El abogado de víctimas del choque en la Línea 3 del Metro, Cristopher Estupiñán, rechazó el resultado de la investigación que hizo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en el sentido de que éste se debió al corte “doloso” de cables y a la negligencia del conductor del convoy que se impactó.

“No aceptamos que se quiera fincar toda la responsabilidad al conductor y a un supuesto sabotaje, culpándolo de toda la tragedia a él, cuando en las declaraciones previas quedó demostrado que existían problemas en la comunicación, señalización y pilotaje automático que no fueron atendidos a tiempo y a pesar de ellos se permitió la prestación del servicio, asumiendo el riesgo de una tragedia”, dijo en un comunicado.

La Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores (UECOT), de la FGEG, desarticuló una red de trata de personas que operaba en León y era dirigida desde Puebla. Dos hombres y una mujer que explotaban sexualmente a dos víctimas fueron detenidos y sentenciados a prisión.

El grupo de tratantes identificado como “Los Poblanos” se valían de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería para acceder y reclutar mujeres hasta obligarlas a prostituirse en la ciudad de León.

Un Juez de Control impuso la medida de prisión domiciliaria al conductor del Metro Carlos Alfredo “N”, señalado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) por su posible participación en los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos, ocurridos el 7 de enero en la Línea 3. Su situación jurídica se resolverá el próximo miércoles.

En la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, la defensa legal del conductor solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el próximo 1 de febrero el Juez deberá determinar si lo vincula o no a proceso.

Un grupo armado irrumpió la noche del viernes en el bar El Venadito, ubicado en el pueblo mágico de Jerez, y disparó a clientes, trabajadores y músicos.

Al menos siete personas fueron asesinadas y seis más resultaron heridas, de acuerdo con reportes de fuentes de seguridad.

La DEA destituyó discretamente a su funcionario de más alto nivel en México el año pasado por contactos inapropiados con abogados de narcotraficantes, un final vergonzoso para una gestión breve marcada por el deterioro en la cooperación entre ambos países y un flujo récord de cocaína, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos.

El hecho de que Nicholas Palmeri haya socializado y vacacionado con abogados de Miami que representan a narcos, actividades detalladas en registros confidenciales revisados por The Associated Press, a la larga provocó su caída después de sólo 14 meses de ser el poderoso director regional de la agencia antinarcóticos, el cual supervisa a docenas de agentes a lo largo de México, Centroamérica y Canadá.

A lo largo de los últimos cuatro años el gobierno federal, especialmente el canciller, Marcelo Ebrard Casaubon, han sostenido que estas medidas –severamente criticadas por las organizaciones defensoras de derechos humanos– fueron producto de decisiones unilaterales de la administración del entonces presidente Donald Trump sin el consentimiento de México.

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informó esta noche que fue localizado con vida el niño Anthony Tadeo “Teo” Núñez Trejo, de 6 años de edad, quien fue sustraído por dos hombres desde el 20 de diciembre del año pasado en el municipio de Villa de Cos, al suroriente de Zacatecas.

En un comunicado la Fiscalía estatal precisó que el niño fue localizado caminando solo en el municipio de Morelos cuando fue interceptado por elementos de la Policía Municipal.

La mañana de este sábado 28 de enero de 2023 vecinos y autoridades locales en los municipios de Autlán de Navarro y El Grullo, Jalisco, reportan bloqueos con vehículos incendiados en algunas carreteras de esas regiones.

El primero de los hechos fue reportado antes de las seis de la mañana sobre la carretera 80, en el tramo Autlán-Unión de Tula, a la altura del Puente El Corcovado. En el lugar se encontraba un camión de carga pesada ardiendo en llamas.

En la Sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, notificada este viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas contra Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en el marco de su detención y privación a la libertad, como parte del proceso penal del que eran objeto.

Cinco vendedores de armas de Arizona presentaron una petición legal ante un tribunal estadounidense para desestimar una demanda de México que los acusa de participar en el tráfico de armamento al país.

La moción dice que los comerciantes se encuentran amparados por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), una legislación de 2005 que protege a los fabricantes y vendedores de armas de responsabilidad cuando sus productos son utilizados en un delito.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México concluyó que los hechos registrados en las Líneas 7 y 12 del Metro, fueron realizados con dolo e intencionalidad. 

En un mensaje a medios el vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, primeramente expuso el caso ocurrido el pasado 15 de enero en la Línea 7, donde hubo un desacoplamiento de dos vagones, y de acuerdo con las investigaciones y dictámenes periciales de la Fiscalía han determinado que la posición y limpieza del tornillo izquierdo de sujeción, localizado en el enganche del carro N1537, indica que se realizaron maniobras con la intención de provocar un incidente grave en la operación del Metro.

El contralor de la Ciudad de México, Juan José Serrano, dio a conocer este viernes que por el lado administrativo se inició una investigación por el hallazgo de propaganda contra la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en alcaldía Cuauhtémoc, y que “es probable que resulte en un desvío de recursos”.

Indicó que una de las pruebas para perfilar desvío de recursos es que se halló material en una oficina pública que no corresponden a sus atribuciones, “es información que no debió estar ahí”.

En cinco años, el presupuesto destinado por el gobierno de Veracruz para la implementación de las alertas de género vigentes en el estado disminuyó 46%, al pasar de 14 millones 329 mil 821 pesos aprobados en 2018 a 7 millones 691 mil 967 aprobados para 2023, mientras la violencia contra las mujeres se ha incrementado y algunos actores políticos y sociales exigen que se declare una tercera alerta.

En 2018, por primera vez el Congreso estatal incluyó una partida presupuestal para implementar la primera alerta por violencia de género, emitida a finales de 2016 por los feminicidios en Veracruz. El monto aprobado entonces es el más alto hasta ahora en la entidad: 14 millones 329 mil 821 pesos.

Desde el pasado 17 de enero familiares y autoridades buscan a Carlos Ignacio Ríos Basulto, un médico urgenciólogo de 29 años que laboraba en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cajeme, Sonora.

Ahora la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado investiga a una paciente de 22 años, con quien el médico había establecido una relación.

Con una cifra de 7 mil 747 muertes violentas de mujeres, de las cuales 968 se clasificaron como feminicidios, el año 2022 cerró con una tendencia preocupante en materia de violencia de género y en la forma en que las autoridades abordan el tema, “como un asunto de crisis de comunicación o relaciones públicas”, alerta María Elena Esparza Guevara, fundadora de la organización feminista Ola Violeta.

En entrevista, Esparza Guevara, egresada del Programa de Liderazgo en la Universidad de Oxford y maestra de Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, refiere que el año que acaba de concluir dejó al país casos “emblemáticamente dolorosos” viralizados en medios de comunicación y en redes sociales.

Una fuga de hidrocarburo ocasionada por una toma clandestina derivó en la evacuación de habitantes de tres localidades en Tlaxcoapan, Hidalgo, municipio donde –en los límites con Tlahuelilpan– estalló un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) el 18 de enero de 2019, con saldo de 137 muertes.

De acuerdo con el gobierno local, la filtración de metil –un componente que se inflama y arde con facilidad– se debió a un boquete rudimentario para drenar combustible que fue localizado en el kilómetro 298 del ducto Tuxpan-Tula, específicamente en la colonia La Vega, una de las tres desalojadas de emergencia, junto con el fraccionamiento Los Carrizos y la colonia Educación.

Los grupos de autodefensa de Heliodoro Castillo y de Apaxtla de Castrejón informaron que ocho de sus integrantes están desaparecidos después de ser detenidos durante una operación de seguridad organizada por el gobierno estatal y federal el pasado 20 de enero.

La versión de la Policía Estatal, una de las corporaciones que realizó la operación, sobre el caso informó que estas personas, o sea los reportados como desaparecidos, fueron regresadas a Apaxtla, Guerrero, escoltados por elementos de la Policía Ministerial y Guardia Nacional.

En sesión privada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ejerció, el 27 de enero de 2023, su facultad de reasunción de competencia para revisar dos amparos promovidos por 18 empresas contra la reforma de marzo 2021, a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), impulsada por el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las compañías privadas.

En primera instancia, la LIE fue declarada inconstitucional por los jueces federales Rodrigo de la Peza López Figueroa y Juan Pablo Gómez Fierro. Según el diario Reforma, que informó del hecho, basado en fuentes judiciales, la Segunda Sala de la SCJN acordó la reasunción de las solicitudes 168/2022 y 171/2022.

El pronóstico del presidente Andrés Manuel López Obrador es que la inflación para el próximo reporte del Inegi mostrará una baja en el porcentaje relacionado con los alimentos, aunque no dio detalle de cuánto porque “no quiero equivocarme”.

Aun peor, las grandes cadenas de distribución utilizan esa estrategia como gancho de consumo, ante la diferente gama de calidad de los 24 productos incluidos en la canasta, la cual el gobierno pretende que se comercialice en mil 39 pesos promedio.