Claudia Sheinbaum Pardo celebró el arranque de la construcción de los trenes a Pachuca y a Querétaro, así como de la vía de carga del Tren Maya en los primeros siete meses de su Gobierno.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que, a siete meses del inicio de su Gobierno, la inversión pública se ha traducido en la construcción de nuevas obras ferroviarias, como parte de la Cuarta Transformación (4T). Entre los proyectos en marcha se encuentran las rutas de trenes de pasajeros AIFA-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro, así como el tramo de carga del Tren Maya, los cuales están siendo ejecutados por ingenieros militares.
Durante su participación en la conferencia matutina “la mañanera del pueblo”, la mandataria federal señaló que hasta la fecha se construyen dos líneas ferroviarias hacia Pachuca y Querétaro, mientras concluyen los últimos detalles del Tren Maya, con dirección hacia Progreso.
“No llevamos ni siete meses en el Gobierno y ya se están construyendo dos líneas de tren a Pachuca, a Querétaro, se están terminando los detalles del Tren Maya, sobre todo lo relacionado con los sitios arqueológicos y una parte de la catenaria que se está terminando y al mismo tiempo ya se está construyendo el Tren Maya de carga, se está yendo hacia Progreso”, precisó.
La Jefa del Ejecutivo puntualizó que continúan con las obras de infraestructura que iniciaron en la Administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como la construcción de las líneas a Ciudad Hidalgo, Chiapas, y Paraíso, Tabasco, del Tren Interoceánico. Además, señaló que se fortalecen los Programas para el Bienestar y se avanza en la política salarial con el incremento del 12.5 por ciento este año.
“Nosotros no hemos parado de trabajar y vamos a seguir trabajando impulsando la economía de nuestro país desde abajo, que es la visión que tenemos en la Cuarta Transformación. Lo que pasa es que antes esperaban a qué hacía en el mercado. Nosotros no, nosotros trabajamos todos los días para impulsar la inversión pública y la inversión privada”, agregó.
El Comandante del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles" de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, detalló que los proyectos prioritarios del Gobierno de México ya están en marcha, con 10 frentes de construcción y 10 mil 300 trabajadores en el Tren AIFA-Pachuca, junto con mil 600 trabajadores en 10 frentes de trabajo en el Tren Ciudad de México-Querétaro.
Presentamos avances en la construcción de trenes de pasajeros AIFA-Pachuca; Ciudad de México-Querétaro; Querétaro-Irapuato; y Saltillo-Nuevo Laredo, así como la modalidad de carga del Tren Maya. Nos ayudan mucho los ingenieros militares, son de lo mejor en nuestro país. pic.twitter.com/KY6xbAoSIw
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 21, 2025
Finalmente, el director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Andrés Lajous Loaeza, informó que el pasado 19 de mayo se publicó en ComprasMx la convocatoria de licitación del primer segmento del Tren Querétaro-Irapuato, que es de Apaseo el Grande a Querétaro.
Sin embargo, anunció que en el caso del Tren Saltillo-Nuevo Laredo la licitación se convocó el 20 de mayo, por lo que ambos fallos serán dados a conocer en la cuarta semana de julio de este año.
El funcionario estadounidense mencionó el doble homicidio en la Ciudad de México y aseguró que su país busca fortalecer su apoyo para combatir la influencia de los cárteles.
El Secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, afirmó este miércoles que la violencia política en México es una realidad, al referirse al asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. Guzmán Cuevas se desempeñaba como secretaria particular, mientras que Muñoz Vega era coordinador de asesores.
Durante su declaración ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, reiteró la postura del Gobierno de Donald Trump tras señalar que algunas partes del país están bajo el control de cárteles.
"Creo haber escuchado anoche que otras dos personas fueron asesinadas en Ciudad de México, vinculadas con la Alcalde de la ciudad. La violencia política allí es real. Ellos tienen un interés y un deseo de enfrentar a estos cárteles, y nosotros queremos ayudarlos a equiparse y brindarles información", dijo.
El Secretario Rubio indicó que el Gobierno de EU está dispuesto a colaborar con México para combatir el crimen organizado con equipamiento e inteligencia.
Además, anunció su posible visita a México en las próximas semanas, acompañado por miembros del Gabinete del Presidente Donald Trump, con el objetivo de discutir áreas de cooperación en seguridad y comercio.
“De hecho, ha sido bastante positivo. Han respondido de manera muy favorable a nuestras preocupaciones en materia de seguridad. Han aumentado su cooperación con nosotros en seguridad, de formas que han resultado muy productivas”, señaló el funcionario estadounidense.
Además, reconoció que la relación con México ha tenido tensión, pero destacó avances en la cooperación, especialmente en seguridad.
Incluso, mencionó el interés de EU en detener el flujo de armas que llegan a los cárteles en México tras reconocer que esto representa una amenaza y que su país busca estrategias conjuntas para abordar el problema.
“Tenemos un interés mutuo en México. Esencialmente, los cárteles que operan en México y que amenazan al Estado están armados con armas compradas en Estados Unidos y enviadas hacia allá. Queremos ayudar a detener ese flujo. A su vez, esos cárteles amenazan al Estado”, finalizó Rubio.
A partir de ahora, y de que entre en vigor esta nueva norma, los vehículos que se hagan en México que van hacia Estados Unidos, en vez de pagar el 25%, pagarán alrededor del 15%.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró este miércoles en la mañanera la disminución de aranceles impuestos por Estados Unidos a vehículos fabricados en México, según la información compartida el martes por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Ayer, el titular de la SE anunció que los automóviles armados en el país y exportados a Estados Unidos pagarán un arancel promedio del 15%, noticia que calificó como “una ventaja muy grande” en relación al resto del mundo que tiene tarifas del 25%.
La medida, establecida en la Proclamación 10908, representa un descuento de alrededor del 40% sobre la tarifa general, aunque en algunos casos podría ser mayor, dependiendo del cumplimiento de normas específicas, detalló Ebrard.
“A partir de ahora y de que entre en vigor esta nueva norma, los vehículos que se hagan en México que van hacia Estados Unidos, en vez de pagar el 25%, pagarán alrededor del 15%“, anunció Ebrard en un evento.
Sumándose a las congratulaciones por el nuevo acuerdo entre socios comerciales, la presidenta añadió que esperan pronto se llegue a un acuerdo similar para las tarifas al acero y aluminio, otros dos productos que junto a los automóviles encabezan las preocupaciones arancelarias del país.
Se reduce el arancel de manera importante porque los vehículos fabricados en México incluyen muchas autopartes provenientes de Estados Unidos.
Sin embargo, también explicó que para los vehículos que “no son parte o que se exportan a través de mecanismos que no son del tratado comercial, seguimos buscando los mecanismos para que disminuyan”.
Este logró fue aplaudido como un resultado del dialogo entre ambos países, un hecho que Sheinbaum ha impulsado y respaldado desde el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, representando, en palabras de la mandataria, la prueba de que los argumentos que se plantean desde el país tienen un impacto positivo en la relación bilateral.
El anuncio de ayer toma en cuenta muchos de los temas que habíamos estado impulsando desde México.
Fiscalía CDMX confirmó que se trató de "un ataque directo" que contó con un "grado importante de planeación". Dijo que quienes ejecutaron habrían tenido experiencia previa, además de contar con una inversión de recursos considerables.
La tarde de este miércoles la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), encabezada por Pablo Vázquez Camacho, y la Fiscalía de la Ciudad de México, de Bertha Alcalde Luján, ofrecieron una conferencia de prensa para atender los hechos ocurridos ayer, cuando se reportó el doble homicidio sobre Calzada de Tlalpan de dos colaboradores de la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina.
La mañana del martes 20 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo publico un mensaje emitido por Brugada en X, en el cuál, informó y lamentó el asesinato, en un “ataque directo”, de Ximena Guzmán, su secretaria particular, y José Muñoz, su asesor.
Con la promesa de “no habrá impunidad” por parte de la mandataria, la investigación por los hechos en la calle Napoleón, colonia Moderna, de la alcaldía Benito Juárez, recae tanto en la Fiscalía como la Secretaría de Seguridad capitalinas, que a poco más de un día, dieron su primer conferencia de prensa en torno a los avances y hallazgos al momento.
Abriendo las intervenciones, Vázquez de la SSC-CDMX, condenó los hechos con “profunda indignación”, siendo “muy enfático” en que “ninguna forma de violencia doblegará a la Ciudad de México”.
Posteriormente, realizó un recuento de los avances reportados hasta el momento, incluido el hallazgos de dos vehículos ayer, una moto y una camioneta azul, a la que sumó un tercer vehículo, una camioneta gris en la que se presume se dieron a la fuga tras los hechos, en dirección Oriente, hasta ingresar en el Estado de México.
La Fiscalía capitalina ya ha contactado a Fiscalías de otras entidades para seguimiento, incluida la de Edomex.
Asimismo, destacó que se tienen indicios de la participación de “al menos cuatro personas”, en las que se incluiría al agresor material y a otros tres que habrían participado en la conducción de vehículos y planeación.
En cuanto al móvil y contexto bajo el que se dio el asesinato, estos aún se desconocen o no han sido reportados, pero aclaró el titular de la SSC que existen varias líneas de investigación.
No descartaremos nada ni caeremos en especulaciones sin sustentos.
Finalmente, cerró su participación dando a conocer el establecimiento de un grupo de investigación interinstitucional que operará las 24 horas del día de lunes a domingo.
Recuento oficial de los hechos al momento
Alcalde Luján, fiscal titular de la capital, procedió a realizar un recuento de hechos y datos recibidos por la institución que preside a un día del doble homicidio.
Según explicó, Ximena esperaba a José sobre Calzada de Tlalpan al momento del ataque; cuando él iba a subir al vehículo, un sujeto, aún sin identificar, interceptó y detonó un arma de fuego. Ambos murieron de inmediato.
Además resaltó que el agresor espero a que ambos se encontraran juntos. Tras el asesinato, el presunto agresor abandonó la escena en una moto estacionada cerca del lugar. Junto a otros sujetos, que se presume cambiaron dos veces de vehículos, se dieron a la fuga fuera del rango de la CDMX.
El lugar del asesinato fue asegurado inmediatamente y se detectaron los siguientes hallazgos:
– Ocho casquillos de bala 9 milímetros, cuyo resultado de balística fue negativo. No se tiene registro de que el arma este relacionada a otro evento o delito.
– Se aseguraron los vehículos que, tras peritajes y confrontas de mecánica forense, se identificó tenían números de serie alterados y cuentan con reportes de robo.
– Las huellas recogidas tuvieron resultado negativo; apunta a posible uso de guantes.
– El análisis forense de ambos cuerpos ya se realizó y se está a la espera de los resultados oficiales de la necropsia; anticipan que causa de muerte “muy probablemente” será por disparo de arma de fuego entrante en “craneo y torax”. José habría recibido cuatro impactos de bala, mientras Ximena habría recibido ocho.
Por otra parte, la fiscal confirmó que se trató de “un ataque directo” que contó con un “grado importante de planeación“. Quienes ejecutaron habrían tenido “experiencia previa“, además de contar con una inversión de recursos considerables.
En adición, se tiene conocimiento, según informaron, de que ambas víctimas habían sido objeto de vigilancia días previos al ataque en la zona de los hechos. Esto se detectó gracias a la revisión de cámaras de videovigilancia, en las que se notó presencia reiterada de un sujeto en donde sucedió el asesinato.
Sobre esto, Vázquez precisó lo siguiente en la ronda de preguntas:
“Al momento no tenemos detectado que ellos fueron objeto de vigilancia por separado, que los estuvieran siguiendo. Lo que tenemos detectado es que una misma persona estuvo en el mismo lugar donde fueron los hechos realizando labores posiblemente de vigilancia en ese lugar. Lo que denota un conocimiento de la rutina, pero no necesariamente que hubieran sido sujetos de un seguimiento a lo largo de los días. Eso se detecta varios, escasos días antes”.
Sobre amenazas previas, afirmaron no tener indicios al momento.
En cuanto a si el ataque fue orquestado o tiene relación al crimen organizado, la fiscal Alcalde Luján aseguró que hasta no tener información concreta no se especulará y, al momento, no hay conocimiento de ninguna relación a algún grupo del crimen organizado.
Sobre si hubo acceso a información dentro de la oficina de Brugada para poder realizar el ataque, se descartó por el momento al no haber indicios. Con relación a este punto, Vázquez aclaró que los hechos se dieron basándose en una rutina o agenda “ajena a la jefa de Gobierno”.
Videovigilancia del C5 sí funciona
Más temprano hoy, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) informó respecto a la videovigilancia relacionada con “los lamentables hechos” donde fueron asesinados Ximena Guzmán y José Muñoz:
“1. Las cámaras de videovigilancia en la zona sí funcionaron.
2. El Tótem MC2056, ubicado en Calzada de Tlalpan, opera con un sistema híbrido de almacenamiento en tarjetas SD durante siete días y posteriormente en la nube. Personal de la empresa proveedora del servicio, acompañado de personal del C5, realizó el martes la extracción de las tarjetas para su análisis.
3. El sistema de videovigilancia aporta elementos a las investigaciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México. Continuaremos con la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos.
4. El video de una cámara particular evidencia la importancia de la participación ciudadana en la estrategia de seguridad a partir de la conexión de equipos privados, proyecto impulsado por la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina”.
Primer aseguramiento de vehículos e indicios
Cabe recordar que la tarde del martes se informó del aseguramiento de una motocicleta y una camioneta presuntamente vinculadas al asesinato, las cuales fueron aseguradas en distintos puntos de la ciudad.
Indicaron que, como resultado del seguimiento de las cámaras de videovigilancia tras el ataque contra los funcionarios, fue asegurada una motocicleta a poca distancia de la Calzada de Tlalpan, donde tuvo lugar el hecho.
También se encontraron un casco de motociclista y un chaleco verde, similares a los usados por los repartidores de comida.
Además, fue localizada una camioneta Nissan modelo Kicks, de color azul marino, en la alcaldía Iztacalco, sobre la calle Reyna Xóchitl, en el Barrio La Asunción.
Ambos vehículos estarían relacionados con la huida de los presuntos responsables del ataque, por lo que la fiscalía y la policía capitalina continúan las labores de seguimiento para localizarlos.
En el lugar de los hechos, peritos de la fiscalía recogieron indicios balísticos y dactilares, entre otros.
Los policías implicados en el asesinato del normalista de Ayotzinapa Yanqui Kothán Gómez Peralta, perpetrado el 7 de marzo de 2024 en Guerrero, podrían adherirse al beneficio del juicio abreviado y reducir su condena, denunció el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello.
«Consideramos que reducir la condena ante un delito tan grave como el homicidio calificado y homicidio en grado de te tentativa es una afrenta a los derechos de las víctimas y una forma de injusticia que no podemos tolerar», señaló el Centro en un comunicado.
Gómez Peralta fue asesinado por un policía de Guerrero la noche del 7 de marzo de 2024 en el libramiento a Tixtla. Los elementos abrieron fuego contra los normalistas cuando éstos se dirigían a la Normal de Ayotzinapa para participar en los preparativos del 98 aniversario de su fundación. Los reportes oficiales indicaron que dispararon contra los estudiantes porque no se detuvieron al pasar por un retén e intentaron criminalizar a los jóvenes.
El ataque contra los normalistas en marzo del año pasado sucedió en el marco del recrudecimiento de la criminalización de la lucha de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que demandaban al gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpliera con su compromiso de resolver el Caso Ayotzinapa.
Más de un año después, existe la posibilidad de que los acusados por el asesinato de Gómez Peralta se adhieran al beneficio del juicio abreviado, por lo que el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia y las víctimas directas del ataque exigieron a la Fiscalía General de la República que garantice un proceso justo y una pena proporcional a la gravedad del delito.
«No podemos permitir que se busquen atajos o soluciones que comprometan la justicia y la dignidad de las víctimas», subrayó el Centro en el comunicado.
COMUNICADO:
El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello informa a la opinión pública y a los medios de comunicación que, en el marco de la audiencia intermedia del caso de Yankikotán, las víctimas rechazan categóricamente la posibilidad de que los acusados se adhieran al beneficio del juicio abreviado. Consideramos que reducir la condena ante un delito tan grave como el homicidio calificado y homicidio en grado de te tentativa es una afrenta a los derechos de las víctimas y una forma de injusticia que no podemos tolerar.
Hacemos un llamado enérgico y respetuoso a la Fiscalía General de la República para que defienda con firmeza los derechos de las víctimas y garantice un proceso justo y una pena proporcional a la gravedad del delito. En este sentido, exigimos que la Fiscalía General de la República fije una postura clara y firme a favor de las víctimas, sin mediar beneficio alguno para los imputados. No podemos permitir que se busquen atajos o soluciones que comprometan la justicia y la dignidad de las víctimas.
Seguiremos acompañando a las víctimas en su búsqueda de justicia y no cesaremos en nuestra labor hasta que se haga valer la verdad y la dignidad de quienes han sufrido. La justicia y la verdad son fundamentales para la reparación del daño causado a las víctimas y sus familias. Hacemos un llamado a que los órganos de justicia a reflexionar para resolver conforme a la justicia y a exigir que las autoridades competentes actúen con firmeza y determinación para garantizar los derechos de las víctimas.
El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz alcanzó a dos figuras centrales en el equipo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz alcanzó a dos figuras centrales en el equipo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Guzmán era su secretaria particular desde septiembre de 2023, tenía bajo su responsabilidad la agenda diaria de la mandataria y coordinaba sus citas; mientras que Muñoz, asesor de confianza, analizaba información clave y redactaba sus discursos, tareas de alta responsabilidad.
La relación laboral entre Ximena Muñoz y la jefa de Gobierno fue cercana y de confianza profunda. Colaboradores del equipo de la mandataria capitalina compartieron con Proceso que la mujer de 42 años se encargaba de revisar todos los documentos que la morenista recibía de sus secretarios, calendarizaba sus citas y las coordinaba. Estaba a cargo de la agenda que todos los días lleva la mandataria local.
Fungía como su secretaría particular desde septiembre de 2023, por lo que juntas atravesaron la campaña electoral y compartieron el triunfo de la cuarta transformación en la capital mexicana.
Las fuentes lamentaron el fallecimiento de su compañera, la describieron como una mujer competente y trabajadora.
Sobre el papel del otro colaborador que fue asesinado, José Muñoz, dijeron que era muy cercano a la jefa de Gobierno. Ella misma dijo que lo conoció desde que era pequeño y lo describió como una de las personas más inteligentes y responsables que ha conocido.
Muñoz, de acuerdo con las declaraciones obtenidas, estaba a cargo de digerir información de gran importancia para la mandataria local, leía y estudiaba, por ejemplo, los informes derivados de los gabinetes que instaló, como el de seguridad metropolitana. Aún más importante, el asesor estaba a cargo de redactar los discursos de Brugada.
Tras el doble homicidio, entre el equipo de trabajadores y colaboradores que rodean a la dirigente morenista hay una sensación de temor e inseguridad. Algunos comentan que este hecho podría ameritar que el Gobierno de la Ciudad de México reconozca un incremento en la violencia, pues ellos mismos son víctimas de ella.
Este 20 de mayo, en las primeras horas del día, Ximena Guzmán y José Muñoz Vega fueron asesinados a quemarropa en un ataque directo a pocos metros de la entrada a la estación Xola del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, sobre la calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.
Los legisladores no verificaron que existieran contradicciones entre los artículos de la Constitución en cuanto a la forma de elegir al presidente de la SCJN y la duración del cargo.
Diputados oficialistas avalaron en comisiones un dictamen que deroga el párrafo sexto del artículo 97 de la Constitución, que estaba en conflicto con el artículo 97 y que habla sobre el procedimiento de elección y duración de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El error se dio durante la aprobación de la reforma al Poder Judicial, al no verificar que existieran contradicciones entre los artículos de la Carta Magna.
El párrafo sexto del artículo 97, que busca ser eliminado, establece que la elección de la presidencia de la SCJN se realizará por los miembros del Pleno cada cuatro años, mientras que el artículo 94, aprobado en la reciente reforma del Poder Judicial por Morena y sus aliados, establece que la presidencia se renovará cada dos años mediante un sistema rotatorio basado en el número de votos obtenidos.
La oposición ve contracciones y trampas legislativas
La diputada del PRI, Nadia Navarro, resaltó que votarán en contra porque el dictamen representa un seguimiento a contradicciones y trampas legislativas que se realizaron al aprobar la reforma Judicial.
“Ha sido una reforma que se costó sin consenso, sin debate real, y lo más grave, pues, sin una legitimidad democrática. Es por eso que hoy lo que se nos propone no es una simple corrección que abone a la solución de una antinomia que prevé para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que es el resultado de una reforma que fue plagada de inconsistencias, de contradicciones, de trampas normativas como las que hoy se intenta resolver”, explicó.
Por su parte, la diputada del PAN, Paulina Rubio, también detalló que votarán en contra del dictamen porque representa una contradicción y no sólo una corrección técnica.
“No podríamos tratar de avalar una contradicción con otra contradicción mucho más grande, con una contradicción del verdadero fondo que tiene esto, que fue la destrucción del Poder Judicial.
“Me parece increíble, de verdad, que a estas alturas ustedes hablen de que con esto se enmienda algo, como si el daño a nuestras instituciones no hubiera sido tan profundo, que modificar hoy esto es de verdad irrelevante, lo que sí sería realmente relevante, lo que sí abonaría a enmendar, a remediar, a solucionar, a componer, sería que tuvieran el valor de reconocer hoy aquí y ahora que la elección para jueces, ministros y magistrados ha sido un verdadero fracaso, por el solo hecho de ser un verdadero fraude”, resaltó.
Acoso, discriminación, amenazas y apropiación ilegal de sus proyectos, son algunas de las situaciones que han tenido que enfrentar científicos del programa Investigadores por México, mientras que 40 presentaron denuncias por despidos injustificados.
En los últimos seis años el programa Investigadores por México no solo ha cerrado espacios para que científicos desarrollen proyectos en el país, se renueve la planta docente y se evite la fuga de cerebros, sino que ahora la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) enfrenta al menos 40 demandas de científicos, quienes acusan que fueron despedidos injustificadamente.
A la fecha cuatro demandantes ya ganaron sus casos, por lo que la dependencia federal ha tenido que pagar indemnizaciones por salarios caídos, además de que ha tenido que reinstalarlos en sus puestos, confirmó SIINTRACATEDRAS, sindicato que agrupa a unos 300 científicos que cuentan con plazas de Investigadores por México, antes conocido como Cátedras Conahcyt.
Entre 2014 y 2018, la totalidad de las plazas ofertadas del programa fueron ocupadas, por lo que en 2018 había 1,511 plazas asignadas. Sin embargo, a partir de 2019 el número de plazas comenzó a disminuir.
En 2014, primer año de operación del programa, se asignaron 574 plazas. De 2015 al 2018 fueron asignadas un promedio de 234 plazas cada año.
En 2019, 2020 y 2021 no se publicó convocatoria y en el 2022 fueron asignadas sólo 118 plazas. Para el 2023 solo se abrieron 45 y en 2024 apenas 25.
Al cierre de 2024, el programa Investigadores por México cuenta con 1,243 plazas activas. Sin embargo, a la fecha, la Secihti no ha publicado la convocatoria 2025-2026.
“Es un programa innovador que tenía buenos objetivos, pero que cada vez se está estancado, e incluso es un lugar en donde varias injusticias se están cometiendo y pues creemos que para este gobierno que dice que ‘vamos a hacer una potencia científica’, pues no pueden dejar de lado los derechos laborales de los investigadores”, señala Beatriz Díaz, secretaria de prensa y propaganda de SIINTRACATEDRAS.
Qué dice la Secretaría de Ciencia sobre denuncias de despidos injustificados de investigadores
Sumado a los despidos injustificados, Animal Político habló con investigadores beneficiarios de este programa -algunos que han interpuesto denuncias formales y otros que se acercaron al Comité de Ética de la Secihti- a fin de conocer sus testimonios.
Acoso, discriminación, amenazas y apropiación ilegal de sus proyectos, son algunas de las situaciones que han tenido que vivir mientras realizan sus proyectos de investigación en distintos centros públicos y universidades del país.
Este medio buscó a la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz, para abordar la situación de Investigadores por México, sin embargo, el área de comunicación social de la dependencia señaló que por cuestiones de agenda no podría atender la entrevista.
En una ficha informativa de tres párrafos la dependencia se limitó a informar que “no hay registro de despidos injustificados, las bajas que se han dado solamente son de aquellos que renuncian o incumplen con la normativa vigente”.
“Mi país me dio un portazo en la cara”: científico con plaza cancelada de Investigadores por México
En agosto de 2017, después de estar un año desarrollando proyectos de investigación en Virginia, Estados Unidos, Bernardino Velázquez volvió a México tras ganar una plaza como Investigador por México.
Recuerda que les ofrecieron laboratorios y espacio para poder desarrollar sus investigaciones. Estaba muy emocionado por volver a su país y poder hacer lo que ama.
Desde el inicio, cuenta, no fue fácil la convivencia con los investigadores y docentes del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ-Guadalajara), institución a la que fue referido, debido al acoso y discriminación hacia él por su orientación sexual.
“Es de la vieja escuela y él así habla, habla con groserías”, fue la respuesta que recibió por parte de la directora del centro cuando acudió a pedir apoyo. Incluso, en algún momento la directora le preguntó si él no había hecho algo para que el otro profesor se comportara de esa manera grosera.
“Me culpó a mí, imagínate”, lamenta.
Fue ahí donde el calvario comenzó. Se vio obligado a trabajar en un ambiente hostil, con tratos groseros, sin material y con el impedimento de participar en determinados proyectos.
Incluso vandalizaron su auto y le aventaron piedras a su domicilio.
Su salud física y mental se deterioró rápidamente, hasta que por un cuadro de depresión severa tuvo que tramitar una incapacidad.
A prácticamente cinco años de su regreso a México, el viacrucis de Bernardino continúa sin que las autoridades de la Secihti le brinden apoyo.
El investigador se quedó sin empleo, pues, aunque pidió su cambio de centro de investigación tras denunciar el acoso y la discriminación, el CIATEJ-Guadalajara evaluó negativamente su desempeño, aunque él ya no trabajara ahí.
Así, aunque él ya estaba en la Ciudad de México laborando en el Cinvestav, esa evaluación resultó en la cancelación de su plaza como Investigador por México.
Aunque ha enviado mails a la Secihti y a su titular, Rosaura Ruíz pidiendo apoyo, no ha tenido ninguna respuesta. En días pasados solo la Secretaría de Buen Gobierno le respondió que turnaría su denuncia a la Secretaría de Ciencia.
“No te imaginas lo feliz que fui cuando estaba en Estados Unidos. Podía trabajar, podía ser quien soy (…) nadie me acosó, nadie”, comparte Bernardino.
Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos -en su primer mandato en enero de 2017-, el rector de la Universidad en la que laboraba envió una carta para darle certeza y tranquilidad a los investigadores extranjeros que ahí laboraban.
“Para nosotros son talento científico y por supuesto que los valoramos”, decía la carta, comenta el investigador.
Sin embargo, apenas volvió, “mi propio país me da un portazo en la cara permitiendo que nos maltraten”, reprocha.
A la fecha, Bernandino se encuentra desempleado.
“Cada día que pasa me estoy hundiendo más en la ansiedad y en las deudas (…) porque a la Secihti no le importa dejarnos en la calle”.
El caso de Bernardino no es aislado. Aunque él se asesora para emprender acciones legales en contra de la Secihti, este medio pudo conversar con otros Investigadores por México quienes compartieron sus experiencias y que por miedo a las represalias que pudieran tener, decidieron guardar silencio y no denunciar formalmente.
Sonia, una investigadora que labora en una institución del norte del país, y quien por miedo a represalias pide no publicar su nombre ni lugar de trabajo, cuenta que uno de sus superiores le gritó y humilló en distintas ocasiones, e incluso se apropió de su trabajo.
Aunque pensó en denunciarlo con las autoridades de su centro de empleo y pedir apoyo a la Secihti, finalmente decidió guardar silencio porque de ese investigador depende su evaluación laboral y si esa evaluación es negativa, ella puede perder su empleo.
Andrea, por ejemplo, envió varios escritos al Comité de Ética de la Secihti por el acoso y discriminación por parte de sus compañeros investigadores por su forma de vestir, pero nunca tuvo respuesta, ni siquiera de haber recibido el correo electrónico.
Ella mantiene su empleo, pero evita entablar cualquier tipo de contacto o interacción con sus compañeros.
Científicos del programa Investigadores por México piden certeza a la Secretaría de Ciencia
Después de 10 años en los que el programa Investigadores por México –antes Cátedras Conahcyt– ha estado activo, los científicos coincidieron en que hay resistencia de las autoridades federales a continuarlo, por lo que pidieron a la secretaria, Rosaura Ruiz, les dé certeza sobre el futuro de este programa, pues opinaron que su estabilidad laboral no puede depender solo de las evaluaciones.
“Creemos que ya es momento de sentarnos y revisar nuestras condiciones laborales porque la edad promedio (de los investigadores) es de 45 años (…) y cada vez nos vamos haciendo más adultos y pues nos aterra el futuro”, dice Beatriz Díaz, secretaria de prensa y propaganda de SIINTRACATEDRAS.
“Nos aterra tener que seguir pasando en las evaluaciones (porque) creemos que nos hemos ya ha ganado la estabilidad y porque hemos demostrado nuestras capacidades en áreas para hacer ciencia, en áreas para preparar personal y pues no vemos que alguien quiera solucionar y darnos toda la estabilidad y mejoras laborales que creemos que son nuestro derecho”, agrega la investigadora.
Colectivos y autoridades realizan una búsqueda de cinco días en uno de los puntos más profundos de las barrancas de Tarango, en la alcaldía Álvaro Obregón, con el fin de localizar indicios o fragmentos óseos que puedan corresponder con personas desaparecidas.
La inclinación propia del terreno y la basura que inunda las barrancas de la alcaldía Álvaro Obregón hacen de varios puntos en su territorio áreas propicias para la desaparición de personas, y al mismo tiempo, lugares donde su búsqueda puede volverse muy complicada.
Este lunes inició en el cruce de las calles Mina de Diamante y Mina de Cromo, en la colonia Palmas Axotitla, el descenso de varias autoridades y familias de colectivos a uno de los puntos más profundos de las barrancas de Tarango, con el fin de localizar indicios o fragmentos óseos que puedan corresponder a sus familiares desaparecidos.
La ruta, institucional y terrenal, para llegar hasta este punto no fue fácil. Varias veces se había exigido a la comisión local de búsqueda una brigada más generalizada en ese lugar, y aunque algunos familiares habían estado ahí antes, esta es la jornada más amplia y ambiciosa, que abarcará un periodo de cinco días.
Las horas previas al inicio del primer día de búsqueda estuvieron marcadas por las complicaciones para solucionar el transporte que llevaría a familiares, colectivos y personas solidarias al punto, pues la comisión local, aseguraron algunas, no contaba con suficientes recursos.
En la misma fecha, además, se había programado otra búsqueda de varios días, la de Pamela Gallardo en el Ajusco, sobre la cual se supo en las primeras horas del día que no se llevaría a cabo. Ante ello, el colectivo Luciérnagxs decidió hacer una manifestación sobre Calzada de Tlalpan a la altura del Metro Chabacano, de donde partiría originalmente su transporte.
De manera simultánea, también se desarrollaba este lunes una prospección en el cerro del Chiquihuite con miras a futuras búsquedas. Las tres actividades que se emprendieron de manera simultánea dejaron la impresión en colectivos y familiares de que las autoridades locales no tienen la capacidad para apoyarlas al mismo tiempo, y extrañaron una mejor organización.
El punto de encuentro en Álvaro Obregón, y de acceso a la barranca, es un pequeño parque cuya reja ahora impide el acceso directo, pero que hace un par de años —comentó una de las familiares buscadoras– dejaba el paso libre hacia esos terrenos, dado que el enrejado no existía. Luego del caos desde los distintos puntos de partida, ahí comenzó la reunión de personas y autoridades para emprender la búsqueda.
Entre ellas la señora Julieta, que desde octubre de 2023 busca a su hijo Sergio, quien desapareció en una zona aledaña. Por eso, explica, ahora llegó a ese punto como un lugar de interés que responde al análisis de contexto de varias desapariciones con características similares que ocurren en esa área de la alcaldía.
Julieta y su hija Caro han batallado mucho para que las autoridades hagan las diligencias necesarias. A esta jornada Caro no asiste porque ha estado muy saturada de trabajo, pero la mamá de Sergio, con su bastón y sus 62 años, viene a colaborar en lo que pueda.
El descenso hasta la base de la barranca, por ejemplo, para ella no será posible, pero mientras otros exploran ese punto, permanecerá en la parte más alta, haciendo, junto con otras mamás, labores de limpieza y de rastrilleo en el basurero que son las barrancas incluso desde su área más superficial y accesible.
En un lugar como ese, “el 90 % de las actividades por hacer son de limpieza, antes de poder encontrar cualquier indicio”, comenta uno de los funcionarios que forma parte de las autoridades que acompañan. Como en tantas búsquedas, muchas de ellas fungen más como apoyos y testigos, mientras que las actividades centrales quedan en manos de personas solidarias y familiares.
Esta vez asisten integrantes de la Guardia Nacional, de Seguridad Ciudadana, de la comisión de búsqueda local, de Corena, de la Fiscalía capitalina, de bomberos y del ERUM, que hizo el acompañamiento en los descensos, que podían implicar hasta 10 minutos por persona, advirtieron.
Abajo, además de más basura que en el punto más alto, la característica que diferencia el terreno es su superficie fangosa, sobre todo tras las lluvias de los días previos.
“Es hueso de animal”, dicen sobre un fragmento en jornada de búsqueda en CDMX
Para bajar al fondo de la barranca, las familias, personas solidarias y elementos de cuerpos de emergencia descendieron un poco más de 30 metros con una cuerda para rappel. Lo hicieron con guantes y cascos.
“Tienen que bajar con el compás abierto, es decir con las piernas separadas; si las juntan perderán el equilibrio, y si creen que no van a aguantar, es mejor que sean valientes y honestos, y digan que no pueden”, dijo uno de los jefes del ERUM, quien dio una breve explicación de cómo descender. “¿Quién baja primero?”, preguntó.
José Soledad Díaz León, mejor conocido como Don José, levantó la mano y dijo “yo”. El señor rebasa los 60 años. Es muy delgado y ligeramente encorvado. Las arrugas se le notan pronunciadas y el rostro quemado. El dolor de su búsqueda la carga en la espalda. Su hija, Josefina Avellaneda Díaz, desapareció en octubre de 2016 en la alcaldía Iztapalapa.
Don José, quien pertenece al colectivo Una Luz en el Camino, en esta ocasión acudió como persona solidaria, para ayudar a buscar entre la maleza y las aguas negras. Él fue el primero en descender, y lo hizo como si estuviera entrenado para ello.
En el fondo de la barranca y después de sortear basura, piedras, ramas, y troncos, ya estaba el perímetro de la búsqueda marcado. El terreno es pantanoso y húmedo, porque por ahí cruza un riachuelo. Las personas solidarias y familiares comenzaron a limpiar. En un tinaco rotoplas colocaron plástico y botellas; a un lado, más objetos grandes.
A unos pasos, en un terreno más estable, iban colocando la ropa y zapatos. Se acumulaba poco a poco. La mayoría de las prendas estaban húmedas y enlodadas. Se veían deterioradas por el sol, el agua y la tierra, pero sí se alcanzaban a distinguir.
Ariadna Pérez Reyes es mamá de Diego Iván Arreola Pérez. Fue desaparecido en la alcaldía Álvaro Obregón en mayo de 2023. Desde entonces lo busca por las calles y barrancas de esta demarcación. Ari, como le dicen otras madres buscadoras, rascaba la tierra con un rastrillo, alternaba con sus manos, y luego con una pala. Salían objetos, juguetes, zapatos.
De entre la tierra sacó un trapo; cuando lo sacudió, era una tela de color azul oscuro. La extendió para verla y dijo en voz alta que esa prenda se parecía a la sudadera que traía puesta su hijo el último día que lo vio, que le gustaría que la examinaran bien: “Voy a pedir que la chequen. Primero Dios que no. Tengo fe de que mi hijo está vivo y que algún día va a aparecer. Entonces ojalá que no sea la tela”.
En cuanto llegó Don José a la parte de abajo de la barranca, reconoció el terreno. Caminó unos metros y encontró una especie de sendero lleno de basura. Lo escaló, aunque estaba algo empinado. Comenzó a identificar dónde había objetos enterrados. Elementos de la CNB y personas solidarias subieron para rascar junto con él. Sacaron ropa y zapatos, pero también muebles, sillas, libros.
Cuando todos hacían su labor, una trabajadora de la CNB que estaba en la montaña de basura que descubrió Don Juan dijo: “Aquí hay un hueso”. Esa frase resonó alrededor. Las personas que estaban ahí voltearon de inmediato y se hizo un silencio. “Espera, que lo vea la antropóloga”, dijo un elemento de la comisión. Ella se acercó, lo agarró con guantes, lo limpió y lo observó detenidamente. “Es de animal”, infirió.
Buscan a desaparecidos desde el punto más profundo al más alto en barrancas de Álvaro Obregón en CDMX
Del fondo de la barranca se obtuvieron diferentes objetos y prendas de ropa que, más tarde, poco antes de que terminara la primera jornada de la brigada que durará toda la semana, fueron acomodados sobre plásticos azules para que las familias los descartaran o fueran procesados después en la fiscalía capitalina. Al lado yacían también algunos fragmentos óseos no humanos, según lo aclaró esa dependencia.
En el punto más lejano se encontró mucha acumulación de basura en un recorrido de cerca de 5 kilómetros, que abarcó una distancia de por lo menos 200 metros lineales, hasta un área donde comienza a aparecer una cascada y es pura elevación, por lo que la barranca se cierra aún más. La limpieza más específica de ese punto quedará como una tarea para los días siguientes.
En la dirección norte de la barranca, otra acumulación de basura permanece en un descenso de aproximadamente 45 grados. Ahí el objetivo principal fue limpiar 40 metros cuadrados con un acopio final de casi media tonelada, de donde también se recuperaron diversos pares de zapatos y prendas. La limpieza empezó apenas, para continuar en los días siguientes.
Arriba, las tareas de limpieza fueron similares, pero sobre suelo seco, abrasado por el sol: basura y ramas que se retiraron hacia los lados hasta descubrir la tierra debajo, que ha dejado de verse entre desechos y maleza. Un par de pedazos de cobijas rasgadas, unos anteojos, un celular obsoleto, jirones de algunas otras prendas y hasta un costal de cascajo aparecieron ahí. Todo terminó dentro de una cubeta roja para ser trasladado por las autoridades. Otras prendas, como las que saturaban la ruta de descenso a rappel, tendrán que esperar a otro día, otra jornada o incluso otra brigada de búsqueda.
Durante todas las horas que transcurrieron entre aproximadamente las 9 de la mañana y pasadas las 2 de la tarde, no paró el bloqueo que sostenía la familia de Pamela Gallardo de forma paralela sobre Calzada de Tlalpan. Personal de la comisión de búsqueda capitalina justificó que la cancelación se debía a que esas jornadas estaban previstas en un predio privado, y tuvieron que cambiar de día a petición del propietario.
Nada específico dijeron sobre la falta de comunicación que pudo haber aclarado esa molestia –atribuyéndosela al deseo de inmediatez de las familias– ni de los problemas iniciales en la coordinación del transporte. Como siempre, familias, solidarios y aliados se las arreglaron para llenar esos huecos, y para trabajar la tierra en un punto asociado a patrones similares de desaparición, pero que las deja de nuevo con la sensación de volver a empezar, sobre todo ante una semana completa donde mucho tiempo se invertirá tan solo en limpiar.
“Aquí ya hubo positivos”: familiar de desaparecido
“Aquí ya hubo positivos de alguien desaparecido, en el 2021. Por patrones y por análisis de contexto, es el crimen organizado de las diferentes bandas que se mueven por aquí: chavos desde los 15 años hasta los 35, la mayoría hombres, que viven por la zona o tenían algún tipo de adicción”, comenta la hermana de uno de ellos, quien lo busca desde 2020. Es su décima búsqueda en todas las barrancas de Tarango. La única vez que encontraron fragmentos parciales humanos se atribuyó a la cercanía de un panteón.
“Las autoridades nunca te van a decir dónde. Somos las familias o las personas solidarias; en mi caso, fue a través de solidarios y el análisis de contexto, y después yo hice uno donde determiné cuáles eran las zonas para búsqueda… Esta es la tercera búsqueda en el mismo punto; siempre el pretexto ha sido el exceso de basura y nunca hemos llegado a levantar mucho.
“Realmente es venir y medio mover la basura, pero nada realmente; ese es siempre el tema, y que no puede entrar maquinaria para levantar más fácilmente todo. De las búsquedas que yo he tenido, que haya llegado a decir ‘ya limpié un poquito para estar más cerca de encontrar algo’, no. Cada búsqueda es volver a empezar desde cero por el exceso de basura, y ahorita viene mucha gente a ayudar, pero otras veces éramos contados”, lamenta.
El 7 de mayo, durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum respondió que no existe autorización a favor de la construcción de la megaestructura.
Buzos protestaron dentro del mar frente a Cozumel, donde buscan impedir la construcción del proyecto Cuarto Muelle para cruceros que señalan se perfila a crear un menoscabo ambiental y social en la isla.
Cerca de 40 activistas ambientales ingresaron a las profundidades del mar frente a la ínsula, donde desplegaron mensajes de rechazo del proyecto porque se prevé un impacto al arrecife Villa Blanca, ubicada en la zona donde se han iniciado actividades de inicio del proyecto.
El 7 de mayo, durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que no existe autorización a favor de la construcción de la megaestructura.
No obstante, esta iniciativa a cargo de la empresa Muelles del Caribe, cuenta con una concesión para el aprovechamiento de bienes de dominio público expedido en 2022 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además de un resolutivo favorable entregado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ambas anuencias fueron otorgadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
En las últimas semanas, cierto sector de la población inició la campaña de rechazo con actividades para recabar firmas, escritos a las autoridades y ahora esta protesta bajo el agua.
“Es un capricho, es una necedad de un pequeño grupo, de gente que hace dinero de prostituir el Caribe mexicano. Es así, es así, no hace falta. Cada quien defiende su lugar con sus recursos al alcance y hay estrategias legales que van adelante, hay investigaciones que ponen los conocimientos a disposición y los buzos nos manifestamos buceando, poniendo en evidencia que ahí hay pastos marinos, hay corales, hay esponjas, hay vida”, sostuvo José Urbina Bravo, buzo integrante del colectivo Sélvame del Tren, que realizó la inmersión.
Han sido dos demandas de amparo que han promovido los habitantes de la isla; sin embargo, los jueces federales han desechado los recursos bajo el argumento de que no hay afectación contra las personas.
Cozumel es el principal punto de atraque de cruceros en el país. En 2024 recibió más de cuatro millones de visitantes por esta vía; sin embargo, los disidentes del Cuarto Muelle sostienen que la derrama económica no es palpable porque estiman que el 40% de los habitantes de la isla viven en condiciones de pobreza, además de que los servicios básicos son escasos.
Un grupo de normalistas eran perseguidos por policías que les impidieron apoderarse de un autobús de pasajeros, uno de los estudiantes cayó del vehículo y murió. Ante protestas y desconfianza, entre los jóvenes y las autoridades, la FGE tardó días en recoger las evidencias.
Tres días después de la muerte del normalista Jesús Alaín Vázquez Pérez, de 22 años, quien cayó de la góndola de una camioneta en la que se transportaba con otros estudiantes cuando eran perseguidos por dos patrullas con policías, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), recogieron las evidencias.
El sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, presidente del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, informó del levantamiento de las evidencias, como cartuchos percutidos, en el lugar de los hechos.
Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general, dijo que el personal de la dependencia no acudió el mismo día al sitio, para evitar confrontaciones, ya que los normalistas se encontraban encapuchados.
Llaven Abarca explicó que, a través del diálogo con la Secretaría de Educación, el 19 de mayo se tomaría declaración a estudiantes que aseguran tienen compañeros heridos.
Velázquez Florencio señaló que son diez los normalistas de la Escuela Rural Normal Mactumactzá, que iban en la camioneta con Jesús Alaín, los que van a declarar para que se realicen las investigaciones.
El sacerdote Fili como se le conoce, dijo que el personal de la FGE acudió el domingo alrededor del mediodía a recoger las evidencias, luego de que él y otros integrantes del Centro Minerva Bello, que asesoran jurídicamente a los estudiantes, sostuvieron una reunión con funcionario de la dependencia.
“Ayer tuvimos un acercamiento con la FGE para saber quién será el fiscal del caso y llevar a los compañeros que fueron testigos unos y otros como víctimas, porque hay uno de ellos con un impacto no de bala propiamente, pero como de bala de goma o algo así. Ya ayer fue la FGE fue por los cartuchos percutidos. En esa reunión pedimos que lo hicieran y ya fueron los peritos”.
Vázquez Florencio comentó que los peritos de la FGE no habían acudido, “estaban a la expectativa. Tuvimos que hacer muchas llamadas para que fueran. Pensaban que los estudiantes les podían hacer algo (los hechos ocurrieron cerca de la normal)”.
Señaló que hay temor de las dos partes, pero se están generando las condiciones para que ni los jóvenes tengan miedo de que los van a detener, ni que la FGE que les van a hacer algo si van a investigar.
El sacerdote refirió que Jesús Alaín, quien cursaba el octavo semestre y era originario del municipio de La Grandeza, localizado en la región de la Sierra, murió la noche del jueves 15 al caer de la góndola de una camioneta de la escuela conducida por sus propios compañeros, cuando eran perseguidos a alta velocidad por dos patrullas de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).
Los normalistas llevaban en la camioneta a dos policías que habían secuestrado en las inmediaciones de la Mactumactzá, porque los uniformados les impidieron apoderarse de un autobús de pasajeros que pretendían utilizar para movilizarse con motivo de las actividades de protesta programadas para el domingo 18 de mayo, al cumplirse cuatro años de la “represión” en la que 91 normalistas y cuatro campesinos fueron detenidos por exigir que el examen de oposición se realizara de manera presencial.
“Algo que ayer escuchamos de los jóvenes, fue que, al tomar el autobús, eran al menos 14 patrullas las que los rodearon, ellos nunca reaccionaron para defenderse, pero los policías los retaban y cortaban cartucho para que hubiera un pretexto. Así lo consideran los normalistas que entrevistamos ayer y dicen que los estaban les cortaban cartucho, les apuntaban y provocaban, pero no pasó a mayores”.
El presidente del centro Minerva Bello afirmó que la responsabilidad es contra la Secretaría de Seguridad del Pueblo, “cuyos agentes son los que siguen con prácticas totalmente fuera de sus funciones”.
Agregó que hasta ahora “los únicos avances en la investigación, son que se recogieron ya los indicios y que se estableció un canal de comunicación para recibir las declaraciones de los testigos y víctimas. Es difícil convencer a los muchachos sobre todo a uno de ellos que lo detuvieron y amenazaron. No es sencillo”.
Velázquez Florencio manifestó que “nuestra demanda principal es que la SSP cambie ese tipo de actitudes de criminalización y persecución contra los estudiantes, porque si siguen así un día van a provocar más tragedias y esa tensión puede seguir creciendo.
“Exigimos también que la FGE haga una investigación independiente e imparcial para que se encuentre la responsabilidad de los policías porque pareciera que la culpa fue de los estudiantes, cuando los uniformados se excedieron en la fuerza durante la persecución, Independientemente de que el normalista se cayó o fue por el impacto de algún tipo de artefacto que los policías utilizaron”, apuntó.
En la noche y de manera simultánea fueron reportados los incendios de tres vehículos en puntos distintos de la carretera México-Acapulco; un grupo armado irrumpió en la comunidad Kilómetro 30 e inició un tiroteo, “Los Arizmendi” respondieron con armas largas.
Acapulco vivió una noche de violencia. Ataques y enfrentamientos armados entre organizaciones criminales dejaron un saldo de cuatro personas muertas, entre ellas una mujer, tres heridos y tres vehículos incendiados.
Alrededor de las 20:30 horas de la noche y de manera simultánea fueron reportados los incendios de tres vehículos en puntos distintos de la carretera México-Acapulco, desde el corredor que va de la colonia Las Cruces, en la periferia del puerto, hasta el poblado Kilómetro 30.
En la colonia Ciudad Renacimiento, un taxi de la ruta Las Cruces-El 30 fue incendiado afuera de su base, en el bulevar Vicente Guerrero.
Cerca de la comunidad Paso Texca una camioneta marca Chevrolet fue quemada y a la altura de Lomas de San Juan, antes de llegar a El 30, un camión urbano de la ruta Costera fue atravesado en la vía federal.
Luego un grupo armado irrumpió en la comunidad Kilómetro 30 y rafagueó un sitio de taxis, que aún estaba en servicio, dejando cinco unidades baleadas, una vivienda y una tienda. Un taxista fue bajado de su unidad y asesinado.
Desde el cerro integrantes de la célula criminal “Los Arizmendi”, que opera en esa zona, respondieron con armas largas, de acuerdo con fuentes de seguridad.
Los atacantes salieron con dirección a Xaltianguis.
De acuerdo con medios que acudieron al sitio, el comisario de la comunidad, Adán Casarrubias Flores informó que fueron contabilizadas cuatro muertes, entre ellas la de una mujer adulta mayor, así como tres personas lesionadas.
Tres horas después de los hechos de violencia, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSP) informó que, tras conocer el reporte, efectivos del Ejército, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía estatal y Policía Estatal desplegaron un operativo en la zona.
La SSP afirmó en un comunicado que, como resultado de las primeras acciones del operativo, la localidad de Kilómetro 30 fue asegurada y que permanecía bajo resguardo de las fuerzas de seguridad.
Se reportó. de manera preliminar. la localización de dos personas sin vida.
La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos ocurridos y que personal de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos especializados fueron desplegados en la zona para iniciar actos de investigación y el levantamiento de indicios correspondientes.
Las clases en las escuelas de todos los niveles fueron suspendidas en esa comunidad.
En su reporte mensual, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) informó que en abril Guerrero fue el segundo estado con más víctimas de homicidio doloso con 169, solo por debajo de Guanajuato que registró 195. En los primeros cuatro meses, la entidad acumula 405 asesinatos.
El Movimiento Unificador de Lucha Triqui exigió justicia por Cutberto Hernández, alto a la violencia contra luchadores sociales y seguridad para el municipio Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.
Cutberto Hernández García, entrenador de baloncesto de niños triquis, fue asesinado la tarde del 19 de mayo, en el centro del municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, dio a conocer el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (Mult).
Además de ser entrenador del equipo “Los niños descalzos de la montaña”, Hernández García era maestro en educación primaria indígena en San Miguel Copala, la comunidad de donde era originario.
De acuerdo con el Mult, el entrenador fue atacado por sujetos desconocidos alrededor de las 14:44 horas en Putla Villa de Guerrero.
El Movimiento exigió una investigación pronta y expedita para el esclarecimiento y detención de los presuntos autores materiales e intelectuales del asesinato.
“Ante esta emergencia de inseguridad en el municipio y por la falta de compromiso por parte de la policía municipal y estatal, exigimos la intervención del gobierno del estado y hacer una limpia de servidores públicos (policía estatal y municipal) coludidos con la delincuencia”, señaló en un comunicado.
El segundo entrenador asesinado en 6 meses
Cutberto Hernández es el segundo entrenador asesinado en seis meses.
En noviembre de 2024, Rigoberto Martínez, entrenador de basquetbol de niños triquis, fue asesinado frente a la escuela normal Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Putla de Guerrero, Oaxaca.
Desde el inicio de la administración estatal, encabezada por el morenista Salomón Jara, en diciembre de 2022, han sido asesinados 37 militantes de esa organización y los crímenes continúan en la impunidad, de acuerdo con el Mult.
“La impunidad y la colusión entre los diferentes órganos encargados de la seguridad es evidente. La irresponsabilidad por parte de la fiscalía del estado es condenable, que solo da largas a los familiares que piden justicia por sus asesinados. Esta fiscalía hace oídos sordos a los señalamientos”, destacó.
Finalmente, el Movimiento Unificador de Lucha Triqui exigió justicia por Cutberto, alto a la violencia contra luchadores sociales y seguridad para el municipio Putla Villa de Guerrero.
De 40 menores asesinados en Sinaloa en la crisis de violencia, solo hay información pública de dos casos que involucran a cuatro niños en total.
En Sinaloa desde septiembre de 2024, cuando detonó la crisis de violencia en el estado, han sido asesinados 40 menores de edad, la mayoría de ellos en hechos relacionados al contexto de inseguridad que enfrenta la entidad.
Las cifras representan el asesinato de un menor de 18 años cada seis días en promedio, con corte al 19 de mayo.
Los datos desglosados fueron otorgados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp) a principios de abril, cuando eran 35 los asesinatos de menores de edad. En el periodo de septiembre 2024 a marzo 2025, el Secretariado documentó 35 asesinatos de varones menores de edad: uno de 2, 6, 9 y 12 años de edad; dos de 14 años; siete víctimas de 15 años; nueve fallecidos de 16 años; y 13 jóvenes de 17 años que habían sido asesinados.
Solo en los primeros tres meses del 2025, el Sesesp contabilizó la muerte de 14 menores de edad producto de la violencia.
Desde entonces han sido asesinados otros tres menores de edad, entre ellos las niñas Alexa y Leidy.
De los 40 casos registrados en total de septiembre de 2024 a mayo de 2025 hay información sobre la investigación de uno y la judicialización de otro caso, de los que fueron víctimas las niñas Alexa y Leidy y Gael y Alexander respectivamente. Por lo anterior no existe información pública de las investigaciones o judicializaciones de 36 homicidios de menores de edad en el estado.
Los casos que se han difundido por las autoridades que presentan avances fueron atraídos por la Federación, por lo que no existe información pública de judicializaciones de casos que sean investigados por la Fiscalía General del Estado.
Noroeste buscó información con la Fiscalía General del Estado para conocer si existían judicializaciones recientes de homicidios de menores de edad, sin embargo el ente determinó necesitar información exacta de cada uno de los 36 casos de menores asesinados para transparentar la información pues se carece de una base de datos sobre estas carpetas de investigación.
En los casos que se ha informado su avance, en uno ya se inició un proceso penal contra los sospechosos, y en otro el Ejército Mexicano puso a disposición a algunos elementos que fueron señalados por los familiares de agredir de manera directa a las menores.
Casos de homicidios de menores en Sinaloa durante crisis de violencia
Entre los casos de los menores asesinados en Sinaloa uno de los más mediáticos y mayor documentados fue el de Gael y Alexander, de 12 y 9 años, que fueron asesinados junto a su padre Antonio, el sábado 18 de enero en el fraccionamiento Los Ángeles en Culiacán.
La familia fue agredida de manera directa durante la madrugada mientras se desplazaban en un vehículo particular.
El caso desencadenó una manifestación en el Palacio de Gobierno en la que los manifestantes entraron por la fuerza al lobby del despacho del gobernador Rubén Rocha Moya exigiendo atención.
Durante la tarde del lunes 24 de marzo, en Culiacán, fueron detenidos por fuerzas de seguridad federales Jesse “N” 22 años y Juan Carlos “N” de 33 años, quienes enfrentan delitos relacionados al crimen organizado y al asesinato de los niños.
La primera audiencia del caso fue llevada por la Federación y se continúa con el proceso.
Otro caso documentado por medios de comunicación fue el de Carlos Felipe, de 14 años, que fue asesinado durante un ataque armado en un autolavado de Culiacán sobre la calle General Rosendo Rodríguez en la colonia Adolfo Ruiz Cortines el 24 de febrero.
El 27 de febrero ocurrió un enfrentamiento en Villa Juarez, Navolato, en el que resultó herida la niña Regina de 14 años. La menor murió el 4 de marzo, hospitalizada, derivado de las heridas ocasionadas por las balas.
El 24 de marzo, cerca de las 17:00 horas, ocurrió otro asesinato de menor cuando la niña Danna Sofía regresaba de la escuela Secundaria General Número 4 “Pablo de Villavicencio”. Danna viajaba junto a su padre y hermano mayor y, cuando circulaban por calles de la colonia Revolución, fueron interceptados por un grupo de sujetos armados que disparó en su contra.
El 6 de mayo se registró el asesinato de Alexa y Leidy, quienes perdieron la vida en Badiraguato, en la comunidad La Cieneguilla. Las niñas murieron por heridas de bala cuando el vehículo en el que viajaban con su familia fue atacado, de acuerdo con declaraciones de testigos.
De acuerdo con declaraciones de los familiares que sobrevivieron el vehículo fue atacado de manera directa por militares.
El 12 de mayo, en un mensaje dirigido a los padres de ambas menores, al personal docente y a la comunidad escolar de la escuela Rafael Ramírez de Culiacán, el gobernador Rubén Rocha aseguró que el caso está en proceso de judicialización y que los responsables ya han sido plenamente identificados.
El 13 de mayo Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional puso a disposición de las autoridades ministeriales a algunos de sus elementos para investigar la muerte de las niñas Alexa y Leidy.
Manolo Jiménez dijo que explicó a Claudia Sheinbaum que el nivel de almacenamiento de la presa es muy bajo, por ello no es el mejor momento para cumplir con el pago que reclama EU.
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, dio a conocer que, en la pasada visita que realizó al estado la presidenta Claudia Sheinbaum, le señaló que el nivel de almacenamiento de la presa La Amistad es muy bajo y por ello no es el mejor momento para extraer agua y cumplir con el pago que reclama Estados Unidos.
“Le comenté que era un tema complicado para Acuña, que la presa no está en su menor momento porque tiene un porcentaje muy bajo de almacenamiento de agua y que si se piensa extraer algo de esta gua, es muy importante compensarla con otras obras para esta ciudad y la misma presa”, dijo.
Sostuvo que él autorizó un fondo para obras relacionadas con el suministro de agua potable que permita evitar que se reduzca más el nivel del almacenamiento en la presa internacional de La Amistad.
“Para que no toda el agua que consuma Acuña sea de la presa o del río (Bravo), sino que podamos ir teniendo paralelamente otras fuentes de consumo o de abasto. Para Piedras Negras también (habrá obras similares) y para la parte agrícola desde aquí hasta el municipio de Hidalgo, Coahuila”, aseguró.
En tanto en una revisión realizada sobre la contabilidad del agua de la presa La Amistad y Falcón, que se ubican en Coahuila y Tamaulipas, respectivamente, se observa que en un mes se redujo la cantidad de agua propiedad de México que está almacenada en las presas La Amistad y Falcón.
A inicios del mes de abril, el total del agua que había en ambas presas eran mil 253 millones de metros cúbicos de almacenamiento, de los cuales 361 millones eran propiedad de México y el resto, 891 millones, de Estados Unidos, pero para el 3 de mayo el almacenamiento total de ambas presas ascendía a mil 153 millones de metros cúbicos de los cuales 216 millones son propiedad y México y 937 millones de Estados Unidos, de acuerdo con la publicación realizada por la Comisión Nacional del Agua el pasado 15 de mayo.
Lo anterior significa que sin necesidad de trasvase se está proporcionando agua al vecino país al dejarlos como dueños de la que se encuentra almacenada en dichos embalses.
Fue en el mes de abril cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, empezó a presionar a México para adelantar el pago del agua correspondiente al ciclo que termina en octubre próximo.
Jorge Luis López Rodríguez, integrante del Consejo de la Cuenca de Río Bravo advirtió de esta medida semanas atrás y en entrevista con Proceso, dijo que se viola el Tratado Internacional de Aguas de 1944 disponer del agua almacenada en las presas para adelantar el pago correspondiente al ciclo que termina en el mes de octubre, pero también pone en riesgo el ciclo agrícola en la región.
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