Vía fast track el Congreso chiapaneco aprobó al nuevo gobierno de Eduardo Ramírez contratar deuda por 12 mil millones de pesos, cifra similar a la deuda que Velasco contrató en su administración (2012-2018). Para este 2025 el gasto público recibirá un golpe financiero.
Aunque el mandatario Ramírez Aguilar recibió del Congreso estatal la autorización para solicitar créditos por hasta 12 mil millones de pesos y pese a que anunció como una de sus prioridades el aumento de recursos para el combate a la inseguridad que padece el estado, la millonaria cifra es exactamente la misma a la suma de la deuda adquirida en la administración de Velasco.
Además, a la par del anuncio sobre el aumento del presupuesto para tareas de seguridad, la realidad es que el gasto público recibirá un golpe financiero, de acuerdo con lo aprobado por el Congreso vía fast track.
Pese a que la deuda pública estatal se disparó durante el sexenio de Juan Sabines, el gobernador verde-ecologista también contrató empréstitos, mientras que el morenista Rutilio Rendón no recurrió a créditos, pero en su gobierno se pagaron altos intereses por deudas vigentes.
El decreto del presupuesto publicado en el Periódico Oficial del Estado precisa que el techo de endeudamiento servirá para hacer una reestructuración o refinanciamiento de deudas específicas, cuyas fechas e instituciones bancarias donde se adquirieron corresponden a las que contrató Manuel Velasco durante su gobierno, por los 12 mil millones de pesos.
El anteproyecto de presupuesto fue presentado al Congreso por el secretario de Finanzas, Manuel Pariente Gavito, apenas ocho días después de asumir el cargo, fue turnado de manera inmediata y para el 26 de diciembre último estaba ya aprobado, prácticamente sin debate alguno de la Legislatura con mayoría de Morena.
De acuerdo con el decreto publicado el 31 de diciembre, para el paquete fiscal de 2025 el presupuesto de egresos de la entidad será de casi 132 mil millones de pesos a ejercer por los tres poderes y organismos autónomos.
El secretario de Finanzas declaró que habría prioridad presupuestal sobre el tema de seguridad pública.
El fast track legislativo fue evidente. En la sesión en que se aprobó hubo pocas intervenciones en tribuna como las de la diputada del PAN Jovannie Maricela Ibarra Gallardo y la de los diputados por Morena Javier Jiménez y María Mandiola, el primero exsecretario de Hacienda estatal y la segunda, presidenta de la Comisión de Hacienda. Esta última, que fue funcionaria del gobierno de Rutilio Escandón, subió a la tribuna a defender las obras de Escandón, actualmente cónsul de México en Miami.
Opacidad
En Chiapas, el debate sobre la orientación del “paquete fiscal” no existió. Al no conocerse su contenido antes de su aprobación, los sectores sociales, económicos y productivos ignoraban cuánto será la inversión gubernamental en su sector.
“Cada presupuesto gubernamental por supuesto que significa una inversión pública. Siempre hay –o debería haber– prioridades de gobierno y, en consecuencia, habrá perdedores y ganadores; por eso se necesita transparencia. Aquí aprueban todo”, denuncia en entrevista el economista Jorge López Arévalo, investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
En Chiapas, dice el profesor de la UNACH:
Hay una democracia de baja intensidad. Es imposible un debate entre la sociedad y el gobierno. No hay presupuesto participativo ni parlamento abierto.
Doctorado por la Universidad de Santiago de Compostela, López Arévalo destaca que la contratación de deuda se destinaría a pagar deuda generada en el periodo 2012-2018, cuando gobernó la entidad el abanderado del Partido Verde, aliado de la 4T y actual senador Manuel Velasco.
“Dice que fue invertido en obras productivas, pero eso es lo que dice la ley, pero por lo general no se observa y a cualquier cosa se le llama inversión productiva”, agrega.
Las deudas de Velasco
De acuerdo con el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre último, el Ejecutivo estatal, vía la Secretaría de Finanzas, está facultado para solicitar créditos financieros hasta por 12 mil millones de pesos.
El decreto precisa que ese crédito no incluirá intereses y que se podrá adquirir con “las instituciones financieras del sistema financiero mexicano que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, para destinarlo al refinanciamiento y reestructura de la deuda pública de largo plazo a cargo del Estado”.
También se dictó que el financiamiento “podrá instrumentarse a través de uno o varios contratos de crédito, a un plazo de hasta veinticinco años contados a partir de la fecha de contratación o de la primera disposición de cada contrato de crédito”.
El decreto indica que el financiamiento será destinado al refinanciamiento y reestructura de todos o cualesquiera de cinco créditos que el gobierno estatal mantiene con la banca comercial mexicana y con Banobras. Esos créditos fueron adquiridos con Banorte, Santander y BBVA.
Tres de esos créditos fueron contratados el mismo día, el 12 de junio de 2014, y cada uno con algunas de las instituciones bancarias señaladas, por lo que corresponden al sexenio de Manuel Velasco.
Dos meses después de esos tres primeros créditos (es decir, en agosto de ese año) el gobierno de Velasco celebró otro contrato, ahora con Banobras y repitió la operación financiera en febrero de 2018 con la misma institución gubernamental.
Esos cinco créditos tienen un saldo a noviembre último de 12 mil millones de pesos totales, precisamente la cantidad por la que el Congreso del estado autorizó al Poder Ejecutivo adquirir deuda.
Incluso señala que la “fuente de pago” será “hasta el treinta por ciento de las participaciones presentes y futuras que corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones, excluyendo las participaciones que de dicho fondo se entregan a los municipios”.
Recibirán más dinero
Además del rubro de seguridad pública, otras áreas del gobierno estatal recibieron un sustancial incremento presupuestal, como la oficina de la gubernatura. El último año de gobierno de Rutilio Escandón se programaron poco más de 34 millones de pesos para esa cartera; en este 2025 el presupuesto que tendrá la oficina de su sucesor Eduardo Ramírez es de 54 millones.
El presupuesto para la operatividad de la Secretaría de Hacienda, ahora de Finanzas, y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendrán ajustes al alza.
Las dependencias que vieron incrementado su presupuesto fueron la Secretaría de Seguridad del Pueblo en mil millones de pesos más y la de Obras Públicas, que pasó de más de dos mil millones de pesos a cuatro mil millones. Creció también el monto para el Poder Legislativo.
Donde no hay buenas noticias es en la atención a las mujeres, ya que el presupuesto asignado a la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género disminuyó. En 2024 fue del orden de 67.8 millones de pesos y para este 2025 será de 63.8 millones.
Tampoco para el campo chiapaneco hay aumento. La dependencia encargada de los proyectos recibirá 191.6 millones de pesos cuando en 2024 le fueron asignados 239.1 millones.
En Turismo también disminuyó el recurso, lo mismo que en la dependencia encargada de los asuntos de los Pueblos Originarios y decreció lo asignado al Poder Judicial.
El Instituto Estatal de Elecciones y Participación Ciudadana sólo dispondrá de 300 millones de pesos este 2025. En 2024 (año electoral) su presupuesto superó los mil millones de pesos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.
