En una revisión, los rayos X detectaron seis paquetes con un peso de 4.19 kilogramos dentro de un extintor que estaba debajo del asiento de pasajero en el que se encontraba, por lo que fue procesado por cargos de conspiración e importación para traficar metanfetamina y posesión de sustancias prohibidas con la intención de distribuirlas.

“Leopoldo Javier confesó que escondió el extintor ‘sin saber qué contenía’ debajo de su asiento, para transportarlo a Dallas, Texas”, detalló Miguel Meza.

En su currículum registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el candidato a juez reportó únicamente su experiencia laboral después del 2020 como asesor en el municipio de Nuevo Ideal, en Durango.

🚨 Candidato a juez federal estuvo 6 años en prisión en Estados Unidos por tráfico de metanfetamina 💊

Fue aprobado por el Comité del Poder Legislativo, aunque @fernandeznorona dice que los narcocandidatos vienen del Poder Judicial.

Leopoldo Javier Chávez Vargas es candidato a… pic.twitter.com/kzmApXcHLw

— Miguel Alfonso Meza (@MiguelMezaC) May 2, 2025

Ante medios de comunicación, el abogado explicó que, de los cuatro candidatos que presuntamente están relacionados con el crimen organizado y que compiten para ser jueces en materia penal, dos aspirantes están contendiendo en Nuevo León. 

Se trata de Fernando Escamilla Villareal, quien fue sentenciado por el delito de portación ilegal de armas y ha defendido al menos a dos integrantes del cártel de los Zetas para evitar su extradición a los Estados Unidos, se trata de Eleazar Medina Rojas, “El Chelelo”, extraditado en 2023, y Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z40”, quien forma parte de la entrega masiva de 29 capos del crimen organizado que México entregó a EU. 

También está Jesús Humberto Padilla Briones, detenido en Nuevo León, después de darse a la fuga, con 17 bolsas de cristal y un arma de fuego en 2023, delitos por los que fue vinculado a proceso. 

La denuncia contempla también a Francisco Herrera Franco, exfiscal regional de Michoacán durante la administración del exgobernador Silvano Aureoles y quien compite en la elección judicial pese a haber sido señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado y estar supuestamente relacionado con el asesinato de dos periodistas. 

Respecto a los candidatos supuestamente relacionados a la Luz del Mundo, Alfonso Meza especificó que la denuncia fue presentada contra Eluzai Rafael Aguilar, Karina Sánchez Ruiz, Cesia Keren León Rocha, Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza, Madián Sinaí Menchaca Sierra y Betzabé Almazán. 

Nassón Joaquín García, líder de esta iglesia, fue detenido hace unos años en Estados Unidos por delitos como abuso sexual de menores, tráfico de personas y pornografía infantil, entre otros ilícitos graves.

También buscarán que se desistan de todos los cargos en su contra y que no se criminalice a activistas.

“Estábamos en un evento de presos políticos y a lo mejor ellos temían que se estuviera fortaleciéndose en ese evento y justo nos amedrentan para que no salgamos a protestar”, comentó.

Exigió a la Comisión a que emitan medidas cautelares con el objetivo de que no haya una persecución política y no se les hostigue.

“Estamos pidiendo no persecución y sobre todo protección porque justo son los lugares en los que estamos transitando constantemente y nos están amedrentando y estamos viendo que somos visibilizados como defensores del territorio y por eso nos quieren inculpar”, declaró la activista.

De acuerdo con Javier, en las declaraciones de la policía presuntamente agredida se observan inconsistencias como la edad de la denunciante y la descripción de cómo ocurrieron los hechos, ya que el niega haber realizado cualquier tocamiento y subrayó que cuando lo ingresaron a la estación del metro, donde presuntamente ocurrió la agresión, ya iba esposado.

“Como forma de amedrentamiento y persecución hacia mi persona se deja la carpeta abierta de mala fe y quiero dejar claro aquí que todo el tiempo se me estuvo tratando de manera violenta fuera y dentro del MP, todo el tiempo. Y en el MP se me trató de convencer de manera engañosa de múltiples maneras para que firmara papeles para que les diera datos e información en la ausencia de mi abogado”, comentó.

Activistas denunciaron fabricación de delitos en su contra

Ayer, el defensor del territorio de Xochimilco fue detenido junto con la activista Natalia Lara, quien lo acompañaba. Ambos habían ingresado al Metro Hidalgo.

Dehesa había realizado pega de stickers a manera de protesta por el Mundial de Futbol 2026. Posteriormente, los policías les indicaron que los iban a revisar, pero ellos se negaron, relató Lara a Animal Político.

“Me arrestan, me arrastran hasta el Metro Pino Suárez. Yo empecé a gritar para pedir auxilio porque no me decían ni a dónde me llevaban ni qué cargo me estaban imputando, simplemente me agarraron y me dijeron que me tenían que llevar porque era el protocolo”, aseveró Lara.

En tanto, detalló que Javier fue trasladado al búnker de la Fiscalía de la Ciudad de México, ya que una mujer policía que participó en su detención lo acusó de haberle tocado la entrepierna durante el arresto.

“Mi hermana está atorada y él todavía voltea la camioneta e impacta contra las puertas, son como dos toneladas más de fuerza”, dice Daniel.

Además de esto, comparte el hermano, se encuentran las irregularidades cometidas en el traslado de Pamela a un hospital, por ejemplo, no llevarla a la Cruz Roja ubicada a cinco minutos del lugar de los hechos o al Hospital General que está a diez minutos para que ella pudiera ser atendida. En lugar de eso, fue trasladada al Hospital ABC, ubicado en Observatorio, Ciudad de México, ubicado a más de 100 kilómetros de Avándaro.

Otro punto que resalta la familia es que Pamela estaba vestida cuando la trasladaron al hospital, pero al llegar ya no llevaba ropa. 

Durante el trayecto de más de 3 horas para llegar al hospital también cambiaron de ambulancia a Pamela, porque supuestamente la primera que la recogió se quedó sin gasolina. Ambos vehículos de emergencia pertenecen a Chevra Hatzalah y fueron operados por voluntarios durante el traslado, a lo largo del cual alguien le inyectó a Pamela 7.5 miligramos de midazolam. 

Midazolam es un sedante utilizado antes de procedimientos médicos y cirugía. Según Medline Plus, la inyección de esta sustancia “puede ocasionar problemas graves para respirar o que podrían poner en riesgo la vida como una respiración superficial, lenta o temporalmente detenida que puede ocasionar una lesión cerebral permanente o la muerte”.

Pamela llegó viva al hospital el domingo 2 de mayo del 2021, pero tras sufrir seis paros cardiorrespiratorios murió a las 16:45 horas del lunes 3 de mayo.

Según cuenta la familia de Pamela, los doctores dieron aviso al Ministerio Público, pues ella llegó con graves heridas y marcas en muñecas, tobillos y piernas que la hacían ver como una víctima de secuestro.

El caso de Pamela fue inicialmente cerrado por la fiscalía del Estado de México, argumentando que fue “un accidente”, sin embargo, la familia apeló esta decisión y consiguió que el 22 de marzo del 2022 se reabriera el caso.

Tanto el ministerio público Manuel Torres como la jueza Laura Serrano Mellado son los responsables de que el caso se haya cerrado inicialmente, acusan los familiares, quienes presentaron denuncias por las omisiones de la primera investigación.

Luego de la reapertura del caso, la fiscalía del Estado de México aparentó buena voluntad para esclarecer los hechos, no obstante, ahora ya no les contestan las llamadas y las investigaciones se encuentran prácticamente paralizadas, señalan el hermano, la madre y el padre de Pamela.

“La fiscalía no ha hecho nada, absolutamente nada“, enfatiza Daniel Anaya. “Se ve cómo están inclinados hacia el lado de la persona que ocasionó la muerte de mi hermana”.

Para la familia, el posible favorecimiento de la fiscalía hacia Isaac Salomón “N”. se debe a su poder económico. 

El poder económico de Isaac Salomón “N.”

Isaac Salomón “N.” es un empresario mexicano de origen judío, con ascendencia polaca. Tiene una trayectoria de más de cinco décadas en el sector inmobiliario.

Nacido en la Ciudad de México, se trasladó a Monterrey, Nuevo León, donde fundó en 1973 la empresa Servicios Corporativos Javer, S.A.B. de C.V., conocida como Casas Javer, misma que cotiza en la Bolsa y ha construido viviendas en diversos estados del país, incluyendo Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla.​

También es fundador de Nexxus, empresa privada de bienes raíces industriales con sede en Monterrey. Nexxus, establecida en 1991 como extensión industrial de Casas Javer, ha desarrollado siete parques industriales en el norte del país, invirtiendo más de mil millones de dólares y acumulando un extenso banco de terrenos en Monterrey.

Además ha sido miembro activo de diversas organizaciones empresariales, incluyendo la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) .​

Otro de sus proyectos ha sido El Pabellón M, construido en el centro de Monterrey.

En el 2016, le fue entregado por el Ayuntamiento de Monterrey el reconocimiento “Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial Lorenzo Zambrano Treviño”.

Se buscaron medios de contactos para contar con la postura de Isaac Salomón pero no fue posible localizarlos. Sin embargo, a lo largo de los años ha declarado a la prensa que todo se trata de un accidente.

Las contradicciones de Isaac Salomón “N.”

Aquel fatídico 3 de mayo de 2021 en que murió Pamela, Isaac Salomón “N.” cayó en una serie de contradicciones sobre los hechos que levantan sospechas para la familia de ella.

Según Daniel Anaya, Isaac dejó una carta en el hospital donde internó a Pamela en la cual explica que ella oprimió el botón de la puerta eléctrica donde quedó atascada, lo que se desmiente con los videos de aquel día y la explicación técnica sobre lo sucedido.

El hermano de Pamela también afirma que él habló por teléfono con el empresario. Durante la llamada, Isaac le habría dicho a Daniel que Pamela se había accidentado en unas puertas de cristal, pero que se encontraba bien– afirmaciones que resultaron falsas.

Para conocer la postura oficial de la Fiscalía del Estado de México, Aristegui Noticias envió solicitudes a los encargados de comunicación, pero no ha habido respuesta.

En un primer momento, el reporte policiaco sostuvo que el delegado llevaba 3 millones de pesos y una pistola. Horas después, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas negó que se haya encontrado dinero y armas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el caso en la conferencia matutina.

Ella contó que el delegado del IMSS acusó a los elementos de la Guardia Estatal de “sembrar” el arma corta y el efectivo. En el mismo acto, el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, mencionó que el hecho podría relacionarse con un plan anticorrupción para combatir el desabasto de medicamentos en Tamaulipas.

El 28 de abril, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Sergio Chávez García, insistió que el delegado sí viajaba armado y con dinero en efectivo en una camioneta RAM con placas del Estado de México.

IMSS destituye a nueve funcionarios por compras de medicamento

Este viernes, el IMSS reveló la denuncia ante la FGR. Además, reiteró que la detención del doctor José Luis Aranza se relaciona con “una serie de acciones de combate contra posibles actos de corrupción”, que se pausó por una amenaza anónima.

El 6 de marzo de 2025 se rescindió al subdelegado en Reynosa, Tamaulipas, por posibles actos de extorsión, denunciado por empresarios.

Asimismo, el 14 de abril se ordenó la separación del cargo de 8 funcionarios posiblemente involucrados en el proceso de compras locales no autorizadas. Lo anterior, acompañado de investigaciones laborales y denuncias legales ante las instancias correspondientes.

Esa misma fecha, el titular del OOAD (delegación) recibió una advertencia anónima para no destituir a estas personas y frenar las investigaciones.

Nombran a militar al frente de la delegación IMSS

Como una última acción, el IMSS nombró al general brigadier Flavio Alejandro Perea Alcaraz, encargado de la operación administrativa de la delegación de Tamaulipas, con base en el reglamento de la institución.

El general Perea Alcaraz es el encargado de cuidar la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas. El mando militar fue enviado por el director general del IMSS, Zoé Robledo, para reforzar al delegado José Luis Aranza Aguilar.

Perea Alcaráz estudió en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Desempeñó los cargos de administrador de granjas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y comandante de regimientos en Apatzingán, Michoacán y Ensenada, Baja California.

En 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social lo nombró coordinador técnico de Seguridad y Resguardo de Inmuebles. Él fue responsable de la conversión de hospitales para la pandemia por Covid-19 y el resguardo de insumos.

En ella participaron representantes de la FGR, integrantes de colectivos de búsqueda del estado de Colima y el titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación en Materia de Desaparición de Personas, Héctor Javier Peña Meza. El objetivo fue aportar perfiles forenses e intercambiar información con que cuenta la institución para contribuir al proceso de identificación humana y fortalecer la investigación en curso.

Por último, la Fiscalía de Colima reiteró su total disposición para colaborar en esta investigación.

El Diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, fue nombrado este viernes Alcalde de Ahome, Sinaloa, luego de que su antecesor, Gerardo Octavio Vargas Landeros, fuera desaforado a petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado debido a investigaciones relacionadas con corrupción.

El desafuero de Vargas Landeros se dio a raíz de una solicitud presentada por la Fiscalía General del estado (FGE) de Sonora, "por su presunta responsabilidad en el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público y Desempeño Irregular de la Función Pública, previstos en el artículo 298, fracción IV, párrafo tercero; fracción IV, último párrafo, del Código Penal para el Estado de Sinaloa", detalló el Congreso estatal.

Al exalcalde se le señala por presuntas irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas destinadas para su uso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Ahome, movimiento que se habría realizado sin una licitación pública y cuyo valor rondaría los 171 millones de pesos.

El día de hoy presento ante el H. Cabildo licencia por hasta 90 días. Reafirmo mi actuar con absoluta transparencia y responsabilidad institucional, valores que han marcado mi gestión.

Vamos con la frente en alto y con la certeza de que obtendré resoluciones favorables y mi… pic.twitter.com/eFkInmmzX1

— Gerardo (@GVargasLanderos) May 1, 2025

• 31 marzo del 2025, intento de detención del indígena Francisco Durán Ortíz, por órdenes de Constantino Santiago, juez local de Huautla de Jiménez.

• 3 abril del 2025, intento de asesinato, y robo de equipo en contra del fotoperiodista comunitario David Peralta Betanzos.

• 23 de abril del 2025, intento de citación ilegal a 14 perseguidos políticos mazatecos, por parte del Juez de Huautla Constantino Santiago, para detenerlos, y justificar, de haberse consumado, “que se entregaron por su propio pie”.

• Enero y febrero del 2024, el juez Constantino Santiago, envió un asunto de ocho años de antigüedad al trámite de apelación para que exista la posibilidad de revivir 56 órdenes de aprehensión por el delito de robo, contra las mismas y otras personas criminalizadas, la comunidad está en alerta hasta saber cuál será la decisión de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, ya que estas acciones represivas ocurren luego de que la comunidad ganó la libertad de todos sus presos políticos, a pesar de luchar en un piso jurídico desigual y racista.

Desde hace más de diez años, Eloxochitlán ha sido blanco de un proceso sistemático de despojo, persecución política, tortura, prisión injusta, desplazamiento forzado y atentados contra la vida, como resultado de las denuncias comunitarias por la devastación del territorio, la defensa de la autonomía, defensa del río y la resistencia contra el cacicazgo represor de Manuel Zepeda Cortés y su hija Elisa Zepeda Lagunas, actual diputada local por Morena, quienes son extractivistas de piedra y arena y devastadores del río Xanga Ndá Ge de la comunidad de Eloxochitlán.

Estas violencias, donde hasta 21 indígenas sufrieron prisión política (ahora todas libres) y donde hasta 33 familias estuvieron desplazadas por contar con órdenes de captura, no son hechos aislados, son actos de Estado sostenidos por los tres poderes del gobierno oaxaqueño, que han garantizado impunidad a los perpetradores y obstaculización a la justicia para la comunidad.

Hoy, todavía 14 personas mazatecas continúan en desplazamiento forzado, perseguidas por las mismas acusaciones falsas que ya han sido desmentidas en más de veinticinco ocasiones, entre ellas el antropólogo mazateco Miguel Peralta, y otras 56 personas, guardianas del territorio, entre ellas una enfermera adulta mayor y una profesora jubilada, están en riesgo de ser objeto de nuevas detenciones porque algunos magistrados y el Juez de Huautla de Jiménez que actúan en obediencia a la diputada Elisa Zepeda, intentan revivir procesos caducos y emitir órdenes de aprehensión masivas para paralizar nuevamente a la comunidad que ya ha ganado batallas contra la prisión política.

Este recrudecimiento promovido por la diputada morenista y ex secretaria de la mujer, Elisa Zepeda Lagunas con sus jueces y magistrados corruptos tiene el objetivo de prolongar la desarticulación comunitaria e impedir la defensa del territorio y las prácticas de organización comunitaria conforme a los usos y costumbres bajo los principios del consenso y la mano vuelta, ya que la diputada y su padre Manuel Zepeda Cortés han impuesto prácticas ajenas a la organización ancestral convirtiendo la administración pública en un negocio corrupto.

El pasado 3 de abril de 2025, el fotoperiodista comunitario David Peralta Betanzos, defensor de derechos humanos de la comunidad, fue víctima de un intento de asesinato y elrobo de su cámara por parte de Manuel Zepeda, cuando documentaba el ecocidio del río, y la gravera ubicada en el barrio de Agua Torcida de Eloxochitlán. Este atentado representa un ataque directo contra la libertad de expresión, el derecho a la documentación comunitaria y el ejercicio de la memoria y defensa del territorio.

En este contexto, las mujeres mazatecas, madres, hermanas e hijas de personas ex presas y perseguidas políticas, levantamos la voz para decir: ya basta. Ya no queremos vivir bajo vigilancia, bajo amenazas, bajo estigmatización por hechos que no cometimos.

Queremos libertad para caminar por nuestro propio pueblo, celebrar nuestras fiestas, sembrar y cosechar en paz, y reconstruir lo que la violencia nos ha arrebatado.

Exigimos:

1. Justicia para David Peralta Betanzos, periodista comunitario agredido el 3 de abril, y sanción al responsable del atentado.

2. Libertad para Miguel Peralta Betanzos, antropólogo mazateco criminalizado por la defensa de la autonomía y el territorio.

3. Alto total a la criminalización y libertad de las y los defensores mazatecos, y garantías para el retorno libre y seguro de las 14 personas desplazadas, perseguidas políticas.

4. La intervención urgente del gobierno federal y estatal para frenar la protección a los caciques Manuel Zepeda Cortés y Elisa Zepeda Lagunas, quienes usan el recurso del erario público para reprimir a las personas defensoras comunitarias de Eloxochitlán.

5. La coordinación interinstitucional entre los poderes de Oaxaca y dependencias federales para destrabar los juicios penales y de amparo y garantizar justicia y reparación del daño.

6. Que se revise la viabilidad de una Ley de Amnistía o reformas al Código Penal local y otras leyes locales y federales que permitan cerrar esta herida histórica y liberar definitivamente a quienes han sido injustamente perseguidos.

No podemos permitir que el miedo ni la impunidad silencien las voces que claman por

justicia. Eloxochitlán no se rinde. La memoria, el territorio y la libertad no son negociables.

¡Ni silencio ni exilio! ¡Libertad para las y los perseguidos!

¡Justicia para David Peralta! ¡Miguel Peralta Libre Ya!

¡Fuera caciques de nuestro territorio!

Atentamente: Mujeres mazatecas y comunidad originaria de Eloxochitlán de Flores Magón.

En su primer recorrido, el colectivo documentó restos óseos calcinados, ropa, calzado y más de 1,500 objetos personales, que catalogaron como indicios de desapariciones forzadas. La Fiscalía de Jalisco, que asumió el control del predio en septiembre de 2024 tras un operativo de la Guardia Nacional, reportó el aseguramiento de 10 personas y el rescate de dos víctimas de secuestro, pero no identificó restos humanos hasta la intervención de las buscadoras.

Este hallazgo desató un conflicto con la FGR, que asumió la investigación en marzo por presuntas omisiones de las autoridades estatales. El ingreso de este viernes permitió a las buscadoras presenciar los trabajos de peritos federales, aunque persisten las críticas sobre la profundidad de las excavaciones.

El colectivo ha señalado que el georadar detectó anomalías a tres metros de profundidad, pero las autoridades no han explorado esas zonas. Además, denuncian que el predio fue alterado desde su descubrimiento: “El lugar estaba lleno de sangre, ropa tirada, baños sucios; ahora está limpio, como si quisieran borrar lo que pasó”, afirmó Virginia Ponce, de Madres Buscadoras de Jalisco, en una declaración previa.

La FGR sostiene que el rancho era un centro de adiestramiento del CJNG, no un crematorio, y ha minimizado los hallazgos óseos, calificándolos como fragmentos antiguos en una “pequeña vasija”. Esta postura, defendida por el fiscal Alejandro Gertz Manero el 29 de abril, generó rechazo entre las buscadoras, quienes reportaron 17 lotes de restos óseos clasificados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. “No queremos otra verdad histórica. El delito es desaparecerlos, no buscarlos”, expresó Indira Navarro, líder de Guerreros Buscadores, en un comunicado.

El caso ha escalado al ámbito político. La presidenta Claudia Sheinbaum, tras recibir una carta del colectivo, instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a coordinarse con la fiscal Sara Irene Herrerías para atender las demandas de las familias. “Siempre estaremos del lado de las víctimas”, afirmó la mandataria el 30 de abril. Sin embargo, las buscadoras exigen mayor transparencia y la presencia de Gertz Manero en el predio para constatar los hallazgos.

Durante la brigada, se han localizado restos óseos en los municipios de San Quintín y Playas de Rosarito, en las inmediaciones de Valle Tranquilo el sábado 26 abril y en el área de la colonia Ampliación Plan Libertador el jueves 1 de mayo, respectivamente.

El día de hoy, 2 de mayo,  en Tijuana, los integrantes de la fundación Todos Somos Erick Carrillo, se dieron cita en Calimax Plus de Zona Urbana Río alrededor de las 8:00 a.m., donde esperaron al convoy de las diversas autoridades y personal de los organismos que los escoltan, así como a colaboradores de otros colectivos.

Alrededor de las 10:00 a.m. arribaron a la zona del basurero del Cañón de las Carretas con varillas, palas y picos, donde no se reportaron positivos.

En el lugar se observó la presencia de personal de la Secretaría de Salud, Policía Municipal, Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC).

Según el presidente de la fundación Todos Somos Erick Carrillo, Eddy Carrillo, en las búsquedas en vida se han reportado alrededor de 4 o 5 hallazgos, “hoy va a ser una jornada muy larga por el tema de que no hemos encontrado mucho”, indicó.

Aproximadamente a las 4:00 p.m., se trasladaron a la colonia Lomas Taurinas, donde notificaron un hallazgo más sin dar actualización de los detalles hasta ahora. “No nos vamos hasta que salgan al menos 2 positivos, primeramente Dios, hasta que agotemos toda la noche”, indicó Eddy.

La Sexta Brigada Estatal de Búsqueda que inició el 20 de abril en Tecate, hoy lleva 14 días en curso y culminará el sábado 3, “estamos en el penúltimo día y vamos a agotar todo en Tijuana, esperamos cerrar con buenos resultados”, concluyó Eddy.

Finalmente, el domingo 4 de mayo, los integrantes del operativo saldrán de Baja California para incorporarse a una brigada en Sonora, en apoyo al colectivo Madres Buscadoras de Sonora y la fundadora Ceci Patricia Flores Armenta.

“Quienes no mueven un dedo quienes piensan que con un mensajito que pongan en Twitter y en Facebook, en YouTube ya hicieron “la gran revolución”, yo sigo pensando que si la gente no se organiza no le van a respetar las 40 horas.

“Por ejemplo, es un esquema que te puedan pagar el tiempo como horas extras y que tú decidas, pues no vas a decidir, no vas a decidir porque mucha gente, por necesidad y porque no sabe otra cosa qué trabajar, va a preferir que le paguen más, y mucha gente que sí quiere el descanso y lo pida no va a querer enfrentar a su patrón por temor a que lo corran, entonces, eso que el trabajador decide no es cierto, por eso son los sindicatos”, explicó.

Fernández Noroña resaltó que aún con sindicatos “está cabrón” enfrentar a un patrón, sin ellos, afirmó, la condición del trabajador es de absoluta vulnerabilidad.

“La única parte en la ley que era a favor de alguien de entrada era la Ley Laboral, porque se reconoce la desventaja de un trabajador frente al empleador en una condición de absoluta vulnerabilidad, si teniendo sindicatos está cabrón, enfrentar al patrón solo, te corren”, enfatizó.

A lo largo de su carrera política, Fidel Herrera enfrentó múltiples señalamientos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y actos de corrupción.

En 2011 se filtró a la prensa un informe confidencial de la entonces Procuraduría General de la República, que citaba datos de la DEA y de 14 testigos protegidos, que describía dos supuestas reuniones entre Herrera y los jefes de los Zetas, en 2008. Una de ellas con Braulio Arellano Domínguez, el Gonzo o el Zeta 20; la otra con éste último y con Miguel Ángel Treviño, quien llegó a dirigir al grupo de exmilitares de élite.

El informe también afirmaba que en que el cartel del Golfo mantenía una nómina con 600 mil pesos al mes para sobornar a la policía estatal de Veracruz.

La estructura criminal del cartel del Golfo y su entonces brazo armado Los Zetas, denominada en Veracruz `La Compañía´ tenía una suerte de “mesa directiva” que componían el extinto Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormentas, hermano de Osiel Cárdenas, Jorge Eduardo Costilla, El Coss, y el cabecilla de los zetas Heriberto Lazcano, "El Lazca" o "El Verdugo".

Altos responsables de agencias de seguridad estadounidenses confirmaron que han investigado los vínculos de Herrera con los Zetas, así como con presuntas actividades de blanqueo de dinero en Veracruz, Barcelona y Estados Unidos.

En 2013, la revista Forbes lo incluyó en una lista de los políticos más corruptos del país. En 2015, fue nombrado cónsul de México en Barcelona, cargo al que renunció en 2017, tras una polémica por la supuesta adquisición de medicamentos falsificados durante su administración.

También fue relacionado con el empresario Francisco Colorado Cessa, acusado en Estados Unidos de lavar dinero para el Cártel de Los Zetas mediante la compra de caballos pura sangre.

Durante un juicio en ese país, un testigo protegido declaró haber entregado 12 millones de dólares a Colorado Cessa como apoyo a la campaña de Herrera para la gubernatura en 2004.

En su momento, el exgobernador respondió: “Niego categóricamente que en la campaña para Gobierno del Estado en 2004 se haya recibido dinero alguno ilegal o del narcotráfico.”

Y si descontamos a Enrique Peña Nieta, quien encabezó un regreso fugaz del PRI, y que desde 2018 es arropado por los representantes de Morena a pesar de haberlo tachado como el presidente más corrupto de la historia de México, y haberlo tomado de bandera política para ganar la elección presidencial, el tricolor no gobierna de manera consecutiva en México, después de haberlo hecho por casi 80 décadas, desde el año 2000. Hace 25 años que el PRI perdió la Silla del Águila.

Sin embargo, para Morena y sus presidentes, el ex y la actual, el PRI que gobernó hace 25 años (no el de Peña Nieto), y el PAN que dirigió los destinos de la Nación hace 13 años, son los culpables de todo: de los problemas del pasado, del pasado inmediato y del presente; no consideran los ya 7 años que llevan en el poder como parte de su responsabilidad sobre las condiciones actuales del país. No. La culpa es, y de manera muy particular para el ex presidente López Obrador, un discurso ahora repetido de manera mimetizada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, de un periodo neoliberal, donde incluyen la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y la de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), así como la de Felipe Calderón Hinojosa, el último presidente del PAN, el némesis principal de AMLO y ahora de Sheinbaum, y “destructor del país” para los morenistas.

Esta semana, y tras haber guardado un silencio autoimpuesto desde que concluyó su superior como Presidente de la República en el año 2000, cuando Ernesto Zedillo se dedica a la cátedra en Universidades del extranjero y a integrar consejos de administración de grandes empresas internacionales (ambos trabajos de los que subsiste), el ex presidente habló. Dio su muy personal opinión sobre lo que ocurre en tiempos modernos en el país. Considera que la elección judicial es una farsa, que es parte de una estrategia integral del partido en el poder para controlar los tres entes que establecen el Estado Mexicano, pues al ya tener el Ejecutivo y el Legislativo, ahora van por el control absoluto del Judicial.

Dijo también el ex presidente que Morena ha regresado a la hegemonía política que por tantos años se le criticó al PRI, y que son estos políticos los que están asesinando la democracia en México. De hecho, comparó a Morena con aquel PRI “abusivo y autoritario”.

Sugirió, después que desde Palacio Nacional le señalaran que cobra una jubilación del Banco de México, que el actual gobierno no era transparente en relación a los beneficios y privilegios que el Gobierno de la República dio y ha dado a López Obrador a partir de su retiro, el cual también calificó de simulado. Precisamente, dijo sospechar que el gobierno había acabado con el Instituto Nacional de Acceso a la Información, para no verse obligado a dar información sobre los beneficios que recibe AMLO.

A través de entrevista y de cartas que hizo para responder a los señalamientos de la presidencia ante la opinión que vertió sobre lo que actualmente acontece en el país, el ex presidente Zedillo defendió su jubilación, diciendo que laboró en esa institución y de manera precisa en qué año y en cuál encargo; al tiempo que reiteró haber renunciado, desde su salida de la presidencia, a la pensión de los ex presidentes, es decir en el año 2000, 18 años antes de que el tema lo tomara López Obrador como promesa de campaña cuando dijo que de ganar la presidencia eliminaría esa pensión.

En los argumentos de su defensa, Zedillo sugirió que se deberían realizar auditorías independientes a las “obras emblemáticas” del obradorismo, las cuales fueron abrazadas en su totalidad por la Presidenta Sheinbaum, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles, y la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, esto para ver, dijo, un balance real del balance costo beneficio, y cuantificar las pérdidas para el erario.

Como lo hacía su antecesor, Claudia Sheinbaum reaccionó a las opiniones del ex mandatario: con enojo e ironía. Ahora resulta, dijo, que Zedillo se cree “el paladín de la democracia”; también, como López Obrador a cualquiera de los que consideraba sus adversarios, Sheinbaum tachó a Zedillo de ser el “vocero del conservadurismo”. Una vez más, como cántico reproducido de manera sistemática, le echó en cara el Fobaproa, de incrementar la deuda pública, de beneficiar a unos pocos.

La Presidenta, por supuesto, justificó su reforma judicial; realmente es del ex presidente López Obrador, pero Sheinbaum la concretó, diciendo que será el pueblo el que elija a sus representantes en el Poder Judicial. Además, y de manera insólita, la mandataria dio legitimidad a un audio liberado en la red social X por parte del hijo de un ex general encarcelado por corrupción, precisamente en el sexenio de Zedillo: Jesús Gutiérrez Rebollo, una vez conocido como el zar antidrogas del gobierno mexicano, en el cual sugiere que la esposa del Presidente Zedillo tenía relación con narcotraficantes asentados en Colima, estado natal de la ex primera dama.

Sheinbaum solicitó públicamente -quizá a la FGR o a su propio gobierno- que fuesen investigados esos supuestos nexos con el narcotráfico por parte de la pareja Zedillo, y cuando pide Presidente, FGR obedece; así sucedió cuando el ex mandatario nacional AMLO pidió que se reabriera el caso Colosio, o que se investigara a sus adversarios. Y así, es evidente, sucederá ahora.

De esta manera, la Presidenta se ha molestado con las opiniones vertidas por el ex presidente, y se han ordenado investigaciones sobre el mismo; no sólo indagar los nexos con criminales, también investigar la pensión que le da el Banco de México. Y presentará el informe de una investigación sobre el Fobaproa, para exhibir al ex mandatario nacional.

Tal parece que en México está vetado opinar, criticar, pensar distinto al Gobierno de la República o a quien lo encabeza, so pena; y ahí está a la vista de todos, del enojo presidencial y con las órdenes de investigar para castigar, o para evidenciar, lo que sucedió hace 25 años, hace 13 años, y que sigue siendo la bandera política de un gobierno que en casi siete años no ha tenido la capacidad para cambiar aquello que iracundamente critica: la inseguridad, el autoritarismo, la hegemonía política, el abuso de poder, la censura y, en suma, el presente de un país cada vez más amenazado por los errores de quienes están a la cabeza.

Familiares de las y los estudiantes señalaron que algunas personas afectadas presentan lesiones severas y permanecen hospitalizados hasta este día, a la espera de confirmación de traslado a otros sitios.

También se acusa al plantel de no brindar información clara sobre lo sucedido.

“¡POR FAVOR Difundan! ¡¡Mis sobrinas están graves y demás niños que estuvieron en este accidente, necesitamos respuestas y justicia!!,”Ayúdenme a compartir dos nenas afectadas son mis sobrinas.. porfavor!!!”, exigieron usuarias identificadas como Mari Vélez y Brenda Flores, a través de redes sociales.

Otra mujer identificada como Denisse Rolda escribió en redes sociales:

Según el colectivo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó que tomó declaración a padres de familia y que las niñas y niños afectados, con edades entre los 4 y 9 años, fueron ingresados a distintos hospitales; sin embargo, la institución no ha hecho pública la situación.

Una de las menores permanece en estado crítico en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, debido a la gravedad de sus quemaduras.

El propio docente que presuntamente vertió alcohol sobre la fogata también resultó con quemaduras de segundo grado y se encuentra hospitalizado en el Hospital Civil.

Padres y madres denunciaron la falta de protocolos de protección civil dentro del plantel, así como la ausencia de medidas de seguridad adecuadas para el manejo de materiales inflamables.

Solicitaron que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y otras autoridades intervengan ante lo que calificaron como negligencia por parte de la escuela.

En días posteriores, algunos padres y madres de familia circularon un mensaje difundido por el colegio en WhatsApp, en el que la institución expresó su postura, pero aparentemente luego los borró.

“Lamentamos profundamente el accidente suscitado en las instalaciones del plantel Berriozábal el pasado martes en una de las actividades del campamento con motivo del Día del Niño. Se brindó atención inmediata y, en el mayor de los casos, los niños se reportan fuera de peligro”.

El colegio también señaló que mantiene contacto con los afectados, reiteró que la prioridad son las y los menores, y explicó que cuentan con una póliza de seguro que “cubre cualquier accidente en las instalaciones”.

Según el comunicado, dicha póliza ya fue activada y el plantel se hará cargo de los gastos médicos y de recuperación; además, en otro mensaje anunció que las clases se reanudarán el martes 6 de mayo, una vez que concluyan las diligencias legales correspondientes.

“Además de los delitos que se le señalan, pesan sobre él acusaciones de compra de vehículos y propiedades para el grupo delictivo. Esta detención es clave para reducir delitos y brindar mayor seguridad a la población del Valle de México”, indicó García Harfuch.

El funcionario precisó que en la detención participaron agentes de la SSPC, de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con agentes de las Fiscalías General de Justicia de Ciudad de México y del Estado de México y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El miércoles, el Senado mexicano aprobó la Estrategia de Seguridad Pública 2024-2030, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, que se basa en cuatro ejes: atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación y la coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad con las entidades federativas.

Desde el comienzo de la presidencia de Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, las autoridades mexicanas han detenido a 18 mil 712 personas por delitos de alto impacto y han confiscado 144 toneladas de drogas, que incluyen más de dos 2 millones de pastillas de fentanilo, según reportó recientemente García Harfuch.

Sin embargo, el artículo 97 —vigente desde 1994 y no modificado en la reciente reforma— mantiene el esquema tradicional: el Pleno de la Corte, compuesto por los ministros, debe elegir internamente a su presidente por mayoría cada cuatro años, recordó Juan Ortíz mediante X. 

“Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”, se lee en el artículo 97. 

La contradicción es evidente. Dos normas constitucionales regulan el mismo cargo de forma distinta, generando un vacío legal y un posible conflicto institucional. Por si fuera poco, esta inconsistencia fue advertida desde octubre del año pasado, pero apenas ahora Morena lo reconoce públicamente.

Incluso, durante la discusión de la reforma, el senador Ricardo Anaya hizo evidente la contradicción y recordó que una vez iniciado un proceso electoral, no se pueden reformar las leyes electorales.

MORENA ACEPTA ERROR

Leonel Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, admitió el error y propuso suprimir el párrafo conflictivo del artículo 97 para evitar futuras “interpretaciones incómodas”. Suena a control de daños, pues el riesgo de que un tribunal impugne la validez de la elección, dependiendo de qué norma se aplique, es real.

El tropiezo legislativo refleja las prisas y la falta de rigor técnico con la que se ha impulsado esta reforma. En su afán por transformar el Poder Judicial, Morena terminó omitiendo contradicciones graves y ahora busca solucionar antes de tener más conflictos que evidencian lo improvisado de la reforma. 

Mientras tanto, la contradicción permanece escrita en la Constitución. Y aunque la corrección está en marcha, este episodio deja claro que hasta en los grandes cambios constitucionales, los detalles mal cuidados pueden causar serios problemas legales.