La iniciativa de ley presentada por el Poder Ejecutivo para combatir la extorsión contiene un artículo que podría permitir la validación, bajo ciertas excepciones, de pruebas obtenidas mediante violaciones a derechos humanos, como la tortura, advirtió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

A través de un hilo publicado este miércoles en la red social X, la organización señaló que el artículo 27 del proyecto “enciende una señal de alerta grave en materia de derechos humanos”, al incorporar previsiones contrarias a los estándares internacionales sobre la exclusión de pruebas derivadas de violaciones a derechos fundamentales.

“Específicamente, el artículo 27 podría representar un fuerte retroceso en la protección del debido proceso, pues incorpora previsiones contrarias a los estándares internacionales sobre la exclusión de la prueba derivada de violaciones a derechos humanos, retomando precedentes de hace más de una década (conocida como la doctrina del ‘nexo atenuado’ o ‘descubrimiento inevitable’)”, señaló el Centro Prodh.

La onda expansiva de la guerra al interior del Cártel de Sinaloa no solo está afectando a Culiacán, la capital del estado, y los municipios de los alrededores, como Navolato o Culiacancito. También en la ciudad portuaria de Mazatlán –a unos 220 kilómetros hacia el sur de la entidad– el enfrentamiento desde septiembre del año pasado entre ‘mayitos’ y ‘chapitos’ está generando estragos en la “joya” turística de Sinaloa.

En las últimas semanas de octubre, al menos tres jóvenes –los primos Edwin e Isaac, de 17 y 15 años, y el duranguense Carlos Emilio Galván, de 21– y la buscadora María de los Ángeles Valenzuela desaparecieron en Mazatlán con apenas días de diferencia, trasladando, al menos momentáneamente, el foco de la violencia de Culiacán hacia una de las ciudades más turísticas del sur del Pacífico mexicano.

Se trata de cuatro casos recientes, pero no aislados: de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que publica la Secretaría de Gobernación federal, las denuncias por desaparición en Mazatlán se han casi duplicado a raíz de la guerra al interior del cártel.

Entre septiembre de 2024 –cuando se produjo la ruptura entre mayitos y chapitos, luego de la supuesta traición de uno de los hijos del Chapo Guzmán que derivó en la captura y entrega a Estados Unidos del capo Ismael El Mayo Zambada– y el 20 de octubre de este año, suman 553 denuncias por desaparición en Mazatlán, de las cuales continúan vigentes a la fecha 404, el 73 %.

David Saucedo plantea que este ‘contagio’ de la violencia en los alrededores de Culiacán va a continuar extendiéndose hacia otras partes del estado, y también de otras entidades vecinas, como Baja California, Coahuila o Durango.

“Lo que va a ocurrir es que la confrontación que se vive ahora en Culiacán se va a ir clonando hacia otros territorios, como Tijuana, Caborca, Durango, o en el propio Mazatlán, de modo que veremos una confrontación en todo el vasto imperio del Cártel de Sinaloa, y ya no circunscrita solo a Sinaloa, sino a otras regiones, municipios, ciudades y estados”.

“En donde haya presencia simultánea de ejércitos de los chapitos y de los mayos, habrá frentes de guerra abiertos”, remata Saucedo.

Los primos Edwin Rodrigo Barraza Audeves e Isaac Alejandro Ortega Audeves, de 17 y 15 años de edad, respectivamente, se encuentran desaparecidos desde la noche del domingo 5 de octubre en Mazatlán.

En lo que va del 2025, el sector restaurantero del municipio de Mexicali, Baja California, ha enfrentado 65 llamadas telefónicas de extorsión, reveló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) local, Diego Valenzuela Villa.  

El empresario lo declaró a la prensa tras un encuentro realizado el lunes 20 de octubre con la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), donde acudió la titular Ma. Elena Andrade Ramírez.

La empresa Petroil reconoció la propiedad del inmueble e instalaciones de almacenamiento y transportación de combustible que fue asegurado el sábado 18 en un operativo encabezado por la FGR, fuerzas federales y del estado, pero aseguró que tanto sus actividades en dicho lugar como el combustible incautado son legales y negó que se trate de huachicol. 

En dichas instalaciones, ubicadas en la carretera Silao a San Felipe, fueron asegurados 1.6 millones de litros de diésel y combustóleo, según informó la Secretaría de Seguridad y Paz del estado, que lo anunció como “un decomiso histórico” y un golpe rotundo al robo de combustible.

Para este 22 de octubre, el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.18 por ciento, cotizando alrededor de 18.40 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg. 

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un máximo de 18.45 y un mínimo de 18.38 pesos por billete verde.

Juan Lira Maldonado, considerado prófugo de la justicia por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), creó este año la empresa Grupo Constructor JLM SARL AAT, S.A. de C.V., junto con otros dos socios. Entre ellos está Sergio Acacio Ramírez Lazcano, quien también fundó en 2025 Transportes ANY JU, S.A. de C.V. como accionista mayoritario.

Hasta octubre de este año no hay evidencia pública de contratos adjudicados o en ejecución para ninguna de las dos compañías. Juan Lira Maldonado, conocido como el “Moco”, además de ser señalado como presunto huachicolero y narcomenudista, fue candidato del partido Fuerza por México y contendió por la alcaldía de Chignahuapan, Puebla.

En el acta constitutiva de Grupo Constructor JLM SARL AAT, S.A. de C.V. los inversionistas son Juan Lira Maldonado, con 33.4 % de las acciones; Sergio Acacio Ramírez Lazcano, con 33.4 % y Alexis Arroyo Téllez, con 33.2 %.

En octubre de ese mismo año fue aprehendido su yerno, Emmanuel Domínguez Galindo, y en julio de 2024 tanto su esposa Margarita como su hija Anallely fueron vinculadas a proceso por diversos delitos.

A pesar de las acusaciones en su contra salió de la cárcel y pasó de “participar activamente en campañas políticas desde el año 2008, apoyando a todos los candidatos ganadores desde esa fecha”, según señala él mismo en información disponible en el IEE, a entrar abiertamente a la política hasta convertirse en aspirante a la presidencia municipal de Chignahuapan.

Fuerza por México, el partido que lo postuló, fue constituido como asociación civil en 2019 por Pedro Haces Barba, actual dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y diputado federal por Morena, así como por Gerardo Islas Maldonado, quien murió en febrero de 2022 en Madrid, España.

Recientemente, grupos empresariales del estado de Durango denunciaron que “las extorsiones y cobros ilegales hechas a manos de operadores vinculados a la organización sindical Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y grupos del crimen organizado”.

Lira Maldonado perdió la alcaldía de Chignahuapan, pese al apoyo de Pedro Haces Barba, tras la anulación de las elecciones que hizo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y se convocó a elecciones extraordinarias en las que él ya no participó como candidato.

En diciembre de 2024 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó amparar a Lira Maldonado, quien buscaba que se declarara inconstitucional un artículo que otorga facultades a las autoridades de Puebla para investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito por el que él ha sido investigado en la entidad.

Presumiblemente de 2014 a 2020 adquirió al contado diversos bienes inmuebles, y vehículos de alta gama, entre los que se encuentran un Ford F150, modelo 2002; GM Venture, modelo 2000; GM Chevrolet Cheyenne, modelo 2018; Honda Odyssey, modelo 2011; GM Buick Enclave, modelo 2019.

En la audiencia de vinculación a proceso que se formuló en su contra en 2020 se señaló que probablemente “dichas adquisiciones se realizaron con recursos que proceden o representan el producto o ganancias de una actividad ilícita, tomando en razón el antecedente de las actividades a que se dedica el imputado, así como el nexo familiar que guarda con los testaferros y que son las personas que figuran como titulares de los mismos, que son sus hijos y su concubina”.

La cifra de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, aumentó a 32.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó la noche del martes 21 de octubre sobre el fallecimiento de Tiffany Odette Cano González, una joven de 16 años que se encontraba hospitalizada en el Instituto Nacional de Rehabilitación tras el accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre.

En tanto, la dependencia detalló que 47 personas que resultaron afectadas en los hechos ya fueron dadas de altas de distintas instituciones, mientras que 5 continúan hospitalizadas, ellas la menor Jazlyn Azulet, quien fue protegida durante la explosión por su abuela Alicia Matías y actualmente se encuentra en el Hospital Hospital Shriners para Niños en Galveston, Texas.

La fiscalía explicó que la unidad impactó primero contra uno de los bloques de más de 10 toneladas que conforman el muro de contención, desplazando algunos de ellos. El impacto ocasionó una hendidura de aproximadamente 40 centímetros en el tanque de gas, provocando una fuga.

“Arrastrando el semirremolque que se desprendió y volcó sobre su costado izquierdo. El gas formó una nube que se expandió en un radio aproximado de 180 m. Al entrar en contacto con una fuente de ignición, provocó un incendio que se propagó desde el exterior hacia el interior del tanque”, añadió.

El número de víctimas por las lluvias de hace casi dos semanas y que afectó a cinco estados de México subió a 78 fallecidos y aún hay 23 personas sin localizar. 

Información del micrositio www.gob.mx indica que en Veracruz suman 35 personas fallecidas; en Hidalgo son 22; en Puebla 20; en Querétaro una persona y en San Luis Potosí no se registró ningún fallecimiento.

El 20 de febrero de 2023, en un video que se difundió en redes sociales, la “Operativa Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación” (CJNG) dio a conocer su irrupción en el escenario criminal de Puebla. 

Un grupo de hombres, vestidos con ropa táctica, encapuchados y con armas largas, anunció en esa grabación que haría una “limpia” de supuestos criminales que se hacían pasar como parte del CJNG para delinquir en el municipio de San Martín Texmelucan.

Además, el 11 de septiembre último aparecieron mantas en los bulevares Hermanos Serdán y Atlixco, arterias altamente transitadas, donde la Operativa Barredora anunciaba a los poblanos que iniciaría una cacería de delincuentes. 

A partir de eso el grupo se acreditó diversas ejecuciones y hechos de violencia. Entre ellos, el homicidio de Adán Montes, quien tenía poco que había desertado de la policía estatal, y fue ultimado a balazos el 26 de marzo de 2024 en el estacionamiento del centro comercial Periplaza. 

El 1 de abril último, mismo día que arrancaron las campañas para elegir gobernador, alcaldes y diputados locales, la organización criminal publicó un video en el que dio nombres de supuestos mandos policiacos municipales, estatales y federales que estarían vinculados con robo de transporte de carga y tráfico de migrantes en esta entidad.

También a La Barredora se le adjudica la ejecución de la influencer Vielka Pulido y de su pareja ocurrida el 3 de abril, cuando salían del gimnasio Beats en Zavaleta. 

Dos días después, el 5 de abril, los cuerpos de siete personas descuartizadas, con las cabezas expuestas a la vista de los transeúntes, fueron localizadas en un auto abandonado en el Periférico Ecológico de esta ciudad. 

Entre los desmembrados se encontraba Alejandro N., alias el Tiburón, un expolicía que días antes había aparecido en un video sometido y confesando su participación en el robo al transporte. 

En 2024 La Barredora se atribuyó múltiples ejecuciones como la de Alexis el Jaguar, quien fue baleado el 9 de julio dentro del casino Big Bola de Lomas de Angelópolis y la de su presunto socio César Eduardo Garrido, empresario levantado el 8 de septiembre del bar Mochomo´s en Plaza Solesta y que fue localizado muerto al día siguiente en un vehículo estacionado en el Complejo Metropolitano de Seguridad (C5). Ese mismo día otro auto fue incendiado a las afueras de ese centro policiaco.

De manera similar, el 21 de septiembre de ese año ese grupo abandonó dos autos en llamas en la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec, en la autopista Puebla-Orizaba; en uno de ellos había restos de cuatro personas y en el otro, de tres más. 

El 17 de octubre de 2024 fue abandonado otro auto sobre la autopista México-Puebla, frente al Arco de Seguridad de Huejotzingo, con cuatro cuerpos calcinados en su interior. Un video que circuló después de los hallazgos mostró a estas víctimas señalando que trabajaban en robo de transporte para Mauricio Céspedes Peregrina, diputado local y hermano del entonces gobernador Salomón Céspedes.

Luego; el 22 de octubre, a este grupo se adjudica el asesinato de dos policías municipales de Xoxtla cuando estaban en el interior de una patrulla. 

El 5 de noviembre miembros de ese grupo delincuencial ingresaron a un hospital de Atlixco para ultimar a Juan Carlos, el Salchichas ; también mataron a dos policías que estaban vigilando. 

Ya en 2025 a La Barredora se le atribuye el acribillamiento de dos policías municipales en la colonia del Valle en esta capital, lo cual fue seguido con los incendios simultáneos de un Oxxo, un automóvil, un depósito de materiales y un camión urbano. 

Entre otras desapariciones y ejecutados, el 5 de abril el grupo La Barredora dejó cinco cuerpos emplayados, junto a un mensaje amenazante en la batea de una camioneta abandonada en la zona histórica de los Fuertes, misma en la que se gestó la Batalla del 5 de Mayo y donde unos días después iniciaría la Feria de Puebla 2025. 

Luego, el 30 de junio, dos policías de Coronago resultaron heridos cuando acudieron a revisar un vehículo abandonado y al acercarse detonaron dos granadas de fragmentación. 

El 31 de julio un custodio de nombre Juan Pablo fue asesinado cuando se encontraba desayunando en una cocina económica en la colonia Lomas de San Miguel, crimen que también fue atribuido a La Barredora. 

Y el 19 de agosto la organización delictiva dejó seis cabezas humanas en la zona limítrofe de Puebla y Tlaxcala. 

En diferentes operativos más de 20 integrantes de La Barredora Puebla han sido detenidos este año, entre ellos los cuatro policías municipales de la capital, acusados de ser parte de una red de infiltración. 

Mauricio Saldaña Rodríguez, analista de seguridad, escribió en un reporte que publicó en el portal Lado B que en tanto los reflectores están enfocados en La Barredora, otros grupos como la Familia Michoana “avanzan en paz” en Puebla. 

Esa agrupación criminal se atribuyó la ejecución de dos hombres que fueron encontrados emplayados el 22 de agosto a las afueras del mercado 5 de Mayo y de otro comerciante cuyo cuerpo fue tirado el 15 de septiembre en el Barrio de Analco, los dos sitios ubicados en pleno Centro Histórico de Puebla.

El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) anunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas el inicio del proceso para determinar si las desapariciones que ocurren en México son generalizadas o sistemáticas. 

El avisó fue hecho por el presidente del CED, Juan Pablo Albán Alencastro, como parte del informe anual presentado a la Asamblea General de la ONU, en el contexto del 80º Periodo de Sesiones.

Desde la tarde del 20 de octubre, comunidades nahuas de Coahuayula, El Ranchual y La Laguna de Calvillo, en Michoacán, viven bajo ataque armado. Habitantes reportan el uso de drones con explosivos, armas de alto calibre, bazucas y la colocación de minas terrestres. Las familias permanecen resguardadas sin condiciones de seguridad ni presencia efectiva de autoridades.

De acuerdo con la Red Solidaria de Derechos Humanos, los ataques siguen un patrón repetido que ha sido documentado desde al menos enero de 2025, cuando ya se habían denunciado asedios, agresiones armadas y desplazamientos forzados en Coahuayula. En julio de 2024 también se había alertado sobre el uso de drones con explosivos contra población civil en Santa María Ostula.

El comunicado advierte que hay un riesgo masivo para la población civil, incluyendo niñez, personas mayores y enfermas, por la presencia de artefactos explosivos improvisados. Además, señala que no ha habido una respuesta estatal efectiva, pese a los reiterados llamados previos por parte de organizaciones y habitantes de la región.

Las organizaciones firmantes exigen el cese inmediato del ataque, el despliegue de fuerzas de seguridad con enfoque en protección civil, la creación de corredores humanitarios y la intervención de organismos internacionales como la OACNUDH y la CIDH. También piden atención humanitaria integral y una investigación inmediata por parte de la Fiscalía General de la República.

COMUNICADO:

Cientos de estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) se movilizaron en distintos puntos del estado para denunciar negligencia institucional tras las inundaciones ocurridas en la región norte de Veracruz, donde una alumna murió en Poza Rica. Las protestas apuntaron a la rectoría y al rector Martín Aguilar Sánchez, señalando la ausencia de protocolos ante emergencias.

La comunidad universitaria manifestó que las condiciones climáticas extremas no fueron atendidas con seriedad por parte de las autoridades, lo que derivó en que se pusiera en riesgo la vida del estudiantado. La muerte de una alumna desató indignación y llevó a los estudiantes a organizar acciones públicas para exigir responsabilidades.

Frente a esta situación, la Universidad Veracruzana informó que el rector sostendrá encuentros con representaciones estudiantiles a partir del 22 de octubre. No se ha especificado con quiénes se llevarán a cabo las reuniones, pero se aclaró que algunas de las personas participantes no forman parte del colectivo conocido como “Interfacultades UV”.

Durante las protestas también se retomaron las acusaciones contra Aguilar Sánchez por haber recibido una prórroga considerada ilegal. Estudiantes señalaron que permanece al frente de la institución de forma espuria, lo que agrava la crisis de representación al interior de la universidad. Las exigencias apuntan a una rectoría responsable, condiciones seguras y justicia para su compañera fallecida.

Hace unos días el consejo ciudadano de seguridad pública de Baja California solicitó públicamente la intervención del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, Omar García Harfuch, en el combate a la inseguridad en la entidad. Llamado que no es gratuito, hay motivos suficientes para hacerlo, pero ha sido ignorado.

La realidad es que no se puede combatir la inseguridad en un Estado cuando las corporaciones facultadas para hacerlo están infestadas por el narcotráfico, viciadas en su estructura, organizadas al modo del crimen y alejadas de los valores y compromisos de una fuerza de orden. El mes de octubre de 2025 ha evidenciado la podredumbre que impera al interior de las dos principales policías del Estado, y también la incapacidad que han tenido sus titulares no sólo para limpiar las corporaciones, acaso para contener la inseguridad que se origina en sus entrañas.

A estas alturas lo que queda claro es que muchos de los policías están más del lado de los criminales que de la sociedad, y que de tanto delinquir para otros aprendieron a hacerlo para su provecho y han establecido cartelitos dentro de las corporaciones para extorsionar, robar droga, distribuirla, cobrar piso y llevar una vida criminal desde la comodidad del Estado y con la charola que portan como agentes de la Ley.

Dos casos llamaron la atención de la sociedad, pero no de la autoridad federal. Primero, el robo de 180 kilogramos de cocaína, orquestado, operado y realizado por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, en horario de trabajo y con unidades oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, cometido el sábado 4 de octubre. El segundo, un ataque nunca antes visto con drones a las instalaciones de la unidad de antisecuestros de la Fiscalía General del Estado, perpetrado por criminales que lanzaron explosivos caseros a las instalaciones una poblada zona residencial.

Aunque no es una novedad los ataques con drones en México por parte de los cárteles de la droga, aun cuando es una versión negada desde la Presidencia de la República, es una realidad, pero en Baja California no había sucedido. El insólito ataque se da además en el contexto de cambios realizados al interior de las dos principales instituciones de seguridad del Estado, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General. 

Los explosivos fueron de manufactura casera, con un componente incendiario, artefactos metálicos, balines y canicas para al momento de explotar causar daños en la inmediación del siniestro. A pesar de la unidad antisecuestros estar anclada en una zona de alta densidad poblacional, los daños fueron exclusivamente materiales a bienes automotrices de la propia fiscalía.

A los días siguientes del ataque con drones a la FGE, varias mantas amenazantes fueron colgadas en por lo menos dos municipios de Baja California, donde criminales de los cárteles con actividad local como el Cártel Jalisco Nueva Generación, aun cuando no se adjudicaban el hecho, sí denunciaban a la Fiscal bajacaliforniana las labores ilícitas de varios de sus colaboradores, de manera particular a aquellos que están en posición de combatir el delito de narcomenudeo o de investigar homicidios, pero que son señalados por solicitar cuotas a los criminales, extorsionarlos.

Una semana antes, otro grupo criminal había dejado de igual forma mantas amenazantes, esta vez denunciando a elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana por el robo de droga, de 180 kilogramos de cocaína. Defendían a unos y acusaban a otros.

En ambas instituciones, preventiva una y procuradora de justicia otra, es evidente la corrupción interna, la infiltración del soborno del narco, y la complicidad con las células del Cártel Jalisco Nueva Generación y con el Cártel Arellano Félix, tanto, que sus titulares, Secretario y Fiscal, se vieron forzados a realizar cambios en los mandos de secretaría y fiscalía, inmovilizando o desplazando a aquellos señalados de participar del robo de droga o en las extorsiones de la FGE.

Y eso no ha sido suficiente. De manera especial cuando los elementos, agentes o mandos corruptos, no son retirados de la corporación para investigación, sino enviados a puntos fijos, suspendidos o degradados en la jerarquía de mandos, siguen durmiendo con el infiltrado en casa. Por supuesto que en estas condiciones no es factible combatir el crimen, no se puede cuando la base operativa y la cabeza de mando están corrompidas.

El Presidente Felipe Calderón Hinojosa no estaba errado al concentrar esfuerzos institucionales, operativos y establecer protocolos, para depurar las corporaciones policíacas del país, sabía de la corrupción y la infiltración del narcotráfico que imperaba en las bases operativas de Federación, Estado y Ayuntamiento, por lo que inició con las mesas de seguridad, los exámenes de control, evaluación y confianza, y cedió a la tropa más limpia por entonces, la Fuerzas Armadas, la coordinación del combate a la inseguridad y la persecución de líderes criminales.

Sin embargo en las administraciones que le siguieron se fue abandonado esa estrategia de depuración policíaca, y muchos elementos aún corruptos continúan “sirviendo en las fuerzas del orden”. La mayoría, por no decir todos los que han sido señalados de actos deshonestos en Baja California, tenían aprobados sus exámenes de control, evaluación y confianza, mismos que es evidente, ya no están funcionando, sea por falta de tecnología, de investigación, de precisión en el análisis de la información o porque tales pruebas no han evolucionado en términos científicos de indagación.

En estas condiciones, el narcotráfico parece iniciar en el Estado, o en el menor de los casos, que el Estado es uno más de sus tentáculos con la integración de elementos corruptos. Baja California está de manera sistemática entre las entidades de la República con mayor incidencia delictiva, pero es evidente que no está en el círculo prioritario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, porque mientras continúan los ataques, las investigaciones internas y las narcomantas, García Harfuch sigue sin acudir a investigar y coordinarse con lo poco que queda, para proveer seguridad y procesar a los elementos contaminados de la corrupción del crimen organizado y la omisión siempre acarrea consecuencias brutales con cárteles ya adentrados en las policías con tácticas ahora sí que terroristas.

Marcelo Ebrard indicó que se le han presentado diversas propuestas a Estados Unidos respecto a la imposición de aranceles al acero y al aluminio, y están a la espera de que el país vecino del norte emita una respuesta.