Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

Amenazaron a Grecia Quiroz la noche antes de asumir en Uruapan

Grecia Quiroz y otros políticos de Michoacán recibieron amenazas del CJNG vía WhatsApp una noche antes de que asumiera como nueva alcaldesa de Uruapan.

La noche antes de asumir como alcaldesa sustituta de Uruapan, hubo una amenaza por WhatsApp contra Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, atribuida, entre otros grupos, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta información salió anoche en el noticiero Imagen Noticias, durante la emisión conducida por Nacho Lozano, donde se difundió el mensaje de amenaza, que también iba dirigido a otros funcionarios y diputados locales.

“A grandes rasgos, dicen los integrantes de esta organización criminal, que tienen bajo control Uruapan, que ellos fueron los que mataron al alcalde Manzo y hablan de supuestos acuerdos con el Gobierno Federal que no se están respetando. Las amenazas también se hicieron extensivas a otros 40 funcionarios y trabajadores del gobierno municipal de Uruapan”, dijo el periodista Lozano.

Entre los amenazados, además de la alcaldesa, están tres diputados locales: Víctor Manriquez, de Movimiento Ciudadano; Guillermo Valencia, del Partido Revolucionario Institucional, y Carlos Bautista, independiente y amigo de Carlos Manzo, a quienes les exigen renunciar.
La versión fue confirmada por el medio entre otros funcionarios.

Carlos Bautista Tafolla dijo en el programa: “Hemos recibido varias amenazas. Hay varias listas, digo, unas son textos, otras son listas. Pero sí en algunas las encabezo. Bueno, una la encabezo yo, esa me consta que la encabezo. A mí se me hace un poco tonto que el crimen organizado después de esto vaya y amenace a todos, pues se me hace un poco extraño. Pues es una cuestión de cuidado, porque en la segunda publicación ya empezaron a poner direcciones”.

Bautista Tafolla dijo que, por su parte, ya ha recibido apoyo de guardias, pero otros políticos amenazados todavía no. “Les pregunté si venían bien preparados para entrarle a los topes. porque Manzo traía 26 (guardias) y aún así le dieron. Esto ya no es un tema de cuántas escoltas traes. Ya no es un tema de cuántas escoltas traen en Michoacán”.

Grecia Quiroz aún no se había pronunciado al respecto. 

El día de la toma de posesión de la nueva alcaldesa, Bautista Tafolla pronunció un contundente discurso en el que dijo: “¡No es normal, no es normal que maten un doctor, no es normal que maten un taxista, no es normal que maten a un periodista, no es normal que que maten a un presidente municipal! Y que pretendan que nos debemos de acostumbrar a vivir entre la tragedia. A Carlos Manzo no lo asesinaron ¡ustedes dejaron que lo asesinaran. ¡Su muerte fue una ejecución anunciada!


“Uruapan está de luto, el mundo está de luto y Michoacán hace silencio de su omisión. Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbam Pardo. Usted no puede decir que no sabía. Carlos Manzo le pidió ayuda y usted no lo recibió y su silencio tiene nombre y apellido. Tiene rostro, tiene hijos y tiene viuda. Ustedes hablan de estrategias de inteligencia. Yo hablo de mediocridad de la indiferencia. Porque si una estrategia no protege la vida, no es inteligencia, es mediocridad institucional”.

FUENTE: EMEEUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aseguran más de 750 mil litros de diésel en operativos conjuntos en Ensenada

El Gabinete de Seguridad pública confirmó la ejecución de un careo conjunto en Ensenada, donde fueron cateados dos inmuebles y asegurados 753 mil 012 litros de diésel, además de 11 tanques contenedores de distintas capacidades.

De acuerdo con el reporte oficial, los cateos se efectuaron en centros de almacenamiento y oficinas pertenecientes a las empresas Rudametkin y SAHISA, ubicadas sobre la calle Obregón, entre Tercera y Cuarta, así como en la calle Novena, entre Blancarte y Castillo, en la zona centro.

Las acciones forman parte de los operativos coordinados para combatir el robo y tráfico ilegal de combustibles en la región.

Participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina (Semar) quienes informaron que el combustible asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas derivado de estos cateos. Las empresas involucradas pertenecen a familias de Ensenada que por años han operado estaciones de gasolina en localidad.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

“El Tren Maya no nos trajo desarrollo”: Fonatur incumple acuerdos con campesinos de Quintana Roo

Campesinos del ejido Felipe Carrillo Puerto denuncian que la base de mantenimiento del Tren Maya bloqueó el acceso a sus milpas y cultivos de cítricos. Aunque Fonatur firmó un convenio para construir rampas y caminos saca cosechas, sigue sin cumplir.

Para las 150 familias que tienen sus milpas y cultivos de cítricos alrededor de la base de mantenimiento del Tren Maya de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, se volvió casi imposible entrar a sus parcelas y sacar sus cosechas.

Las instalaciones de esta base de mantenimiento —existen otras dos en la Península de Yucatán: en Xpujil y Puerto Morelos— comprenden un taller, un edificio administrativo, un destacamento de la Guardia Nacional y un gran estacionamiento completamente vacío.

Fueron construidas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en un terraplén de unas 14 hectáreas que es la única vía de acceso a las parcelas que las rodean, dejándolas hundidas un par de metros. Además, entre los cultivos y el terraplén Fonatur puso una malla que hay que brincar para entrar a las milpas.

“El 18 de junio de 2024, para resolver el problema Fonatur firmó un convenio durante una asamblea ejidal. Prometió construir unas rampas de acceso a nuestras parcelas y unos caminos saca cosechas”, dice Carlos Koyoc Pacab, presidente del Consejo de Vigilancia del ejido Felipe Carrillo Puerto. “Sin embargo, hasta el momento no ha construido nada”.

Información parcial durante el proceso de consulta indígena

Entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 2019 se realizaron 15 asambleas regionales informativas y consultivas en los cinco estados contemplados para la construcción del Tren Maya. Unos 300 pobladores del municipio Felipe Carrillo Puerto se reunieron en la comunidad de X-Hazil Sur, en representación de 71 comunidades.

“En la asamblea dijeron que el Tren Maya iba a traer muchos beneficios, pero no fue así”, afirma Elías Be Cituk, quien entonces era comisariado ejidal de Felipe Carrillo Puerto. Lamenta que el megaproyecto atrajo muchos militares, pero ningún turista y, además, les generó problemas que las autoridades no mencionaron durante la asamblea.

De hecho, de acuerdo con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) durante la etapa informativa del proceso de consulta indígena las autoridades hicieron referencia únicamente a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos.

“Durante las sesiones observadas, en diversas ocasiones las personas participantes preguntaron sobre los impactos sin obtener una respuesta clara y completa”, señaló la ONU. “La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada”.

La consulta, previa a la publicación de los estudios de impacto ambiental

Elías Be Cituk afirma también que el 15 de diciembre de 2019, durante la asamblea en X-Hazil Sur, las autoridades nunca presentaron una copia de los estudios de impacto ambiental del Tren Maya, ni de las decenas de bancos de extracción de material pétreo que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) construyó en Felipe Carrillo Puerto.

Los “estudios [de impacto] no se han hecho, por eso esta es solo una consulta genérica sobre si va o no el tren. Después se harán consultas específicas en las comunidades sobre si hay afectación al medio ambiente y a la cultura”, afirmó en diciembre de 2019 Hugo Aguilar Ortiz, entonces coordinador del Programa de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, una vez que se publicó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del tramo 6 del Tren Maya, en Felipe Carrillo Puerto no se realizó ninguna consulta específica. En los meses y años que siguieron a la asamblea de diciembre 2019, el acercamiento del gobierno a las comunidades fue más bien enfocado a tomar acuerdos conforme las necesidades que se iban dando. Entre ellos, el convenio que Fonatur firmó con el ejido de Felipe Carrillo Puerto el 18 de junio de 2024, tras los problemas que surgieron a raíz de la construcción de la base de mantenimiento del Tren Maya.

Promesas incumplidas

Desde el puente vehicular que cruza las vías del Tren Maya, la base de mantenimiento del ferrocarril se ve como una mancha gris en un gran lienzo verde, formado por las milpas y cultivos de cítricos.

Justo debajo del puente, donde empieza el camino de terracería que lleva a las parcelas y que corre al lado de la base de mantenimiento, hay unas vallas con púas. Carlos Koyoc Pacab dice que las puso Fonatur para bloquear parcialmente el paso.

“Tenemos la preocupación de que cierren totalmente el acceso a este camino, que lleva a nuestras tierras. El tren no nos trajo desarrollo, fue un chasco para nosotros”, dice el agricultor. “El gobierno no cumplió sus promesas: no sólo no construyó las rampas de acceso a las parcelas, tampoco el puente para sacar nuestras cosechas y los pozos para el riego que habíamos pactado. Y falta que pague los daños que hizo durante las obras, cuando destruyó nuestras plantas de cítricos”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.

“Aquí nadie se salva de pagar cuota al narco”: así se vive con las extorsiones en Uruapan

Tras el asesinato, el 1 de noviembre, del alcalde Carlos Manzo, comerciantes, empresarios, taxistas y transportistas viven bajo amenaza de los cárteles y desconfían de que la llegada tardía de soldados y policías pueda protegerlos del pago de extorsiones a cuatro diferentes grupos criminales que operan en Uruapan

—En Uruapan ya no puedes emprender nada. En cuanto abres tu localito, de lo que sea, te llegan de volada a pedir la cuota los de la maña. Y si no les das lo que te exigen, pues ya sabes lo que te puede pasar…

Javier completa los puntos suspensivos formando con el pulgar y el índice de la mano derecha la silueta de una pistola imaginaria. Tiene menos de 30 años —su verdadero nombre se omite por seguridad— y habla desde un pequeño restaurante del que ruega que no se dé ningún detalle, mucho menos la ubicación. Tiene miedo, como la mayoría en esta ciudad michoacana de más de 300 mil habitantes, que el pasado sábado 1 de noviembre presenció en directo el asesinato a tiros de su alcalde, Carlos Manzo.

El edil caminaba con su hijo en brazos por el centro histórico durante la festividad del Día de Muertos, cuando un adolescente de 17 años se le acercó y le vació el cargador de su pistola. El atacante también fue abatido a tiros en un suceso que de inmediato saturó las redes sociales y los noticieros.

—Ya nos cobran cuota por todo —añade Javier—. Primero, llegan los mentados ‘Caballeros Templarios’ y te piden tanto. Luego ‘Los Viagras’, luego ‘Los Blancos de Troya’, y luego los de las ‘cuatro letras’—el Cártel Jalisco Nueva Generación—. ¡Ya son un chingo! —exclama con los ojos muy abiertos—. Y uno ya no se da abasto para pagarle a tanto malandro, pues.

De acuerdo con cifras oficiales, en Uruapan se registraron entre 2023 y septiembre de este año 158 denuncias por extorsión, dando un promedio de 52 al año. Pero cuando esos números se plantean a empresarios, comerciantes, restauranteros, taxistas o transportistas del municipio, todos niegan con la cabeza y sonríen con cansancio: el problema real es mucho mayor, apuntan.

—Las extorsiones en Uruapan crecieron a todos los niveles —asegura tajante Alicia, otra comerciante que pide omitir su verdadero nombre y el de su negocio—. Todos aquí tenemos el mismo problema: tenemos que pagar la cuota al narco.

Las cifras, dice, pueden decir una cosa, “pero aquí tenemos miedo de denunciar”.

—Una denuncia lleva tiempo, lleva un proceso, y ya sabemos que la Fiscalía del estado no va a hacer nada. Además, denunciar te pone más peligro con los malandros.

—¿De cuánto es la ‘cuota’ que tienen que pagar? —se le pregunta.

Alicia entrelaza los dedos sobre una libreta y encoje los hombros.

—Depende: del tamaño del sapo es la pedrada —responde con una sonrisa irónica—. A los que tienen, por ejemplo, salones de eventos para bodas, quince años y cosas así, no les piden diez pesos, ¿verdad? Les piden cientos de miles de pesos, hasta millones he llegado a saber. A los que tiene una panadería artesanal, quizá 15 mil. Pero sea como sea, es una afectación enorme, económica y psicológica. El estrés de que te amenacen a ti o a tu familia no te deja vivir.

La mujer añade que no solo el crimen organizado extorsiona a la población.

—Es que hay diferentes tipos de crimen —puntualiza—. Están los que te llaman y te dicen que son del SAT, que tienes un adeudo y que les deposites de inmediato para resolverlo. A esos los detectas rápido. Pero cuando es un grupo delictivo real, no te llaman: vienen a tu puerta. Te dicen ‘somos de las cuatro letras’ o ‘del cartel tal’, y te exigen el pago. Te intimidan, te amanazan.

Luego están “los chavitos reclutados” que comienzan su ‘carrera delictiva’ con la extorsión.

—Se presentan como del cártel y te exigen dinero en ese momento. Puede que lo sean o que solo sean el ‘achichincle’ de alguien. Pero, como sea, muchas veces les pagas para evitar problemas.

La situación, dice Alicia, está tan extendida que incluso en la Cámara de Comercio de Uruapan ya ofrecen capacitaciones para “prevenir” o saber cómo reaccionar ante un intento de extorsión telefónica. Pero eso, lamenta, no va a resolver nada.

—Una cámara de comercio debería exigir al gobierno garantías de seguridad a través de estrategias reales, tangibles, no solo cursos. Por ejemplo, políticas con presupuesto asignado para combatir la extorsión en Michoacán. En lugar de eso, lo que nos dan es un taller. Que está bien, pero no es suficiente.

Miedo y calles desiertas

Son las nueve de la noche del miércoles, cinco días después del asesinato del alcalde Carlos Manzo.

Por las calles, especialmente de las del primer cuadro del centro histórico, aún se escuchan los corridos compuestos para recordar al edil independiente, los claxonazos de los viejos autobuses que protestan por el homicidio y los gritos de “Carlos no murió, el gobierno lo mató”, uno de los lemas más recurrentes estos días.

Pero a dos o tres cuadras de la alameda, el silencio es casi total. Muy pocos vehículos circulan, casi no hay peatones. Los comercios tienen la cortina metálica bajada, y las pocas taquerías que siguen abiertas están vacías.

La escena recuerda a otras ciudades golpeadas por la violencia, como Culiacán, sumida desde un año en una guerra interna del Cártel de Sinaloa.

Entre los autos que dan vueltas en torno a la alameda está el taxi de Alejandro, un joven conductor. Mientras avanza, explica que a veces deben pagar hasta 900 pesos de ‘cuota’ al narco.

—Son 300 por grupo criminal, a veces más. Los malandros cobran a nuestras bases, y ellos nos lo cobran a nosotros, los choferes.

Por eso, dice que se sumará el paro de labores y a la Marcha por la Paz convocada para este viernes por comerciantes, transportistas, agricultores, gasolineros, y población en general. Quieren exigir justicia por el asesinato del alcalde, pero también seguridad y un alto a las extorsiones.

Andrés también es taxista, pero de Uber. Dice que como chofer de la app es más complicado que lo puedan extorsionar, aunque matiza que tampoco está exento. Nadie en Uruapan lo está, subraya.

—El empresario de aquí ya sabe que lo van a extorsionar, que tiene que pagar un dinero, sí o sí, al crimen organizado. Y eso provoca que la gente ya no quiera emprender en Uruapan, porque aquí no se vive a gusto ni tranquilo. Y pues nada más tienes que salir en la noche y mirar las calles: están desiertas. La gente vive con miedo.

El asesinato de Carlos Manzo ha añadido una dosis extra de incertidumbre, pese a que el gobierno federal ya anunció un nuevo ‘Plan Michoacán’ para recuperar la paz, y pese a que desde la toma de protesta de la nueva alcaldesa las patrullas del Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal inundaron la ciudad.

Unas patrullas, no obstante, que a decir las personas entrevistadas llegaron tarde, y que tampoco les generan especial confianza, especialmente las de la Guardia Civil michoacana. De hecho, algunos ciudadanos lanzaron reclamos a los uniformados de esta corporación que custodiaban obras federales, como las del nuevo teleférico, que fueron vandalizadas tras el asesinato de Manzo con pintas en contra del gobernador Alfredo Bedolla, y la presidenta Claudia Sheinbaum.

—¡Lo dejaron solo y ahora vienen a cuidar obras! —les gritaron.

 El alcalde independiente se había ganado el respeto de la ciudad por su discurso y su acción frontal contra el crimen organizado. Con una policía municipal reducida —unos 300 elementos— trató de depurar la corporación, equiparla, y combatir la corrupción. Pero su asesinato, luego de haber pedido ayuda hasta en diez ocasiones a los gobiernos estatal y federal, dejó a la población en shock y con una pregunta inevitable: si pudieron matar así al alcalde, frente a medio pueblo durante un evento en una festividad, ¿qué puede esperar el resto de los vecinos?

—Da  mucho miedo ver que él, por alzar la voz por todo el pueblo, lo mataron de esa forma, ante la vista de todos —admite Victoria, la mesera de un restaurante del centro—. Era una persona normal. Caminaba por las calles como cualquiera. Tenía escoltas, pero no sirvió de nada. Lo dejaron solo.

El miércoles Grecia Quiroz, la esposa de Carlos Manzo, asumió como nueva alcaldesa con el apoyo del Movimiento del Sombrero, o ‘la sombreriza’; el movimiento social que fundó Carlos Manzo. La mayoría de los entrevistados dice respaldarla. En el kiosco del centro histórico —a unos pasos de la jardinera donde cayó abatido Manzo y donde aún yace un sombrero en su honor— hay cartulinas con el mensaje: “No estás sola”.

Aún así, la incertidumbre persiste: ¿podrá mantener a raya a los grupos criminales y frenar las extorsiones, incluso las que puedan provenir de la propia policía municipal que Manzo trató de depurar?

—Carlos traía muy amarrados en corto a sus policías y a sus tránsitos —explica don Roberto, un adulto mayor que participo en la misa del miércoles del edil asesinado—. Ya no podían ir encapuchados, y eso daba confianza. Antes de Carlos, cuando iban cubiertos, se les hacía fácil pedir una mochada o plantar cosas para extorsionar a la gente. Con Carlos había más control.

—Ahora no sabemos cómo se vaya a manejar su esposa —añade—. Pero todos esperamos que se mantenga firme, porque ya estamos hartos: de tanta muerte, de tanta extorsión y de tanto desprestigio de Uruapan. Estamos hartos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

Dan 47 años de prisión a siete expolicías de Nicolás Romero por "facilitar" un homicidio

A los siete sentenciados además les fueron suspendidos sus derechos civiles y políticos, y también se les investiga por su probable intervención en la privación ilegal y de la vida de 10 personas cuyos restos trataron de ocultarse en dos pozos ubicados en la misma demarcación.

Siete expolicías municipales de Nicolás Romero fueron sentenciados a 47 años y medio de prisión por homicidio, como resultado de la Operación Enjambre mediante la que fueron detenidos funcionarios y exfuncionarios de diversos municipios mexiquenses presuntamente vinculados con actividades del crimen organizado y/o de alto impacto.  

Los condenados, cinco hombres y dos mujeres, responden a los nombres de Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez.

El delito del que fueron acusados ocurrió el 9 de febrero de 2024, en la calle Francisco Villa, colonia La Libertad, de ese municipio, donde la víctima se encontraba en un negocio destinado a la venta de alimentos.   

Al lugar arribaron ocho individuos a bordo de dos vehículos compactos, quienes descendieron de las unidades y realizaron detonaciones de arma de fuego contra esta persona, ocasionándole la muerte.  

La investigación de la Fiscalía mexiquense llevó a establecer que los detenidos intervinieron en este homicidio al obstruir con una unidad oficial la vialidad para que otros vehículos no transitaran por el lugar y con ello facilitar que los autores materiales cometieran el homicidio.  

El octavo imputado, también elemento de la corporación, identificado como Francisco Javier “N”, alias “El Javis y/o Aragón”, fue detenido el 8 de mayo pasado y es investigado por el mismo hecho.  

En tanto, a los siete sentenciados además les fueron suspendidos sus derechos civiles y políticos, y también se les investiga por su probable intervención en la privación ilegal y de la vida de 10 personas cuyos restos trataron de ocultarse en dos pozos ubicados en la misma demarcación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

Con disparos por la espalda, ejecutan a agente de la Fuerza Estatal de BC

El caso sería el séptimo contra policías en lo que va del año, pues apenas el pasado viernes 10 de octubre un comando armado asesinó a un policía perteneciente a la AEI, también en Tijuana.

Un sujeto disparó por la espalda a un agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), mientras este se encontraba realizado labores en su automóvil afuera de su domicilio en el municipio de Tijuana, Baja California.  

Los hechos quedaron registrados en un video tomado por cámara de videovigilancia que circuló en diferentes medios de comunicación locales.

Conforme a las imágenes, se aprecia al policía estatal sin uniforme -identificado como Eduardo García López- mientras limpia el lado del piloto de un vehículo; en eso, un sujeto vestido de negro se acerca por detrás y le dispara.  

La víctima cae al suelo y, ahí, fue rematado en varias ocasiones por el agresor, quien huyó de la escena; también se aprecia a un testigo, quien sin inmutarse caminó a un lado de la escena del crimen.  

El reporte del asesinato fue alrededor del mediodía, por lo que se generó una movilización hacia las calles Idesia y Principal de la Colonia El Florido, sección II, en dicha ciudad fronteriza.  

Horas más tarde, autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que, en colaboración con diversas corporaciones, lograron detener a un presunto cómplice.  

Para esto ubicaron a Omar Eleazar “N”, a bordo de un sedán con rótulos de una empresa, unidad que coincidía con la que habría huido el responsable, según testigos.  

También fue encontrada un arma, mientras que de la escena del crimen los investigadores levantaron siete casquillos percutidos calibre 9 milímetros; posteriormente, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE). 

El caso sería el séptimo contra policías en lo que va del año, pues apenas el pasado viernes 10 de octubre un comando armado asesinó a un policía perteneciente a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la FGE, también en Tijuana.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BENJAMÍN PACHECO LÓPEZ.

A cuatro meses de denuncia por abuso sexual, exigen judicializar caso contra “El Terrible” Morales

Rubén Hernández, padre de la trabajadora que acusó al entonces funcionario consideró que existen “obstáculos” para que avance el caso, ya que Morales es un personaje de nuestro Estado y fuera de él”, y que “se jacta de tener relaciones con la cúpula del poder”.

A cuatro meses de la denuncia por agresión sexual contra el boxeador y exsecretario de Bienestar en el municipio de Tijuana, Erik “El Terrible” Morales, el padre de la víctima exigió que sea judicializado el caso por parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE). 

Rubén Hernández, padre de la trabajadora del XXV Ayuntamiento que acusó al entonces funcionario en la administración del alcalde Ismael Burgueño Ruiz, aseguró en rueda de prensa, realizada el martes 4 de noviembre, que su llamado es para que la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales realice su labor.

“A que cumplan con su trabajo, a que el ministerio público y sus auxiliares nos faciliten el acceso a la justicia y presten los servicios con legalidad… en particular para el caso bajo el número 0204-2025-21785 de fecha 9 de julio de 2025 no se está realizando y no se ha prestado dicha representación social a favor de mi hija víctima”, dijo. 

Rubén Hernández, junto con sus abogados, consideró que existen “obstáculos” para que avance el caso. 

“No obstante a que existen todos los elementos necesarios para que esta carpeta de investigación se judicialice ante el órgano correspondiente. Repito: existen todos los elementos necesarios para que esta carpeta de investigación se judicialice ante el órgano correspondiente”, reiteró.  

Puntualizó que dichos obstáculos se deben a que el imputado “es un personaje de nuestro Estado y fuera de él”, y que “se jacta de tener relaciones con la cúpula del poder”, además de que intenta desvirtuar los hechos delictivos con señalamientos simples e infundados, como el hecho de que la denuncia “tiene tintes políticos”. 

Al respecto, la fiscal general del Estado de Baja California (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, declaró a la prensa ese mismo día que “ese asunto se ha atendido con todo el respeto y la delicadeza”. 

“Es un caso que va avanzado, lo tenemos casi listo para resolver. Hubo un acercamiento con los abogados, sin embargo, la fiscalía nunca detuvo la investigación y estamos por resolver el caso”, afirmó.  

Erik “El Terrible” Morales cuenta con dos denuncias: la primera fue presentada el 9 de enero de 2024, por parte de una recepcionista a quien presuntamente hostigó sexualmente; y la segunda corresponde a los hechos ocurridos el 4 de julio del año en curso, cuando el exsecretario presuntamente agredió a la víctima al interior de las oficinas de la Secretaría de Bienestar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BENJAMÍN PACHECO LÓPEZ.

Inflación general se modera a 3.57% en octubre; estos producto bajaron

El resultado de octubre mantiene al indicador dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico) para el cuarto trimestre del año, de 3.5%.

La inflación en México mostró una ligera disminución durante octubre, al ubicarse en 3.57% anual, frente al 3.76% registrado en septiembre, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la inflación registró un incremento mensual de 0.36%, lo que representa una moderación en el ritmo de crecimiento de los precios respecto al mes previo.

La disminución en la inflación anual ocurre tras dos meses consecutivos de repuntes y mantiene al indicador dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico) para el cuarto trimestre del año, de 3.5%.

Productos que bajaron de precio

Durante octubre, varios productos alimenticios y agropecuarios ayudaron a contener la inflación. De acuerdo con el Inegi, los genéricos con las mayores reducciones de precios fueron el huevo (-2.23%), el pollo (-1.32%), la papa y otros tubérculos (-7.29%), el tomate verde (-10.94%), el aguacate (-10.52%), el jitomate (-3.41%), la naranja (-9.86%), el chile serrano (-8.55%), el limón (-8.79%) y los plátanos (-3.63%).

Estos descensos contrastaron con las alzas registradas en productos como la electricidad (17.65%), debido a la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 18 ciudades del país, así como la vivienda propia (0.27%) y el transporte aéreo (11.29%).

Inflación subyacente y no subyacente

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios de alta volatilidad, aumentó 0.29% mensual y 4.28% anual. Dentro de este componente, los precios de las mercancías subieron 0.17% y los de servicios 0.39%.

Por su parte, la inflación no subyacente —que incluye productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno— avanzó 0.63% mensual y 1.18% anual. En este rubro, los precios de los productos agropecuarios disminuyeron 0.90%, mientras que los energéticos y tarifas aumentaron 1.89%.

Variaciones por entidad

Entre las entidades con mayores incrementos mensuales del INPC estuvieron Tabasco (2.17%), Yucatán (1.63%), Campeche (1.31%), Nuevo León (1.30%) y Quintana Roo (1.13%). En contraste, los estados que registraron variaciones por debajo del promedio nacional fueron Michoacán (-0.02%), Morelos (-0.01%), Puebla (0.01%), Tlaxcala (0.01%) y Sinaloa (0.07%).

Por ciudades, las mayores alzas se observaron en Ciudad Acuña, Coahuila (2.52%) y Villahermosa, Tabasco (2.17%), mientras que las menores se registraron en Morelia, Michoacán (-0.24%) y Atlacomulco, Estado de México (-0.19%).

Canasta de consumo mínimo

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM), que da seguimiento a 170 bienes y servicios básicos definidos por el Coneval, tuvo un aumento mensual de 0.32% y una variación anual de 3.61%, menor a la registrada en octubre de 2024, cuando ascendió a 4.45%.

Desaceleración tras los repuntes de septiembre

La reducción de la inflación anual ocurre después de que, en septiembre, el indicador se acelerara a 3.76%, impulsado entonces por alzas en servicios educativos, vivienda y alimentos procesados. En ese mes, los productos con mayores aumentos habían sido el chile serrano (17.60%), el tomate verde (12.93%) y las colegiaturas universitarias (1.82%), mientras que los descensos se concentraron en el huevo, el aguacate y la papa.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Morena busca que revocación de mandato y elecciones intermedias sean el mismo día para elevar participación

Morena y sus aliados buscarán aprobar una reforma al artículo 35 de la Constitución para que la revocación de mandato se realice el mismo día que las elecciones intermedias, a fin de ahorrar recursos y garantizar más participación de la gente.

Morena y sus aliados buscarán aprobar una reforma constitucional para que la revocación de mandato del titular del Ejecutivo Federal se celebre el mismo día que las elecciones intermedias de cada sexenio, en las que se suele renovar la Cámara de Diputados, gubernaturas, presidencias municipales y congresos locales.

Los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales fueron citados a una sesión ordinaria que se celebrará el próximo lunes 10 de noviembre a las 18:00 horas para discutir la iniciativa que propone celebrar en un mismo día la revocación de mandato y las elecciones intermedias.

La iniciativa, propuesta por Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena, establece que la revocación de mandato se realizará “el mismo día y durante la jornada electoral correspondiente a las elecciones ordinarias intermedias para elegir diputadas y diputados del Congreso de la Unión”.

Según la iniciativa presentada por el vicecoordinador morenista, la reforma tiene los objetivos de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ahorre dinero al organizar en un mismo día los dos ejercicios de votación y para que haya más participación ciudadana.

Iniciativa para ahorrar recursos y mejorar la participación

La revocación de mandato es un ejercicio con el que se somete a votación si la persona encargada de la Presidencia de la República debe seguir en su cargo o no. Esto se realiza a la mitad de un sexenio cuando ciudadanos, equivalentes al 3 por ciento de la lista nominal y que representen 17 estados, juntan firmas para solicitar el proceso.

En el pasado sexenio, el expresidente Andrés Manuel López Obrador promovió la revocación de mandato y él mismo se sometió a este ejercicio con un resultado favorable, pues el 91 por ciento de la población votó a favor de que siguiera en el cargo.

Aunque López Obrador tuvo un resultado positivo, en este ejercicio solo participó el 17 por ciento del electorado, es decir, menos de una quinta parte.

Ante esta situación, Morena busca aprobar la reforma al artículo 35 de la Constitución Política para que la participación en las elecciones intermedias impulse el número de votantes de la revocación de mandato.

La reforma “promoverá una mayor participación de la ciudadanía en los mencionados instrumentos de democracia directa”, señala la iniciativa propuesta por Ramírez Cuéllar.

Asimismo, el vicecoordinador argumenta que la iniciativa ayudará a ahorrar recursos al INE, ya que la revocación de mandato del año 2022 tuvo un costo de mil 567 millones de pesos.

“Es razonable prever que, por economías de escala y de procesos, la celebración concurrente de las consultas populares o de la revocación de mandato del titular del Ejecutivo Federal con la jornada electoral ordinaria contribuirá a optimizar los recursos públicos destinados a dichos mecanismos democráticos”, señala la iniciativa que estará a discusión la próxima semana.

La iniciativa también establece que la revocación de mandato se solicitará en una sola ocasión y del 1º de octubre al 31 de diciembre posteriores a la conclusión del segundo año del periodo constitucional. 

Consultas populares, el 1 de junio de cada año

De igual forma, la reforma establece que las consultas populares, otro ejercicio de democracia directa para que la gente opine sobre ciertos temas, se realicen el primer domingo de junio de cada año, con el fin de que coincidan con algún otro proceso electoral en curso.

Sobre este punto, la iniciativa pone de ejemplo la consulta popular de agosto de 2021, en la que la gente votó sobre si se debían esclarecer decisiones políticas del gobierno del pasado. En esa ocasión solo el 7 por ciento de las personas de la lista nominal participaron.

A la baja participación en la consulta popular se suma su costo de 528 millones de pesos.

Tanto la consulta popular de 2021 y la revocación de mandato de 2022 solo contaron con la instalación de 57 mil casillas, a diferencia de las 170 mil que fueron utilizadas en las elecciones federales de 2024.

“Es de prever que de haberse instalado el mismo número de casillas en la Consulta Popular de 2021 y en la Revocación de Mandato Presidencial de 2022, el porcentaje de participación de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores habría sido de mayor magnitud, dada la proximidad de las mesas de casilla al domicilio de las personas electoras”, argumenta la iniciativa sobre este tema.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Vinculan a proceso a tres policías por lesiones y abuso de autoridad en Zacatepec

María Isabel “N” y Sandra “N” continuarán su proceso en libertad, con la obligación de firmar periódicamente y sin posibilidad de acercarse a la víctima. En el caso de Jesús “N”, el juez ordenó mantener la prisión preventiva.

Tres policías en activo —uno estatal y dos municipales de Zacatepec— fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los delitos de lesiones agravadas y abuso de autoridad. Uno de ellos, Jesús “N”, también enfrenta cargos por violación. 

Durante la audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Jojutla, el juez de control escuchó los datos de prueba presentados por la Fiscalía Regional Sur Poniente, que acreditó indicios suficientes para iniciar proceso penal contra los tres elementos.

María Isabel “N” y Sandra “N” continuarán su proceso en libertad, con la obligación de firmar periódicamente y sin posibilidad de acercarse a la víctima. En el caso de Jesús “N”, el juez ordenó mantener la prisión preventiva por considerar que existen elementos que justifican esa medida. El plazo para el cierre de la investigación complementaria se fijó en tres meses. 

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 22 de octubre, cuando una mujer denunció haber sido agredida física y verbalmente por los tres policías y, presuntamente, violentada sexualmente por uno de ellos. El caso fue informado previamente por Proceso. 

Tras la denuncia, la Unidad de Delitos contra la Mujer realizó las investigaciones que permitieron obtener y ejecutar las órdenes de aprehensión, cumplimentadas por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). 

La institución detalló que los elementos municipales pertenecen a la Policía de Zacatepec, mientras que el tercero está adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado. 

El titular de la SSPC, Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó —el pasado 3 de noviembre —la detención de los tres policías y señaló que podrían estar relacionados con otros hechos delictivos. 

Reiteró además que, por instrucción de la gobernadora, los delitos de violencia contra las mujeres son prioridad para el gobierno estatal y que habrá “cero impunidad” en estos casos. 

Las personas mencionadas se presumen inocentes hasta que se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Sheinbaum presentará este domingo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

La noche del sábado 1 de noviembre, la violencia en Michoacán alcanzó al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado a balazos ante decenas de personas en una plaza pública local.

Este domingo 9 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, luego de las consultas que hizo el gobierno federal con distintos sectores del gobierno local, con la comunidad, e incluso con la iglesia. 

“No nos vamos a ir de Michoacán”, aseguró Sheinbaum, y destacó que en el Estado ha habido presencia de fuerzas federales, en especial de la Guardia Nacional, así como la dispersión de programas del Bienestar. Sin embargo, reconoció que se debe fortalecer la estrategia.

Advirtió que el plan en Michoacán no es solamente la presencia de las fuerzas de seguridad, la fortaleza de las fiscalías o las detenciones, sino la “atención a las causas”, con más educación, cultura y deporte para “atender” a los jóvenes. 

“Darles todas las opciones para que no tengan a la delincuencia organizada como opción”, dijo. “Abrazar a los jóvenes (…) Tenemos que hacer todo para que los jóvenes tengan opciones”.  

Este viernes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acudirá a Palacio Nacional para reunirse con el gabinete federal y revisar los ejes centrales de la estrategia a la que se va a dar continuidad. 

La noche del sábado 1 de noviembre, la violencia en Michoacán alcanzó al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado a balazos ante decenas de personas en una plaza pública local. 

Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, y originario de Paracho, Michoacán, fue identificado como el agresor de Manzo. El adolescente fue abatido en el lugar de los hechos. 

Desde el asesinato, Michoacán es foco de protestas por parte de la ciudadanía, lo mismo en Morelia, que en Uruapan y Apatzingán, donde el 19 de octubre fue tiroteado el dirigente de los productores de limón de esa región Bernardo Bravo. 

Esta misma semana, Grecia Quiroz, viuda de Manzo, fue recibida por Sheinbaum en Palacio Nacional y posteriormente rindió protesta como alcaldesa de Uruapan, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad federal y local.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA SARABIA.

Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron se reúnen en privado en Palacio Nacional

En días anteriores, Sheinbaum señaló: “Nos interesa a nosotros mucho por unos códices que queremos que lleguen a México (desde Francia), ese es nuestro principal interés”, así como temas comerciales o económicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, en Palacio Nacional. 

Tras escuchar los himnos nacionales de México y Francia en una breve ceremonia, los mandatarios se reúnen en privado.

Entre los funcionarios que acompañan a la mandataria federal está Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. 

En días anteriores, Sheinbaum señaló: “Nos interesa a nosotros mucho por unos códices que queremos que lleguen a México (desde Francia), ese es nuestro principal interés”, así como temas comerciales o económicos.  

“La relación bilateral fortalece el respeto mutuo, el diálogo y la hermandad entre nuestros pueblos”, público la presidenta Sheinbaum en sus redes sociales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Juez niega desbloquear cuentas bancarias a Araceli Brown

El Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California negó la suspensión definitiva a la diputada federal morenista Hilda Araceli Brown Figueredo en el juicio de amparo que promueve en contra su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LDP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el congelamiento de sus cuentas bancarias.

Con esta resolución la exalcaldesa de Playas de Rosarito tendrá que esperar a que el juicio de garantías se resuelva en el fondo para poder disponer de los recursos bursátiles que tiene en sus cuentas de banco en Banorte e Inbursa y que se encuentran bloqueadas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Anteriormente, al inicio del juicio de amparo ya se le había negado a Brown Figueredo la suspensión provisional de los actos reclamados porque no había acreditado su personalidad jurídica e interés suspensional al no exhibir documentos que probaran que es titular de las referidas cuentas. Subsanó la pifia posteriormente con copias de los contratos y estados de cuenta; sin embargo, al desahogar la audiencia incidental de fecha 6 de noviembre, el juzgador Marco Arreola negó nuevamente la medida cautelar definitiva.

Araceli Brown fue incluida en la LPB de las autoridades hacendarias en el acuerdo 282/2025 después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitiera una alerta el 18 de septiembre de 2025 sancionando financieramente en ese país a personas y empresas presuntamente relacionadas con una de las redes regionales del Cártel de Sinaloa, entre ellas la diputada federal.

Tanto la legisladora, como otros señalados en la misma designación estadounidense, entre ellos los empresarios Jesús González Lomelí y Candelario Arcega Aguirre, así como sus empresas de los sectores alimenticios, espectáculos y transporte, son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para determinar si, como lo presumen los norteamericanos, participan en actividades de lavado de dinero en favor de la citada organización criminal.

La celebración de la audiencia constitucional en el amparo 828/2025 de Araceli Brown está prevista para el 13 de noviembre próximo; sin embargo, aún hay autoridades responsables que no han remitido sus informes justificados, lo que podría diferir la fecha para su desahogo, como ocurre en la mayoría de los juicios de amparo.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

La indignación toma las calles

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha sido el parteaguas de la indignación ciudadana en México. A sus 40 años, recién cumplidos en abril 2025, el alcalde demostró no sólo compromiso con su pueblo, también valentía para enfrentar a poder y crimen, y una conducta de suma empatía y sencillez, caracterizada por su disponibilidad social.

Enfundado en su sombrero vaquero que hizo insignia de su personalidad, el alcalde no vivió escondido, ni se autocensuró cuando tuvo la imperante necesidad de representar a sus gobernados para defenderlos de las garras del crimen organizado, y exigir seguridad al Gobierno del Estado y al de la República.

Como suele suceder en estos casos, y más cuando se trata de opositores al movimiento en el poder que es Morena, a Carlos Manzo lo dejaron solo. Aunque materialmente lo asesinaron ligados a un cártel de la droga, al alcalde de Uruapan lo mató el abandono de un gobierno que no protege a sus ciudadanos, que no provee seguridad a los vulnerados; que tajantemente rechaza la crítica, y desoye el grito de ayuda que, cada vez, se escucha más fuerte en distintas regiones del país.

Las muchas evidencias videográficas de la lucha de Carlos Manzo y sus peticiones de ayuda a los gobiernos de Morena (el de Michoacán a cargo de Alfredo Ramírez Bedolla; el de la República que titula la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo) deberían haberse tomado con la seriedad que el caso amerita, pero fueron desoídas por la autoridad en el Poder Ejecutivo, porque Carlos Manzo no era de Morena; él llegó a la alcaldía de Uruapan como candidato independiente, después de haber representado al partido oficial y renunciar al mismo.

En el México actual, gritan por ayuda aquellos que no tienen ligas con el partido oficial, pero el apoyo sólo se provee a quienes militan en Morena. Hay casos como Sinaloa, donde a pesar de la terrible y creciente inseguridad y violencia, el gobernador Rubén Rocha Moya permanece intacto: no critica la falta de una estrategia en materia de seguridad que lleve tranquilidad a los sinaloenses, ni pide ayuda; no le hace falta para, por lo menos él, mantenerse a salvo. Se sabe protegido por el gobierno, arropado por el morenismo, y, por alguna razón, respetado por el crimen organizado.

Pero Carlos Manzo, desde la oposición, sí pidió ayuda; pero al Gobierno de la República la oposición le causa desconfianza y no actúa en consecuencia. Como en el sexenio anterior, a todo aquel que no sea representante de Morena, o no milite con sus causas, o critique las políticas públicas por ellos emanadas, se le llama adversarios, o se les encasilla en el conservadurismo, y se les denuesta.

En estos días, si se indigna por el crimen de Carlos Manzo y se hace una denuncia pública, o una manifestación, se corre el riesgo de ser difamado por el gobierno -en el mejor de los casos- e investigado -en el extremo-, nada más por no estar de acuerdo con la situación de violencia e inseguridad en el País.

La Presidenta de la República se indignó ante la manifestación ciudadana por el asesinato de Manzo, también porque la oposición se posicionó sobre el hecho violento de alto impacto. Resolvió que no era una preocupación genuina por la seguridad del país o de Uruapan, sino que se estaban aprovechando del dolor para sacar partido político electoral.

Se le olvidó a la Presidenta cómo, cuando Morena era oposición, su líder se manifestaba contra las políticas de seguridad y la violencia que prevalecía (prevalece) en México en sexenios anteriores, como el de Felipe Calderón hace casi 20 años, o el de Enrique Peña Nieto, iniciado hace 13 años.

Distintos sectores de la sociedad mexicana han convocado a manifestaciones masivas por la inseguridad y la violencia que, aun en un gobierno que prometió una transformación, y, por tanto, generar un ambiente de paz que contrastase con los gobiernos del PAN o del PRI, ambos flagelos siguen tan latentes y tan crecientes como siempre.

Ahora esos llamados a manifestarse, que en el pasado los hacían quienes hoy están en el gobierno, han sido vilipendiados desde el poder en un intento por minimizarlos, achacándolos a una oposición electorera para dispersarlos.

Cuando jóvenes identificados con el movimiento Generación Z, lanzaron una convocatoria para manifestarse “contra la crisis de inseguridad en México”, argumentando que “México vive una profunda crisis de inseguridad, impunidad y violencia. Mientras el pueblo lucha cada día por sobrevivir, el gobierno decide negar e invisibilizar el dolor que nos está consumiendo. Los asesinatos, las desapariciones y amenazas se han vuelto parte del miedo cotidiano, y, aun así, quienes deberían protegernos guardan silencio”, fueron, efectivamente, minimizados.

La Presidenta desde Palacio Nacional refirió: “La manifestación que están convocando supuestamente jóvenes de una generación no tiene nada que ver con una protesta genuina. Vamos a ver cuáles son las cuentas que la promueven, porque no surgió de los jóvenes, sino de los mismos de siempre”. Justificó que se invierte dinero en las cuentas promoventes.

Los mismos jóvenes hubieron de aclarar que no representan un movimiento partidista, que no tienen afiliación política ni ideológica, y mantuvieron su convocatoria, para el sábado 8 de noviembre manifestarse por la inseguridad y la violencia.

Otras protestas han sido anunciadas a lo largo y ancho de México a propósito del asesinato del alcalde Carlos Manzo; su crimen ha indignado a tal grado: su vida de valentía, su grito de ayuda, su crítica al gobierno… todas circunstancias que fueron apagadas por un asesino al servicio de la mafia que acosa a su pueblo, y que debido al abandono en que dejaron a Manzo hasta la muerte, lo seguirá acosando.

Entre las manifestaciones por la indignación del crimen, los habitantes de Uruapan hicieron un llamado a un paro de labores para este viernes 7 de noviembre; una sociedad respondiendo como puede, con sus medios y sus ideas, uniéndose para no ser blanco individual de la injuria del gobierno o las balas del crimen, que reacciona ante el asesinato de su alcalde sin partido.

Así se expresará una sociedad vulnerada, atrapada entre la amenaza del crimen organizado y la indiferencia del Estado Mexicano que, con mucha indignación, tomará las calles, tal como, en el pasado, lo promovió y lo hizo el movimiento que hoy está en el Poder, aunque pretendan olvidarlo.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Marcos Segundo, de 81 años: la víctima 24 por el incendio en el Waldo’s de Hermosillo

Marcos Segundo, un hombre de 81 años de edad, es la víctima número 24 del incendio en la tienda Waldo’s, en Hermosillo, Sonora, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó el jueves el fallecimiento Marcos Segundo, de 81 años años de edad, la víctima número 24 debido a la explosión ocurrida en una tienda Waldo’s ubicada en el centro de Hermosillo, el pasado 1 de noviembre.

Luego de permanecer seis días hospitalizado por sufrir quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo, Marcos Segundo murió durante la tarde del jueves cuando estaba internado en terapia intensiva en la Clínica del Noroeste, situación por la que el Gobernador Alfonso Durazo envió sus condolencias a la familia del hombre de la tercera edad.
“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del señor Marco (…) Reafirmo mi compromiso de llegar al fondo de esta tragedia que tanto nos ha lastimado como sociedad”, escribió el Edil en su cuenta de X.


El pasado 3 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora presentó los avances de la investigación sobre el incendio que, presuntamente, se originó por la falla de un transformador eléctrico dentro del establecimiento, lo que originó la rápida propagación del fuego y la acumulación de humo tóxico que dificultó la salida de clientes y trabajadores.

Entre las 24 personas fallecidas por el incendio hay dos niñas, cuatro niños, 12 mujeres (una de ellas embarazada) y seis hombres. Cuatro mujeres murieron junto con sus hijos, mientras que 15 personas más resultaron lesionadas y tres mujeres resultaron con heridas graves, quienes responden a los nombres de Gloria, Dana y María Isabel, la última de ellas fue trasladada a Phoenix, Arizona, para recibir atención médica especializada.

Respecto a los decesos por la explosión, las autoridades de salud indicaron que las principales causas fueron la inhalación de gases tóxicos, lo que permitió a los peritos identificar la identidad de las víctimas, mediante análisis realizados en el lugar de los hechos y en los laboratorios forenses.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que aún continúa con las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio y esclarecer si existieron fallas en las medidas de seguridad o en los protocolos de emergencia del establecimiento. También se revisará el funcionamiento del transformador eléctrico y la respuesta del personal ante la emergencia.

La institución precisó que, hasta el momento, se coordina con Protección Civil y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para realizar peritajes técnicos que permitan establecer responsabilidades, así como verificar si el inmueble contaba con rutas de evacuación y extintores en condiciones adecuadas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

"Tenemos que hacer todo para que ningún joven se acerque a la delincuencia": Claudia

Claudia Sheinbaum condenó que la derecha, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, criticara los esfuerzos del líder morenista por acercarse a las juventudes y reivindicó que el combate a la inseguridad se logra con una estrategia transversal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este viernes que su Gobierno priorizará la atención a las causas de la violencia, luego de darse a conocer que el asesino de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan ultimado el pasado sábado en un evento público, era un joven de apenas 17 años. La mandataria aseguró que hará todo lo necesario para que ningún joven se acerque a la delincuencia.
"Por eso la estrategia de seguridad no es solamente presencia de las fuerzas de seguridad, fortalecimiento de las fiscalías, las detenciones, no solamente es eso. Tiene que tener necesariamente un contenido de atención a las causas, ningún mexicano, mexicana, bueno nadie quiere que los jóvenes se acerquen a los grupos delincuenciales. Fueron demasiados años, 36 años de abandono de los jóvenes. Apenas se recuperó durante seis años una política de avance en la educación y en atención a los jóvenes", explicó la mandataria.
Desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo sostuvo que el objetivo es que las y los jóvenes tengan una opción de vida distinta a la delincuencia y destacó que eso se buscará con el Plan Michoacán por la Paz y Justicia.
"Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven se acerque a un grupo delincuencia, ese es nuestra visión. Hay que seguir trabajando en ello todos los días, por eso es el plan Michoacán por la Paz y Justicia, porque no solamente es la presencia, repito, de las fuerzas federales o las detenciones, o la fortaleza de las fiscalías; que los jueces hagan su trabajo para que haya detenciones de personas que presuntamente pertenecen a los grupos delincuenciales, y que tengan sus juicios, sino la atención a las causas", aseveró.
La mandataria recalcó que este cambio sólo ocurrirá con el fomento de la cultura, el deporte y las artes. También dijo la estrategia de seguridad no deja de lado la presencia de fuerzas de seguridad en los territorios.

"Nuestros objetivo es a través de la cultura, del deporte y de la educación; y de una visión distinta de las y los jóvenes la posibilidad de darles todas las opciones para que no tengan a la delincuencia organizada como una opción de vida. Una estrategia de seguridad tiene que tener la parte formal de presencia de la policía, de la Guardia Nacional, de las fuerzas federales si es necesario [...], pero tiene que tener atención a las causas. Abrazar a los jóvenes, a las y los jóvenes", insistió Claudia Sheinbaum.


La Jefa del Ejecutivo federal condenó que la derecha, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, criticara los esfuerzos del líder morenista por acercarse a las juventudes y reivindicó que el combate a la inseguridad se logra con una estrategia transversal, en la que participan fiscalías, jueces y autoridades.

"La derecha criticó mucho esto de 'abrazos, no balazos', porque decían ellos que era abrazos a la delincuencia. Falso, nadie planteó nunca eso. El asunto es que hay que acercarse a los jóvenes que llamaron 'ninis'. No. [...] Tiene que haber más escuelas, tiene que haber más atención, tiene que haber más cultura, tiene que haber más deporte, de tal manera que los jóvenes se sientan atendidos y no vean en un grupo delincuencia una opción que en realidad parece que les da recursos y al final es una opción de muerte para todas y todos ellos", finalizó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Uruapan se moviliza en marcha por la paz; Alcaldesa exige justicia y acabar extorsión

Grecia Quiroz afirmó que su encuentro con la Presidenta Claudia Sheinbaum no fue para rendirse, sino para exigir justicia y la pacificación de Uruapan mediante el combate frontal a la delincuencia.

Miles de habitantes de Uruapan, Michoacán, marcharon la tarde de este viernes hacia el Centro Histórico del municipio para exigir justicia por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo y demandar fin a de las extorsiones y homicidios que padecen los pobladores de la región.

Ciudadanos, funcionarios, estudiantes y comerciantes exigieron también la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en una concentración a la que acudieron unas 60 mil personas, según estimaciones de las autoridades.

Grecia Quiroz, esposa del finado Carlos Manzo y recién designada Alcaldesa sustituta por el Congreso estatal, encabezó el mitin que tuvo lugar en el centro del municipio.

Ante la multitud reunida en la plaza principal, Quiroz dijo que la reunión que sostuvo con la Presidenta Claudia Sheinbaum no fue para “doblar las manos”, sino para exigir justicia.
“Quiero que sepan que la reunión que tuve con la presidenta de México no fue para ir a doblar las manos, fue para ir a exigir justicia, justicia por Carlos Manzo; exigir que volvieran a ver a nuestro municipio; fue para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos saben dónde se encuentran”, dijo ante los manifestantes.

La Alcaldesa denunció la inseguridad que padecen los comerciantes, marcada por la extorsión y el homicidio que se ha apoderado de la vida productiva de la localidad.
“Exigir que ninguno de nosotros tenga que vivir bajo la extorsión; que el comerciante pueda trabajar, que el tortillero pueda trabajar, que el sector aguacatero —que es el que nos sostiene— no sea más extorsionado. A eso fui con la presidenta de México, porque no nos vamos a doblar. Vamos a seguir el legado de Carlos Manzo, y sabemos que él hablaba fuerte y claro. Vamos a seguir bajo esta firme condición, ténganlo por seguro”, expresó la Edil sustituta.

Además, hizo hincapié en que el actual Movimiento del Sombrero está tomando una fuerza ciudadana que, aseguró, sólo podría ser detenida si matan a cada uno de sus integrantes.
"Tendrían que matarnos a todos los que estamos aquí para que esta lucha deje de caminar en las calles. No vamos a permitir que nadie vuelva a pisotear a los uruapenses, ni que ensangrienten más esta tierra”, advirtió, al tiempo que sostenía el sombrero de su esposo asesinado.
"Quienes mandaron matar a Carlos Manzo no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable. En 2027 les vamos a dar ese voto de castigo, porque vamos a hacer valer la memoria de Carlos Manzo”, proclamó. “¡Ni un paso atrás!”, corearon los manifestantes enardecidos por el asesinato del exalcalde.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Devorados por el Ajusco: “Las víctimas no tenemos derechos humanos”

La incesante búsqueda de Olín Hernando Vargas permite asomarse al hoyo negro en que se ha convertido el Ajusco, lugar que solía ser de convivencia familiar. “Ese día salió a una cita con una amiga. Dijo que ella trabajaba por la zona del Ajusco, en negocios o cabañas”, dice su padre. Sin embargo, nunca regresó.

El 26 de noviembre de 2024, Olin Hernando Vargas Ojeda salió rumbo al Ajusco con la promesa de reencontrarse con una amiga del CCH. Nunca volvió. Casi un año después, su padre, Fernando Vargas, sigue buscando respuestas. Para él ni la Comisión de Búsqueda ni la Fiscalía han hecho su trabajo.

“No ocupamos más edificios ni fotoboletines. Ocupamos una persona responsable que investigue, que busque, que responda. Una sola”. 

La familia de Olin denuncia que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México perdió evidencia clave, retrasó detenciones y desatendió líneas de investigación que pudieron salvar la vida de su hijo.

“Ese día salió a una cita con una amiga. Dijo que ella trabajaba por la zona del Ajusco, en negocios o cabañas”, sin embargo, nunca regresó.  “A la una de la mañana vimos un mensaje con un reloj en mi teléfono: decían que lo tenían secuestrado y pedían seis millones de pesos”, recuerda Fernando en entrevista con EMEEQUIS.

La camioneta de Olin fue hallada horas después, chocada, con las puertas abiertas y rastros de sangre en el tablero. En el asiento, su padre encontró un pedazo de su playera. “A partir de ahí no tocamos nada, fuimos por ayuda judicial”. Llamaron al 911 y dejaron que las autoridades se hicieran cargo de la escena. Fernando menciona que había rastros de que su hijo se defendió y que se había tratado de un acto coordinado en el que por lo menos participaron dos vehículos más.

Un día después, ya estando en su casa, “llegó la policía y estaba ahí mi sobrina. Luego supimos que ella y su esposo habían sido cómplices”, relata. Ambos permanecen en prisión preventiva, pero podrían salir libres si no se acredita su responsabilidad.

El día que la policía visitó su hogar, explica que apartaron a Laura, su sobrina, para ese momento ya sabían que ella había hecho una recarga telefónica al número desde el cual les habían solicitado el rescate de  6 millones de pesos. 

Fernando acusa que la Fiscalía tuvo evidencia desde el segundo día  y tardó mes y medio en realizar las detenciones. “Si ya tenían evidencia, ¿por qué no los detuvieron? ¿Por qué no se hizo nada para garantizar la vida de mi hijo?”, cuestiona.

Asegura que el pedazo de playera que él mismo entregó desapareció bajo custodia ministerial, lo que impidió obtener huellas o muestras de ADN. “Nos dijeron que se había perdido. Esa negligencia es imperdonable.”


“LAS BÚSQUEDAS RESULTARON INÚTILES”

Las búsquedas oficiales, dice, han sido tardías e ineficaces. La primera en campo ocurrió cuatro meses después de la desaparición, en el mismo punto donde fue hallada la camioneta. “Buscar cuatro meses después es absurdo. Ya no hay rastros, todo está alterado”, reclama.

Fernando critica la actuación de las comisiones de búsqueda: “Son inútiles, no deberían existir. Lo que se necesita es una Fiscalía que investigue, no oficinas que repartan culpas. A nosotros nos mandan a buscar al Ajusco sin indicios, mientras no hay una sola búsqueda en vida de mi hijo”.

La familia de Olin se ha unido con otras dos familias: las de Ana Amelí y Luis Óscar, desaparecidos también en la zona, para realizar sus propias jornadas de difusión. Pegan lonas, carteles y mantas con recompensas y números de contacto, muchas veces sin apoyo institucional.

“Nosotros somos personas mayores. No tenemos fuerza ni conocimientos para hacer búsquedas, pero lo hacemos porque nadie más lo hace. A las familias nos engañan. Las leyes de víctimas son letra muerta”, lamenta.

SER ESCUCHADO CUESTA UNA HUELGA DE HAMBRE

Ante la inacción, Fernando y su esposa realizaron una huelga de hambre de dos días frente a la Secretaría de Gobernación el pasado 23 de octubre. La protesta derivó en una reunión con la Comisión Nacional de Búsqueda y la fiscal general Bertha Alcalde Luján.

“Ese viernes firmamos una minuta de acuerdos: se comprometieron a investigar por qué no se detuvo a los responsables a tiempo, por qué se perdió la playera de mi hijo y a reactivar la investigación”, explica Fernando. Con esos compromisos levantaron la huelga.

A casi un año de la desaparición, sólo hay dos personas detenidas y ninguna pista clara del paradero de Olin. “Mientras más tiempo pasa, menos probabilidad hay. Las víctimas no tenemos derechos humanos”, sentencia.

NO ES UN CASO AISLADO

El caso de Olin no es aislado. En los últimos años, el Ajusco se ha convertido en un foco rojo de desapariciones, con operativos tardíos y líneas de investigación fragmentadas entre la CDMX, Morelos y el Estado de México.

Fernando resume su desesperanza en una frase: “No ocupamos fotoboletines, ocupamos resultados, no ocupamos más edificios ni fotoboletines. Ocupamos una persona responsable que investigue, que busque, que responda. Una sola”. 

Su lucha, dice, no busca compasión, sino eficacia: que el aparato de justicia funcione antes de que otra familia tenga que pegar mantas en los cerros del Ajusco.



El Ajusco se ha convertido en un foco rojo de desapariciones forzadas y misteriosas, con al menos 300 casos reportados desde 2017 y más de 340 en la demarcación hasta 2025, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Esta área de 920 hectáreas, popular entre senderistas y excursionistas por sus senderos y vistas panorámicas, es también un territorio inhóspito marcado por la impunidad del crimen organizado, la falta de vigilancia, alumbrado deficiente y conectividad limitada que obstaculiza el monitoreo de cámaras del C5. 

Casos emblemáticos como el de Guadalupe Pamela Gallardo Volante, desaparecida en 2017 durante un festival; Ana Amelí García Gámez, una joven de 19 años vista por última vez en julio de 2025 en el Pico del Águila; María Isabella Orozco Lozano, de 16 años, extraviada en septiembre del mismo año; y Luis Óscar Ayala, un odontólogo de 48 años perdido en una caminata, ilustran un patrón alarmante de víctimas, mujeres, hombres y menores, que salen por placer o rutina y no regresan. Colectivos de madres buscadoras, como “Una Luz en el Camino”, realizan jornadas exhaustivas con apoyo de voluntarios, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia, desenterrando restos óseos en lo que llaman “fosas clandestinas”, mientras denuncian la omisión institucional y exigen protocolos más ágiles para combatir esta sombra de violencia en el corazón de la capital.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: MARICARMEN GUTIÉRREZ ROMERO.