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Alertan criminalización en Eloxochitlán previo a elecciones

El Observatorio Memoria y Libertad advirtió que las declaraciones del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, al señalar a Eloxochitlán de Flores Magón como “punto rojo” antes de las elecciones municipales del 23 de noviembre de 2025, colocan en riesgo a la comunidad y a sus defensores. La organización explicó qué ocurre, quiénes están involucrados, por qué se generó esta alerta, dónde se concentra el riesgo, cuándo se agravó la situación y cuál es la afectación directa para defensoras y defensores del territorio.

El observatorio señaló que ha documentado, mediante entrevistas comunitarias y revisión de expedientes judiciales, que el gobierno estatal actuó en colusión con el grupo caciquil encabezado por la diputada morenista Elisa Zepeda. Indicó que esta alianza utilizó el proceso municipal de 2014 para fabricar delitos en contra de integrantes de la comunidad, lo que mantiene un clima de criminalización que ahora se actualiza con las declaraciones del gobernador.

La organización denunció la obstrucción y la dilación judicial persistentes en el Juzgado Mixto de Huautla, donde un proceso penal de once años continúa sin resolverse. Reportó que Elisa Zepeda volvió a ausentarse en la presentación de pruebas y que este patrón de inasistencias ha frenado el proceso durante tres años. Señaló además que el juez Constantino Santiago Agustín ha permitido esta dilación y que su actuación deriva en hostigamiento jurídico y violaciones graves a los derechos humanos.

El observatorio resaltó el impacto de estas acciones en cinco defensores de Eloxochitlán sometidos a prisión preventiva prolongada e ilegal, con estancias que alcanzaron entre seis y nueve años. Informó que estas violaciones formarán parte del Primer Informe de Observación, previsto para el 29 de noviembre en la comunidad, y exigió el fin inmediato de la criminalización, así como justicia y respeto al derecho de libre determinación y autonomía de Eloxochitlán.

COMUNICADO:

Observatorio Advierte Riesgos para Defensores y Defensoras de Eloxochitlán

Desde el Observatorio Memoria y Libertad, expresamos nuestra profunda preocupación por las declaraciones públicas del Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, que declara a Eloxochitlán de Flores Magón como un «PUNTO ROJO», previo a las elecciones municipales a realizarse el próximo 23 de noviembre del 2025.

Desde este Observatorio hemos documentado y comprobado a través de entrevistas con la comunidad, a través de la revisión de expedientes judiciales, y otras puebras, que, el Gobierno de Oaxaca en colusión con el grupo caciquil de la diputada morenista Elisa Zepeda; utilizaron el proceso de elección municipal en 2014 para fabricar delitos en contra de la comunidad. 

Alertamos que las declaraciones del Gobernador, generan un nuevo clima de criminalización y estigmatización en contra de la comunidad. Por lo cual, hacemos un llamado urgente a que organismos de derechos humanos nacionales e internacionales se mantengan en alerta ante esta amenaza en contra de defensores y defensoras de Eloxochitlán.

De igual forma, denunciamos la persistente y dolosa obstrucción y dilación a la justicia que padece la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón. Esta dilación judicial es una violación a los derechos humanos, destinada a mantener paralizada a la comunidad y silenciar la defensa de su autonomía y el Río Xangá Ndá Ge.

Obstrucción y Dilación Sistemática en el Juzgado Mixto de Huautla

El pasado 18 de noviembre de 2025, en el Juzgado Mixto de Huautla, se evidenció una vez más la dilación sistemática del proceso penal que se ha extendido ya por once años.

La diputada del congreso local por Morena, Elisa Zepeda Lagunas, quien es la denunciante en los procesos y forma parte del grupo caciquil local, volvió a ausentarse en la presentación de supuestas pruebas. 

Esta ausencia se suma a un patrón de inasistencias que, durante tres años, ha dilatado de forma dolosa el proceso judicial, lo cual es funcional a la estrategia de criminalización política contra los defensores.

El Juez del Juzgado Mixto de Huautla, Constantino Santiago Agustín, ha permitido esta dilación, abusando del derecho y de los derechos jurídicos de las personas. Este juzgado es responsable de graves violaciones a los derechos humanos, hostigamiento jurídico y utilización del sistema judicial con fines de persecución.

Impacto en las Víctimas: Prisión Preventiva Prolongada e Ilegal

Esta dilación sistemática es una táctica que ha contribuido a la tortura institucional continuada de los defensores del territorio de Eloxochitlán. Cinco de las víctimas directamente afectadas por esta obstrucción son:

• Alfredo Bolaños y Fernando Gavito, quienes fueron víctimas de la imposición dolosa e ilegal de prisión preventiva por 9 años.

• Jaime Betanzos y Herminio Monfil, quienes sufrieron 8 años y nueve meses de prisión preventiva sin sentencia.

• Francisco Durán, quien padeció seis años de prisión preventiva.

La imposición de la figura de la prisión preventiva de forma ilegal y arbitraria, superando el límite constitucional de dos años, es una Violación Grave a los Derechos Humanos y responsabilidad directa de los jueces a cargo del Juzgado Mixto de Huautla.

Próximos Pasos

Esta dilación es sistemática y forma parte de un conjunto de graves violaciones a derechos humanos que desde la Primera Misión de Observación a Eloxochitlán,  presentaremos en nuestro Primer Informe el próximo 29 de noviembre de 2025 en la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón.

¡Exigimos el cese inmediato de la criminalización y la justicia pronta y expedita para Eloxochitlán! 

! Respeto al derecho de Eloxochitlán a la libre determinación 

y autonomía!

Observatorio Memoria y Libertad

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 20 NOVIEMBRE 2025

Detienen a presunta célula delictiva en fraccionamiento al norte de Culiacán

El grupo armado está conformado por hombres de Michoacán, Jalisco, Baja California y Sinaloa y se presume que estaría ligado a un brazo armado al servicio de Los Chapitos.

Un grupo de 10 presuntos gatilleros fue arrestado esta mañana en un fraccionamiento al norte de la ciudad, que se presume sería una célula de los “Chimales”, brazo armado de la facción de los Chapitos, sin embargo, autoridades no han confirmado esta versión. 

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), fue una denuncia anónima que les alertó sobre la presencia de hombres armados en el sector Portalegre, al norte de Culiacán, por lo que se desplegó un operativo desde temprana hora, que incluyó el cierre de al menos dos vialidades de la zona y el despliegue de fuerzas federales en azoteas de casas aledañas.

El grupo de sujetos armados estaba conformado por 10 hombres originarios de Jalisco, Michoacán, Baja California y Sinaloa. 

El operativo conjunto entre el Ejército y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal (agrupación conformada por elementos del Ejército) y la Guardia Nacional se dio durante esta mañana en el mencionado sector, logrando asegurar, además de la célula, equipo táctico y armas de grueso calibre junto a cargadores. 

De acuerdo con versiones extraoficiales este grupo sería parte de los Chimales, grupo armado formado por los hermanos Cannobio Inzunza de la facción de los Chapitos, que a la fecha mantienen una guerra contra los Mayos. 

Entre el armamento asegurado se encuentran nueve armas tipo fusil, una ametralladora, una pistola, mil 225 cartuchos útiles, 33 cargadores para arma larga, así como equipo táctico y ponchallantas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.

Aseguran más de 2 mil litros de huachicol en Coatzacoalcos, Veracruz

Durante el operativo las autoridades también decomisaron siete cubitanques, dos contenedores adicionales, 27 bidones vacíos, tres cubetas y cuatro mangueras utilizadas para el trasiego del combustible.

La Fiscalía General de la República aseguró 2 mil 430 litros de hidrocarburo, 24 vehículos y un inmueble durante un cateo en Villa Allende, Coatzacoalcos al sur de Veracruz, como parte de una investigación por delitos relacionados con huachicol. 

La FGR informó que el operativo se realizó en un inmueble de Villa Allende, luego de que un juez federal autorizara la orden de cateo solicitada por el Ministerio Público. La diligencia forma parte de una carpeta de investigación sobre sustracción y manejo irregular de combustibles.

El personal ministerial también decomisó siete cubitanques, dos contenedores adicionales, 27 bidones vacíos, tres cubetas y cuatro mangueras utilizadas para el trasiego del combustible. 

Las autoridades indicaron que los materiales serán analizados para determinar la procedencia del hidrocarburo y su posible relación con actividades de extracción ilegal en la zona sur del estado. 

Durante la intervención, agentes de la Policía Federal Ministerial localizaron 24 vehículos, entre ellos tres tractocamiones, dos unidades tipo dolly, siete cajas secas, cuatro semirremolques tipo casa rodante y una motocicleta. Todas las unidades quedaron aseguradas como parte de la investigación. 

El personal ministerial también encontró siete unidades tipo caja seca que estaban calcinadas dentro del inmueble. Las marcas, números de serie y posibles reportes de robo serán verificados para establecer su origen. 

Los vehículos fueron trasladados a instalaciones federales para su resguardo y para continuar con su análisis por parte de especialistas de la Agencia de Investigación Criminal. 

El cateo contó con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, corporaciones que mantuvieron la seguridad perimetral para garantizar el desarrollo del operativo. 

La coordinación permitió el ingreso seguro de peritos y agentes ministeriales, así como el resguardo del inmueble mientras se realizaba el decomiso y la documentación de los objetos asegurados. Petróleos Mexicanos participó en el traslado del hidrocarburo para su resguardo y análisis, con el fin de integrarlo a la investigación en curso. 

Este sería el cuarto decomiso de grandes magnitudes en Veracruz. 

En noviembre pasado, una planta fue asegurada por la Secretaría de Marina en el municipio de Perote. Ahí fueron detenidas a ocho personas y aseguraron 250 mil litros de combustible robado, 12 pipas de diferentes capacidades y un inmueble que era utilizado como planta de almacenamiento para el huachicol, así como dispositivos electrónicos y documentación diversa. 

Antes en julio, también se aseguró una planta en las Vigas, donde decomisaron 933 mil litros de hidrocarburo ilegal y 64 carrotanques 

En junio pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la operación clandestina de una planta en Coatzacoalcos para producir diésel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes y aceites tratados o combustóleo ligero.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

Anuncian megabloqueo de transportistas: “No salgan, no va a haber paso”

Los manifestantes exigen el apoyo del gobierno para solucionar problemas como extorsión, falta de presupuesto para documentos oficiales, abuso de autoridad, mala infraestructura, precios injustos y el robo a unidades en todos los estados.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció que el próximo lunes 24 de noviembre realizará un megabloqueo de carreteras, como parte de su paro nacional para exigir mejores condiciones de seguridad. 

Además de la ANTAC, también participarán miembros del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y del Movimiento Agrícola Campesino (MAC), quienes protestan por el cumplimiento de los derechos de los productores.

“Le pedimos a toda la ciudadanía, a todos los mexicanos, que no salgan ese día porque no va a haber paso. (...) Las mesas de trabajo que hemos tenido con algunos legisladores (...) no han tenido ningún resultado. Seguimos en unión firme con los hermanos campesinos (...) somos la vértebra de la economía de nuestro país”, afirmó David Estévez, presidente de la ANTAC. 

¿Qué exigen los transportistas y agricultores?

Los manifestantes exigen el apoyo del gobierno para solucionar los problemas que enfrentan como la extorsión, falta de presupuesto para documentos oficiales (licencia y placas), abuso de autoridad, mala infraestructura, precios injustos y el robo a unidades en todos los estados del país, que se ha intensificado durante el último sexenio con un promedio de 55 a 60 hurtos al día.   

Asimismo, confirmaron que su movimiento es “totalmente genuino”: 

“No tenemos nada contra ningún partido político, nada contra el gobierno, solamente tenemos la necesidad de que el Estado mexicano asuma la responsabilidad de ser el rector de la producción, de la comercialización y la movilización de productos alimenticios para los mexicanos”, dijo uno de los inconformes.

Hora el megabloqueo y vialidades afectadas

De acuerdo con informes, el megabloqueo comenzará alrededor de las 8:00 horas. Aunque la ANTAC no ha confirmado una lista específica de carreteras afectadas, se espera que cierren las principales vías de conexión a la Ciudad de México. 

Los organizadores advirtieron que el 24 de noviembre se complicará el tránsito vial tanto nacional como internacional, por lo que solicitaron el apoyo, la comprensión y la solidaridad de la ciudadanía:  

“Queremos pedirles que tengan conciencia de lo que nos está pasando a los mexicanos, que sean solidarios con nuestro movimiento. (...) Esta lucha es de todos, es de los productores, pero también afecta a los consumidores. Entonces, un llamado a todos y la invitación a que participemos en esta gran movilización”, indicó uno de los agricultores.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Maestros alcanzan convoy presidencial de Sheinbaum y la hacen firmar oficios con demandas

Maestros de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación alcanzaron el vehículo en el que se trasladaba la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el viernes 21 de noviembre de 2025, y le entregaron tres oficios con demandas locales.

El líder magisterial, Isael González Vázquez, dialogó brevemente con la mandataria y le planteó: “Seguimos confiando en la reinstalación de la mesa con usted”, en referencia a una de las principales exigencias de la Coordinadora de establecer un espacio de diálogo con Sheinbaum, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y miembros del magisterio disidente.

Entre gritos de “Presidenta, Presidenta”, Sheinbaum y González dialogaron rápidamente sobre el contenido de los documentos y finalizaron el encuentro con un apretón de manos.

Al menos un centenar de maestros esperó a que Sheinbaum llegara a las inmediaciones del Hospital General de Zona 14 de Septiembre, que se inauguró este viernes. Los docentes llegaron con pancartas con mensajes como “Si no hay solución, no rueda su balón” y “Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007”, y lanzaron la consigna de “Claudia, mentiste con la ley del ISSSTE”.

La convocatoria para recibir a la mandataria se lanzó el miércoles por la tarde y estuvo dirigida a los maestros de las regiones Centro, Valle, Altos CCL-NEI, Zoque, Itzantún, Frailesca, Cuxtepeques y Cañera. La cita fue a las 7:00 horas en el edificio de la Sección 7 de la Coordinadora.

La movilización se da en apego con actas resolutivas de la CNTE, en las que se resolvió que el magisterio disidente empujaría sus demandas manifestándose en cada una de las apariciones de Sheinbaum. Pese a la presencia de los maestros, la llegada de la presidenta se retrasó apenas unos minutos.

Las principales demandas del magisterio incluyen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa. Los docentes también exigen que las pensiones y jubilaciones se paguen con base en salarios mínimos y no mediante la Unidad de Medida y Actualización.

La presidenta Sheinbaum encabezó la inauguración del Hospital General de Zona Número 13 14 de Septiembre del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una obra con inversión de 2 mil 400 millones de pesos. El nuevo hospital cuenta con 261 camas, 43 especialidades médicas y una plantilla de 1,691 trabajadores, entre ellos 369 médicos especialistas.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que el hospital ha brindado más de 18 mil atenciones desde que inició operaciones el 14 de septiembre de 2025, incluidas terapias físicas, consultas de especialidad y más de 100 cirugías.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Nunca antes en BC

Las frases que definen la llegada de Morena al poder político en Baja California tienen como común denominador el nunca, nunca como ahora, nunca antes.

Nunca había gobernado un mandatario por dos años. Nunca un gobernador se había enfrentado a la clase empresarial al prácticamente extorsionarlos con altos cobros por conexiones de agua. Nunca un exalcalde –en este caso Montserrat Caballero en Tijuana– había sido investigada por la FGR por delincuencia organizada. Nunca una mujer había gobernado Baja California. Nunca a un ejecutivo en funciones le habían retirado la visa de turista para cruzar a los Estados Unidos. Nunca antes un secretario del Ayuntamiento de Tijuana había sido denunciado por abuso sexual cometido, a razón de la víctima, en las instalaciones del Palacio Municipal.

Nunca antes el cónyuge y el cuñado de un mandatario, en este caso mandataria, habían sido señalados de tráfico de influencias, de corrupción en el sistema aduanal mexicano, de huachicol y huachicol fiscal. Y nunca antes los parientes políticos del titular del Poder Ejecutivo habían sido parte de una investigación en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Nunca antes se había desentrañado una red de contubernio político electoral y financiero entre un nuevo grupo de empresarios alrededor del poder, como el que encabezan Fernando Salgado, Jesús González Lomelí y Marco Moreno Santelices en Baja California desde el arribo de Morena al poder político.

Nunca antes el gobierno de los Estados Unidos había retirado la visa para cruzar a los Estados Unidos no sólo a la gobernadora en funciones y a su entonces esposo, también a la alcaldesa de la Capital, Norma Bustamante, a su cónyuge, así como a una exalcaldesa, en este caso la de Rosarito y actual diputada federal, Araceli Brown. Por supuesto, nunca antes un político de Baja California, como lo es la señora Brown, había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, e incluida, junto con dos empresarios, Candelario Arcega y, otra vez, Jesús González Lomelí, en una red de protección y lavado de dinero a una célula del Cártel de Sinaloa.

Por supuesto, nunca antes el exesposo de la gobernadora, su excuñado, el alcalde de Tijuana, el presidente del Tribunal, un senador de la República y una veintena más de personas, funcionarios, ligados al poder, empresarios, otra vez Fernando Salgado, habían sido citados por la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada), para declarar en una carpeta de investigación formalmente establecida e indagada por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La mayoría fue citada, y la mayoría no acudió a la comparecencia, desde finales de octubre para presentarse desde el 18 de noviembre en las instalaciones de la FEMDO en la Ciudad de México, convocados por los agentes del Ministerio Público de la Federación, Rebeca Rojo, la titular, y Humberto Escobar, subcoordinador.

Lo peor del caso en estos insólitos e inéditos casos que suceden en Baja California es que los protagonistas se lo toman a vacilada, tal como lo describió el alcalde de Tijuana, pretendiendo dar a entender que toda la investigación de la FEMDO se trata de “fuego amigo”, que no se debe por lo tanto tomar con seriedad. La realidad es que la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha realizado una indagatoria de la cual salieron los citatorios, que consta de cientos de páginas concatenando hechos que implican a los mencionados, y a otros más, en una red que está siendo debidamente investigada y sobre la que ciertamente aún no hay una conclusión, ni una solicitud judicial, sino una indagación en proceso a la cual, en lugar de ponerse a disposición bajo la lógica de que el que nada debe, nada teme, los políticos bajacalifornianos intentan desestimar con simpladas, como nimiedades.

El martes por la noche, agentes ministeriales de la Federación confirmaron a ZETA la autenticidad de los documentos que desde temprana hora de ese día circulaban en redes sociales y en servicios de mensajería instantánea, y que de entrada daban cuenta de los citatorios a dos protagonistas de este entramado político electoral, financiero, efectivamente al alcalde Ismael Burgueño, y al recientemente notorio empresario Fernando Salgado.

Los mismos agentes ministeriales informaron del avance en la investigación, de más citatorios y de los delitos que se indagan en la FEMDO, no advirtieron un “fuego amigo” dado que trabajan con investigación la búsqueda de evidencias y solicitaban la colaboración de los referidos para agregar sus testimonios a la carpeta de indagación oficial, así fuesen como es de esperarse, a su favor, pero la mayoría decidió no presentarse.

Si “fuego amigo” fuese, y entendiendo con ello que se trata de acusaciones entre morenistas de Baja California con miras a ser protagonistas en las elecciones estatales de 2027, la FGR no estaría siendo el eje conductor de la indagación, dado que tal institución que desde su autonomía está en manos de Alejandro Gertz Manero, ha sido señalada por su proclividad a investigar a adversarios políticos de Morena, no a morenistas “encumbrados” en el poder político en Baja California, como lo son el alcalde Burgueño que aspira a suceder a la gobernadora Marina Avila Olmeda, o al senador Armando Ayala, o a los familiares políticos de la mandataria estatal, a funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento de Tijuana, entre otros.

La cuestión es que existe una investigación formal, legal, ministerial y científica, donde se presume la comisión de delitos con el uso de recursos de procedencia ilícita por parte de estos actores políticos en Baja California, y que hay un avance considerable en la investigación y que decidieron no atender el llamado de la FGR, cosa que, en concordancia con lo que sucede por estos días en el estado, nunca antes había sucedido. Nunca como ahora.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

"Plan Michoacán" deja 4 detenidos. Desde el 10 de noviembre, se registran 87 capturas

El "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" ha dejado hasta este momento 87 personas detenidas, así como aseguramiento de armas, artefactos explosivos y más de 300 kilogramos de metanfetamina.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó el jueves que, en el marco del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", cuatro personas fueron detenidas, además de que se aseguraron cinco armas, 28 cartuchos, ocho artefactos explosivos y un vehículo.

Por medio de una publicación en redes sociales, el Gabinete de Seguridad explicó que este operativo se dio en coordinación con las autoridades locales de Michoacán, luego de realizar acciones de seguridad y proximidad en la entidad que derivaron en los anteriores resultados.

En este sentido, las autoridades federales recordaron que el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" tiene como objetivo proteger a los productores de la región, por lo que se realizaron visitas de supervisión en empacadoras, industrias y tianguis limoneros de Apatzingán y Múgica.
El Gabinete de Seguridad puntualizó que, del 10 al 19 de noviembre, han sido detenidas 87 personas y se han asegurado 43 armas, más de 6 mil 300 cartuchos, 348 cargadores, 60 artefactos explosivos, más de 300 kilogramos (kg) de metanfetamina, 13 kg de marihuana, 9 mil 200 litros y 2 mil 300 kg de sustancias químicas, además de 75 vehículos y se han atendido 59 denuncias. Lo anterior luego del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.

Apenas el 16 de noviembre, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, designó a José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), con el propósito de fortalecer la estrategia de seguridad que presentó la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el 4 de noviembre pasado.
"Hoy damos un paso firme en el fortalecimiento de nuestra estrategia de seguridad: José Antonio Cruz Medina asume la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado", compartió el mandatario estatal en su cuenta oficial de X.
En un comunicado, el Gobierno de Michoacán informó que Cruz Medina asume el cargo tras desempeñarse como Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, donde encabezó áreas de análisis, inteligencia y operación policial. También tuvo responsabilidades en la Guardia Nacional (GN) y en la extinta Policía Federal.


Por su parte, la Presidenta aseguró el 4 de noviembre que su Gobierno no regresará jamás a la estrategia de la guerra contra el narco que implementó Felipe Calderón Hinojosa.
"Guerra quiere decir permiso para matar. Guerra quiere decir que están permitidas las ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué quiere decir una ejecución extrajudicial? Que un elemento de una Fuerza Armada de México puede disparar contra una persona con el solo hecho de presumir que es un delincuente, no en defensa propia, sino teniendo la orden de ejecutar. Eso fue la guerra contra el narco: ejecuciones extrajudiciales. Y todavía se atrevían a decir que si había daños colaterales, es decir, personas que fallecían en ese proceso, pues era parte de la guerra y estaba justificada. Nosotros jamás vamos a tener esa estrategia. Jamás. Primero, porque somos humanistas y nosotros no creemos que la ejecución extrajudicial sea una salida. [...] Eso no lleva a nada porque eso es injusticia y no construye una sociedad humanista, y nosotros sí somos necios en construir una sociedad humanista y dentro de la Ley", dijo.
"No es llenar solamente de soldados, de Guardia Nacional el estado, y menos, aunque con presencia, es importante, menos con permiso para matar. Eso no. La guerra contra el narco no. Eso no puede regresar a nuestro país y por eso es este planteamiento del 'Plan Michoacán por la Paz y la Justicia'", añadió Sheinbaum Pardo.

FUENTE: SIN EMBARGO
AUTOR: REDACCIÓN.

El PIB baja 0.3% a tasa trimestral, confirma Inegi. "Economía está sólida", dice CSP

De acuerdo con el Inegi, las actividades primarias del PIB retrocedieron 0.3 por ciento trimestral y 0.2 por ciento anual, mientras que las actividades secundarias crecieron 3.5 por ciento frente al trimestre previo.

El Producto Interno Bruto (PIB) de México registró una contracción de 0.3 por ciento a tasa trimestral en el periodo julio-septiembre de 2025, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En comparación anual, el PIB cayó 0.2 por ciento en términos reales.
"En el trimestre julio-septiembre de 2025 y con cifras desestacionalizadas, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un descenso de 0.3 por ciento a tasa trimestral y de 0.2 por ciento, a tasa anual, en términos reales", explicó el Inegi en un comunicado.
De acuerdo con los datos del instituto, las actividades primarias retrocedieron 0.3 por ciento trimestral y 0.2 por ciento anual; las actividades secundarias crecieron 3.5 por ciento frente al trimestre previo y 2.9 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, lo que las convierte en el componente con mejor desempeño.

En contraste, las actividades terciarias disminuyeron 1.5 por ciento trimestral y 2.7 por ciento anual.
En su comparación anual ajustada por estacionalidad, el PIB total registró un aumento marginal de 0.2 por ciento, impulsado principalmente por el sector secundario, mientras que los servicios continuaron mostrando debilidad. En los primeros nueve meses de 2025 el PIB avanzó 0.4 por ciento respecto a igual lapso de 2024.

El dato del PIB se conoce un día después de que el Inegi publicó el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), el cual reveló que para octubre se prevé nulo crecimiento económico, un estancamiento mensual y anual en la actividad económica en el décimo mes del año.
"El dato de octubre reaviva la probabilidad de que en el cuarto trimestre del 2025 la economía repita el escenario de contracción y se configure un escenario de recesión técnica, que es cuando la economía cae dos trimestres consecutivos", indicó el medio especializado en economía Bloomberg.
La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que existen problemas en la economía, pero reiteró que la economía es fuerte en el país. "La economía de México está sólida está fuerte el modelo económico que definimos con la transformación. Está funcionando. Normalmente los economistas miden la economía en términos del crecimiento. El PIB se volvió, pues, el indicador fundamental para medir la economías del mundo. El PIB percapita que tiene sus problemas, incluso en la medición. Es la generación de riqueza, el valor agregado que se mide cada año. ¿Quién mide que 135 millones de mexicanos salieron de la pobreza? porque la teoría neoliberal decía solamente 'si crece la economía disminuye la pobreza, es imposible que disminuya la pobreza si no crece el PIB'", cuestionó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Autoridades trasladan a "El Licenciado", autor del asesinato de Manzo, al Altiplano

Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado de entrenar y coordinar a los 3 jóvenes sicarios que asesinaron a Carlos Manzo, fue trasladado al Altiplano, donde comparecerá este viernes en su primera audiencia.

Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien entrenó y luego coordinó a los tres jóvenes sicarios que asesinaron al Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue trasladado desde Michoacán hasta el centro de máxima seguridad conocido como el "Altiplano", donde comparecerá este viernes en su primera audiencia.
"El Licenciado" fue trasladado por tierra desde tierras michoacanas en un fuerte operativo tres días después del anuncio de su captura. Llegó la mañana de este viernes al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1, “Altiplano”, donde este viernes se presentará ante el Juez de control.
De acuerdo con medios locales, "El Licenciado" está acusado de homicidio calificado y lesiones calificadas. Es señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

Este martes, Omar García Harfuch reveló la detenido de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”. El Secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que la investigación continúa.
Los tres sicarios bajo el mando del capo capturado fueron asesinados. Uno en el lugar de los hechos, el mismo día en que disparó al Alcalde, y los otros después, en condiciones aún no claras. El Fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que “El Licenciado” fue quien los organizó. Los tres eran parte de una célula criminal dedicada al asesinato y la extorsión y dependiente del Cártel Jalisco Nueva Generación. La pistola con la que mataron a Carlos Manzo estaba relacionada con dos asesinatos previos, apenas de octubre.
En conferencia de prensa Harfuch dio a conocer que la identificación de Jorge Armando "N" se logró mediante el análisis de diversos materiales que se obtuvieron como parte de los trabajos de investigación que se han emprendido por parte de las autoridades estatales y federales, en las cuales se han utilizado herramientas tecnológicas que permitieron reconstruir con precisión la secuencia de hechos, así como la participación de cada involucrado.

Además de "El Licenciado" también se logró identificar a "dos sujetos que, horas antes del ataque, acompañaron al agresor Víctor Manuel ‘N’, quien fue neutralizado al cometer el homicidio", indicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).


Las personas en cuestión, reveló Harfuch, fueron identificadas como Fernando Josué "N" y Ramiro "N", a quienes se halló sin vida el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho. Los equipos telefónicos de ambos se localizaron un día después y, al analizarlos, se descubrió que Ramiro "N" formaba parte de un chat en el que se coordinó el ataque contra Manzo.
"Asimismo, se identificó que un sujeto apodado “El Licenciado” ocupaba el rol de mando al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución", explicó el Secretario de Seguridad, y añadió que "derivado del análisis de las conversaciones y el trabajo de inteligencia, permitieron seguir la pista del implicado", lo que llevó a su posterior captura.
Omar García Harfuch enfatizó en la conferencia de prensa que la detención representa un paso clave para la desarticulación de la estructura criminal responsable por el asesinato del excalcalde de Uruapan.

Asimismo, afirmó que el Gobierno de México mantiene su firme compromiso para garantizar la impartición de justicia y la seguridad en Michoacán. "Las investigaciones continúan hasta detener a cada uno de los involucrados y desmantelar por completo estas redes delictivas que cometen homicidios, extorsiones, que utilizan a los jóvenes y generan violencia en la región", enfatizó el funcionario federal.


"Plan Michoacán" da primeros resultados

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó este jueves que, en el marco del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", cuatro personas fueron detenidas, además de que se aseguraron cinco armas, 28 cartuchos, ocho artefactos explosivos y un vehículo.

Por medio de una publicación en redes sociales, el Gabinete de Seguridad explicó que este operativo se dio en coordinación con las autoridades locales de Michoacán, luego de realizar acciones de seguridad y proximidad en la entidad que derivaron en los anteriores resultados.
El Gabinete de Seguridad puntualizó que, del 10 al 19 de noviembre, han sido detenidas 87 personas y se han asegurado 43 armas, más de 6 mil 300 cartuchos, 348 cargadores, 60 artefactos explosivos, más de 300 kilogramos (kg) de metanfetamina, 13 kg de marihuana, 9 mil 200 litros y 2 mil 300 kg de sustancias químicas, además de 75 vehículos y se han atendido 59 denuncias. Lo anterior luego del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.
En este sentido, las autoridades federales recordaron que el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" tiene como objetivo proteger a los productores de la región, por lo que se realizaron visitas de supervisión en empacadoras, industrias y tianguis limoneros de Apatzingán y Múgica.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Desechan demanda de amparo del “Chapo” Guzmán en Mexicali

En el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, fue desechada una demanda de amparo presentada en favor del narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo.

La solicitud de derechos fundamentales fue firmada por el abogado Christian Camacho Ruiz en contra de actos de privación de la libertad, detención, retención o incomunicación en el extranjero.

Las autoridades responsables mencionadas son el juez Brian M. Cogan, de la Corte de Distrito de New York y los directivos de la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos.

El juez federal José Ángel Bustamante Arvizu determinó desechar la demanda de garantías pues al analizar el escrito inicial considera que en el caso “se actualiza de forma manifiesta e indudable una causal de improcedencia” prevista en la Ley de Amparo.

Bustamante Arvizu estableció que las entidades demandadas no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no se trata de autoridades que ejerzan jurisdicción en territorio mexicano.

El juzgador refiere en su resolución de desechamiento: “Autoridades que al tratarse de entes cuya jurisdicción es en el extranjero, claramente no se puede considerar que emitan actos u omisiones de los poderes públicos cuya protección se encuentra salvaguardada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Amparo”.

En tal sentido no se puede admitir la demanda “porque la protección que brinda el Estado Mexicano a los derechos humanos mediante el juicio de amparo, es para verificar la actuación de autoridades en algún nivel de gobierno de este país”.

Y agrega el juez: “Las autoridades extranjeras no pueden tener el carácter de responsables, porque no cuentan con las facultades necesarias para ejercer jurisdicción, en el entendido de que el amparo fue creado para proteger a las personas contra actos de autoridades emanadas de la propia Constitución Federal”.

La tutela de esos derechos debe ser en favor de personas que se encuentran en áreas en las que ejerce jurisdicción el Estado Mexicano a través de sus autoridades.

El abogado Christian Camacho Ruiz, al que se atribuye la presentación de esta demanda, y que manifestó domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, es el mismo que solicitó amparos en favor del boxeador Julio César Chávez Carrasco, en Mexicali, en el mes de julio pasado.

Joaquín “Chapo” Guzmán cumple cadena perpetua por narcotráfico en la prisión de máxima seguridad de Florence ADMAX, en Colorado, de Estados Unidos, tras ser condenado en julio de 2019 por el juez Brian M. Cogan, al resultar responsable de asociación delictiva para traficar drogas.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.

Unidad de la FGE retuvo expediente contra el Terrible: asesor legal

Los abogados de la empleada de gobierno que denunció a Erik “Terrible” Morales de abuso sexual en su contra, no han tenido pleno acceso a la carpeta de investigación abierta desde el 9 de julio en la Fiscalía General de Baja California, de acuerdo con el asesor legal José Carlos Contreras.

A decir del litigante, en pleno proceso de integración el expediente se envió a la Coordinación de Delitos Sexuales, con la justificación de tratarse de un asunto “de interés para la fiscalía”; posteriormente fue remitido al Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal, en aras de procurar un arreglo entre las partes.

La víctima y su equipo legal rechazaron la propuesta. La carpeta volvió a quedar bajo resguardo de la Coordinación de Delitos Sexuales.

De manera que “no ha sido fácil tener el acceso que corresponde”, refirió a pregunta expresa el abogado. “O sea, lo hemos hecho de forma parcial, no de forma completa”, abundó.

Acusó que a 30 días de haberse emprendido las indagaciones ni siquiera se había practicado el dictamen pericial obligatorio, aun cuando por ley “a la víctima se le tiene que atender de forma rápida”.

Del envío de la carpeta a la Coordinación de Delitos Sexuales detalló que “la coordinadora” (a la que se refirió como Regina Handal) estableció que “se daba esa situación en razón de que no se filtrara algunos datos, alguna información”.

Contreras estimó que, con su resguardo en esa área, “hasta cierto punto” el expediente quedó retenido.
“Así es. Aunque consideramos que lo hacen para controlar la investigación, controlar los tiempos; y sobre todo es la forma de que la fiscalía decide cuándo avanza o se detiene o cuándo políticamente o mediáticamente conviene”, asentó.
José Carlos Contreras, quien dijo fungir como asesor, en conjunto con Sergio Enrique González Ibarra, sostuvo que posiblemente el 13 o el 14 de noviembre la carpeta quedaría en manos de una agente del MP “a efecto de poderla revisar y poder concretar qué es lo que le hace falta”. De ahí que se dijera a la espera de que se les informara “cuándo la van a judicializar o se va a desahogar alguna prueba pendiente”.

En entrevista con ZETA, el padre de la víctima, Rubén Hernández, expuso que aun cuando la Fiscalía General del Estado justificó el envío del expediente a la Coordinación con la relevancia que le atribuyó al caso, “ya son cuatro meses” de haberse abierto la investigación y “aun así no avanza”.

Conforme al testimonio que la denunciante proveyó a la FGE, el 4 de julio de 2025 Morales Elvira incurrió en abuso sexual en su contra en la oficina en la que el exboxeador despachaba como secretario de Bienestar del Ayuntamiento de Tijuana. En virtud de que una persona tocó a la puerta, a la que el expugilista le había puesto seguro, la empleada adscrita a esa dependencia logró zafarse y abandonar el despacho del presunto agresor.

El 10 de julio presentó una denuncia ante la Sindicatura Municipal, tras lo cual Morales Elvira se apartó del cargo de secretario.

Rubén Hernández afirmó que fue hasta 40 días después de procederse ante la fiscalía que se hicieron los peritajes psicológicos. Opinó que el dictamen correspondiente debería ser suficiente para que el caso se judicializara.

A propósito del Dictamen en Psicología Forense para Delitos de Índole Sexual el abogado José Carlos Contreras estableció, vía telefónica: “Tiene que haber una categoría de cuánto es el alcance o el daño o si lo hubo o no. Eso sirve para determinar si básicamente existió el hecho, porque al igual hay gente que a lo mejor hace una denuncia falsa, que tiene algún otro interés y obviamente el resultado no debe de salir positivo”.

El padre de la denunciante afirmó que ambos han acudido en siete u ocho ocasiones a la FGE y que en ningún momento han tenido acercamiento directo con la fiscal especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, Hortensia Noriega León.

“Siempre cuando vamos pues nos reciben las que están ahí en los cubículos de atención, para que los afectados y de ahí no hemos pasado”, mencionó.
“Hay una agente que fue la que nos entrevistó cuando recién se inició el proceso. Nos llamó a mi hija, a mí, a otro testigo también; pero ya después de allí la agente ministerial no se acercaba con nosotros”, manifestó.
Tampoco negó que la MP se haya abstenido de atender el caso: “Las pocas veces que (los abogados) han accedido a la carpeta de investigación, sí hay fotografías que fueron a la Secretaría, a tomar fotos del lugar de los hechos de todo eso; sí está allí en la carpeta de investigación”.

HOSTIGAMIENTO

De medidas a implementar en favor de la denunciante, Rubén Hernández aseveró que se comunicaron con ella de la Policía y le hicieron saber que se llevarían a cabo rondines; “pero pues nosotros en nuestro hogar nunca hemos visto nada”, aseguró, aun cuando la denuncia se acompañó con una solicitud de protección.

El asesor legal señaló que “a la víctima no se le habían dado todas las medidas de protección que el Código Nacional de Procedimientos marca”. Precisó que tan sólo se le concedió “una vigilancia policial a los alrededores” de su domicilio.

De acuerdo con el abogado, el equipo legal cuestionó ante la FGE “por qué no se le otorgaron las otras dos o tres medidas de protección que son importantes”, entre estas la prohibición de que el señalado la contactara.

Contreras afirmó que a fin de evitar que Morales Elvira se comunicara con la denunciante, los asesores tuvieron que solicitar esa medida vía comparecencia.

La empleada municipal refirió a este Semanario que, el 4 de julio, luego de incurrir en abuso sexual en su contra, Morales Elvira le habló por teléfono.

“Yo iba en camino a mi carro (justo después de salir de Palacio Municipal). Me acuerdo que en esa ocasión sí le contesté, pero yo estaba muy asustada y le contesté; y me dijo qué iba a hacer en la noche y que si quería cenar, y yo le dijo que no”, expuso y recalcó que en ningún momento el ex pugilista le ofreció disculpas.

“Creo que no había entendido que lo que hizo está mal”, prosiguió.
“Creo que es como una costumbre que él tiene porque nuestros abogados investigando nos dicen que en total son siete carpetas por el mismo delito, de las cuales otras cinco están detenidas, como se dice carpetazo, pero que dos sí están activas”, intervino Rubén Hernández.
El 9 de enero de 2024, justo cuando Morales Elvira figuraba como aspirante de Morena a la alcaldía de Tijuana, Martha Basilia García Hernández denunció al siete veces campeón del mundo de haberla agredido más de 10 años atrás en la modalidad de “abuso sexual, hostigamiento sexual y/o lo que resulte”. La agresión habría tenido ocasión en un gimnasio de box ubicado en la colonia Hipódromo, en el que la denunciante trabajaba como recepcionista.

En cuanto al caso de agresión en el Ayuntamiento, la empleada municipal relató que Morales insistió en contactarla telefónicamente: “Pasó tiempo, en donde después de lo sucedido no fui a trabajar. Necesitaba procesarlo. No quería regresar a ese lugar y me acuerdo que durante ese tiempo me habló; me estuvo hablando y era muy molesto, y bloqueé el número”.

Dijo haber ingresado al área de Comunicación y Difusión de la Secretaría de Bienestar desde los inicios de la administración encabezada por Ismael Burgueño Ruiz.

Sostuvo que tras haberse ausentado unos días en razón de la agresión que denunció, se reincorporó a sus actividades y sufrió “violencia laboral”.

Según detalló, encontrándose en una sección ocupada por cuatro empleados municipales, escuchó “como si dijeran: ‘A algunas personas les gusta venir aquí y no trabajar y no hacer nada, ¿verdad?’”. Afirmó que semejante comentario se hizo en lo concerniente a su persona.

La entrevistada aseguró que, en su mayor parte, el personal a su alrededor no se mostró empático con ella: “A pesar de que conocen lo sucedido no mostraron empatía, o al menos no lo sentí”.

Expuso que en una ocasión en la que tuvo acceso a la carpeta, leyó que dos empleadas que se habían dicho amigas suyas declararon en su contra y a favor del Terrible Morales.

“Ya no trabajan en la secretaría. Curiosamente ya no”, manifestó.

También aludió a la titular del Instituto Municipal de la Mujer, Aracely Márquez Peña: “La directora no mostró empatía y yo la veía, la tenía en mi cara. Eso era lo que más me molestó. Que era reciente y estoy segura que ella ya sabía que era yo y no mostró ni hizo nada, y aquí veo también favoritismo”.

A mediados de julio, Márquez Peña negó conocer a detalle el caso. “El único conocimiento que hemos tenido es por parte de los medios”, declaró la funcionaria municipal. “Lo que hemos leído todos en redes sociales. No tenemos conocimiento de quién sea la persona, ni tampoco se ha acercado con nosotros; pero si así lo hiciera, claro, con mucho gusto. Estamos para atender, para servir a todas las mujeres de nuestra ciudad”, añadió.

La denunciante reconoció que “hubo personas que manejaron la verdad como fue”. A propósito, expresó: “Ni a favor ni en contra. Entonces, digo, mínimo se agradece porque fue la verdad, como es”.

De quien reemplazó a Morales Elvira en la titularidad de Bienestar, Wendy Ontiveros González, refirió: “Creo que ella en todo su momento sí ha mostrado empatía”.

Observó que Burgueño Ruiz fue quien destituyó a Morales Elvira. De ahí que comentara: “Entonces también sentimos respaldo. O sea, al menos sí, porque se accionó algo”.

El padre de la empleada del Ayuntamiento aseveró que su familia y él pertenecen a un grupo de corte cristiano denominado Unidad, y que con motivo del caso de abuso, el pastor Fermín García, excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, acudió con el secretario de Gobierno, Arnulfo Guerrero León, por iniciativa del propio funcionario.
“Se entrevistó con Fufo, y Fufo le dijo: ‘¿Qué es lo que quieres que hagamos?’; y él inmediatamente dijo: ‘Destitución inmediata’”, relató.
Agregó que Guerrero León dijo ser necesario denunciar en sindicatura y que, a un día de haberse interpuesto la denuncia, Morales Elvira dejó de estar al frente de la Secretaría de Bienestar.

El 4 de noviembre Rubén Hernández ofreció un posicionamiento referente a la carpeta de investigación, en la sede de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana, bajo el auspicio de la Asociación de Periodistas de Baja California.

El entrevistado mencionó que por iniciativa de los asesores legales la rueda de prensa se planeó como una “estrategia mediática” para “llegar a los oídos tanto de la gobernadora (Marina del Pilar Avila Olmeda) como de la fiscal (Ma. Elena Ramírez) para que atendieran a este caso”.

En su conferencia semanal del 5 de noviembre, cuestionada sobre la carpeta en cuestión y otros expedientes, la gobernadora estableció: “En cuanto a la pregunta sobre la judicialización, ese es un tema del ámbito de la Fiscalía General del Estado, de las investigaciones como se desarrollan. La fiscalía es autónoma. Nosotros lo que podemos hacer es exhortar a las fiscalías, a ser más rápidas en esa parte, sobre todo cuando se trata de ese tipo de delitos que lastiman tanto”.

Se comprometió a preguntar sobre el avance de la investigación por la denuncia contra Morales Elvira. “¿Cuáles han sido los avances en cuanto a esta investigación? Siempre la postura del Gobierno del Estado es proteger a las víctimas, el de estar con las víctimas y de que se investigue trátese de quien se trate”.

Rubén Hernández observó que durante la conferencia semanal Marina del Pilar condenó los tocamientos de un individuo a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, los cuales tuvieron lugar el 4 de noviembre en el Centro Histórico capitalino.
“Pero cuando se le lanza nuestra pregunta, ahí (actúa) como Poncio Pilato. Yo sentí que de alguna manera se lavó las manos y dijo: ‘Pues es la fiscalía, es autónoma, ellos están encargados, yo nada más lo único que puedo hacer es comentarle’”.
Previo a desempeñarse como secretario de Bienestar en el XXV Ayuntamiento, Morales estuvo a cargo del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, en el gobierno de Avila Olmeda.

El padre de la denunciante señaló que celebrada la rueda de prensa bajo el auspicio de la asociación de periodistas de BC, “sale la nota y a las dos horas (en al menos dos medios locales) la bajan, la quitan de redes sociales”.

De modo que “sí me alarmó y sigo pensando por qué hicieron eso. A lo mejor una llamada de arriba, ‘Sabes qué, túmbame esa nota’. No sé. La verdad, no sabemos; pero sí, eso me presta a pensar que de alguna manera lo están favoreciendo”.

Ponderó que el 4 de noviembre la fiscal general del Estado se haya pronunciado sobre la investigación en curso.

“Ese mismo día la fiscal Ma. Elena Andrade tuvo una rueda de prensa también, donde habló de diversos temas y ahí una reportera o un reportero que estuvo en nuestra conferencia le lanzó la pregunta”, dijo y detalló: “(la titular de la FGE) respondió que este ha sido un tema muy delicado, que se manejaba, que ha ido muy avanzado. Negó que se haya frenado un poco la investigación y que está por resolverse”.

Hernández sostuvo que, de ser necesario, recurrirá a otras instancias legales. “No queremos que esto quede impune por el tipo de personaje”, argumentó.

Por lo pronto, concluyó, “doy un punto de confianza a la fiscalía de que sí van a hacer su trabajo como corresponde. Sin favoritismos hacia el gobierno”.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDRUARDO ANDRADE URIBE.

La FGJ de Michoacán detiene en Uruapan a los escoltas de Carlos Manzo, Edil asesinado

La detención ocurre dos días después de que Omar García Harfuch informara que fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien entrenó y luego coordinó a los tres jóvenes sicarios que operaron en territorio la tarde-noche en que Carlos Manzo fue asesinado.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Michoacán detuvo este viernes a siete de las escoltas de Carlos Manzo, el Alcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre en un evento público, un caso que conmocionó al país.
"Cumplimentamos orden de aprehensión en contra de siete servidores públicos del Municipio de Uruapan, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio del Presidente Municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez", indicó la FGE en X, antes Twitter.
La detención de los individuos, que supuestamente velaban por la seguridad del édil, ocurrió en la Casa de la Cultura, en Uruapan, y fue realizada por elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional (GN).
"Los detenidos serán trasladados al Centro Penitenciario 'Lic. David Franco Rodríguez' y serán puestos a disposición del Juez de Control", añadió la institución.

El personal de seguridad había colocado un cerco en la zona del Centro de Uruapan para ejecutar las capturas.

Las aprehensiones ocurren dos días después de que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informara que fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien entrenó y luego coordinó a los tres jóvenes sicarios que operaron en territorio la tarde-noche en que Manzo Rodríguez fue asesinado.
Avanzan investigaciones del caso Manzo

Según la información presentada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, los tres sicarios que participaron en el homicidio de Carlos Manzo fueron asesinados. Uno en el lugar de los hechos, el mismo día en que disparó al Alcalde, y los otros después, en condiciones aún no claras.

El Fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que “El Licenciado” fue quien los organizó. Los tres eran parte de una célula criminal dedicada al asesinato y la extorsión, y dependiente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La pistola con la que mataron a Manzo estaba relacionada con dos asesinatos previos, apenas de octubre.

En conferencia de prensa Harfuch dio a conocer que la identificación de Jorge Armando "N" se logró mediante el análisis de diversos materiales que se obtuvieron como parte de los trabajos de investigación que se han emprendido por parte de las autoridades estatales y federales, en las cuales se han utilizado herramientas tecnológicas que permitieron reconstruir con precisión la secuencia de hechos, así como la participación de cada involucrado.


Además de "El Licenciado" también se logró identificar a "dos sujetos que, horas antes del ataque, acompañaron al agresor Víctor Manuel “N”, quien fue neutralizado al cometer el homicidio", indicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fallo de la SCJN pone en riesgo el presupuesto 2026 para víctimas: Defensores DDHH

Los defensores de derechos aseguraron que se eliminó la garantía de las víctimas para no depender de negociaciones políticas o coyunturas electorales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma de 2020 a la Ley General de Víctimas, decisión que avala la eliminación del porcentaje obligatorio de presupuesto destinado a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral.

El fallo, que contradice una sentencia previa ya firmada por unanimidad por la antigua Primera Sala, fue interpretado por especialistas y organizaciones como una vulneración al principio de cosa juzgada y un retroceso en la garantía de derechos de las víctimas.

En la mesa de análisis, representantes de las organizaciones defensoras de derechos, Artículo 19, Fundar y el Centro Prodh señalaron que la Corte actuó con criterios políticos, revirtió su propio precedente y dejó en incertidumbre presupuestaria al sistema nacional de atención a víctimas.

Previamente, en sendos comunicados, las organizaciones afirmaron que la resolución de la Corte “implica un grave retroceso para los derechos de las víctimas” y que el tribunal “ha decidido darle la espalda a las víctimas al reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de reformas regresivas”.


Citaban que el fallo vulnera el principio de “cosa juzgada” y la garantía de “seguridad jurídica”, pues retoma un debate que la anterior integración de la Corte ya había resuelto.

También advirtieron que sin un porcentaje mínimo de presupuesto asegurado, las medidas de atención, asistencia, memoria, verdad y reparación “pierden eficacia y se reducen a buenos deseos en la ley sin impacto alguno en la realidad”.

Al respecto, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, explicó que el caso se originó en un amparo promovido por el Centro Pro después de la reforma de 2020, cuando se modificó el artículo 132 de la Ley General de Víctimas en el contexto de la desaparición de varios fideicomisos.

Recordó que la Primera Sala, con la antigua integración, “declaró por unanimidad la inconstitucionalidad” de la reforma por eliminar el mínimo presupuestal necesario para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) emitiera medidas de apoyo, asistencia, rehabilitación y reparación.

Maldonado señaló que ese criterio derivó en jurisprudencia.
Ya había jurisprudencia aprobada por unanimidad que habla de la progresividad que debe imperar en materia de derechos de las víctimas.
Sin embargo, la nueva integración del tribunal no sólo rechazó emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, sino que decidió reabrir el fondo del asunto.

Para él, la decisión afecta incluso a la propia Corte porque “reabre el debate y deja desprotegidas a las víctimas y entonces la pregunta es, ¿de dónde obtiene legitimidad una corte que le da la espalda a las víctimas?”.

También sostuvo que la legitimidad de un tribunal constitucional no deriva del origen electoral de sus integrantes, sino de sus resoluciones.
Las altas cortes logran legitimidad a partir de sus resoluciones, no a partir del voto popular.
Asimismo, Iván Benumea, coordinador del programa de justicia fiscal de Fundar, subrayó que la resolución tuvo una carga política visible durante la discusión y coincidió con Maldonado en que la eliminación de la garantía presupuestaria deja a las víctimas expuestas a decisiones anuales del Congreso.

Dijo que dicha garantía funcionaba como “un seguro que le garantizaba a las víctimas, un cierto monto de presupuesto de manera anual”, indispensable para no depender de negociaciones políticas o coyunturas electorales.

La decisión de la Corte, explicó, abre un escenario adverso porque “ahora las víctimas estarán en la incertidumbre porque si el Poder Legislativo así lo decide, podría aprobar un presupuesto menor progresivamente”.

Benumea, también criticó que algunas ministras justificaran la reforma bajo el argumento de que el Ejecutivo sigue asignando recursos.
No estábamos hablando de lo que hace el Poder Ejecutivo sino de qué le debía mandar la Corte al Poder Legislativo.
Mencionó que la Corte debió concentrarse en ordenar cómo restituir el presupuesto perdido, dado que la reforma ya había sido considerada inconstitucional por el propio tribunal.

“Lo que tenía que discutirse, fue cómo regresamos ese presupuesto que es indispensable para atender los derechos humanos de las personas”.

Por su parte, María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro Pro, recordó que su organización presentó el amparo originalmente porque la CNDH, en ese momento, no utilizó la vía de acción de inconstitucionalidad.

Explicó que su impugnación se enfocó “exclusivamente en la medida regresiva de eliminar esta garantía de tener un mínimo de presupuesto” y no en cuestionar los fideicomisos.

Aseguró que la decisión de la Primera Sala fue coherente y garantista, pues pedía asegurar recursos aun cuando existieran recortes o cambios administrativos.

Aguilar sostuvo que la revisión del Pleno fue atípica porque “parece un levantamiento de la cosa juzgada, pues porque genera mucha incertidumbre”.

Sobre los argumentos esgrimidos durante la deliberación, afirmó que fueron “políticos, engañosos, insustanciales”, y que algunas ministras defendieron la eliminación de fideicomisos desde la óptica de su participación en la administración federal anterior.

Criticó que en el debate se subrayara que no había víctimas quejándose por falta de presupuesto y según la directora del Centro Pro, ese enfoque “no permitió una discusión sustantiva de cómo proteger más a las víctimas”.

También propuso una alerta más amplia sobre el funcionamiento del tribunal.
Si esta va a ser la práctica del Pleno de la Corte nos levanta muchas alertas alrededor de la poca imparcialidad y de cómo se pueden abrir decisiones que ya había de la Corte anterior.
También advirtió que los “principios de certidumbre jurídica están en juego” si este mecanismo de revisión se vuelve recurrente.

El panel coincidió en que la reapertura del caso y la validación de la reforma de 2020 crean un precedente regresivo, debilitan la arquitectura institucional del sistema de víctimas y comprometen la garantía de progresividad en derechos humanos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cae regidor de Chalco por presunto huachicol de agua

Christian Jesús “N” alias “Gimmy” y/o "Jimy" también está señalado por su probable participación en delitos de secuestro, extorsión y despojo entre otros.

Elementos de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a Christian Jesús “N” alias “Gimmy” y/o “Jimy”, sexto regidor de Chalco, identificado como líder del “Sindicato 22 de octubre”.

La dependencia indicó que el sujeto fue detenido las primeras horas de este viernes 21 de noviembre, en cumplimiento de orden de aprehensión en el marco de la segunda fase de Operación “Caudal”.


Resaltó que Christian Jesús “N” era un objetivo prioritario de dicho operativo al estar relacionado con actividades delictivas en la cadena de la extracción, distribución y comercio ilícito del agua en el Estado de México.

Añadió que “Gimmy” y/o “Jimy” también está señalado por su probable participación en delitos de secuestro, extorsión y despojo entre otros.

Fue ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl a disposición de la Autoridad Judicial.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

OPLES advierten que centralizar elecciones sería inviable; consejeras alertan riesgos operativos

Integrantes de los OPLES aseguraron que la magnitud de los procesos electorales estatales volvería inviable una operación centralizada.

Representantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) defendieron en la Cámara de Diputados que el país no puede transitar hacia un modelo donde el INE asuma todas las funciones electorales. Aseguraron que la magnitud y diversidad de los comicios estatales volvería inviable una operación centralizada y que el federalismo electoral ha permitido estabilidad y alternancia durante una década.

Paula Ramírez Höhne, presidenta del OPLE de Jalisco, recordó que la estructura constitucional del país impide uniformar la organización electoral. Señaló que “México es una república federal. Eso significa que sus 32 entidades tienen la facultad de darse su propio régimen interior”, y explicó que los OPLES responden a contextos sociales, políticos y culturales que una autoridad nacional no podría cubrir desde el centro.

Ramírez expuso que el volumen de trabajo que atienden los organismos locales demuestra la imposibilidad de centralizar las elecciones. Recordó que “en 2024 registramos más de 170 mil candidaturas, imprimimos más de 228 millones de boletas e instalamos 2 mil 26 consejos con más de 13 mil ciudadanas y ciudadanos vigilantes”, y advirtió que “la masividad, la diversidad y la complejidad de las realidades locales hacen materialmente imposible la centralización de las elecciones en México”.

La presidenta del Instituto Electoral de Guanajuato, Brenda Canchola, sostuvo que no existe duplicidad entre las funciones del INE y las de los OPLES.

“No hay duplicidad de funciones, sino competencias distintas que obedecen a las particularidades del ámbito territorial”, y destacó que el conocimiento local permite resolver conflictos y diseñar procesos adecuados a cada entidad.

Por su parte, la presidenta del OPLE de Puebla, Blanca Yáscara Cruz García, alertó que un modelo centralizado sería más costoso, más lento y menos cercano a las comunidades. Afirmó que “difícilmente una sola institución podría encargarse del gran cúmulo de responsabilidades requeridas” y que una estructura nacional sobredimensionada estaría “alejada del contexto social y político de los municipios del país”.

Las consejeras también resaltaron avances impulsados desde lo local, como la paridad y la representación indígena. Ramírez recordó que “el 55 por ciento de las candidaturas locales fueron para mujeres y 21 congresos estatales quedaron integrados mayoritariamente por diputadas”, algo que atribuyó a reglas creadas por los propios institutos estatales.

Cruz afirmó que la próxima reforma electoral debe construirse con la firme convicción de “garantizar eficiencia, federalismo funcional, transparencia, profesionalismo, participación ciudadana y modernización tecnológica”, al insistir en que cualquier modificación debe preservar los principios del federalismo electoral.

El encuentro se dio en el Salón de Protocolo de San Lázaro, al que asistieron diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios y los titulares de los OPLE’s de los estados de Jalisco, Guanajuato, Puebla, Yucatán, Veracruz, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Oaxaca, Hidalgo, Baja California Sur, Baja California, Chiapas y Estado de México.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: EDGAR LEDESMA.

Organizaciones acusan a la Suprema Corte de “darle la espalda a las víctimas” ante el rechazo para recuperar presupuesto

Organizaciones, colectivos y víctimas calificaron la decisión de la Corte como un "grave retroceso" y exigieron al máximo tribunal del país garantizar los derechos humanos, recursos y acceso a la justicia.

Organizaciones y colectivos calificaron como un “grave retroceso” a los derechos humanos la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que rechazó recuperar el presupuesto mínimo destinado para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos en el país, el cual fue eliminado por el Congreso luego de la aprobación de una reforma en 2020.

La controversia surgió a raíz de que el máximo tribunal determinó reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de reformas consideradas regresivas a la Ley de Víctimas y resolvió que es constitucional el cambio por el que se elimina el porcentaje obligatorio de presupuesto asignado a medidas de ayuda, asistencia y reparación.

En ese sentido, en un comunicado conjunto con más de 200 firmas, colectivos de búsqueda, madres buscadoras y organizaciones para la justicia sostuvieron que la Suprema Corte “le dio la espalda” a las víctimas.

“La decisión de esta Corte, recién instalada, representa un enorme retroceso en materia de derechos humanos, pues abre la puerta a que las víctimas vean diluidos sus derechos en virtud de reformas legales que podrían debilitar los mecanismos de protección, atención y reparación”, enfatizaron en el comunicado.

Asimismo, señalaron la gravedad de que la decisión se adoptó vulnerando el principio de “cosa juzgada”, pues se reabrió una discusión sobre constitucionalidad de reformas regresivas a la ley de víctimas que ya había sido determinada por la Corte anterior.

Expusieron también que la medida también pone en situación de vulnerabilidad directo el principio de progresividad de los derechos humanos y el derecho a la reparación integral.

“Sin un presupuesto y un marco normativo y constitucional robusto, las medidas de atención, seguimiento, memoria, verdad y garantía de no repetición pierden eficacia y se reducen a buenos deseos en la ley sin impacto alguno en la realidad”.

Exigen asegurar recursos y acceso a la justicia para víctimas

Ante este panorama, las organizaciones hicieron una serie de demandas específicas:
  • Instaron a la Corte a respetar y garantizar los derechos humanos, particularmente de las víctimas, evitando la reapertura de debates sobre reformas regresivas.
  • Solicitaron al Poder Judicial y al Congreso de la Unión garantizar la progresividad y no regresividad de los derechos de las víctimas, y exigieron que cualquier reforma futura sea diseñada con la participación de las víctimas, de manera transparente y respetuosa de sus derechos humanos.
  • Demandaron a las autoridades federales y estatales que aseguren los recursos, el adecuado funcionamiento de los órganos competentes y el acceso real a la justicia para las víctimas, sin dilaciones ni desmantelamiento de los instrumentos de asistencia y reparación.
Finalmente, hicieron un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para que mantenga vigilancia sobre estos procesos y señale cualquier retroceso normativo o institucional que afecte los derechos de las víctimas.

Entre las múltiples organizaciones y colectivos firmantes se encuentran Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundación para la Justicia, Fundar, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red TDT, y numerosos colectivos de búsqueda como Buscadoras por la Paz Sonora, Colectivo por Amor a Ellxs, y Madres Buscadoras de Sonora.
El debate sobre el presupuesto para víctimas

El pasado 18 de noviembre, el pleno de la nueva Corte rechazo, por mayoría de cinco votos, recuperar el presupuesto mínimo destinado para víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos en el país.

En contra de recuperar este presupuesto mínimo del 0.014% del presupuesto votaron las ministras y ministros Lenia Batres Guadarrama, María Estela Ríos González, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías Guerra, quienes coincidieron en señalar que la reforma del 2020 otorgó una “mayor protección a las víctimas”.

Mientras que quienes votaron a favor de recuperar este piso mínimo de ayuda a las víctimas fueron los ministros Hugo Aguilar Ortiz -presidente de la Corte-, Arístides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa Mejía -ponente del asunto-, y las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, quienes apuntaron que la nueva reforma no garantiza un “presupuesto mínimo a las víctimas para su atención”.

De esta forma, tras un intenso debate, la Corte desestimó el proyecto de sentencia de la declaratoria general de inconstitucionalidad 6/2024, en la que el ministro Figueroa Mejía declarar como violatoria de la Constitución la reforma al artículo 132, fracción I, de la Ley General de Víctimas, que eliminó la garantía de un presupuesto mínimo para las medidas de “ayuda, atención y reparación” a víctimas del país.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.