Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

Los crímenes de Estado no prescriben. Exigen la reapertura del caso Aguas Blancas a treinta años de la masacre.

La reapertura del caso Aguas Blancas y la liberación de Antonio Barragán, preso político desde hace 24 años, fueron las demandas centrales en las acciones por el trigésimo aniversario de la masacre cometida por la policía guerrerense en contra de 17 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en 1995.

Con una marcha desde la comunidad, ubicada el municipio Coyuca de Benítez, Guerrero, y un mitin político en el lugar de los hechos, donde se erige un memorial, este sábado 28 de junio, sobrevivientes de la masacre, acompañados de artistas y militantes de distintas organizaciones, llevaron una ofrenda floral y, con un pase de lista, exigieron justicia y verdad para sus compañeros campesinos ejecutados extrajudicialmente treinta años atrás.

Una reunión de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum es otra de sus demandas centrales, pues aseguran que a su antecesor López Obrador el caso no le interesaba y, al igual que todos los gobiernos anteriores, eligió el camino de la impunidad; por lo que demandan que la actual titular del ejecutivo federal, junto a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, les atiendan con miras a reabrir el caso y sancionar a los responsables políticos de la masacre, Rubén Figueroa Alcocer, gobernador de Guerrero en el año 1995, y el entonces presidente Ernesto Zedillo.

La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) surgió en la Costa Grande de Guerrero en el convulso año 1994, como respuesta de los campesinos de los municipios de Tepetixtla, La Unión, Petatlán, Atoyac, Coyuca de Benítez y otros más, ante las precarias condiciones del campo en esos años donde el TLC entró en vigor.

Sólo un año después de su fundación, la OCSS sufrió uno de los episodios de represión estatal que permanecen en la memoria colectiva del país e incluso en los libros de texto escolares. En el marco de jornadas de movilización de la organización, dos camionetas repletas de campesinos fueron interceptadas en el vado de Aguas Blancas por elementos de la policía motorizada de Guerrero, sometieron a sus tripulantes y dispararon contra ellos, terminando con la vida de 17 personas, dejando a 14 heridas y decenas de torturadas.

Cientos de personas de la comunidad se cuentan entre las víctimas indirectas de esta masacre, muchas de ellas viéndose forzadas al desplazamiento. Treinta años han pasado y las instituciones del estado mexicano no han dado justicia a las víctimas de Aguas Blancas; por el contrario, desapariciones, asesinatos y prisión política en contra de militantes de la OCSS ocurrieron en los años posteriores a la masacre.

Tres décadas después, las víctimas de Aguas Blancas y los militantes de la OCSS se reorganizan para exigirle a un gobierno autodenominado de izquierda, la libertad de su compañero Antonio Barragán y la reapertura del caso, como remarcaron en su mitin, los crímenes de lesa humanidad no prescriben y los culpables deben ser castigados.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: AXEL HERNÁNDEZ.

Tren Maya implicado en red corruptora del 'Caso Koldo' en España: Académico

José Francisco Parra, director ejecutivo del Instituto Universitario Ortega y Gasset, explicó en Aristegui en Vivo la relación de políticos y empresarios españoles acusados por corrupción, cercanos al presidente Pedro Sánchez, y constructoras españolas que ganaron licitaciones directas para llevar a cabo obra pública en México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Parra explicó en qué consiste el llamado “Caso Koldo”, una trama de corrupción política en torno al asesor político Koldo García Izaguirre, y los políticos José Luis Ábalos Meco, ministro de Fomento en los dos primeros gobiernos de Pedro Sánchez y secretario de organización del PSOE (2017-2021), y Santos Cerdán León, secretario de organización del PSOE (2021-2025), a quien este lunes el Tribunal Supremo de España dictó prisión preventiva, tras ser acusado por organización criminal y cohecho, así como al presunto cobro de mordidas por la adjudicación irregular de obras.

Asimismo, Parra explicó que existe una investigación judicial en curso en torno a cómo estos personajes estuvieron atrás de la adjudicación de obra pública en México a constructoras españolas como Acciona e Ineco mediante sus contactos con políticos mexicanos, entre ellos Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca y actual senador, y Pedro Heces, líder sindical ligado a Morena.

En qué consiste el ‘Caso Koldo’

Parra, también profesor de Ciencia Política, hizo un resumen de lo que se conoce como ‘Caso Koldo’.

“La cuestión es la siguiente tanto Ábalos como Serdán son del círculo cercano de Pedro Sánchez en su ascenso a la secretaría general del Partido Socialista (PSOE) y posteriormente en su vestidura como presidente de gobierno de España, con lo cual son dos personajes muy cercanos, de su círculo personal porque no nada más eran compañeros de partido sino también amigos.

“Y en el caso de Ábalos fue su primer secretario de organización en el PSOE y, después, su segundo secretario de organización fue Santos Serdán, entonces podemos decir que las dos personas más importantes en el ámbito operativo, cercanos a Pedro Sánchez, están implicados en casos de corrupción.

“(Caso Koldo) Esto comenzó con una denuncia que hizo el Partido Popular (PP) respecto del manejo corrupto el costo a sobreprecio de los cubrebocas que se vendieron durante la pandemia en los que estaban involucrados tanto Koldo como Ábalos, quien era secretario de transporte en ese momento y tuvo que en la segunda legislatura de Pedro Sánchez dejar el ministerio, quedarse solo con su cargo de diputado en el congreso de los diputados lo que le daba cierto tipo de autonomía.

“No había existido nunca que un diputado se negara a devolver su constancia de diputado, renunciar a ella cuando el partido se lo pedía, en este caso Ábalos al día de hoy todavía es diputado y está en el grupo mixto con lo cual habla del derrotero que han tomado estas cuestiones.
(Koldo y Ábalos) estaban imputados por el caso de las mascarillas y a cuenta de la investigación que realizó la policía, la fiscalía anticorrupción, intervino la computadora y los celulares de Koldo y Ábalos y rescata información en la que ya no solamente hablan de los casos de los cubrebocas sino hablan de los moches y mordidas que pedían a las empresas constructoras.
Es a partir de la información que recaba la policía con la intervención de computadoras y celulares que aparece en escena Santo Cerdán, en ese momento todavía era secretario de organización del PSOE.
Lo que se sospecha es que es una trama corruptora, pero la pregunta esencial es se beneficiaron ellos de manera personal. Sí, esto es evidente, y seguramente, es lo que va a transcurrir en los próximos meses; pero, la pregunta central, y aquí es donde involucra al PSOE y al mismo Pedro Sánchez es si esas comisiones sirvieron para financiar su campaña electoral.
“Como suele ocurrir en estos casos Pedro Sánchez dice que no sabía nada, que lo desconocía, pidió perdón hacia los militantes del PSOE, pidió perdón a los ciudadanos españoles, pero como suele ocurrir no hay ningún indicio que lo involucre a él directamente, pero pero está claro que ya sea por omisión o participación es responsable político, no penal, pero si político.

“Este fin de semana hubo una carta, un manifiesto, que firmaron una cantidad importante de políticos, intelectuales, historiadores, en el que le exigen a Pedro Sánchez y al PSOE transparentar y tener responsabilidad política y ética respecto a cómo se han estado manejando estos asuntos en los últimos meses.

“Lo más grave y peligroso de todo esto es que este tipo de conductas de los partidos tradicionales tanto de izquierda, en este caso del PSOE progresista, que venía de sustituir un caso de corrupción por el caso Gürtel de Mariano Rajoy, con aquella moción de censura, pone a los dos principales partidos en casos de corrupción y esto no hace más que abrir la puerta a la extrema derecha que es la beneficiaria de todos estos casos de corrupción porque existe un desencanto de la ciudadanía con dos partidos que, uno en la derecha, otro en la izquierda, pero constitucionalistas y demócratas.

México, Tren Maya, Refinería Dos Bocas

Parra explicó como la red de corrupción en la que están implicados Koldo García Izaguirre,  José Luis Ábalos Meco y  Santos Cerdán León, estaría atrás de la adjudicación de obra pública en México a constructoras españolas, como Acciona. 

“Los medios de comunicación han hecho eco del caso del Tren Maya, pero hay que ser muy cuidadosos porque hay un secreto de sumario, una investigación judicial en curso, hay que ser responsables en esto, pero lo que más llama la atención y que creo que hay bastantes indicios es de que el modus operandi de estos tres personajes era cobrar comisiones a empresas constructoras, entre ellas a Acciona, que es una las cinco grandes constructoras en España

“Acciona fue la que, en su momento, ganó una licitación directa para construir un tramo del Tren Maya que posteriormente fue cancelada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y se la se la dio a la Secretaría de la Defensa; pero, está otra empresa que es española que es AECDI que en unión con una empresa mexicana, aparentemente de reciente creación en ese momento, se le adjudicaron más de 10 mil millones de pesos para un tramo

“Y, luego, también hubo una asignación a una empresa pública que es Ineco, una empresa encargada de hacer estudios de viabilidad económica en el sector de transporte, a la que se le consiguió un contrato de 13 millones de euros

“Esos tres contratos fueron gestionados, promovidos, en un viaje que hizo Koldo junto con el ministro Ábalos a México. Y sus principales promotores en México fueron Alejandro Murat y Pedro Haces y, consta en muchas evidencias, de que el intermediario entre esos políticos españoles que llegaron a México buscando contratos para estas empresas privadas, el enlace fue el empresario Víctor de Aldama, un ‘coyote de cuello blanco’, nombrado embajador cultural o promotor turístico de Oaxaca, siendo español, por su cercanía con Alejandro Murat, entonces, evidentemente hay toda una conexión, toda una red de coyotaje, por decirlo así en términos claros, respecto de empresas españolas que buscaban contratos en México.

“Los medios no ha recogido lo de Dos Bocas, lo que sí tienen claro fue los contratos con el Tren Maya; evidentemente, lo están manejando los medios muy discretamente sobre lo que van soltando poco a poco las investigaciones.
De momento no hay nada que lo demuestre. En México vimos la reacción de la presidencia de la república de que se iba a investigar, se encargó a la secretaria de anticorrupción (Raquel) Buenrostro de que se hicieran las investigaciones; creo que ya de antes, también el propio gobierno de Andrés Manuel intuyendo algo, se hizo algo, pero de momento no se puede decir que efectivamente haya ocurrido así.
ENTREVISTA:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

INE pide a periodista revelar fuentes sobre publicación de 'acordeones'

La periodista advirtió que este tipo de cuestionamientos puede tener un efecto inhibidor, tanto para la prensa como para ciudadanos que, de buena fe, denunciaron irregularidades en el proceso.

La periodista Laura Brugés denunció que el Instituto Nacional Electoral (INE) le solicitó revelar la fuente de una publicación que hizo en la red social X sobre presuntas irregularidades en la elección judicial, relacionadas con el uso de “acordeones” para promover candidaturas.

El requerimiento incluye una solicitud directa para que revele la fuente de la información difundida.

“Todo iba bien hasta que salen con que quieren saber quiénes son mis fuentes. ¿Qué tal?”, escribió Brugés en X, quien afirmó que no tiene inconveniente en contestar el cuestionario, pero que no puede comprometer la confidencialidad de quienes colaboraron en la cobertura.
Un periodista no revela sus fuentes, ya que este compromiso es esencial para garantizar la libertad de expresión y el acceso a información sensible que, de otro modo, no saldría a la luz.

De acuerdo con el documento enviado por el INE, fechado el 27 de junio y firmado por la Unidad Técnica de Fiscalización, el requerimiento se deriva de una denuncia contra funcionarios públicos, y la publicación de Brugés fue incorporada como parte de los elementos probatorios.

En el punto dos del escrito, se le solicita puntualmente “la fuente de la cual se obtuvo la información publicada”.

El INE también le preguntó si su publicación tenía relación con funcionarios del gobierno municipal de Oaxaca de Juárez o del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia, algo que ella rechazó.

“Ni idea de los funcionarios del gobierno del estado de Oaxaca por la que preguntan, cuando los hechos fueron en la Gustavo A. Madero”, escribió.

Asimismo, añadió que el candidato que aparece en uno de los acordeones de las imágenes que acompañan su publicación “no ganó“.

Otra de las preguntas formuladas por la autoridad hacia Brugés fue si conocía quién financió la propaganda denunciada, y ésta respondió que “les pregunten a los de Morena”.

La periodista advirtió que este tipo de cuestionamientos puede tener un efecto inhibidor, tanto para la prensa como para ciudadanos que, de buena fe, denunciaron irregularidades en el proceso.
Pretenden que traicione la confianza de los ciudadanos y vecinos que de buena fe buscaban señalar lo que estuvo mal.
También explicó que, ante la falta de certeza del proceso, evitó entrevistar a candidatos y centró su cobertura únicamente en la documentación de anomalías, como el uso de acordeones físicos y digitales.

“Porque sin certeza, preferí solo limitarme a cubrir irregularidades. Y traca”, escribió.


Finalmente, agradeció el respaldo de la Red de Defensoras Electorales y cuestionó si vale la pena continuar ejerciendo el periodismo en estas condiciones.
¿Vale la pena seguir en este desgaste cuando no hay una conciencia colectiva de lo importante que es la libertad de expresión en una democracia?
Hasta el momento, el INE no ha emitido una respuesta pública sobre el caso.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El "súper policía" de FCH es trasladado a prisión ADX Florence; ahí está "El Chapo"

La cárcel que alberga a terroristas y narcotraficantes ahora también custodia al exfuncionario mexicano condenado por vínculos con el crimen organizado.

El Gobierno de Estados Unidos (EU) trasladó a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, a la prisión federal ADX Florence, considerada la cárcel de más alta seguridad y mayor aislamiento del país.

Conocida como “El Alcatraz de las Montañas Rocosas”, esta cárcel alberga a criminales como el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, autores de atentados terroristas y asesinos seriales.

García Luna, encargado de la seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (FCH), fue transferido recientemente desde la prisión federal de Lee, en Virginia, a la supermax de Colorado. Su ingreso quedó registrado bajo el número 59745-177, con una fecha de liberación programada para el 19 de junio de 2052.

Condenado en octubre de 2024 a 38 años y cuatro meses de prisión por conspiración para el tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones, el exfuncionario mexicano es ahora compañero de algunos de los reclusos más peligrosos del mundo.


Entre los internos más destacados de ADX Florence se encuentran personajes como Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, sentenciado a cadena perpetua en 2019; Alfredo Beltrán Leyva, alias “El Mochomo”, exlíder del cártel homónimo, también condenado a cadena perpetua; y Zacarias Moussaoui, el único enjuiciado en Estados Unidos por su participación en los atentados del 11 de septiembre, quien cumple una sentencia sin posibilidad de libertad condicional.

También están recluidos Ramzi Yousef, responsable del atentado contra el World Trade Center en 1993, condenado a cadena perpetua más 240 años, y Dzhokhar Tsarnaev, autor del ataque en el Maratón de Boston en 2013, cuya sentencia de muerte fue restablecida. Michael Swango, un exmédico convertido en asesino serial, cumple ahí tres cadenas perpetuas por múltiples envenenamientos.

El traslado representa un duro revés para su defensa, que buscaba evitarlo debido a las condiciones de aislamiento extremo en las que vivirá García Luna. ADX Florence, inaugurada en 1995 en medio del desierto de Colorado, fue diseñada para que nadie pueda escapar. Es considerada la prisión más segura de Estados Unidos, y también una de las más restrictivas.

Los internos pasan 23 horas al día en celdas individuales de concreto y sólo tienen una hora de ejercicio, en espacios totalmente controlados y sin contacto con otros reclusos. Las comunicaciones con el exterior son mínimas: apenas una llamada telefónica al mes, y sin visitas físicas.

La fortaleza operativa del penal también es imponente: más de mil 400 puertas de acero controladas a distancia, sensores de movimiento, rayos láser, torres de vigilancia armadas y cercas electrificadas. Desde que abrió sus puertas, ninguna persona ha logrado fugarse.

El exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón es el funcionario mexicano de más alto rango condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Además, enfrenta demandas civiles del Gobierno de México por presunto lavado de dinero a través de contratos públicos durante su gestión.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Son 20 los cuerpos encontrados en Culiacán; 4 colgados y 16 en una vagoneta

Fueron 20 cuerpo en total los encontrados en Culiacán. Las autoridades confirmaron que además de los cuatros hombres decapitados colgados de un puente, se encontraron 16 cuerpos, uno de ellos decapitado también, en el interior de una vagoneta. 

La Fiscalía estatal confirmó que los hallazgos ocurrieron en el puente vehicular, ubicado sobre la carretera Internacional México 15, al norte de Culiacán.  

En el lugar de los hechos, sobre el puente, fueron localizados cuatro cuerpos decapitados, así como una bolsa que contenía cinco extremidades cefálicas. 

También, al interior de una camioneta, se localizaron quince cuerpos completos y un cuerpo decapitado. 

Todos los cuerpos son del sexo masculino y presentan indicios de heridas por proyectil de arma de fuego. 

Durante los últimos minutos del domingo se registró el macabro hallazgo de cuatro cuerpos sin vida decapitados colgados del puente que conduce al seminario de Culiacán sobre la carretera internacional México 15 libre al sector norte. 

Las autoridades informaron que el reporte se registró alrededor de las 11:30 de la noche del domingo, pero fue confirmado hasta las 11:50 por el personal de seguridad de los tres niveles de gobierno donde se informó sobre varias personas colgadas del puente. 

Al llegar los uniformados se encontraron cuatro cuerpos en las condiciones ya mencionadas. 

Además, localizaron una camioneta tipo panel de la marca Ford línea Transit de color blanco refrigerada, la cual estaba con las puertas abiertas de atrás y estacionada sobre el acotamiento del carril de sur a norte de dicha carretera justo bajo el puente. 

La unidad fue remolcada con todo y los cuerpos en su interior a bordo de una grúa de la Fiscalía General del Estado a las instalaciones del Servicio Médico Forense. 

Después la misma corporación confirmó la cifra de muertos, en total 20, todos hombres, y cinco fueron decapitados.

FUENTE: RÍODOCE.
AUTOR: REDACCIÓN.

“No ha quedado probado ni evidenciado” que haya habido mal manejo en NAIM: Peña Nieto

El exmandatario priista participó en una serie documental del CEEY, donde manifestó no comprender los motivos detrás de la decisión de suspender el NAIM y defendió la transparencia de su gestión en la obra.

A casi siete años de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el expresidente Enrique Peña Nieto (EPN) rompió el silencio y aseguró no comprender qué motivó al Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) a suspender la obra, a pesar de que, según afirmó, dentro del propio equipo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había quienes estaban a favor de continuarla.
"Ahí yo me quedo con la incógnita de qué le lleva o qué le motiva a [López Obrador a] tomar esa decisión. Porque sé que, al interior de su Administración, había voces que estaban por impulsar, mantener la construcción del aeropuerto. Bueno, lo hemos conocido públicamente: el que fuera Secretario de Hacienda ha hecho revelaciones públicas después, señalando que él estaba a favor de que el proyecto se continuara", expresó el exmandatario priista.
Sus declaraciones aparecen en Texcoco, la decisión del Presidente, una serie documental de cuatro episodios, producida por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), que revisa los factores políticos, económicos, técnicos y sociales detrás de la obra suspendida.
El director de contenidos de la serie es Enrique Cárdenas, quien fue candidato de la alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN), el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Puebla en 2019, luego de buscar sin éxito la candidatura de Morena.

Durante su participación, Peña Nieto negó que durante su Administración se hubieran desviado recursos públicos destinados al NAIM: “No ha quedado acreditado, ni probado, ni evidenciado que haya habido un manejo no acorde con las mejores prácticas”.

La serie también presenta testimonios de personajes como Javier Jiménez Espriú, además de ambientalistas y opositores al proyecto, como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.


En el material, Luis Zambrano, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió sobre los impactos ecológicos que habría tenido el NAIM a largo plazo.

Texcoco, del daño al renacer ecológico

En una serie especial publicada en SinEmbargo, los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez documentaron las heridas ambientales que dejó la fallida construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, así como el proceso de restauración que hoy florece en la forma del Parque Ecológico Lago de Texcoco.

En el primer reportaje, titulado "El daño que causó el NAIM obligó a rescatar las montañas junto con Texcoco", muestran cómo el megaproyecto, iniciado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), alteró de manera crítica los ecosistemas del oriente del Valle de México.


La extracción de materiales y el relleno de humedales afectaron el sistema hídrico y provocaron la devastación de cerros como el Tetzontle, donde se realizaba minería para las obras.

La segunda entrega, "Las aves volvieron, el agua escurre lenta: lo debemos a la lucha de Atenco", destaca el papel que tuvo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco.

El reportaje señala que, gracias a décadas de resistencia, se logró detener la urbanización del lago y proteger un territorio crucial para la biodiversidad. Hoy, a casi siete años de la cancelación del NAIM, el regreso de aves migratorias y la recuperación del equilibrio hídrico son evidencias visibles de la resiliencia ambiental.


Finalmente, en "Un parque ecológico florece en Texcoco para remediar el desastre del NAIM", los periodistas recorren el actual Parque Ecológico Lago de Texcoco, una obra de restauración ecológica encabezada por el Gobierno federal.

Con testimonios de científicos, activistas y habitantes, el especial muestra cómo se están regenerando cuerpos de agua, humedales, suelos salinos y corredores biológicos en un área de más de 14 mil hectáreas.

La serie cuestiona la idea de que el NAIM era la única solución posible para enfrentar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y propone en su lugar una visión alternativa basada en la justicia ambiental, la memoria histórica y el respeto al territorio.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Suprema Corte ordena a la FGR hacer público el expediente del caso Ayotzinapa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) compartir la versión pública del expediente del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, ante la impugnación de las autoridades que buscaba proteger la investigación.

Durante la sesión de este miércoles, el Pleno determinó que la Fiscalía deberá publicar en su micrositio una versión pública sobre la desaparición forzada de estudiantes en Iguala, protegiendo los datos confidenciales de los terceros involucrados, en este caso, de las víctimas.

La decisión fue resultado de dos juicios de amparo promovidos por diversas personas en su calidad de víctimas relacionadas con el caso, quienes se opusieron a la resolución del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de entregar una versión pública con sus datos.

En sus demandas, los quejosos reclamaron que no se les llamó como terceros interesados al procedimiento llevado ante el INAI, y que la publicación de la información señalada vulneraría sus derechos humanos, ya que, con la versión pública de la investigación se publicarían datos que permitirían identificarles, y les pondrían en riesgo ante la relevancia de los hechos y el involucramiento de un grupo criminal.

El Juzgado de Distrito que conoció de ambos asuntos negó el amparo, decisión contra la que los solicitantes de la protección constitucional interpusieron recursos de revisión, los cuales fueron atraídos por la Suprema Corte para su resolución, debido al tema de constitucionalidad planteado.

A raíz de ello, el Máximo Tribunal determinó que no existía obligación del INAI para llamar a las víctimas como terceros interesados en relación a la publicación de sus datos personales, debido a que se trata de información pública que está relacionada con violaciones graves a derechos humanos.

Fue así como la Primera Sala determinó que, por medio de la expedición de una versión pública en la que se testen los datos confidenciales, no habría afectación en los derechos de los terceros involucrados, como es el caso de las víctimas.

Ante dicha decisión, la SCJN concluyó que la entrega y divulgación de una versión pública de la carpeta de investigación aludida no transgredirá a las víctimas, por lo que confirmó las sentencias impugnadas y negó el amparo solicitado.

FUENTE: EDUCA OAXACA.
AUTOR: EDUCA OAXACA.

Senadores “4t” avalan la militarización de la Guardia Nacional y la seguridad pública

El Pleno del Senado aprobó, en lo general, el 24 de junio de 2025 -con 75 votos a favor, los grupos legislativos de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT)-, el dictamen que creó una nueva Ley de la Guardia Nacional (GN), y modificó ocho ordenamientos, siete de ellos militares, para que sus integrantes asumieran tareas de seguridad pública y defensa exterior en el país, además de que transfirió el mando operativo y administrativo a la Secretaria de la Defensa Nacional (DEFENSA).

Los 34 sufragios en contra fueron emitidos por los senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC). Además, hubo cero abstenciones. Tras ello, los legisladores comenzaron la discusión de reservas al proyecto, en el que se perfilaba la aprobación de tres cambios, uno que presentaría el PVEM y dos de Morena.

Después, con 75 votos a favor y 32 sufragios en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo particular y los artículos reservados en los términos del dictamen que crearon la Ley de la Guardia Nacional y reforma diversas leyes, en materia de seguridad.

El 27 de junio de 2025, la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) en México, alertó que ls facultades de inteligencia que serían otorgadas a la Guardia Nacional para procesar información, ponían en riesgo la privacidad de los ciudadanos.

“Preocupan las facultades que se darían al Ejército para procesar información de inteligencia, así como otras disposiciones que, sin las salvaguardas adecuadas, pondrían en riesgo el derecho a la privacidad”, publicó la ONU-DH México, en su cuenta de la red social X.

“Manifestamos preocupación ante las propuestas de nueva Ley de la #GuardiaNacional y de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública que aborda el Congreso”, agregó la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en México.

La ONU-DH expuso que la seguridad pública debía ser una responsabilidad de las autoridades civiles, estar sujeta a controles democráticos, ser objeto de una amplia deliberación pública, además de realizarse con pleno respeto y observancia de los derechos humanos.

Tras una discusión de cuatro horas con 35 minutos, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó en lo general, el 24 de junio de 2025 -con 349 votos a favor, los grupos legislativos de los partidos Morena, PVEM y del PT-, el dictamen que creó una nueva Ley de la Guardia Nacional, y modificó ocho ordenamientos, siete de ellos militares, para que sus integrantes asumieran tareas de seguridad pública y defensa exterior en el país, además de que transfirió el mando operativo y administrativo a la DEFENSA.

Los 132 sufragios en contra fueron emitidos por los diputados federales de los partidos PAN, PRI y MC. Además, hubo cero abstenciones. Tras ello, los legisladores comenzaron la discusión de reservas al proyecto, en el que se perfilaba la aprobación de tres cambios, uno que presentaría el PVEM y dos de Morena.

La propuesta fue enviada, el 9 de junio de 2025, por la titular del Poder Ejecutivo Federal a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y fue turnada a San Lázaro, dos días después. La Comisión de Justicia de la Cámara Baja la dictaminó el día 18 del mismo mes y año.

En su fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia de San Lázaro, Julio César Moreno Rivera, aseguró que con la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “los ciudadanos tendremos una corporación de seguridad pública transexenal, fuerte, profesional y permanente”.

“La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial civil fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos y al imperio de la ley”, destacó el diputado federal de Morena.

La iniciativa planteó, por ejemplo, que la Guardia Nacional estaría integrada por personal militar con formación policial, mientras que su titular, quien ostentaría la jerarquía de General de División, sería nombrado por el presidente de la República en turno, a propuesta del titular de la DEFENSA y los grados de sus integrantes serían homólogos a los del Ejército.

El proyecto agregó que el personal de dicha institución se sujetaría a la jurisdicción penal militar y al fuero de guerra, además de que actuaría en todos los lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal y en instalaciones estratégicas.

La reforma también autorizó que, bajo la conducción del Ministerio Público, la Guardia Nacional realizara operaciones encubiertas y de usuarios simulados para prevenir delitos, así como verificaciones para la prevención de infracciones.

Además, la iniciativa facultó a la Guardia Nacional, solicitar a concesionarios y permisionarios de telefonía móvil información de usuarios, incluida la georreferenciación de los equipos en tiempo real y para realizar intervenciones telefónicas privadas, previa autorización de un juez.

“Solicitar por escrito y bajo el mando y conducción del Ministerio Público, en los términos del artículo 16 Constitucional, a los concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones o de sistemas de comunicación vía satélite, la información con que cuenten, así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, para el cumplimiento de sus fines de prevención de los delitos”, planteó el dictamen.

Asimismo, según el artículo 44 de la nueva Ley, se permitiría que los integrantes de la Guardia Nacional pudieran solicitar una “licencia especial”, para contender por cargos de elección popular.

“La licencia especial es la que concede o en la que se coloca al personal militar con formación policial integrante de la Guardia Nacional para desempeñar cargos de elección popular”, indicó la iniciativa presidencial.

Además, dicho artículo permitiría a los integrantes de la GN desempeñar actividades o empleos civiles en instituciones del Poder Ejecutivo Federal, en los gobiernos de los estados, municipios, organismos descentralizados o empresas de participación estatal.

Con la nueva Ley, a la Guardia Nacional también se le dotó de facultades para que revisara los documentos para corroborar el estatus migratorio de extranjeros.

“En coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la inspección de los documentos migratorios de personas extranjeras, a fin de verificar su estancia regular, con excepción de las instalaciones destinadas al tránsito internacional de personas y, en su caso, proceder a presentar a quienes se encuentren en situación irregular para los efectos previstos en la ley de la materia”, señaló el proyecto.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.