Los exsecretarios de Desarrollo Económico y Bienestar Social de Tamaulipas, así como el exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, fueron vinculados a proceso por uso indebido de atribuciones y facultades.
En el primer expediente, la jueza Mónica Iliana Pérez Chapa vinculó a proceso al exsecretario de Desarrollo Económico, Carlos Alberto “G”, por uso indebido de atribuciones y facultades. La imputación refiere la solicitud de excepción para contratar servicios jurídicos por 3 millones 438,240 pesos a favor de un despacho privado, lo que —según la acusación— contravenía la normatividad de adquisiciones vigente para ese monto. La autoridad fijó una garantía económica de 200 mil pesos.
En audiencia separada, el juez Santiago Espinoza Camacho vinculó a proceso al exsecretario de Bienestar Social, Rómulo “G”, por uso ilícito de atribuciones y facultades y desempeño indebido de funciones. La acusación señala la contratación sin licitación de despensas con una razón social local por un monto global de 250 millones de pesos durante 2020.
Para este caso, se determinaron tres meses para la investigación complementaria, con corte al 20 de enero de 2026. Cabe señalar que el exfuncionario mantiene otros procesos por hechos vinculados a ese programa social.
En un tercer caso, el juez Juan Antonio Haro Morales vinculó a proceso al exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Enrique Jorge “N” también por uso ilícito de atribuciones y facultades. La carpeta refiere la excepción de concurso de proveedores para un contrato de seguros de vida del personal de Salud (enero–diciembre de 2020) por 5 millones 867,184 pesos con Consultoría Internacional de Seguros y Finanzas.
En audiencia previa se impuso una garantía de 500 mil pesos y la entrega de su pasaporte. Durante una intervención pública reciente, el exfuncionario afirmó: “No me he escondido; seguiré dando la cara”.
De acuerdo con los jueces, las causas seguirán su ruta con investigación complementaria, eventuales actos periciales y definición de medidas conforme al código procesal aplicable. Las defensas de los imputados plantearon argumentos sobre competencias administrativas y excepciones por emergencia sanitaria; el ministerio público presentó documentación de soporte y dictámenes para sustentar los cargos.
Los procesos en contra de los excolaboradores de García Cabeza de Vaca derivan de carpetas iniciadas por autoridades investigadoras estatales a partir de contratos celebrados en 2020. En audiencias previas y recursos subsecuentes se modificaron resoluciones iniciales, lo que permitió reanudar imputaciones y avanzar hacia la vinculación a proceso en los casos descritos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/ELEFANTE BLANCO.
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