ctivistas formaron las letras “SOS” sobre el mar de la playa Tres Emes en Ensenada, Baja California, como protesta contra la ampliación del puerto El Sauzal, que provocaría impactos ambientales “irreversibles”, deterioro en los servicios públicos y daños a la infraestructura urbana.
En la protesta participaron pescadores, buzos, nadadores, surfistas y estudiantes que advirtieron sobre los riesgos ambientales que representa el megaproyecto, entre ellos las afectaciones a especies en riesgo como la ballena gris.
De acuerdo con organizaciones y colectivos como Ensenada digna, Nosotras y el mar, Comité de vecinos de Manchuria y Por una Valle de verdad, la ampliación del puerto El Sauzal agravaría también la escasez de agua, el tráfico vehicular, la falta de áreas verdes en la zona y la degradación de los espacios marinos, además de que impactaría las rompientes reconocidas a nivel mundial, como Tres Emes, San Miguel, Salsipuedes y Killers.
Señalaron que incluso la organización Save the waves declaró a la Bahía de Todos Santos la primera Reserva Mundial de Surf en México y la segunda en Latinoamérica, una designación con la que se busca conservar el ecosistema costero y la biodiversidad, por lo que reiteraron en la urgencia de su protección.
La protesta contra el proyecto, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum desde diciembre de 2024, coincidió con el Día Internacional del Surfing y se realizó mediante un “paddle out”, práctica originaria de Hawaii en la que se forman círculos humanos en el mar que se ha implementado como protesta cuando el océano se ve amenazado.
Claudia Sheinbaum respaldó las labores de atención a las inundaciones en Naucalpan y señaló que será la Conagua la encargada de investigar lo ocurrido en la presa Los Cuartos.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó este lunes su respaldo a las autoridades del Estado de México (Edomex) y del municipio de Naucalpan para atender las afectaciones derivadas del desbordamiento de la presa Los Cuartos.
Desde Palacio Nacional, la mandataria federal aseguró que el Gobierno apoyará en tareas relacionadas con el sistema de drenaje y, si es necesario, contribuirá con recursos adicionales.
“Vamos a ayudar al Presidente Municipal y a la Gobernadora en todo lo que tiene que ver con la red de drenaje. Y si se requiere apoyo adicional, estaríamos apoyando”, afirmó la titular del Ejecutivo al ser cuestionada por la prensa.
Consultada sobre señalamientos que apuntan a una posible manipulación de la infraestructura hidráulica, incluido el retiro de un tapón que habría generado el desbordamiento, la doctora indicó que será la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la instancia encargada de revisar el tema.
“Eso lo tiene que revisar la Conagua”, respondió brevemente.
Naucalpan bajo el agua
Las intensas lluvias registradas el domingo en el Valle de México provocaron el desbordamiento de la presa Los Cuartos, ubicada en Naucalpan, Estado de México, generando severas inundaciones en colonias como San Rafael Chamapa, donde el nivel del agua alcanzó hasta un metro de altura.
La acumulación de basura y la limitada capacidad del cauce del Río Verde agravaron la situación, según autoridades municipales. En redes sociales circularon imágenes del agua arrastrando una capa de espuma blanca de origen desconocido, mientras que el Alcalde Isaac Montoya atribuyó lo ocurrido a una combinación de lluvias atípicas y fallas en la infraestructura hidráulica.
Ante la emergencia, el Gobierno local emitió recomendaciones de Protección Civil y pidió a la población extremar precauciones.
La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que desde el Ejecutivo se impulse una reforma a la Fiscalía General de la República (FGR) o a las fiscalías estatales, en cuanto al tema de las autonomías, aunque reconoció que muchas no funcionan adecuadamente y deben mejorar. Por su parte, especialistas como Luis Daniel Vázquez y Luis Eliud Tapia alertaron que, sin una transformación profunda en la procuración de justicia, persistirá la impunidad.
La posibilidad de que en el país haya una reforma de fondo a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las 32 fiscalías estatales se alejó, al menos por ahora, aun cuando desde la Presidencia se reconoció que hay instituciones de procuración de justicia que no han funcionado y otras que pueden mejorar.
Así lo dejó en claro la Presidenta Claudia Sheinbaum al afirmar que desde el Ejecutivo no se está preparando ninguna propuesta para modificar el funcionamiento de estos organismos ni para retirarles su autonomía. No obstante, la mandataria mexicana sí apuntó que es un tema que debe ir revisándose, en particular porque, dijo, hay fiscalías que no están sirviendo.
“Creo que vale la pena analizar el funcionamiento de las fiscalías y qué otras cosas deben tener para mejorar su operación. Ya la discusión de la autonomía o no es otra cosa, pero creo que es importante mejorar, en general, en nuestro país la procuración de justicia”, dijo en su conferencia del pasado viernes.
El debate sobre las fiscalías no es nuevo. Se presentó al tiempo en que en el país se vivía todo el proceso de la Reforma al Poder Judicial, desde el planteamiento, la propuesta, la ley y el proceso para llevar a cabo la Reforma Judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador, pero que fue aprobada hasta pasado el proceso electoral de 2024, cuando el partido guinda y sus aliados lograron el llamado Plan C, es decir, lograr la mayoría de escaños en el Congreso de la Unión.
Durante todo el proceso de la implementación de la Reforma al Poder Judicial, juristas especialistas advirtieron que la reforma a los tribunales no bastaría para mejorar el sistema de justicia ni para abatir la impunidad si no se revisa también el desempeño de las fiscalías, responsables de abrir las carpetas de investigación y de conducir los casos ante los jueces.
Una vez terminada la primera fase de la Reforma Judicial vino la interrogante ¿cuándo —o incluso si— se emprenderá una transformación profunda de la FGR y de las fiscalías estatales? Y es que, es un hecho que el deterioro en la procuración de justicia exige una intervención como la realizada en el Poder Judicial.
Desde hace días atrás, algunos medios reportaron que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República preparaba un proyecto de reforma constitucional para que el Ejecutivo federal y los Ejecutivos estatales recuperaran la facultad de nombrar a sus fiscales. Sin embargo, Sheinbaum rechazó tajantemente que exista tal iniciativa en su administración.
“Pues hay que analizar. Ya pasó la Reforma al Poder Judicial y, entre otras cosas, pues sí hay que analizar la función de las fiscalías y cómo han funcionado, pero no hay ninguna propuesta nuestra que tenga que ver con quitarles la autonomía”, dijo.
Sobre las fallas estructurales en las fiscalías, la propia Presidenta reconoció que los órganos de procuración de justicia tienen cosas que mejorar, pero deslindó la discusión sobre su autonomía de la necesidad de mejorar los procesos y perfeccionar su operación: “Creo que vale la pena analizar el funcionamiento de las fiscalías y qué otras cosas deben tener para mejorar su operación. Ya la discusión de la autonomía o no es otra cosa, pero creo que es importante mejorar, en general, en nuestro país la procuración de justicia.”
Especialistas consultados coinciden en que más allá de una reforma legislativa, lo que se requiere es una verdadera voluntad de cambio para mejorar la impartición de justicia en el país, atender los problemas estructurales y evitar el uso político de estos organismos.
Luis Daniel Vázquez, profesor de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Luis Eliud Tapia Olivares, abogado y profesor de derechos humanos consideraron que sin cambios sustanciales la impunidad seguirá siendo una constante y los esfuerzos por mejorar el acceso a la justicia no se concretarán.
Para Luis Tapia, abogado e investigador, la situación actual es crítica: las fiscalías están “en ruinas” y arrastran una crisis estructural caracterizada por impunidad, corrupción, subordinación política y desconfianza ciudadana. Aunque admite que una reforma profunda es necesaria, destacó que antes se requiere un diagnóstico serio y plural, con participación de Congreso, víctimas, policías, sociedad civil y especialistas, para identificar incumplimientos normativos y prácticas que deben erradicarse.
“Esto que escuchaba que está podrido el Poder Judicial. Yo esoo lo opino que están podridas las fiscalías desde su origen [… ] El servicio mismo está en ruinas y creo que desde ahí se debería empezar con digamos un diagnóstico y una reforma sí hace falta reformar, pero hace falta diagnosticar y revisar qué es más un tema de prácticas y de incumplimiento de leyes que ya están y qué es un tema de cambiar eh la legislación, la Constitución o las leyes secundarias”, señaló
El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Daniel Vázquez coincidió en la gravedad del problema, pero discrepó en la ruta. A su juicio, el diagnóstico ya existe y es ampliamente conocido; lo que falta es voluntad política.
“El uso político de la justicia y el férreo control sobre las fiscalías y los tribunales sigue intacto. Incluso la reforma judicial votada hace unos días mantiene esa lógica”, afirmó. Según Vázquez, tanto el Gobierno federal como los gobiernos locales, sin distinción partidista, han reproducido ese control para preservar el “pacto de impunidad” heredado del viejo régimen.
A su vez, Vázquez consideró preocupante la negativa presidencial a impulsar cambios. La ausencia de una agenda de reforma —señala— revela desinterés en transformar realmente la procuración de justicia.
“Pues me parece raro que (la Presidenta) diga que no hay nada. Probablemente más bien la están como preparando o en una de esas pues efectivamente perdieron el interés por completo, porque también lo cierto es que tal como se encuentran en este momento las fiscalías, la realidad de facto no tienen autonomía, en consecuencia, siguen siendo totalmente funcionales para la Presidencia y para los gobernadores. Y si esto es así, pues no tiene ningún sentido modificarlo. Por eso tampoco me parece absolutamente raro que no sea como un tema de prioridad”, dijo.
Y añadió: “Pero al mismo tiempo es una muy mala señal, porque entonces lo que sí nos están diciendo es que en realidad este pues efectivamente no hay ningún interés por modificar los procesos de procuración y administración de justicia y que en realidad toda la reforma al Poder Judicial era simplemente para mejorar el nivel de controles que tiene sobre los tribunales”.
Ambos especialistas coinciden en que la crisis de las fiscalías repercute directamente en la impunidad y mina la confianza de la ciudadanía: los delitos no se investigan con rigor, las víctimas enfrentan trámites ineficaces y los inculpados eluden la acción penal. Con el actual modelo, enfatizan, la Reforma Judicial difícilmente cumplirá la promesa de un sistema de justicia más cercano, independiente y transparente.
Tapia, por su parte, advierte que redactar nuevas leyes sin antes acordar los objetivos y los mecanismos de evaluación podría perpetuar los mismos vicios. Para él, la prioridad es diseñar un diagnostico profundo.
Con la publicación en el DOF, entrarán en vigor las reformas que facilitan la movilidad laboral, y permiten el retiro anticipado de maestros y maestras bajo el régimen del ISSSTE.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes la firma de dos decretos en materia educativa, que son resultado de acuerdos con el magisterio nacional.
Uno de ellos contempla la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), mientras que el segundo reduce progresivamente la edad de jubilación para docentes del sector público.
“Desde el 15 de mayo me comprometí a hacer este cambio, porque sabemos que el actual sistema impone muchas restricciones y genera malestar”, expresó Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Según explicó la mandataria federal, los decretos serán publicados este mismo lunes, o a más tardar el martes, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrarán en vigor de inmediato.
El nuevo esquema de movilidad sustituirá gradualmente al modelo de promoción que operaba mediante el Usicamm. Sin embargo, la Presidenta Sheinbaum Pardo aclaró que su reemplazo no será impuesto desde el Ejecutivo, sino que surgirá de propuestas construidas en las propias comunidades escolares.
Cada plantel organizará asambleas presenciales donde se debatirá cómo debe funcionar el nuevo sistema.
“Si nos llevamos un año más, nos llevamos un año más, pero tiene que salir de la discusión directa con las maestras y maestros, para que no haya dudas sobre su legitimidad”, enfatizó la doctora.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, señaló que esta decisión se apoya en una consulta nacional realizada durante el Consejo Técnico Escolar del pasado 30 de mayo.
En ella participaron más de 127 mil escuelas —incluyendo 30 mil multigrado— y los resultados reflejan que la mayoría del magisterio considera que la antigüedad y los años de servicio deben ser los factores principales en los movimientos laborales.
Jubilación más temprana y aumento retroactivo
El segundo decreto establece la reducción gradual de la edad mínima de retiro para quienes se rigen bajo el artículo décimo transitorio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
De acuerdo con la reforma, las maestras podrán jubilarse a los 53 años y los maestros a los 55 en el año 2034, en contraste con los 58 y 60 años establecidos tras la reforma de 2007, impulsada durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
“El decreto que firmaremos es el más importante desde aquella reforma, y representa una justicia largamente esperada para las y los trabajadores”, sostuvo Mario Delgado, quien calculó un costo fiscal superior a 36 mil millones de pesos (mdp), pero aseguró que se trata de “un acto de justicia laboral que reconoce los años de servicio sin imponer más requisitos”.
Además de los dos decretos, Sheinbaum anunció un incremento salarial del 10 por ciento, nueve por ciento al salario base y uno por ciento a prestaciones, para todo el personal docente, efectivo de forma retroactiva al 1 de enero.
Las y los maestros recibirán el monto correspondiente junto con su pago del 1 de julio.
El anuncio se da en medio de protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos paros dejaron sin clases a más de un millón de estudiantes en varios estados.
Horas antes, en la periferia de Acapulco, dos taxis de la ruta El Treinta fueron incendiados en hechos separados.
Acapulco fue escenario de un nuevo episodio de violencia tras el incendio de un autobús de transporte público con cinco personas al interior, en el segundo ataque de este tipo en menos de 24 horas.
Los hechos ocurrieron la noche del sábado en la colonia La Laja, elevando a seis el número de víctimas calcinadas en unidades de transporte desde el viernes, de acuerdo con reportes de medios locales.
De acuerdo con estas informaciones, alrededor de las 22:40 horas, sujetos armados abandonaron una unidad de la ruta Hospital-Vacacional-Centro en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, cerca de la calle 6 de Enero. Minutos después, un grupo de hombres descendió de un vehículo Nissan Tsuru para rociar combustible y prenderle fuego al autobús antes de huir.
Bomberos lograron sofocar las llamas, pero al interior encontraron cinco cuerpos calcinados, cuyas identidades aún no han sido establecidas. La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las diligencias correspondientes, mientras que la escena fue resguardada por policías ministeriales, Guardia Nacional y Marina.
Este crimen se suma a una serie de ataques contra unidades de transporte en la zona. Horas antes, en la periferia de Acapulco, dos taxis de la ruta El Treinta fueron incendiados en hechos separados. En uno de ellos, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura y un torniquete en el cuello.
José Ignacio, de 35 años de edad, vivió la última agresión en enero del 2022, cuando recorría la región de la mixteca oaxaqueña.
Anoche, a través de una transmisión en vivo, el periodista zapoteca Ignacio Santiago, creador de la página de noticias “Pluma digital” denunció que elementos de la policía estatal detuvieron en Juchitán, Oaxaca a dos de sus guardias proporcionadas por el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras adscrito a la Secretaría de Gobernación, lo cual pone en riesgo su vida.
Señala que la detención fue 5 minutos después de que los guardias lo hubieran dejado en su domicilio tras una larga jornada de trabajo.
“Me llamaron y me dijeron que los auxiliara, porque la policía estatal los había detenido, me trasladé al lugar y supuestamente la detención fue porque traían licencia vencida y venían tomados, lo cual es mentira”, narra.
José Ignacio Santiago ingresó al Mecanismo desde hace 8 años, cuando atentaron contra su vida, y desde hace 6 años cuatro elementos de seguridad se turnan para protegerlo.
El reportero externa que además de la detención de ambos guardias, los uniformados también le arrebataron sus armas, y a pesar de que el Mecanismo ya se comunicó con ellos explicándoles que fungen como guardias de un periodista, siguen detenidos en el cuartel de la policía estatal ubicada en el ex Ingenio del municipio de El Espinal, Oaxaca.
José Ignacio señala, que en la mañana del domingo recibió una llamada telefónica alertando de que le iban a hacer daño, lo cual hizo caso omiso.
“Todo esto viene de parte del Comisionado de la Policía Estatal, Francisco Santiago García, porque en diversas ocasiones he denunciado las irregularidades de esta corporación estatal, supongo que eso no le ha parecido, pero yo solo cumplo con mi trabajo. Por fortuna yo no venía con los guardias, ellos ya se iban a descansar, y ahora siguen detenidos, esto es un abuso y represión”, recalca.
Enfatiza que quedarse sin guardias lo pone aún más en riesgo, pues con los temas que trabaja, que son en su mayoría nota policiaca y roja, corre más riesgo su vida.
“El Mecanismo aún no me dice sí proporcionará a otras dos personas para cubrir la guardia, debido a que además de detenerlos, se llevaron también sus armas, es decir, que las otras dos guardias del turno de hoy lunes están, pero sin armas en caso de un ataque o alguna acción violenta que pueda ponerme en peligro”.
Desde el pasado sábado, tras un operativo, la policía estatal tomó el mando de la seguridad del municipio de Juchitán, Oaxaca, realizando recorridos y acciones por toda las nueve secciones y más de 120 colonias populares de esta ciudad oaxaqueña.
Hasta el momento la policía estatal no ha informado nada al respecto.
José Ignacio, de 35 años de edad, vivió la última agresión en enero del 2022, cuando recorría la región de la mixteca oaxaqueña.
Los jóvenes José Isaías, Enrique y Santiago desaparecieron en el municipio de Concordia, Sinaloa, cuando regresaban de un fin de semana de vacaciones en Mazatlán. Sus familias los buscan desde San Juan del Río, Querétaro, de donde son originarios.
“Nosotros aquí los estábamos esperando, pero ya no llegaron”, dice la señora Maritza, madre de José Isaías García, quien lleva dos meses y 11 días sin regresar a su casa en San Juan del Río, Querétaro. Un viaje de celebración a Mazatlán, Sinaloa, se convirtió en el inicio de semanas de incertidumbre para los familiares de tres jóvenes queretanos que ahora están desaparecidos.
José Isaías, de 23 años de edad, salió de viaje al destino turístico con sus amigos, los hermanos Santiago y Carlos Enrique Sánchez, para festejar su cumpleaños. Como ya había visitado el estado norteño en otras ocasiones, estaba emocionado por pasar un fin de semana en la playa.
“Ellos ya venían de regreso de sus vacaciones”, comparte Maritza en entrevista. “Venían por Concordia, Sinaloa, y se pierde la señal de comunicación con ellos, ellos ya venían rumbo al estado de Querétaro”.
Las familias de Isaías, Santiago y Enrique estaban pendientes de su trayecto a través de GPS, pero alrededor de las 18 horas, cuando atravesaban el área de Concordia, a menos de 50 kilómetros de distancia de Mazatlán, perdieron la señal y no volvieron a tener noticias de los muchachos.
Violencia asedia Sinaloa
Al día siguiente, aún sin información sobre los tres amigos, la señora Maritza y los familiares de Santiago y Enrique se dirigieron a una oficina del Ministerio Público en San Juan del Río para levantar una denuncia por la desaparición de su hijo y sus compañeros.
“Nos indicaron los pasos a seguir, y se ha tenido el apoyo del gobierno del estado (de Querétaro)”, relata. “Para podernos dar el enlace de todas las personas, como la Comisión de Búsqueda para llevar precisamente la búsqueda de los muchachos, y hacer la coordinación con el estado de Sinaloa”.
Las autoridades emitieron las fichas de búsqueda para Isaías, Santiago y Enrique, quienes viajaban en una camioneta gris marca Toyota. Por parte del gobierno sinaloense, ofrecieron a las familias apoyo para trasladarse al norte del país para participar en acciones de búsqueda, pero dada la situación de violencia que atraviesa el estado, consideraron más seguro hacerla a la distancia por el momento.
Desde septiembre de 2024, una ola de violencia azota la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, que paralizó a la población y provocó la suspensión de actividades en escuelas y comercios. Los enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, Los Mayos y Los Chapos, tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, se han expandido a las comunidades aledañas, mientras que los asesinatos, enfrentamientos armados y desaparición de personas ha incrementado en los últimos meses.
Entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, la entidad registró oficialmente mil 333 hombres y mujeres desaparecidos, un promedio de 5 personas diarias durante esos nueve meses.
“Nos han dicho que nosotros tenemos derecho de ir, estamos en toda la libertad de nosotros ir igual al campo, pero ahorita igual como familia vemos que por seguridad es peligroso el traslado, y ellos mismos nos dicen que ahorita sí está un poco peligroso para ir. Por eso nos están apoyando a través de comunicación vía celular, para darnos información del avance”.
“Son parte de nuestra familia”: mamá de jóven desaparecido en Sinaloa
La señora Maritza lleva presente a Isaías, Santiago y Enrique como parte de su familia, pues si bien los últimos dos jóvenes no llevan su sangre, tuvieron múltiples convivencias juntos.
“Son buenos hijos, son buenos amigos y buenos nietos”, dice. “Son parte de nuestra familia y se fueron (de vacaciones) con la confianza y la felicidad de ir a festejar y pasársela un fin de semana en Sinaloa con Isaías”.
A la fecha, no hay avances en la investigación sobre su paradero, por lo que la mamá de Isaías hace un llamado a la ciudadanía a compartir sus fichas de búsqueda y apoyar con cualquier información que pueda ayudar a que los jóvenes regresen a casa.
“Tenemos mucha fe en que pronto ellos puedan regresar con bien. Hay dos familias muy dañadas ante esta situación y esta violencia que se ve sobre nuestro país, porque ya no somos libres de conocer nuestro país, y es muy preocupante”, remarca Maritza.
Pese a que la Presidencia solicitó a la Corte abstenerse de pronunciarse sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, el pleno del Máximo Tribunal se perfila para discutir dos asuntos que podrían derivar en la eliminación o restricción de dichas figuras, señaladas como contrarias a los derechos humanos.
Antes de que entren en septiembre las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) electos tras las elecciones judiciales, el Máximo Tribunal del país perfila discutir dos asuntos que podrían eliminar o limitar las figuras de prisión preventiva oficiosa y el arraigo, pese a que la Presidencia del país solicitó que se abstuvieran de pronunciarse al respecto.
Se trata de la revisión del cumplimiento de la sentencia del caso García Rodríguez vs México, por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al país al considerar que la Constitución viola derechos humanos por el uso de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo; así como una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la prisión automática. Asuntos que están en manos del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, respectivamente.
La discusión de ambos asuntos llegará en un contexto político muy difícil para la Suprema Corte, no sólo porque la mayoría de sus integrantes serán reemplazados por ministras y ministros nuevos que llegarán después de la elección judicial del pasado 1 de junio, sino porque llega después de la aprobación de otras reformas constitucionales que ampliaron la lista de delitos que ameritan el uso de la llamada prisión automática y la eliminaron la facultad que podía tener la Corte para revisar reformas constitucionales.
En otras palabras, las decisiones que tome la Corte en las próximas semanas podrían colocar a México en riesgo de incurrir en responsabilidad internacional, al incumplir una sentencia de un organismo internacional. Esto podría derivar en consecuencias jurídicas para el Estado mexicano, o bien, en la eliminación de una figura legal que permite a las autoridades mantener en prisión a personas sin necesidad de justificar su encarcelamiento ante un juez.
Corte perfila analizar sentencia de la CoIDH contra México por uso de la prisión automática
En primer lugar, antes de que acabe su periodo, la Suprema Corte perfila abordar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que condenó a México al considerar que la Constitución viola derechos humanos por el uso, precisamente, de la prisión preventiva oficiosa.
En su resolución por el caso García Rodríguez vs México, emitida en abril de 2023, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano reformar la Constitución para que la prisión preventiva sea justificada, con valoración judicial, y no aplicada de forma automática.
Así como lo señaló Simón Hernández León, defensor de derechos humanos, la Suprema Corte estará en la disyuntiva entre defender los derechos fundamentales y superar su criterio de jerarquía que indica que las restricciones contenidas en la Constitución están sobre las sentencias internacionales o sumarse al desacato de prácticamente la totalidad del Estado mexicano, según un artículo de opinión publicado en el diario El Universal.
Un desacato que se evidenció aún más con la aprobación del llamado “Plan C”, en el que el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el Congreso de la Unión ampliaron la lista de delitos que ameritan el uso de la llamada prisión preventiva oficiosa y eliminaron la revisión judicial de reformas constitucionales, generando así una “responsabilidad internacional agravada”.
Luego, la presidencia de México solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación abstenerse de revisar los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa, con el argumento de que la decisión debía recaer en las ministras y ministros que fueran electos el 1 de junio.
“Dada la relevancia del criterio que se fijará en dicho expediente y atendiendo a que el 1° de septiembre de 2025 las ministras y ministros electos por voto popular tomarán protesta en el cargo, se solicita respetuosamente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que retire el proyecto de resolución listado para su estudio, discusión y eventual resolución y que este sea realizado por la integración que derive de las elecciones al Poder Judicial de la Federación”, señala el escrito firmado 26 de mayo de 2025.
El documento fue enviado luego de que el ministro Jorge Pardo Rebolledo repartió su proyecto de sentencia sobre el expediente 3/2023 -que no es público-, relativo a la recepción de sentencias de tribunales internacionales, en el que propone que se determine la inaplicación del arraigo y de la figura de prisión preventiva oficiosa, atendiendo así la resolución de la CoIDH.
Por ello, en la presunta responsabilidad internacional agravada estarían implicados tanto gobernadores, la Fiscalía General de la República (FGR) y secretarías de estado como la de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina, como la propia Presidencia de la República que envió la carta a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte.
Farjat proponen nuevas reglas para aplicar la prisión automática
Como segundo asunto, la Suprema Corte perfila discutir el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 49/2021, en el que la ministra Ríos Farjat propone que lo establecido en el artículo 19 de la Constitución, respecto a que “el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente”, debe interpretarse como una facultad de las personas juzgadoras para ordenar abrir un debate sobre el análisis de la imposición (o no) de esta medida, sin que sea necesario que el Ministerio Público lo solicite.
En otras palabras, la ministra no propone eliminar la prisión preventiva oficiosa ni la liberación inmediata de personas en prisión, sino que propone un nuevo criterio de interpretación sobre esta figura, en el que que las personas acusadas por uno de los llamados “delitos graves” no sean encarceladas de forma automática, sino que exista una obligación por parte de las autoridades de debatir las razones para dejar a alguien en prisión.
“Su proyecto de sentencia sobre la prisión preventiva oficiosa no la inaplica, sino que la reinterpreta conforme al marco constitucional y convencional de los derechos humanos […] Quienes sostengan lo contrario, sin más, se colocan del lado del Estado punitivo, no de la justicia ni de la protección de los derechos fundamentales”, señaló el abogado Francisco Burgoa, especialista en derecho constitucional, en publicación en su cuenta de X.
Originalmente, la CNDH fue la que promovió esta acción de inconstitucionalidad en la que formuló en sus conceptos de invalidez distintos argumentos para evidenciar que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa es inconstitucional e inconvencional, por no tener un carácter de “excepcional” y violentar los derechos humanos a la presunción de inocencia, libertad personal y debido proceso.
Pero hasta la propia CNDH, que impulsó estas y otras acciones jurídicas a nivel nacional e internacional contra la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, terminó justificando esta medida, alineándose así con el oficialismo.
En su proyecto, la ministra Ríos Farjat establece cuatro lineamientos obligatorios para que al solicitar, analizar y determinar la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, las personas juzgadoras, fiscales, defensoras y asesoras jurídicas, tanto del fuero federal como del fuero local, puedan hacerlo de forma clara, respetuosa de derechos humanos y compatible con los estándares internacionales.
Primero: que la necesidad de aplicar una medida cautelar como la de prisión preventiva oficiosa debe estar respaldada por datos de prueba.
Segundo: que la gravedad del delito es relevante, aunque por sí mismos no son suficientes para imponer la prisión de forma “automática”.
Tercero: que el agente del Ministerio Público puede acreditar o justificar la necesidad de imponer esta figura con base en las pruebas que considere pertinentes, incluyendo evaluaciones de riesgo que hagan las autoridades.
Cuarto: que en los casos en los que exista una víctima u ofendida es “insoslayable” que deba ser notificada en la audiencia para que pueda manifestar el riesgo que pudiera representar que la persona imputada no sea sujeta a la medida de prisión preventiva.
“Sentado lo anterior, se concluye que la aplicación de la figura de la prisión preventiva oficiosa no encuentra un soporte argumentativo válido en términos de un margen nacional de apreciación que justifique la forma en que sacrifica los derechos humanos a la presunción de inocencia, la libertad personal, la igualdad ante la ley, así como el desarrollo a un proyecto de vida.
Esto es así, pues aun cuando es cierto que varios indicadores dan cuenta de que México atraviesa por una importante crisis delictiva, ello no constituye una justificación válida en términos históricos, sociales o de idiosincrasia nacional para restringir esos derechos humanos a través de la imposición de esa medida privativa de la libertad, sin distinción, siempre que se procesen cierto tipo de delitos”, señala el proyecto.
Eliminar la prisión automática, la eterna lucha de la Corte contra el gobierno
La propuesta de la ministra Ríos Farjat y el ministro Pardo Rebolledo también llega en medio de un complicado contexto político y jurídico en México resultado de las reformas constitucionales de 2024, que incluyó la reforma judicial por la que se impuso que jueces, magistrados y ministros fueran electos por voto popular y no por preparación jurisdiccional.
A esto se suma el hecho de que la nueva composición de la Suprema Corte, cuyos perfiles fueron 100 % coincidentes con los acordeones difundidos ampliamente por Morena, tiene fuertes afinidades con el oficialismo, incluso varios son funcionarios o exfuncionarios del gobierno morenista.
Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la figura de la prisión preventiva oficiosa frente a la situación de inseguridad que vive el país, con la presencia de grupos de la delincuencia organizada, tal y como lo hizo en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Frente a la situación actual pienso que es correcto que se quede la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos, eso tiene que ver incluso con que el juez no ponga en riesgo su vida frente a un delincuente peligroso, entonces esa es la discusión que se presenta ahora y hay quien de la oposición está en contra de ello, pero tampoco plantean otras opciones, entonces es una medida que se toma frente a la situación actual y las condiciones en las que viven nuestro país frente a una situación de grupos de delincuencia organizada”, dijo.
Animal Político, en alianza con la organización Intersecta, publicó en octubre de 2021 la investigación Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes donde se dio cuenta de que el 70 % de las personas a las que se les aplica la medida de prisión preventiva oficiosa son personas de escasos recursos.
Artesanos, choferes, campesinos, pescadores, vendedores y comerciantes, quienes apenas cuentan con primaria o secundaria y que son acusadas de delitos menores como pequeños robos o narcomenudeo, son las principales víctimas de esta medida, situación que incluso evidencia el por qué no han bajado los niveles de violencia en el país pese a que hay más detenidos.
Más aún, la investigación reveló que las mujeres son las personas que han sido más perjudicadas por esta medida. Tan solo de 2019 a agosto de 2021 la tasa de mujeres en prisión preventiva sin sentencia, es decir que son inocentes, pasó de ser de 10.2 a 14.2 por cada 100 mil mujeres.
Para aprobar el asunto del ministro Pardo Rebolledo, la Corte necesita apenas 6 votos para reconocer que México desacató la sentencia de la CoIDH, mientras que la acción de inconstitucionalidad de la ministra Farjat necesita de 8 votos a favor.
El 24 de noviembre de 2022, la Suprema Corte resolvió el último asunto importante sobre la prisión preventiva oficiosa: la acción de inconstitucionalidad 130/2019 bajo la ponencia del ahora ministro en retiro Luis María Aguilar Morales.
En ella se determinó como inconstitucional la ampliación del catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, el asunto no cuenta con sentencia al día de hoy, mientras que esta lista fue ampliada una vez más por los Poderes Ejecutivo y Legislativo que ahora pretenden esperar a las y los nuevos ministros para resolver estos asuntos.
En 2023 fue el año con la mayor concentración de casos de desapariciones en Chiapas, con 304 personas que continúan desaparecidas.
La tarde del pasado lunes 16 de junio, alrededor de las 16.30 horas, hombres armados encapuchados irrumpieron en una cantina de la comunidad Vicente Guerrero, en el municipio de Ocozocoautla, para llevarse por la fuerza a Héctor Zúñiga Trejo; su desaparición ha dejado miedo en el poblado de campesinos que denuncia la presencia de individuos que se pasean con armas en camionetas.
La comunidad que se encuentra a escasos 15 kilómetros de la ciudad capital, denuncia la presencia y actividad de la delincuencia organizada en la zona; los pobladores señalan que al lugar no ha llegado la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), una unidad de élite creada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y desplegada en puntos estratégicos de Chiapas con equipo especializado para enfrentar al crimen organizado.
A seis meses de la llegada a la gubernatura de Ramírez Aguilar, Chiapas registra una disminución significativa de algunos delitos de alto impacto, como los homicidios, las extorsiones y las desapariciones por la Estrategia de Construcción de la Paz; pero ahora más personas se están atreviendo a denunciar, como las madres de cuatro adolescentes de 15 y 16 años de edad, estudiantes de secundaria y preparatoria que se encuentran desaparecidos desde agosto del año pasado en el municipio de Arriaga en la región de la costa.
Diez meses después, las familias de Yuritzi Pérez Fericano, de 16 años edad; Martín Gustavo Ramos Cruz, de 15 años de edad; Ángel Fabrizio Santiago Torales, de 15 años; y Emmanuel Alemán Camacho, de 16 años, pedirán en una peregrinación que ha convocado la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la intervención de las autoridades.
Las familias de los jóvenes, a los que consideran “educados, estudiosos y trabajadores”, se movilizarán diez meses después de su desaparición forzada; aseguran que funcionarios de la Fiscalía y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas los mantuvieron atemorizados, para que no publicaran nada en redes sociales sobre la desaparición, porque entonces los secuestradores se podrían enojar y no devolverlos con vida.
La Fiscalía no te busca
La desaparición forzada el pasado lunes de Héctor Zúñiga Trejo en el municipio de Ocozocoautla generó entre los habitantes una profunda preocupación, ya que cuentan, hace meses entraron al caserío cinco camionetas, los muchachos que estaban platicando en una banqueta les hicieron bulla, los hombres regresaron, los golpearon y les advirtieron que no se pasaran de valientes.
Héctor, de 29 años, dedicado a la compra y venta de ganado, relata su hermana Iris, fue la mañana del lunes a entregar en la camioneta de su padre unas vacas al rastro municipal, y de regreso se fue con sus amigos a tomar unas cervezas, pero como siempre lo hacía, avisó en el chat de la familia donde se encontraba, incluso envió una foto.
“La última conexión que tuvimos con él fue a las 4 de la tarde, de ahí vimos que no le llegaban los mensajes, por lo que mi papá fue a buscarlo; en la cantina quedó la camioneta abandonada con los cristales abajo, en el establecimiento no había nadie, cuando le preguntamos a sus amigos y al cantinero dijeron que no sabían nada y que no vieron nada”.
Héctor, narra su hermana, fue llevado junto con otro amigo, pero a él lo regresaron al siguiente día todo golpeado, “está en shock, dice que fue vendado. Lo fueron a tirar en la colonia”.
La familia de Héctor denunció su desaparición ante el ministerio público de Ocozocoautla; Iris comenta que ella preguntó que seguía después de la denuncia, le dijeron: “Vamos a darle difusión y cuando tengamos algo, les hablamos”. Iris dice que pidió que se rastreara el celular de su hermano, pero le dijeron que no se podía porque estaba apagado.
Saldrán a marchar por las desapariciones en Arriaga
En la ciudad de Arriaga, un municipio colindante con el estado de Oaxaca, los pobladores saldrán el próximo domingo 22 de junio en una marcha peregrinación para demandar el regreso con vida de los cuatro adolescentes y de los demás desaparecidos.
En esa localidad, los habitantes relatan otras desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que se dio como parte de la lucha entre las organizaciones criminales que desde 2020 se mantuvieron enfrentadas por la lucha del control de territorio.
“Amigos y familia, quien guste apoyarme con su valiosa presencia este 22 de junio, a las 05:00 horas saliendo del Calvario, procesión de las antorchas, con faroles y velas, con ropa blanca y si gustas foto”, dice la convocatoria que se ha lanzado para que se usan los parientes de otros desaparecidos en Arriaga.
Las madres de los cuatro jóvenes desparecidos, señalan que, hasta ahora, la única información que tienen sobre la desaparición de sus hijos, son las fichas que emitió la Fiscalía General del Estado, pero diez meses después, los secuestradores no les han enviado mensajes.
Las mujeres están convencidas de que sus hijos puedan regresan a casa y puedan continuar con sus estudios, porque soñaban con ir a la universidad y servir a la comunidad como médicos, ingenieros y maestros.
Las desapariciones
La crisis de desapariciones en Chiapas, es un fenómeno complejo y doloroso, gran parte está ligada a la confrontación de grupos de la delincuencia organizada que se disputan el territorio, si bien, el delito disminuyó, las desapariciones es una realidad persistente y preocupante, que no solo no desaparece, sino que en algunas zonas y en ciertos segmentos de la población, muestra un recrudecimiento, afirman organizaciones de la sociedad civil.
En 2023 fue el año con la mayor concentración de casos de desapariciones en Chiapas, con 304 personas que continúan desaparecidas.
En 2024 las desapariciones forzadas se incrementaron entre los meses de enero y octubre, se duplicaron las cifras de jóvenes y niñeces desaparecidas, con 208 casos activos solo en ese periodo, lo que representa un disparo del 90 por ciento en denuncias vigentes en comparación con 2023, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
"Nosotros no vamos a proteger a nadie que estuviera involucrado en prácticas de venta de combustible ilegal”, incluso si las investigaciones puedan alcanzar a funcionarios de Pemex, dijo la presidenta.
Ante el hallazgo de una “mini refinería” clandestina en Coatzacoalcos, Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que su gobierno no protegerá “a nadie” y que la investigación se hará “tope donde tope”, incluso si en ella participaban funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El pasado miércoles 18, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que autoridades federales encontraron y desmantelaron un inmueble donde se fabricaba diésel artesanal, nafta ligera o solventes y aceites tratados o combustóleo ligero, y que se recuperaron 500 mil litros de crudo; sin embargo, ninguna persona fue detenida.
Cuestionada este viernes sobre ese hecho y si las investigaciones podrían alcanzar a funcionarios de Pemex, la mandataria federal afirmó:
“Nosotros no vamos a proteger a nadie, número uno. Ahora, las investigaciones, pues hay que tener su, no se pude dar más información porque justamente están bajo investigación, pero nosotros no vamos a proteger a nadie que estuviera involucrado en prácticas de venta de combustible ilegal”.
Luego del trastabilleo, la prensa le preguntó si en la operación de esta mini refinería podrían estar involucrados funcionarios especializados de Pemex, debido al conocimiento técnico requerido para cometer ese tipo de huachicol.
Ella respondió: “En particular ayer en este lugar, digamos, para hacer una refinería de este tipo requieres ingenieros químicos esencialmente, pueden trabajar en Pemex o no. Entonces, ya la investigación nos va a dar, pero que sepan pues que se está haciendo la investigación y tope donde tope”.
Sheinbaum Pardo fue cuestionada en el sentido de que las autoridades de seguridad dan este tipo de golpes al crimen organizado, pero sin detener a nadie. Entonces, argumentó que su gobierno trabaja con la Fiscalía General de la República (FGR) para combatir la red de delincuencia organizada vinculada con prácticas de huachicol o robo de combustible.
“Hay prácticas que tienen que ver con combustible importado que se han puesto muchos controles, combustible que se importaba con otros permisos, por ejemplo, llegaba diésel y se decía que era nafta y se decía que tenía cierto tipo de permiso”, explicó.
La mandataria federal destacó que también se ha puesto “muchos controles” con las aduanas y se emitieron reglas para que no haya ciertos permisos temporales, que en algún momento se otorgaban.
Y aunque dijo que no tiene información de si esa actividad ilícita se hacía en años anteriores, desde que inició su administración “se están poniendo controles en las aduanas y también en combustibles que pudieran venir de otros orígenes, petróleo crudo, en fin, tras redes de posible corrupción que pudiera haber en algunas áreas”.
La morenista aseguró que se realiza una investigación “muy profunda” sobre este delito, además del trabajo “muy intensivo” de la Guardia Nacional (GN), la SSPC y las aduanas “para poder incautar todos los almacenamientos y transporte de combustible ilegal y se está haciendo todas las investigaciones para llegar al fondo de las distintas redes que se dedican a este delito”.
Por: Draco Draculon viernes, junio 20, 2025/Comentarios: 0Ley Censura,
Nacional
La organización advierte que las modificaciones pudieran estar duplicando delitos ya existentes simplemente porque son cometidos con herramientas tecnológicas.
La Red Puebla de Periodistas presentó una solicitud formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que promueva un recurso de inconstitucionalidad contra las reformas que aprobó el Congreso local al Código Penal del Estado, mejor conocidas como “Ley Censura”.
En el escrito dirigido a Rosario Piedra Ibarra, la organización advierte que las modificaciones vigentes en Puebla desde hace una semana pudieran estar duplicando delitos ya existentes simplemente porque son cometidos con herramientas tecnológicas y, por otro, podrían prestarse para censurar a periodistas y ciudadanía crítica, lo que contraviene los artículos 6 y 7 constitucionales.
Asimismo, la agrupación de comunicadores exigió en sus redes sociales que el foro que se llevará a cabo este viernes en el Congreso del Estado sobre esa reforma de ciberseguridad, sea transmitido en vivo por los canales oficiales del legislativo, luego que esto no ocurrió con el primero, realizado el jueves.
En el mismo sentido, se pronunció la agrupación Artículo 19 al anunciar su participación en este encuentro.
“Hacemos eco del llamado de @Periodistas_Pue y exigimos al @CongresoPue y @Gob_Puebla a que los diálogos sean abiertos, públicos, con participación diversa y plural, así como atendiendo al principio de máxima publicidad”.
— Red Periodistas Pue (@Periodistas_Pue) June 20, 2025
Protesta ciudadana
También, la mañana de este viernes, ciudadanos convocados a través de redes sociales se manifestaron frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En esta protesta estuvo Jesús Encinas, quien fue suplente del gobernador Alejandro Armenta cuando éste fue senador, portando una cartulina que decía: “Libertad de expresión, sin condición”.
Los ciudadanos encabezados por Ricardo Gali expresaron su repudio por esta reforma que abre la posibilidad a que cualquiera pueda ser demandado y encarcelado —hasta por tres años— si alguna persona que se siente ofendido por mensajes que emitió en redes sociales.
“La libertad de expresión consiste en que podamos hablar de lo que se nos dé la gana, y no, de lo que se nos diga desde el poder”, expresó al demandar al Congreso que “corrija” la reforma antes de que acabe el período de sesiones o, de lo contrario, que la CEDH haga uso de sus facultades para interponer un recurso de inconstitucionalidad en defensa de los derechos humanos de la ciudadanía.
También participó el activista Renato Romero, quien acusó que en los pocos meses que tiene el actual gobierno, Armenta ya dio muestras del “cobre precioso”, de intolerancia a la crítica, autoritarismo y “carácter impulsivo”.
Primer foro
En el primer foro llamado “Divulgación Ciudadana: Ciberseguridad en Puebla”, que se realizó ayer, la gran mayoría de los exponentes ciudadanos se pronunció en contra de la reforma.
Entre ellos, Gabriela Rosas, en representación de mujeres viviendo violencia vicaria, dijo que la denuncia pública y la exigencia de justicia a través de las redes sociales son de las pocas herramientas que tienen acceso para defender los derechos de niñas y niños y los propios.
“Esta herramienta está actualmente en un alto riesgo ante la reciente aprobación de la legislación que nos ocupa”, expresó al mencionar que integrantes de esa organización y ella misma han sido demandadas de ciberacoso por los deudores y que, aunque logren ganar amparos, eso les implica gastar recursos y tiempo, que son escasos, para defenderse.
Aunque funcionarios de la Fiscalía General del Estado, del poder Judicial y de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron a respaldar la reforma, la participación de ciudadanos en contra fue abrumadora pues de 23 ponencias que se presentaron sólo tres respaldaron abiertamente la ley ya aprobada.
Inconstitucionalidad
En la solicitud que presentó la Red Puebla de Periodistas expone fallas que presenta la reforma al Código Penal del Estado que fue aprobada el 12 de junio y promulgada al día siguiente.
En el caso del artículo 480, con el que se tipifica el delito de ciberasedio, la RPP indica que tiene una redacción “problemática” debido a que es un criterio “totalmente subjetivo” lo que se puede considerar un insulto, ofensa o agravio, además reitera que la Comisión Internacional protege tanto la información que resulta favorable, indiferente o inofensiva, como la que es chocante, inquietante u ofensiva.
En tanto que el artículo 258 Ter. sobre usurpación de identidad, que considera delito el obtener, transferir, utilizar o apropiarse de datos personales sin autorización y aprovechando tecnologías de la información y telecomunicaciones, “podría considerarse perjudicial para el ejercicio periodístico debido a que existen investigaciones sobre corrupción donde la filtración develó abusos de autoridad y violaciones a derechos humanos”.
Expone que de acuerdo al análisis jurídico que llevó a cabo Artículo 19, no hay una taxatividad de los delitos, pues no describe en forma clara y precisa las conductas delictivas y las penas correspondientes, lo que puede dar pie a que sea usada de manera arbitraria.
“Ante esta situación y tomando en cuenta el principio de máxima protección, pedimos que se presente el recurso de inconstitucionalidad, esto conforme a las atribuciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene en la fracción II del artículo 105 de la Constitución mexicana”, dice el escrito presentado por la organización.
Los hechos de violencia en Zitácuaro, Michoacán, provocaron la muerte de un menor, además de bloqueos y negocios incendiados
El alcalde de Zitácuaro, Michoacán, dijo que los hechos violentos recientes que dejaron aun menor sin vida, quemas y bloqueos, “rebasan al gobierno municipal”, por lo que pidieron el apoyo estatal.
En conferencia, el edil detalló que habló con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y con las corporaciones federales y estatales de seguridad, para solicitar que se refuerce la seguridad en el municipio, luego de los hechos violentos y enfrentamientos del jueves.
“He tenido comunicación con el gobernador del estado, con el secretario de Gobierno, con las autoridades federales, para reforzar la seguridad y que regrese el clima de paz y civilidad a nuestra ciudad. No podemos admitit este tipo de agresiones y condenamos todo aquello que altere la paz pública y la integridad de la sociedad zitacuarense. Estas acciones nos rebasan como gobierno, por eso pedimos la coordinación efectiva para que regrese la calma”.
Antonio Ixtláhuac confirmó la muerte de un menor de edad durante el fuego cruzado; mientras que la mamá y otros dos niños fueron hospitalizados, tres establecimientos fueron atacados y al menos seis vehículos incendiados, además de la suspensión de clases.
Durante el jueves, conductores de transporte público fueron obligados a bloquear los accesos a Zitácuaro.
“El día de ayer fue sumamente caótico y los transportistas cerrando vialidades, sumamente complicado para el gobierno municipal”.
El alcalde detalló que directamente él acudió a las escuelas y recorrió algunas calles para apoyar a que los estudiantes regresaran a sus casas y se encontraran con sus familias, pues cientos de menores se quedaron atrapados en las instalaciones durante el enfrentamiento de dos presuntos grupos delincuenciales.
Violencia en Zitácuaro, Michoacán
Un menor de cuatro años de edad murió a consecuencia de una bala perdida durante uno de los enfrentamiento en el municipio de Zitácuaro, Michoacán.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, la madre del menor, resultó lesionada por los impactos de bala al igual que su otra hija, de 10 años de edad.
Este jueves se registraron diversos hechos de violencia en Zitácuaro, Michoacán, como enfrentamientos y bloqueos, lo que provocó alerta en la población y el despliegue de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) y el Ejército para atender la situación.
A las 12:50 horas, el gobierno municipal informó sobre “presuntos incidentes violentos” en el libramiento J. Múgica, a la altura de la Nissan, y en el excaballito, detrás de la central camionera.
Por esta situación, se hizo un llamado a la población para evitar transitar por dichas áreas y permitir el libre paso de las unidades de emergencia y autoridades que atienden los hechos, de igual manera la Policía del municipio pidió a la población resguardarse.
La SSP informó que, junto con elementos del Ejército, se desplegaron a la zona para atender los reportes, además de que se reforzó la seguridad en tiendas de autoservicio y caminos de la demarcación.
En redes sociales, usuarios difundieron fotografías y videos en los que se escuchan detonaciones, se ve a personas corriendo, vialidades bloqueadas, vehículos incendiados y una tienda Oxxo también quemada e, incluso, un video al interior de una escuela con niños tirados al suelo resguardándose a la par que se escuchan disparos.
Horas más tarde que las autoridades publicaron los comunicados, comenzaron a circular fotografías del centro de Zitácuaro en las que las calles se ven vacías y la mayoría de los negocios cerrados.
Hasta el momento, las autoridades no han detallado si por estos hechos de violencia hay personas detenidas o aseguramientos.
Michoacán cerró el 2024 con al menos mil 372 homicidios dolosos, de los cuales, mil 168 fueron con arma de fuego, mientras que 47 se dieron con arma blanca. Además, reportó un total de 556 lesiones dolosas con arma de fuego y 290 con arma blanca, esto de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla denunció irregularidades en el proceso. Reportaron errores en la nomenclatura usada por la Fiscalía de Morelos.
Más de 60 cuerpos —entre ellos al menos 10 bebés, más de 10 mujeres y una decena de restos óseos— han sido recuperados durante la cuarta diligencia de exhumaciones en las fosas de Jojutla, Morelos, informaron buscadoras, luego de que las autoridades anunciaran la suspensión de los trabajos por riesgo de colapso de un muro perimetral dañado por las lluvias recientes.
La Fiscalía General de Morelos explicó que la decisión se basó en un dictamen técnico de la Dirección de Servicios Periciales, que advierte fracturas y fisuras en el muro —de 24.40 metros de largo por 1.95 de alto—, parcialmente colapsado. Continuar con las excavaciones podría generar vibraciones y poner en riesgo al personal.
Los trabajos se realizaban en el panteón municipal Pedro Amaro de Jojutla. La excavación ha alcanzado una profundidad de 2.5 metros, lo que agrava el peligro. La recomendación oficial fue suspender la diligencia y demoler el muro antes de continuar.
El colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla denunció irregularidades en el proceso. Reportaron errores en la nomenclatura usada por la Fiscalía, lo que impide un conteo claro de los restos.
“Hasta ahora hablamos de más de 60 cuerpos, incluidos entre 10 y 12 bebés y entre 10 y 12 mujeres, además de una decena de restos óseos. Pero la clasificación no es clara”, dijo Amalia Alejandra Hernández Hernández, integrante del colectivo y tía de Oliver Wenceslao Navarrete, inhumado de forma irregular en ese lugar.
Puso como ejemplo que un bebé completo fue etiquetado como “H”, usado para restos óseos dispersos. “Para nosotras es un individuo; para la Fiscalía, solo un fragmento. Así no se puede saber cuántas personas hay realmente”.
También señaló que hay bolsas con restos de más de una persona y fragmentos no identificables como cuerpos completos, ni como producto de violencia o atención médica, por falta de análisis especializado.
Amalia denunció además la ausencia de la Guardia Nacional durante al menos dos días. Su participación, dijo, ha sido clave para obtener perfiles genéticos. “Han sacado ADN donde la Fiscalía decía que no se podía. Si no están, se pierde información valiosa”.
Agregó que no hay antropólogo físico ni arqueólogo adscrito por parte de la Fiscalía. La única presencia especializada en campo es una arqueóloga de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero —según aseguró— no cuenta con cédula profesional.
Por ello, pidió al Congreso local que exija la presencia del fiscal Edgar Maldonado Ceballos en el lugar. “Queremos que venga, que vea cómo se está trabajando y escuche a las víctimas. No es lo mismo que le manden una tarjeta informativa”, reclamó.
También criticó a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas, Penélope Picazo Hernández, por dar entrevistas sin haber estado en las fosas. “Está desinformando. Pedimos que la comisión envíe a un asesor jurídico que acompañe en campo y dé respaldo directo a las familias”, dijo.
La diligencia fue acordada en una reunión celebrada el 16 de abril entre colectivos y autoridades de los tres niveles de gobierno. La Fiscalía informó que convocará a una nueva reunión en los próximos días para revisar avances, presentar el dictamen técnico y definir una fecha para retomar los trabajos, una vez que se garantice la seguridad en la zona.
El Consulado General de Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas, emitió, a las 17:42 horas del viernes 20 de junio de 2025, una alerta de seguridad a sus ciudadanos, por varios reportes de desapariciones en la carretera que conecta a la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, con Reynosa, en el estado de Tamaulipas.
A través de una publicación en su página web, difundida en sus diversas cuentas de las distintas redes sociales, la representación diplomática estadounidense dijo que tenía conocimiento de desapariciones en la referida vía, por lo que su alerta era del nivel 4, de “no viajar debido a delitos y secuestros”.
“El Consulado de EE. UU. tiene conocimiento de desapariciones en la carretera Monterrey-Reynosa. El Secretario de Seguridad de Reynosa ha emitido una advertencia para evitar viajar por la carretera Monterrey-Reynosa de noche y los riesgos que conlleva, especialmente en el tramo entre Cadereyta y Los Ramones”, explicó la representación diplomática de EE. UU.
“Los empleados del gobierno estadounidense no pueden viajar entre ciudades de Tamaulipas por carreteras del interior de México. Los viajes entre Nuevo Laredo y Monterrey están limitados a la Carretera Federal 85D durante el día, con autorización previa. La alerta de viaje del Departamento de Estado [DOJ, por sus siglas en inglés] para Tamaulipas es de Nivel 4: No viajar debido a delitos y secuestros”, insistió el Consulado.
“Acciones a tomar: Mantente alerta, no hagas paradas innecesarias. Planifique el viaje durante las horas del día. Monitoree los medios locales para obtener actualizaciones. Mantente consciente de tu entorno. Avise a sus amigos y familiares sobre su seguridad”, detalló la representación diplomática de Estados Unidos.
Por su parte, Geovanni Barrios Moreno, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Reynosa, Tamaulipas, advirtió a la ciudadanía, el mismo día, respecto al riesgo de transitar por la carretera Monterrey–Reynosa, especialmente entre Cadereyta y Los Ramones, donde, según reportes, al menos seis personas habían desaparecido durante los últimos días.
El sábado 14 de junio de 2025, al menos diez personas, entre ellas los miembros de un grupo musical -Los Juniors de Monterrey-, así como tres mujeres y un hombre, fueron privadas ilegalmente de su libertad, en Nuevo León, cuando transitaban por la carretera Reynosa-Monterrey. No obstante, tras cinco días, fueron liberados.
En la sentencia se estableció que González Durán fue responsable del trasiego a Estados Unidos de unos 450 kilos de cocaína y unos 90 mil kilogramos de mariguana.
Jaime González Durán, alias “El Hummer”, quien fuera uno de los principales operadores del cártel de Los Zetas, fue sentenciado a 35 años de cárcel y la corte federal del Distrito de Columbia (Washington D.C.) ordenó que se le confisquen unos 792 millones de dólares en propiedades, otros bienes y cuentas bancarias como parte del castigo que se le dictó.
A “El Hummer” se le declaró culpable de todos los delitos que le imputaron de narcotráfico, lavado de dinero, portación de armas ilícitas y control de rutas para Los Zetas. En la sentencia se estableció que González Durán fue responsable del trasiego a Estados Unidos de unos 450 kilos de cocaína y unos 90 mil kilogramos de mariguana.
Los documentos de la corte definidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos establecen que, como integrante de la organización terrorista de Los Zetas, “El Hummer” estaba encargado del control de rutas de trasiego de droga de México a Estados Unidos y era jefe de pistoleros o sicarios de su organización para intimidar o eliminar a integrantes de organizaciones antagonistas.
El Departamento de Justicia sostiene que Los Zetas y sus integrantes, como “El Hummer”, son organizaciones narcoterroristas extremadamente violentas y que, en este caso, el sentenciado aprovechaba su posición para enviar cantidades significativas de cocaína y mariguana desde el estado de Tamaulipas y otras entidades mexicanas a distintas ciudades de la unión americana.
El gobierno de Estados Unidos subraya que, con la sentencia a “El Hummer”, se envía una señal inequívoca a los grupos narcoterroristas de México de que el sistema de justicia de Estados Unidos será implacable y aplicará todo el peso de la ley a quienes contribuyen al envenenamiento de miles de personas con la venta, distribución y trasiego de narcóticos.
