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Edith y las cientos de víctimas de tentativa de feminicidio que claman por justicia

Edith aún lidia con las consecuencias físicas y emocionales tras la agresión del “Fofo” Márquez en febrero. Ha tenido que costear tratamientos médicos y también modificar su rutina por temor a represalias. “Yo pude haber muerto ahí”, señala.

Un roce en el espejo retrovisor. Eso bastó para que el influencer Rodolfo “N”, mejor conocido como “Fofo” Márquez, agrediera con violencia a Edith, quien conducía el auto que impactó, mínimamente, mientras se estacionaba. 

“Lo más terrible para mí, que no lo puedo superar psicológicamente es el hecho de que no puedo entender ¿cuál fue el motivo?… Lo peor es que no le pasó nada al espejo, ni siquiera un rayón”, cuenta Edith en entrevista con EMEEQUIS.

En el video del ataque difundido en redes sociales, se ve cómo el influencer aleja de la camioneta a la mujer y comienza a golpearle las costillas. Ella cae de espaldas sobre la calle mientras pasaba muy cerca de su cabeza un automóvil. Rodolfo continúa dándole patadas en el cuerpo mientras ella se encontraba en el suelo, después se inclina, se acerca a su rostro y se sigue con puñetazos. Un auto gris se acerca a la escena, él deja de golpearla y se retira. 

Edith es una asesora inmobiliaria que acaba de cumplir 52 años. Después de presentar su denuncia ante la Fiscalía del Estado de México, ella asumió un proceso en contra de “Fofo” Márquez. La primera órden de aprehensión se hizo por el delito de lesiones, después se cambió a tentativa de feminicidio al valorar el alto nivel de las agresiones.

El agresor ya fue vinculado a proceso por feminicidio en tentativa, pero Edith tiene miedo de sufrir represalias contra su persona o la integridad de su familia. 

“En este momento me siento con miedo por represalias. En el estado emocional todavía no supero, fue algo terrible. Una golpiza sin haber motivo ni razón”, afirma la víctima, quien teme por los privilegios e influencias políticas que ostenta tener el influencer que la agredió.

A diferencia de otros casos de intentos de feminicidio que ocurren en el ámbito privado, la agresión contra Edith se dio en una vía pública, en el estacionamiento de Plaza Bridas de Naucalpan, Estado de México. Quedando a la vista de algunos automovilistas que se acercaron al lugar para detener los golpes y el hecho quedó registrado por cámaras de videovigilancia. 

Las causas por las que el caso fue clasificado una tentativa de feminicidio fueron: debido a las lesiones físicas que tuvieron a Edith más de 24 días en reposo para sanar la inflamación de su cuerpo, que el agresor no tuvo la intención de detener los golpes sino que fue contenido por testigos del hecho; además de que él tenía una ventaja sobre la víctima por saber conocimiento en artes marciales.  

La jueza del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México decidió vincularlo a proceso por intento de feminicidio el pasado 16 de abril. Aunque la defensa del agresor ha presentado algunos recursos legales para que se desista de juzgar el caso bajo este delito, como una supuesta carta donde la madre del agresor pide disculpas, el proceso se mantendrá por tentativa de feminicidio hasta que el delito pueda ser acreditado por las autoridades.

Acorde al Código Penal del Estado de México, por el delito de feminicidio en grado de tentativa podrían establecerse penas de 13 a 46 años de prisión, además de que es un delito que no puede adherirse a medidas reparatorias o penas sustitutivas. 

“Todas las acciones que hacemos en la vida nos traen consecuencias. Que pida ayuda, necesita tener ayuda psicológica porque necesita esa ira necesita ser manejada, porque un día puede matar a una persona… Yo pude haber muerto ahí, no estaríamos hablando ahorita de un feminicidio en grado de tentativa”, comenta la mujer agredida que afirma, continuará el proceso hasta que se haga justicia acorde a lo que establecen las leyes. 

SECUELAS Y CAMBIO DE VIDA DESPUÉS DE LA AGRESIÓN

Han pasado más de 40 días desde la agresión, la mayoría de las cicatrices, moretones y rastros físicos de la violencia han desaparecido a la vista del cuerpo de Edith, sin embargo, permanecen los rezagos emocionales y las posibles secuelas que pueden aparecer con el tiempo. 

“Yo estuve 25 días en cama, pasé muy malos momentos porque se me hinchó todo el cuerpo y no podía ni incorporarme. En este momento aún tengo ataques de ansiedad, no podía respirar. Tengo una cicatriz, que estoy yendo con un especialista para ver si puede disminuir. Es terrible verla todos los días y recordar lo que pasó”, comenta Edith. 

Para las mujeres que sobreviven a un intento de feminicidio, las secuelas de soportar la violencia extrema no sólo son físicas, también emocionales, económicas y en su proyecto de vida. 

En este momento Edith no cuenta con una defensa privada, sino abogadas de la Fiscalía de Atención a la Violencia de Género en Naucalpan. Además de que ella misma ha tenido que costear los tratamientos médicos para recuperar su salud y también modificar su rutina diaria por temor a recibir nuevas formas de violencia o intimidación de personas cercanas al agresor.

“Yo no estoy pidiendo nada, ni he pedido, ni pienso pedir. Pero dí fue un menoscabo el pago del medicamento, la pomada para la cicatriz”, afirma la sobreviviente de intento de feminicidio, que ha sido juzgada por intentar beneficiarse de manera económica de la agresión que sufrió. 

Afirma que lo único que desea es que haya justicia acorde a las leyes y continuará el proceso, de acreditarse la tentativa de feminicidio. “En este tipo de delito no puede haber perdón, porque se va de oficio. No puede haber un arreglo económico”, afirma. 

Pese a que las autoridades judiciales le asignaron medidas de protección, Edith teme por su integridad y la de esposo e hijos, quienes han tenido que cambiar sus rutinas y dinámicas diarias por miedo a represalias. 

“Nosotros no somos millonarios que podamos pagar escolta,choferes. Tenemos mucho miedo. La gente te inyecta miedo. Imagínate que a mis hijos les llegan mensajes con ‘la va a matar el ‘Fofo’”, afirma que ahora las autoridades tienen en sus manos la posibilidad de hacer  justicia sobre un caso que podría quedarse en la impunidad por las influencias económicas que ostenta el agresor y dar luz a otros casos que no han encontrado justicia.

EL RETO DE ACREDITAR LA TENTATIVA DE FEMINICIDIO

En la agresión que sufrió Edith existe un video a través de cámaras de vigilancia que muestra el momento en que comenzaron y finalizaron los golpes; sin embargo esta no es una constante en casos de tentativa de feminicidio. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI,  gran parte de las agresiones que sufren las mujeres ocurren desde la privacidad del hogar, sin más testigos que los agresores que son principalmente sus parejas o familiares. 

En la agresión donde está grabado Rodolfo “N”, logra apreciarse que él sólo detiene la agresión hasta que un carro se acerca a ellos; la intervención de un tercero es importante para acreditar la tentativa de feminicidio. 

“Me estaba golpeando y me tenía completamente dominada en el suelo. Él me dio puñetazos en las costillas, si no llega la persona de un carro a gritar ‘están golpeando a una mujer’, de verdad me hubiese matado. Él no tuvo la voluntad de pararse, fue un externo el que le dijo párale ya”, recuerda Edith. 

Acorde al tipo penal de tentativa en los Códigos Penales, sólo puede acreditarse la intención a través de identificar “la causa externa que impida la consumación del delito”, por lo que debe demostrarse que hubo un tercero que detuvo la agresión que tenía la intención de asesinar a una mujer. 

“En el feminicidio, lo que se debe acreditar es que la persona realice actos tendientes a privar de la vida a la mujer, que se actualicen razones de género en la comisión de la conducta, y que el delito no se haya consumado por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo”, explica la abogada Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. 

Evidenciar, con pruebas, que con la agresión se tuvo la intención de asesinar a una mujer resulta ser el reto más complicado de acreditar la tentativa, ya que en la mayoría de los casos, a diferencia del de Edith no existen muestras en video o con testigos. 

Esto se suma a las deficiencias en la “aplicación de quienes operan el sistema de justicia jurídico, la falta de debida diligencia y de perspectiva de género”, afirma la abogada Ana Yeli Pérez, quien afirma que eso no implica que las lesiones causadas sean menores para clasificarlas como lesiones o violencia familiar. 

“Es importante que sea correcto el tipo penal por el cual se está imputando es porque puede haber un riesgo que no se acredite la figura y que entonces se pueda absolver. Se puede llegar al extremo de poner en riesgo el acceso a la justicia por no darle una clasificación correcta”, explica la abogada del OCNF, quien reconoce que debe hacerse un análisis profundo, contextual e histórico de cada caso con perspectiva de género. 

CASOS QUE LLEGAN NO A LA JUSTICIA

Del año 2012 a 2022, las fiscalías de todo el país iniciaron 2 mil 207 investigaciones por el delito de tentativa de feminicidio, de acuerdo con información obtenida por EMEEQUIS vía ley de transparencia.  

Sin embargo, se desconocen cifras completas para conocer el panorama de violencia que acecha a las mujeres que sobreviven a un intento de feminicidio, cómo lo es también saber cuántos de estos casos llegan a una sentencia condenatoria. 

De acuerdo con el buscador de sentencias del Poder Judicial de la Federación, no se han establecido sentencias condenatorias por este delito durante este año, ni el pasado; mientras que de 2019 a 2022 se emitieron 122 sanciones por este delito. 

Los registros del CJF registran 6 sentencias en el año 2019;  22 durante el 2020; 43 en 2021; y 54 en 2022.

Acorde a una revisión de las sentencias condenatorias del CJF, se identificó que una de las causas para que se busque cambiar el delito de tentativa de feminicidio es que se desvirtúe el delito cuando el agresor paró la violencia, o buscó ayuda para resguardar a la mujer que minutos antes había agredido. 

Un ejemplo se da en la sentencia 150/2020 emitida en mayo de 2020 en Sonora, contra un hombre que agredió a su amiga con lesiones punzocortantes en el cuello. 



En este caso, pese a que se acreditaron motivaciones de género, como la relación de confianza entre la víctima y el victimario; además de que se identificaron muestras de violencia sexual; se buscó reclasificar el delito de tentativa de feminicidio a lesiones.  

“El sujeto activo quien desistió de manera voluntaria, acudió con su compañero de casa para pedir ayuda, solicitó auxilio a la policía y realizó la llamada de emergencia para que acudieron a brindar ayuda”, se lee en la sentencia 150/2020 amparo penal en el estado de Sonora. Por este “desistimiento voluntario” de la agresión se buscó disminuir la sentencia contra el agresor. 

JUSTICIA PARA EDITH DA ESPERANZA A LAS SOBREVIVIENTES

Por el caso de Edith, agredida por el influencer Rodrigo “N”, la Colectiva de Sobrevivientes de Feminicidio espera que el acceso a la justicia pueda ser una luz en el camino de otras víctimas de feminicidio en grado de tentativa que, aún, aguardan por justicia. 

“Es importante para nosotras porque va a garantizar un acceso a la justicia para las sobrevivientes y abre la puerta también para el acceso a la justicia para otras sobrevivientes, aunque no sean mediáticas. Se puede hacer referencia, jurisprudencia, además de seguir exigiendo las reformas necesarias como la aceptación del Senado a nuestra propuesta de reforma”, afirma Carolina Ramírez, fundadora de la Colectiva, en entrevista con EMEEQUIS. 

Afirma que al ser un caso ampliamente mediatizado por el papel e influencia del agresor, esto podría marcar una pauta importante para las autoridades al demostrar que se ejerce amparo y protección para las mujeres sobrevivientes de feminicidio. 

“Hay una serie de medidas que faltan y son necesarias para garantizar nuestra vida, integridad, dignidad, la credibilidad de nuestro dicho y que no se les sustituyan las penas a los agresores para que estén en las calles, eso es un peligro terrible de seguir asesinando a mujeres”, afirma la sobreviviente de feminicidio y activista contra la violencia de género. 

SENADO TIENE “CONGELADA” INICIATIVA SOBRE TENTATIVA

En abril de 2022 la Cámara de Diputados aprobó diversas reformas en torno a la tentativa de feminicidio para establecer sanciones de hasta 40 años de prisión al incluir la literalidad del delito de tentativa de feminicidio.

El dictamen aprobado con 453 votos a favor, establecía modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Código Penal Federal. 

Esta iniciativa surgió a través del trabajo de la Colectiva de Sobrevivientes de Feminicidio, entre otras organizaciones feministas, y fue arropado por varias diputadas como Elizabeth Pérez Valdéz del PRD. 

Posterior a su aprobación, fue enviada al Senado de la República con el seguimiento de la senadora de Morena Rocío Abreu, sin embargo, a dos años de su presentación, la iniciativa se mantiene congelada, sin ser analizada en Comisiones y tampoco presentada en el pleno para su discusión. 

EMEEQUIS buscó, durante varios días, a la senadora de Morena, Rocío Abreu Artiñano para saber el estatus de su propia iniciativa, sin embargo desistió de dar una postura argumentando que tenía una “agenda apretada”, de acuerdo a su equipo de comunicación. 

Para especialistas como Ana Yeli Péréz Garrido del OCNF, no es necesaria una reforma legislativa para tipificar la tentativa de feminicidio, sino que podrían agravarse las penas al delito de lesiones y analizar los casos acorde a razones de género. 

“Podría agravarse las lesiones de manera específica por razones de género, para tener una pena más alta. A veces hay casos donde no encuadran como tal en la tentativa, sin que eso implique que no sean graves y que se deban sancionar más severamente. No que se tipifique de manera específica”, afirma. 

En tanto, para la Colectiva de Sobrevivientes, la tipificación como delito autónomo es necesaria para “poder enunciar los elementos objetivos para considerar qué es una tentativa de feminicidio y no es violencia familiar y tampoco lesiones”: aunque resulta insuficiente, afirman, porque se necesitan además, emitir medidas para salvaguardar la vida de las víctimas durante los procesos de justicia.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: GLORIA PIÑA.

EU sanciona a "El Primito" y otros 2 presuntos narcos ligados al CJNG en Tamaulipas

El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a "El Primito" y a otros dos presuntos narcotraficantes, así como a dos empresas mexicanas por su presunta participación en actividades ilícitas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tamaulipas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) anunció hoy sanciones contra tres ciudadanos mexicanos, incluido César Morfín Morfín, conocido como “El Primito”, por su presunta participación en actividades de narcotráfico y robo de combustible (huachicol) vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tamaulipas.

El castigo fue dado a conocer a través de un comunicado, en el cual, el Departamento del Tesoro estadounidense informó que las otras personas involucradas son Álvaro Noé Morfín Morfín y Remigio Morfín Morfín, quienes también estarían relacionados con operaciones ilícitas del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

Las medidas también incluyen a dos empresas mexicanas, SLA Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Jala Logística, por su presunto papel en el apoyo a los delitos que se le imputan a los tres presuntos narcotraficantes, mediante el transporte del combustible robado.
"Esta red genera cientos de millones de dólares anualmente, beneficiando al CJNG, a través de una serie de actividades criminales, incluido el tráfico de fentanilo, el robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo robado de México a través de la frontera suroeste", explicó el Departamento del Tesoro en su comunicado.
La acción, coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA), apunta a desmantelar redes responsables del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, una droga que ha contribuido a la crisis de salud pública por sobredosis en el país, así como a operaciones de robo de combustible que afectan la economía mexicana.

Según el Departamento del Tesoro, “El Primito” es un líder regional del CJNG en Tamaulipas y cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder de dicha organización criminal.
“El Tesoro, como parte del esfuerzo de todo el Gobierno de la Administración, continuará utilizando todas las herramientas disponibles para atacar implacablemente a los cárteles de la droga y las organizaciones terroristas extranjeras para hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, mencionó Scott Bessent, Secretario del Tesoro de EU, en el boletín.
Las medidas bloquean todos los activos de los sancionados en jurisdicción estadounidense, y prohíben a ciudadanos y entidades de Estados Unidos realizar transacciones con ellos, bajo amenaza de multas y sanciones penales. Como resultado de estas sanciones, cualquier propiedad o interés en propiedades de los individuos y empresas designadas que se encuentren en EU o bajo el control de personas estadounidenses debe ser reportado a la OFAC.

La designación de “El Primito” y sus asociados se suma a una serie de medidas recientes del Departamento del Tesoro contra el CJNG y otras organizaciones narcotraficantes, como el Cártel de Sinaloa, en un esfuerzo por frenar el flujo de fentanilo y desarticular las redes financieras que sostienen estas operaciones.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Un tribunal confirma sentencia de 17 años y 6 meses de prisión contra "Fofo" Márquez

Tras ser hallado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa, el influencer "Fofo" Márquez se quedará en prisión luego de que un tribunal mexiquense rechazara la apelación que presentó su defensa, y ratificara su sentencia de 17 años y seis meses de cárcel.

El influencer mexicano Rodolfo "Fofo" Márquez permanecerá en prisión durante los próximos 17 años y seis meses, luego de que las autoridades mexiquenses ratificaran dicha sentencia tras ser encontrado culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa.

Este 1 de mayo, se dio a conocer que el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Poder Judicial del Estado de México (Edomex) decidió rechazar la apelación que había sido presentada por la defensa de Márquez, y confirmó la pena que se le dictó el pasado 24 de enero.
"En su resolución, las y los magistrados confirmaron la pena privativa de libertad de 17 años y seis meses de prisión impuesta por la instancia de origen, al considerar plenamente acreditados los hechos cometidos en agravio de una mujer, cuya identidad es reservada", informó el Poder Judicial del Edomex en un comunicado.

En el documento también se informó que el tribunal hizo una modificación al monto que se había fijado para la reparación de daños hacia la víctima, misma que ahora será de 36 mil 400 pesos "por concepto de tratamiento psicológico".
"Respecto a otros conceptos como el daño emergente, lucro cesante y la reparación del daño moral, el tribunal determinó que su cuantificación deberá realizarse durante la etapa de Ejecución Penal, conforme a lo establecido en la legislación aplicable", se detalló en el documento.
La sentencia hacia "Fofo" Márquez fue dictada en enero de este 2025, luego de ser declarado culpable de feminicidio en grado de tentativa contra Edith "N", mujer a la que atacó en el estacionamiento de un centro comercial del municipio de Naucalpan, Estado de México.


La condena en contra del influencer de 26 años de edad se dio tras una serie de audiencias en las que, incluso, se le ofreció la oportunidad de aceptar un procedimiento abreviado que le habría llevado a cumplir una sentencia 11 años y ocho meses en prisión; sin embargo, a recomendación de su defensa, rechazó tal opción.

Márquez fue apresado en abril de 2024, luego de golpear en repetidas ocasiones a Edith "N" en un altercado que casi ocasiona el atropellamiento de la mujer. El hecho quedó grabado por cámaras de videovigilancia del lugar donde ocurrieron los hechos, lo cual fue tomado como evidencia durante el juicio en su contra.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La Presidenta pide investigar audios sobre supuesto nexo de Los Zedillo con el narco

En su conferencia matutina, la Presidenta abordó el tema de los audios publicados sobre una supuesta conversación telefónica entre la esposa del expresidente Ernesto Zedillo e integrantes del Cártel de Colima. Al respecto, hizo un llamado a que se investigue y difunda dicha información.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este jueves que se investiguen los recientes audios que salieron a la luz, en los que se revelaría un presunto nexo entre la esposa del expresidente Ernesto Zedillo, Nilda Patricia Velasco, y el Cártel de Colima.
"Tiene que investigarse todo esto que se hizo público ahora. Es importante que se investigue porque, repito, hay mucha hipocresía en el conservadurismo. Mucha. Y es importante que se conozca toda esta información y que se investigue", declaró la mandataria federal al ser cuestionada sobre el tema durante su conferencia matutina de este jueves 1 de mayo.
Los audios en cuestión fueron difundidos la tarde de ayer por César Gutiérrez Priego, candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e hijo del General José de Jesús Gutiérrez Rebollo, fallecido en 2013, y quien fue acusado y sentenciado por sus nexos con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, conocido como "El Señor de los Cielos".


"Estas son las llamadas telefónicas que mi padre grabó mientras investigaba el Cártel de Colima de los Amezcua Contreras. Mi padre descubrió que Nilda Patricia Velasco, esposa de Ernesto Zedillo, tenía relaciones y negocios con el crimen organizado, cuando intentó informar sobre esto, Zedillo, quien era Presidente de México, ordenó detenerlo e inventarle delitos", publicó César Gutiérrez al difundir el audio en su cuenta de X.
En el archivo difundido por el aspirante a Ministro de la SCJN, se escucha a una mujer negociar sobre algo, sin que se mencione explícitamente, pero se habla sobre cocineros, locales y sumas de dinero, así como de cantidades a distribuir y producir.
"Entonces nomás ocupo 50 pesos [50 mil dólares] ahorita y yo te pongo todo lo demás. Yo te pago el cocinero, pago el ayudante, pago el local, todo", se escucha decir a la mujer, supuestamente Nilda Patricia Velasco, quien habría sostenido dicha conversación con el exlíder del Cártel de Colima, Jesús Amezcua Contreras, el llamado "Rey de las Metanfetaminas".
De acuerdo con lo señalado por Gutiérrez Priego, el audio difundido es apenas el primero de 11 casetes que fueron grabados en 1996 por su padre, mismos que evidenciarían "el esquema de corrupción de la entonces familia presidencial". "Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, responsabilizó a Ernesto Zedillo Ponce de León", advirtió.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Inmobiliaria amaga con demandar a ambientalistas que defienden la reserva de La Pona

El pasado 25 de abril, un día festivo en la entidad, máquinas excavadoras ingresaron al predio y tumbaron una treintena de árboles endémicos del estado. Entonces, menos de una decena de activistas lograron detenerlas interponiéndose entre las máquinas y los árboles.

Durante una entrevista en un medio radiofónico, el secretario general de Gobierno, el panista Antonio Arámbula López, anunció que la empresa inmobiliaria Próxima S.A. de C.V. –con sede en Pedro Garza García, Nuevo León– amenazó con presentar una demanda por allanamiento contra activistas ambientales que, desde hace una semana, acampan en una reserva natural conocida como “La Pona”, propiedad de la empresa, y en la que pretende construir un proyecto residencial.  

“Ellos nos mostraron una demanda por allanamiento de terreno particular. Yo tengo una copia. Por supuesto no es así de rápido que el Poder Judicial la tramite, pero nos enseñó una demanda, le pedimos que por favor tuviera paciencia, que entendiera que es un tema social”, dijo.  

El pasado 25 de abril, un día festivo en la entidad, máquinas excavadoras ingresaron al predio y tumbaron una treintena de árboles endémicos del estado. Entonces, menos de una decena de activistas lograron detenerlas interponiéndose entre las máquinas y los árboles.  

Tras conocerse el hecho, diversos sectores de la sociedad acusaron al municipio capital y al gobierno del estado de permitir un ecocidio y se les exigió proteger a ese bosque endémico. En semanas pasadas la zona había sufrido diversos incendios que, acusan, son intencionales.  

Aunque la empresa aseguró que contaba con todos los permisos, sobre todo municipales y estatales, la delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el estado, María de Jesús Rodríguez López, aseguró en entrevista con medios locales que la inmobiliaria no contaba con autorización federal, pues se trata de terrenos forestales. 

Desde entonces, en un tercio del terreno considerado como Área Natural Protegida de observancia municipal —que actualmente está en el limbo, pues Jorge Martínez Romo, representante jurídico de Próxima S.A. de C.V., aseguró que incluso esa zona aún pertenece a la empresa—, acampan decenas de personas para vigilar que no entren más máquinas.  

También se realizan actividades culturales para promover la importancia ambiental e histórica del espacio.  

“Nadie nos ha notificado. Legalmente no sé a quién le van a notificar porque cada día acampa gente diferente. Nos sentimos estresadas y preocupadas por esta criminalización que anuncia el secretario de gobierno, pero nos sentimos muy contentas de que la gente esté muy movilizada, yo no esperaba que esto pasara, es algo que quedará en la historia”, dijo en entrevista para Proceso Belinda Camarena, asesora legal de la organización Salvemos La Pona. La abogada añadió que desde diversos sectores se analizan vías legales para proteger a la mezquitera.  

“Esta declaración la vemos más como una amenaza, algo para amedrentar y no voy a mentir, todas estamos muy preocupadas, pero estamos vigilando desde la zona del Área Natural Protegida, eso es una especie de resguardo. No han parado de venir personas, familias completas vienen a dejar cosas y a ayudar. Se han desbordado en demostrar su apoyo, llegan y se llevan formatos para juntar firmas. Una cosa muy desbordada y muy generosa”, agregó Sofía González Ponce, integrante de la misma organización. 

La exigencia ciudadana ha creado una crisis para el gobierno del alcalde capital panista Leonardo Montañez, y para la gobernadora —también panista— Teresa Jiménez Esquivel, a quien diversas organizaciones y ciudadanía en general acusan de mantener una política que beneficia al sector inmobiliario.  

“La Pona” es el último pulmón natural de la capital de Aguascalientes en donde habita flora y fauna nativa que provee diversos servicios ambientales, y es también una zona de recarga natural con árboles endémicos de más de cien años, en un estado que ha sufrido de sequía severa según datos de la Conagua.  

La solicitud de diversas organizaciones, entre ellas Salvemos La Pona, que encabeza las protestas, es que se protejan las 33 hectáreas que quedan de la mezquitera.  

Presionada por las exigencias, Jiménez Esquivel anunció el 30 de abril que se analiza la opción de permutar los terrenos de La Pona por otros que son propiedad del estado y el municipio capital.  

“Hemos estado en diálogo permanente con algunos líderes del medio ambiente pero también con los empresarios. Hemos tomado la decisión de pedirles que no sigan con la construcción, vamos a ver un tema de permuta. Estamos viendo si podemos pagar una parte, son 33 hectáreas que ellos nos dicen que cuestan 500 millones de pesos, estamos en esa negociación, pero obviamente no vamos a pagar eso. Es una propiedad privada, ellos lo que quieren es construir, les haremos esta permuta para que sigan adelante y no quitarles su derecho”, aseguró la mandataria.  

El mismo día, la empresa comunicó a las autoridades que detendría las obras. Pero un día después anunciaron la presunta presentación de demanda contra los activistas. 

“Queremos manifestar que tanto el campamento como nuestra asociación civil no han sido invitados a las mesas de trabajo que supuestamente el gobierno municipal y estatal han sostenido sobre La Pona. No abandonaremos la activación de estrategias legales hasta tener certeza jurídica y un programa de manejo integral a través de un proceso transparente y una consulta pública. (...) también cuestionamos cuáles y en qué condiciones se encuentran los predios a permutar, ya que esta defensa no se limita sólo al ecosistema de La Pona, sino de todo el territorio que comprende este estado”, señaló a través de un comunicado la organización Salvemos La Pona.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MÓNICA CERBÓN.

“El Estado ha fallado a los más vulnerables”: Tribunal impone plazo de un año para que Congreso CDMX legisle sistema de cuidados

Tras la resolución definitiva de un tribunal sobre la omisión legislativa del Congreso de CDMX sobre un sistema de cuidados, activistas exigen la instalación inmediata de mesas de diálogo y que Clara Brugada envíe su iniciativa.

El Congreso de la CDMX y la jefa de gobierno, Clara Brugada, son responsables de una omisión legislativa absoluta al no acatar el mandato previsto expresamente en la Constitución capitalina para legislar un sistema de cuidados, determina una sentencia definitiva del décimo noveno tribunal colegiado en materia administrativa.

La resolución se da en respuesta a un amparo promovido por un grupo de activistas, Silvana Carranza y dos colitigantes: Úrsula Martínez y Priscila Monge, el 27 de marzo de 2024, y luego de que el propio Congreso de la Ciudad de México interpusiera una revisión como parte del proceso, la cual el Tribunal calificó como infundada. 

“Si las normas y programas que darían efectividad a una política que permitiría el goce del derecho humano al cuidado no han sido emitidas hasta el momento, es patente que el Estado le ha fallado a las personas más vulnerables y, por ende, dicha omisión debe cesar, máxime que el propósito de reconocer derechos como se realiza en la Constitución local es fomentar el respeto, protección, promoción y realización, entre otros, de los derechos sociales”, consigna el documento.

Además, describe que si el ejecutivo –Brugada– y el legislativo no han llevado a cabo su función ni ningún proceso de revisión de las iniciativas presentadas en materia del sistema de cuidados a fin de cumplir el artículo 9 constitucional, se considera que ambos violan este derecho humano, por lo cual considera adecuado otorgar la protección de la justicia. Un total de cinco iniciativas permanecen en el Congreso capitalino pendientes de dictaminación. 

Además de estas, presentadas entre septiembre de 2024 y abril de 2025, Brugada ha incumplido la promesa, hecha en al menos dos ocasiones, de enviar su propia iniciativa al órgano legislativo. Por ello, de acuerdo con la sentencia, ya que el actual período de sesiones está próximo a concluir, el Congreso deberá cumplir con su obligación en el segundo periodo ordinario de este año, o a más tardar, en el primero del siguiente, es decir, como máximo en mayo de 2026.

“Las autoridades responsables han incumplido con su obligación de legislar para emitir una ley en materia de derecho al cuidado, el cual ha sido reconocido como un derecho humano, ya que en el artículo vigésimo transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México fue señalado que la legislación relativa a los sistemas y programas establecidos ahí deberá entrar en vigor a más tardar el 31 de diciembre de 2023”, se lee en el documento.

Como resultado del expediente 681/2024, la sentencia remarca que el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México dispone que las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, y desarrolle políticas públicas.

Además, “debería atender de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada están a cargo de su cuidado”. De ahí la obligación de la jefa de gobierno y del Congreso de emitir esta normativa, más cuando el plazo constitucional originalmente tenía como límite el 31 de diciembre de 2023.


Aunque se trata de un Congreso relativamente joven, precisa Silvana Carranza, una de las promoventes del amparo, esta es la primera omisión legislativa que se reconoce en una sentencia en la capital, y se trata de una primera llamada de atención, pues existen otros seis sistemas señalados en la Constitución a los que habría que prestar atención sobre si ya están legislados o no. 

“Hay un trabajo poco consistente por parte de las y los legisladores que han integrado las tres legislaturas de este Congreso”, sostiene en entrevista. Del mismo modo, señala la necesidad de que exista, en principio, una mesa de diálogo y trabajo conjunto con sociedad civil, personas cuidadoras, personas con discapacidad, expertas, abogadas y todas aquellas promoventes de iniciativas en el Congreso, para que la legislación empiece a trabajarse ya. 

“Por el lado del ejecutivo (la jefa de gobierno) ya hay un plazo que tiene que cumplir, y desde hace casi un año está prometiendo una iniciativa; lo que esperamos es que ya tengan los acuerdos para enviarla. Estamos pendientes y participativas de lo que envíen para poder construir. Es una ley en beneficio de muchísimas personas, del 100 % de la población más bien”, apunta.

Animal Político publicó en marzo de este año la serie de reportajes Cuidadoras sin oportunidades, que documenta cómo sin un sistema nacional de cuidados, la igualdad de género nunca será una realidad: en México, 19.6 millones de mujeres están fuera del mercado laboral por dedicarse a cuidar, y un 80 % de las personas jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres; la mayoría pierde esas oportunidades por privilegiar tareas de cuidado, y cuando llegan a acceder, están condicionadas a empleos precarios y a una brecha salarial que es más amplia entre mayor número de hijos tengan.

Priscila Monge, colitigante del amparo, también espera que la discusión se abra a colectivos, activistas y expertos, además de que se inicie lo más pronto posible el trabajo en comisiones y en conjunto con la jefatura de gobierno. Las opciones pueden ser, propone, un parlamento abierto o simplemente una invitación a trabajar en conjunto. “Esperemos que así sea, y que la jefa de gobierno junto con su equipo mande esa iniciativa”, añade.

La activista recuerda que la sentencia establece un plazo para publicar la ley de cuidados máximo para el 31 de mayo de 2026, que son dos periodos legislativos, aunque la expectativa sería que si de por sí ya existe una omisión y un atraso, la normativa se emita durante el segundo periodo de este año. Desde su perspectiva, lo mejor sería que el proceso sea lo más ágil posible, sin perder de vista el aspecto democrático, pide.

Histórica y culturalmente, remarca, las labores de cuidado han sido ejercidas principalmente por las mujeres. De hecho, en la capital el 74 % de las personas cuidadoras son mujeres, y suelen destinar hasta 38 horas a las labores de cuidado. Esto es resultado de los estereotipos de género que rodean esas tareas, lo que se conoce como “ética de cuidado”, que considera que las mujeres son más aptas para ello.

“Una ley de cuidados –subraya– permitiría establecer políticas y un sistema de cuidados que conduzca a una nueva organización social, en la que el Estado, el mercado laboral, la sociedad, las personas cuidadoras y personas sujetas a cuidados formen parte de esta sociedad de cuidados y exista una corresponsabilidad, que no sea una tarea solo de las mujeres, sino que todas las personas consideren que los cuidados permiten la sostenibilidad de la vida”.

Reconocer estas labores, reducir las tareas de cuidado que se recargan sobre un solo sector de la población, y establecer políticas que permitan remunerar y ayudar a las personas cuidadoras con capacitación y profesionalización son aspectos centrales que debe considerar la ley. Esto implicaría añadir un paso más a otras conquistas en las agendas de género. Cambiar la mirada en torno a los estereotipos de los cuidados, sostiene, contribuiría a que dejen de verse como un asunto irrelevante, sino como parte fundamental de la vida.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

Senado aprueba el ingreso a México de militares del Comando Norte del Ejército de EU

Los 120 soldados estadunidenses llegarán el 7 de julio en tres aviones C-130 Hércules que aterrizarán en la Base Aérea Militar 11 de Santa Gertrudis, Chihuahua.

El Senado de la República aprobó la autorización a la presidenta Claudia Sheinbaum para que permita el ingreso a México de personal militar del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos.  

El Pleno del Senado aprobó por 92 votos a favor el ingreso de 120 elementos del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos con armamento orgánico, municiones y equipo especial para el “Ejercicio Especializado Conjunto 2025”, que tendrá lugar del 7 al 25 de julio en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, Chihuahua.  

El dictamen detalla que la delegación ingresaría a bordo de tres aeronaves C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que aterrizarían en la Base Aérea Militar número 11, ubicada en Santa Gertrudis, Chihuahua, el 7 de julio de 2025 y saldría del país el 26 de julio de 2025. 

De acuerdo con la solicitud, la iniciativa tiene como propósito fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas Mexicanas mediante actividades conjuntas con personal del Comando Norte del Ejército de los Estados Unidos. 

“Este ejercicio busca mejorar la interoperabilidad táctica, fomentar la cooperación en escenarios multinacionales y reforzar la capacidad de respuesta ante amenazas complejas en el ámbito de la seguridad regional”, detalla el documento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Elección judicial: el 1 de junio no habrá resultados, solo el avance de cómputos distritales

Por el recorte presupuestal, no habrá PREP y los resultados finales se conocerán en un máximo de 10 días naturales después de la elección.

La ciudadanía conocerá únicamente el avance del cómputo distrital la noche del 1 de junio, el día de la elección judicial, anunció la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.  

"Iniciamos el proceso de cómputo y saldremos, por supuesto que saldremos, primero, a agradecerle a todos que hayan salido a votar. Y segundo, haremos un corte entre las 11:30 hrs y 11:40 hrs de la noche para avisar en qué porcentaje se encuentra nuestro sistema de cómputo, el avance del cómputo”, dijo Taddei en conferencia de prensa, tras la sesión extraordinaria del lunes 28 de abril.  

En mayo, la consejera explicó que, debido al corte presupuestal de las elecciones, el cómputo de los sufragios será total, es decir, no habrá conteos rápidos ni Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP). Sin embargo, no descartó la posibilidad de dar una tendencia de voto para los cargos de ministros: 

“Vamos por el cómputo total desde el inicio y lo primero que deberemos hacer es lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que tenemos como propósito? Que el mismo día de la elección tengamos la posibilidad de dar resultados, al menos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo el 4 de mayo.  

En sus últimas declaraciones, se limitó a hablar del avance del cómputo distrital, que iniciará una vez que cierren las casillas y lleguen los paquetes electorales a los consejos distritales. 

“Estamos hablando de cómputo total. No es PREP, no es conteo rápido, no es una tendencia, es el cómputo total de la elección, el que inicia inmediatamente después de cerrada la casilla”, aclaró.  

La funcionaria comentó que habrá consejos distritales que tarden hasta 17 horas, posterior al cierre de casillas, en recibir los paquetes electorales, debido a las largas distancias. 

Los lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 establecen que la sesión de cómputos distritales será pública y tendrá una duración máxima de 10 días naturales, del 1 al 10 de junio de 2025. 

Debido a la complejidad del conteo de votos de cada elección, se establecieron plazos máximos para concluirlos, así como medidas extraordinarias en caso de algún retraso. 

El Consejo General realizará la sumatoria final y asignará las constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras.  

La ciudadanía podrá conocer el avance de los cómputos distritales a través del portal de resultados que estará disponible en la página oficial del INE. 

Taddei garantizó los sistemas de seguridad informática del Instituto ante cualquier intento de hackeo durante la jornada: 

“Los temas de seguridad del Instituto están altamente blindados. (...) Garantizado que no hay hackeo, que no hay bloqueo, que no hay interferencia, que no hay vulnerabilidad, hasta el día de hoy, esa garantía tenemos, para el día de la Jornada Electoral. Me parece que hay que estar tranquilo, no hay que seguir con estas elucubraciones que no hay seguridad informática”. 

Finalizó anunciando que el 100% de las boletas de ministros, magistrados de los tribunales de Disciplina Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistrados de circuito y jueces de distrito ya están impresas, por lo que miércoles 30 de abril, el INE mandará los paquetes a todas las entidades.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Abuelas protestan por suspensión de apoyos para hijos de víctimas de feminicidio

De acuerdo con las abuelas, desde diciembre no les han entregado los cuatro mil pesos bimestrales que son destinados a la atención médica, educación y alimentación de los menores de edad.

Abuelas de niños cuyas madres fueron víctimas de femincidio tomaron las instalaciones de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la familia en la ciudad de Torreón, para denunciar que el gobernador Manolo Jiménez Salinas suspendió los apoyos económicos desde el pasado mes de diciembre.  

Los recursos de cuatro mil pesos bimestrales son destinados a la atención médica, educación y alimentación de los menores de edad.

Cristela Soto, madre de Daysi Viridiana Martínez Soto –asesinada por su pareja en el 2016–, y quien dirige el colectivo Madres Poderosas, señaló que en lugar de poder festejar a sus nietos este Día del Niño están obligadas a denunciar que el gobierno estatal suspendió los apoyos que establece el decreto publicado en el Periódico Oficial en el 2018, siendo Miguel Angel Riquelme Solís gobernador. 

El decreto fue reformado en el 2021, para cubrir los casos de hijos que siguieran estudiando hasta llegar los 25 años de edad. Jiménez Salinas emitió un nuevo decreto el año pasado, pero para el ejercicio presupuestal del 2025, éste no fue actualizado. 

“Estamos aquí tomando PRONNIF por el motivo de que no nos han entregado los apoyos a nuestros niños. En lugar de estarlo festejando en este Día del Niño estamos aquí pidiendo justicia por nuestros nietos, porque nos dejaron de dar la ayuda desde diciembre y ya llevamos dos bimestres que no nos han entregado”, explicó. 

La abuela dijo que en el colectivo hay 39 menores de edad cuyas madres fueron víctimas de feminicido, pero la cifra es superior por la cantidad de casos que hay en Coahuila. 

Lo que las abuelas han recibido como respuesta por par parte de las autoridades es que solo es cuestión de firmas para la emisión del nuevo decreto y se liberen los recursos, cuatro mil pesos bimestrales con los cuales se hace el pago de salud, educación y alimentación de los menores de edad y jóvenes que siguen estudiando en niveles medio y medio superior. 

“Dicen que faltan unas cuántas firmas. Nosotras somos 39 pero hay muchas que no están en la lista y de hecho se les ha mencionado, tanto al secretario de Gobierno, Oscar Pimentel González, como al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Ricardo Martínez Noyola, que no es sólo el colectivo sino es en general porque ahorita hay mucho feminicidio y necesitamos los apoyos para nuestros niños. Nos dicen que ya mañana, que ya pasado mañana y pasan los días y por eso decidimos protestar aquí”, señaló. 

Durante el 2024 se registraron en Coahuila 15 feminicidios, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, lo que representó casi el doble de lo ocurrido en el 2024. Sin embargo, el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 20 casos el año pasado y la mayor parte de los casos ocurrieron en Torreón. Hasta el pasado mes de marzo se tenían judicializados dos casos durante el presente año. 

La cantidad de niños y adolescentes que quedaron sin sus madres a causa de este delito es indeterminado aún, pero las abuelas afirman que están documentando los casos para que se pueda visibilizar la problemática. 

Por su parte el secretario general de Gobierno en Coahuila, Oscar Pimentel González, dio a conocer, en una entrevista anterior a la protesta realizada por las abuelas, que el tema lo revisaba la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y reconocía también que había problemas presupuestales para atenderlo. 

“Entiendo que el presidente de Atención a Víctimas del estado está en comunicación con las integrantes de la organización Madres Poderosas de la Laguna y están revisando los casos pata ver qué es lo que procede”, señaló.  

—¿Es una cuestión de recursos?, se le preguntó. 

“Exactamente y por eso tenemos que buscar cuales son las prioridades en términos de indemnización y lo debe hacer el gobierno federal, no lo tiene porque hacerlo el estado, porque habrá que ver los casos”, declaró.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMELIA MUÑOZ.

Salinas Pliego denuncia que Gobierno de Sheinbaum quiere quitarle concesión de TV Azteca

El magnate regiomontano Ricardo Salinas Pliego denunció, el 30 de abril de 2025, a través de un artículo publicado en la red social X, titulado ‘Me compartieron la nueva estrategia para intentar silenciarnos’, que el Gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quería quitarle la concesión de la televisora TV Azteca, misma de la que él es propietario.

“Supe de buena fuente que a todos los chayoteros encargados de distribuir mentiras en redes, hace apenas unos días, les dieron línea desde el poder, de empezar a sembrar y difundir en el imaginario colectivo la idea de que al pueblo bueno NO le van a aplicar la #LeyCensura en las redes sociales, pero que hay que ‘devolverle la concesión de TV Azteca a los mexicanos’ porque nosotros somos ricos y malos”, escribió el magnate.

“Junto con esa información, he notado un aumento considerable en los ataques de bots desde la Red AMLOVE, así como de cuentas falsas desde México, Venezuela, Rusia y Cuba, hacia mi perfil. La estrategia para intentar silenciar mi voz es la siguiente (me la filtraron desde dentro de sus filas): Le harán creer al pueblo bueno que en la señal de TV Azteca se transmitió un spot de televisión, que atenta contra la soberanía nacional. Lo de mencionar la palabra ‘soberanía nacional’ les dijeron que es clave”, detalló Salinas Pliego.

“Presentarán una ley aparentemente monstruosa de censura total, para todos los medios de comunicación. Después de difundirla ampliamente y asustar a la gente con la misma, dirán que la van a revisar, porque en su narrativa supuestamente siempre escuchan la opinión del pueblo”, agregó el magnate regiomontano.

“Contratarán bots, les darán línea a las empresas que trabajan difundiendo mentiras y a sus ‘periodistas independientes’ que se dedican a amplificar mentiras en redes, y les comunicarán que tienen que sembrar la idea y hacerle la pregunta a sus seguidores de si debería el Gobierno devolverle al pueblo la señal de TV Azteca, a ninguna otra televisora mencionarán tanto (aunque nosotros NO transmitimos el supuesto spot en contra de los migrantes)”, dijo Salinas Pliego.

“Al final van a dar marcha atrás con casi toda la propuesta, diciendo que escuchan al pueblo y que no son represores, pero van a decir que el pueblo quiere que se revisen las concesiones de televisión”, previó el magnate regiomontano.

“Intentaran (sic) de cualquier forma ‘creativa’ manchar la reputación de los dueños de las televisoras. Así como a mi me han fabricado una supuesta deuda al SAT, que raramente no me han podido cobrar, a los otros les fabricaran algunos otros pecados para justificar su intento de robo, y decir que solo los zurdos de mierda y sus hijos, que son buenos y puros, se deberían quedar con las licencias de telecomunicaciones (obviamente sin pagar un peso)”, subrayó Salinas Pliego.

“Intentarán robarnos amparados en la ‘volundad del pueblo’, y entregarle las licencias de televisión, internet y telefonía a sus hijos, amigos e incondicionales a través de prestanombres, para deshacerse de la única voz crítica que no han podido callar”, enfatizó el magnate regiomontano.

“Cabe aclarar que las licencias NO son otorgadas graciosamente a cambio de nada. ¡NO! En realidad son licencias, no concesiones, que le compramos al gobierno por más de 4 mil millones de pesos y que no vencen sino hasta el 2042. Así que solo mediante el robo podrían intentar despojarnos de ellas. ¿Y adivinen qué? ¡No nos vamos a dejar y vamos a defendernos!”, finalizó Salinas Pliego.

TV Azteca surgió a partir de la privatización del paquete de medios estatales conocido como IMEVISIÓN, en 1993, durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Este proceso marcó la creación de una de las principales cadenas de televisión comercial en México, rompiendo el monopolio de Televisa en la televisión abierta.

Obtuvo su concesión inicial en 1993 mediante la privatización de IMEVISIÓN -que operaba los canales 7 y 13, junto con otras estaciones de radio y televisión-, adquirida por Salinas Pliego, por 645 millones de pesos (equivalente a unos 200 millones de dólares en ese momento), con un supuesto préstamo de 29.7 millones de dólares, de parte de Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente de la República.

En octubre de 2018, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) renovó la concesión para 179 estaciones de televisión por 20 años más (con vigencia del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2041), con un costo de 3 mil 880.8 millones de pesos, entre ellos a TV Azteca, de la cual el órgano constitucional autónomo determinó que cumplió con todos los requisitos, y la renovación no generó efectos contrarios a la competencia, ni a la libre concurrencia.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Estrategia de Seguridad da resultados, aunque problema no se ha resuelto, dice Harfuch en el Senado

Con 104 votos a favor, 16 sufragios en contra y una abstención, el Pleno de la Cámara Alta del Congreso de la Unión aprobó, el 30 de abril de 2025, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, del Gobierno de la República.

Horas antes, el mismo día, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sostuvo una reunión con integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y de la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

Entrevistado por representantes de diversos medios de comunicación, el funcionario federal dijo que la estrategia del Gobierno de México en materia de seguridad pública estaba dando resultados, aunque eso no se traducía en un problema resuelto.

García Harfuch destacó que durante el primer trimestre de 2025, era en el que se había registrado la menor cantidad de homicidios en el país desde 2018 y que como parte de la estrategia trabajaban en los siete estados que concentraban la mitad de ellos.

“En el 2018, este es el primer trimestre más bajo desde el 2018 en homicidios. Si tenemos menos homicidios en este mes que los anteriores, pues obviamente es que se están dando resultados”, declaró el titular de la SSPC.

Asimismo, el funcionario federal insistió en que la destrucción de laboratorios en los que se fabricaban estupefacientes, cortaba el flujo de recursos de las organizaciones criminales, destinados al reclutamiento de personas, compra de armamento y corrupción de autoridades.

“Hay más de 18 mil detenidos, más de 800 laboratorios destruidos ¿Que qué significa laboratorios destruidos? Significa cualquier cantidad de dinero que deja de ingresar a las organizaciones criminales, para que dejen de reclutar más gente, para que dejen de comprar armamento, de corromper autoridades”, enfatizó García Harfuch.

“Se han desarticulado muchísimas células delictivas. El hecho de que haya resultados no quiere decir que el problema esté resuelto”, enfatizó el titular de la SSPC, quien también que elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y las policías estatales trabajaban diariamente en entregar más resultados, para alcanzar la pacificación del país y proteger a la ciudadanía.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Claudia quitará concesiones de agua a políticos y empresarios; tienen hasta presas

La Presidenta Claudia Sheinbaum y la Conagua anunciaron una revisión de las concesiones ilegales para garantizar el acceso equitativo al agua.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció este miércoles una revisión exhaustiva de las concesiones en el país para combatir irregularidades y recuperar recursos hídricos en las zonas de mayor escasez, donde se han detectado lagunas, pozos y presas en posesión de "políticos del pasado" y “empresarios de alto nivel”.

Efraín Morales López, director general de la Conagua, explicó que el objetivo principal es regularizar y ordenar las concesiones. Adelantó que se tomarán acciones contra aquellas otorgadas de manera ilegal.
“Estamos revisando una a una todas las concesiones del país para garantizar su uso adecuado y conforme a la Ley”, afirmó en la conferencia de prensa matutina.
Por su parte, la Presidenta Sheinbaum Pardo denunció que en zonas con alta escasez de agua se han encontrado casos de políticos y empresarios que poseen lagos, pozos y presas en sus propiedades sin los permisos correspondientes.


“Todo esto está en procedimiento administrativo porque se van a recuperar en el marco de la Ley. Se acabaron los privilegios del pasado”, aseguró desde Palacio Nacional.
La mandataria federal también señaló que muchas concesiones de agua para riego agrícola han sido transformadas en desarrollos habitacionales que no pagan derechos, un problema que se originó durante el periodo de privatización en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
“El agua dejó de ser un derecho y un bien nacional para convertirse en una mercancía. Eso lo estamos revisando”, enfatizó.
Asimismo, la titular del Ejecutivo destacó que estas acciones buscan garantizar un acceso equitativo al agua, especialmente en municipios donde la población enfrenta desabasto, mientras que grandes propiedades concentran el recurso para beneficio personal.


“Todo se está haciendo en el marco de la Ley, aunque nos acusen de autoritarismo. Lo que sí es que los privilegios del pasado se acabaron”, concluyó.
Los amos del agua

La familia del expresidente Vicente Fox Quesada posee 18 concesiones de agua en Guanajuato, otorgadas desde la década de los 90, que les han permitido abastecer sus empresas y propiedades en el municipio de San Francisco del Rincón.

De acuerdo con un texto de Daniela Barragán, publicado el 8 de enero de 2024 en SinEmbargo, entre estas concesiones, destaca un permiso firmado en 2015 que les asigna 137.27 litros por segundo provenientes de nueve pozos, beneficiando directamente a su empresa El Cerrito.


Además, los permisos incluyen subsidios gubernamentales destinados originalmente a pequeños productores, como el Programa Especial de Energía para el Campo, que cubre hasta el 95 por ciento del costo de energía eléctrica para uso agrícola. También han accedido al Programa FOMAGRO, creado durante la administración de Fox, que busca impulsar la productividad y competitividad de agronegocios.

A pesar de la disminución del capital social de El Cerrito en años recientes, la familia Fox ha mantenido estas concesiones, algunas de las cuales tienen vigencia hasta 2029. Estas concesiones abarcan propiedades de casi dos mil hectáreas de riego, consolidando el poderío de la familia en la región y generando cuestionamientos sobre el uso de recursos hídricos en una entidad con escasez de agua.

Los pozos del privilegio


Meses atrás, la periodista compartió en otra publicación que en Guanajuato, la familia del expresidente Vicente Fox consolidó un esquema de acceso privilegiado al agua, con concesiones que abarcan casi tres décadas de vigencia y benefician directamente a sus empresas familiares. Dichas concesiones, concentradas en el municipio de San Francisco del Rincón, han permitido a los Fox mantener una posición dominante en un territorio marcado por la escasez hídrica.

El impacto de estas concesiones se agrava al considerar que San Francisco del Rincón ha enfrentado crisis de sequía extrema durante los últimos 20 años, según datos del Monitor de Sequía de la Conagua. Mientras los habitantes del municipio lidian con una disponibilidad limitada de agua, los permisos otorgados a los Fox garantizan el acceso a millones de metros cúbicos anuales, bajo condiciones preferenciales.

Además de los permisos, la familia Fox ha aprovechado programas gubernamentales como el PEUA, que subsidia hasta el 95 por ciento del costo de energía eléctrica para uso agrícola. Este beneficio, destinado originalmente a pequeños productores, ha sido clave para mantener la operación de empresas como El Cerrito y Fox Berries, consolidando su influencia en el sector agroindustrial.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Periodista denuncia intimidación por funcionario de Salud en Chiapas

Según la periodista, el comunicador de la Secretaría de Salud de Chiapas la acusó de tomar fotografías dentro de un hospital, sin verificar que esto fuera cierto y la intimidó.

La periodista Mariana Morales, periodista en Chiapas, denunció presuntos actos de intimidación, bloqueo informativo y violencia institucional por parte de Adolfo Cuitláhuac López Gutiérrez, director de Comunicación Social de la Secretaría de Salud del estado.

De acuerdo con su testimonio, la agresión ocurrió el domingo 27 de abril en Tapachula, cuando acompañaba a una mujer migrante venezolana al Hospital General para que recibiera atención médica.

Morales explicó que la paciente había recurrido a ella luego de no recibir atención previa en una clínica.

“Yo le dije que cuando fuera al hospital general, que me avisara para ver si yo le hablaba a alguien de salud, y la atendieran. Y así fue, las atendieron“, declaró a “Aristegui Noticias”.

Morales relató que mientras permanecía en el área con una compañera fotógrafa, no se tomaron imágenes sin consentimiento.

“Mi compañera llevaba su cámara colgando del brazo izquierdo, pero en ningún momento insistió o tomó fotos sin permiso, solo platicó con otra mujer migrante de Honduras”, dijo y ambas abandonaron el lugar cuando se les indicó.

Posteriormente, Morales recibió un mensaje de voz de Adolfo Cuitláhuac López Gutiérrez, que se encontraba en Tuxtla Gutiérrez, para reclamarle que se hubieran tomado fotografías dentro del hospital, situación que no tenía confirmada el funcionario.

“Oye Mariana, me dijeron que tomaron fotos adentro del hospital, y es muy delicado tomar fotos adentro del hospital, por el tema de la gente y de la protección (…) de identidad de la gente. Entonces, te pido por favor que no vayan a utilizar esa foto. Que no se te olvide que no se necesita solamente una vez a una fuente”, se escucha decir al funcionario en el audio.

“Este señor me manda ese audio y yo me puse a temblar del coraje y tristeza porque no es primera vez que me pasa, me amenazó diciendo que no se tomaban fotos y que eso no se hacía y que ellos habían obrado de buena fe, y que yo iba a necesitar de él” , expresó la periodista.

Según Morales, llamó al vocero de la dependencia para exigirle una explicación.
Le dije: oye, ¿qué te pasa?, por qué me dices eso, y no digas que yo voy a necesitar de ti, porque tú necesitas de la prensa.
La reportera también recordó agresiones anteriores de parte de personal del gobierno del estado, encabezado por Eduardo Ramírez.

Dijo que en septiembre de 2024, fue víctima de violencia física durante un acto de campaña del actual gobernador Eduardo Ramírez, cuando intentaba entrevistarlo.

“Se amontonaron frente a mí y por atrás jalaron mi cabello y levantaron mi blusa… los jaloneos eran para que yo no me acercara, me jalaron de la blusa y mencionaban que no me dejaran pasar porque ahí venía la de Reforma”, señaló.

Asimismo, en marzo de 2025, Morales dijo haber sido responsabilizada por el entonces fiscal de Tapachula, César Amín González Orantes, de publicaciones críticas en redes sociales.

“Me dijo que la culpa era de mi hermana y mía… Salí llorando porque yo no sé por qué me dijo eso”.

La periodista hizo un llamado a las autoridades estatales para revisar el actuar de los funcionarios públicos, y sostuvo que el ejercicio periodístico no puede depender del aval institucional.
Algunos voceros creen que nos hacen un favor. No es así. A modo. El periodismo no funciona así.
Ante el suceso, organizaciones de defensa de periodistas, como la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Chiapas, Frontline Freelance México, y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y su filial en Chiapas.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan a balazos al secretario del ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco

El presidente municipal de Nacajuca, Roberto Ocaña, confirmó la muerte de Luis Alberto Rivera, que presuntamente fue asesinado por hombres armados.

El secretario técnico del ayuntamiento de Nacajuca, Luis Alberto Rivera, fue asesinado este miércoles a balazos luego de salir del domicilio donde residía, en la ranchería Taxco, ubicada en Tabasco.

Según versiones que recogen medios nacionales, Luis Alberto conducía un vehículo particular cuando unos sujetos armados a bordo de motociclistas le dieron alcance y abrieron fuego en contra de la unidad.

Los agresores emprendieron la huida luego de acribillar al funcionario, quien, presuntamente seguía con vida.

Según versiones de los lugareños, Luis Rivera alcanzó a recibir atención médica; sin embargo, la gravedad de las heridas le causaron la muerte en el lugar de los hechos.

En entrevista a medios, el presidente municipal de Nacajuca, Roberto Ocaña, confirmó la muerte de uno de sus funcionarios más allegados.

“Hoy lamentablemente, (la violencia) directamente como gobierno nos pega. Era un compañeros que tenía una responsabilidad importante“, señaló.

La Fiscalía de Tabasco no ha emitido información sobre este caso hasta la tarde de este 30 de abril.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ataque armado a cuerpos de seguridad en Pátzcuaro, Michoacán, deja seis policías heridos

El alcalde de Pátzcuaro, Julio Arreola, dijo que el ataque a los policías es una reacción al trabajo coordinado para establecer la paz en la región.

Un enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados en Pátzcuaro, Michoacán, dejó como saldo seis agentes heridos, entre ellos tres policías estatales y tres municipales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), el ataque se habría tratado de una agresión directa en contra de los cuerpos de seguridad.

“Elementos de la Guardia Civil en conjunto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Municipal reforzaron las labores operativas en Pátzcuaro y sus alrededores”, informó la dependencia.

En Tzintzuntzan fue localizada una camioneta en “aparente” estado de abandono con impactos de bala y se han asegurado otros tres vehículos que podrían estar involucrados en los hechos.

Julio Arreola, alcalde de Pátzcuaro, señaló que la agresión es una reacción al trabajo realizado por los tres niveles de gobierno en Pátzcuaro y la región lacustre para combatir la inseguridad y recuperar la tranquilidad.

“No permitiremos que actos violentos alteren la paz de nuestro municipio ni la imagen de Pátzcuaro como un pueblo de paz y hospitalidad. Seguimos atentos, firmes y comprometidos con el bienestar de nuestras familias. Hoy más que nunca, Pátzcuaro necesita unidad, trabajo y responsabilidad”, escribió el edil.

Cabe destacar que en dicha región de Michoacán se tiene identificada la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con información de inteligencia de autoridades estatales y federales.

Entre enero y marzo de este año se registraron 359 homicidios dolosos en la entidad, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A la vez, en lo que va del 2025 han sido asesinados al menos 12 policías en Michoacán, según el recuento realizado por la organización Causa en Común.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El INE comienza la distribución de 601 millones es de boletas para la elección judicial federal

En colaboracion con Talleres Gráficos de México concluyó la impresión de 601 millones 987 mil 276 boletas que se utilizarán en el próximo proceso electoral extraordinario en el que se elegirán a jueces, magistrados y ministros.

El Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará este 30 de abril la distribucion de las boletas para la elección del Poder Judicial de la Federación.

En colaboracion con Talleres Gráficos de México concluyó la impresión de 601 millones 987 mil 276 boletas electorales que se utilizarán en el próximo proceso electoral extraordinario en el que se elegirán a jueces, magistrados y ministros.

Del total de boletas, 100 millones 398 mil 257 fueron producidas para los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como de las Salas Regionales del TEPJF.

Además de 100 millones 197 mil 124 boletas para elegir a magistradas y magistrados de Circuito, así como de juezas y jueces de Distrito.

Boletas para elección judicial cuentan con medidas de seguridad

De acuerdo con el INE, hay dos tipos de medidas de seguridad: unas están incorporadas a la producción del papel y las otras en la impresión.

En el primer grupo las medidas son marca de agua y fibras ópticas, visibles e invisibles; mientras que del segundo son la microimpresión, impresión invertida, imagen latente e impresión invisible.

Respecto a la distribución de boletas, esta iniciará el 30 de abril y concluirá el 17 de mayo de 2025.

En el proceso participará la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional para su custodia durante el traslado. Asimismo, se contará con su colaboración para el resguardo de esta documentación electoral en los consejos distritales.

El INE aprueba las boletas más complicadas de la historia

A finales de enero, el INE aprobó las boletas para la elección judicial las cuales contendrán entre 42 y 70 nombres, cinco gamas distintas de color que serán para cada especialidad judicial, así como las iniciales de los Poderes que postulan las candidaturas y los recuadros diferentes para votar por mujeres u hombres.

Para las personas votantes será todo un desafío emitir el sufragio, pues en caso de equivocarse o no marcar la totalidad de los cargos a elegir, sus votos serán anulados.

El Consejo General del INE avaló los dos modelos de boletas que tenía pendientes para la elección judicial, con el rechazo de tres consejeros electorales, quienes advirtieron que esas boletas son ilegibles, confusas para el electorado y poco funcionales para los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla.

Una de las boletas es la de los 464 magistrados y magistradas de distrito. Esta contiene 70 espacios para colocar los nombres de las candidaturas agrupadas en cinco especialidades: administrativa, civil, mixto, penal y trabajo, a cada una de las cuales corresponde un color diferente.

Cada nombre viene acompañado de un número y las iniciales del poder que postula: PE, Poder Ejecutivo; PJ, Poder Judicial; PL: Poder Legislativo; además de las siglas EF, que indica que los postulados son magistrados en funciones.

Las candidaturas están divididas en dos grandes bloques: del lado izquierdo las mujeres y del lado derecho los hombres.

Arriba de cada bloque hay cinco recuadros, y las instrucciones al elector: “escriba el número correspondiente a cinco mujeres conforme a los cargos para este distrito”.

Las boletas, impresas en color magenta, estarán foliadas e indicarán la entidad federativa, el circuito judicial al que correspondan esas candidaturas, así como su distrito judicial y el distrito electoral.

La segunda boleta aprobada es la de Juezas y Jueces de Distrito, que se imprimirá en color amarillo y que servirá para que se elijan a nivel nacional a un total de 386 jueces federales.

En este caso,las boletas contienen espacios para 42 nombres, que de la misma forma serán identificados con un número y las siglas del Poder que postula cada candidatura.

La boleta indica que los cargos a elegir por distrito son: dos jueces en materia administrativa, dos en materia civil y dos en materia penal.

Igualmente, las candidaturas se dividirán en un bloque de hombres y un bloque de mujeres y, en este caso, arriba de cada bloque habrá espacio para votar hasta por tres mujeres y tres hombres.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.