Posteriormente, el individuo se dirigió al fraccionamiento Soto Inés, donde fue finalmente capturado.

Según testimonios difundidos en medios locales, el militar ingresaba a los Oxxos con actitud agresiva, portando un arma de fuego, y exigía dinero en efectivo a los empleados.

Además, robó bebidas alcohólicas y pertenecías de los clientes presentes; se transportaba en un taxi.

Tras su arresto, el teniente fue trasladado a las instalaciones de la 29 Zona Militar, donde se encuentra a disposición de las autoridades castrenses.

Hasta el momento no hay posicionamiento oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Sin embargo, tras la intervención de las autoridades capitalinas, los responsables fueron identificados y detenidos. 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, condenó la agresión y reiteró el compromiso del gobierno local de no tolerar la violencia y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de todos los habitantes de la ciudad. 

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, también repudió la violencia y exigió justicia para la víctima.

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana inició una investigación interna para evaluar el actuar de los policías presentes durante el incidente. 

Esta investigación busca determinar si hubo omisiones o fallas en la respuesta policial durante los hechos. 

La víctima, tras recibir atención médica, permaneció en el hospital por voluntad propia, aunque ya había sido dada de alta.

“Se frustra uno porque, aunque sabes que no estás de forma regular, tratas de hacer las cosas bien y yo solo me dedicaba a trabajar, se quedó todo allá, pero voy a buscar la posibilidad de volver a cruzar”, relató.

Violaciones a derechos humanos

El Gobierno de México, que el lunes reportó 14,470 deportados al país desde que comenzó la presidencia de Trump el 20 de enero, ha negado que los migrantes padezcan violaciones a sus derechos humanos tras salir de Estados Unidos, al documentar solo dos presuntos casos, de un mexicano y de una guatemalteca.

“A suelo mexicano por supuesto que no (llegan esposados) […] Cuando pisan tierra mexicana, aquí en la tierra mexicana nadie los trata así”, sostuvo el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, hace dos semanas.

Pero migrantes como Rogelio aseguraron haber recibido un trato distinto de Estados Unidos.

“Nos recibieron mal, nos retuvieron desde las 12 de la noche el día que nos detuvieron, nos mantuvieron esposados y sin saber ni qué iba a pasar ni por dónde nos iban a sacar del país”, manifestó.

Tras haber cruzado por Tecate a California las autoridades le “dijeron que ahorita no estaban dando asilo, sólo deportar a la gente”.

“Nada más nos agarraron y nos aventaron para acá”, lamentó.

Su compatriota Daniel compartió una situación similar: “Estuvo muy padre mi experiencia, porque pasé tres días en el desierto sin comer, me detuvieron y todavía me encerraron esposado, por eso estoy contento de regresar a mi país, aunque no descarto que vuelva a intentar cruzar”, relató de forma sarcástica.

Hombres, la mayoría de los deportados

Mónica Vega, coordinadora del Centro de Atención a Repatriados, compartió a medios que, desde la apertura del lugar, han recibido a 754 personas, el 90 % hombres, y que los números fluctúan cada día, pero en promedio llegan alrededor de 20.

“En su mayoría es gente que intentó cruzar, hemos detectado algunos casos de gente que fue a su audiencia de solicitud de asilo político, le fue negada e inmediatamente fueron deportados o algunos que se les venció su permiso de trabajo, lo intentaron renovar, se los negaron y fueron deportados”, describió.

Resaltó que muchas de las personas optan por trasladarse a otros albergues para migrantes de Tijuana, a otros los recogen sus familias y el resto recibe apoyo del Gobierno para comprar un pasaje para regresar a sus ciudades de origen.

Se sabe de su travesía política por todo el país, debido a las fotos que con él comparten en redes sociales quienes han tenido la “fortuna” de reunirse con López Beltrán, como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, tan ávido de reflectores positivos hacia su persona cuando esa entidad federativa atraviesa por una narcoguerra que no ha podido o no ha querido controlar.

Los gobernadores de Morena son de los principales clientes de la dirigencia nacional de ese partido para encabezar la afiliación con la que pretenden ser el partido político con más miembros en el país, y de hecho han quedado evidencias en fotografías compartidas en las páginas de los actores políticos vía X o Facebook.

Por supuesto, el Senado de la República y la Cámara de Diputados son centros de afiliación morenista; para el partido heredado por López Obrador a su hijo y ex colaboradora, no hay nada más importante después de ampliar la militancia para asegurar triunfos electorales, que amarrar los votos en el Legislativo para, de manera sobrada, ganar las votaciones a la endeble oposición conformada por PAN y PRI (el PRD ya no existe y de Movimiento Ciudadano aún se sospecha su tendencia oficialista, por lo menos por omisión).

En su campaña en lo oscurito, Andrés López Beltrán se reúne con políticos que fueron de la oposición, pero que en el pasado acumularon mala fama y buena fortuna económica. Así se han acreditado como morenistas personajes como Miguel Ángel Yunes Márquez, ex panista; o Alejandro Murat, ex priista, ambos señalados en el pasado por López Obrador como los peores corruptos de PAN y PRI cuando ellos y sus familias ostentaban el poder absoluto en sus estados, Veracruz y Oaxaca, respectivamente. Pero hoy día, son los fuertes cuadros de Morena en el Poder Legislativo.

En Baja California, la dirigencia de Morena tuvo reunión al aire libre, pero en un ambiente con acceso controlado. Una plaza de toros, de esas de las que los gobiernos de ese partido intentan neutralizar. Otra encerrona la tuvo el junior López es un exclusivo country club, al que para acceder es necesario ser miembro, pagar una cuota en dólares y ser aceptado por la clase “pudiente” de la ciudad. Efectivamente, en el Club Campestre de Tijuana, en uno de sus salones, se reunió Andrés López Beltrán con quienes le ayudarán a afiliar a unos 300 mil bajacalifornianos, que es la cuota de ese Estado para llegar a los 10 millones de militantes.

Por supuesto la reunión fue a puerta cerrada en el exclusivo club campestre, donde no permitieron el acceso a ciudadanos de a pie ni a miembros de la prensa. La reunión, o las reuniones, las sostuvo sólo con quien acordó, cuando como dirigente de partido y como candidato, antes de que en 2018 ganara la Presidencia de la República, su padre, Andrés Manuel López Obrador, no visitó el Campestre.

De hecho, Jaime Bonilla como primer gobernador de Morena en Baja California intentó expropiar el club para hacerlo de uso masivo y gratuito a la sociedad. Todas las veces que visitó Baja California sin poseer la banda presidencial, AMLO se reunió en plazas públicas, en salones sociales de eventos, en mítines en las calles, viajó por carretera entre todos los municipios y en San Quintín, el pueblo de su preferencia (hoy, uno de los municipios más pobres del Estado), se dejó abrazar por los jornaleros, por los campesinos, por las mujeres y los jóvenes que se le acercaron, creyendo que les haría realidad un cambio de vida en las condiciones labores, de vivienda, de urbanización e infraestructura, más allá de una tarjeta asistencial con dinero depositado.

A López Obrador, pre Presidencia de la República, no le gustaba andar en camionetas último modelo con vidrios polarizados ni con escoltas, pedía ex profeso que carros austeros se utilizaran en las giras que emprendía, y aunque todo eso cambiaría una vez juramentada su investidura presidencial, no fue ese ambiente en el que educó a sus hijos.

Los tres López Beltrán, como lo presumió en su momento el padre, fueron educados en la austeridad, vestían ropas comunes (como las que recomendaba papá), se movilizaban en vehículos austeros y acompañaban a su padre en los recorridos por el país pidiendo el voto de casa en casa. Sólo que eso, evidentemente, no fue lo que los formó. Al menos no al heredero de Morena, el secretario general Andrés López Beltrán, quien, en su campaña de afiliación, se mueve en camionetas, con mucha secrecía, con reuniones a puerta cerrada, acordando con gobernantes, con políticos poderosos (de cualquier pasado, así sea corrupto) y alejado de la sociedad, de los morenistas con tarjeta del Bienestar y voto incondicional.

Con esos no se le ve, tampoco conviviendo en la calle. Lo suyo es la política a oscuras, sin conceder el apretón de manos, mucho menos la entrevista espontánea.

“De tiempo atrás Acción Nacional dejó clara su postura: la reforma al poder judicial que propone el Morena-Gobierno no resolverá los problemas de justicia en México; por el contrario, la debilitará y podría permitir que personas ligadas al crimen organizado queden bajo protección”, refirió.

Aseguró que la elección de jueces, magistrados y ministros, a celebrarse el 1 de junio, redundará en fraude electoral.

El Instituto Nacional Electoral publicó este mes el listado de candidaturas para los cargos a elegirse en el curso de Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, el cual fue enviado por el Senado de la República.

“Aparecen en el listado oficial de aspirantes a posiciones judiciales muchas personas que están ligadas al partido en el poder como María Estela Ríos González, Consejera Jurídica de Andrés Manuel López Obrador; Selene Cruz Alcalá, Magistrada Laboral de Luisa María Alcalde, actual Presidenta Nacional de Morena; Fabiana Estrada Tena, Coordinadora de Ponencia de Arturo Zaldívar quien hoy es Coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia; y Luis Rafael Hernández Palacios, Procurador Agrario también del expresidente López Obrador, entre otros”, expuso Romero Herrera.

Aseveró que la ciudadanía no escogerá a los juzgadores, pues a su modo de ver “ya fueron decididos por el gobierno”.

Afirmó que la impartición justicia no debe estar sujeta a “lo que opinas o no opinas”.

El PAN denunciará “todas las irregularidades” y expondrá a “los candidatos del régimen”, manifestó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político.

“No permitiremos que México regrese a la era del partido único y la simulación democrática. El PAN seguirá defendiendo la legalidad, la independencia judicial y la democracia”, concluyó.

Junto con “El Chabelo” fueron detenidos otros dos hombres, Cristian Alan Noriega Olvera y Hugo José Islas Romero, ambos con antecedentes penales por estar implicados en delitos de lesiones  dolosas, el primero, y por robo calificado y robo en pandilla, así como por robo en casa habitación, el segundo.

La dependencia informó que a los detenidos se les encontraron “96 envoltorios e cocaína, 84 bolsas con mariguana, un arma larga, un arma corta, dos cargadores abastecidos con 25 cartuchos útiles y dinero en efectivo”.

La información oficial detalla que los agentes de inteligencia realizaron la detención en el domicilio Pedro Moreno 164 y el Eje 1 Norte de la colonia Guerrero en la alcaldía Cuauhtémoc, tras advertir la comercialización de los estupefacientes.

Los presuntos integrantes de La Unión Tepito fueron puestos a disposición de agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Bravo Manríquez aclaró que las instalaciones del Tianguis Limonero “están resguardadas por elementos de seguridad y los productores pueden hacer libre uso de ellas”.

Días antes, el representante de los productores lamentó ante los medios de comunicación que los citricultores michoacanos continúan bajo el asedio de los grupos criminales a través de una red de extorsión.

Por su parte, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Carlos Torres Piña, aseguró que la producción, empaque y corte de limón se realiza con normalidad, igual que la operación del Tianguis Limonero de Apatzingán.

Señaló que el corte de limón continuará realizándose los lunes, miércoles y viernes, mientras que se mantendrán las actividades y el comercio en el Tianguis Limonero, donde los productores pueden seguir realizando sus actividades sin contratiempo alguno, tal y como lo han hecho en los últimos meses.

Tras indicar que el gobierno estatal sostiene una comunicación permanente con los citricultores para atender cualquier señalamiento, Torres Piña ofreció que se continuará reforzando las acciones en materia de desarrollo económico y seguridad en la región.

En cuanto al robo de vehículos, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro abrió ocho carpetas de investigación por este delito.

La crisis de violencia e inseguridad, desatada por disputas internas del Cártel de Sinaloa, comenzó en septiembre de 2024 tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y la entrega de Joaquín Guzmán López, hijo del “Chapo”, a autoridades de Estados Unidos.

Recientemente, el gobierno federal informó que, desde esa fecha y con corte hasta enero, se han registrado 803 homicidios dolosos: 143 en septiembre, 182 en octubre, 174 en noviembre, 157 en diciembre y 147 en enero.

En tanto, datos de la Fiscalía estatal dan cuenta de al menos 952 personas desaparecidas, casi 3 mil vehículos robados, más de 250 detenciones y 55 abatidos.

De igual manera, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han logrado importantes detenciones en la entidad: ocho objetivos prioritarios relacionados a Los Chapitos y sólo a uno de la facción del “Mayo” Zambada.

Los hechos de violencia en Sinaloa han provocado la cancelación de festejos patrios, el cierre de múltiples negocios, suspensiones temporales en el servicio de transporte público y, en repetidas ocasiones, la cancelación de clases presenciales.

Según el jefe de la policía capitalina, un hombre alertó a las autoridades sobre su situación y la de otros migrantes que estaban retenidos en el hotel. 

En respuesta, los elementos de la Policía Turística se dirigieron al lugar y encontraron a los migrantes en condiciones alarmantes.

Entre los rescatados se encontraban 25 personas originarias de la India, una mujer de Nepal y un hombre de El Salvador, el cual mencionó a los agentes policiales que llevaban alrededor de 15 días en el sitio y la mujer, junto con otros dos sujetos, no les permitían salir.

Durante el operativo, las autoridades también detuvieron a tres individuos: una mujer de 53 años, que dijo ser la dueña del lugar, y dos hombres de 29 y 23 años que fueron plenamente identificados por los denunciantes. A uno de los detenidos se le confiscó una réplica de arma corta.

Los migrantes fueron atendidos por paramédicos debido a crisis nerviosas y otros problemas menores. 

Además, se recuperaron 20 teléfonos celulares y varios documentos personales. 

Tras el rescate, los migrantes fueron trasladados a instalaciones donde recibirán asistencia y orientación sobre su situación legal.

México resiente la presión de Estados Unidos

Las reducciones de homicidios ocurren mientras México resiente la presión desde Estados Unidos del Gobierno de Donald Trump, quien esta semana declaró terroristas a seis cárteles mexicanos: el Cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Noreste, del Golfo, los Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana.

Además, el Gobierno mexicano anunció el 3 de febrero el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional (GN) en la frontera con Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas y migrantes a cambio de una pausa de un mes en los aranceles de Trump, quien este fin de semana advirtió de que “no está contento” con México.

“Establecí aranceles de 10% a todos los productos procedentes de China porque que también están enviando fentanilo a nuestro país a través de México. No estoy contento con México ni con Canadá”, manifestó el mandatario en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Pero Sheinbaum ha defendido los resultados de su plan de seguridad de cuatro ejes: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, uso de inteligencia contra el crimen, y coordinación entre las autoridades federales y estatales.

Y este sábado presumió de que Trump “reconoció” que “copiará” la campaña contra el fentanilo del Gobierno mexicano tras una de las llamadas que tuvieron, lo que muestra que “México es un gran país”.

“Le dije: ‘Además, hemos hecho una campaña contra las drogas, para que los jóvenes no se acerquen nunca ni a la violencia ni a las drogas’. Y ahí fue donde me dijo: ‘les vamos a copiar a los mexicanos, vamos a hacer una campaña en Estados Unidos contra las drogas’”, relató Sheinbaum en un evento en el norteño estado de Durango.

Los cuatro conglomerados recibieron, solos o en consorcio, contratos de por lo menos 735 mil 679 millones de pesos durante la administración de López Obrador, de acuerdo con una revisión de Proceso a 134 mil 447 contratos de la administración pública federal, incluyendo mil 799 de los contratos más importantes adjudicados por Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los contratos analizados sumaron más de cuatro billones 451 mil millones de pesos.

Agentes municipales, estatales y federales se desplazaron hasta el lugar y descubrieron ocho cuerpos ensangrentados y con señales de heridas de bala.

El personal sanitario llegó posteriormente pero solo pudo certificar la muerte de las ocho personas, al parecer cinco de ellas pertenecientes a una misma familia.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una investigación y trasladó los cuerpos al Servicio Médico Forense, donde permanecen a la espera de su identificación.

El sábado en el estado de Guanajuato fueron ejecutadas un total de 16 personas.

Una revisión de Proceso a una decena de informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el Tren Maya da cuenta del descarrilamiento del presupuesto que ocurrió durante el desarrollo de este megaproyecto emblemático del sexenio pasado.

Así, el consorcio encabezado por Mota-Engil firmó un contrato de 3 mil 389 millones adicionales para el Tramo 1, Operadora CICSA obtuvo un contrato de mil 936 millones de pesos para el Tramo 2, el consorcio de Grupo INDI recibió un contrato de 2 mil 639 millones de pesos extras para el Tramo 3, e ICA celebró dos contratos de poco menos de 2 mil millones de pesos cada uno para el Tramo 4.

En la sentencia, el TEPJF señala que la Sala Superior procede confirmar la determinación impugnada y que resulta inoperante el motivo de disenso.

Detalla que el Consejo General del INE fundamentó su competencia por lo que tiene, entre sus atribuciones, las relativas a fijar políticas y los programas generales del Instituto a propuesta de la Junta General Ejecutiva, emitir y aprobar los lineamientos y acuerdos necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario de 2025.

La Sala Superior también mencionó que el registro del sobrenombre “ministra del pueblo” ante las listas de candidatos avalada por el Senado se hizo para “efectos de prelación en el uso y legítima atribución en el sobrenombre solicitado, más no para efectos de la inclusión en la boleta, pues el mismo Senado le indicó que ello correspondía exclusivamente al INE”.

La resolución que está pendiente de votación señala que debido a que el sobrenombre de la ministra Lenia Batres utiliza el cargo por el que compite, esto podría impactar en la contienda y generar una confusión en el electorado, toda vez que vez que el uso de dicho acrónimo no puede analizarse en forma aislada, sino que debe ubicarse dentro del contexto en el que se promociona la candidatura.

De tal manera que el TEPJF analiza confirmar la decisión del INE y rechazar la impugación de Batres.

El Consejo General del INE determinó proceder de esta manera ante las inconsistencias detectadas en las listas de candidaturas entregadas por el Senado de la República y la renuncia de cientos de aspirantes. 

Como no había ocurrido en procesos electorales anteriores, la impresión comenzará sin que se haya concluido el diseño y formación definitiva de la totalidad de boletas, pues aún está pendiente de determinarse el número de candidaturas y nombres que aparecerán en ellas.

Las inconsistencias en las listas se encuentran principalmente en las candidaturas al Tribunal de Circuito, donde se pretende elegir 464 magistraturas, y a Juzgados de Distrito, donde se prevé elegir a 386 personas juzgadoras.  

En cuanto a las renuncias, el INE informó el martes 18 de febrero por la noche que había recibido un total de 222. Después de eso, no volvió a actualizar la cifra de solicitudes de declinación o corrección de datos, pero funcionarios del instituto informaron que se siguieron recibiendo decenas de escritos, ya sea para solicitar bajas o para corregir nombres, apellidos, acentos y hasta diéresis.

INE imprimirá seis modelos de boleta

Para la elección judicial, el INE debe imprimir seis modelos de boletas de acuerdo a los cargos que se elegirán y en donde estarán los nombres de las 4 mil 224 candidaturas que originalmente tenía programadas:

Durante el evento, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que con este acto se concreta una parte de lo que la reforma en materia del Poder Judicial plasmó en la Constitución y confío en que de esta manera la ciudadanía tenga garantizado su derecho a elegir a las y los juzgadores del país.

“Este proceso inédito en México, con la posibilidad de que todos nosotros elijamos a juzgadoras y juzgadores, será un parteaguas en la historia político-electoral de nuestro país (…) también servirá como punto de partida de otros países que aún no cuentan con esta posibilidad”, sostuvo. 

Junto a ella estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; consejeros y consejeras del INE; integrantes de la Junta General Ejecutiva; personal de la Secretaría de Marina, así como de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Sin embargo, no se sabe si autoridades mexicanas realizan una investigación por esta red, mientras que por parte del fiscal Esparza hay dos mexicanos sentenciados.

La investigación realizada por la Fiscalía revela que del lado estadunidense se diseñaba la estrategia para enviar partes diversas del armamento que se dejaría en manos de delincuentes, y señala a un empresario regiomontano a quien se le dispuso de un abogado para que pudiera montar la empresa de ensamblaje.

Pero en los documentos públicos de la Corte federal no aparecen el nombre del empresario ni el de la compañía.

Jaime Esparza dejó la corte el pasado 18 de febrero, tras poco más de dos años en el cargo. De acuerdo con medios de comunicación de Texas, su salida forma parte de los movimientos normales que surgen cuando hay cambio de gobierno presidencial en Estados Unidos.

En un comunicado en el que se informa la salida del fiscal Esparza, se señala que dirigió 41 mil procesos penales federales e “hizo que fuera una prioridad desmantelar organizaciones criminales, incluidas pandillas, cárteles y organizaciones de contrabando. También dirigió y elevó programas de divulgación para educar al público sobre los peligros del fentanilo y los dispositivos de conversión de ametralladoras, y para crear conciencia sobre los problemas de violencia doméstica, entre otros”.

La red la encabezaba un estadunidense

Esparza dictó sentencias contra dos mexicanos en los días previos a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. José Francisco García Cervantes y Ricardo Rodríguez Sotelo fueron condenados a cuatro años nueve meses y seis años y medio de prisión, respectivamente, por participar en la red de tráfico de armas que encabezaba Chandler Britain Bradford y otras dos personas, quienes recibirán sentencia en agosto próximo, de acuerdo con lo programado con el proceso.

“Según documentos judiciales, ambos hombres participaron en el tráfico ilegal de piezas de armas de fuego desde los distritos occidental y sur de Texas a México. García Cervantes actuó como contrabandista para la operación y transportó cajas de piezas de armas a México. Rodríguez Sotelo preparaba las piezas de armas para contrabandearlas a través de la frontera reempaquetándolas en una unidad de almacenamiento en Laredo, Texas, donde serían recogidas para su envío en camión a México”, señala el documento de la Corte en el que se anunció la sentencia contra García Cervantes, mismo que fue consultado por Proceso.

El caso fue mencionado en la declaración del embajador norteamericano Ken Salazar, al terminar la misión de autoridades de Estados Unidos en diciembre de 2023 (denominada Mesa Redonda sobre el Combate al Tráfico de Armas y Mejores Prácticas), y se presentó como un ejemplo de las acciones que su país realiza para evitar que las armas lleguen a manos de grupos criminales en México.

En dicha reunión se acordó la cooperación para procesar los delitos vinculados con el tráfico de armas y crímenes relacionados. A pesar de ello, a la fecha la Fiscalía General de la República no ha informado si inició la investigación en el caso de la empresa donde se ensamblaban las armas en la ciudad de Monterrey, y tampoco ha anunciado alguna detención relacionada con ésta, ni mucho menos del empresario señalado por las autoridades norteamericanas.

Paso libre

La red de mexicanos y estadunidenses burló incluso la vigilancia en puentes internacionales en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por donde pasaban las partes de las armas a través de camiones de carga o por medio de paquetería.

Aunque la investigación de tráfico de armas se conoció desde el 2022 con la detención de Chandler Britain Bradford en la ciudad de San Antonio, la red operaba desde 2018, a pesar de lo cual en México no se ha conocido de seguimiento por parte de las autoridades federales.

En dichas indagatorias contra los mexicanos, éstos figuran como cómplices de Bradford, Troy Vernon Erbe y Jesús Guzmán Delgado, quienes están en espera de sentencia.

Todos son considerados como parte de una conspiración de lavado de dinero y un comunicado de la Corte Federal establece que Bradford “participó en un plan multimillonario para proporcionar ilegalmente miles de rifles semiautomáticos a un ciudadano mexicano que reside en Monterrey, Nuevo León”, del que la Corte no revela datos.

“Se alega que Bradford proporcionó suficientes piezas de armas de fuego para armar al destinatario con aproximadamente 4 mil 800 rifles semiautomáticos, a pesar de no tener licencia para exportar piezas de armas de fuego de los Estados Unidos a México. Los documentos judiciales alegan que Bradford proporcionó a su co-conspirador (cómplice) las piezas, las herramientas y el abogado necesarios para facilitar una empresa de fabricación de armas de fuego completa en el norte de México, y que Bradford recibió más de $3.5 millones (de dólares) de su co-conspirador”, señala el comunicado, emitido en diciembre de 2023.

El juicio de los otros tres acusados está previsto para el 4 de agosto del presente año, de acuerdo con información de la Corte, que no logró confiscar bienes a Bradford.

Contra éste pesan ocho cargos: uno por contrabando de bienes desde Estados Unidos; otro por traficar armas de fuego; otro más por transferir éstas para su uso en un delito grave; cuatro cargos de complicidad en el contrabando de bienes desde los Estados Unidos y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

Por estos delitos alcanzaría hasta 20 años de prisión si se le declara culpable.

Otras sentencias recientes que hizo el fiscal Esparza es la de del pasado 8 de enero por cuatro años de prisión a Miguel Tapia Bárcenas, quien fue detenido también en el 2022. El residente texano trató de ingresar a México más de 10 mil dólares en efectivo y llevar en un remolque cuatro pistolas semiautomáticas, 2 mil 688 municiones de varios calibres y varios cargadores.

Las armas y el dinero en efectivo los pretendía ingresar por el puente internacional entre Del Río, Texas, y Ciudad Acuña, Coahuila.

Tapia Bárcenas declaró ante la Corte que ya lo había hecho en varias ocasiones y recibía un pago por ello, cuyo monto no se hizo público.

Tráfico a Canadá

El tráfico de armas también se ha extendido hacia Canadá y así lo demuestra la sentencia de seis años y 10 meses de un ciudadano de dicho país identificado como Harsimran Dhaliwal quien, de acuerdo con la Fiscalía, dirigía una operación de contrabando de armas adquiridas en Austin para distribuirlas a delincuentes. Se han recuperado dos de las armas en el país de destino, las cuales fueron usadas en varios delitos.

El 17 de enero, Esparza anunció la sentencia de Joshua Jamez Calvo, implicado en la distribución de fentanilo en Austin. Para su detención, la DEA realizó una acción encubierta, en la que compró droga al sujeto por medio de informantes.

Después, con una orden de cateo revisaron su domicilio, donde encontraron diversas drogas como heroína, metanfetaminas, mariguana y fentanilo, además de 19 armas de fuego y más de 34 mil dólares en efectivo.

El 27 de enero el ahora exfiscal Esparza sentenció a cinco años un mes a un residente de San Antonio por el cargo de posesión de dispositivos de conversión de ametralladora o interruptores, los cuales permiten convertir cualquier arma de fuego en automática.

Se trata de Aden Ethan Cantú, conocido como Glock Mayne, de 21 años, quien poseía ilegalmente 94 de estos artículos y otros dispositivos de conversión que traficaba por dicha ciudad texana y fue arrestado en 2023.

“Estos dispositivos se combinan muy a menudo con armas de fuego robadas y se utilizan en otros delitos, y esta sentencia refuerza el mensaje de que el tráfico de estos dispositivos no será tolerado en nuestra comunidad”, dijo el fiscal Esparza, tras darse a conocer la sentencia.

Otro de los procesos iniciados en la citada Fiscalía del Distrito Oeste de Texas es contra Víctor Hugo Diego Avellaneda, quien el 19 de enero del presente año pretendió ingresar a México por uno de los puentes internacionales que comunica a la ciudad de Piedras Negras con Eagle Pass, con 40 rifles, seis escopetas, una pistola, 80 cargadores y dos miras telescópicas que estaban almacenadas en dos grandes bolsas de lona.

El sujeto dijo que 11 de las armas eran de su propiedad y recibiría cien dólares por cada una de las que vendería.

Tras una conferencia privada en la que habló sobre las necesidades del nuevo Poder Judicial que se pretende instaurar con la elección judicial, la ministra ofreció una atención a los medios de comunicación, donde fue cuestionada sobre diversos temas, entre ellos, la integración de las boletas, la forma de votar y las carencias del planteamiento inicial del primer ejercicio electoral en la materia.

Consideró que dentro de la reforma judicial no se contemplaron las cuotas electorales derivadas de acciones afirmativas, salvo el tema de paridad. Sin embargo, a diferencia de los comicios de diputados, senadores, alcaldes, dirigentes de partidos e incluso gobernadores, en este proceso no se contempla la inclusión de personas de la comunidad LGBT, personas con discapacidad, juventudes, comunidades indígenas, entre otros elementos a considerar.

Aseguró que este es un primer ejercicio y que este tipo de elementos deben considerarse en los próximos procesos de votación. También destacó que el plan es realizar procesos de selección cada tres años.

Comentó que, de los más de 260 aspirantes a cargos en el Décimo Quinto Circuito, que corresponde a Baja California, hay jueces y magistrados con experiencia dentro del Poder Judicial, y la ciudadanía tendrá el derecho de decidir si los respalda o prefiere nuevos perfiles.

“Los trabajadores del Poder Judicial deben confiar en que el segundo transitorio respetará todos los derechos y prestaciones de las condiciones generales de trabajo. Inclusive, eleva las condiciones laborales. Las condiciones generales de trabajo están en el transitorio”, refirió ante las inquietudes de trabajadores de la institución que temen perder sus cargos y la carrera judicial.

Respecto a la posibilidad de que funcionarios de administraciones estatales puedan competir sin experiencia en el cargo, aseveró que hay una serie de evaluaciones que deberán cumplir. Si logran pasar y concluyen en la lista final, y son designados, tendrán el derecho de ocupar el cargo, siempre y cuando sean respaldados por el voto popular.

El dato confirma un menor crecimiento económico del país en 2024, además de que fue el más bajo después de la pandemia de la COVID-19. Por ese mismo motivo, durante 2020, el PIB descendió 8.5 por ciento.

Según el INEGI, la corrección del PIB de 2024 se explicó por el ajuste en el comportamiento de las actividades terciarias, las cuales no avanzaron 2.2 por ciento frente a 2023, sino sólo 2.1 por ciento.

Asimismo, el órgano constitucional autónomo también ajustó 0.1 puntos porcentuales, el dato referente a las actividades primarias, por lo que las mismas se ubicaron en 2.1 por ciento respecto a un año atrás.

La industria no observó cambios respecto a su crecimiento frente a 2023, el cual se ubicó en 0.1 por ciento. Según los datos divulgados por el Inegi, la economía mexicana mostró una contracción de 0.6 por ciento en el cuatro trimestre frente a julio-septiembre de 2024.

El comercio y servicios, que aportan dos terceras partes del PIB, crecieron 0.2 por ciento trimestralmente, pero las actividades secundarias, es decir, la industria se contrajeron 1.5 por ciento, dato que mostró una corrección a la baja de 0.3 puntos porcentuales.

El INEGI también ajustó 0.4 puntos porcentuales el dato relativo a las actividades primarias, por lo que estas disminuyeron 8.5 por ciento frente al tercer trimestre y no 8.9 por ciento como se reportó preliminarmente.

En tanto que el crecimiento de la economía mexicana durante el cuarto trimestre frente a igual periodo de 2023, también se ajustó 0.1 puntos porcentuales, de tal forma que se observó un crecimiento de 0.5 por ciento.

El comercio y los servicios avanzaron 2.1 por ciento y no 2.2 por ciento. La industria tuvo una reducción de 2.0 por ciento, lo que se tradujo en un ajuste a la baja de 0.3 por ciento. La agricultura, pesca y ganadería mostraron una reducción de 4.1 por ciento respecto al cuarto trimestre de 2023, por lo que el dato observó una corrección de 0.5 puntos porcentuales al alza.

Los ajustes en los datos oportunos fueron hechos luego de que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), el cual muestra el dinamismo de la economía mexicana de forma mensual, cayó 1.0 por ciento, frente a noviembre de 2024.

Lo anterior ocurrió después de que en el undécimo mes del 2024, avanzó 0.3 por ciento. Dicho indicador también observó una contracción de 0.6 por ciento respecto a diciembre de 2023.

El 19 de febrero de 2025, el Banco de México (BANXICO) recortó su estimación de crecimiento para el Producto Interno Bruto del presente año, para dejarla en 0.6 por ciento puntual, desde el 1.2 por ciento que estimó en noviembre de 2024.

Según lo indicó el Banco central, dicho ajuste incorporó el efecto aritmético que tendría en la actividad económica la reducción observada en el último trimestre del 2024; el bajo dinamismo del consumo privado y de la inversión privada que continuaría en la primera mitad del 2025; así como la consolidación fiscal anunciada para este año.

Bajo estas condiciones, el BANXICO estimó que la economía mexicana podría registrar un intervalo de crecimiento que fluctuaría entre el -0.2 y el 1.4 por ciento, un escenario que no contemplaba aún “las medidas que puede anunciar Estados Unidos en materia comercial”.

“Sería apresurado adelantar conclusiones respecto a estas medidas”, subrayó la gobernadora del órgano constitucional autónomo, Victoria Rodríguez Ceja, durante la presentación del Informe Trimestral.