Personalidades y organizaciones civiles que participaron en las movilizaciones denominadas “Marea Rosa”, debutaron este miércoles en la ruta de construir una nueva fuerza política nacional: Somos México.

Para presentar “Somos México, la nueva fuerza política ciudadana”, los convocantes programaron a tres personas jóvenes como oradores, pero con una concurrencia de viejos conocidos que lo mismo proceden del PRI, PAN y PRD, la academia, el activismo ciudadano, la institucionalidad electoral y hasta algún corporativo sindical.

Además, aquellos que fueron consejeros o funcionarios electorales como Leonardo Valdés Zurita, quien presidió el IFE y el exconsejero, Rodrigo Morales Manzanares, así como Edmundo Jacobo, el polémico secretario ejecutivo del INE de Lorenzo Córdova. 

Los mencionados se han caracterizado por ser especialmente críticos al lopezobraodorismo y la autonombrada “cuarta transformación”, del mismo modo que académicos como José Antonio Crespo y Macario Schettino, quienes también asistieron al evento.

Las organizaciones que participaron en el evento son también disímbolas y tienen en común su oposición al régimen iniciado en 2018 y renovado en 2024. Se trata, por ejemplo, del Frente Cívico Nacional, México Unido y la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCEM), entre otros tantos membretes que formaron parte de la “Marea Rosa”.

“El autoritarismo nos arrebató esos sueños”

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó, el 23 de enero de 2025- cuatro diseños de boletas que se utilizarán para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF), misma que se llevaría a cabo el 1 de junio del presente año.

El 31 de diciembre de 2024, al aprobar el paquete de seis boletas, algunos integrantes del Consejo General rechazaron las papeletas de jueces y magistrados de circuito, al considerar que debían contar con más información, ya que solo se enlistaban los nombres.

El presidente de Estados Unidos. Donald Trump, informó, el jueves 23 de enero de 2025, que la acción en la frontera de su país con México ya comenzó y que desplegaron tropas para ayudar a “repeler la invasión” a EE. UU.

El mandatario estadounidense participó en el Foro Económico Mundial (FEM) de Davos, Suiza, vía remota desde la Casa Blanca. En su discurso, habló de varios temas, entre ellos lo relativo a las políticas migratorias de Estados Unidos.

El 61.7 por ciento de la población de 18 años de edad y más, residente en 91 áreas urbanas de interés, consideró inseguro vivir en su ciudad, durante el cuarto trimestre de 2024, según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), dados a conocer, el 23 de enero de 2025, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las ciudades donde más población percibió inseguridad fueron: Villahermosa, Tabasco, con el 95.3 por ciento; Uruapan, Michoacán, con el 92.5; Fresnillo, Zacatecas, con el 90.9; Culiacán de Rosales, Sinaloa, con el 90.6; Tuxtla Gutiérrez con el 90.6; y, Tapachula, con el 90.1 por ciento. Estas últimas, ubicadas en Chiapas.

La Policía de San Diego, California, Estados Unidos, informó, el 22 de enero de 2025, de la detención de 39 personas que se cree estaban vinculadas con una pandilla carcelaria, denominada “Mafia Mexicana”, relacionadas con delitos de narcotráfico, tráfico de armas, homicidios y extorsión, además de que estaría ligada al Cártel de Sinaloa.

Según lo reportó el diario local The San Diego Union-Tribune, la Oficina del Fiscal de Distrito de San Diego anunció los resultados de la Operación “Los Impuestos”, liderada por el Departamento de Policía de dicha ciudad californiana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este miércoles en su conferencia de prensa mañanera que la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente, encabezó el martes el primer diálogo oficial con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

En medio de las tensiones y la firma de decretos con la llegada del presidente Donald Trump, la mandataria volvió a pedir calma ante las amenazas por parte del republicano, que incluyen deportaciones masivas, aranceles e incluso una posible intervención militar contra el narcotráfico.

El martes, desde Palacio Nacional, la presidenta desmintió algunas de las creencias que se tienen tras la firma de diversos decretos por parte del republicano en apenas sus primeras horas de mandato.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviará mil 500 militares más a la frontera con México como parte de su lucha contra la migración ilegal, informó su portavoz Karoline Leavitt.

“Firmó una orden ejecutiva para enviar mil 500 militares adicionales a la frontera sur de Estados Unidos”, declaró el funcionario, de acuerdo con AFP.

Desde su primer día en el poder, Donald Trump firmó un decreto para ordenar que se priorice el cierre de la frontera y se deporte a migrantes que no tengan sus documentos en regla.

Tres oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron capturados en video mientras golpeaban a un joven, frente a una patrulla en calles de la colonia Roma, de la alcaldía Cuauhtémoc.  

La grabación se difundió en redes sociales y la dependencia encabezada por Pablo Vázquez respondió en X: “Personal de la Dirección General de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación y citó a declarar a los policías involucrados, quienes serán suspendidos de sus funciones mientras concluye la investigación”.  

En el video se puede ver a los uniformados golpeando y pateando a un sujeto que se encuentra solo y únicamente utiliza sus antebrazos para defenderse de la agresión.  

En un punto, el afectado se encuentra en el suelo y dos de los policías lo patean simultáneamente. 

ABUSO DE AUTORIDAD. #Video #Viral

Así fueron captados elementos de la @SSC_CDMX, en la colonia #Roma @AlcCuauhtemocMx

Se observan a tres uniformados golpeando, zapateando a un hombre, aparentemente se trata de una revisión de “Rutina”

@ClaraBrugadaM @PabloVazC @UCS_GCDMX pic.twitter.com/FAnHlZwJsR

— Halcon (@HalconOnce) January 23, 2025

En una carta dirigida a Claudia Sheinbaum Pardo, más de 100 defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil denunciaron una serie de “irregularidades” en el proceso judicial abierto contra Francisco Garduño Yáñez, el todavía titular del Instituto Nacional de Migración (INM) por su presunta responsabilidad en el incendio del centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, que causó la muerte de 40 migrantes en marzo de 2023. 

Más de un centenar de organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas a favor de las personas migrantes, pidieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas del incendio de la estancia migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido en marzo del 2023, y evitar que se perpetúe la impunidad de Francisco Garduño Yáñez, quien sigue fungiendo como titular del Instituto Nacional de Migración (INM). 

En una carta fechada el 22 de enero, los firmantes recordaron que en el incendio en la Estancia Provisional del INM fallecieron 40 migrantes, 27 sobrevivieron con lesiones permanentes y 15 mujeres tienen afectaciones psicoemocionales, tras atestiguar cómo los agentes del INM y de seguridad privada se negaron a abrir las puertas de la estancia que se estaba incendiando.

El defensor ayuujk Arnoldo Nicolás Romero fue hallado sin vida y con heridas de bala luego de cuatro días de haber sido desaparecido en Oaxaca, confirmaron organizaciones indígenas y de derechos humanos. Nicolás Romero era el comisariado ejidal de la comunidad de Buena Vista, en el municipio de San Juan Guichicovi, donde se oponía a la imposición del Corredor Transístmico.

«Este asesinato no se da de manera aislada, sino en un complejo contexto de la región», señalaron las organizaciones que integran el Grupo Núcleo de IPRI (Indigenous Peoples Rights International) en México, que enmarcaron la desaparición y homicidio de Nicolás Romero en las agresiones, desalojos y criminalización que se intensificaron en el municipio tras el desalojo del campamento «Tierra y Libertad», instalado en 2023 contra el megaproyecto del tren interoceánico, en Mogoñé Viejo.

El asesinato de Nicolás Romero se suma a la serie de agresiones a las que los pobladores del Istmo de Tehuantepec se enfrentan por defender su territorio, entre ellas la criminalización de 24 defensores que participaron en el plantón y de 17 personas de la comunidad binnizá de Puente Madera, que también se lucha contra la imposición de los parques industriales del Corredor Transístmico.

«Incluso se interpuso una sentencia de 46 años contra un representante indígena, que aunque fue revocada por las instancias pertinentes, representa un fuerte mensaje intimidatorio contra las personas indígenas que se han opuesto al megaproyecto o que hay presentado denuncias de fuertes repercusiones sobre la implementación», señalaron las organizaciones del IPRI en referencia al caso de David Hernández Salazar, defensor binnizá de Puente Madere criminalizado por su oposición al megaproyecto.

El IPRI señaló que el asesinato de Arnoldo «lastima fuertemente el tejido social y la vida que depende de ello», y urgió al Estado mexicano investigar el crimen y garantizar justicia, verdad, reparación y medidas de no repetición hacia los familiares y la comunidad.

Finalmente, llamó a que las autoridades desarrollen un plan con las medidas de seguridad «necesarias y culturalmente adecuadas» para proteger la vida e integridad de la comunidad, prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o cualquier tipo de actos de violencia en su contra.

COMUNICADO:

Al menos 24 defensores de las comunidades de Mogoñé Viejo y Rincón Viejo, Oaxaca, han sido criminalizadas por oponerse al despojo territorial por el Corredor Transístmico y sus parques industriales, denunció la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), a casi dos años de la represión y desalojo del campamento «Tierra y Libertad».

«A dos años de este hecho represivo, el pueblo de Mogoñé Viejo ha acordado manifestarse en los próximos días y decidido que no permitirán que el Tren Interoceánico siga pasando por sus tierras», explicó la Unión tras «la cerrazón del gobierno» y del titular del Corredor Transístmico a dialogar. «Se nos ha negado ese derecho y siguen avanzando los procesos penales en contra de 16 defensores y defensoras indígenas integrantes de UCIZONI. Existen en su contra dos carpetas de investigación por el delito de «ataques a las vías de comunicación», precisó la Ucizoni.

La Unión detalló que a la lucha contra el Corredor Transístmico se sumaron ocho vecinos y vecinas de Rincón Viejo, del municipio de Santa María Petapa, que también han sido denunciados penalmente por el delito de invasión de derecho de vía. «Dichas familias están siendo amenazadas por parte del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y el Corredor Interoceánico para que desalojen sus viviendas a cambio de un pago único por 36 mil pesos, sin importar el valor de su patrimonio», explicó.

Los defensores ayuujk añadieron que a la criminalización se suma «la actuación omisa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)», pues frente a las violaciones de sus derechos como pueblo indígena han presentado cuatro quejas, tres de ellas en abril de 2024, «ante las cuales el personal de la cuarta Visitaduría mostró una actitud déspota», además de que actualmente se encuentran archivadas.

«No se puede hablar de desarrollo en el Istmo cuando existe una abierta violación a los derechos humanos de la población indígena y cuando persisten muchas carencias en materia de salud, educación e e infraestructura», concluyó la Ucizoni.

En 2023, los campesinos mixes de Mogoñé Viejo mantuvieron durante dos meses un plantón en las vías del ferrocarril para manifestarse contra las obras de remodelación por el Corredor Transístmico, por el cual «se han venido violando de manera constante los derechos de los pueblos indígenas». Sin embargo, el 28 de abril elementos de la Guardia Nacional, de la policía de Oaxaca y de la Secretaría de Marina desalojaron el campamento Tierra y Libertad, sólo un día después de que la caravana El Sur Resiste visitó el espacio.

COMUNICADO:

Desde hace cerca de un año la Fiscalía General de la República (FGR) supo que existía una orden de los grupos del crimen organizado de matar a cualquiera que pasara por la frontera entre Sonora y Chihuahua, zona en la que ocurrió la matanza contra la familia LeBaron. Sin embargo, no inició ninguna línea de investigación al respecto.

Así lo afirmó en entrevista con Proceso Adrián LeBaron, padre de Rhonita Miller, asesinada junto con sus cuatro hijos, así como con dos mujeres más integrantes de la familia y los dos hijos de una de ellas.

Por ello, la asesoría jurídica impugnó la determinación del Ministerio Público lo que permitió que en audiencia de oralidad los LeBaron explicaran por qué consideran que lo que pasó con su familia y la comunidad de La Mora son actos de terrorismo.

En entrevista con esta casa editorial detalló que, por lo menos, seis detenidos ya negociaron con la FGR procedimientos abreviados en los que se declararon culpables de delincuencia organizada a cambio de obtener condenas reducidas, lo que ocurrió sin que la familia tuviera conocimiento porque, al no tratarse de investigaciones específicas por el ataque en Bavispe, Sonora, no están reconocidos como víctimas.

Lo anterior, pese a que ya cuentan con órdenes judiciales de que se les permita coadyuvar y tener acceso a las carpetas de investigación.

“Yo no estoy dispuesto a darle procedimiento abreviado a esta bola de delincuentes, asesinos de todo tipo, de todos los niveles sólo porque le ponen delincuencia organizada”, señaló.

Por ello, argumentó que La Línea, grupo al que las autoridades vinculan con el ataque perpetrado contra los LeBaron, creó terror en la región y durante los juicios por delincuencia organizada diversos testigos protegidos han declarado que había órdenes de matar y quemar a quien pasara por el tramo en el que Rhonita Miller, Christina Langford y Dayna Ray fueron asesinadas con sus hijos.

“Declararon en juicio que la orden fue que acribillaran, mataran y quemaran al que pasara por ahí, eso no estaba en la carpeta de investigación porque salió en un juicio y de ahí se agarró el juez para darnos la razón de que se amplíe la investigación, esto ya tiene un año, yo creo”, refirió.

“Nosotros sabíamos que, aunque no estaba en la carpeta de investigación, sí es válido que estas declaraciones puedan tomarse para ampliar las investigaciones”.

Adrián LeBaron recordó que durante la audiencia el juez explicó a la familia que todos los delitos son independientes entre sí: terrorismo, homicidio y delincuencia organizada, por lo que esto permite que, al existir la posibilidad de la comisión de uno de ellos en un mismo hecho, es responsabilidad de la FGR abrir diferentes líneas de investigación y no conformarse con una sola imputación.

Dos mujeres murieron y 19 personas más resultaron lesionadas como consecuencia de una explosión ocurrida la madrugada de este miércoles en un edificio de departamentos de la ciudad de Lázaro Cárdenas.  

El siniestro ocurrió alrededor de las 5:00 horas en un edificio ubicado en el fraccionamiento Nuevo Infonavit, de la colonia 11 de Julio, por presunta acumulación de gas LP, aunque las autoridades no han determinado la causa exacta. 

Este miércoles 22 de enero del 2025, se ejecutó la extradición de Octavio Leal Hernández “El Chapito”. La interpol México lo entregó al gobierno de Estados Unidos donde enfrentará cargos por “Conspiración para distribuir substancias controladas por medios Internacionales y Conspiración de distribución de substancias controladas”; la entrega fue basada en una orden de detención fue emitida por un magistrado del Distrito Sur de California.

La cancillería mexicana había concedido la extradición de Leal Hernández a finales de 2020, en medio de solicitudes de amparo de la defensa ante un Juzgado Federal en Tijuana. Y en diciembre de ese mismo año, había logrado ser amparado para anular su proceso por robo de vehículos y disparar contra autoridades policiales en Baja California. También fue amparado contra otra orden de aprehensión de 2017.

Juan Mateo Brieba de Castro, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, desechó un amparo presentado por el empresario de origen chino, Zhenli Ye Gon -acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas, así como por posesión ilegal de armas-, con el que pretendía evitar que la Fiscalía General de la República (FGR) emprendiera la acción de extinción de dominio contra sus cuentas bancarias.

La defensa del empresario de origen chino presentó la impugnación, luego de que se le notificara que la Fiscalía Especial en Materia de Extinción de Dominio (FEMED), de la FGR, integraba un expediente de su caso.

La enorme mayoría de los mexicanos que emigraron, aun sin la debida documentación, a los Estados Unidos, lo hicieron por razones de seguridad, tanto física como social. Por un lado, a pesar de que en el país de manera institucional y con programas económicos asistencialistas se ha combatido la pobreza, la calidad de vida del mexicano no ha mejorado, mientras que, por otro lado, las balas, las amenazas y las extorsiones no cesan, orillando a muchos al éxodo internacional porque en territorio mexicano no hay sitio seguro para preservar la vida.

De igual forma la mayoría de mexicanos que, junto a centroamericanos o sudamericanos estaban esperando el día de su cita a través de la aplicación CBPOne para dar trámite a su solicitud de asilo, la realizaron basándose en razones humanitarias, de seguridad y de vida. Connacionales provenientes de Michoacán, de Zacatecas, de Tamaulipas, de Sinaloa, que fueron sacados de sus hogares y sus comercios o negocios desmantelados por las células de los cárteles de la droga o la criminalidad organizada, cuya única esperanza para salvarse es que otro país, en este caso los Estados Unidos, les diera acogida.

Miles de personas han quedado varadas en la frontera norte de México pues la función de la app para tramitar las citas y darle formalidad e institucionalidad al proceso de solicitud de asilo fue cancelada el mismo lunes 20 de enero luego de la toma de posesión de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos, hecho que él mismo ya había advertido, como el resto de las 20 iniciativas que firmó ese día, como la que cambiarle el nombre al Golfo de México, eliminar la ciudadanía por nacimiento o incrementar los aranceles a México y Canadá en un 25 por ciento.

Las historias de quienes hoy están en la incertidumbre, a pesar de que los procesos de asilo continuarán en otras condiciones y circunstancias todavía desconocidas, son de desesperanza: se van del país por miedo, por temor a perder la vida, por las amenazas recibidas, por las extorsiones de las que fueron víctimas, porque ya les han matado a varios miembros de su familia, porque el narco les quitó propiedades y modus de vida, porque en México no tienen condiciones para vivir, sobrevivir, crecer, desarrollarse, ni oportunidades de hacer negocios lícitos con la seguridad que no reciben del Estado Mexicano.

En iguales circunstancias muchos de los mexicanos que hoy día residen en los Estados Unidos, ya con documentos o sin ellos, se fueron porque no tuvieron otra opción si querían acceder a oportunidades de desarrollo; ciertamente no todos los migrantes son criminales, son personas de bien que realizan arduos trabajos en los estados de la Unión Americana por los cuales reciben una paga que en parte regresa al país en forma de remesas, que hasta noviembre de 2024 representaron un ingreso para el país de 59 mil 518 millones de dólares en menos de un año.

A pesar de un presumido combate a la pobreza y de una baja tasa de desempleo que en México se sitúa en el 2.5 por ciento considerando una población económicamente activa tasada en 60.7 millones de personas, la realidad es que de acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, el país registró una pérdida de 405 mil 259 empleos formales, al tiempo que, de acuerdo a la misma institución de seguridad social y de salud, solamente se crearon en México en el mismo periodo, 213 mil 993 nuevas plazas de empleo formal, un 67.2 por ciento menos que un año antes, en el 2023. Esta pérdida en el empleo formal se contabilizó mayormente en 11 de los 32 estados, es decir, en un tercio del territorio. Al tiempo, la informalidad aumentó, fijando la tasa en 54.2 por ciento hacia el tercer trimestre del año pasado.

Estas estadísticas oficiales reflejan que muchos mexicanos no tienen acceso a un empleo formal, ya no se diga bien pagado, escenario negativo al que se suma la inseguridad que priva en el país (más de 200 mil asesinatos violentos en el sexenio inmediato pasado), y el combo arroja un resultado terrible: en México no se puede sobrevivir, o se vive con carencias, sin seguridad social ni oportunidades, con el pavor de ser víctima del crimen organizado y el narcotráfico.

Las historias de los migrantes que han comenzado a ser deportados a partir del martes 21 de enero por las fronteras mexicanas no distan mucho de aquellos que ven con desesperanza que no recibirán asilo y tendrán que quedarse a vivir en un país cuyas condiciones de vida los expulsaron: se fueron y se internaron en la Unión Americana para sobrevivir, trabajar y enviar dinero a quienes dejaron de este lado del río Bravo (río Grande para los Estados Unidos).

Por eso que la política del actual Gobierno de la República Mexicana no debería estar centrada en reaccionar a la política del nuevo Gobierno de los Estados Unidos, sino en construir las condiciones de seguridad social, de seguridad física, de tranquilidad y certeza en el país, para evitar que los mexicanos se quieran ir o se vean obligados a migrar. Un tantito de pena les debería de dar a quienes han contribuido con estrategias de tolerancia a la criminalidad, con políticas de inhibición para el crecimiento de la economía de las pequeñas y medianas empresas, al éxodo nacional por supervivencia.

Los mexicanos emigraron porque en su territorio fueron perseguidos por la inseguridad en todos sus niveles, oficiales e ilícitos, y ahora son perseguidos porque no lograron oficializar su estadía en los Estados Unidos, y serán obligados a regresar al país de las balas, de la inseguridad, de la injusticia, el hambre y la baja calidad de vida, como aquellos que por la fuerza debieron solicitar asilo, se verán forzados a quedarse en el territorio que los ha expulsado.