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Conagua halla casi 59 mil inconsistencias en concesiones; propone endurecer sanciones

Por: Draco Dracul on miércoles, septiembre 24, 2025 / Comentarios: 0 ,

El próximo lunes, la Conagua y Claudia Sheinbaum presentarán dos reformas para, por un lado, fortalecer la autoridad del Estado sobre el agua, y, por otro, para endurecer las sanciones. También se confirmó que ya fue demolida la presa ilegal en el rancho de César Duarte.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reveló este miércoles que, durante el proceso de reordenamiento de las concesiones de agua en el país, ha hallado hasta ahora casi 59 mil irregularidades. Por ello, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la próxima semana se presentarán dos reformas para endurecer las sanciones a quienes violen la ley y frenar el mercado negro del agua que ha florecido en zonas de escasez.
"Encontramos 58 mil 938 inconsistencias. Las más recurrentes: concesiones sin fecha de vigencia; presunta falsificación de títulos; uso diferente a la actividad concesionada; coordenadas de ubicación; y otros", dijo Mauricio Rodríguez, el Subdirector general de Administración de Agua del Gobierno federal, en la conferencia matutina de la Presidenta Sheinbaum.
"Hemos encontrado tres bases de datos incompatibles entre sí, con registros duplicados, datos incompletos. Eso trajo como consecuencia un rezago, había 145 mil trámites rezagados. Nos planteamos la revisión de los 536 mil títulos que existen: hemos revisado 482 mil 014, que representa un 90 por ciento de avance", añadió.


Entre las inconsistencias más recurrentes están los títulos con ubicaciones inexactas. La Conagua halló 18 mil 753 títulos; con estas irregularidades. "Encontramos coordenadas en el mar, en otros estados, en otros países. Una concesión para el municipio de Oaxaca, por ejemplo, marcaba las costas de Tailandia como ubicación", explicó el funcionario.
Se hallaron 197 concesiones con registro de uso público urbano utilizado por particulares; 272 títulos de uso agrícola aprovechados para otros fines. Como estas concesiones no pagan agua, la Conagua encontró que estos títulos son usados por complejos industriales en Jalisco, clubs de golf en San Luis Potosí, balnearios y venta de pipas, por ejemplo en Texcoco. "Son lugares que llegan a surtir 200 pipas al día en zonas donde hay necesidad", explicó Rodríguez.
La Conagua halló asimismo 29 mil 539 casos de falta de certeza en fecha de vencimiento. Hay títulos cuya vigencia empieza al día siguiente de ser notificados, "pero no hay constancia ni en el expediente ni en el respaldo del titulo de cuando se notificó". Se revisa si se integró mal el expediente y si no es así deslindar responsabilidades, añadió.

Sobre la presunta falsificación de títulos, Conagua encontró que un mismo número de título tenía dos usuarios. "Podemos ver el caso, son hasta municipios distintos", dijo Rodríguez en la "mañanera" de la Presidenta Sheinbaum. "El falso no tiene la cadena de custodia. ¿Dónde se falsifican títulos? Específicamente donde los acuíferos son deficitarios, donde no hay agua, sobre todo el centro y norte del país", detalló.


A partir de ello, la Conagua realiza el Programa de inspección que tiene dos detonantes: las inconsistencias encontradas, por las que se realizan visitas de verificación y de inspección; y un portal de denuncias para que los ciudadanos puedan alertar a las autoridades de la venta de agua irregular y el aprovechamiento o acaparamiento del agua. Se han realizado hasta ahora 3 mil 912 visitas y 490 clausuras y suspensiones, informó Rodríguez.

Conagua prepara reformas contra mercado negro

Efraín Morales, director de la Conagua, dio a conocer que, gracias al Acuerdo Nacional firmado en noviembre, donde hubo la disposición de devolver a las aguas nacionales de manera voluntaria las concesiones que no se estaban utilizando, se han desprivatizado más de 4 mil 475 millones de metros cúbicos, equivalente a cuatro años de suministro de agua para la Ciudad de México.
Además, presumió un aumento en la recaudación gracias al reordenamiento de las concesiones: eso, destacó Morales, ha generado que personas que no pagaban se regularicen y empiecen a pagar. La recaudación subió un 15 por ciento entre agosto de 2024 y el mes pasado, o unos 2 mil 938 millones de pesos más.
Pero la Conagua aceptó que, debido a las reformas del periodo neoliberal, que le dio al agua el carácter de mercancía, hay un problema de acaparamiento, sobreconcesionamiento, deterioro de infraestructura y reparto desigual. Por ello, el próximo lunes se presentarán dos reformas para enfrentar esta situación.


Primero, vendrá un decreto para regular títulos de concesión vencidos, sobre todo a pequeños y medianos productores agrícolas, que a partir de ello podrán acceder a créditos, subsidios y programas.

Luego, vendrá una reforma a la Ley de Aguas Nacionales. "Nos va a permitir fortalecer las facultades de la autoridad del agua. Entre los cambios relevantes: se regula el esquema de transmisiones: para que no se tenga tratos entre particulares, sino que sea la autoridad la que rija el proceso de transiciones", indicó Morales.
Y es que actualmente se permiten las transmisiones de concesiones entre particulares, donde prácticamente pueden vender sus títulos de concesión de una a otra persona solamente dándole aviso a la autoridad. Esto, de manera conjunta con el proceso de sobreconcesionamiento en varias regiones del país, ha generado un mercado negro del agua, advirtió la Conagua.
Por ello, la reforma incluirá un nuevo capítulo de delitos hídrico. "Las sanciones actuales no inhiben las conductas, se clausura un espacioo o infraestrutura y con el paso del tiempo se pagan las sanciones, porque es muy económico, y se vuelven a instalar estos negocios que son un abuso. Incluso se puede llegar a la extinción de dominio con la reforma", adelantó el titular de la dependencia.


La idea es "regular el acaparamiento". "Hay gente que tiene cuatro o cinco títulos, que espera a que se instalen empresas para vendérselas, gente que tiene pozos en casa y se dedican a lucrar con la necesidad de la gente, surten con pipas a diario", explicó.
Por su parte, la Presidenta Sheinbaum precisó que "fue en la época de [Carlos] Salinas, en el inicio del periodo neoliberal. Se cambia esa ley para transmitir entre privados. Hay casos de quien tiene una concesión de riego que no paga nada y la vende a otro particular. ¿Ya no usas concesión? Ahora la reforma dice que se la regresas al Estado. Es poner orden, que sea el Estado quien regule, es el más importante de las modificaciones, y lo otro ya son las sanciones. el lunes se entregan las dos", indicó Sheinbaum.
La otra propuesta es una Ley General de Agua, para reglamentar el derecho humano y no clasificarla como una mercancía . La finalidad es establecer competencias de los tres niveles de Gobierno, "que sea muy clara", subrayó Sheinbaum.

Presa ilegal del rancho de César Duarte ya fue demolida

Una presa que se construyó de manera ilegal en un rancho perteneciente al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y que acaparaba el agua en una región de escasez, ya fue demolida, lo que permitió el rescate de cerca de 700 mil metros cúbicos de agua.


"Se agotaron todas las instancias jurídicas y tuvo como consecuencia de la demolición de una presa principal y cinco represas. Esa parte del río se encuentra completamente liberada, es un proceso que se encuentra totalmente concluido", dijo el titular de la Conagua.
"Quedó demostrado que fue un hecho ilegal, que se realizó al amparo del poder público y político, y representaba un abuso para los ciudadanos de Chihuahua. Se trata de hacer justicia, eso fue lo que se hizo", añadió Morales.
El caso sobre la presa construida por César Duarte en el rancho "El Saucito" salió a la luz en mayo de este 2025, cuando la Conagua reveló que el Gobierno de México recuperó alrededor de 700 mil metros cúbicos de agua almacenados de manera ilegal en dicho lugar.

Efraín Morales detalló en ese entonces que la recuperación del agua se logró tras la demolición de una presa ilegal y el aseguramiento de pozos que fueron construidos irregularmente durante la Administración de Duarte, quien gobernó Chihuahua de 2010 a 2016 y que actualmente enfrenta un proceso legal tras ser acusado de desviar 120 millones de pesos en el año 2017.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El ojo que vio a los 43: el ejército

Por: Draco Dracul on miércoles, septiembre 24, 2025 / Comentarios: 0 ,

En la protesta frente al campo militar 35-C, antes 27 batallón de infantería de Iguala, las madres y padres de los 43 señalaron que son 11 años de la desaparición forzada de los normalistas, “buscando que el gobierno nos dé verdad y justicia, pero lo que encontramos fueron a los perpetradores directos de la desaparición de nuestros hijos: el ejército,  causantes de muchas desapariciones en el país”.

Familiares y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) llegaron al filo de las 12 del día en las puertas de donde fuera el 27 batallón de infantería cuando fueron desaparecidos los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Las vallas alambradas estaban colocadas para contener las acciones de fuerza de los normalistas. Las madres y padres se formaron en abanico con los rostros de sus hijos, dando la espalda a las instalaciones castrenses.

Melitón Ortega, tío del estudiante desaparecido Mauricio Ortega Valerio, arrancó con la falta de esclarecimiento en el caso Ayotzinapa y las evidencias que se han ocultado. Las autoridades federales no investigan y han dejado que muchos de los autores intelectuales y materiales sigan libres. Lo más cruento es “la angustia, la tristeza y el dolor de las madres y padres en estos días porque falta un hijo, un sobrino, un padre y un tío. Es lamentable que las autoridades han inventado una y otra forma de engañar a las familias. Las madres formadas en el 27 batallón de Iguala están porque el ejército no ha brindado la información”.

El tío del estudiante Mauricio explicó que a pesar del esfuerzo institucional del gobierno de  Andrés Manuel López Obrador que giró oficios al ejército para que abriera los archivos que pueden dilucidar el paradero de los 43 normalistas, siempre mantuvo una postura negativa. Se emitió un decreto para que todas las instituciones de seguridad brindaran cualquier información que tuvieran sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014, ninguna presentó evidencias y los militares con mayor hermetismo.

Además, la molestia de las familias es que con la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se encontró evidencia de que el ejército interceptó una llamada telefónica en la que se informaba que un grupo de 17 estudiantes fueron llevados a barandilla municipal de Iguala.

Lo insólito es que la institución castrense se ha negado a entregar 800 folios que podrían tener información acerca del paradero de los jóvenes. El mismo gobierno de Claudia Sheinbaum no ha podido romper el muro militar. “No es posible que esta institución militar goce de privilegios. Cómo vamos a creer en una institución podrida cuando día con día estamos viendo que los militares y la Marina están coludidos con la delincuencia organizada. Los mandos militares que fueron detenidos fueron liberados, pero deben estar en la cárcel”, reclamó don Melitón.

El abogado de las madres y padres, Isidoro Vicario, abundó en que la línea de investigación de un grupo de estudiantes, que de acuerdo con testimonios de un detenido, fueron ingresados al 27 batallón de infantería. Los militares monitorearon en tiempo real la agresión a los normalistas sin que actuaran para protegerlos. Desde los primeros días las madres y padres exigieron que se investigara el ejército porque permitió la desaparición de sus hijos y nunca los apoyó. “Hoy sabemos que el ejército no sólo tiene una responsabilidad por actos de omisiones, más bien, el grupo de expertos evidenció su participación directa en aquella noche del 26 de septiembre”.

Después de años se sabe que el ejército tenía infiltrado al menos uno de sus elementos en la normal de Ayotzinapa, incluso desde 2010. Monitorearon paso a paso los movimientos de los estudiantes desde su salida y durante el crimen.  Después de la agresión se encargaron de ocultar la información. Es una práctica que tienen los militares por las innumerables desapariciones desde la década de 1960 hasta 1990. Ayotzinapa evidencía que hay una continuidad de las graves violaciones a los derechos humanos que ha cometido el ejército.

El inclemente color azotaba en el asfalto. Las pintas de los 43 o 26 de septiembre no se olvida en los muros del poder militar quedaban plasmadas al momento en que don Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, hablaba de que a 11 años han estado buscando que el gobierno les dé verdad y justicia. Fue un crimen de Estado porque se coordinaron las fuerzas policiacas, pero la mente maestra del “crimen de lesa humanidad” fue del ejército.

El padre de familia denunció que el ex secretario de seguridad, Salvador Cienfuegos, negó conocer los hechos. “Cómo es posible que esa noche, habiendo una agresión con armamento de grueso calibre, el ejército permaneciera quieto. Era cómplice de esa desaparición y agresión de nuestros jóvenes porque tenía un joven infiltrado como normalista, un soldado de inteligencia. Había un propósito de la Sedena, desde ahí se ordenó todo”.

Las madres y padres exigen que los militares entreguen los 800 folios. La impotencia cincela el alma porque cada gobierno que entra propone nuevas líneas de investigación. “Hoy nos proponen líneas científicas, pero sólo nos ha dejado estancados. En este país la máxima institución defensora de derechos humanos no funciona. Si funcionara estaría exigiendo el avance y castigo a los responsables por administrar esta investigación que a 11 años no hemos encontrado verdad y justicia”, denuncia don Emiliano.

El mitin terminó con la intervención de un normalista. Las madres y padres poco a poco se fueron retirando. Las consignas quedaron como eco rebotando desde la puerta a los muros del campo militar de ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos! Con el rostro cubierto una comisión de normalistas empezaron a arrojar petardos a las instalaciones del ejército. Dejaron en llamas un carro cerca del portón verde. Los militares no pueden seguir negando más información en un país democrático, pero en la historia han quedando como los principales perpetradores de violaciones graves a derechos humanos.

Las madres y padres dijeron que van a seguir luchando hasta que den con el paradero de sus hijos. Don Emiliano afirmó la “poca humanidad que tiene el gobierno que prefiere proteger a los responsables y no dar verdad y justicia. Nos ven pobres, que nos cansaremos y nos iremos a nuestras casas, pero no importa si morimos en el camino de la lucha con tal de volver abrazar a nuestros hijos”.

FUENTE: TLACHINOLLAN
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Inflación sube a 3.74% en 1era mitad de septiembre 2025; liga tres quincenas al alza

Por: Draco Dracul on miércoles, septiembre 24, 2025 / Comentarios: 0 ,

La inflación anual en México registró un avance 3.74 por ciento durante la primera mitad de septiembre de 2025, con lo que ligaría tres quincenas al alza, según revelaron los datos publicados, el día 24 del mismo mes y año, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo, en la primera quincena del noveno mes de 2025, un aumento de 0.18 por ciento respecto al periodo inmediato anterior, la tasa más alta para dicho periodo, desde septiembre de 2023.

Los bienes y servicios cuyos precios tuvieron más incidencia al alza en la inflación, en la primera mitad de septiembre de 2025, fueron: las colegiaturas de primaria, con un aumento quincenal de 5.75%; preescolar, 5.89%; secundaria, 5.48%; preparatoria, 2.71%; y Universidad, 1.63%; así como el pollo, 0.50%; carne de res, 0.43%; loncherías, fondas, torterías y taquerías 0.2%; y vivienda propia, 0.11 por ciento.

Por el contrario, entre los genéricos cuyos precios más influyeron a la baja de la inflación, durante la primera quincena de septiembre de 2025, se encontraron: los servicios profesionales con una contracción quincenal de 15.31%; el aguacate, -5.94%; papa y otros tubérculos, -4.29%; naranja, -4.66%; lechuga y col, -5.01%; transporte aéreo, -3.37%; tequila, -2.8%; jitomate, -1.4%; gas doméstico LP, -052%; y huevo, -0.66 por ciento.

El índice de precios subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles, observó un crecimiento en la primera mitad del noveno mes del año de 0.22% y anual de 4.26%, cifra ligeramente mayor al 4.25 por ciento observado en la quincena previa. A su interior, los precios de las mercancías se incrementaron 4.19% y los de servicios, 4.32%, ambos respecto al mismo periodo del año anterior.

El índice de precios no subyacente subió 0.48% durante la primera quincena de septiembre, con lo que su alza anual fue de 2.01% contra el aumento de 1.66%, observado en el periodo inmediato anterior. Dentro del mismo indicador, los precios de los productos agropecuarios crecieron 2.96% a tasa anual, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 1.23 por ciento.

Por último, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo, que evalúa los precios de 176 productos y servicios que la conforman, tuvo, durante la primera mitad del noveno mes de 2025, una variación quincenal de 0.24 por ciento y un aumento anual de 3.71 por ciento.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

México exige a EU explicar cómo murió un paisano bajo custodia del ICE en California

Por: Draco Dracul on miércoles, septiembre 24, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

México dio a conocer hoy que mandó una nota diplomática a Estados Unidos por la muerte de Ismael Ayala-Uribe bajo custodia del ICE en California.

El Gobierno de México reveló este miércoles que envió una nota diplomática a Estados Unidos (EU) para exigir la investigación exhaustiva por la muerte de un connacional en un hospital de California, luego de haber sido detenido durante una redada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó en conferencia de prensa que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregó el documento a las autoridades estadounidenses, en el que solicitó sancionar a quienes pudieran haber incurrido en violaciones a los derechos humanos y aclarar los hechos.
“Ayer falleció un mexicano en Estados Unidos, en un hospital, presuntamente producto de una detención. Ayer se envió una nota diplomática solicitando que se hagan todas las investigaciones y que si hay alguna responsabilidad de violación a los derechos humanos sea sancionada”, informó desde Palacio Nacional.


El mexicano fue identificado como Ismael Ayala-Uribe, de 39 años, quien murió en el Víctor Valley Global Medical Center, en California, mientras permanecía bajo custodia del ICE. La noticia fue confirmada por la propia agencia migratoria a través de un comunicado oficial.

Tras los hechos, la Jefa del Ejecutivo explicó que la muerte ocurrió después de la detención, por lo que aseguró que su Gobierno dará seguimiento puntual al caso, manteniendo comunicación con la Administración de Donald Trumo para conocer los avances de la investigación.

“No estamos de acuerdo con criminalizar la migración y menos con quienes llegan a Estados Unidos buscando una mejor vida para poder ayudar a sus familias. No estamos de acuerdo con esta forma en que se les está tratando, ni tampoco con las redadas que se han estado llevando a cabo, que además provocan miedo y zozobra en las mexicanas y mexicanos que viven allá”, indicó la mandataria.

Sheinbaum también destacó que, durante la visita de Marco Rubio, Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, le reiteró de manera personal la postura de México frente a la política de redadas y detenciones que afectan a la comunidad migrante.

En ese sentido, la mandataria subrayó que se han reforzado los servicios de atención en los consulados mexicanos en el país vecino, los cuales cuentan con líneas telefónicas disponibles las 24 horas y asesoría legal inmediata para quienes lo necesiten.

ICE narra detención de mexicano

Ayala-Uribe fue arrestado el 17 de agosto por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante un operativo y cinco días después fue transferido al Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto.


El 21 de septiembre, el mexicano fue enviado al centro médico para una evaluación exhaustiva de un absceso en el glúteo, tras lo cual se programó una cirugía para tratarlo.

De acuerdo con ICE, el inmigrante mexicano también presentaba hipertensión y una taquicardia anormal.

“A las 01:48 horas, el Centro Médico Global Víctor Valley declaró a Ayala inconsciente e inició medidas para salvarle la vida. El personal médico lo declaró fallecido a las 02:32 horas“, informó ICE en su comunicado.

La causa del fallecimiento no ha sido revelada por las autoridades federales, caso que se mantiene bajo investigación.

ICE dijo que Ayala ingresó a Estados Unidos en fecha y lugar desconocidos. El mexicano solicitó y recibió la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en 2012.

Ayala fue declarado culpable de conducir bajo la influencia (DUI) el 23 de septiembre de 2015 en el Tribunal Superior de California en el condado de Orange y sentenciado a tres años de libertad condicional.

En 2016, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) denegó su solicitud de renovación de DACA.

El mexicano fue declarado culpable de un segundo caso de DUI el 12 de junio de 2019 en el Tribunal Superior de Orange y se le sentenció a 120 días de cárcel y cinco años de libertad condicional.

Procesos judiciales contra ICE

La agencia federal de inmigración enfrenta varios procesos judiciales por una falta de atención médica necesaria para las personas que permanecen bajo su custodia.

Durante la pandemia de COVID-19, el Centro de Detención de ICE en Adelanto fue prácticamente desocupado después de una orden de un juez federal para liberar a los inmigrantes arrestados debido a las condiciones insalubres.


El fallecimiento de Ayala-Uribe se une al del hondureño Santos Reyes-Banegas, de 42 años, quien murió en el Centro Correccional del condado de Nassau, en East Meadow, al este de Nueva York, por una presunta falla del hígado.

Reyes-Banegas falleció el 18 de septiembre, unas 18 horas después de ingresar al centro de detención, donde, por protocolo, tuvo que pasar por una evaluación médica, que lo declaró admisible el día anterior, según ICE.

La muerte de Ayala-Uribe se suma a los 16 fallecimientos de inmigrantes que han sido reconocidos por ICE de forma oficial en lo que va del año fiscal 2025, que comenzó en octubre de 2024, con los que superan las 12 muertes registradas durante el año fiscal anterior.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Investigan el ataque a nieta de Rocha Moya; apunta a robo de auto, dice CSP

Por: Draco Dracul on miércoles, septiembre 24, 2025 / Comentarios: 0 , ,

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que la camioneta donde viajaba su nieta fue atacada a balazos el martes; la hipótesis principal es un intento de robo, dijo Sheinbaum, pero no descartan ninguna teoría.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo esta mañana que el robo del vehículo es la hipótesis principal en la investigación del ataque a tiros de un comando contra la camioneta donde viajaba la nieta del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, episodio en el que resultaron heridos dos de sus escoltas.
"Estuvo el Gabinete justo en Culiacán, van a ir cada 15 días y lo están haciendo. Ya estaban aquí cuando ocurrió esta lamentabilísima situación, esta agresión. Se está investigando la causa, parece que la causa fue el robo del vehículo. No necesariamente está vinculada con la familia, pero de todas maneras se hacen todas las investigaciones", explicó Sheinbaum en su conferencia de prensa de este miércoles.
"Iba manejando un escolta y había otra persona en el vehículo. Hubo agresión contra estas personas, hasta ahora lo que se mencionó en el Gabinete es que parece ser robo de la camioneta. De todas maneras no se descarta ninguna hipótesis y la Fiscalía tiene que hacer todas las investigaciones con el apoyo del Gabinete de Seguridad", reiteró la mandataria.
De acuerdo con las autoridades locales en Sinaloa, la unidad era resguardada por dos escoltas adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, quienes recibieron varios impactos de bala y fueron trasladados de inmediato a hospitales cercanos de la entidad, donde permanecen bajo atención médica.

El Gobernador detalló que la agresión se derivó de un intento de despojo de la camioneta en la que viajaba su familiar y los elementos de seguridad, por lo que mantiene coordinación con las fuerzas federales para hacer frente a los hechos de violencia en la región.
"[Sobre] la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía, escribió el mandatario local en X, antes Twitter.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa precisó en un comunicado que los elementos heridos pertenecen a la Dirección de Servicios de Protección. Asimismo, detalló que uno de ellos, identificado como José “N”, se encuentra en estado grave, mientras que su compañera resultó sólo con heridas leves tras el ataque.
"Los elementos lesionados ya reciben atención médica", indicó la dependencia ante los hechos. En la agresión también resultó afectado un autobús de pasajeros que transitaba por la zona, el cual recibió varios disparos en la unidad. A pesar de los daños, las autoridades confirmaron que los pasajeros del camión se encuentran a salvo.
A raíz de los hechos, fuerzas del Grupo Interinstitucional —integrado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Estatal Preventiva— desplegaron un operativo de seguridad en el área para controlar la situación y preservar el orden.

Durante las labores, las autoridades localizaron decenas de casquillos percutidos de diferentes calibres esparcidos en el asfalto, los cuales fueron asegurados como evidencia. Con ello, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer el incidente y dar con los presuntos responsables.

Este nuevo acto de violencia ocurre en medio de la visita del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien encabezó en Culiacán la sesión del Gabinete de Seguridad realizada en la Base Aérea Militar Número 10.

El ataque se suma a los recientes enfrentamientos registrados en distintas zonas de Sinaloa, los cuales se han intensificado desde septiembre de 2024 a raíz de la disputa entre las facciones conocidas como “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, pertenecientes al Cártel de Sinaloa.

El robo de autos se dispara en los últimos meses en Sinaloa

De acuerdo con las cifras oficiales de la Fiscalía General del estado de Sinaloa, el robo de autos ha explotado sobre todo en los últimos 12 meses. En el primer semestre de 2024 se registraban entre 200 y 250 robos de vehículos al mes, un delito que no suele tener una cifra negra elevada.
Pero a partir de septiembre de 2024 los casos explotaron: pasaron a casi 600 mensuales. En febrero de 2025, la cifra más baja del año, se registraron 561 robos de vehículos. Pero en mayo pasado hubo hasta 694 casos. El promedio de robos por mes este año es de 581.
En los primeros ocho meses del año, se han registrado 4 mil 648 casos de robos de vehículo, ya por encima de todo el 2024, cuando se registraron 4 mil 018 casos en los 12 meses de 2024. Las cifras de este año no se veían desde el periodo 2017-2018.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Proyecto de presupuesto educativo 2026 omite prioridades y castiga formación docente: Mexicanos Primero

Por: Draco Dracul on miércoles, septiembre 24, 2025 / Comentarios: 0 , ,

En su análisis, Mexicanos Primero dice que el proyecto presupuestal de Sheinbaum “muestra una desconexión entre los objetivos que el PSE se propone lograr y los recursos previstos para hacerlo en el PPEF”.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2026 en materia educativa omite entre sus prioridades el aprendizaje de niños y jóvenes y castiga, “de nueva cuenta”, la formación continua de maestros, a quienes destina menos de 100 pesos anuales por docente, según la organización civil Mexicanos Primero. 

En un análisis hecho al ramo de educación del paquete económico que la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, la organización encontró que “mientras más de un millón de docentes requieren actualizarse para hacer frente a las nuevas demandas curriculares de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), en 2026 el proyecto de presupuesto destina 91.50 pesos anuales por docente para su formación continua”.

Y calcula: “Con este presupuesto, solo cuatro de cada 100 maestras y maestros podrían tener acceso a opciones de formación para fortalecer su desempeño dentro de los nuevos programas de la NEM, o en materia de tecnologías digitales, que avanzan aceleradamente”. 

Además, según Mexicanos Primero, dicho paquete de quien ha dicho que quiere ser recordada como “la presidenta de la educación”, revela un “aumento marginal” al presupuesto educativo del 2.1% respecto a 2025 y del 1.9% comparado con el de 2024, en términos reales; es decir, en pesos constantes 2024. 

En un comunicado, agregó que el El PPEF 2026 propone 1.2 billones de pesos para educación, cuyo peso dentro del Gasto Programable Federal baja de 16.9% (2025) a 16.62% (2026) y acusa: “el monto crece, pero la ‘rebanada del pastel’ federal es más pequeña”. 

También señala que “la mayor parte de los recursos se destina a becas, salarios y programas de mejora de infraestructura como La Escuela es Nuestra (LEEN)”, en tanto que “no se prevén recursos para estrategias que incidan directamente en el logro de aprendizajes de niñas, niños y adolescentes, incluidas en el Programa Sectorial de Educación 2025-2030 (PSE)”.

Mucha estrategia, poco financiamiento

El análisis de Mexicanos Primero revela que solo 48% de las estrategias de los seis objetivos del Programa Sectorial de Educación 2025-2030 (PSE) tienen financiamiento, “lo que pone en riesgo su cumplimiento”.  

Entre ellos: aumentar la oferta educativa, garantizar el ingreso y permanencia en todos los niveles, fortalecer el papel de los docentes como agentes de cambio en la transformación educativa y mejorar los entornos escolares para favorecer el aprendizaje. 

Peor aún, de las 33 estrategias incluidas en el PSE, “solo se asigna presupuesto a 16; no se consideró presupuesto para las 17 restantes”, en tanto que el gasto corriente se concentra en nómina docente, becas e infraestructura”.  

Según la organización civil, la propuesta de Sheinbaum Pardo “no asigna recursos a estrategias dirigidas específicamente a fortalecer el aprendizaje de las y los estudiantes y a evaluar sus resultados, o bien, para aquellas que inciden de forma indirecta, el presupuesto previsto es insuficiente”.  

De ser aprobada, advierte, “estrategias como la formación continua de los docentes, el acompañamiento pedagógico y la evaluación como herramienta indispensable para tomar decisiones de mejora de los aprendizajes fundamentales de comprensión lectora y el razonamiento matemático en los primeros años de primaria, carecerían de los recursos necesarios”.

LEEN, insuficiente

Mexicanos Primero reconoce en su análisis que la propuesta asigna “una parte importante” del presupuesto a la infraestructura educativa”, ésta “es insuficiente para cubrir las necesidades de mejora de los espacios escolares”. 

De hecho, afirma que los recursos federales destinados a la infraestructura educativa muestran “una tendencia de estancamiento” en los últimos años. En el caso de La Escuela es Nuestra (LEEN), detalla, “el gasto alcanzó su punto máximo en 2023 con 27 mil 600 millones de pesos, para después descender a 23 mil 400 millones”.  

En el 2025 fueron 23 mil 800 millones de pesos, pero debido a que en ese se incorporó la atención a planteles de educación media superior, los recursos se dividieron: 15 mil 200 millones para educación básica y ocho mil 600 millones para media superior. Lo malo es que en el Proyecto de Presupuesto 2026, “los montos se mantienen prácticamente en el mismo nivel”.  

Las cifras anteriores, destaca, muestran en general “que no se ha asegurado un financiamiento sostenido y equitativo para infraestructura educativa. Cuando las escuelas carecen de lo básico, no es posible garantizar el derecho a aprender”. 

Peor: el PSE incluye el objetivo de promover ambientes escolares “inclusivos, sanos y seguros”, y garantizar el derecho a la cultura física y al deporte. Sin embargo, esas estrategias solo tienen 0.45% y 0.22% del presupuesto; “prácticamente los dejaron sin recursos”, afirma la organización.

Prioridades vs derechos

En su análisis, Mexicanos Primero dice que el proyecto presupuestal de Sheinbaum “muestra una desconexión entre los objetivos que el PSE se propone lograr y los recursos previstos para hacerlo en el PPEF”. 

Por eso, advierte: “la falta de recursos compromete el cumplimiento de los objetivos del PSE y limita las oportunidades de desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”. 

Entonces, llama a los legisladores a destinar recursos “crecientes para todos los objetivos y estrategias; de lo contrario se limita la capacidad de lograr un impacto real”. 

La conclusión, insiste, es que “la inversión educativa no orienta al sistema hacia la garantía del derecho a aprender. La prioridad de acrecentar el número de becas no corresponde a un aumento real de la inversión educativa”. 

Y alerta: “sin un vínculo sistemático con trayectorias educativas y logros de aprendizaje, se desatienden instrumentos esenciales para enseñar y aprender mejor y se limita el impacto a nivel del sistema educativo. A su vez, la revalorización docente se queda en promesa”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Hospitales en la mira: la violencia entró a las salas de Urgencias en Culiacán

Por: Draco Dracul on martes, septiembre 23, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

Los ataques armados contra el Hospital Civil y el nuevo Hospital General de Culiacán evidencian que la guerra del narco se extendió a las salas donde debería preservarse la vida. La ciudad vive entre retenes militares, rumores de sicarios disfrazados de médicos y un miedo que se instala en las salas de espera de Urgencias.

—Hijo, vente para el hospital. Asesinaron a tu papá. Lo mataron.

Carlos Alberto, de 38 años, baja la mirada hacia el suelo.

Con voz apagada recuerda que esa frase lapidaria de su madre es lo poco que conserva con claridad de la llamada en la que le anunció que su padre, Rubén Céspedes, un comerciante de frutas y verduras de 61 años que se vestía de payaso para ir a las rancherías pobres a enseñar a los niños la palabra de Dios, se había convertido en una de las más de 2 mil víctimas que suma la guerra interna en el Cártel de Sinaloa.

Eran las 21:00 horas del viernes 29 de agosto cuando recibió la llamada. Mientras trabaja en su pequeño local de pollos rostizados, Carlos relata que ese día su tío abuelo estaba internado en el Hospital Civil por una afección, y que sus padres habían ido a visitarlo. Tras pasar un rato con él, salieron a tomar el aire y se sentaron en una banca de piedra de color verde, afuera del área de Urgencias.

Su madre, cansada, se recostó en la banca.

Minutos después, a eso de las 19 horas, un vehículo avanzó por la Avenida Álvaro Obregón, en la colonia Tierra Blanca, a un kilómetro escaso de la Catedral y el centro histórico, una de las zonas más vigiladas de la ciudad, con cámaras, policías y soldados. El coche se detuvo frente a los arcos blancos del hospital y, desde las ventanillas, brotaron ráfagas de plomo. Los disparos destrozaron dos autos estacionados y dejaron decenas de impactos en la fachada. Rubén no tuvo la suerte de su esposa: primero fue gravemente herido y poco después murió junto a otros dos hombres y una mujer que conversaban en los soportales. Otras dos mujeres, una de ellas una menor de 13 años, quedaron lesionadas.

—Justo le iba a mandar un mensaje a mi padre para ver cómo estaba, cuando me marcó mi mamá en estado de shock. Me repetía… ‘asesinaron a tu papá’. Mi esposa me vio y me preguntó: ‘¿Qué tienes?’. Me cambió el color de la piel. Me puse pálido, amarillo.

El ataque en el Hospital Civil ocurrió apenas unas horas antes de otros atentados contra hospitales de la capital. En una clínica privada del centro, sicarios entraron y asesinaron a balazos a un paciente de 20 años. Y en el nuevo Hospital General –el nosocomio público más grande e importante de la capital– dos hombres disfrazados de personal médico burlaron los filtros de seguridad y asesinaron a un joven de 21 años internado por una herida de bala. Como en las series de narcos, fueron a rematarlo. Luego huyeron con todo y disfraz.

Por la cercanía de los hechos, analistas sospechan que se trató de ‘ajustes de cuentas’ entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa: los ‘mayitos’ y los ‘chapitos’, bandos criminales enfrentados tras la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Desde hace un año, con esa fractura como punto de partida, han convertido la capital y los municipios de alrededor en su campo de batalla. El saldo hasta ahora: más de 2 mil asesinatos, otros 2 mil desaparecidos oficiales y un daño emocional incalculable en una población que ha visto cómo la muerte alcanzó incluso los pasillos donde debería preservarse la vida: los hospitales.

La fe y la resignación

Son las 17:30 horas del 11 de septiembre. No han pasado ni 15 días del asesinato de su padre y de otras tres personas en el hospital. Carlos, que raspa con una espátula los restos de grasa incrustados en la parrilla de su local de pollos, dice que está dolido, pero tranquilo. Cristianamente resignado.

—Fue injusto que mataran así a mi papá. Él ni la debía ni la temía —afirma mientras se alza la visera de la gorra negra y se enjuga el sudor con el dorso de la mano izquierda. El termómetro marcó más de 35 grados en Culiacán durante todo el día, amplificados por el carbón al rojo vivo de la parrilla.

—Tal vez esas gentes pensaron que todos los que estaban fuera del hospital eran familiares de personas malas que podían estar internadas también —encoge los hombros—. Parece que ahora la delincuencia hace eso: ir a los hospitales a rematar a la gente. Pero mi padre no tenía nada qué ver con el narco. Nada.

Tras la sentencia, el hombre vuelve a acomodarse la gorra. Por la calle contigua pasa un convoy de militares, a los que ve de soslayo. Abre la nevera azul sobre la mesa frente a la parrilla y saca las tortillas sobrantes de la jornada, ya retorcidas y duras. Aunque entre sus clientes suelen estar los más de 6 mil soldados que patrullan la ciudad, hoy no fue un gran día de ventas. Como no lo es casi ninguno desde que estalló la crisis de violencia en Culiacán.

Además de llenar las calles de balaceras, muertos y desaparecidos, la guerra alteró la vida cotidiana: cambió los horarios de salida, y forzó a muchos a cerrar sus negocios, o a cerrarlos mucho más temprano. Carlos lo hace. Prefiere evitar problemas con los criminales, quienes ya intentaron extorsionarlo.

Un día –hace una pausa en la narración del suceso en el hospital– llegaron a su local en la colonia Aquiles Serdán y le ordenaron que les diera “internet y luz” para instalar una cámara clandestina en la entrada. No pudo negarse. La cámara permaneció ahí un tiempo hasta que fue retirada en un operativo policial. Hasta el 17 de septiembre, la Secretaría estatal de Seguridad reportaba 2 mil 619 cámaras decomisadas, conectadas a comercios y viviendas de la ciudad, como la pollería de Carlos. Así es como los grupos criminales controlan y espían los movimientos de los rivales, ciudadanos y fuerzas de seguridad.

—Mi papá no tenía que haber estado en el hospital en ese momento —dice de vuelta al tema—. Pero, al final –encoge los hombros–, reconocemos que Dios es soberano. Y si Él decidió llevárselo de esa manera… pues duele mucho, pero lo aceptamos.

Durante la entrevista, Carlos menciona varias veces a Dios. Él y su familia son creyentes, igual que Rubén. Padre e hijo solían ir juntos a las vías del tren para entregar comida a migrantes indocumentados rumbo a Estados Unidos. También ayudaban a personas en situación de calle. Y Rubén, además, se vestía de payaso los domingos para ir a los campos de tomate y a las rancherías a predicar la palabra de Dios con los niños.

— A mí siempre me ha gustado ayudar a las personas —comenta Carlos, ya sentado en una silla de plástico en el comedor de su casa—. Pero él era otra cosa. Yo siempre quise tener su corazón. Porque a mi padre lo podían maltratar o lo podían lastimar, pero nunca guardaba rencor. Me enseñó que hay que amar a las personas como a uno mismo. Como uno ama a Dios.

Por eso, aunque estaba enfermo de los pulmones, Rubén fue aquella noche al hospital, para acompañar a su esposa y relevarla en el cuidado del familiar.

Nunca pensó que la violencia, esa misma de la que tanto insistía a sus hijos que se cuidaran, lo alcanzaría tomando el fresco en la puerta de una clínica; un lugar que, hasta ese momento, se suponía seguro, pero que en Culiacán ya es otro frente de guerra.

—No nos dieron la oportunidad de despedirnos de mi papá. Y a él no le dieron la oportunidad de cumplir el sueño que tenía de hacerse una cabaña en Mazatlán. Por eso tenemos tristeza, rabia y resignación, por ese vacío que nos deja.

Carlos apoya la espalda en el respaldo de la silla. Tiene entrelazados los dedos de las manos cubiertas de tizne del carbón.

—Pero siento que esto que nos ha pasado va a fortalecer nuestra fe. Nos va a dar fuerza para seguir compartiendo esperanza a otras personas que han vivido lo mismo que nosotros, el mismo dolor. Porque ese es el legado de mi padre que quiero honrar: transmitir un mensaje de esperanza, de que vamos a salir adelante —expone Carlos, que, no obstante, cuando se le pregunta si no ha pensado en desplazarse del estado por la violencia, encoge los hombros con una sonrisa triste.

—Lo he platicado con mi esposa. La verdad, estamos cansados, tanto mental como espiritualmente. A veces, siento que sí sería lo mejor por la niña que tenemos. Pero aún no lo decidimos —concluye.

Urgencias bajo amenaza

A las 19:45 de la noche, la oscuridad ya cubre Culiacán. Tras entrevistar a Carlos, los periodistas de Animal Político y Noroeste recorren la colonia Tierra Blanca y desembocan en la Álvaro Obregón, la avenida que tomaron los sicarios para llegar al Hospital Civil la noche del 29 de agosto.

Muy poco después del atentado, el 1 de septiembre, la fachada de Urgencias fue resanada y pintada a toda prisa. Como si alguien quisiera borrar cualquier vestigio de la balacera y las muertes. En el lugar aún quedan cicatrices: una vela consumida al pie de la banca donde asesinaron a Rubén y un grueso impacto de bala mal cubierto por un pegote de yeso.

Esta noche, por la entrada de Urgencias se ve entrar y salir a personas, pero ninguna ocupa las bancas de piedra que también son maceteros. Ni siquiera la presencia de un retén del Ejército con seis soldados fuertemente armados inspira confianza. Rodean en silencio a un enorme ‘Ocelot’, el vehículo táctico de alto blindaje y torreta con cañón que la Sedena presentó como su nueva joya durante el desfile del 16 de septiembre pasado, el de 2024.

Pero ni el blindado ni los más de 6 mil militares desplegados en la ciudad dan tranquilidad. La ciudadanía entrevistada se queja de que, pese a retenes, armas largas y blindados, los asesinatos y ataques de alto impacto no cesan.

—Llevábamos unas semanas algo más tranquilas. Estábamos avanzando paso a pasito, pero cuando ocurren hechos de muy alto impacto, como las balaceras y masacres en los hospitales, de nuevo cae en picada la percepción de seguridad y la gente vuelve a encerrarse en sus casas —apunta en entrevista Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán.

—Ya no salimos de casa, menos por la noche. Y no salimos porque es peligroso. Te pueden quitar el carro, o te puede tocar una balacera. Es más, ir a un hospital ya se ha vuelto algo muy peligroso —añade Víctor Manuel Aispuro, director de una escuela primaria que sigue de luto por la muerte en enero de este año de dos de sus pequeños alumnos. Ambos fallecieron junto a su padre tras ser interceptados por hombres armados en el fraccionamiento Los Ángeles. Les dispararon a quemarropa sin mediar palabra.

Los criminales tampoco parecen muy intimidados. Siguen llevando su guerra a escenarios tan insospechados como las escuelas o los hospitales, que acumulan seis ataques armados en un año de enfrentamientos al interior del cártel, según confirmó la Secretaría de Salud estatal a inicios de septiembre.

Tres días antes del recorrido, el 8 de septiembre, los reporteros acudieron al nuevo Hospital General. Semanas atrás, ahí mismo, sicarios disfrazados de personal médico habían asesinado a un herido de bala. Aquella tarde, a eso de las 13:15 horas, encontraron miedo y desconcierto. Bajo unos toldos frágiles sobre la banqueta, las mujeres que venden comida y refrescos relataban nerviosas un nuevo rumor esparcido en redes sociales –otro frente de la guerra y la propaganda criminal–: que sicarios habían vuelto a infiltrarse disfrazados para rematar a alguien.

Poco después, unidades del Ejército bloquearon todos los accesos. Nadie podía entrar ni salir. Afuera, bajo un sol corrosivo y casi 40 grados de calor, familiares desesperados exigían respuestas a los soldados herméticos. Horas más tarde, las autoridades informaron que solo detuvieron a un hombre “con actitud sospechosa”. Extraoficialmente, entre reporteros corrió la versión de que ocultaba jeringas bajo la ropa, sin que fuera confirmado.

Nueve días después, el 17 de septiembre, la escena se repitió. Una mujer vestida con un uniforme quirúrgico gris oscuro y gafas negras de armazón grueso entró a las 15:25 horas en el nuevo Hospital General. No llevaba armas, pero sí tres jeringas. Se dirigió al área de hospitalización de heridos por arma de fuego. Ahí, en la cama 244, estaba internado Leonel V. P., alias ‘El LV’, detenido el pasado 6 de septiembre, tras un enfrentamiento armado con las autoridades.

Según la acusación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la mujer, identificada como Sandra, se habría disfrazado también para hacerse pasar por personal del Hospital, e inyectarle una sustancia en el catéter al paciente que, como reacción, gritó: ‘¡Ah, me quieres matar’.

Un elemento de la Guardia Nacional escuchó el grito, entró a la habitación y cuestionó a Sandra sobre su presencia en el lugar. La mujer se puso nerviosa y trató de huir, pero fue detenida. Con ella llevaba dos credenciales: una de estudiante de Medicina del ciclo 2013-2014, y otra como residente en el nuevo Hospital General, pero del ciclo 2018-2019. Durante su audiencia inicial ante un juez, Noroeste reportó que la defensa de la mujer denunció que fue víctima de tortura por parte de las autoridades durante la detención, pero no aclaró por qué inyectó una combinación de analgésicos y antibióticos –que la Fiscalía acusa que combinados pueden provocar la muerte de una persona– en el paciente. Su proceso legal continúa.

El clima de tensión en el nuevo Hospital General se agravó porque un día antes, el 16 de septiembre, un convoy militar había sido atacado en el sector Los Ángeles, al nororiente de la ciudad. La persecución terminó otra vez cerca del nosocomio, desatando la incertidumbre entre pacientes y familiares.

Con atentados e intentos de asesinato cada vez más frecuentes, el personal médico de este hospital decidió protestar el 18 de septiembre. Exigen a las autoridades protección y que trasladen a los heridos de bala, pues aseguran que su presencia convierte a la clínica en otro campo de batalla de la guerra en Sinaloa.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

“Exigimos un trato digno”: trabajadores del INIFED denuncian violencia laboral y que llevan 7 meses sin recibir su pago

Por: Draco Dracul on martes, septiembre 23, 2025 / Comentarios: 0 , ,

A los empleados por honorarios del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa les dicen que no se preocupen, “que sus recursos están asegurados”, pero sus pagos no llegan; deben colegiaturas, renta, han tenido que pedir préstamos y recurrir al empeño para subsistir estos meses.

A los trabajadores del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), les aseguran que su sueldo está garantizado, pero cuando preguntan cuándo se les depositará no reciben respuesta: viven en la incertidumbre y llevan siete meses ya sin recibir su pago.

Personal que está bajo el esquema Capítulo 3000 (servicios profesionales por honorarios) denuncia que solo recibió el sueldo correspondiente de enero y febrero, pero a partir de marzo, a la mayoría de los afectados −alrededor de 100 personas− no le han hecho ningún pago. Apenas este mes unas 20 personas recibieron solo lo correspondiente a julio.

En agosto les dijeron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dependencia por la que supuestamente se han retrasado los pagos, les autorizó la firma de contrato por los últimos cuatro meses del año, y que cada mes les depositarían un extra para subsanar lo que se les debe, pero ya está por terminar septiembre y nada se ha concretado.

Ante la situación, los empleados decidieron enviar un oficio a la dirección de administración del INIFED, encabezada por Roberto Huerta, en el que le solicitan el pago de los adeudos, que se garanticen contratos y que no haya más atrasos. No hubo ninguna respuesta. El oficio llegó a la dirección general, pero nuevamente, silencio total.

Fue hasta el viernes 19 de septiembre cuando Roberto Huerta los convocó a una reunión −la primera en siete meses de impago− en la que se comprometió a que el sueldo de julio lo recibirían a finales de este mes. Otro compromiso fue mejorar la comunicación para informales cómo va avanzando el tema.

Trabajadoras y trabajadores entrevistados por Animal Político coinciden en que su situación es muy complicada, deben colegiaturas, renta, han tenido que pedir préstamos y recurrir al empeño para subsistir estos meses, e incluso, sin recursos, deben conseguir para pagar la gasolina y poder trasladarse a ciertas obras y cumplir con su trabajo.

“Seguimos cumpliendo con la chamba de la mejor manera, no hemos parado. A cambio, no tenemos pagos ni respuestas, cualquier comunicación sobre lo que ocurre es informal, pasan los meses y nuestra situación se agrava”, dice uno de los trabajadores.

Lisa, quien tiene más de 5 años laborando en el INIFED, cuenta que en marzo ya no les pagaron bajo el argumento de que “no había dinero”. La mayoría decidió seguir trabajando bajo la promesa que todo se resolvería, pero los meses pasaron y la respuesta solo era “no se preocupen, los recursos están asegurados”.

Un grupo decidió que lo mejor era desarrollar sus proyectos desde casa; los que no pudieron tuvieron que lidiar también con falta de luz y de agua en las oficinas.

“Las lámparas no sirven, no hay agua en los baños. Las personas que hacen la limpieza sacan agua de una fuente para echarle a los baños, pero no tenemos para lavarnos las manos. Es decir, ni siquiera tenemos las condiciones mínimas para trabajar dentro del instituto”, señala Lisa.

Denuncian violencia laboral

Otra trabajadora con la que conversó Animal Político denuncia agresiones verbales por parte del coordinador técnico, Rafael Estrada Cano quien, según la empleada, se refiere a sus compañeras con gritos y con calificativos de “pendejas”, “idiotas”, y amenaza con tener poder en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y ser muy cercano de Mario Delgado, titular de la SEP.

“Las amenazas han llegado a tal punto que nos advierten que si nos quejamos no nos van a pagar, por eso muchos meses hemos guardado silencio”, señala.

En la última reunión, del 22 de septiembre, les advirtió que el empleado que no esté dispuesto a seguir trabajando bajo las condiciones actuales lo notifique para que ya no se les asignen los contratos pendientes.

Los trabajadores cuentan que desde el INIFED supuestamente se fomenta la denuncia por violencia laboral, pero la gente tiene miedo, además de que por la forma en la que están contratados les han hecho sentir que “son trabajadores de segunda”, de honorarios y “sin derechos”.

“Nos piden que saquemos el trabajo porque la presidenta Sheinbaum se comprometió, desde el inicio de su administración, a dar preferencia al programa Escuelas Prioritarias, que se enfoca en establecimientos educativos ubicados en zonas de alta marginación, con bajos ingresos, y que atiende a poblaciones vulnerables (…) Nosotros somos los que administrativamente vemos todo el tema del dinero, de los proyectos, y están muy interesados que no paremos porque es un tema que están cuidando mucho, pero hay agresiones, hay amenazas y no nos pagan. Ojalá que ella se entere de todo lo que está pasando”.

“Lo que pedimos es que nos den la certeza, que nos digan si va a existir ese contrato o no. Nunca nos hemos negado a trabajar, pero también nos afecta emocionalmente no saber si tenemos una estabilidad laboral, económica. Exigimos que nos traten de una manera digna y sobre todo que den la cara, que alguien tenga esa mínima responsabilidad moral de decir está pasando esto, ustedes decidan”, dice una de las trabajadoras con más de 7 años de antigüedad.

El INIFED es el encargado del fortalecimiento de la infraestructura educativa, el apoyo en la reconstrucción o rehabilitación de planteles a nivel nacional. El expresidente Andrés Manuel López Obrador quiso desaparecerlo, pero eso no se concretó.

Igual que los trabajadores del INIFED, alrededor de 400 empleados del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), laboran bajo el Capítulo 3000, esquema que no les permite el reconocimiento de sus derechos básicos, como la seguridad social, vacaciones, aguinaldo o la posibilidad de generar antigüedad para adquirir una vivienda. Han denunciado precarización y malos tratos, por lo que exigen a autoridades un proceso de regularización estructural y que se abra una ruta formal, pública y calendarizada de diálogo y negociación para remediar su situación, principalmente el retraso de sus pagos.

En la misma situación están trabajadores de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a cargo del exclavadista olímpico Rommel Pacheco, quienes han denunciado retrasos en su salario y que laboran bajo la amenaza de perder sus empleos si, a pesar de no cobrar, dejan de asistir.

Animal Político ha buscado a las instituciones para conocer las razones del retraso de los pagos, cuántos empleados están en esta situación y si hay alguna fecha estimada para que se resuelva el problema, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA CASASOLA.

Extesorera de Temoac es detenida otra vez; “La Patrona” está ligada al grupo criminal “Los Aparicio"

Por: Draco Dracul on martes, septiembre 23, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Andrea Angelina “N”, ex tesorera del municipio de Temoac y conocida como “La Patrona”, ya había sido detenida el 12 de noviembre de 2024, durante la administración del fiscal Uriel Carmona Gándara, junto con tres jóvenes. Estuvo señalada por extorsión, narcomenudeo, secuestro y homicidio.

Por segunda ocasión fue detenida la extesorera del municipio de Temoac; Andrea Angelina “N” identificada por las autoridades como “La Patrona”, es suegra del actual presidente municipal, Valentín Lavín Romero y fue detenida junto a otras seis personas por sus presuntos vínculos con el grupo criminal "Los Aparicio". 

"La Patrona" ya había sido detenida el 12 de noviembre de 2024, durante la administración del fiscal Uriel Carmona Gándara, junto con tres jóvenes. En aquel momento, fueron señalados como presuntos responsables de delitos de extorsión, narcomenudeo, secuestro y homicidio en la zona oriente de Morelos.

Sin embargo, a pesar de los señalamientos, tras cuatro meses de reclusión, “La Patrona” salió en libertad. Inicialmente procesada por portación de arma de fuego, su condena de dos años y seis meses fue sustituida. Días después, al enfrentar cargos por secuestro y extorsión, la Fiscalía no acreditó las acusaciones, por lo que la jueza redujo el caso a delitos contra la salud y permitió que continuara el proceso en libertad, con firma periódica ante la UMECA y prohibición de salir del país. 

Operativo de seguridad

Desde las primeras horas de este lunes, las comunidades de Amilcingo y Huazulco fueron cercadas por elementos de la Guardia Nacional durante varias horas, generando incertidumbre entre la población.

Temoac está situado a 79 kilómetros de Cuernavaca, la capital del estado de Morelos. De acuerdo con autoridades federales, la zona registra una presencia significativa de grupos del crimen organizado. La municipalidad está gobernada por Valentín Lavín Romero —yerno de Andrea Angelina “N”—, quien llegó al poder por el Partido Verde Ecologista, de acuerdo con registros de la autoridad electoral. 

Fuentes consultadas indicaron que se trató de un operativo conjunto en el que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía del Estado de Morelos y la Guardia Nacional, quienes realizaron diversas diligencias de cateo en distintos puntos de la zona. 

Se logró la detención de al menos seis personas —dos mujeres y cuatro hombres— señaladas de presuntamente formar parte del grupo delictivo Los Aparicio o "Los Huazulcos". Por el momento, los detenidos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público y rinden su declaración ante la Fiscalía General del Estado. Además de Andrea Angelina “N”, entre los detenidos hay dos personas consideradas muy importantes dentro de la organización criminal, cuya identidad se desconoce hasta el momento.

La Fiscalía del Estado adelantó que mañana dará más detalles sobre estas detenciones y anunció que se decomisaron armas cortas y dosis de distintos tipos de drogas. 

Informes del personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos revelan que este grupo criminal se dedicaría a la extorsión, principalmente en la zona oriente de la entidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Evaden informar causa de muerte de "Papayita"; se presume que compañeros le dieron sustancia tóxica

Por: Draco Dracul on martes, septiembre 23, 2025 / Comentarios: 0 ,

Tras permanecer por varios días en el hospital a causa de las lesiones que el hombre presentó en el esófago, garganta y pulmones, y después de fallecer, la Fiscalía descartó que una sustancia nociva fuera la causa de muerte, pero tampoco dio a conocer el motivo.

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, evadió dar a conocer la causa de muerte de Carlos Gurrola Arguijo, pese a que permaneció internado por más de 20 días, en los cuales su familia denunció que la afectación a su salud se derivó de que ingirió una sustancia tóxica que sus compañeros de trabajo depositaron en el suero comercial que tomaba “Papayita”, como se le conocía al trabajador de limpieza, y quien era objeto bullying. 

Desde el viernes 19 de septiembre que falleció, debido a las lesiones graves que presentó en el esófago, garganta y pulmones, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado en el que se descartó que una sustancia nociva fuera la causa de muerte.

Tres días después, en un audio difundido por la misma dependencia, Fernández Montañez reiteró la versión, pero no dio a conocer qué motivó el deceso.  

“No se cuenta con dicho alguno que presuma la comisión de un delito de naturaleza dolosa, por lo que se acordó continuar con la integración de la carpeta de investigación con familiares directos, asesores jurídicos y las empresas", dijo después de que personal de la dependencia sostuvo una reunión con representantes de la empresa Multiservicios Rocasa, donde trabajaba Gurrola Arguijo, y Heb México que tiene el contrato con la primera para el servicio de limpieza en la sucursal de Torreón estaba asignado el hoy occiso.  

Fernández Montañez aseguró que en la reunión estuvo la familia, pero la tía de “Papayita”, María Guadalupe Arguijo Guerrero, señaló que sólo estaban los representantes jurídicos de la familia, ya que su madre y hermana del hombre no pudieron acudir.  

En el audio, el fiscal general de Coahuila señala que son intermediarios entre las empresas y la familia, a quienes les garantizaron la transparencia en las investigaciones.  

“La Fiscalía ha estado en comunicación de manera permanente con los familiares directos de Carlos Gurrola y sus asesores jurídicos. Se les mostraron algunas videograbaciones, así como los avances en la carpeta investigación y mismos que manifestaron su conformidad con la investigación que hasta el momento realiza la fiscalía general del estado”, afirmó. 

Proceso insistió en conocer la causa de muerte que se precisó en el certificado de defunción, pero la Fiscalía respondió que “se esperan los estudios patológicos”. La familia no ha respondido por aún estar viviendo el duelo. 

Gurrola Arguijo llegó por su propio pie el 30 de agosto a la clínica 66 del IMSS y, ante las graves lesiones que presentaba, se trasladó a la 71 donde fue intervenido, el 19 de septiembre falleció. La familia asegura que aún consciente, “Papayita” les dijo que tomó una bebida en la que sus compañeros le pusieron otra sustancia y que siempre le hacían ese tipo de “bromas”. 

La muerte de Gurrola Arguijo provocó que el pasado fin de semana habitantes del ejido La Concha, donde vivió el occiso, realizarán una marcha que terminó en las puertas de la sucursal de HEB Torreón, para exigir justicia por quien describieron ser una persona tranquila, pero que en ese lugar de trabajo era víctima de bullying constantemente.  

La gerente de relaciones públicas de HEB México, Elke González, explicó que la empresa está en contra de todo tipo de violencia y actos de discriminación y aunque Gurrola Arguijo no formaba parte de la plantilla apoyan en la investigación que realizan las autoridades.  

Afirmó que de forma inmediata se pusieron a disposición de la fiscalía los videos en los que se observa los movimientos tanto del hoy occiso como del resto del personal de limpieza.  

Por su parte, Carlos Rangel, delegado de la fiscalía en la región laguna y quien encabezó la reunión realizada el lunes, afirmó que de existir delito se llegará al fondo con todo el peso de la ley y la carpeta se mantiene abierta por un posible homicidio. 

El funcionario sostuvo que a pesar de los señalamientos del acoso laboral que presuntamente sufría el hoy occiso, los datos de prueba ministeriales recabados no coinciden, pero tampoco se descartan y la carpeta permanece abierta con la figura de homicidio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMELIA MUÑOZ.

Greenpeace coloca pancarta en la Estela de Luz contra la deforestación en la Selva Maya

Por: Draco Dracul on martes, septiembre 23, 2025 / Comentarios: 0 ,

Activistas de la organización se presentaron a las 5:00 horas en la Estela de Luz y escalaron alrededor de 70 metros en la estructura, que mide 104 metros de altura, para colocar la manta donde se lee !Selva Maya grita, SEMARNAT ¡SÁLVALA!”

“La Selva Maya grita, SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) ¡SÁLVALA!”, es la frase que se puede leer en la pancarta que colocaron activistas de Greenpeace, la madrugada de este martes 23 de septiembre, en la Estela de Luz.

Como parte de una protesta contra la deforestación de la Selva Maya, en el sureste de México, integrantes de la organización se presentaron a las 5:00 horas en la Estela de Luz y escalaron alrededor de 70 metros en la estructura, que mide 104 metros de altura, para colocar la pancarta.

Se trata de una acción no violenta que forma parte de la campaña “México, al grito de selva”, con la que Greenpeace denuncia un ecocidio en la Selva Maya, pues de acuerdo con la propia organización, “cada día, cientos de hectáreas de árboles caen para construir hoteles y fraccionamientos”.

En su página oficial, la organización ecologista internacional sostiene que el 87% de la deforestación por el Tren Maya no tiene autorización legal y existen más de 285 mil hectáreas de selva pérdidas entre 2019 y 2023, con una deforestación diaria de 196 hectáreas (28 veces el Estadio Azteca).

De acuerdo con Greenpeace, la zona se ve amenazada por los siguientes factores:
  • Proyectos de infraestructura: “Los megaproyectos como el Tren Maya, están fragmentando la selva, desplazando comunidades y poniendo en riesgo a especies en peligro de extinción”.
  • Desarrollos inmobiliarios: “El crecimiento descontrolado de desarrollos turísticos y residenciales está devastando la selva y afectando los recursos hídricos”.
  • Mega granjas de cerdos: “Contaminan los cenotes y el agua subterránea con desechos fecales de miles de cerdos, afectan la salud de las comunidades y destruyen la selva”.
  • Agricultura industrial: “El uso masivo de agrotóxicos, la expansión de monocultivos y la deforestación amenazan la biodiversidad y la seguridad alimentaria”.
  • Turismo depredador: “El turismo masivo, impulsado por proyectos como Xcaret y resorts todo incluido, está destruyendo ecosistemas costeros y acuíferos”
  • Sascaberas: “Las sascaberas están deforestado cerca de 10 mil hectáreas de selva, impulsadas por el crecimiento inmobiliario, turismo masivo y megaproyectos”.
Por lo anterior, la organización intentó, con la acción de protesta pacífica en la Estela de Luz, llamar la atención de las autoridades federales para frenar la expansión de proyectos y proteger la selva.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Salud exhibe a empresas por retraso en medicamentos; más de 17 millones de oncológicos pendientes

Por: Draco Dracul on martes, septiembre 23, 2025 / Comentarios: 0 , ,

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar alcanzan hasta 97% de cobertura, con 96% en medicamentos oncológicos, aunque persiste un rezago de 3% a 8%.

El IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar alcanzan ya niveles de abasto de medicamentos cercanos al total con hasta 97% en algunos casos y 96% en oncológicos aunque persiste un rezago de entre 3% y 8% que, de acuerdo con Eduardo Clark, subsecretario de Salud, no se debe a fallas logísticas del gobierno sino al incumplimiento de varias compañías nacionales y extranjeras que desde junio no han entregado las piezas comprometidas.

Este martes, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Clark detalló sobre el abasto que en agosto se recibieron 186 millones de piezas de medicamentos e insumos, 138% más que en mayo, cuando ingresaron 78 millones, mientras que en junio y julio se contabilizaron 150 y 159 millones respectivamente, y para mediados de septiembre ya se habían recibido 97 millones con otros 107 millones en proceso de entrega.

Empresas con mayores incumplimientos

El funcionario señaló que entre los casos más graves se encuentra el de BioXIntegral Servicios, que no ha entregado una sola pieza de las que le fueron solicitadas, lo que equivale a un incumplimiento del 100%.

Productos Farmacéuticos Serral acumula un 88.6% de incumplimiento, con casi 150 mil piezas pendientes de un total de 169 mil 378. Comercializadora Ucin y Distribuidora de Consumibles Médicos y Comercializadora Ocin presentan 83.7% y 83.6% de rezago.


En tanto, Abastecedora Higiénica de Sonora dejó de entregar 2.4 millones de piezas de las 3 millones comprometidas, lo que representa 78.6% de incumplimiento.

El volumen más alto de incumplimiento corresponde a Puerta del Sol Capital, que ha dejado sin entregar cerca de 14 millones 196 mil 582 piezas de las 21 millones 349 mil 161 pactadas.

Otros proveedores con rezagos importantes son Global Business Group, Médica Polaris y Labco Soluciones Médicas, que rondan el 75% de incumplimiento; Gelpharma, que no ha entregado 108 mil 155 piezas de medicamentos de especialidad (66.8%); y Grupo Médico Castro Díaz, con 2 millones 182 mil 853 piezas incumplidas.

El punto crítico: los oncológicos

La situación resulta especialmente crítica en los medicamentos oncológicos. Clark subrayó que, en este rubro, incluso pequeños volúmenes pendientes pueden afectar seriamente a los pacientes, ya que el sistema de salud requiere alrededor de 150 mil piezas al mes para cubrir la demanda nacional.

Clark destacó el caso de Novag Infancia, con un millón 698 mil 46 piezas oncológicas, que representan un 16.7% del total, que no han sido entregadas. Laboratorios Pisa mantiene pendientes 12 millones 852 mil 645 piezas de un total de 76 millones 421 mil 599 contratadas.


Zurich pharma suma 56 mil 386 piezas incumplidas, Zeux Lifesciences mantiene 3 mil 427 pendientes y Amarox Pharma acumula 457 mil 847 piezas que no han llegado a los hospitales.

El subsecretario reconoció que la industria ha respondido en las últimas semanas con una mayor entrega de oncológicos, pero advirtió que las empresas mencionadas siguen siendo un obstáculo para alcanzar el 100% de abasto. Recordó que, en el caso de estos medicamentos, cada caja no entregada significa un paciente que se queda sin tratamiento.

“En estos cuatro meses ha habido mejoras, pero hay proveedores que no han entregado ni la mitad de lo comprometido. Necesitamos que cumplan, porque detrás de cada caja no entregada hay un paciente que lo necesita”, enfatizó Clark.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Corte ordena a FGR dar datos de funcionarias en controversia con INAI, pero protege otra información por riesgo a implicados

Por: Draco Dracul on martes, septiembre 23, 2025 / Comentarios: 0 ,

La ministra Loretta Ortiz explicó que, pese a la extinción del INAI, la Corte puede resolver las controversias porque fueron presentadas antes de su desaparición.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este martes dos controversias sobre solicitudes de información dirigidas a la FGR por el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), confirmando por mayoría, en un caso, la entrega de datos sobre dos funcionarias y, en el otro, por unanimidad, la reserva de información sensible que podía poner en riesgo a los servidores públicos y a la operación de la fiscalía.

En la sesión del pleno, la ministra Loretta Ortiz, a cargo de la ponencia de las controversias constitucionales, explicó que, aunque el INAI fue recientemente extinguido como institución autónoma, la Corte puede resolver estos casos porque las controversias fueron presentadas antes de su desaparición.

Primer caso: datos de funcionarias

En el primer proyecto, la ministra Ortiz explicó sobre las controversias constitucionales 291/2024 y 292/2024 —promovidas por la Fiscalía General de la República en contra de resoluciones dictadas por el INAI— que la entrega de información solicitada no comprometía las funciones ni la seguridad de la fiscalía.

Ortiz destacó que los nombres de las servidoras ya eran conocidos públicamente y que los demás datos estaban disponibles en fuentes abiertas, como declaraciones patrimoniales y publicaciones oficiales. Además, descartó los argumentos de la fiscalía sobre la imposibilidad de impugnar resoluciones del INAI o la falta de interés legítimo de quienes solicitaron la información, subrayando que el derecho a la información debía prevalecer siempre que no se afectaran competencias constitucionales.

Posturas en contra

Durante la discusión, las ministras Yasmín Esquivel y María Estela Ríos expresaron su desacuerdo. Esquivel advirtió que divulgar los nombres, cargos y salarios de las funcionarias adscritas a la fiscalía especializada en delitos electorales podría debilitar la seguridad pública, ya que la exposición de servidores públicos genera riesgos para ellos, sus familias y, por extensión, para la sociedad.

Ríos coincidió en que incluso datos aparentemente simples, como la ubicación de trabajo o la ruta de traslado de un funcionario, podían representar un riesgo real, por lo que consideró necesario proteger esta información frente al derecho general a la transparencia.

En la votación final, siete ministros votaron a favor de confirmar la entrega de los datos, mientras las ministras Esquivel y Ríos votaron en contra.

Segundo caso: acuse con nombres de funcionarios

En la segunda controversia, identificada como 314/2024, y también a cargo de la ministra Ortiz, la FGR solicitó declarar inválida una resolución del INAI que ordenaba entregar la versión íntegra de un acuse de demanda relacionada con la controversia 325/2019, documento que incluía nombres de funcionarios.

Ortiz explicó que, a diferencia del primer caso, en este asunto los nombres no eran conocidos previamente por el solicitante, por lo que su divulgación podría permitir identificar a los funcionarios y, mediante información complementaria pública, exponer datos sensibles sobre la fiscalía.

Este riesgo, explicó la ministra, se conoce como la “teoría del mosaico”, que advierte que piezas de información aparentemente inocuas pueden combinarse para revelar información confidencial.

Ortiz recordó un precedente, la controversia 327/2019, en la que la Suprema Corte determinó que los nombres y cargos de funcionarios de la fiscalía podían afectar la capacidad de la institución para cumplir con sus funciones de seguridad pública. Aplicando esta lógica, concluyó que entregar los datos pondría en riesgo la vida, integridad y desempeño de los funcionarios y sus familias, afectando directamente la operación de la fiscalía.

El proyecto fue respaldado por unanimidad por los ministros, quienes coincidieron en la necesidad de proteger la integridad de los servidores públicos frente a la divulgación de información sensible.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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