La Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inhabilitó por un año a Salvador Leyva Morelos, extitular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), por supuestamente gestionar de forma irregular el acceso del periodista Ricardo Raphael al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16 de Morelos, para entrevistar a Juana Hilda González Lomelí y Brenda Quevedo Cruz, dos víctimas del caso Wallace.
“Se le impone la sanción administrativa consistente en inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de un año”, señala el acuerdo de la Comisión de Disciplina, aprobado por unanimidad de votos en sesión ordinaria celebrada el 17 de junio de 2025, de la que Animal Político tiene copia.
En respuesta, Salvador Leyva Morelos presentó un recurso de reconsideración ante el Pleno del CJF para impugnar la sanción, acusando una supuesta cercanía de diversos altos mandos del Poder Judicial de la Federación (PJF) con Isabel Miranda de Wallace, entre los que incluye a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y al exministro Arturo Zaldívar. A ambos los señala por supuestamente dejar que Isabel Miranda de Wallace “condujera y decidiera el curso de este procedimiento”.
En tanto, la organización internacional Artículo 19, que promueve y defiende los derechos de libertad de expresión y acceso a la información en México y Centroamérica, señala que la resolución de la Comisión de Disciplina es un ataque al ejercicio del periodismo de investigación y judicial, que funciona en favor de la justicia y el derecho a saber de la sociedad.
“La resolución es una represalia contra Salvador Leyva por las publicaciones de Ricardo Raphael. Esto es algo muy grave porque da cuenta de cómo se siguen moviendo los hilos de poder de la señora Miranda de Wallace, incluso ya después de fallecida”, dice Leopoldo Maldonado, director general de Artículo 19, consultado al respecto.
Las quejas y denuncias anónimas contra Salvador Leyva
El 13 de octubre de 2020, la Unidad General de Investigación de Responsabilidad Administrativa (UGIRA) del CJF inició una investigación (A/99/2020) en contra de Salvador Leyva, quien se desempeñaba como secretario técnico de combate a la tortura del IFDP durante la administración de Netzaí Sandoval. La investigación inició por la presunta comisión de diversas faltas administrativas entre las que se encontraban nepotismo, enriquecimiento oculto y falta de experiencia para desempeñar su cargo.
Una de las principales acusaciones contra Salvador Leyva señala que habría gestionado el acceso de Ricardo Raphael al Cefereso 16 de Morelos —único penal federal de máxima seguridad exclusivo para mujeres—, al afirmar que el periodista brindaba apoyo a la Secretaría Técnica ante las autoridades penitenciarias, lo que habría permitido que quedara exento de cumplir con los procedimientos y protocolos habituales para visitas externas.
Así, la denuncia señalaba a Leyva Morelos por supuestamente generar un beneficio para Ricardo Raphael, pues en ese momento el periodista se encontraba realizando investigaciones relacionadas con el caso “Wallace”.
“Esta es una valoración descontextualizada, porque no da cuenta de (cómo) todo el aparato mediático se movió en contra de las personas procesadas durante (casi) 20 años y que en realidad el trabajo del periodista Ricardo Raphael es un trabajo de interés público y que debe prevalecer el interés público de la información sobre la consideración de un posible beneficio personal”, señaló Leopoldo Maldonado.
El caso Wallace inició en 2006, luego de que la empresaria Isabel Miranda de Wallace acusó a seis personas por ser las presuntas responsables del secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, caso que se hizo popular debido a que la acusación se basó en una supuesta “investigación propia” y que Miranda expuso los rostros y datos personales de los supuestos responsables en decenas de espectaculares que fueron colocados en toda la Ciudad de México.
Después de ampliar la investigación contra Leyva Morelos, las autoridades recibieron diversos oficios de la comisión y la solicitud del ingreso, un memorándum de la directora del penal autorizando el acceso y la bitácora del registro del penal confirmando el ingreso de Salvador Leyva y Ricardo Raphael el 27 de septiembre de 2019, entre otros documentos.
El 23 de abril de 2024, la UGIRA concluyó la investigación y emitió un dictamen,formulando un dictamen sobre las conductas mencionadas -como el nepotismo y el enriquecimiento oculto- y presentando un informe de presunta responsabilidad administrativa por “abuso de funciones”. El expediente fue remitido a la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal.
Meses después, el 8 de octubre de 2024, las autoridades jurisdiccionales abrieron un procedimiento de responsabilidad administrativa (CCJF/PA/1384/2024), en el que se centraron específicamente en investigar el supuesto “abuso de funciones” relacionado con el acceso del periodista Ricardo Raphael al Cefereso 16 de Morelos, para entrevistarse con Juana Hilda González Lomelí y Brenda Quevedo Cruz por el caso Wallace.
En respuesta a esa primera investigación abierta en su contra, Salvador Leyva señaló que existía una supuesta “relación personal pública” entre Isabel Miranda de Wallace y la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como con la exprocuradora Arely Gómez, lo que revelaba una “parcialidad de la investigación”.
Además, indicó que no solicitó el ingreso del periodista en calidad de autoridad, sino que lo hizo bajo la “necesidad apremiante para combatir la tortura”, que él no tenía facultades para autorizar o prohibir ingresos a los centros de detención, y que actuó de buena fe, lo que podía constituir una excluyente de responsabilidad administrativa.
“Es un caso atípico que, efectivamente, requiere de herramientas más allá de la defensa jurídica y es por eso que el apoyo del periodista está justificado para llevar a cabo una defensa integral (que) implica una defensa técnica y jurídica, pero también una defensa en lo público, en lo mediático, de un caso que llegó hasta donde llegó en agravio de la dignidad de las personas procesadas, porque fue presentado, litigado y sancionado en los medios por la hoy difunta Isabel Miranda de Wallace”, dice Leopoldo Maldonado.
La resolución de la Comisión de Disciplina contra Salvador Leyva
En abril de 2025, las autoridades jurisdiccionales ordenaron emitir una resolución final sobre el caso. Dado que la instrucción coincidió con la implementación de la reforma judicial —que prevé la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por magistrados electos por voto popular—, la Comisión de Transición tuvo que autorizar a la Comisión de Disciplina para concluir el procedimiento.
Así, la investigación culminó con la resolución de la Comisión de Disciplina que, si bien concluyó que Leyva estaba facultado para realizar visitas carcelarias relacionadas con tortura y malos tratos, aseguró que sus atribuciones no incluían tramitar o gestionar la visita de personas ajenas al IFDP al Cefereso 16 de Morelos, por lo que lo encontró responsable de la falta administrativa de abuso de funciones, considerada como “grave”.
Sobre las acusaciones de Leyva y la relación Miranda de Wallace con Norma Piña y Arely Gómez, la Comisión de Disciplina consideró infundado ese argumento, señalando que se cumplieron con las “formalidades esenciales del procedimiento”. En tanto, sobre su “buena fe” le respondió que su “actuar deshonesto” demostró lo contrario, ejerciendo atribuciones no correspondientes para generar beneficio a un tercero.
Por unanimidad de votos de las consejeras Lilia Mónica López Benítez, presidenta de la Comisión, y Celia Maya García, quien será la próxima presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, se impuso la sanción de inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de un año.
Al respecto, Leopoldo Maldonado señaló que la resolución de las autoridades jurisdiccionales en este caso pareciera ser un “pretexto”, con “poco sustento normativo y con base en una argumentación completamente parcial y descontextualizada”, para castigar a Salvador Leyva por las publicaciones que hizo Ricardo Raphael sobre el caso Wallace, mismas que pusieron en entredicho la veracidad de lo que estuvo repitiendo constantemente la propia Isabel Miranda de Wallace y su organización Alto al Secuestro.
“Al final, efectivamente, gracias al trabajo de periodismo de investigación riguroso que tuvieron diversos medios de publicación, incluido un libro que mencionan en la investigación, el de ‘Fabricación’, fue que pudimos conocer la verdad. Eso también sirvió de apoyo para la defensa de las propias procesadas, que no encontraron en el sistema de procuración y administración de justicia las garantías mínimas del debido proceso y al contrario fueron torturadas, mientras que tampoco encontraron en los medios de comunicación, en los primeros años, una cobertura equitativa”, señala.
