La posible liberación anticipada del exgobernador de Veracruz Javier Duarte ha generado inconformidad entre colectivos de personas desaparecidas, quienes demandan que también sea investigado por las miles de desapariciones forzadas registradas durante su administración.
Al mismo tiempo, advierten que su salida de prisión dejaría impune el fraude millonario cometido contra las finanzas públicas del estado. Tan sólo en la Auditoría Superior de la Federación existen 70 denuncias por el desvío de más de 60 mil millones de pesos, aunque nada más 14 han sido judicializadas y 44 siguen en integración desde hace una década, ninguna de ellas directamente contra el exgobernador.
A estos señalamientos se suman las denuncias del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, que incluyen 55 denuncias por presunto desvío de 30 mil millones de pesos mediante el esquema empresas fantasma durante el gobierno duartista.
La red de corrupción documentada durante su administración también alcanzó a 25 exfuncionarios duartistas, entre ellos cuatro exsecretarios de Finanzas y dos tesoreros, detenidos e imputados por presuntos delitos que van desde abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias, hasta peculado.
A varios de ellos les fueron aseguradas casas, terrenos, aviones y cuentas bancarias, aunque sólo uno permanece en prisión. Amparos federales, criterios de oportunidad, negociaciones legales y presuntos problemas de salud les han permitido llevar sus procesos en libertad, mientras persisten dudas sobre el destino de los bienes asegurados y la reparación del daño.
Algunos de estos expedientes abiertos en la Fiscalía Anticorrupción continúan sin resolverse, lo que refuerza la percepción de que ninguno de estos casos se ha traducido en una acusación formal.
El abogado penalista Tomás Mundo advierte que la eventual salida de prisión de Javier Duarte se debe a errores de la Fiscalía de Veracruz, cuya falta de capacitación e investigación mantiene altos niveles de impunidad en el estado.
“Muchas veces la impunidad es por ignorancia legal, falta de capacitación de las instituciones de seguridad pública, de fiscalía, del Poder Judicial o complicidades”, afirmó.
El abogado reiteró que la discusión pública debe centrarse en la necesidad de fortalecer a las instituciones de justicia en Veracruz, pues las deficiencias actuales permiten que casos de alto perfil continúen en riesgo de quedar sin sanción.
En septiembre de 2018 la Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia de nueve años de prisión contra Duarte mediante un proceso abreviado. El exgobernador se declaró culpable únicamente de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, condena que concluye en abril de 2026.
En esa resolución se estableció que, durante su mandato de 2010 a 2016, Duarte desvió al menos mil 650 millones de pesos del erario veracruzano, recursos canalizados a empresas fachada y posteriormente triangulados mediante prestanombres. Como parte de la sentencia se decomisaron 41 bienes —entre terrenos, casas y departamentos— ubicados en Campeche, Ciudad de México, Cancún, Estado de México y Veracruz.
Tras su detención, que marcó uno de los mayores escándalos de corrupción del PRI, fueron detenidos más de 25 funcionarios de su administración por malversación de fondos y desaparición forzada. Sin embargo, actualmente sólo uno permanece en prisión: todos continúan sus procesos en libertad y persisten dudas sobre la recuperación de los recursos desviados.
La Secretaría de Finanzas del estado ha señalado a una treintena de exfuncionarios duartistas que deben reintegrar más de 19 mil millones de pesos sustraídos de las arcas públicas, aunque estas sentencias tampoco han sido cumplidas.
Ahora Duarte y su defensa sostienen que ha cumplido el 96 % de su condena, que mantiene una conducta ejemplar en prisión y que no tiene procesos penales vigentes en su contra —ni de la ASF ni del Orfis ni por desaparición—, argumentos con los que busca acceder a la libertad anticipada.
Desapariciones forzadas
Ante su reciente solicitud de liberación anticipada, los colectivos de personas desaparecidas en Veracruz han reclamado que Javier Duarte nunca ha respondido por las más de 3 mil 600 desapariciones ocurridas durante su gobierno ni por la política de terror que, aseguran, está ampliamente documentada.
Aunque la Fiscalía de Veracruz abrió un proceso penal en su contra por desaparición forzada, éste se limitó a la modalidad de entorpecer una investigación, relacionada con el caso del policía estatal David Lara Cruz, desaparecido en enero de 2016, como documentó la revista Proceso.
Sobre esa acusación, Duarte incluso se burló públicamente: “Sólo me tomará algunos meses tumbar esta aberrante mentira y más pronto que tarde saldré libre, es una chicanada judicial”. Y así ocurrió: el caso se cayó y los otros cinco exfuncionarios acusados por los mismos hechos también fueron liberados.
Para Lucía Díaz, vocera del Colectivo Solecito, la sentencia de nueve años es insuficiente: “Con nueve años no se paga lo que hizo Duarte, los crímenes y violaciones de derechos humanos, ¿quién va a dar cuenta de todo eso? Hay documentos que prueban la colusión”, afirma.
Recordó que, apenas en octubre pasado, el colectivo —junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) e IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos— denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) la desaparición forzada de 22 personas cometida con participación de autoridades durante el gobierno duartista y en presunta colusión con el crimen organizado.
Siete de estas víctimas fueron identificadas en la fosa clandestina de Colinas de Santa Fe, donde se localizaron 305 cráneos y 22 mil 500 restos.
“Fue un gobierno represor. Muchos de los crímenes de desaparición forzada en Veracruz fueron cometidos por el poder estatal, el crimen organizado o ambos actuando en conjunto. Ninguna fiscalía investigó la cadena de mando”, advierte Díaz.
Los hechos que describe también están documentados en diversas carpetas de investigación. Por ejemplo, en 2018, durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes, se confirmó la existencia de un patrón sistemático de desaparición forzada bajo el mando del entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.
La carpeta FEADPD/ZCX/011/2017, integrada por 35 tomos, 89 datos de prueba y más de 15 mil hojas, se abrió contra tres exmandos y 16 policías por la desaparición forzada de 15 personas en 2013. Ese expediente reveló que cuerpos de élite de la SSP realizaban detenciones de civiles considerados sospechosos y que esta misma cadena de mando podría estar vinculada con al menos 250 desapariciones en varias regiones del estado.
A la fecha, ningún alto mando de la Policía Estatal ha llegado a la etapa de juicio por estos delitos, siguen sus procesos en libertad y la acusación nunca alcanzó a Duarte.
La organización Propuesta Cívica también se pronunció al respecto. Su directora ejecutiva, Sara Mendiola Landeros, advirtió: “Otorgar el beneficio de una liberación anticipada a un personaje acusado de atrocidades como la desaparición forzada sería una afrenta a todas las víctimas”.
Denuncias por desfalcos en impunidad
En los datos de prueba utilizados por la Fiscalía General de la República (FGR) para consignar a Javier Duarte en 2018 se revela que, apenas unos días después de asumir como gobernador de Veracruz, ordenó la creación de empresas fachada y el uso de prestanombres para transferir recursos millonarios provenientes de fondos federales. Ese esquema operó para la compra de propiedades, apertura de cuentas bancarias y gastos personales.
En 2016, el entonces auditor de la ASF, Juan Manuel Portal, advirtió que el desfalco cometido por el gobierno de Duarte era histórico. El modus operandi estaba claramente documentado: los recursos federales destinados a educación, salud y seguridad eran transferidos de inmediato a otras cuentas. A pesar de ello, y aunque su extesorero Tarek Abdalá y el exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita son hoy testigos protegidos que han detallado estos desvíos, sus declaraciones no han sido suficientes para imputar a Duarte por estos hechos.
Tampoco lo han hecho en contra de su esposa Karime Macías, quien no ha podido ser extraditada de Londres, donde vive desde hace varios años y sobre quien no se han podido demostrar cargos por desvíos, a pesar de que testigos protegidos han declarado que ella formaba parte del esquema de creación de empresas fantasma.
El propio exgobernador ha defendido públicamente sus acciones. Sobre las denuncias por desvíos declaró: “Yo tuve que tomar recursos y tenían que salir de algún lugar, pero eso no significa que me los robé. Eso significa gobernar. Y gobernar significa hacer lo que se tenga que hacer para mantener las condiciones para que una sociedad crezca. No me arrepiento, estoy orgulloso, se cayeron pruebas en mi contra”.
A lo largo del proceso, la FGR ha confiscado varios bienes vinculados a Duarte, entre ellos el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo —actualmente en poder de la Sedena—; El Faunito, en Fortín de las Flores, entregado en comodato al ayuntamiento; un departamento en la Torre Pelícano en Veracruz, así como un departamento y un local comercial en Woodlands, Texas.
En 2020, Duarte intentó frenar el decomiso de 41 propiedades. Sin embargo, en 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó su solicitud y confirmó que los bienes debían pasar al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. En 2023, la SCJN también rechazó atraer el amparo promovido por un prestanombres que buscaba recuperar el rancho Las Mesas.
De cómplices a testigos protegidos
La red de corrupción en la que figuran 25 exfuncionarios duartistas prácticamente permanece intocada, pues han logrado llevar procesos en libertad gracias a diversos recursos, con todo y que los montos por los que han sido señalados suman miles de millones de pesos del erario.
Un ejemplo es Gabriel Deantes Ramos, exoficial mayor de la Secretaría de Educación (SEV), imputado por enriquecimiento ilícito de 50 millones de pesos. Aunque fue sentenciado en febrero pasado a tres años de prisión por desvío de fondos, no se encuentra en la cárcel.
En el caso de Tarek Abdalá, pasó de ser tesorero del gobierno de Duarte a convertirse en uno de los principales testigos en su contra. A cambio de su colaboración, la entonces PGR decidió no procesarlo en varios casos abiertos por peculado.
Otro caso relevante es el de Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública, acusado de enriquecimiento ilícito. Fue acusado de poseer cinco residencias en Texas, adquiridas entre 2012 y 2016 por un valor conjunto de 2.4 millones de dólares. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en sólo cinco años acumuló un patrimonio de 120 millones de pesos.
También fue acusado de desaparición forzada. Pero se encuentra siguiendo sus procesos penales en libertad.
Edgar Espinoso, subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas y exoficial mayor de la secretaría de educación, entregó al gobierno de Miguel Ángel Yunes un departamento, un local comercial y un total de 15 lotes de terrenos ubicados en los municipios de Alvarado, Xalapa y Emiliano Zapata; además de un helicóptero Robinson R66 y un avión LearJet 45.
En 2023, un juez federal ordenó detener a siete excolaboradores cercanos de Duarte por peculado de más de mil millones de pesos.
La Fiscalía General de la República informó que el desfalco que busca imputar a Tomás José Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Morales y Fernando Charleston Hernández, todos exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, derivó de la supuesta realización de 17 transferencias irregulares en el año 2013. Ninguno ha sido detenido aún.
A ello se suman casos como el de Arnulfo Octavio García Fragoso, extesorero de Sefiplan, quien debe reintegrar más de 19 mil millones de pesos y litiga bajo el argumento de tener discapacidad intelectual, o el de Carlos Aguirre Morales, exsubsecretario de Egresos, obligado a devolver más de 2 mil millones de pesos, robados al erario, cuyo proceso sigue en litigio.
Más recientemente (en diciembre del 2024) la Fiscalía informó que Mauricio Audirac Murillo, exsecretario de Finanzas y Planeación, fue sentenciado a más de 11 años de prisión por diversos delitos de corrupción durante su gestión. Aun así, como en los demás casos de la élite duartista, persisten dudas sobre la recuperación del dinero y la reparación del daño.
“A mí nadie me ha acusado”
Durante los años en que Javier Duarte ha permanecido bajo arresto, diversos reportajes periodísticos han documentado que la red de empresas fantasma utilizada durante su gobierno es todavía más amplia de lo previamente conocido. Algunos medios han documentado una red que alcanzaría 400 empresas falsas para desviar dinero público.
Recientemente una investigación de Quinto Elemento Lab reveló un presunto desvío de 276 millones de pesos mediante empresas aparentemente irregulares o fantasma documentado por el SAT, montos que no fueron incluidos en las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En respuesta, a través de una carta publicada en su cuenta de X, Duarte afirmó:
“Es falso lo que aseveran. A mí nadie me ha acusado, ni mucho menos condenado, por haber desviado un solo centavo del erario público. Tan es así que la reparación del daño en el proceso penal que me tiene privado de mi libertad es de cero pesos con cero centavos. Si alguien me hubiera acusado de haber sustraído recursos del erario, lo conducente sería que los tendría que devolver. Es más, ni siquiera me inhabilitaron para ejercer un cargo público (que no es que quiera)”.
Duarte, quien se ha mantenido activo en redes sociales, ha sostenido todo este tiempo que ha enfrentado una condena que aceptó “bajo amenazas contra su familia” y que su caso es “meramente político”
Ante su inminente salida de prisión, organizaciones y colectivos han reiterado su exigencia a la FGR para que investigue de manera efectiva, imparcial y con debida diligencia la denuncia por crímenes de lesa humanidad presentada contra Javier Duarte ante la Corte Penal Internacional.
Mientras tanto, su abogado Pablo Campuzano señaló que existen sobreseimientos en dos casos penales en Veracruz, uno por desaparición y otro por usar un helicóptero del estado cuando ya no era gobernador y que “no hay manera de que se revoquen, por lo que no hay más señalamientos en su contra”.
Durante la pasada audiencia del 6 de noviembre, Javier Duarte declaró ante la jueza Ángela Zamorano Herrera que lleva nueve años sin ver a su familia y que se considera listo para reintegrarse a la sociedad.
