La detención de Nazario Ramírez Ramírez, líder del Frente Transportista de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM) en Jalisco, Puebla y Michoacán –entre otros–, por su presunta afiliación al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se suma a una larga lista de líderes sindicales vinculados al crimen organizado, especialmente de los sindicatos charros.
La CTM, organización históricamente afiliada al PRI y ahora cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha tenido un amplio historial de líderes que han enfrentado la justicia o acusaciones por crimen organizado. En diciembre de 2016, las autoridades de Tamaulipas dieron vista a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para actuar contra Ramiro Leal Barrera, el líder del Sindicato de Transportistas de Materiales de Construcción de la CTM en Reynosa, al que identificaron como parte del Cártel del Golfo.
En 2017, Ismael Flores Cantú, entonces líder de la CTM en Nuevo León, fue investigado en Estados Unidos por extorsionar a comerciantes y transportistas, y por relacionarse con el Cártel de los Zetas; en 2019, José Isidro Santamaría Casanova, líder de la CTM en Quintana Roo y tercer regidor de Cozumel por el PRI, fue vinculado a proceso por presunta trata de personas, y apenas en septiembre pasado libró una orden de aprehensión por el homicidio de Luis Fernando Peón Cardín, sobrino del entonces coordinador de la CTM en Quintana Roo.
Todavía en noviembre del año pasado, el exlíder de transportistas de la CTM en Oaxaca, Marcos Sánchez Cruz, fue atacado a balazos por un grupo armado, en un ataque que dejó cinco muertos, incluyendo las escoltas del sindicalista. El hombre había pasado cuatro años en la cárcel, acusado de cinco homicidios.
La historia del sindicalismo charro de México está llena de capítulos criminales, y sus líderes se han perpetuado en sus dirigencias a pesar de las denuncias y las investigaciones en su contra, incluyendo por delincuencia organizada. Así, Carlos Romero Deschamps, otrora todopoderoso líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), fue denunciado por sindicalistas disidentes por varios delitos, incluyendo sus presuntos vínculos con los Zetas y con grupos dedicados al huachicol.
Entre los millones de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fueron hackeados y publicados por el colectivo Guacamaya en 2022 figuran decenas de informes de inteligencia que señalan los nexos criminales de líderes sindicales, especialmente de los gremios de transporte y de la construcción.
Entre los líderes con presuntos vínculos criminales destaca Hugo Bello Valenzo, fundador del Sindicato Libertad de Trabajadores de Transporte de México, que durante un tiempo se afilió a la CTM en la Ciudad de México antes de tronar con violencia en 2018. Según la Sedena, Bello tejió redes de influencia con el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y con Jesús Valencia Guzmán, entonces jefe de la delegación Iztapalapa.
La Sedena atribuyó a Bello acciones de extorsión y amenazas para obligar empresarios a contratar a su sindicato en los sectores de la construcción, del transporte público o del transporte de gas LP, pero también en el despojo de predios y la apropiación de minas de material pétreo. El líder sindical fue detenido en agosto de 2020, y sus cuentas fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Los vínculos criminales de líderes sindicales manchan también a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleadores de México (CATEM), la organización gremial encabezada por el influyente y polémico diputado morenista Pedro Haces Barba, que la incorporó a la estructura corporativista de la llamada Cuarta Transformación.
Varios acontecimientos de violencia extrema han dado cuenta de la batalla que han librado la CATEM, la CTM y el sindicato Libertad para controlar territorios y ganar contratos colectivos en empresas. En el estado de Oaxaca y el municipio veracruzano de Las Choapas, dirigentes de la CATEM fueron atacados a balazos –uno falleció– cuando el sindicato abrió sus delegaciones locales, en 2019.
La CATEM logró implantarse en Oaxaca, hasta que en septiembre de 2023 el gobernador morenista de la entidad, Salomón Jara, acusó a la CATEM y la CTM de cobrar derecho de piso a tortillerías, como lo hacen los grupos de la delincuencia organizada.
Afiliados de la CATEM y de Libertad se han enfrentado por el control de la central de abastos de la capital del estado, y Libertad ha acusado a un presunto líder del Cártel del Golfo, Carlos Abraham Ríos Suárez, de utilizar las siglas de la CATEM para extorsionar a transportistas.
Recientemente la CATEM fue denunciada por un grupo de empresarios de la región de la Comarca Lagunera de coludirse con grupos de la delincuencia organizada para extorsionarlos. El pasado 6 de septiembre, escasos días después de darse a conocer la denuncia, soldados de la Sedena y de la Guardia Nacional (GN) catearon las oficinas de la CATEM en Gómez Palacio, Durango, y días más tarde el subsecretario de la CTM en Coahuila, Tereso Medina Ramírez, llamó a conformar un frente sindical para evitar las extorsiones y amenazas del sindicato de Pedro Haces.
En marzo de 2021, la Sedena identificó los vínculos de Jesús Ramón Ortiz Cisneros, secretario general de la Unión de Camioneros de Coatzacoalcos –organización de la CATEM– en Veracruz, con Hernán Martínez Zavaleta, el entonces líder de los Zetas en la zona Sur de Veracruz, Tabasco y Oaxaca, quien había sido agente de la Policía Ministerial del Estado de México antes de dedicarse de lleno a la delincuencia organizada.
Después de ser arrestado y encarcelado una primera vez en marzo de 2021 por delitos contra la salud, ultraje a la autoridad y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, el líder sindical, al que el Ejército identificó como “líder transportista y empresario de la construcción, promotor del partido Fuerza por México en el sur de Veracruz, fue detenido por segunda ocasión en julio pasado por agentes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, mientras circulaba en una carretera.
Otro informe confidencial de la Sedena, también elaborado en marzo de 2021 –descubierto por el periodista Carlos Carabaña para El País–, identificó a Gilberto Antonio Luna Sánchez, expriista, transportista, líder de la CATEM en Guerrero y subsecretario de Infraestructura y Movilidad en el sindicato, como responsable de actividades ilícitas relacionadas con la construcción, especialmente de “amedrentar, amenazar, extorsionar y cobrar piso” a las empresas dedicadas a este ramo en Acapulco y parte de la Costa Chica del estado. La ficha de la Sedena lo relacionó con José Alberto Alonso Gutiérrez, entonces candidato a alcalde de Acapulco.
En noviembre de 2020, las autoridades veracruzanas detuvieron a Rodolfo Cruz Domínguez y José Arturo García Barberio, delegado y subdelegado sindical de la CATEM en Coatzacoalcos, quienes habían amenazado con una pistola a la propietaria de un depósito de cerveza.
En otro informe de inteligencia, relativo a los candidatos a cargos de elección popular del Estado de México con vínculos criminales, la Sedena también identificó a Adrián Francisco Sánchez García, aspirante a la presidencia municipal de Nicolás Bravo, como presunto líder de una banda llamada Los Julios o Los Sánchez de la que también forma parte Felipe Francisco Sánchez Santos secretario de Infraestructura y Movilidad de la CATEM.
