Para el CIEP, el Anexo 13, más allá de ser un mecanismo de etiquetado, “debe transformarse en una herramienta efectiva de política fiscal con enfoque de género, que oriente la asignación de recursos hacia el cierre estructural de brechas”, y destacó que el gasto debe dejar de concentrarse en transferencias universales para priorizar programas con objetivos medibles en autonomía económica, corresponsabilidad en los cuidados y prevención de la violencia.

Anexo de cuidados, un avance hacia un sistema nacional, aunque sin programas nuevos

Por primera vez, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2026 incluyó un anexo transversal con 466 mil 674.9 millones de pesos de presupuesto etiquetado para programas con componentes de cuidados, lo que, asegura la asociación civil Fundar, refleja “una perspectiva que realmente está encaminada a mejorar las condiciones de las mujeres”.

“El anexo 31 tiene una lógica mucho más aterrizada de cómo busca el gobierno federal contribuir a avanzar hacia una sociedad de cuidados, y ese es un primer paso muy positivo”, explicó Andrea Larios, investigadora de la asociación, quien destacó la inclusión de la Pensión Mujeres Bienestar, como una acción diferenciada con perspectiva de género que reconoce a quienes por años han realizado trabajo doméstico y de cuidados.

Sin embargo, pese al reconocimiento de que este anexo sienta las bases hacia la consolidación de un sistema de cuidados, Larios apuntó que al igual que ocurre con los programas contenidos dentro del Anexo 13, varias de las acciones contempladas en el 31 son transferencias directas cuyos componentes son “insuficientes para avanzar hacia una sociedad de cuidados, porque se requiere también de una fuerte inversión pública en infraestructura social y de servicios”.

Acerca de estos programas, el CIEP expuso que “la política de cuidados enfrenta el desafío de ir más allá de las transferencias monetarias y consolidar la infraestructura y los servicios públicos que permitan reducir, redistribuir y remunerar el trabajo de cuidados en todo el país. Para ello se requiere no solo de mayor financiamiento, sino también de una planeación que alinee el gasto con metas de igualdad y justicia social“.

Fusión del programa de refugios “afecta a las mujeres y pone en riesgo vidas”, alerta RNR

En cuanto al Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, las especialistas expresaron preocupación, ya que hasta el año pasado contó con 501.9 millones de pesos de presupuesto, pero para 2026 se fusionó con el programa Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las causas.

Andrea Larios expuso que a pesar de que se asignaron 856 millones 782 mil 185 pesos para el nuevo programa, “a la hora de querer identificar el presupuesto con el que van a contar estos servicios –que incluirán los refugios, Centros de Justicia para Mujeres y Alertas de Violencia de Género– no va a ser posible conocerlo a detalle”.

Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), lamentó que a pesar de que hubo reservas en la discusión del PEF 2026 por la solicitud de que se etiquetara presupuesto específico para este programa, no fueron tomadas en cuenta, lo que deja en incertidumbre a las mujeres víctimas.

Entre enero y julio de este año, los refugios para mujeres tuvieron un incremento del 5% en los apoyos directos a víctimas, así como un aumento del 600 % en las ayudas que brindan a través de los centros de atención externa, en comparación con el mismo periodo del 2024, lo que “evidencia que las violencias no han ido en disminución”.

Este incremento en las solicitudes ha sido atendido por la RNR a pesar de que el presupuesto ha sido insuficiente y en algunos casos ha sido otorgado con retraso por parte de las autoridades, situación que podría agravarse en caso de que los recursos disminuyan, mermando los servicios que se puedan brindar en los refugios.

Estos recursos equivalen a un incremento de apenas uno por ciento en términos reales, respecto a los 9 mil 565 millones de pesos que fueron aprobados para el FASP en 2025.

Durante la discusión del PPEF 2026 en la Comisión de Presupuesto, los partidos de oposición acusaron que estos recursos no serán suficientes para que los más de 2 mil municipios de México combatan el crimen, mientras Morena y sus aliados llamaron “carroñeros” a los opositores por sacar a la discusión el tema de Carlos Manzo.

“Lo ocurrido este fin de semana en Michoacán debe de hacernos reflexionar a esta Comisión. Estamos en un momento histórico para el país y si ustedes del oficialismo sí piensan en los mexicanos en el país, estarían haciendo aquí una propuesta de reasignación presupuestal para el próximo presupuesto dándole más recursos a seguridad pública”, comentó Arturo Yáñez, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

“Hoy es Carlos Manzo, pero existen 2 mil 477 alcaldes más que están enfrentando el crimen organizado, que están siendo amenazados con el cobro de derecho piso y que todos los días este gran modelo de negocio que descubrió el crimen organizado se está fortaleciendo”, insistió Nadia Navarro, otra legisladora del PRI.

El Partido Acción Nacional (PAN) se sumó a esta opinión. “Lo que pasó con Carlos Manzo debe ser una llamada de atención para el gobierno y para el grupo mayoritario de otorgar los recursos suficientes en materia de seguridad. No queremos a más presidentes municipales que estén siendo asesinados en el país”, expresó el panista Héctor Saúl Téllez.

En respuesta, Morena y sus aliados calificaron a los partidos de oposición de “carroñeros” y recordaron que, cuando fue diputado federal, el propio Carlos Manzó acusó al expresidente panista Felipe Calderón de detonar la violencia en el país.

“Mis condolencias a la familia y al pueblo de Uruapan, pero en honor de la verdad, en la tribuna de esta Cámara, Carlos Manzo dijo quién era el responsable de la violencia en Michoacán, un expresidente espurio que es de origen michoacano que fue a incendiar Michoacán con toda esta violencia”, dijo la morenista Antares Vázquez en referencia al sexenio de Felipe Calderón.

Rafaela Vianey, diputada morenista, expresó que el aumento de la violencia en México inició por una “guerra fallida” contra el crimen en Michoacán, donde Felipe Calderón comenzó su lucha contra el narcotráfico. “Hoy, siete, quince, veinte años después. seguimos pagando la descomposición social en la que nos dejaron”, dijo.

Diputados aprueban presupuesto sin cambios en Comisión

Pese a las críticas de los partidos de oposición en torno a temas de seguridad, salud y otros rubros, Morena y sus aliados aprobaron en lo general y lo particular el dictamen del PPEF 2026 que contempla un gasto de diez billones de pesos para el siguiente año.

El dictamen del presupuesto fue aprobado sin ningún cambio respecto al proyecto que envió el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso.

Será hasta la discusión en el Pleno, que se realizará entre martes y viernes de esta semana, cuando los diputados hagan ajustes al presupuesto del próximo año.

Hasta ahora se tiene contemplado un ajuste de cerca de 16 mil millones de pesos. Este dinero se quitará al Poder Judicial y el Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de reasignarlos a sectores como el campo, educación, cultura e infraestructura carretera.

Se prevé que la discusión en lo particular se extienda durante horas en el Pleno de la Cámara de Diputados, ya que los partidos de oposición presentarán cientos de reservas para intentar modificar el dictamen del presupuesto.

“Con el gobierno de la doctora Claudia estamos haciendo otra gran reforma fiscal que tiene como base tapar los grandes boquetes que se desatan a partir del huachicol y la facturación falsa, por eso hemos incrementado los ingresos producto del comercio exterior”, dijo.

Ramírez Cuéllar participó en el debate entre gritos y reclamos de los partidos de oposición, mientras el morenista los retaba a subirse a tribuna para debatir el tema. Los integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo hicieron con letreros con la leyenda “no más deuda” y “no más impuestos”, y los panistas le gritaban a pocos metros.

Los partidos de oposición calificaron la reforma como un “parche fiscal” por los ingresos que el gobierno obtendrá por el aumento de impuestos a productos como cigarros y refrescos. De igual forma, criticaron la contratación de deuda y los presuntos hechos de corrupción cometidos por integrantes de Morena.

“México no necesita más deuda, no necesita ingresos maquillados, no necesita castigar al contribuyente, mientras se tolera el saqueo desde adentro. Lo que México necesita es un gobierno con el valor de limpiar la casa, de erradicar las redes internas de corrupción, de estrangular el flujo del dinero al narcotráfico, pero, sobre todo, de usar bien cada peso que aportamos el pueblo de México”, expresó Patricia Flores Elizondo, diputada de Movimiento Ciudadano (MC).

Artículo 19 advirtió que “el acceso en línea y en tiempo real, aunque se señale que será ‘para el cumplimiento de las obligaciones fiscales’, es en sí mismo un acto de molestia sin garantías de debido proceso y una interferencia descontrolada en el derecho a la privacidad”.

La organización agregó que la disposición “permite una invasión total y permanente de la información de la ciudadanía sin necesidad de probar que existen razones reales para acceder a ella”.

Además, carece de “salvaguardas y control judicial que inhiban o eviten intrusiones arbitrarias”.

Sobre las sanciones, el artículo prevé que el incumplimiento “dará lugar al bloqueo temporal del acceso al servicio digital”, lo que, según Artículo 19, “se traduce en la potencial restricción de acceso y uso de determinadas plataformas digitales (…) donde las personas ejercen derechos humanos”.

La organización insistió en que la medida “es incompatible con el derecho a la libertad de expresión, por ser una medida de censura por medios indirectos (…) y constituye una medida extrema de censura previa prohibida expresamente por el artículo 7 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Finalmente, Artículo 19 urgió a los legisladores a considerar alternativas menos lesivas en estas reformas.

“Exigimos que se consideren medidas menos lesivas a fin de lograr efectivamente una tributación justa, equitativa y proporcional hacia las empresas, mientras se garantiza la protección de los derechos de las y los usuarios en línea”.

La Ley de Ingresos fue aprobada por 30 votos a favor y 12 en contra y busca consolidar una recaudación eficiente y responsable, mantener la sostenibilidad fiscal sin aumentar impuestos, y fortalecer el gasto público productivo, particularmente en infraestructura, seguridad social, transición energética, y proyectos estratégicos como el Corredor Interoceánico y la CFE.

Además, establece controles claros sobre fideicomisos, ingresos excedentes, endeudamiento y aprovechamientos, privilegiando la transparencia, la estabilidad macroeconómica y la responsabilidad hacendaria.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el diputado morenista Carol Altamirano, detalló que con la Ley de Ingresos se plantea un total de 10 billones 193 mil 683 millones de pesos. Son 891 mil 667 millones más que en la LIF 2025.  Los ingresos petroleros serán de 1 billón 204 mil 200 millones de pesos, 62 mil 256 más que la LIF 2025.

En los Criterios Generales de Política Económica que acompañan la iniciativa se proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto de entre 1.8 y 2.8 % real anual, un tipo de cambio promedio de 19.3 pesos por dólar, una plataforma de producción petrolera de 1.8 millones de barriles diarios y un precio promedio de 54.9 dólares por barril.

Estas variables sustentan las proyecciones de ingresos y financiamiento incluidas en la Ley.

También explicó que, en materia de financiamiento, se autoriza al Ejecutivo Federal contratar endeudamiento neto interno hasta por 1.78 billones de pesos y externo hasta por 15 mil 500 millones de dólares, con el propósito de financiar el Presupuesto de Egresos y realizar operaciones de refinanciamiento.

Ley Federal de Derechos

Por otro lado, el dictamen que modifica la Ley Federal de Derechos fue aprobado por 30 votos a favor y 12 en contra y busca asegurar la coherencia normativa y ajustar las cuotas y tarifas para que reflejen el costo real de los servicios públicos. 

El dictamen plantea en materia migratoria modificar las cuotas a 14.2 % para visitantes sin permiso de trabajo, 100 % para residentes temporales permanentes y descuento del 50 % para ciertos casos, unidad familiar, oferta de registro nacional e invitaciones culturales.

En el sector financiero se adecua la regulación y control de los servicios que proporciona la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las entidades financieras, al plantear ajustes a los derechos por el estudio y trámite de cualquier solicitud de inscripción de valores, y por la supervisión de las emisoras simplificadas que inscriban sus valores en el Registro Nacional de Valores.

Código Fiscal de la Federación

La Comisión de Hacienda también aprobó por 31 votos a favor y 12 en contra el dictamen que reforma y deroga disposiciones del Código Fiscal de la Federación que establecen las normas para combatir las prácticas ilícitas, mediante sanciones a factureras, operaciones simuladas y uso indebido de sellos digitales.

También busca armonizar las normas relativas a los falsos comprobantes fiscales en relación con los delitos, en los cuales constitucionalmente resulta procedente la prisión preventiva oficiosa y las consecuencias jurídicas en el caso de realizar operaciones con ellos. En este sentido, fija que la autoridad podrá presentar querella en contra de aquellos contribuyentes a los que se determine que emiten falsos comprobantes fiscales. 

Además, el dictamen plantea que también se otorga al SAT la facultad de negar la inscripción en el RFC a las personas morales cuando detecte que el representante legal, uno o varios de los socios, accionista, asociado y otros que formen parte de la persona moral, participen en empresas que han realizado operaciones con facturación falsa y han caído en los supuestos del Código Fiscal.

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

La Comisión también aprobó, con 31 votos a favor y 11 en contra, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

La iniciativa establece ajustes al impuesto a los cigarros, puros y otros tabacos labrados, pasando de la actual tasa de 160 % a 200 % y para puros y otros tabacos labrados hechos a mano pasa de 30.4 a 32 por ciento, para combatir y disminuir el consumo.

Además, se incrementa gradualmente la cuota específica por cigarro, la cual será en 2026 de 0.85, en 2027 de 0.91, en 2028 de 0.99, en 2029 de 1 y en 2030 de 1.15.

Para ampliar la base del impuesto se propone gravar las bebidas saborizadas con edulcorantes añadidos dentro de la definición de bebidas saborizadas y se establece la definición de edulcorante como sustancia natural o artificial que se adiciona a las bebidas para impartir un sabor dulce a los productos diferentes de los azúcares.

Además, en materia de juegos y sorteos, se ajusta la tasa a los juegos con apuestas y sorteos pasando del 30 al 50 % para desincentivar su uso; se grava con una tasa del 50 % los juegos con apuestas y sorteos que se realicen por vía internet o cualquier otro medio electrónico por parte del prestador de servicios digital o a través de plataformas digitales de intermediación.

En el caso de videojuegos, se plantea un impuesto del 8 %a la generación de videojuegos con contenido violento, extremo para adultos, no apto para personas menores de 18 años en formato físico y los servicios que permitan el acceso o descarga de dicho videojuego.

Teresa estuvo siete meses en el refugio, al que llegó por una conocida. En este espacio no solo la protegieron de su esposo, sino que le ayudaron a reconstruir su vida junto con su hijo e hija, quienes en ese entonces tenían uno y ocho años, respectivamente.

“Para mí es un lugar de esperanza porque cambió mi vida para siempre, cambió la vida de mis hijos. Ellos están vivos porque están esos espacios y yo también estoy viva por eso”, señaló Teresa.

Un refugio no solo es un espacio de protección. A Teresa la ayudaron a gestionar su divorcio y le brindaron atención psicológica. Su hijo e hija siguieron yendo a la escuela porque los llevaba con seguridad. Además, personal la reubicó con sus pequeños en otro estado de la República, para que pudieran continuar su vida.

Teresa es una de las mujeres que ha acudido a la Cámara de Diputados en las últimas semanas para pedir que los refugios no sean eliminados del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PPEF 2026).

Para el próximo año, el gobierno federal propuso fusionar el “Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género” con otro llamado “Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención a las Causas”.

La Cámara de Diputados está en el análisis del PPEF 2026, y las sobrevivientes de violencia y defensoras de derechos humanos piden a los legisladores que den marcha atrás con la fusión de programas para que haya claridad sobre cuánto dinero se destinará a los refugios.

Teresa acudió a la Cámara de Diputados con esta exigencia. Su temor es que la fusión de programas pueda provocar una disminución de recursos para los refugios.

Si el presupuesto de los refugios se reduce “las mujeres van a morirse más dentro de sus casas porque tú puedes hablarle a la policía, ¿pero cuánto dura un policía para venir? En cuestión de minutos terminan con tu vida y no solo la tuya, sino con la de tus hijos”, comenta Teresa.

Red Nacional de Refugios insiste en garantizar recursos

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, aseguró en la Cámara de Diputados que pese a la fusión de programas no habrá una reducción para el presupuesto de los refugios; sin embargo, las defensoras de derechos humanos insisten en que el presupuesto debe seguir siendo autónomo para tener claridad sobre el dinero que recibirán.

Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, visitó la Cámara de Diputados este lunes 6 de octubre para explicar las consecuencias de fusionar el programa de los refugios.

“Lo que no se nombra no existe”, dijo Figueroa en una reunión en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en referencia a la desaparición del programa de recursos en el PPEF 2026.

La falta de un presupuesto autónomo “dificulta la trazabilidad de los recursos destinados a los refugios para mujeres víctimas de violencia, impidiendo que lleguen a quienes lo necesitan porque si no está especificado cuánto es lo destinando, difícilmente se va a hacer un seguimiento y esto va a repercutir en la vida de las mujeres, niñas y niños que están en estos espacios”, expresó Figueroa.

La Red Nacional de Refugios, que ayudó a proteger a Teresa en 2008, está conformada por 76 espacios de protección que, según esta organización social, representan el 60 % de los lugares administrados por la sociedad civil.

En los primeros nueve meses de 2025, los refugios de la Red Nacional atendieron a 9 mil 307 mujeres con sus hijos e hijas.

Diputados votarán presupuesto en un mes

La exigencia de la Red Nacional de Refugios ha sido cobijada por Movimiento Ciudadano. Las integrantes de esta bancada han adelantado que pedirán al Pleno de la Cámara de Diputados que los refugios sigan teniendo un presupuesto autónomo. Por ley, la Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

Y calcula: “Con este presupuesto, solo cuatro de cada 100 maestras y maestros podrían tener acceso a opciones de formación para fortalecer su desempeño dentro de los nuevos programas de la NEM, o en materia de tecnologías digitales, que avanzan aceleradamente”. 

Además, según Mexicanos Primero, dicho paquete de quien ha dicho que quiere ser recordada como “la presidenta de la educación”, revela un “aumento marginal” al presupuesto educativo del 2.1% respecto a 2025 y del 1.9% comparado con el de 2024, en términos reales; es decir, en pesos constantes 2024. 

En un comunicado, agregó que el El PPEF 2026 propone 1.2 billones de pesos para educación, cuyo peso dentro del Gasto Programable Federal baja de 16.9% (2025) a 16.62% (2026) y acusa: “el monto crece, pero la ‘rebanada del pastel’ federal es más pequeña”. 

También señala que “la mayor parte de los recursos se destina a becas, salarios y programas de mejora de infraestructura como La Escuela es Nuestra (LEEN)”, en tanto que “no se prevén recursos para estrategias que incidan directamente en el logro de aprendizajes de niñas, niños y adolescentes, incluidas en el Programa Sectorial de Educación 2025-2030 (PSE)”.

El análisis de Mexicanos Primero revela que solo 48% de las estrategias de los seis objetivos del Programa Sectorial de Educación 2025-2030 (PSE) tienen financiamiento, “lo que pone en riesgo su cumplimiento”.  

Entre ellos: aumentar la oferta educativa, garantizar el ingreso y permanencia en todos los niveles, fortalecer el papel de los docentes como agentes de cambio en la transformación educativa y mejorar los entornos escolares para favorecer el aprendizaje. 

Peor aún, de las 33 estrategias incluidas en el PSE, “solo se asigna presupuesto a 16; no se consideró presupuesto para las 17 restantes”, en tanto que el gasto corriente se concentra en nómina docente, becas e infraestructura”.  

Según la organización civil, la propuesta de Sheinbaum Pardo “no asigna recursos a estrategias dirigidas específicamente a fortalecer el aprendizaje de las y los estudiantes y a evaluar sus resultados, o bien, para aquellas que inciden de forma indirecta, el presupuesto previsto es insuficiente”.  

De ser aprobada, advierte, “estrategias como la formación continua de los docentes, el acompañamiento pedagógico y la evaluación como herramienta indispensable para tomar decisiones de mejora de los aprendizajes fundamentales de comprensión lectora y el razonamiento matemático en los primeros años de primaria, carecerían de los recursos necesarios”.

Mexicanos Primero reconoce en su análisis que la propuesta asigna “una parte importante” del presupuesto a la infraestructura educativa”, ésta “es insuficiente para cubrir las necesidades de mejora de los espacios escolares”. 

De hecho, afirma que los recursos federales destinados a la infraestructura educativa muestran “una tendencia de estancamiento” en los últimos años. En el caso de La Escuela es Nuestra (LEEN), detalla, “el gasto alcanzó su punto máximo en 2023 con 27 mil 600 millones de pesos, para después descender a 23 mil 400 millones”.  

En el 2025 fueron 23 mil 800 millones de pesos, pero debido a que en ese se incorporó la atención a planteles de educación media superior, los recursos se dividieron: 15 mil 200 millones para educación básica y ocho mil 600 millones para media superior. Lo malo es que en el Proyecto de Presupuesto 2026, “los montos se mantienen prácticamente en el mismo nivel”.  

Las cifras anteriores, destaca, muestran en general “que no se ha asegurado un financiamiento sostenido y equitativo para infraestructura educativa. Cuando las escuelas carecen de lo básico, no es posible garantizar el derecho a aprender”. 

Peor: el PSE incluye el objetivo de promover ambientes escolares “inclusivos, sanos y seguros”, y garantizar el derecho a la cultura física y al deporte. Sin embargo, esas estrategias solo tienen 0.45% y 0.22% del presupuesto; “prácticamente los dejaron sin recursos”, afirma la organización.

En su análisis, Mexicanos Primero dice que el proyecto presupuestal de Sheinbaum “muestra una desconexión entre los objetivos que el PSE se propone lograr y los recursos previstos para hacerlo en el PPEF”. 

Por eso, advierte: “la falta de recursos compromete el cumplimiento de los objetivos del PSE y limita las oportunidades de desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”. 

Entonces, llama a los legisladores a destinar recursos “crecientes para todos los objetivos y estrategias; de lo contrario se limita la capacidad de lograr un impacto real”. 

La conclusión, insiste, es que “la inversión educativa no orienta al sistema hacia la garantía del derecho a aprender. La prioridad de acrecentar el número de becas no corresponde a un aumento real de la inversión educativa”. 

Y alerta: “sin un vínculo sistemático con trayectorias educativas y logros de aprendizaje, se desatienden instrumentos esenciales para enseñar y aprender mejor y se limita el impacto a nivel del sistema educativo. A su vez, la revalorización docente se queda en promesa”.