Cuando en 2019 Genaro García Luna fue detenido en los Estados Unidos, quien había sido Secretario de Seguridad en la Administración Presidencial del panista Felipe Calderón Hinojosa de 2006 a 2012, se convirtió, en pleno inicio del morenismo en México, en el paradigma de la villanía, la corrupción y la infiltración del narcotráfico en un Gobierno mexicano que ya formaba parte del pasado.
El entonces Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, tomó el caso de García Luna para ejemplificar y justificar su animadversión al expresidente Calderón. Creyó y dio por válidas todas las declaraciones que en la Corte de Distrito de Nueva York hicieron narcotraficantes mexicanos prisioneros en aquel país, contra el exsecretario de seguridad el país.
Un día y otro y otro y al siguiente, en su conferencia matutina, López Obrador dedicaba una sección para hacer leña del árbol caído del panismo.
Celebraba las acusaciones de los criminales que terminaron por hundir a García Luna. Cuando Jesús Zambada García, el Rey, integrante del Cártel de Sinaloa que por entonces lideraba su hermano Ismael, declaró en la Corte y ante el Juez Brian Cogan, que él personalmente le había entregado 5 millones de dólares al colaborador de Calderón a cambio de protección para el Cártel, y aún cuando no ofreció pruebas del hecho, ni una imagen, ni un video, ni un documento, ni una testimonial colectiva, tanto en la Corte, como en boca del expresidente mexicano festinaron la declaración, y la dieron por legítima y muestra de la enorme corrupción en el sexenio de Felipe Calderón.
Aparte de apoyar al Cártel de Sinaloa y hacerse de dinero ilícito producto de las drogas y su trasiego, a García Luna también le señalaron de tener vínculos, en la misma medida, de protección oficial a cambio de billetes verdes, con el Cártel de los Beltrán Leyva.
La declaración provino, en la Corte neoyorquina, de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, notorio miembro del Cártel fundado por Arturo Beltrán Leyva. Su declaración de hecho fue similar a la del “Rey” Zambada aún sin menos pruebas dado que él no había sido el protagonista del soborno, sino que tenía conocimiento de que su jefe, Arturo Beltrán Leyva, entregaba sobornos millonarios, sin especificar cantidad, a García Luna a cambio de protección para el Cártel en sus ilícitas labores de tráfico de drogas.
Por supuesto, López Obrador y toda la pléyade de Morena, dieron por cierta esa declaraciones y celebraron la justicia que se hacía, no en México, sino en los Estados Unidos, para castigar la corrupción y la infiltración del narco en el Gobierno de Calderón.
Pero en la política mediática presidencial en México, respecto las aprehensiones y los juicios en los Estados Unidos a narcotraficantes mexicanos, ciertamente ha sucedido una transformación. De festinar las declaraciones contra políticos mexicanos por parte de criminales, han pasado a ponerlas en duda.
Sucedió primero con la aprehensión del general Salvador Cienfuegos, a quien acusaron narcotraficantes mexicanos de, al igual que García Luna, haber favorecido a carteles de las drogas a cambio de dinero mal habido. López Obrador, a pesar que de manera espontánea cuando supo de la detención del militar en el aeropuerto de Los Ángeles, California, en octubre de 2020, dijo que esa acción era muestra de la peste de los narcogobiernos, después dio marcha atrás, aleccionado por el Ejército que ya invadía, aún cuando cedida por él, la esfera del Gobierno de la República, y terminó no sólo defendiendo al General Cienfuegos argumentando que las delaciones contra el militar realizadas por narcotraficantes eran falsas, sino acordando con el Presidente Donald Trump para que su Gobierno liberara al general, lo que a la postre sucedió.
Ese hecho marcó el inicio de la transformación en relación a la valía que el Gobierno de la República le da a las declaraciones de narcotraficantes contra funcionarios o ex funcionarios mexicanos: cuando conviene a la narrativa oficial, como el caso de las acusaciones contra García Luna, se festejan; cuando afecta la política morenista, como las declaraciones contra Cienfuegos, son mentiras.
La Presidenta Claudia Sheinbaum sigue el mismo ejemplo del expresidente López Obrador, y lo hizo, precisamente con un caso heredado: la detención en territorio norteamericano del capo que en México vivió impune casi 50 años, Ismael Zambada García, el Mayo.
Como en su momento López Obrador, en julio de 2024, cuando el mafioso fue detenido y en lugar de festejar la aprehensión de un narcotraficante tan notorio y tan impune, ordenó investigar las condiciones de la detención cuando el capo revelara en una carta que había sido secuestrado por un hijo del “Chapo” Guzmán.
Hasta la fecha, a casi un año de la detención del Mayo en el aeropuerto de Santa Ana en Santa Fe, Nuevo México, la presidenta Sheinbaum sigue pidiendo información sobre las circunstancias de la detención del Mayo, y el mafioso se mantiene hermético sobre las condiciones y redes de corrupción que en México le permitieron ser impune por casi 50 años.
Hace unos días, a partir del acuerdo público de Ovidio Guzmán López, detenido en México y extraditado a los Estados Unidos, sobre declararse culpable para buscar un acuerdo con la fiscalía de los Estados Unidos para una menor sentencia a cambió de información, se especuló que, el apodado el Ratón, podría proveer información sobre las redes de impunidad entre el Cártel de Sinaloa y el Gobierno Mexicano.
Pero resulta que Ovidio López Guzmán, el ratón, de 35 años, no es un narcotraficante de la época de Calderón. Ni siquiera de la del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien ciertamente detuvo por última vez a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, padre de Ovidio. No. Ovidio es un narco que expandió el imperio criminal que junto a sus hermanos heredó, ya en la era morenista de México.
Ovidio López Guzmán es el único narcotraficante que ha sido detenido e inmediatamente liberado por una orden de un Presidente de la República. Como sucedió en octubre de 2019 cuando la policía federal, en una operación precisa y sin un sólo disparo, lo aprehendió en Culiacán, Sinaloa, sólo para liberarlo por orden de Andrés Manuel López Obrador, como el expresidente lo declararía meses después.
Ante el inicio de las comparecencias en los Estados Unidos después Ovidio Guzmán, y su probable delación de la red de corrupción que lo mantuvo impune y las circunstancias de su insólita liberación en 2019 por orden presidencial, el temor de la clase política morenista en México, es que, como los narcos del pasado, el del presente señale figuras notorias del Gobierno mexicano, por lo que la Presidenta ya ha advertido, que, a diferencia de los narcos que con dichos delataron y lograron que se le impusiera una sentencia de 38 años y meses a García Luna, si Ovidio incrimina a alguno, que tanto él como el Gobierno de los Estados Unidos, presenten pruebas.
Ahora sí, cuando se trata de morenistas que podría estar ligados al crimen organizado, desde Palacio Nacional se exigen las pruebas que no han podido o no han querido reunir en México, un país así convertido en el territorio del narco.
