Las niñas, niños y adolescentes aunque deben responder ante la ley, su situación debe considerarse desde la protección de derechos.
Esto, luego del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, en el que un joven de 17 años aparece como presunto implicado.
La organización manifestó su preocupación por el caso y afirmó que constituye un ejemplo de la crisis de violencia que afecta a la niñez y adolescencia en México.
“El presunto perpetrador fue un adolescente de 17 años de edad”, expresó, y advirtió que este hecho revela fallas profundas en las políticas públicas de prevención y atención dirigidas a este grupo de la población.
Redim insistió en que el uso de adolescentes como sicarios pone en evidencia la vulnerabilidad en la que viven miles de menores en el país.
De acuerdo con su análisis, hasta 250 mil niñas, niños y adolescentes enfrentarían riesgos de ser reclutados por la delincuencia organizada, con especial incidencia en entidades como Michoacán.
Además, subraya que estos jóvenes no solo se ven inmersos en actividades ilícitas, sino que también provienen de contextos marcados por desigualdad, discriminación y falta de oportunidades.
“Las y los adolescentes que cometen delitos son, ante todo y como lo ha señalado el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, víctimas: de la violencia estructural que los utiliza como una herramienta desechable”, indicó la Red.
En su comunicado recalcó que, aunque deben responder ante la ley, su situación debe considerarse desde la protección de derechos.
Además, la organización lamentó la divulgación del nombre, la imagen y otros datos personales del adolescente detenido en este caso, tanto por algunos medios como por autoridades de Michoacán.
Señaló que estas acciones constituyen una violación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a estándares internacionales de justicia para personas menores de edad.
Difundir esta información, señaló, revictimiza y fomenta la estigmatización, en lugar de un enfoque de justicia restaurativa que contribuya a su reintegración social.
Redim reiteró que la prevención del reclutamiento forzado debe colocarse como una prioridad en la agenda pública.
“Urgimos (…) a tipificar de manera específica el delito de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, sin caer en tentaciones de disminuir la edad de imputabilidad y reconociéndoles como víctimas y como sujetos de derechos”, apuntó.
También llamó a fortalecer la protección integral de la niñez y adolescencia como vía para disminuir la incidencia del crimen organizado en sus comunidades.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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