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Jueces niegan frenar corridas de toros sin violencia en CdMx, pero admiten amparos

Dos jueces federales decidieron rechazar las suspensiones provisionales que presentaron dos empresas para echar atrás la reforma aprobada en la CdMx contra las corridas de toros; no obstante, sí admitieron amparos, por lo que estudiarán la reforma y determinarán si pueden echarla atrás.

Dos jueces federales decidieron este viernes no suspender la reforma aprobada en la Ciudad de México (CdMx) para prohibir las corridas de toros con violencia, por otros eventos "no violentos", pero sí admitieron los amparos de empresas e interesados en la industria de la tauromaquia.

Ambos juzgadores de la capital mexicana rechazaron las suspensiones provisionales solicitadas por las empresas Tauroplaza México, que es la dueña de la Plaza México, y por la compañía Diversiones y Espectáculos ETM, del grupo de la familia Baillères, que buscaban frenar la reforma para seguir organizando espectáculos taurinos con violencia.
Se trata del Juez Gabriel Regis y de una secretaria de funciones de titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, reportó el diario Reforma. La próxima semana resolverán las suspensiones definitivas, pero es muy probable que, si no concedieron la provisional, no concedan una medida cautelar sin fecha límite.
Más allá del rechazo de las suspensiones, los dos juzgadores admitieron las demandas, por lo que estudiarán la reforma y determinarán si pueden echarla atrás. Es probable que todas estas decisiones, tanto a favor o en contra de las corridas de toros sin violencia, serán impugnadas, por lo que se espera que lleguen en su momento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

CdMx hace historia con la prohibición de corridas "con violencia"

El Congreso de la Ciudad de México aprobó a mediados de marzo el dictamen que reforma las corridas de toros para que sean espectáculos sin violencia. La iniciativa fue avalada con 61 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.

Con esta decisión, el Congreso capitalino dio un paso histórico en la regulación de estos eventos en la ciudad. La propuesta de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue retomada en el dictamen aprobado en lo general y en lo particular. Con ello, se formaliza la creación de la figura de "corridas de toro sin violencia", marcando un antes y un después en la manera en que se lleva a cabo este espectáculo en la ciudad.
Una de las medidas más importantes incluidas en la reforma es la imposición de multas de hasta 339 mil pesos para quienes incumplan las nuevas reglas y provoquen la muerte de un toro durante el espectáculo.
Entre los aspectos avalados en la reforma, se incluye: la prohibición de las corridas de toros con violencia; la creación de la figura del "espectáculo taurino libre de violencia", "permitiendo la continuidad de actividades en la Plaza de Toros bajo nuevas reglas"; la porhibición de la muerte del toro dentro y fuera de la plaza; y que los animales serán devueltos a su ganadería una vez concluido el espectáculo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: NANCY GÓMEZ, MANUEL GONZÁLEZ.

Ulises Lara, ex encargado de despacho de FGJ-CDMX, nuevo delegado de la FGR en Morelos

Ulises Lara López, ex vocero y encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), fue nombrado, el 16 de mayo de 2025, como delegado en Morelos de la Fiscalía General de la República (FGR) -encabezada por Alejandro Gertz Manero-, en sustitución de Hugo Bello Ocampo, quien llevaba nueve meses y medio en el cargo.

El 9 de enero de 2024, el también ex esposo de Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue nombrado como encargado de despacho de la Fiscalía capitalina, por Ernestina Godoy Ramos, luego de que esta no fue ratificada como titular de la institución de procuración de justicia, por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

Aunque ser encargado de despacho no requería cumplir ningún requisito, según la Ley Orgánica de la FGJ-CDMX, la persona titular sí debía contar con Licenciatura en Derecho y experiencia mínima de 5 años. Antes, Lara López había sido vocero y coordinador de asesores de la institución de procuración de justicia, durante casi cuatro años.

Su ex cuñado, Martí Batres Guadarrama, defendió, el 12 de enero de 2024, a Lara López, encargado de despacho de la FGJ-CDMX, quien obtuvo la Licenciatura en Derecho de forma exprés este mismo año, en el Centro Universitario Cúspide de México, institución que expidió el título y cuyo director -además de propietario- es Fernando Horacio Cordero Durán, quien también fungió como chofer del entonces titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“No conozco a detalle toda la vida de Ulises, pero lo que sí te puedo decir es que tiene muchos años en la vida académica […] Llegué a encontrármelo hace unos 10 años, nos encontrábamos en la [Universidad Nacional Autónoma de México] UNAM, porque ambos éramos profesores y él ha tenido estudios en diversas áreas de las Ciencias Sociales y ha sido un servidor público disciplinado, eficiente en diversas áreas de la administración pública y ahora en la Fiscalía”, subrayó Batres Guadarrama, quien, sin embargo, indicó que la FGJ-CDMX era un órgano autónomo, con sus propias normas.

“Sus ordenamientos indican quién suple a la Fiscal o el Fiscal, a la persona titular en caso de ausencia, y el propio ordenamiento señala que es una coordinación de la cual es titular Ulises Lara, entonces, la propia norma indica que, en ausencia de la persona titular de la Fiscalía, el titular de esa área, de esa coordinación suple temporalmente a la persona titular de la Fiscalía”, subrayó el titular de la Jefatura de Gobierno de la capital de la República.

“Finalmente es un procedimiento que está marcado de manera legal, ahora sí que el Gobierno de la Ciudad no interviene en ese nombramiento, ¿no? […] Desde que yo me integre al Gobierno como Secretario de Gobierno, con la doctora Sheinbaum, Ulises Lara venía, con todo el equipo de Fiscalía, a la reunión del Gabinete, o sea, tiene años viniendo todas las mañanas puntualmente, disciplinadamente, ha sido un servidor público apegado a sus tareas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, expuso Batres Guadarrama, quien, además, descartó tener alguna relación con el encargado de despacho de la FGJ-CDMX.

“Pues la única relación que tenemos es que nos vemos en el Gabinete […] Esto que hicieron esta minoría del [Partido Acción Nacional] PAN y del [Partido Revolucionario Institucional] PRI es inadmisible”, puntualizó Batres Guadarrama.

“Ya ellos no ratificaron a la Fiscal [Ernestina Godoy Ramos], bueno, pues hay un procedimiento que está marcado normativamente, legalmente, que indica qué pasa en esos casos, y hay una persona que la suple que, en este caso, es la titular de una coordinación que indica la propia ley”, concluyó el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Tanto Lara López, como Cordero Durán trabajaron en la Administración de Andrés Manuel López Obrador, en el Gobierno del Distrito Federal y tuvieron como superior a Batres Guadarrama, entonces Subsecretario de Gobierno.

Cordero Durán fungió como Líder Coordinador de Proyectos “B”, de la Dirección de Concertación Política, Atención Social y Ciudadana, entre 2002 y, por lo menos, hasta 2013. En tanto que Lara López fue Director General de Gobierno de la Secretaría de Gobierno entre 2003 y 2006.

Según la revista Etcétera, Cordero Durán fue chofer de Batres Guadarrama, entre 2003 y 2005, cuando el actual titular de la Jefatura de Gobierno de la capital de la República, era diputado federal del grupo legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Lara López, encargado de despacho de la FGJ-CDMX, aclaró, el 10 de enero de 2024, que no obtuvo su cédula profesional como Licenciado en Derecho de “manera exprés”, luego de que se reveló que la misma apareció en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal, el mismo día que tomó posesión del cargo.

Durante una entrevista con la cadena Milenio, Lara López aclaró que en 2016 cursó la Licenciatura en Derecho y fue hasta hace poco tiempo que solicitó el trámite de la cédula profesional. Además, señaló que contaba con maestrías y un doctorado.

Según el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal, Lara López cursó la Licenciatura en Derecho, en el Centro Universitario Cúspide de México, que se ubica en Barrio San Ignacio, en la alcaldía Iztapalapa. El documento expedido al encargado de despacho de la FGJ-CDMX es del tipo C1, que se le otorgaba a las personas con estudios técnicos o de licenciatura.

Por mil 750 pesos al mes y en menos de tres años, el Centro Universitario Cúspide de México prometía a los interesados un título de Licenciatura en Derecho, Administración y Mercadotecnia o Seguridad Pública y Criminalística. Asimismo, contaba con una modalidad de titulación directa, es decir, sin la necesidad de presentar un proyecto de investigación.

En el 2016, el Centro Universitario Cúspide de México -que estaba registrado como institución privada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la clave 09MSU0334U- obtuvo la facultad para otorgar Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios.

Lara López se recibió de la Licenciatura de Sociología por la UNAM, en el 2000. Posteriormente, cursó la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por la misma institución educativa y se tituló en 2019. Un año después, en 2020, recibió su Doctorado en Derecho por el Instituto Ejecutivo Mexicano, en el Estado de México.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Un protagonista sin voto popular

Carlos Torres Torres no ganó la elección del 6 de junio de 2021, pero disfruta del poder como si lo hubiese hecho. Es escoltado por varias camionetas tripuladas por policías calificados, tiene oficinas en Palacio Municipal con personal a su servicio, maneja recurso público de dos entidades de gobierno ejecutivo, el Ayuntamiento de Tijuana y el Gobierno del Estado, para el desarrollo de proyectos estratégicos. Él decide a quién se contrata, a quién se concesiona, qué es lo que se hace y hasta dónde se llega.

Derrotado en la elección más importante de su carrera política cuando era miembro activo del Partido Acción Nacional (PAN), la alcaldía de Tijuana sólo llegó a posiciones de elección popular cuando su entonces padrino político encabezaba la presidencia de la República. Fue Felipe Calderón Hinojosa quien les dio espacios de poder y decisión a varios bajacalifornianos que se encumbraron en la política nacional, como el fallecido Francisco Blake Mora, en calidad de Secretario de Gobernación.

Pero Carlos Torres no llegó a tanto, ni al primer nivel del gabinete calderonista ni al ampliado, le dieron eso sí, la entonces delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en Baja California, donde ciertamente destacó por realizar proyectos a favor de los más necesitados, identificó los llamados “polígonos de pobreza” y ahí trabajó con obras y programas para el desarrollo de las comunidades, especialmente de la niñez.

Antes de gozar de un poder para el cual no fue electo, su participación más importante en cargos de elección popular fue un periodo en la Cámara Federal de Diputados, y otro muy lastimoso en el Congreso de Baja California; el adjetivo se debe a que fue su última participación como panista, pero ya con la tendencia a favor del morenismo.

Como legislador local, perteneciendo al PAN en 2019, votó a favor de la Ley Bonilla, aquella aberración jurídica que sería determinada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que le daba al primer gobernador de Morena de Baja California cinco años de gobierno en lugar de los dos, para los que había sido electo ese mismo año, en aras de empatar las elecciones estatales al gobierno del Estado en el año 2021 con las federales intermedias.

Aquel mismo 2019, en septiembre, Carlos Torres Torres contrajo nupcias con Marina Ávila Olmeda, entonces alcaldesa de la capital bajacaliforniana, Mexicali, y su destino cambiaría para mejorar su situación política. De las derrotas del PAN, pasó a disfrutar las mieles de los aplastadores triunfos de Morena y a tener una participación muy activa no sólo en el partido, sino en el gobierno de su esposa.

En las elección federal de 2024, Carlos Torres Torres puso candidatos a diputados federales en el Partido Verde Ecologista de México, era el enlace entre la gobernadora Ávila y la dirigencia del Verde para otorgar candidaturas. Adicional, su esposa, se supone en plena confianza de pareja, le concedió un importante cargo en el gobierno del Estado: la titularidad de una Coordinación de Proyectos Estratégicos, un área que fue creada para él y en la cual no devengaría sueldo alguno, al contribuir de manera honorifica con la administración de Ávila.

Esta posición le permite hacer lo que la gobernadora no hace: sostener reuniones con empresarios para revisar inversiones, negociar concesiones y facilitar reuniones con autoridades federales. Conocida es su participación y la de su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, como mediadores entre empresarios y grupos de inversionistas con autoridades del gobierno de la República, particularmente en dos temas: el agua y las aduanas.

A diferencia de su hermano Carlos, Luis Torres no ha tenido cargos de elección popular, lo suyo ha sido estar siempre detrás de la escena pública, en el maquiavelismo político económico financiero de campañas y proyectos. Su más visible participación pública, también en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, fue la de ser el administrador de la Aduana de Tijuana, uno de los más importantes cruces comerciales del País, con resultados que estuvieron siempre en la polémica. A pesar de no conocerle oficio o profesión privada, Luis Torres es un hombre próspero, que aparece cada campaña electoral en las áreas financieras, y se maneja en la actualidad como representante de la gobernadora Marina Ávila, en temas del agua. Así lo confiaron a esta columnista inversionistas que solicitaron una reunión con la mandataria estatal para tratar asuntos de agua en el Valle de Guadalupe y su intervención ante la Conagua: “a la reunión, que terminó con una comida en el restaurante Grill de Tijuana, llegó Luis Torres, de parte y en representación de la gobernadora”, dijeron.

Carlos Torres no ha llegado solo pues, a ejercer un poder para el cual no fue electo, sino que vino acompañado de su hermano Luis. Carlos Torres ha ignorado el encanto de la discreción y apoyo incondicional desde la banca para que su esposa ejerza a plenitud el gobierno para el que fue electa, y además como la más votada en la historia de Baja California.

Carlos Torres no es un gran hombre detrás de una gran mujer, prefiere ubicarse a un lado de su esposa, la gobernadora, como iguales, aun cuando el poder administrativo y político lo ganó ella y no él, por más que le haya apoyado moralmente durante la campaña.

Este protagonismo no electo, ha metido ahora en un brete a la gobernadora Marina Ávila Olmeda, al ser el daño colateral del retiro de la visa de turista para internarse a los Estados Unidos de su esposo, y hacer historia como la primera gobernadora en funciones en el País, a la que el gobierno de la Unión Americana le retira la visa para entrar a su territorio. Nunca había sucedido, ni en México, ni en Baja California con sus 16 gobernadores en su haber, ocho del PRI, seis del PAN y dos de Morena.

El protagonismo no electo, en este caso, no ha llevado a la mandataria a buen puerto. La labor “honorífica” de su esposo, la cual ha ratificado en medio de la tormenta, la ha dado a conocer por motivos incorrectos, el de ser la primera gobernadora de Baja California sin visa, que si bien no es delito, sí afecta su trabajo en un contexto fronterizo donde los temas binacionales son cotidianos. Y para colmo, el documento migratorio le fue retirado hostilmente, aun considerando que fue por la vía consular.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Mario Delgado refrenda compromiso de la SEP con el magisterio

Mario Delgado afirmó que se derogó la reforma educativa neoliberal y se eliminó la evaluación punitiva, para que las y los docentes sean protagonistas de "una educación emancipadora".

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destacó este jueves, Día del Maestro, el incremento salarial anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de nueve por ciento para maestras y maestros, con efecto retroactivo al 1 de enero, así como el aumento de uno por ciento adicional a partir de septiembre.
"A diferencia de los gobiernos neoliberales, que atacaron al magisterio con desprestigio y represión, los gobiernos de la Cuarta Transformación han construido una relación de respeto y apoyo con las maestras y los maestros del país", afirmó el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.
Durante la conmemoración del Día de la Maestra y el Maestro, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario Federal celebró el incremento salarial que representa una inversión de 36 mil millones de pesos anuales.

Delgado respaldó la decisión de añadir una semana extra de vacaciones para el personal docente, tras analizar los calendarios escolares internacionales, ya que, como señaló la mandataria, se busca mejorar el bienestar laboral y familiar de las y los maestros. Asimismo, y en tanto concluye el proceso para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), se firmará un decreto para mejorar la movilidad laboral, con base en la antigüedad de las y los profesores, priorizando la cercanía con sus familias.
En su mensaje, recordó que en la Administración anterior se derogó la reforma educativa neoliberal y se eliminó la evaluación punitiva, para que las y los docentes sean protagonistas de una educación emancipadora.

Reconoció el papel central del magisterio en la construcción de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el codiseño curricular, la transformación de los Consejos Técnicos Escolares en comunidades de aprendizaje y la promoción de valores como la inclusión, la equidad, la interculturalidad y el pensamiento crítico.

Delgado Carrillo sostuvo que el compromiso del magisterio va más allá del aula, pues muchas maestras y maestros promueven proyectos comunitarios, culturales y de defensa del territorio. “La historia de México no puede contarse sin el magisterio, y el futuro no puede construirse sin su conciencia”, recalcó.

Asimismo, afirmó que la Cuarta Transformación es fruto de una siembra profunda realizada por generaciones de maestras y maestros. “El magisterio ha sido, por décadas, el reservorio más profundo de conciencia nacional”.

Entre las principales acciones del Gobierno de México para fortalecer la educación, destacó el programa social con carácter de derecho constitucional y con el mayor número de beneficiarios en el país: las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Universal Rita Cetina, esta última nombrada en honor a la lucha de mujeres pioneras por el acceso a la educación.

Agregó que el programa La Escuela es Nuestra (LEN) permite atender, desde la organización comunitaria, las necesidades más apremiantes de cada plantel. Resaltó estrategias integrales como Vive Saludable, Vive Feliz, la Estrategia Nacional de Lectura y la promoción del arte, el deporte y la salud emocional entre estudiantes.


Afirmó que el magisterio es garantía de que la transformación de México no se detendrá, porque es un magisterio que ha participado en las grandes luchas para que vivamos en un país soberano.

Finalmente, agradeció la presencia de la Jefa del Ejecutivo federal, a quien calificó como “maestra, científica y defensora de la educación pública”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Washington le dice a Tim Golden que el bloqueo de visas sí es para acosar a México

El Gobierno de Estados Unidos ha comenzado a presionar a México con el retiro de visas a funcionarios y otras sanciones, por estar presuntamente vinculados con el narcotráfico.

Estados Unidos ha implementado "una escalada significativa" de su presión sobre el Gobierno de México al imponer restricciones de viaje y otras sanciones a políticos que cree están vinculados con la corrupción en el tráfico de drogas, dijeron funcionarios estadounidenses al periodista Tim Golden.

En un reportaje publicado en ProPublica y titulado "La administración Trump busca bloquear los viajes a Estados Unidos de políticos mexicanos que, según afirma, están vinculados al narcotráfico", Golden plantea que hasta ahora dos figuras políticas mexicanas han reconocido tener prohibido viajar a Estados Unidos, pero "funcionarios estadounidenses anticipan que más mexicanos serán objeto de persecución a medida que el Gobierno revisa una lista de varias docenas de figuras políticas identificadas por agencias policiales y de inteligencia como vinculadas al narcotráfico".

De acuerdo con el reportero, quien se especializa en seguridad nacional, política exterior y justicia penal, la lista del Gobierno de Donald Trump incluye a líderes de Morena, el partido gobernante de la Presidenta Claudia Sheinbaum, además de varios gobernadores estatales y figuras políticas cercanas a su predecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, según le informaron los funcionarios estadounidenses que, además, "insistieron en el anonimato para poder hablar sobre planes políticos delicados".

Tim Golden es un periodista bien conocido en México, aunque no tan reconocido como lo es en EU donde, por ejemplo, ha ganado dos premios Pulitzer y otros galardones.

Golden, además, tomó fama reciente por dos enfrentamientos con Andrés Manuel López Obrador, entonces Presidente de la República, derivados de dos reportajes del estadounidense –que dieron pie a la oposición mexicana para llamar a AMLO "narcopresidente"– que el exmandatario federal desmintió con contundencia.

El primero se publicó el 31 de enero de 2024, también en ProPublica, y en él acusó a antiguos colaboradores de AMLO de recibir por lo menos dos millones de dólares del Cártel de Sinaloa para su campaña electoral de 2006. Sin embargo, el periodista estadounidense no presentó prueba alguna.

El segundo texto apareció, también en ProPublica, el 19 de julio, y en él Golden aseguró –de nuevo sin presentar pruebas– que el Presidente de México tenía ligas con el narcotráfico.

Esa misma mañana, en su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador pidió a su asesor Jesús Ramírez Cuevas leer una carta en la que Golden le pidió responder varias preguntas, por lo que el Presidente incluso bromeó: “Ya parece Juez del Poder Judicial: te damos 12 horas para contestar”, dijo.

Además, el Presidente se refirió al texto de Golden como "un refrito" del que publicó en enero y además le pidió responder, con pruebas, una serie de preguntas que exhibían que su reportaje contenía mentiras y dañaba la imagen del Gobierno y del propio Jefe del Ejecutivo federal:


1. ¿Dónde estabas cuando te pidieron el reportaje?
2.¿Cuánto tiempo te tomó escribirlo?
3. ¿Eres periodista contratado por ProPublica o te pagan y cuánto por reportaje?
4. ¿Te encargan la investigación o la propones?
5. ¿Quién te convenció de que era importante hacer el reportaje?
6. ¿De dónde obtuviste la información?
7. ¿Hablaste con gente de la DEA?
8. Sé que no puedes revelar tus fuentes pero, ¿hablaste con los de abajo, con los de en medio o los de arriba? ¿Cuál fue tu criterio para escoger tus fuentes?
9. Si además de los agentes y directivos de la DEA, ¿tuviste entrevista con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos o del Departamento de Estado?
10. Aquí en México, ¿a quién consultaste?

Las listas que presionan a Sheinbaum

De acuerdo con Tim Golden en su reportaje publicado este 15 de mayo, las medidas, por ejemplo sobre la revocación de las visas a Marina del Pilar Ávila, Gobernadora de Baja California, y a su esposo, "representan el último desafío político para la nueva líder mexicana y su partido izquierdista Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena. A pesar de la histórica sensibilidad del país ante cualquier indicio de intromisión estadounidense, Sheinbaum ha reforzado su apoyo en el país al afirmar la soberanía de México en conversaciones con el Presidente Donald Trump, a la vez que actúa para cumplir con sus exigencias de actuar contra los principales narcotraficantes".

Además citó a periodistas mexicanos, quienes le informaron que funcionarios de inmigración estadounidenses también le retiraron la visa a otro Gobernador de un estado fronterizo: Américo Villarreal, de Tamaulipas, una afirmación que el portavoz del Gobernador descartó como "sin confirmar". Sin embargo, Golden destacó que Villarreal ha sido acusado frecuentemente de tener vínculos con el narcotráfico, lo cual ha negado.

Tim Golden agregó a su texto las fuentes que se negaron a hacer comentarios sobre el tema, que fueron varios por cierto.

Un portavoz del Departamento de Estado se negó a hacer comentarios, señalando que los registros de visas son confidenciales según la Ley estadounidense. Además, "tres funcionarios estadounidenses afirmaron que las medidas relacionadas con las visas probablemente irán acompañadas, en algunos casos, de sanciones del Departamento del Tesoro que impedirán a las personas realizar negocios con empresas estadounidenses y congelarán sus activos financieros en Estados Unidos. Ávila afirmó no tener cuentas bancarias en Estados Unidos y que no enfrentaba ninguna sanción de ese tipo". Y encima, dijo, un portavoz del Departamento del Tesoro se negó a hacer comentarios sobre el plan de sanciones.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum rechaza impuesto de EU a remesas: viola tratado de doble tripulación

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la propuesta impulsada por Estados Unidos para gravar las remesas viola la doble tributación estipulada en varios tratados.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó este viernes la pretención de Estados Unidos con gravar el cinco por ciento de las remesas que envían los connacionales a sus familiares de México, pues aseguró que esto implicaría una doble tributación y un trato de discriminación.

En conferencia de prensa, la mandataria federal destacó que la nueva disposición, aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, es anticonstitucional para la relación de ambas naciones, debido a que contraviene el Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y Estados Unidos, vigente desde 1994.

"No estamos de acuerdo, es incluso en Estados Unidos inconstitucional, porque se cobraría doble impuesto porque las y los mexicanos que viven en Estados Unidos ya pagan impuestos. Nosotros no aceptamos injerencias. Hay una relación histórica con el Gobierno de los Estados Unidos, en muchos temas, de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina, [...] y esa relación es permanente", destacó desde "la mañanera del pueblo".


El Gobierno de México hizo un llamado oficial a los legisladores del país vecino para entablar un diálogo bilateral, a fin de explicar por qué esta propuesta resulta perjudicial tanto para México como para otros países que dependen del envío de remesas.

A raíz de ello, la Jefa del Ejecutivo Federal agregó que, por el momento, el Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, se reunirá en los próximos días con congresistas republicanos para exponer la inconformidad de México contra el nuevo impuesto.

"Hay relación del Canciller permanente con el Embajador de EU en México, pero también con el Departamento de Estado. Hay agentes de las agencias de investigación en México que tiene que cumplir con la constitución y con la Ley de seguridad nacional", mencionó.

Claudia Sheinbaum también exhortó a los mexicanos residentes en Estados Unidos a hacer valer su voz y escribir a sus representantes en el Congreso para expresar su rechazo a la iniciativa, debido a que la medida no sólo se limita a México, sino a cualquier país del mundo.

“Esto no sólo afecta a México, sino a todos los países que reciben remesas de trabajadores en Estados Unidos. Se trata de una medida que discrimina y castiga injustamente a millones de migrantes. [...] Creemos que es una buena idea que nuestros connacionales, nuestros paisanos y paisanas, también envíen cartas a sus congresistas, tengan la nacionalidad o no, diciendo que este impuesto sería discriminatorio y que violaría este tratado”, concluyó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sedena ‘desobedece’ a juez y retoma construcción irregular en Laguna Bacalar, pese a suspensión provisional

Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. denunció en un vídeo que la Sedena continúa construcción irregular en Bacalar pese a que organizaciones ambientales consiguieron suspensión provisional.

La Secretaría de la Defensa Nacional  (Sedena) retomó la construcción irregular en la Laguna de Bacalar pese a que existe una orden del juez para suspenderla provisionalmente, denunció la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS).

En un vídeo difundido en Facebook con fecha del 15 de mayo, se observa el uso de maquinaria dentro de la construcción. Ante estas acciones la organización denuncia que la Sedena violó la suspensión.

La construcción a cargo de la Defensa se encuentra en la zona federal de la Laguna de Bacalar. Frente a la obra se encuentra el Fuerte de San Felipe, un monumento patrimonio histórico del estado de Quintana Roo.

El amparo promovido por Proyecto Justicia Común (PROJUC) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS) denuncian que la construcción es un proyecto hotelero que arrancó sin contar con los permisos ambientales necesarios.

De acuerdo con los colectivos, esta construcción es ilegal ya que inició sin una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni un proceso de consulta pública para la comunidad. 

Por lo que un  juez de Distrito en el estado de Quintana Roo otorgó suspensión provisional para detener de inmediato la construcción de este proyecto que pone en riesgo el medioambiente y la cultural de Bacalar.

Animal Político publicó que, en su momento, la Defensa Nacional solo se limitó a decir que su construcción está exenta de presentar la manifestación de impacto ambiental que la ley ordena.

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló que se trata de una intervención que no genera desequilibrio ecológico, pero no presentó alguna justificación o pruebas que respalden dicha afirmación.

En un comunicado conjunto, la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS) señaló que el 28 de abril fue la fecha que se fijó para celebrar la audiencia incidental en la que se analizará si se concede la suspensión definitiva.

Al cierre de esta nota, ni la Sedena ni Semarnat han emitido un comunicado sobre la continuación de las  obras pese a que existe una suspensión provisional vigente.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: VERÓNICA SANTAMARÍA.

Partidos políticos se infiltran en elección del Poder Judicial de Chihuahua: hay 78 candidatos con militancia, la mayoría del PAN

Al menos 78 de las 305 candidaturas para el Poder Judicial en Chihuahua tienen una militancia partidista, lo que representa aproximadamente el 25.6 % del total. La mayoría de estas candidaturas están vinculadas al partido gobernante en la entidad, el PAN.

Los partidos políticos del país buscan infiltrarse en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, a través de la elección judicial de la entidad, donde al menos 78 candidatas y candidatos a ocupar un puesto como juez o magistrado local se encuentran registrados como militantes de diversos partidos, la mayoría provenientes de las filas de Acción Nacional (PAN). 

Se trata de 18 personas que buscan ser magistradas o magistrados locales de Chihuahua en diversas materias, incluso para encabezar órganos tan importantes como el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial estatal, y 60 personas que aspiran a ser juezas o jueces locales, en una elección en la que hay 305 cargos a elegir.

Es decir que, de ganar las próximas elecciones de Chihuahua, estas personas militantes de partidos políticos ocuparían el 25.6 % de todos los puestos en contienda, uno de cada cuatro cargos dentro del nuevo Poder Judicial local.

Esto a pesar de que se trata de un proceso electoral en el que, de forma original, quedó establecido que los partidos políticos no podrían realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna, razón por la cual incluso los representantes de las bancadas políticas fueron impedidos para participar en acciones, actividades y sesiones relacionadas a este proceso ante las autoridades electorales. 

Los datos fueron obtenidos mediante la plataforma Observador Judicial, una herramienta que utilizó inteligencia artificial y análisis masivo de datos públicos para revisar y comparar los perfiles de más de 880 candidatos a jueces y magistrados en la elección judicial estatal, dando como resultado diversos hallazgos.

PAN busca controlar al Tribunal de Disciplina Judicial

Uno de los principales hallazgos del análisis de la plataforma es que, de los 18 candidatos con militancia partidista que se registraron para ocupar un puesto como magistrado o magistrada local, 14 tienen militancia en el PAN, dos en el partido Morena, uno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 

Sin embargo, el interés de los militantes del partido blanquiazul que buscan ser magistrados se ha centrado principalmente en el Tribunal de Disciplina Judicial, nuevo órgano jurisdiccional que tendrá atribuciones para investigar, sancionar e incluso destituir a jueces y magistrados por hechos que puedan ser objeto de responsabilidad administrativa o penal, mismo que estará conformado por cinco integrantes (tres mujeres y dos hombres).

En esta lista de militantes del PAN interesadas en formar parte de este Tribunal de Disciplina están seis personas Albertina Leyer Carbajal, actual jefa del Departamento de Investigaciones de la Dirección Jurídica y de Investigaciones del Órgano Interno de Control del Congreso de Chihuahua; Flor Karina Cuevas Vásquez, abogada litigante; Ana Gabriela Holguín Castruita, secretaria técnica de la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; y Yadira Anette Gramer Quiñonez, servidora pública y abogada de profesión.  

Mientras que en el listado de hombres están Francisco Javier Acosta Molina, quien no proporcionó más datos sobre su ocupación actual ante las autoridades electorales; Adrián Lozano Herrera, abogado. De militantes de otros partidos políticos que busquen un lugar en el Tribunal de Disciplina no se encontró registro.


Para evaluar la posible afiliación política o trayectoria gubernamental de los candidatos, la plataforma utilizó la información pública que los propios candidatos subieron a la plataforma Conóceles Judicial Chihuahua, del Instituto Estatal Electoral Chihuahua, y la cruzó con los padrones de militancia partidista oficiales publicados por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que permitió identificar a los candidatos con vínculos políticos.

Partidos también buscan infiltrarse en juzgados y tribunales civiles, familiares, penales y laborales

Para ocupar 12 de los 30 cargos a elegir de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia en otras materias como la civil, familiar o penal también están otros militantes panistas como Víctor Manuel Molina Leyva, docente y servidor público; Roberto Andrés Fuentes Rascón, funcionario público; Elvia Mariela Salvador Navejas, secretaria de la Sala Interina en la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua; y Mahli Angélica Olivas Chacón, secretaria técnica del Poder Judicial. 

Así como Guillermo Iván Morales Orona, también secretario técnico del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Chihuahua; Ulises Enrique Pacheco Rodríguez, excoordinador de Ministerios Públicos en la Fiscalía General del Estado; Roberto Díaz Serrano, servidor público; y Tania Belkotosky Estrada, secretaria proyectista de la séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.

Mientras que por parte de la militancia de Morena están Juan Pablo Delgado Rentería, que no proporcionó mayor información laboral o académica a la autoridad electoral, y Erika Mireya Mendoza García, litigante. Del PRI aparece Andrés Alfredo Pérez Howlet, quien tampoco proporcionó más información, y del Partido Verde está Alberto Domingo Maldonado Martínez, secretario de Sala Familiar.

En el caso de los juzgados en materia civil, familiar, laboral y penal, en el que hay un total de 270 cargos a elegir, la plataforma de Observador Judicial tiene un registro de 60 militantes de partidos políticos que buscan ser un juez o jueza local, aunque hasta el momento la herramienta solo ha podido analizar a los candidatos a juzgadores del distrito de Morelos, por lo que esta cifra podría aumentar. 

Aquí los datos refieren que hay 49 candidatas y candidatos a juzgadores locales que se encuentran registrados en las listas de militantes del PAN, siete en el partido Morena, dos en el Partido Verde, uno en Movimiento Ciudadano y uno en el Partido del Trabajo. 

Chihuahua, uno de los cuatro bastiones panistas del país

Es así que, tanto en las listas de los magistrados como de los jueces, la participación mayoritaria de perfiles panistas en la elección judicial local de Chihuahua podría tener relación no solo con que la entidad es uno de los cuatro gobierno estatales que aún dirige el PAN (Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Chihuahua), sino a que esta última entidad es gobernada por María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos, una de las figuras más importantes de la oposición en México. 

“(Aunque) cabe señalar que la pertenencia a un partido político o el desempeño de un cargo público no descalifican automáticamente a ningún perfil; sin embargo, esta información puede ser relevante para quienes buscan evaluar la independencia judicial de los aspirantes”, señala la plataforma.

En la plataforma las y los chihuahuenses pueden encontrar también a las y los candidatos clasificados por experiencia profesional, nivel académico, relaciones familiares o sus menciones en diversos medios de comunicación e incluso una sección en donde las y los candidatos pueden solicitar la corrección de sus datos

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Fue un ataque directo del Ejército, acusan familiares de Leydi y Alexa, niñas asesinadas en Sinaloa

 “No fue un fuego cruzado, como dijeron muchos medios, los militares les dispararon, no sabían que eran una familia y que venían niños hasta que se dieron cuenta de que la cagaron”.

La versión de una mujer, familiar de las niñas Leydi y Alexa, asesinadas el martes 6 en la carretera estatal 24 en una supuesta emboscada contra efectivos del Ejército, corre cada vez con mayor fuerza y se suma a otros testimonios de lo ocurrido ese día, hecho que incluso el gobernador Rubén Rocha Moya pidió “averiguarlo bien y tenerlo claro”.

El martes 6 de mayo último en la sierra, sobre la carretera estatal 24 que conduce a Parral, Chihuahua, una pick up negra venía bajando, buscando el regreso a Culiacán después de un paseo. El camino en varias zonas se encontraba atajado. Luego comenzaron los disparos, que en una primera versión se adjudicaron a un enfrentamiento entre militares y presuntos civiles, pero que en los días posteriores cambió.

Leydi, de 7 años, y Alexa, de 11, eran primas y viajaban en la pick up con sus familias, a la altura de la comunidad de La Cieneguilla, de Badiraguato, cuando se encontraron con los militares y éstos habrían disparado. Así lo explica una familiar de ambas, quien pidió el anonimato por temor. Las niñas murieron y otras cuatro personas quedaron heridas y fueron llevadas a hospitales de Culiacán.

Ningún investigador se les había acercado en las horas posteriores al ataque.

Al día siguiente, el miércoles 7, el gobernador Rubén Rocha Moya leyó un comunicado en donde advirtió que buscarían por todos los medios que el ataque no quedara impune y se castigara a los responsables por la muerte de las niñas, ambas alumnas de la primaria “Rafael Ramírez”, en Culiacán.

Ese mismo día se confirmó que sería la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de llevar a cabo la indagatoria.

Militares a disposición

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó el martes en entrevista de radio con Ciro Gómez Leyva que los militares que participaron en esos eventos en Badiraguato están “retenidos” o a “disposición”.

El batallón o destacamento al cual pertenecen los militares involucrados no ha sido dado a conocer, sin embargo, en Culiacán se encuentra la IX Zona Militar, la cual pertenece a la Tercera Región Militar.

La Sedena ha guardado silencio sobre lo ocurrido y sobre la situación de los militares.

De acuerdo con medios de la región, el convoy del Ejército fue emboscado mientras brindaba protección a peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaban diligencias en la zona por los enfrentamientos del lunes 5 de mayo en La Lapara.

El lunes 12 de mayo, en la primaria “Rafael Ramírez”, en la colonia Infonavit Humaya, familiares, amigos de las familias de Leydi y Alexa y la comunidad estudiantil rindieron un homenaje a las niñas. Ahí, Leticia, familiar de ambas menores, confirma la versión de un ataque directo.

“Los padres a nosotros nos contaron que ellos nomás venían y los encontraron y en el transcurso del camino les dispararon. Se regresaban al rancho porque estaba tapado el camino y se toparon con los militares, pero nunca les hicieron la parada ni nada, nada más les dispararon”.

Y agregó:

“No había enfrentamiento, eso es pura mentira, eso lo dijeron ellos por taparlo, pero eso no es cierto, nunca hubo ningún enfrentamiento de nada, porque ellos llegaron y se regresaron porque el camino estaba tapado y cuando ya iban de regreso les dispararon”.

Horas más tarde, el gobernador Rubén Rocha advirtió la posibilidad de que el ataque sí haya sido directo en contra de esta familia. La declaración la dio la mañana del lunes 12 durante su conferencia semanera.

“Fíjense bien lo que voy a decir, y lo voy a decir, aunque no soy investigador, no fue que hayan sido (asesinadas Leydi y Alexa) derivado de un fuego cruzado y finalmente estuvieron en el lugar equivocado, seguramente que tendrán que averiguarse muy bien las circunstancias”, señaló.

Aunque el gobernador insistió en que esa versión no puede ser divulgada por medios sin antes haber agotado la investigación. Además, adelantó que será la FGR la encargada de brindar más detalles sobre los avances al respecto.

“No podemos que el común se diga esto. ¿Por qué?, porque lamentablemente los enfrentamientos que hay entre los delincuentes y las autoridades normalmente nos han dado algunos resultados de víctimas colaterales. Lo que tenemos que decir es que hay que averiguarlo bien y hay que tenerlo claro, porque para que haya justicia necesita haber una investigación ordenada, rápida, pronta, expedita, pues, y con el rigor debido, con la única intención de sacar en claro quiénes son los responsables de la muerte de Alexa y de Leydi y que vayan a ser castigados por la propia justicia, ése es el tema y yo quiero decirles que en eso estamos”.

Las pérdidas

La guerra entre Chapitos y Mayos había cobrado la vida de por lo menos 39 niños y adolescentes, víctimas de homicidio doloso, hasta los asesinatos de Leydi y Alexa. Si se trata de ataques indirectos o directos por enfrentamientos, eso no ha sido revelado, pero al menos los últimos registrados durante este 2025 han sido víctimas de esta guerra.

El primer caso de 2025 ocurrió en enero, cuando los hermanos Gael y Alexander sufrieron un ataque armado en el fraccionamiento Los Ángeles, al nororiente de Culiacán. Viajaban a bordo de un vehículo junto a su padre y un primo de ellos fue el único sobreviviente del atentado.

El crimen provocó una movilización masiva que derivó en la toma del Palacio de Gobierno y la vandalización de la oficina del gobernador Rocha. Con un atril que sostenía una copia de la Constitución rompieron paredes y puertas en el lugar.

Después, en Villa Juárez, un enfrentamiento dejó herida a Regina, menor de 14 años, quien más tarde falleció a causa de las heridas de bala. El enfrentamiento se registró el 27 de febrero y la adolescente murió en un hospital el 4 de marzo.

Un ataque más se registró el 24 de marzo. Sobre el bulevar Agricultores, al oriente de Culiacán, grupos armados intercambian disparos y en el fuego cruzado un vehículo sedán quedó atrapado en medio. Entre sus tripulantes viajaba Danna Sofía, menor de 12 años, alumna de primero de secundaria.

Ahora las muertes de Leydi y Alexa engrosan la cifra de decesos de menores de edad víctimas de la guerra entre Chapitos y Mayos, que se mantiene en Sinaloa desde el 9 de septiembre de 2024¸ un conflicto que ha cobrado la vida de más de mil 200 personas y desaparecido a otras más de mil 400.

“Se están incorporando todos los elementos que den claridad de los responsables directos del caso. Sin distingos de nadie se va a aplicar la justicia, para lamentablemente lo último que nos queda realmente es otorgarles a Alexa y a Leydi la satisfacción a sus padres de que por lo menos se hizo justicia, de que no quedaron en el olvido de ninguna manera”, fue la promesa del gobernador Rocha, pendiente de cumplir.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.

México previó una crisis por el gusano barrenador, pero el gobierno de AMLO no actuó a tiempo

Ganaderos señalan que también hubo inacción de Claudia Sheinbaum y que no avisó a tiempo del cierre de EU, país al que la Seder responsabiliza de la plaga. Exigen reabrir fábrica de moscas estériles para combatir el problema. Estiman pérdidas por más de 10 mil mdp.

México sabía de las implicaciones que podrían surgir por el cierre de la fábrica de moscas estériles en Chiapas y que una crisis del gusano barrenador en todo el país podría generar un impacto económico de al menos 8 mil 29 millones de pesos anuales, de acuerdo con un documento oficial al que tuvo acceso Proceso.

En 2020 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realizó un estudio técnico sobre las consecuencias de un posible rebrote de esta plaga que afecta al ganado. Sin embargo, no hubo ninguna medida ante ese escenario que hoy afecta a la ganadería del país.

Las asociaciones de ganaderos advierten que también hubo omisión del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y que no les avisó con antelación del cierre de la frontera por parte de Estados Unidos.

El gobierno mexicano sabía de la fragilidad sanitaria desde el cierre en 2013 de la planta de producción de moscas estériles en Chiapas, que había sustituido a la planta de Misión, Texas, clausurada en 1981.

Bajo el supuesto de que el brote se extendiera por todo el territorio nacional y de la dependencia hacia los insumos de Estados Unidos, señala el documento elaborado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), se estimó una pérdida económica de 8 mil 29 millones de pesos a precios corrientes de ese año.

“La entrada, establecimiento y dispersión de gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) en nuestro país puede generar costos adicionales a la producción de bovinos, que con base en los escenarios simulados para el año 2019, representan 8 mil 29 millones de pesos, es decir, un incremento de 2% en los costos estimados de la producción”, se lee en el documento titulado “Análisis del impacto potencial del gusano barrenador en México”.

Esa situación impactaría directamente en la producción de carne y leche, que durante el año 2019 generó ingresos por 219 mil 209 millones de pesos. Asimismo, se pone en riesgo la exportación de carne y pieles con valor al cierre de ese mismo año de 914 millones de dólares.

Al ajustar esa cifra con la inflación acumulada, el monto real asciende a 10 mil 674 millones de pesos, según cálculos realizados por Proceso.

El mismo análisis advirtió que si la plaga llegara a convertirse en un problema en Estados Unidos, las pérdidas anuales alcanzarían los mil millones de dólares.

En los escenarios previstos por la Sader, dice que después de 20 años la presencia de la plaga “reduciría en 23% las ganancias estimadas en la producción de bovino y con ello se esperarían pérdidas potenciales a lo largo de la cadena”.

Además se reconocieron los riesgos regionales, especialmente por los países del centro y sur del continente, como Colombia, Cuba, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana, Venezuela, Brasil, Surinam, Bolivia, Uruguay y Argentina; Perú, Panamá y Ecuador.

La alerta sanitaria se volvió brote en 2025

Ya con el fin del sexenio de López Obrador, la amenaza, que parecía lejana, se concretó. A lo largo de este 2025, autoridades sanitarias han reportado casos confirmados del gusano barrenador en Oaxaca y Veracruz.

La larva del “coquerel”, como también se le conoce, devora la carne viva de animales de sangre caliente, incluyendo humanos, causando miasis, una enfermedad que puede ser mortal si no se atiende.

“Las moscas poseen una capacidad excepcional de desplazamiento, pueden viajar de 10 a 20 kilómetros en climas tropicales con una alta densidad de animales y hasta 300 kilómetros en menos de dos semanas”, advierte el estudio técnico.

Frente a los brotes, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ordenó en mayo la suspensión inmediata de las importaciones de ganado bovino, equino y bisonte desde México, lo que paralizó uno de los canales más dinámicos de exportación pecuaria.

De acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), esta medida golpea con fuerza al norte del país, donde Sonora y Chihuahua movilizan diariamente más de 5 mil 700 cabezas de ganado a Estados Unidos.

A un precio promedio de 2 mil dólares por cabeza, la suspensión representa una pérdida diaria de 11.4 millones de dólares.
 
Exigen reactivar la planta de Chiapas

Más allá de sólo cerrar fronteras, el CNA pidió al gobierno mexicano incrementar la producción y liberación de moscas estériles para frenar la plaga.

“México tiene la capacidad técnica y el compromiso institucional para garantizar la sanidad agropecuaria. Hoy más que nunca se necesita cooperación real”, señaló el organismo.

Sin embargo, el reclamo más fuerte vino del sector ganadero en Coahuila, donde asociaciones acusan al gobierno federal de Claudia Sheinbaum de omisiones en la prevención y por no informar a tiempo sobre el cierre de la frontera.

“No permitiremos que por omisiones desde el gobierno federal se pierda una actividad tan noble como la ganadería”, señalaron en una carta pública difundida el 13 de mayo.

En respuesta a los señalamientos, en la conferencia matutina del 13 de mayo, el titular de la Sader, Julio Berdegué, aseguró que México no era responsable del brote, ya que el foco original estaba al sur del continente.

“El responsable era Estados Unidos, a quien se le salió de control”, dijo, al tiempo que pidió la reinstalación de la planta de Chiapas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

San Lázaro rechaza impuesto a las remesas: “Es un atentado contra la dignidad”

El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, detalló que los coordinadores de todos los grupos parlamentarios rechazaron la iniciativa del legislador republicano, Jason Smith, de establecer un doble impuesto sobre las remesas que las personas migrantes envían.

La Cámara de Diputados rechazó la propuesta de gravar las remesas que envían al país migrantes radicados en Estados Unidos, calificando la iniciativa de discriminatoria y abusiva.  

En un comunicado, el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, detalló que los coordinadores de todos los grupos parlamentarios rechazaron la iniciativa del legislador republicano, Jason Smith, de establecer un doble impuesto sobre las remesas que las personas migrantes envían a sus familias.
“La iniciativa del legislador republicano Jason Smith de establecer un doble impuesto sobre las remesas que las personas migrantes envían a sus familias, es un atentado contra la dignidad de nuestras y nuestros paisanos migrantes que trabajan en aquel país y está pensada con claridad política y humana que no logra observar que podría provocar recurrir a otro tipo de medios para garantizar que los envíos de recursos económicos sean realizados de formas menos seguras, atentando contra los principios sociales y democráticos que tanto México como Estados Unidos han fortalecido históricamente, así como a instrumentos internacionales suscritos por ambas naciones”.
Explicaron que, a diferencia de la postura a cerca de aranceles, que implican un impuesto al comercio internacional, la propuesta del legislador republicano de establecer un impuesto del 5 por ciento, añadido al del 20% que ya pagan, atenta directamente contra las personas y sus ganancias fruto de su trabajo.

Por lo que, resaltaron, debe ser inadmisible para nuestro país, además debe considerarse una alerta internacional contra los valores fundamentales expresados por la mayor parte de las naciones, mismas que han firmado y defendido la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Los legisladores afirmaron que en México han sostenido incansablemente que la respuesta a las dificultades y problemáticas en las naciones debe ser siempre el diálogo, sin embargo, esto no impide que expresarse en contra de propuestas que lesionan gravemente el bienestar de las familias y las personas. 

“Las personas migrantes no son criminales. Nuestras y nuestros paisanos hacen un gran esfuerzo por mantener a sus familias en nuestro país y por eso buscan que sus trabajos sean realizados con la mayor responsabilidad y determinación. 

"Las trabajadoras y trabajadores migrantes son un gran impulso para ambas naciones, fortaleciendo la cooperación económica y política y el desarrollo binacional de México y Estados Unidos de América”, finalizan.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORÉS.

Asesinan al alcalde de Santiago Amoltepec, Oaxaca, y a otras dos personas en ataque armado

El alcalde de Santiago Amoltepec, Oaxaca, Mario Hernández, fue víctima de un ataque armado en el que también murieron otras dos personas.

Mario Hernández García, alcalde Santiago Amoltepec, Oaxaca, fue asesinado junto a otras dos personas en un ataque armado, informaron autoridades del estado.

“La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informa que inició las investigaciones correspondientes respecto a la agresión con disparos de arma de fuego que ocurrió en contra del presidente municipal de Santiago Amoltepec (…) quien perdió la vida, al igual que otras dos personas”, informó la dependencia.

Los hechos ocurrieron en un paraje conocido como El Tablero, el cual se encuentra ubicado en el camino a la comunidad de El Mamey, saliendo del centro de Santiago Amoltepec.

Tras la agresión en contra del presidente municipal, se informó el despliegue de un equipo multidisciplinario conformado por peritos, ministerio público y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, lamentó los hechos y aseguró que se apoyará a la fiscalía y que no habrá impunidad en el caso.

“Condenamos enérgicamente la muerte del presidente municipal de Santiago Amoltepec, Mario Hernández García. Vamos a apoyar en todo lo necesario a la Fiscalía General del Estado para esclarecer este suceso.

Envío mi solidaridad y mi apoyo a sus familiares en este difícil momento. En nuestro gobierno no hay ni habrá espacio para la impunidad”, escribió.

Violencia en Oaxaca

Entre enero y marzo de este año, en Oaxaca se registraron 200 homicidios dolosos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Uno de estos casos fue el asesinato de David Castillejos Cruz, regidor del municipio de Santiago Niltepec, Oaxaca, cuando repartía regalos con motivo del Día de las Madres acompañado de su hija.

Destaca el caso de la activista mixe Sandra Domínguez y su esposo Alexander Hernández, quienes desaparecieron el 4 de octubre en San Juan Cotzocón y sus cuerpos localizados el 24 de abril en Santiago Sochiapan, Veracruz.

También, el exalcalde de San Pedro Mixtepec, Javier Cruz Jiménez, fue asesinado a balazos la tarde del lunes 17 de marzo en la región de la Costa de Oaxaca.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Elecciones Veracruz: suman 64 candidatos que piden medidas de protección; MC el que más ha solicitado

Los candidatos de Movimiento Ciudadano son los que más han pedido protección en estas elecciones, informó la titular del OPLE de Veracruz.

En Veracruz ya son 64 los candidatos que han solicitado medidas de protección, esto tras el asesinato de dos aspirantes desde que arrancaron las elecciones, informó Marisol Delgadillo, presidenta del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE).

“Actualmente tenemos ya una solicitud ante el OPLE de Veracruz de 64 solicitudes formuladas por estas candidaturas en diferentes cargos a presidencia o sindicatos y regidurías”, señaló en entrevista con Milenio Televisión.

La titular del OPLE dijo que si bien todos los partidos políticos han hecho peticiones de seguridad, así como algunos candidatos independientes, Movimiento Ciudadano (MC) es el que más ha presentado solicitudes.

“Están contendiendo seis partidos políticos y todos han presentado algunas de estas solicitudes en diferentes medidas, inclusive tenemos para esta elección candidaturas independientes en quince municipios (…) aunque sea una predominancia por parte del partido Movimiento Ciudadano”, detalló.

Ante esta situación, el organismo electoral ya realiza trabajos en conjunto con autoridades estatales y federales para garantizar la seguridad de los contendientes, además descartó que exista la posibilidad de que se cancelen las elecciones debido a los hechos de violencia.

“Está garantizada la realización de la jornada electoral, tanto para la elección de cargos como la elección de personas juzgadoras, tanto del ámbito federal como del ámbito local”, aseguró.

Este jueves durante su conferencia matutina, al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que haya afectaciones en el proceso electoral en Veracruz, a pesar de los hechos de violencia que se han registrado en contra de candidatos.

“No, no está afectando el proceso y evidentemente lamentamos estas muertes y viene la gobernadora de Veracruz (Rocío Nahle), para ver cómo se apoya para reforzar la seguridad en Veracruz de aquí al día de las elecciones”, mencionó la mandataria.

Violencia en el proceso electoral en Veracruz

Las elecciones locales de Veracruz arrancaron entre homicidios, atentados y balaceras que, hasta el momento, han dejado dos candidatos muertos y múltiples víctimas colaterales.

El 29 de abril, día que iniciaron las campañas, Germán Anuar Valencia, quien fuera candidato de Morena a la alcaldía de Coxquihui, fue asesinado en un ataque armado en el que también resultaron heridas al menos otras cinco personas.

Horas más tarde ese mismo día, se registró un atentado en contra de Ángel Federico Mota Ramírez, secretario del ayuntamiento de Paso de Ovejas, a unos kilómetros del puerto de Veracruz.

Y la noche del 12 de mayo fue asesinada a balazos Yesenia Lara Gutiérrez, la candidata de Morena a la presidencia municipal de Texistepec, hecho en el que murieron otras cuatro personas y tres más resultaron heridas.

Desde que inició el proceso electoral, y a partir del 2 de febrero cuando iniciaron las precampañas y el ‘destape’ de aspirantes, se han registrado múltiples hechos de violencia, provocando que al menos una decena de aspirantes se retiraran de la contienda y, a la fecha, suman 64 candidatos que han solicitado medidas de protección.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Dictan 70 años de prisión a Víctor Hugo "N" por el homicidio de 65 personas en Veracruz

Los hechos ocurrieron entre finales de agosto y principios de septiembre de 2011, cuando Víctor Hugo “N” presuntamente ordenó el asesinato de las víctimas, cuyos cuerpos fueron abandonados en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, así como en los fraccionamientos Jardines de Mocambo y Costa Verde.

A 14 años de uno de los hechos más violentos registrados en el estado de Veracruz, un juez de control dictó sentencia condenatoria de 70 años de prisión contra Víctor Hugo “N”, encontrado culpable de homicidio doloso calificado en agravio de 65 víctimas y de homicidio doloso calificado en grado de tentativa contra una persona identificada con las iniciales T.L.M. 

Además de la pena privativa de libertad, el juez ordenó el pago por concepto de reparación del daño y la suspensión de sus derechos civiles y políticos, en el marco de la causa penal 760/2018.

Los hechos ocurrieron entre finales de agosto y principios de septiembre de 2011, cuando Víctor Hugo “N” ordenó el asesinato de las víctimas, cuyos cuerpos fueron abandonados en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, así como en los fraccionamientos Jardines de Mocambo y Costa Verde, en Boca del Río. 

Uno de los eventos más impactantes ocurrió el 20 de septiembre de 2011, cuando 35 cuerpos torturados y maniatados fueron arrojados a plena luz del día sobre el bulevar Ruiz Cortines. Los cadáveres, en su mayoría semidesnudos, fueron transportados en camionetas de redilas, y el momento fue captado por cámaras de videovigilancia. 

Días después, mientras se celebraba la XI Reunión Nacional de Presidentes de Tribunales y Procuradores Generales de Justicia, se localizaron 32 cadáveres más en tres domicilios de la ciudad. 

El único servicio médico forense de Boca del Río resultó insuficiente ante la magnitud del hecho. Los cuerpos fueron apilados en patios, cubiertos apenas con bolsas blancas, en un contexto de colapso forense y crisis de seguridad. 

En ese momento, el grupo armado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se adjudicó los homicidios mediante un video difundido en redes sociales, en el que un hombre enmascarado leyó un mensaje. Aseguraron que su objetivo era enfrentar a Los Zetas, no al Estado, y que buscaban advertir que estos no eran invencibles. 

En octubre de ese mismo año, el vocero de la Secretaría de Marina, José Luis Vergara Ibarra, informó que fueron detenidos ocho presuntos integrantes del CJNG, autodenominados “Matazetas”, así como doce presuntos integrantes de Los Zetas. 

La Marina explicó que, con base en trabajos de inteligencia, se localizaron 20 cuerpos en un domicilio de Jardines de Mocambo, y en una segunda intervención en el fraccionamiento Costa Verde, fueron hallados 11 cadáveres más. 

Las autoridades estatales y federales atribuyeron estos hechos al inicio de una disputa territorial entre cárteles y, como respuesta, implementaron la Operación Coordinada Veracruz Seguro, con el objetivo de combatir la delincuencia organizada en la entidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

Advierten de ambigüedades en los artículos de la Ley de Telecomunicaciones

Especialistas también llamaron a evitar que se pierdan los beneficios de la publicidad extranjera con el pretexto de aumentar el control, lo que podría confundirse con censura.

El Senado de la República realizó el tercer conversatorio de la iniciativa de la Ley del Telecomunicaciones y Radiodifusión denominado “Servicios Digitales”, en el que los ponentes advirtieron sobre la ambigüedad de algunos artículos, además abordaron el tema de publicidad extranjera, tema en el que pidieron no confundir protección con censura.   

David Pizaña Rito, vicepresidente de Comercio Electrónico de Asociación de Internet MX, afirmó que reformar y discutir de forma parcial y dispersa la iniciativa va a presentar un riesgo en futuro para la interpretación y la aplicación de la norma.

“En la propuesta, nosotros, y ya obviando algunas partes que ya se han comentado, nosotros encontramos algunas definiciones vagas, mecanismos de control con garantías que no son claras, así como referencia a plataformas digitales o servicios que no quedan con un marco técnico o jurídico adecuado para poder regularlas o entenderlas. Como lo he dicho anteriormente, esto puede generar incertidumbre”, resaltó. 

Publicidad extranjera es benéfica

Por su parte, el director general de IAB México, Gabriel Richaud Falcom, habló de los beneficios que la publicada extranjera en el país y afirmó que lo importante en la reforma es evitar marcos normativos que confundan censura con protección o limiten la innovación bajo pretexto de control. 

“En 2023, la inversión publicitaria en México superó los 112 mil millones de pesos, de los cuales el 60% ya corresponde a entornos digitales. Sin embargo, esto representa apenas el 0.5% del PIB nacional, frente al 1% o más en economías como Brasil, Reino Unido, China o Estados Unidos. Esto evidencia el enorme potencial de crecimiento si se construye un entorno de certidumbre y colaboración. 

“La publicidad digital es global por naturaleza. Campañas diseñadas en un país pueden segmentarse y activarse en otro con gran precisión. Frente a propuestas que buscan limitar la publicidad extranjera, proponemos tres consideraciones clave: 

“Uno, no toda la publicidad extranjera es problemática. Muchas marcas internacionales operan en México, generan empleo y crecimiento local. Las plataformas ya cuentan con herramientas avanzadas para etiquetar contenido patrocinado, filtrar audiencias sensibles y aplicar normativas por país. Una prohibición amplia podría reducir inversión, afectar medios locales y limitar la pluralidad de contenidos, sobre todo en entornos gratuitos que dependen de la monetización publicitaria”, explicó. 

Ricardo Anaya: “No nos vayamos con la finta”

Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, celebró que se haya retrasado la iniciativa y se prevean cambios, sin embargo, pidió estar atentos no sólo en cambio del artículo 109 sino en otros que también perjudicarían a la sociedad. 

“Sin duda hay avances y esta batalla que hemos dado desde la oposición y la sociedad está dando frutos, si no fuera por la oposición y la sociedad, este dictamen ya se habría aprobado en el Pleno. 

“Hay avances, uno, que se haya detenido y dos que se haya eliminado, el tóxico artículo 109, pero el riesgo es que nos vayamos con la finta, que no se corrijan otros asuntos que pueden ser igual o más graves de lo que se ha planteado”, explicó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.