A través de solicitudes de transparencia, Elefante Blanco y Animal Político obtuvieron los registros de beneficiarios del programa llamado oficialmente Becas para hijos de trabajadores de la educación, para madres solteras e hijos con capacidades diferentes, uno de los beneficios para maestros sindicalizados previstos en el convenio entre la SET y el SNTE establecido desde 2013.

Entre los datos entregados están los nombres de los beneficiarios, clave del centro de trabajo (escuelas o unidades administrativas donde laboran), la función que desempeñan, y el monto de los cheques recibidos.

Al hacer el análisis se detectó que 575 beneficiarios estaban registrados como trabajadores de la Unidad Ejecutiva de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, con la clave 28ADG0055Y. Al mismo tiempo recibieron cheques como trabajadores de otros centros de trabajo. En todos los casos la SET les dio montos superiores al máximo previsto en sus lineamientos.

Por ejemplo, Aracely Arellano Ochoa es colaboradora de Ulises Ruiz Pérez, secretario particular del dirigente del SNTE en Tamaulipas, pero recibió 142 mil 500 pesos a través de 14 cheques, siete con la clave de la Unidad Ejecutiva y otros siete con la clave de trabajo de la oficina del titular de la SET.

Su hermana Fluvia Mireya Arellano Ochoa recibió 5 cheques de becas como trabajadora administrativa del área llamada “Departamento de Pagos al Personal Federal”, y 5 cheques más registrados con la clave de trabajo de la Unidad Ejecutiva de la SET.

El común denominador fue la inscripción como supuestos trabajadores de la Unidad Ejecutiva de la SET. Los pagos destinados a la Unidad Ejecutiva suman 4.6 millones de pesos en 2024, lo que representa el 17 % de los 26 millones de pesos entregados ese año por concepto de becas para el magisterio.

La Unidad Ejecutiva es un área administrativa que depende directamente del titular de Educación, y que se encarga de administrar el programa de becas, compensaciones y administra los centros regionales que controlan las escuelas de Tamaulipas.

Rechazó que hubiera algún desvío. “Nada de vela tengo en el entierro. Es muy fácil acusar, pero yo me siento contento de que los hijos de mis compañeros hayan contado con el apoyo del sindicato”. Al referirle que los montos entregados fueron superiores a lo previsto en los lineamientos, rechazó que hubiera irregularidades. “Actúen, yo no recibí ni un peso. Investiguen, pero yo y el sindicato jamás”.

Al buscar a los beneficiarios, Aracely Arellano respondió mensajes negando que hubiera recibido los recursos, aún cuando se le enviaron los documentos que comprueban la entrega, y no aceptó dar una entrevista.

Otro trabajador, Jesús Espinoza, respondió la llamada, pero al preguntarle por qué había recibido más dinero de lo previsto en las becas, dijo que “lo iba a checar” y colgó.

Exdirigente sindical interviene en las becas

En 2023, el SNTE hizo un paro laboral en Tamaulipas que duró 15 días. Entre sus exigencias estuvo presionar a la SET para que entregara los recursos de estas becas que hasta ese momento presentaban retrasos, según dijo el dirigente estatal, Arnulfo Rodríguez Treviño. El conflicto concluyó tras una reunión entre los dirigentes de la sección 30 del SNTE y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y la SEP, Leticia Ramírez.

Al volver a clases, Hugo Armando Fonseca Reyes, titular de la Unidad Ejecutiva, desplazó en el diálogo con el sindicato a la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor, y encabezó la revisión de los lineamientos del programa de becas a petición de la Sección 30 en 2024, el año en que ocurrieron estas irregularidades.

Fonseca Reyes es de cuna priista y fue vocero del partido durante seis años. En 2017 comenzó a trabajar con el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas. Tres años después renunció a su militancia priista. En 2022 fue nombrado coordinador de docentes en la Avanzada Tamaulipeca, grupo interno de Morena fundado por Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador y hoy delegado de programas sociales en Coahuila.

Ante la renuncia de Castillo Pastor a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, en abril de 2025, Hugo Fonseca se promovió para el cargo, pero sólo fue ascendido a la Subsecretaría de Administración y nombrado el negociador ante el sindicato.

Becas magisteriales desviadas

Desde 2013, las becas para el personal magisterial se otorgan mediante el convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación y la Sección 30 del SNTE. El 30 de diciembre de 2022, el gobierno de Américo Villarreal Anaya publicó los lineamientos para la beca SET-SNTE, Madres solteras y capacidades diferentes en el Periódico Oficial del Estado.

A partir de enero de 2024, las normas fueron analizadas por una comisión conformada por Hugo Armando Fonseca Reyes, de la Unidad Ejecutiva, y representantes de la Sección 30 del SNTE. En las reuniones participó Aracely Arellano Ochoa, una de las principales beneficiadas, como se pudo comprobar en la foto publicada por el SNTE en la que anuncian la mesa de trabajo.

Aracely Arellano recibió 142 mil 500 pesos, su hermana Fluvia Mireya. 133 mil pesos. Mientras que a su esposo, José Antonio Mata Charles, le dieron 100 mil 500 pesos, por medio de la Jefatura del sector 22 primarias en Victoria y la Unidad Ejecutiva. Actualmente labora en el Departamento de coordinación, de programas y seguimiento.

De acuerdo con información pública, Arellano Ochoa se integró a la secretaría particular de la Unidad Ejecutiva en mayo de 2023. Posteriormente fue comisionada a la dirigencia del SNTE, donde todavía trabaja con Ulises Ruiz Pérez, el principal operador del secretario general, Arnulfo Rodríguez Treviño.

La tercera persona más beneficiada es Jesús Adán Espinoza Puente, con 120 mil pesos. Con la clave 28ADG0011A, correspondiente a Subdirección de Control Escolar de la Secretaría de Planeación de la SET, obtuvo cinco cheques con montos máximos de 13 mil pesos. A través de la Unidad Ejecutiva se le asignaron 5 pagos por 15 mil pesos cada uno.

Otro matrimonio beneficiado es el integrado por Diana María Guevara Trejo y Bladimir Ramírez Martínez, con 107 mil 500 pesos en 9 cheques de becas. Ambos laboran en la Unidad Ejecutiva en el departamento de coordinación interinstitucional.

La familia Rodríguez Castillo, originaria de San Fernando, Tamaulipas, es la segunda que más obtuvo dinero de las becas. Oliver Rodríguez, quien es vicepresidente del comité sindical, consiguió 56 mil pesos. Su esposa Juana Castillo Villafranca, actualmente es regidora en el ayuntamiento local, ganó 45 mil 500 pesos. Además, a Luceldi Rodríguez Lara le asignaron 28 mil pesos en dos becas.

Los lineamientos para las becas indican que la Sección 30 del SNTE debe publicar y difundir una convocatoria por ciclo escolar. Sin embargo, en el periodo 2023-2024 no cumplió con esta obligación, de acuerdo con una búsqueda del documento en la página web, redes sociales y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

También es responsabilidad del sindicato registrar las solicitudes de becas, así como revisar el cumplimiento de requisitos, aprobar y asignar el monto por apoyo, en concordancia con el tabulador incluido en los lineamientos.

Posteriormente, el SNTE envía la base de datos de becas autorizadas a la Coordinación de Becas y Estímulos Educativos (CBEE) de la Unidad Ejecutiva. Dicha área verifica las solicitudes autorizadas por la dirigencia sindical junto con la información de las personas favorecidas.

Por último, la CBEE de la Unidad Ejecutiva recibe los cheques de la beca “para su distribución y pago a través de los Centros Regionales de Desarrollo Educativo (Credes)”, responsables de entregarlos.

La Sección 30 y la Unidad Ejecutiva son las responsables de que el programa se respete, refieren las normas estatales. El dinero de las becas es presupuesto público asignado a la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET).

La participación de la Coordinación de Becas y Estímulos Educativos es clave para comprobar los pagos. En esa área trabajó Francisco Javier Córdova González, quien recibió 73 mil pesos por medio de tres claves de centros de trabajo.

La operación para clonar las claves sin importar que no correspondieran a los lugares en que laboran las personas sucedió en todos los niveles. Es el caso de Martha Elena Castillo Mata, trabajadora administrativa de un jardín de niños, a quien le asignaron 6 cheques por un monto total de 75 mil pesos.

Una clave que solo fue utilizada en 15 casos es la 28ADG0001U, correspondiente a la secretaría particular de la SET. Uno de los pocos beneficiados fue Damián Eusebio Martínez Quintero, quien labora en el Departamento de pagos al personal federal.

En ninguno de los documentos aparece la firma de Augusto Francisco Bres Pintos, titular de la Coordinación de Becas y Estímulos Educativos desde 2022. Dicha área de la Unidad Ejecutiva debió revisar las solicitudes y validar la entrega de las becas que fueron desviadas con la firma de Hugo Fonseca.

Para este caso, se determinaron tres meses para la investigación complementaria, con corte al 20 de enero de 2026. Cabe señalar que el exfuncionario mantiene otros procesos por hechos vinculados a ese programa social.

En un tercer caso, el juez Juan Antonio Haro Morales vinculó a proceso al exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Enrique Jorge “N” también por uso ilícito de atribuciones y facultades. La carpeta refiere la excepción de concurso de proveedores para un contrato de seguros de vida del personal de Salud (enero–diciembre de 2020) por 5 millones 867,184 pesos con Consultoría Internacional de Seguros y Finanzas.

En audiencia previa se impuso una garantía de 500 mil pesos y la entrega de su pasaporte. Durante una intervención pública reciente, el exfuncionario afirmó: “No me he escondido; seguiré dando la cara”.

De acuerdo con los jueces, las causas seguirán su ruta con investigación complementaria, eventuales actos periciales y definición de medidas conforme al código procesal aplicable. Las defensas de los imputados plantearon argumentos sobre competencias administrativas y excepciones por emergencia sanitaria; el ministerio público presentó documentación de soporte y dictámenes para sustentar los cargos. 

Los procesos en contra de los excolaboradores de García Cabeza de Vaca derivan de carpetas iniciadas por autoridades investigadoras estatales a partir de contratos celebrados en 2020. En audiencias previas y recursos subsecuentes se modificaron resoluciones iniciales, lo que permitió reanudar imputaciones y avanzar hacia la vinculación a proceso en los casos descritos.

Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya analizaron el informe estadístico de la situación en el afluente a partir de las estaciones en Tamuín, San Luis Potosí y Pánuco, Veracruz.

La creciente más grande en 70 años

Sobre la creciente del río Pánuco, el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, enfatizó que es la más grande en 70 años y se encuentra a 82 kilómetros de Tampico.

“Se estima que transitará en las próximas 80 horas. Probablemente para mañana, en el transcurso del día, no podemos ser tan precisos, se empiece a reflejar en Tampico y Ciudad Madero”, mencionó el funcionario estatal.

Aunado al aumento del Pánuco, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó lluvias, de 5 a 20 milímetros. Quiroga Álvarez aseguró que no sumaría riesgo a la situación en el afluente.

“De que va haber derrames, va haber derrames. Me quiero quedar con la premisa de que la vida humana, que es lo que más nos interesa, no va tener problema alguno. Vuelvo a poner como paralelismo el tema del norte de Veracruz que ahí si hay llanto por todos lados, no va suceder eso en Tamaulipas”, sostuvo el coordinador estatal del operativo”.

Recuperan estaciones de medición en el río

“Las hemos rescatado, las estamos terminando de calibrar junto con la Conagua, y ahora podemos decirles, hora por hora, a los alcaldes y Protección Civil cómo va subiendo la escala del río”, afirmo.

La Coordinación estatal de Protección Civil señaló que la Capitanía del puerto de Tampico será la encargada de suspender la navegación en el río, lo que se daría a los 4.5 nudos en el río Pánuco.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, dijo que, siguiendo las instrucciones de la presidenta se ha mantenido al tanto del crecimiento del río Pánuco.

Señaló que este cuerpo de agua ya llegó a su punto máximo en la estación hidrométrica en Las Adjuntas, que es cercana a la población Tamuín, pero ya se encuentra en descenso.

Villarreal explicó que las zonas bajas ya están alertadas y los presidentes municipales ya se encuentran trabajando en forma coordinada, además de que se han establecido albergues con los suministros suficientes en caso de que haya necesidad de hacer algún desplazamiento de la población y de los cuales están informados las y los habitantes de la zona, a través de Protección Civil, la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional.

Sheinbaum Pardo estuvo acompañada por el general de División de Estado Mayor, Juan José Gómez Ruiz, comandante de la IV Región Militar, y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Jesús Adolfo Amparán Hernández.

En Tampico, nos reunimos con el gobernador de Tamaulipas, @Dr_AVillarreal, para evaluar el crecimiento del río Pánuco, que al momento no representa riesgo. Continúa el monitoreo y seguimos atentos para alertar a la población en caso necesario. pic.twitter.com/OLxWzK2l3F

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 18, 2025

De acuerdo con la documentación consultada el 24 de enero de 2020 Jareth Roberto “H”, Jesús Enrique “M”, Edgar Alejandro “M” e Hilarión “O” fueron detenidos en flagrancia por policías del estado de Tamaulipas y elementos de la Guardia Nacional con 4 armas largas tipo fusil calibre 7.62x39 milímetros; 242 cartuchos y 15 cargadores. 

Desde entonces la FGR inició una investigación en su contra pero debido a que los delitos no merecían prisión preventiva oficiosa en ese momento, el ministerio público federal los dejó en libertad mientras determinaba si ejercía o no acción penal en su contra. 

Para el 29 de mayo de 2021 la FGR envió su carpeta de investigación con terminación 220/2020 a un juez de control en el estado de Tamaulipas a quien además solicitó fijar fecha para audiencia inicial. 

El juez ordenó citar a los 4 investigados para el 30 de junio de 2021, sin embargo, sólo fue posible notificar a Edgar Alejandro “M”, mientras que a los demás no. 

En el caso de Jareth Roberto “H”, el actuario fue atendido por su papá quien indicó que su hijo ya no vivía con él y se negó a recibir cualquier notificación; Jesús Enrique “M”, no fue encontrado en su domicilio e Hilarión “O” señaló un domicilio “abandonado, con maleza y sin ventanas”, según refiere la orden de aprehensión emitida contra “La Machorra”. 

Aunque el juez podía llevar a cabo la audiencia sólo con Edgar Alejandro “M” la FGR dijo que prefería que estuvieran todos juntos. 

Ante ello, el juez le dio tiempo a la FGR para que encontrara a los tres que faltaban por notificar y, debido a que no lo logró, la causa penal número 176/2021 fue archivada el 24 de septiembre de 2021. 

Fue hasta el 25 de julio pasado que la FGR retomó el caso y solicitó órdenes de aprehensión contra los cuatro hombres, por lo que el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas, Ricardo Ignacio Rivera Pacheco concedió la petición únicamente por lo que hace a tres de ellos. 

Rechazó ordenar detener a Edgar Alejandro “M” porque fue el único del que se conocía el domicilio y a quien se pudo notificar en el año 2021 y que la audiencia no se llevó a cabo entonces a petición del fiscal encargado del caso. 

“En modo alguno hay un riesgo de sustracción que actualice la necesidad de cautela que refiere el fiscal; por el contrario, este juzgador estima que no existe por el momento. Sera´ cuestión de volverse a citar y si ya no se encuentra o no acude a audiencia, podri´a ser que se llegase a actualizar.  

“Cabe precisar que de no encontrarse en el domicilio, dicha cuestión no seri´a imputable al investigado, pues han pasado cinco an~os desde el hecho delictivo, por lo que el fiscal tendra´ la carga de la prueba de investigar el nuevo domicilio o la localizacio´n del investigado; por lo que debera´ realizar nuevos actos de investigacio´n, pues los que cita en su solicitud son del an~o dos mil veintido´s”, indicó el juez.  

Pese a que desde el 25 de julio pasado existía una orden en su contra Jareth Roberto “H” no buscó protección alguna sino hasta después del homicidio del delegado de la FGR en Tamaulipas, ocurrido el 4 de agosto. 

El 5 de agosto “La Machorra” solicitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión en el que el juez Séptimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, Fidel Gallegos Figueroa le concedió una suspensión provisional que, en teoría, lo protegía contra su captura sin importar el delito por el que estuviera acusado. 

De acuerdo con el expediente 1065/2025, la demanda de amparo fue tramitada también por Edgar Alejandro “M”, contra quien actualmente no existe ninguna orden de captura. 

“SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL a la parte quejosa respecto de los actos reclamados, en los siguientes términos: Para el efecto de que la parte quejosa no sea privada de la libertad personal y quede a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición del juez que lleve la causa penal de origen, para la continuación del procedimiento, y así garantizar la continuación del mismo; lo anterior, sin que importe el delito que se le atribuya.  

“Lo así expuesto no implica la paralización del proceso penal de origen, sino que el juez natural, en efecto, tiene la competencia legal para continuar con el procedimiento correspondiente. Empero, cuando la parte quejosa comparezca a la audiencia inicial, de ser el caso, podrá dictar las medidas cautelares pertinentes, incluida la prisión preventiva justificada a solicitud del Ministerio Público; sin embargo, la prisión preventiva no será ejecutable, ya que los solicitantes estarán bajo la jurisdicción del Juez de Distrito en lo que respecta a su libertad personal, en virtud de la suspensión concedida, siempre que ésta siga vigente”, indicó el juzgador de amparo. 

Al conceder la medida, que permanecerá vigente por lo menos hasta el 13 de agosto próximo cuando el juez celebre la audiencia incidental para determinar si concede la suspensión definitiva o no, los quejosos fueron requeridos para que exhiban una garantía de 10 mil pesos cada uno. 

Asimismo, el juez Séptimo de Distrito retomó los argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que consideró que la prisión preventiva oficiosa en México es inconvencional para ordenar que la suspensión los proteja aunque estén acusados por los delitos que merecen esta medida cautelar. 

“Se considera que existen elementos que configuran la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, ya que la suspensión provisional también evitará privar de la libertad a la parte quejosa cuando la orden de aprehensión esté relacionada con delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, interpretación que tiene como objetivo encontrar un equilibrio entre las leyes nacionales e internacionales, dando prioridad a aquella que brinde una protección más extensa. De tal modo que, ante el cambio de enfoque representado por las recientes sentencias y jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y considerando la naturaleza progresiva y dinámica del sistema jurídico mexicano, este órgano jurisdiccional estima conceder en los términos precisados la presente medida anticipada”, explicó. 

El 11 de agosto pasado, el juez notificó que la FGR tramitó un recurso de queja en contra de la concesión de la suspensión provisional, mismo que deberá ser resuelto por un Tribunal Colegiado. 

ÚNICO INVESTIGADO POR ATAQUE A FISCAL NO FUE PROCESADO POR ESE DELITO.

Pese a que “La Machorra” fue detenido el pasado 7 de agosto, la FGR no lo ha imputado por el homicidio del delegado de la institución en Tamaulipas, Ernesto Vásquez e incluso logró evadir uno de los tres delitos por los que fue aprehendido. 

El pasado 8 de agosto la FGR anunció su detención y supuesta relación con “Los Metros”, una facción del Cártel del Golfo y principal responsable del huachicol en Tamaulipas. 

La captura fue realizada a las 00:57 del 7 de agosto pasado en el centro de rehabilitación “Guerreros con ganas de vivir” ubicado en Reynosa donde, según la FGR, “La Machorra” se escondía. 

Allí, le fueron halladas dos pistolas calibre 9x19 milímetros Luger, marca Glock con cargadores abastecidos con 11 cartuchos cada uno, marihuana, metanfetamina y cocaína.  

En su comunicado, la FGR indicó que Jareth Roberto “H” es investigado por el homicidio de Vásquez Reyna, sin embargo, durante la audiencia inicial realizada por videoconferencia el 9 de agosto, no le imputó ningún delito relacionado con el ataque contra el funcionario federal. 

En cambio, le imputó posesión de armas de fuego de uso exclusivo de la fuerza armada permanente; posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de la fuerza armada permanente y delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina, cocaína y marihuana 

Durante la audiencia inicial el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal en el Estado de Sonora, en funciones de Juez de Control, Carlos Andrés Miranda Verdugo rechazó vincularlo a proceso por posesión de cartuchos y únicamente lo vinculó por los dos delitos restantes. 

El juez le impuso la medida de prisión preventiva justificada en el penal federal del Altiplano, por lo que su traslado se realizó vía aérea e ingresó el domingo al centro penitenciario. 

Asimismo, hasta ahora la FGR no ha ejecutado la orden de aprehensión que tiene pendiente desde el 25 de julio pasado por portación de armas y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

La desaparición y el inicio de la investigación

Rivera Martínez, quien se desempeñaba en la Dirección de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, fue vista por última vez el 15 de julio. Tras la denuncia formal por su ausencia, la FGJET emitió un boletín de búsqueda y comenzó las indagatorias correspondientes. Familiares y amigos de la funcionaria realizaron movilizaciones para exigir a las autoridades celeridad en las investigaciones.

Días después, el 21 de julio de 2025, la Fiscalía de Tamaulipas comunicó la detención de un individuo relacionado con la desaparición. La institución informó que agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de J. Hidalgo “L” por el delito de Desaparición Cometida por Particulares. El detenido fue puesto a disposición de un juez de control para definir su situación jurídica.

El hallazgo y la confirmación

A finales de julio, las labores de búsqueda llevaron a las autoridades al hallazgo de un cuerpo en una fosa clandestina localizada en el ejido La Guayaba, en el municipio de Hidalgo. La Fiscalía de Tamaulipas informó en ese momento que se realizarían las pruebas de ADN y los análisis antropológicos forenses para confirmar la identidad de la persona.

Fuentes de la investigación señalaron que el cuerpo presentaba características que coincidían con las de Emma Nereyda Rivera. El 9 de agosto de 2025, la familia de la funcionaria confirmó su fallecimiento a través de un comunicado.

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Líneas de investigación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte de Emma Nereyda Rivera. Las indagatorias se han centrado en el detenido, J. Hidalgo “L.”, quien, según reportes, era el abogado de la víctima en su proceso de divorcio y con quien habría mantenido una relación.

Una de las pruebas que analiza la fiscalía es un video de una cámara de vigilancia que habría captado al sospechoso. Las autoridades también llevaron a cabo análisis de telecomunicaciones que permitieron ubicar el lugar del hallazgo del cuerpo. La investigación sigue en curso para determinar todas las responsabilidades penales en el caso.

De acuerdo con la dependencia, la Fiscalía Especializada de Control Regional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Fuerzas Armadas, obtuvo información clave que permitió ubicar un vehículo utilizado por los agresores el día del crimen. Entre los ocupantes se identificó a Jaret Roberto “H”.

En el momento de su detención, las autoridades aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles y droga. Asimismo, el análisis de su teléfono celular reveló elementos que confirman su participación directa en el homicidio y su pertenencia a “Los Metros”, brazo operativo del Cártel del Golfo vinculado al robo de combustible.

La FGR subrayó que esta facción criminal es uno de los principales responsables del huachicol fiscal en Tamaulipas, actividad ilícita que ha generado pérdidas económicas millonarias y altos niveles de violencia en la frontera.

Hernández Rojas es el primer detenido por el asesinato del fiscal, ocurrido el lunes pasado en Reynosa. La dependencia informó que será presentado este mismo viernes ante un juez federal y que continúan las investigaciones para detener a los demás implicados.

CONTEXTO

El homicidio de Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna provocó una fuerte reacción de las autoridades de seguridad y justicia, no solo por la relevancia de su cargo, sino por su papel en las investigaciones contra el crimen organizado y el robo de hidrocarburos.

La FGR reiteró que no habrá impunidad y que empleará todos los recursos legales e inteligencia disponible para desarticular la red criminal que planeó y ejecutó el ataque.

PRIMER DETENIDO POR EL HOMICIDIO

La Fiscalía identificó al detenido como Jaret Roberto Hernández Rojas, quien ya contaba con una orden de aprehensión por delitos federales y fue localizado en un centro de rehabilitación en Reynosa, donde se ocultaba para evadir a las autoridades.

En un operativo conjunto, la Fiscalía Especializada de Control Regional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Fuerzas Armadas lograron obtener información clave que permitió ubicar un vehículo usado por los agresores el día del crimen. Entre los ocupantes se identificó a Hernández Rojas.

Durante la detención se aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles y droga. El análisis del teléfono celular de Hernández Rojas reveló pruebas que confirman su participación directa en el homicidio, así como su pertenencia a “Los Metros”, brazo armado del Cártel del Golfo vinculado al robo de combustible, también conocido como huachicol.

🚨#EXCLUSIVA 🚨 El delegado de la FGR, Cuitláhuac Vásquez Reyna —asesinado en Reynosa— investigaba a Tania Contreras, electa presidenta del Poder Judicial en Tamaulipas, por posibles delitos de asociación delictuosa y tráfico de influencias. pic.twitter.com/dmTP2auvu0

— Azucena Uresti (@azucenau) August 8, 2025

En el ataque contra Vázquez Reyna, ocurrido sobre el bulevar Miguel Hidalgo, frente a la plaza Engrei, hubo disparos y habrían sido utilizadas granadas de fragmentación, según reportes de medios locales.

La propia Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas compartió un breve comunicado en el que reconoció la muerte de una persona, presumiblemente un servidor público de nivel federal.

“Se ha establecido coordinación con la Fiscalía General de la República para colaborar en las investigaciones en lo que se requiera”, informó la institución.

El gobernador Américo Villarreal condenó ayer en su cuenta de X el asesinato del delgado de la FGR y dijo que su administración está en “total disposición” para ayudar en las investigaciones.

“Desde el gobierno de Tamaulipas condenamos el crimen del delegado de la FGR en el estado. Nos solidarizamos con su familia y reiteramos nuestra total disposición para coadyuvar con la fiscalía y el gobierno de México en la búsqueda de justicia y la construcción de la paz”, escribió.

¿Qué se sabe del asesinato?

De acuerdo con los primeros reportes, supuestamente el vehículo en el que viajaba el delegado de la FGR explotó.

En tanto, elementos del Cuerpo de Bomberos municipal acudieron para sofocar las llamas, mientras la zona quedó acordonada en espera de la Policía Investigadora.

A través de redes sociales se compartieron videos que mostraban una camioneta incendiada de color negro, marca Cadillac, y un cadáver tirado sobre el pavimento, quien, según información preliminar, sería Vázquez Reyna.

Incluso, en uno de los videos se observa al funcionario federal descender del vehículo, pero falleció instantes después cuando sujetos bajaron de una camioneta color blanca y le dispararon, matándolo a quemarropa.

DOCE AÑOS DE ASEDIO

Brenda contrajo nupcias con Américo Villarreal Santiago en abril de  2011. Ella tenía 23 años, él 27. Procrearon dos hijos varones. El primero nació ese año, el segundo en 2013. El matrimonio entró en conflicto a los cuatro meses de nacido el primer bebé, cuando Brenda descubrió una supuesta infidelidad de Américo. Además, a pesar de que el hijo del gobernador ha presumido que desde los 18 años cuenta con prósperos negocios, la “pensión” que “a veces” le daba a Brenda era de ¡500 pesos por cada niño! No le alcanzaba ni para pañales. En 2013 sobrevino la separación. Ella entabló una demanda por alimentos. 

En mayo de ese año ella se mudó a Monterrey con los niños. El acuerdo judicial del divorcio, que se concretó legalmente en 2015, le daba esa prerrogativa. Cinco meses después, el 4 de octubre, Américo Jr., con la participación de sus padres, fue señalado por sustraer a los niños del domicilio donde vivían con Brenda. La ley tamaulipeca impone de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, siempre y cuando haya devolución espontánea del menor o los menores. Pero el delito se perpetró en Nuevo León, donde la pena es de 4 años de prisión e inhabilitación de la patria potestad de 4 a 10 años.

El 13 de octubre, el juez dio a Brenda la custodia provisional de los niños. Pero estos seguían en el domicilio de los abuelos, y no se los dieron. El 18 de octubre Américo Villarreal Santiago fue detenido en Tamaulipas y trasladado a Monterrey. Brenda aprovechó el momento para llevarse a sus hijos, en cumplimiento de la disposición del juez. Encargó a su madre y a su hermana que trasladaran a los niños en un vehículo, y ella los siguió en otro, minutos atrás.

Al salir del conjunto residencial, dos vehículos se le cerraron al que conducía la madre de Brenda, donde viajaban los niños, tratando de hacerle perder el control. Uno era un Jeep Liberty en el que iban dos primos de Américo Villarreal Santiago. El otro, era la camioneta ranger propiedad de Américo Villarreal Anaya, pero conducido por la esposa, María de la Luz Santiago, actual primera dama del estado de Tamaulipas. La madre de Brenda pudo sortear la presión y recuperar el control del vehículo.

Pero, todavía más adelante, sobre la carretera Victoria Monterrey, un despliegue de unas 20 unidades de la Policía Federal las aguardaban para detenerlas, ya que la fuerza pública había sido alertada sobre el secuestro de dos niños. Llegó Brenda con los abogados, y aclarados los hechos la policía se empezó a retirar. 

Pero llegó el subsecretario de Salud del gobierno del estado, Américo Villarreal Anaya, en una camioneta con los logotipos del gobierno, se instaló como encabezando el operativo, de pie sobre el asfalto, hablando com el responsable, telefoneando a la vez a a guarnición de la Policía Federal de Victoria, y como resultado retuvieron de nuevo a Brenda, su madre, su hermana, los niños.

Tiempo después, cuando la agitación bajó un poco, Brenda se mudó a un lado de la casa de Américo hijo. Tenía los niños para ella los fines de semana o se pasaban a dormir a su casa. Fue una época en la que tenía pareja, pero la relación terminó. Brenda tuvo que mudarse a otra colonia. Américo la vio desprotegida y comenzó de nuevo a tratar de impedirle ver a los niños. 

A principios de 2017 le permitieron volver a ver a sus hijos, después de 11 meses sin contacto. Les regaló a los niños teléfonos para que estuvieran en contacto con ella, los niños le enviaban mensajes, diciéndole que su papá no les permitía verla. Al final, la madre se resignó a verlos cinco minutos a la salida de sus clases de tenis o de muay thai, les daba un abrazo rápido, un beso. Eso es todo. 

Pero desde que el abuelo, Américo Villarreal Anaya, consiguió la segunda gubernatura para la familia, las cosas se complicaron para Brenda. No la dejan ver a los niños, la siguen, la vigilan, tienen todos sus dispositivos de comunicación intervenidos.

El año pasado, le pusieron un GPS en su camioneta, y cuando conducía en la misma carretera Cd. Victoria – Monterrey, la policía estatal la interceptó, le exigieron que bajara del vehículo, el cual comenzaron a golpear. Cuando pidió la razón, la bajaron, la esposaron, y la acusaron de narcotráfico. Fue incomunicada todo el día, la encerraron, cuatro días después la presentaron frente al juez. Pero los policías entraron en contradicción, además de que se presentaron discrepancias con las grabaciones.

Cuando iban a levantar los cargos,  “apareció” un amparo, lo que permitió al juez aplicarle como medida cautelar la obligación de firmar cada semana en los juzgados de Ciudad Victoria.

Hace unos meses, Américo Villarreal Santiago emprendió un juicio para quitarle a Brenda definitivamente todo derecho sobre sus hijos, ante el Juzgado 3° de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, radicado en Ciudad Victoria, por el que exige “la declaración judicial de pérdida de la patria potestad y todos los derechos inherentes a la misma” que corresponden a Brenda, además de que también demanda de ella el pago de los costos legales del juicio.

El hijo del gobernador de Tamaulipas acusa a Brenda de “abandono de obligaciones alimenticias desde 2016”. Textualmente, el señor Delegado del Bienestar de la presidenta Sheinbaum instruye al juez para “desaplique” “porciones” de la ley adversas a sus propósitos, como la parte de la legislación que admite el alegato de abandono sólo cuando “compromete la salud, la seguridad o la moralidad”.

Dicta el hijo del gobernador, en su escrito de demanda: “En el caso actual debe desaplicar el artículo 414 fracción III en la porción normativa que se indica del Código Civil para el estado de Tamaulipas”. El argumento de la demanda es que los chicos están en riesgo de ser inducidos a consumir sustancias debido a que su madre fue detenida por narcotráfico, y que incluso está en riesgo su integridad física pues pueden ser atacados “por un bando contrario” del crimen organizado o ser víctimas de “un daño colateral”.

Y ahora, Brenda ha sido notificada de una nueva demanda, esta vez, por enriquecimiento ilícito, aunque vive solamente de la renta de una casa.

AMÉRICO III

El padre de los niños en litigio es el tercer Américo de la dinastía Villarreal. Nació en 1984, tres años antes de que su abuelo, Américo Villarreal Guerra, arrancara su gubernatura en Tamaulipas (1987-93). A sus tres años, el nieto ya corría por los pasillos de Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria.

Su padre, el segundo Américo, Américo Villarreal Anaya, hizo una carrera en el ámbito de la salud pública como director hospitalario, y llegó a subsecretario del sector en la administración estatal del panista Francisco Xavier García Cabeza de Vaca. Dejó el PRI en 2017 para sumarse a Morena, partido que lo hizo senador en 2018 y gobernador en 2021, esto último tras una campaña salpicada por los escándalos del traficante de combustible Sergio Carmona, presunto operador financiero de Morena, y perseguido por el FBI debido a presuntas actividades criminales.

Villarreal Anaya conocía a Carmona a quien consideraba “cordial y amable”, según dijo al diario El Mañana de Reynosa, pero negó saber “quién era el dueño” del avión en el que viajó alguna ocasión con Yeidkol Polevsnky, entonces lideresa de Morena. 

Américo Villarreal Santiago tiene 41 años y es el primogénito del gobernador. Tiene dos hermanos, Humberto Francisco, y María. Lo mandaron a estudiar a (2004-07) a la Universidad de Monterrey (UDEM), una de las principales instituciones privadas de Nuevo León. Se tituló de administrador público en 2009, y entró directa y simultáneamente al sector privado y al público: ingresó a la dirección de ventas del consorcio Kin Energy y como secretario particular al Instituto de Cultura del estado.

Ya en 2011 se quedó de lleno en la burocracia, como Jefe del Departamento de Promoción y Relaciones Públicas del gobierno de Tamaulipas, en los gobiernos del priísta Egidio Torre Cantú, Cabeza de Vaca y en el de su propio padre. Eso dice su perfil. Otras versiones los señalan como “aviador” en instancias del sector salud del gobierno estatal, donde ha trabajado su padre.

Hasta 2024, cuando fue candidato plurinominal a senador. No resultó electo, pero en octubre de 2024 la presidenta Claudia Sheinbaum lo nombró delegado de Programas para el Desarrollo en Coahuila. Su gestión ha estado marcada por la polémica, con críticas y rechazos hasta de sus correligionarios. 

En febrero pasado, legisladores y regidores morenistas de Coahuila ―entre ellos el senador Luis Fernando Zalazar, los diputados federales Cintia Cuevas y Antonio Castro, el diputado local Antonio Attolini, y la regidora de Saltillo, Alejandra Salazar―  denunciaron que Américo Villarreal Santiago promovía su imagen y la de la senadora Cecilia Guadiana Mandujano, con quien públicamente mantiene una relación de pareja, con recursos de programas federales.

Entre los hechos que reclamaban estaba la atención médica de adultos mayores en las instalaciones de la delegación de Bienestar en Coahuila, con presencia de personal y camionetas rotuladas con propaganda de la senadora Guadiana y del diputado local Alberto Hurtado, que fue asistente del padre de la legisladora, Armando Guadiana. También, que el delegado entrega tarjetas de afiliación a beneficiarios en casas de gestión de la senadora.

Más tarde, en junio, la revista Proceso publicó una relación de 25 vuelos privados efectuados por Villarreal Santiago en menos de dos meses, del 31 de enero al 25 de  marzo, con un costo de más de un millón de pesos, a pesar de que su salario mensual es de 104 mil pesos mensuales, según la plataforma Nómina Transparente.

El funcionario respondió que usaba el avión “por puras cuestiones de chamba” y que lo sufragaba con recursos propios, pues contaba desde los 18 años con ingresos de sus negocios, principalmente en la ganadería y la agricultura. La presidenta Sheinbaum respaldó la versión de Villarreal en una de sus conferencias: “Pueden tener la certeza de que (…) no son dinero público, y en caso de que ésto se hiciera, lo tiene que investigar la Secretaría Anticorrupción”. Pero nadie va a investigar contra la certeza presidencial.

Es con lo que Brenda se ha enfrentado los últimos 12 años, y aún lo enfrenta. Con todas las relaciones heredadas de la primera gubernatura de la familia, y las de la actual, en un contexto de derrumbe del estado de derecho, en una era donde no importa si las gubernaturas se obtienen con relaciones cuestionables, y se ejercen sin límites, donde un mandatario estatal puede mandar a un fiscal, a pesar de que formalmente este sea independiente, y a todos los ministerio públicos y policías.