacio; Elena Azaola; Eliana García Laguna; Emiliana Cruz (también CIESAS-LAJUVI); Eugenia Allier Montaño; Federico Tatter, Vocalía Internacional, FEDEFAM; Gloria Lizbeth Delgadillo Islas; Guadalupe Vázquez Luna; Inti Barrios Hernández; Jacobo Dayán; Jimena Lara Estrada; Jorge Javier Romero Vadillo; José Luis Manzo Ramírez; Laura Velázquez de León; Ma. Dolores Soto Álvarez; Manuel Olivares Hernández; María Elizabeth Navarro Jerónimos; María Eugenia Arriaga Salomón; María López de la Rica; Mariana Mora Bravo (CIESAS-LAJUVI); Martín Barrios Hernández; Matilde M. Domínguez Cornejo; May-ek Querales Mendoza; Mercedes Ruiz González; Merle Iliná; Michael W Chamberlin; Minerva Nora Martínez Lázaro; Pbro. Fernando Liñán Treviño; Pbro. Miguel Peón Navarro; Pilar Noriega García; R. Aída Hernández Castillo (CIESAS-LAJUVI y Eje de Iglesias y Espiritualidades de la BNB); Rafael Castelán Martínez; Raymundo Sandoval; Roberto Hernández Ramos; Sandra Estrada Maldonado (Universidad de Guanajuato); Santiago Corcuera Cabezut; Víctor Manuel Cabrera Morelos; Yoltzi Martínez Corrales.

El optimismo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, auspiciado y compartido por su Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en relación a una disminución en el número de homicidios dolosos que, aseguran, ronda los dos dígitos, contrasta sobremanera con la realidad que se ve en el país, se escucha con el sonido de las balas y el silencio sepulcral de las palas.

En un sólo día del fin de semana, destacaron las cifras oficiales de seguridad, nueve personas fueron asesinadas en Chihuahua, seis en Baja California y otro tanto en el Estado de México. Sinaloa se maneja aparte desde hace poco más de un año que estalló la guerra interna en el Cártel de Sinaloa a propósito de la entrega de Ismael Zambada García, el Mayo, a autoridades de los Estados Unidos a manos de su ahijado Joaquín Guzmán López. El mismo día domingo, hubo tres asesinatos y el descubrimiento de restos humanos de acuerdo al conteo que puntillosamente llevan en el periódico El Noroeste.

“En México ya rascas y hay un muerto”, dijo a ZETA la escritora Elena Poniatowska Amor, y aun no entraba el Gobierno de izquierda al país, pero ya para entonces se advertía la normalización de la violencia que ha ido escalando; se refería por supuesto al tema de las fosas clandestinas o narcofosas, entonces y ahora en auge.

Pero la normalización de la violencia ahora la promueve el Gobierno de la República, festinando un supuesto descenso en la estadística de asesinatos como asegurando estar mal pero no tan mal. Y sí está mal el país, los asesinatos se mantienen y se atestiguan todos los días, pero la autoridad los cuenta diferente, ya no los agrupa en una sola tabla de homicidios dolosos, es decir crímenes violentos, ejecuciones, asesinatos, ahora los clasifica para diseminar el número total: homicidios dolosos, feminicidios, homicidios culposos (suelen incrementar también a conveniencia), asesinato de policías, restos humanos localizados, cuerpos enterrados.

Al tiempo que el propio crimen organizado ha evolucionado en las formas de atacar. Matan y entierran para que los cuerpos no sean localizados, lo cual da una falsa impresión de un descenso en el número de homicidios dolosos, que se puede confirmar con la creciente cifra de desaparecidos, donde organizaciones de la sociedad civil integradas por familiares de desaparecidos llevan un conteo más puntual que el oficial, y reportan incrementos de seis por ciento anual hasta superar en 2024, los 100 mil desaparecidos en el país.

Muchos de los restos localizados por estas organizaciones de madres, padres, hermanos y familias enteras de víctimas de desaparición forzada, tampoco son sumadas a la estadística de los homicidios dolosos, las autoridades procuradoras o preventivas, justifican que no saben en qué momento esas personas fueron asesinadas, y cuando se encuentran restos no coincidentes con órganos vitales, ni siquiera los pueden considerar un muerto más.

Es demasiada la indolencia del Gobierno de la República, y de los gobiernos en las entidades federativas, para actuar de tal manera, manipular la estadística para engañar con una falsa disminución de la violencia en el país.

Pero el terror cunde por todas partes, cuando el narcotráfico y el crimen organizado accionan contra una sociedad vulnerada ante la falacia de la disminución de la violencia y la inseguridad. ¿Cómo sostener ante los agricultores que las cifras disminuyen cuando asesinan a uno de sus activistas más aguerridos como Bernardo Bravo? Es evidente que no se puede tapar la inseguridad con el reagrupamiento de homicidios en otras categorías, y con el incremento sostenido de los desaparecidos en México, pero el Gobierno de la República insiste en el tema para lograr posicionarlo y de esa forma, normalizar aún más la violencia en este país.

Ocultar o diseminar la estadística de la violencia y la inseguridad, sólo lleva a más impunidad en las cambiantes formas de los delincuentes para cometer los delitos, así como matan y entierran en lugar de dejar cuerpos tendidos sobre la tierra y el asfalto, ya no secuestran ahora extorsiona, delito que ha ido a la alza en casi todos los sectores productivos del país, los limoneros lo han hecho público pero sucede con quienes cosechan otros productos, o con aquellos que pescan o venden productos y servicios. Para el criminal es más fácil y requiere menos esfuerzo, extorsionar o cobrar piso, que secuestrar a las personas. Además, que es un delito pocas veces denunciado y muchas ocasiones no investigado oficialmente, lo que le permite al criminal hacerse de dinero lícito, ganado con el esfuerzo y el trabajo de las víctimas, para seguir en su ilícito negocio. Y cuando parece salirse de su criminal control, entonces matan, como lo hicieron con Bernardo Bravo, o con otros activistas sociales que denuncian la inseguridad y la violencia que los cárteles ejercen y el Gobierno intenta minimizar, normalizar a pesar de las víctimas, de los muertos, de los desaparecidos.