Las madres buscadoras, acompañadas por elementos de la Guardia Nacional, observaron las labores forenses en un sitio que, según sus denuncias, funcionó como un campo de exterminio donde se reclutaban, adiestraban y eliminaban personas de manera sistemática.
La autorización llega tras meses de tensiones entre el colectivo y las autoridades federales, marcadas por acusaciones de encubrimiento y manipulación de evidencia. El rancho Izaguirre, situado en la comunidad de La Estanzuela, a unos 65 kilómetros de Guadalajara, fue descubierto por Guerreros Buscadores el 5 de marzo de 2025, tras una denuncia anónima.
En su primer recorrido, el colectivo documentó restos óseos calcinados, ropa, calzado y más de 1,500 objetos personales, que catalogaron como indicios de desapariciones forzadas. La Fiscalía de Jalisco, que asumió el control del predio en septiembre de 2024 tras un operativo de la Guardia Nacional, reportó el aseguramiento de 10 personas y el rescate de dos víctimas de secuestro, pero no identificó restos humanos hasta la intervención de las buscadoras.
Este hallazgo desató un conflicto con la FGR, que asumió la investigación en marzo por presuntas omisiones de las autoridades estatales. El ingreso de este viernes permitió a las buscadoras presenciar los trabajos de peritos federales, aunque persisten las críticas sobre la profundidad de las excavaciones.
El colectivo ha señalado que el georadar detectó anomalías a tres metros de profundidad, pero las autoridades no han explorado esas zonas. Además, denuncian que el predio fue alterado desde su descubrimiento: “El lugar estaba lleno de sangre, ropa tirada, baños sucios; ahora está limpio, como si quisieran borrar lo que pasó”, afirmó Virginia Ponce, de Madres Buscadoras de Jalisco, en una declaración previa.
La FGR sostiene que el rancho era un centro de adiestramiento del CJNG, no un crematorio, y ha minimizado los hallazgos óseos, calificándolos como fragmentos antiguos en una “pequeña vasija”. Esta postura, defendida por el fiscal Alejandro Gertz Manero el 29 de abril, generó rechazo entre las buscadoras, quienes reportaron 17 lotes de restos óseos clasificados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. “No queremos otra verdad histórica. El delito es desaparecerlos, no buscarlos”, expresó Indira Navarro, líder de Guerreros Buscadores, en un comunicado.
El caso ha escalado al ámbito político. La presidenta Claudia Sheinbaum, tras recibir una carta del colectivo, instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a coordinarse con la fiscal Sara Irene Herrerías para atender las demandas de las familias. “Siempre estaremos del lado de las víctimas”, afirmó la mandataria el 30 de abril. Sin embargo, las buscadoras exigen mayor transparencia y la presencia de Gertz Manero en el predio para constatar los hallazgos.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
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