Enfundado en su sombrero vaquero que hizo insignia de su personalidad, el alcalde no vivió escondido, ni se autocensuró cuando tuvo la imperante necesidad de representar a sus gobernados para defenderlos de las garras del crimen organizado, y exigir seguridad al Gobierno del Estado y al de la República.
Como suele suceder en estos casos, y más cuando se trata de opositores al movimiento en el poder que es Morena, a Carlos Manzo lo dejaron solo. Aunque materialmente lo asesinaron ligados a un cártel de la droga, al alcalde de Uruapan lo mató el abandono de un gobierno que no protege a sus ciudadanos, que no provee seguridad a los vulnerados; que tajantemente rechaza la crítica, y desoye el grito de ayuda que, cada vez, se escucha más fuerte en distintas regiones del país.
Las muchas evidencias videográficas de la lucha de Carlos Manzo y sus peticiones de ayuda a los gobiernos de Morena (el de Michoacán a cargo de Alfredo Ramírez Bedolla; el de la República que titula la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo) deberían haberse tomado con la seriedad que el caso amerita, pero fueron desoídas por la autoridad en el Poder Ejecutivo, porque Carlos Manzo no era de Morena; él llegó a la alcaldía de Uruapan como candidato independiente, después de haber representado al partido oficial y renunciar al mismo.
En el México actual, gritan por ayuda aquellos que no tienen ligas con el partido oficial, pero el apoyo sólo se provee a quienes militan en Morena. Hay casos como Sinaloa, donde a pesar de la terrible y creciente inseguridad y violencia, el gobernador Rubén Rocha Moya permanece intacto: no critica la falta de una estrategia en materia de seguridad que lleve tranquilidad a los sinaloenses, ni pide ayuda; no le hace falta para, por lo menos él, mantenerse a salvo. Se sabe protegido por el gobierno, arropado por el morenismo, y, por alguna razón, respetado por el crimen organizado.
Pero Carlos Manzo, desde la oposición, sí pidió ayuda; pero al Gobierno de la República la oposición le causa desconfianza y no actúa en consecuencia. Como en el sexenio anterior, a todo aquel que no sea representante de Morena, o no milite con sus causas, o critique las políticas públicas por ellos emanadas, se le llama adversarios, o se les encasilla en el conservadurismo, y se les denuesta.
En estos días, si se indigna por el crimen de Carlos Manzo y se hace una denuncia pública, o una manifestación, se corre el riesgo de ser difamado por el gobierno -en el mejor de los casos- e investigado -en el extremo-, nada más por no estar de acuerdo con la situación de violencia e inseguridad en el País.
La Presidenta de la República se indignó ante la manifestación ciudadana por el asesinato de Manzo, también porque la oposición se posicionó sobre el hecho violento de alto impacto. Resolvió que no era una preocupación genuina por la seguridad del país o de Uruapan, sino que se estaban aprovechando del dolor para sacar partido político electoral.
Se le olvidó a la Presidenta cómo, cuando Morena era oposición, su líder se manifestaba contra las políticas de seguridad y la violencia que prevalecía (prevalece) en México en sexenios anteriores, como el de Felipe Calderón hace casi 20 años, o el de Enrique Peña Nieto, iniciado hace 13 años.
Distintos sectores de la sociedad mexicana han convocado a manifestaciones masivas por la inseguridad y la violencia que, aun en un gobierno que prometió una transformación, y, por tanto, generar un ambiente de paz que contrastase con los gobiernos del PAN o del PRI, ambos flagelos siguen tan latentes y tan crecientes como siempre.
Ahora esos llamados a manifestarse, que en el pasado los hacían quienes hoy están en el gobierno, han sido vilipendiados desde el poder en un intento por minimizarlos, achacándolos a una oposición electorera para dispersarlos.
Cuando jóvenes identificados con el movimiento Generación Z, lanzaron una convocatoria para manifestarse “contra la crisis de inseguridad en México”, argumentando que “México vive una profunda crisis de inseguridad, impunidad y violencia. Mientras el pueblo lucha cada día por sobrevivir, el gobierno decide negar e invisibilizar el dolor que nos está consumiendo. Los asesinatos, las desapariciones y amenazas se han vuelto parte del miedo cotidiano, y, aun así, quienes deberían protegernos guardan silencio”, fueron, efectivamente, minimizados.
La Presidenta desde Palacio Nacional refirió: “La manifestación que están convocando supuestamente jóvenes de una generación no tiene nada que ver con una protesta genuina. Vamos a ver cuáles son las cuentas que la promueven, porque no surgió de los jóvenes, sino de los mismos de siempre”. Justificó que se invierte dinero en las cuentas promoventes.
Los mismos jóvenes hubieron de aclarar que no representan un movimiento partidista, que no tienen afiliación política ni ideológica, y mantuvieron su convocatoria, para el sábado 8 de noviembre manifestarse por la inseguridad y la violencia.
Otras protestas han sido anunciadas a lo largo y ancho de México a propósito del asesinato del alcalde Carlos Manzo; su crimen ha indignado a tal grado: su vida de valentía, su grito de ayuda, su crítica al gobierno… todas circunstancias que fueron apagadas por un asesino al servicio de la mafia que acosa a su pueblo, y que debido al abandono en que dejaron a Manzo hasta la muerte, lo seguirá acosando.
Entre las manifestaciones por la indignación del crimen, los habitantes de Uruapan hicieron un llamado a un paro de labores para este viernes 7 de noviembre; una sociedad respondiendo como puede, con sus medios y sus ideas, uniéndose para no ser blanco individual de la injuria del gobierno o las balas del crimen, que reacciona ante el asesinato de su alcalde sin partido.
Así se expresará una sociedad vulnerada, atrapada entre la amenaza del crimen organizado y la indiferencia del Estado Mexicano que, con mucha indignación, tomará las calles, tal como, en el pasado, lo promovió y lo hizo el movimiento que hoy está en el Poder, aunque pretendan olvidarlo.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
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