Los Monreal, la familia con el mayor poder político en Zacatecas, acaparan 843 mil 460 metros cúbicos anuales de aguas nacionales del sobreexplotado acuífero Aguanaval, ubicado en Fresnillo, muestran datos de la Conagua.

El padre Felipe Monreal Huerta (finado en 2002), así como el Gobernador de Zacatecas David Monreal, el Senador y exalcalde Saúl Monreal, Cándido y Elías Monreal Ávila –todos hermanos del Diputado de Morena Ricardo Monreal Ávila– han obtenido concesiones para "uso agrícola" y de "diferentes usos" entre 1999 y 2020. Todas ellas, salvo una de Cándido, están ubicadas en su natal Fresnillo, un municipio principalmente minero.

Solo el 30 de enero de 2001, cuando Ricardo Monreal era Gobernador de la entidad (1998-2004), la dirección de Zacatecas de Conagua dio tres concesiones al padre Felipe (07ZAC118023/37IPGE00) y a los hermanos David (07ZAC118024/37IPGE00) y Elías Monreal (ZAC118025) por un total de 183 mil m3/año.

La mañana del 9 de septiembre la capital se cubrió de plomo. El estallido entre las facciones de los “Chapitos” y los “Mayos” del cartel de Sinaloa comenzaron su guerra, que a nueve meses de iniciada ha dejado mil 405 muertes y más de mil 862 personas desaparecidas, según datos de la Fiscalía General del Estado, con corte al 8 de junio. 

La batalla se remonta a enfrentamientos en el caso urbano de Culiacán y zonas rurales de las sindicaturas de Costa Rica y de los municipios de Eldorado y Elota, sin embargo, con el tiempo prácticamente se han tenido actividades delictivas en los 20 municipios del estado. 

El último cuatrimestre de 2024 significó el más violento en Sinaloa, con 668 homicidios dolosos registrados en ese período, cifras incluso por encima que los años del cisma del cartel de Sinaloa, con la batalla entre los Beltrán Leyva y “El Chapo” Guzmán. 

En mayo se alcanzó la segunda cifra máxima de homicidios dolosos para el estado para ese mes, es decir, solamente el de 2017 ha registrado más casos como este último, que tuvo 165, es decir, al menos cinco homicidios cada 24 horas. 

En total, en este 2025 y con corte al 9 de junio, hay 730 homicidios dolosos en el estado. La mayoría de los casos se concentran en Culiacán, ciudad que además se encuentra entre las más violentas del mundo en el lugar 17, según el dato que comparte la asociación civil Seguridad Paz y Justicia del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. 

Además, de acuerdo con datos del Índice de Paz México 2025, Sinaloa ocupa el lugar 22 entre las 32 entidades federativas con el rango de paz negativa. 

La crisis de seguridad ha incrementado la desaparición de personas, que entre septiembre de 2025 y mayo último ha dejado en Sinaloa al menos mil 862 personas desaparecidas, de las cuales 873 se concentran en la capital del estado y su zona rural. 

Otro delito que se ha incrementado notablemente es el robo de vehículo, que desde septiembre de 2024 y al corte del día último de mayo deja cifras de 3 mil 303 unidades robadas. La mayoría de los casos se concentran en Culiacán y todos ellos resultan ser a mano armada o robo con violencia.

La bodega cateada durante el viernes 6 de junio de 2025 en Playas de Rosarito pertenece a “Los Mayitos”, reveló el secretario de seguridad federal Omar García Harfuch, que detalló en su cuenta de red social en X que el “inmueble utilizado como bodega de almacenamiento de drogas sintéticas, vinculado a la célula delictiva “Los Aquiles” facción “Mayitos”. Se aseguraron 10 vehículos modificados utilizados para el trasiego de drogas”, explicó.

En el comunicado del 7 de junio las autoridades omitieron detalles como la ubicación exacta y la cantidad de droga asegurada. Fue la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional informaron sobre el cateo de una bodega en Playas de Rosarito en el que aseguraron 10 autos alterados presuntamente para el transporte de droga; así como 10 cartuchos.

Personal de la Armada de México @SEMAR_mx en coordinación con autoridades de Baja California y elementos del Gabinete de Seguridad @Defensamx1, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico ejecutaron una orden de cateo en un inmueble utilizado como bodega de almacenamiento de drogas… pic.twitter.com/5WgpxE8dA9

— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 7, 2025

A inicios de mayo, el Subsecretario de derechos humanos de Gobernación, Arturo Medina, articuló la voz oficial del Estado mexicano, para el reconocimiento internacional y la disculpa pública ofrecida por la desaparición de Ivette Melissa Flores Román, ocurrida el 24 de octubre de 2012, cuando un comando armado entró a su casa en Iguala, Guerrero, y se la llevó de manera forzosa. Tenía entonces 19 años y casi 13 años después, continúa desaparecida. 

La disculpa fue consecuencia del dictámen emitido por el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra las mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) que halló responsable a México de haber discriminado y criminalizado a la joven desaparecida y a su familia, dilatando la investigación criminal y omitiendo cualquier mecanismo para buscarla, ignorando el contexto de violencia extrema y predominio del crimen organizado que vivían entonces en Iguala y que, en 2014, se volvió tristemenente conocido como el sitio de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. 

Así como las Naciones Unidas han hecho énfasis en sus condenas previas a México, en la relación entre la violencia machista y feminicidio; este caso sentó un precedente por su denuncia del vínculo entre la desaparición de mujeres “como una de las representaciones más graves de la violencia de género” y la dificultad para su reconocimiento cuando la delincuencia organizada participa en los crímenes. 

Conocida como la “sentencia CEDAW sobre la desaparición de mujeres”, el dictámen del caso de Ivette Melissa incluye varios puntos extra, que exigen al Estado una política eficaz para proteger a las mujeres “en contextos de extrema violencia”. Eso vale incluso para su madre, Sandra Luz Román Jaimes, principal artífice de este proceso que puja por la justicia, quien pidió a las autoridades presentes en el evento, su compromiso de brindarle seguridad a ella y a su familia, para continuar en este camino. 

El caso fue presentado para el análisis del Comité por la organización civil Idheas Litigio Estratégico en octubre de 2019, fue aceptado en 2020 y dictaminado el 24 de octubre de 2022, al cumplirse diez años de la desaparición. El Estado tardó otros dos años y medio en ofrecer la disculpa, catalogada como “un primer acto de reparación”, por el encargado de la oficina del Alto comisionado para las Naciones Unidas en México, Jesús Peña Palacios. 

Una red

Ivette Melissa conoció a su novio estudiando en Iguala y fue madre a los 16 años, tras lo cual se mudó a vivir con la familia de su pareja, un joven de su edad. El maltrato en ese sitio comenzó pronto, fue obligada a cortar el contacto con su familia y aislada, signos reconocidos como episodios de violencia machista. La familia de la joven madre también reconoció la violencia que envolvía a Ivette, quien comenzó una segiudilla de escapatorias de su familia política. Mientras su madre y sus hermanos, intentaban auxiliarla, del otro lado emergió la figura de su suegro, el padre de su pareja, llamado Humberto Velázquez Delgado, como el personaje que mandataba la violencia. 

Vélazquez Delgado era entonces comandante de la policía ministerial de la Fiscalía de Guerrero, y acumulaba una larga trayectoria, -desde los años 90- de denuncias en su contra por violencia policial y señalamientos de su vinculación con el grupo criminal, Guerreros Unidos. A pesar de las múltiples evidencias que se acumularon contra él durante la década que lleva abierto el caso, nunca fue citado a declarar. Fue asesinado en su tienda de equipamiento militar en Iguala, en la tarde del 21 de junio de 2021. 

Así como las autoridades se negaron a citar al identificado agresor, las autoridades ignoraron este contexto de violencia criminal como un hecho vinculado a la desaparición de la joven. Incluso existe un antecedente en el expediente, señalado por las abogadas de Idheas, dónde se argumentó no encontrar elementos para acreditar la razón de género como motivo de su desaparición. 

“Estamos ante un caso emblemático, y aunque no puede considerarse suficiente por sí misma, esta disculpa implica reconocer, de manera explícita y oficial, la existencia de una violencia estructural en contra de las mujeres, y asumir la responsabilidad por las omisiones institucionales graves, que permiten esta violencia extrema”, sostuvo Frida Velázquez, representante legal de Idheas. 

Luz en el camino

Sandra Luz Román Jaimes, madre de Ivette Melissa, recorrió (y aún recorre) un tortuoso camino en pos de la justicia, ya que las amenazas continuaron hacia ella y su familia, una vez que su hija fue desaparecida. Los primeros dos años los sufrió casi en soledad, cobrándole a su salud y cambiando su vida por completo, dedicándola a la búsqueda. La familia recibió otro duro golpe cuando su sobrina y prima de Ivette, Norma Angélica Bruno Román, fue asesinada por el grupo criminal, frente a sus hijos pequeños. Su muerte continúa en la impunidad. 

Por eso, cuando en 2014 explotó la atención sobre las desapariciones en México, tras la desaparición de los 43 normalistas, Sandra junto a otras familias igualtecas claves para este país, -como la familia Vergara, por ejemplo- fundaron “los Otros desaparecidos” y surcieron el camino a la justicia que abrió el Comité de madres y padres de los 43, hacia el resto de las familias que sufren la desaparición de uno de los suyos. 

Tres años después, fundó su propio colectivo Madres Igualtecas en busca de sus desaparecidos AC y desde entonces, ha sido referente para acompañar a otras familias que pasan por lo mismo. Durante el acto de disculpa pública, las compañeras del colectivo llenaron los espacios disponibles para los invitados de la familia. 

En entrevista con Desinformémonos, Sandra contó que han conseguido que la justicia emita algunas órdenes de aprehensión referidas al caso; y que como parte de este proceso de reparación, buscan que se instale una placa en Iguala, en memoria de su hija. También que el dictámen de CEDAW ha permitido la colaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda, y con ellos han retomado las búsquedas en vida en el vecino estado de Morelos, dónde trabajaron la última semana de mayo, y la primera quincena de junio. “Estoy emocionada, no tengo palabras, pero esperemos que en todo lo que se comprometió el Estado, la Federación y las autoridades internacionales sigan apoyándome, y que no termine yo en un ataúd, como varias de las buscadoras que buscan como yo”, concluyó.

Policías federales y estatales abatieron este domingo en el municipio de Frontera Comalapa, fronterizo con Guatemala, a cuatro presuntos implicados en el ataque en que murieron cinco policías el pasado lunes 2, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa se disputan la frontera, confirmó la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Las fuerzas de seguridad estatales y federales aseguraron cuatro vehículos, tres con blindaje, tres armas largas AK-47 y 1 arma larga R15 con aditamento de lanzagranadas, señaló la dependencia en un comunicado.

Región sumida en la violencia

Frontera Comalapa es el paso obligado para las organizaciones criminales, ya que allí inician dos de seis rutas que la Secretaría de la Defensa Nacional ha señalado que son utilizadas para el trasiego de drogas, armas y migrantes desde Centroamérica hacia México y Estados Unidos.

Desde 2021 esa región fronteriza se encuentra sumida en la violencia criminal por la disputa de los cárteles, lo que ha derivado en ejecuciones, matanzas, desapariciones y desplazamientos forzados.

Desde que asumió la gubernatura el pasado 8 de diciembre, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar declaró un combate frontal a los cárteles, y para ello creó un grupo de élite denominado Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, integrado en su mayoría por exagentes de la extinta Policía Federal y exmilitares.

La cifra de homicidios en la entidad ha disminuido significativamente, así como el delito de extorsión. En mayo pasado se registraron 36 asesinatos, frente a más de 80 en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, dijo que su organización llevará "ante todas las instancias internacionales necesarias" su denuncia contra la elección judicial del pasado 1 de junio, que "pone en riesgo la independencia del Poder Judicial".

El político, integrante del grupo de poder del PAN en la Alcaldía Benito Juárez, aseveró que el informe de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) "confirma que el proceso fue opaco, polarizante y sin garantías técnicas no democráticas".

En Veracruz, Morena anunció que impugnará los resultados en 23 municipios, esto con el argumento de presuntas irregularidades durante las elecciones del pasado 1 de junio así como la diferencia mínima que hay en algunas demarcaciones.

“Aproximadamente son 23. Boca del Río por supuesto, hubo ciertas irregularidades y lo vamos a demostrar en tribunales (…) Tlalnelhuayocan donde también se quemó, vamos a llegar a tribunales, son en los que tenemos posibilidad y estamos en el rango del 5 %”, señaló, Gabriel zúñiga Ovando, representante del partido guinda ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

De acuerdo con el funcionario morenista, entre las irregularidades detectadas, además de la quema de boletas, están la sustitución de funcionarios de casilla por otros que no pertenecían a la sección, temas de fiscalización y el rebase del tope de gastos de campaña.

Hasta este sábado la autoridad electoral había concluido con el cómputo en 207 municipios de los 212, y estaba pendiente la entrega de constancia de mayoría en Chontla, Poza Rica, Coahuitlán, Papantla y José Azueta.

Se prevé que durante este domingo el OPLE concluya el conteo de votos en todos los municipios.

El secretario del Ayuntamiento de Linares, Nuevo León, Juan Pulido Díaz, fue asesinado la tarde del sábado cuando salía de su domicilio en la colonia La Moderna.

El ataque ocurrió alrededor de las 17:00 horas, en el cruce de las calles Pablo Salcedo Arredondo y 5 de Mayo.

Según reportes oficiales, un sujeto armado, presuntamente a bordo de una motocicleta, llegó al lugar, preguntó por el funcionario y, al identificarlo, le disparó en al menos cuatro ocasiones.

El funcionario municipal recibió dos impactos en el abdomen y dos más en la pierna derecha.

El Alcalde de Linares, Gerardo Guzmán, lamentó la muerte del funcionario y expresó condolencias a su familia: “Con profunda tristeza confirmo el fallecimiento del licenciado Juan Pulido, secretario del Ayuntamiento. Exigimos justicia y confiamos en que la Fiscalía realizará su trabajo con responsabilidad”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jesús “N”, de 47 años, por su presunta participación en el feminicidio de Janneth Marisol “N”, quien se desempeñaba como técnica judicial del Juzgado Octavo Familiar, en el Distrito Judicial de Toluca.

De acuerdo con la información oficial, el cuerpo de la víctima fue localizado el pasado 3 de junio dentro de un vehículo, en calles de la colonia Hacienda Altamirano, en el municipio de San Mateo Atenco. 

La carpeta de investigación refiere que presentaba lesiones provocadas por arma punzocortante.

El Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión con base en los elementos recabados durante las diligencias. El imputado fue detenido y trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

El cuerpo de dos mujeres desconocidas en avanzando estado de descomposición fueron hallados ayer en una fosa séptica de una casa abandonada, cerca de la Universidad Rosario Castellanos en la ciudad de Comitán, informó la colectiva feminista 50 más 1 que contabiliza 15 los casos de feminicidios en Chiapas en lo que va del año.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que inició las investigaciones con protocolo de feminicidio y señaló que no ha podido establecer la identidad de las víctimas por lo que los servicios periciales realizan los procedimientos correspondientes.

Buscadoras exigieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) emitir un pronunciamiento público sobre su papel en las exhumaciones realizadas en el panteón Pedro Amaro, en Jojutla, así como sobre las omisiones de la Fiscalía General del Estado en la inhumación irregular de cuerpos.

La demanda fue planteada por integrantes del colectivo de víctimas de desaparición Tetelcingo y Jojutla, quienes cuestionaron que la CDHEM —presidida por Raúl Israel Hernández Cruz— no haya fijado postura frente a las prácticas ilegales con las que fueron depositados decenas de cuerpos en esa fosa común. También señalaron el silencio del organismo ante las irregularidades detectadas durante los trabajos de exhumación y la falta de seguimiento en los procesos de documentación e identificación forense.

Al manifestar su respaldo a 35 mexicanas y mexicanos que fueron detenidos recientemente en los Ángeles, California, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció por una reforma migratoria integral que tome en cuenta a los connacionales que ya radican en Estados Unidos. 

La presidenta indicó que ya ha dado instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, José Ramón de la Fuente, y la red consular mexicana en Estados Unidos para que otorguen el apoyo que requieran los paisanos detenidos durante las protestas contra las redadas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

“Migran por necesidad y desde allá envían recursos a sus familias, pero lo más importante que tiene que ser reconocido, los necesitan allá porque si no, no tendrían trabajo, Estados Unidos es lo que es gracias al trabajo de los mexicanos y mexicanas que viven del otro lado de la frontera”, sostuvo. 

Señaló que su gobierno ya está en contacto con las familias de los mexicanos y mexicanas que fueron detenidos recientemente en los Ángeles y que ya han confirmado que fueron 35, que están recibiendo el apoyo de la embajada para atender su situación legal.

La elección judicial fue un desastre, y no por sorpresa. Lo más revelador es lo que se intenta esconder: una participación ciudadana bajísima. Apenas el 13 por ciento del padrón acudió a las urnas. De los que acudieron, 23 por ciento invalidaron su boleta. Aun así, el Gobierno insiste en presentarla como un “hecho histórico” y un “avance democrático”. La narrativa oficial recurre a falacias, como el uso cifras absolutas —“13 millones de votos”— o comparaciones absurdas- “hubo más votos que los recibidos por el PRI o PAN hace un año”- para maquillar la realidad. Pero omite como dato clave que más de 87 millones de personas no votaron. 

Dicen que fue un logro democrático. Pero ¿qué clase de democracia se construye con boletas no utilizadas sin cancelar, sin conteo público en casillas, sin información mínima sobre los candidatos? No hubo campañas reales, ni debates, ni perfiles claros. La ciudadanía fue convocada a votar por nombres que no conocía, para cargos que no comprendía.

Además, este nivel de abstención echa por tierra uno de los grandes argumentos del oficialismo: que los 36 millones de votos a favor de Claudia Sheinbaum en 2024 representaban un mandato popular para reformar el Poder Judicial. Si ese mandato existiera, ¿dónde están esos 36 millones ahora? ¿Por qué menos de la mitad acudió a respaldar la reforma en las urnas? La respuesta es clara: la ciudadanía no validó este proceso simplemente porque no le vio sentido. La indiferencia -sea por la razón que sea- deriva de la idea de que ya todo estaba decidido. Se dice que ya estaban decididos los ganadores de antemano, nada más faltaban las elecciones para legitimarlos.

Primero vivimos un proceso kafkiano, con candidatos preseleccionados por el partido hegemónico, sin filtros ciudadanos ni criterios transparentes. A ello hay que sumar los famosos “acordeones” repartidos masivamente. Hasta ahora, en la SCJN y el Tribunal de Disciplina Judicial, las personas candidatas señaladas en las “guías de votación” distribuidas cínicamente han resultado ganadoras.  

El 2 de junio entramos en la fase orwelliana: negar la realidad, manipular los hechos, y presentar como abrumadora una participación marginal. No hay forma de disfrazar un vacío de legitimidad como si fuera entusiasmo democrático.

Con todo eso, el objetivo de fondo se cumplió. No se buscaba legitimidad, sino control institucional. La baja participación no fue un obstáculo. Fue parte del diseño. Se trataba de capturar el Poder Judicial y eso ya se logró.

Pero hay algo igual de grave en esta pantomima. La elección dejó un precedente mediante la normalización de malas prácticas que pueden contaminar otros procesos electorales en el futuro. Falta de información, es una. Conteos en consejos distritales y no en las casillas, no sólo como práctica elemental sino como conquista histórica, es otra. Para acabar, negligencia en el manejo de boletas, puesto que en lugar de ser inutilizadas las sobrantes se empaquetaron y se mandaron tal cual. Como telón de fondo, un INE cuya presidenta funge como correa de transmisión del oficialismo, y un Tribunal Electoral cuya mayoría de magistrados no se molesta en disimular su alineación al régimen.

Si esta forma de votar pasa como “exitosa”, mañana se podrá justificar lo mismo en elecciones legislativas o presidenciales. De esta manera, el espíritu antidemocrático ya acecha lo único que había quedado en pie después del Plan C: el sistema electoral. Así nos damos cuenta de que la democracia no se pierde de golpe, como en el pasado. Se desgasta poco a poco. Por eso hablamos de “erosión democrática” como deterioro paulatino pero constante. 

Todavía estamos a tiempo de exigir una revisión a fondo de la reforma judicial. Porque sin justicia independiente ni elecciones limpias, no hay democracia viable. Porque la reforma que requiere la justicia en México va en el sentido contrario a la que hoy está vigente. Porque faltaron las fiscalías y las policías que son el obstáculo para el acceso a la justicia en materia penal. Porque la actual falta de independencia en los tribunales locales solamente se agudizará con la captura política y criminal evidenciadas durante el proceso electoral. Poco que celebrar y mucho que reflexionar.

La estudiante Diana Estefani López de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) fue localizada sin vida ayer en un canal pluvial ubicado en la colonia Morelos, del municipio de Acapulco, Guerrero. La joven de 18 años fue vista por última vez el jueves a las 19:00 horas en el parque Los Palomares de la Unidad Habitacional Adolfo López Mateos, en la zona poniente.

Las autoridades dieron con Diana Estefani gracias a una denuncia ciudadana que reportó la presencia de un cuerpo cerca del canal de agua. Alrededor de las 12:00 horas de este viernes, elementos ministeriales encontraron a la joven sin vida, entre la calles Corregidora y Francisco I Madero.

De acuerdo con medios locales, los peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco dijeron que la causa de muerte habría sido un golpe en la cabeza ocasionado por caer de una altura de aproximadamente cuatro metros. Sin embargo, la UAGro señaló en un comunicado que la joven fue víctima de secuestro y posteriormente asesinada.

"La Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Información de la UAGro en voz de su comunidad estudiantil, docente, administrativa y directiva, expresa su más profundo dolor, consternación e indignación por el atroz crimen cometido en contra de nuestra estudiante Diana Estefani López Vargas, quien fue víctima de secuestro y lamentablemente privada de la vida este día en el puerto de Acapulco", expresó en un comunicado.

Este viernes 6 de junio se registraron 14 homicidios en Sinaloa, de acuerdo con datos de la Fiscalía del estado. Del total, siete ocurrieron en Culiacán, tres en Navolato y cuatro en Mocorito

En Culiacán, se reportó el hallazgo de una persona asesinada y envuelta en plástico en el sector Musala, otra en la colonia José María Martínez, una más asesinada a balazos a un costado de la autopista Benito Juárez con un mensaje, en el tramo Las Brisas–Culiacán y otra en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, “El Tamarindo”.

Con 51 muertes dolosas en los primeros 6 días de junio, Sinaloa ya superó los 47 homicidios registrados en todo el sexto mes del año pasado. Tan solo ayer, viernes 6 de junio, se registraron 14 asesinatos más dos hallazgos de restos humanos en un par de fosas clandestinas en Mazatlán.

Tras concluir el cómputo de votos de la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se confirmó el triunfo de Gilberto Bátiz y Claudia Valle Aguilasocho, quienes ocuparán los espacios que están vacantes desde 2023.

Con 4 millones 748 mil 915 votos Gilberto Bátiz obtuvo la mayor cantidad de sufragios de los hombres, mientras que Claudia Valle ganó del lado de las mujeres con cuatro millones 203 mil 694.

Ha sido secretaria General de Acuerdos de Sala Superior y coordinadora de Institucionalización de Perspectiva de Género. Además, en los comicios de 2024, formó parte del Pleno de la Sala Superior encargado de calificar la elección presidencial.

Valle cuenta con tres maestrías en derecho procesal, derecho electoral y otra en materia de derechos humanos y derecho constitucional.

¿Quién es Gilberto Bátiz?

Gilberto de Guzmán Bátiz García actualmente se desempeña como magistrado electoral en el Tribunal Electoral del estado de Chiapas, cargo que ocupa desde octubre de 2019.

Es licenciado en Derecho y tiene una maestría en Derecho Constitucional y un doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). También ha sido becario en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONACYT).

La Secretaría de Salud contabiliza más de 1 mil 900 casos de sarampión y más de 1 mil de tos ferina en el país en lo que va del año. Ambas enfermedades han alcanzado máximos históricos en 2025, y continúan aumentando.

En el caso de la tos ferina, hasta el 24 de mayo, el reporte oficial es de 53 defunciones de niños menores de un año, a causa de esta enfermedad en 17 estados del país.

Expertos subrayan la necesidad de agilizar la vacunación, diagnósticos y tratamientos en las poblaciones donde hay casos confirmados de estas enfermedades, así como sensibilizar a la población para que accedan a aplicarse las dosis.

“Se debe acelerar la vacunación, sobre todo en los sitios donde hay casos confirmados, y se debería asegurar la adquisición de las dosis extraordinarias de vacuna que se van a necesitar”, explicó en entrevista Mauricio Rodríguez, coordinador académico del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE) de la UNAM. 

“También, sensibilizar a las poblaciones donde están apareciendo los casos, hacer énfasis en la vacunación del personal de salud que está en mayor riesgo de poder entrar en contacto con un caso de sarampión confirmado; fortalecer la capacidad de diagnóstico para que se identifiquen rápido los casos”, agregó.

María Guadalupe Miranda Novales, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad, destacó que no se puede lograr inmunidad en la población si hay procedimientos incompletos. 

Entre el 26 de abril y el 3 de mayo se aplicaron 2 millones 211 mil 584 vacunas, incluidas aquellas que protegen contra el sarampión y la tosferina, en personas de todas las edades. 

Chihuahua continúa a la cabeza en contagios de sarampión

Omitiendo detalles como la ubicación exacta y la cantidad de droga asegurada, es como la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional informaron sobre el cateo de una bodega en Playas de Rosarito en el que aseguraron 10 autos alterados presuntamente para el transporte de droga; así como 10 cartuchos.

En el cateo participaron elementos de la Marina a través de la Armada de México y de la Secretaría de Seguridad Pública en esa entidad, además de Defensa, FGR, GN y SSPC