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En 5 días, DEA incauta miles de kilogramos de droga al CJNG; van por “El Mencho”, insiste

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) anunció, el 29 de septiembre de 2025, “los resultados de un aumento operativo de una semana destinado a desmantelar” el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y prolíficas del mundo”.

Asimismo, en un comunicado, la agencia del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), señaló que continuarían buscando al capo michoacano Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y/o “El Gallero” y/o “El Señor de los Gallos”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, de 59 años de edad.

“Designado como Organización Terrorista Extranjera en febrero por la Administración [encabezada por Donald] Trump, el CJNG representa una amenaza significativa para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional. Es responsable de inundar Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína, sustancias letales que alimentan la adicción, las sobredosis y la violencia en comunidades de todo el país”, indicó la agencia del DOJ, en el comunicado.

“La DEA está atacando al Cártel Jalisco Nueva Generación como lo que es: una organización terrorista, en todos los niveles, desde sus líderes hasta sus redes de distribución y todos los que se encuentran entre ambos”, declaró Terrance Cole, jefe de la DEA, citado en el comunicado.

“Que esto sirva de advertencia: la DEA no cejará. Trabajando codo a codo con nuestros socios estatales, locales, tribales y federales, y a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la DEA se compromete con estas alianzas para combatir directamente a las organizaciones terroristas designadas. Cada arresto, cada incautación y cada dólar confiscado al CJNG representa vidas salvadas y comunidades protegidas. Esta operación enfocada es solo el comienzo; juntos continuaremos esta lucha hasta derrotar esta amenaza”, agregó Cole.

“Del 22 al 26 de septiembre de 2025, agentes de la DEA en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras llevaron a cabo acciones de cumplimiento coordinadas que dieron como resultado: arrestos: 670; incautaciones de drogas: 92.4 kilogramos de polvo de fentanilo; 1.157.672 pastillas falsificadas; 6.062 kilogramos de metanfetamina; 22.842 kilogramos de cocaína; y, 33 kilogramos de heroína; Incautaciones de divisas: $18,644,105; Activos incautados: $29,694,429; Armas de fuego: 244”, detalló la agencia del DOJ.

“El CJNG opera globalmente, con decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores en al menos 40 países. El cártel es responsable de la producción, fabricación y distribución de drogas sintéticas, así como de la violencia y la corrupción que acompañan sus operaciones”, destacó la agencia del Gobierno de EE. UU.

“La DEA se compromete a desmantelar las redes de comando, control y distribución del CJNG y a continuar la búsqueda de su cofundador y líder, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como ‘El Mencho’. Sigue siendo uno de los fugitivos más buscados por la DEA y se le ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares en el marco del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado de EE. UU.”, enfatizó la agencia del DOJ.

“Los esfuerzos de la DEA forman parte de un enfoque más amplio de todo el gobierno para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades estadounidenses. Al colaborar estrechamente con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y otros socios federales, la DEA garantiza que las operaciones actuales y futuras se alineen con los esfuerzos más amplios de Estados Unidos para combatir las organizaciones terroristas designadas y el crimen organizado transnacional”, finalizó la agencia del Gobierno de EE. UU.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Colectivas denuncian que el aborto en Chiapas sigue siendo un derecho limitado en la práctica

Feministas han presentado siete exigencias principales para garantizar el derecho a decidir en la entidad

En el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, las calles de la capital chiapaneca se llenaron de voces que reclaman un derecho que, aunque conquistado en el papel, colectivas feministas señalan que sigue siendo desigual y limitado en la práctica.

Con consignas como “Mi cuerpo, mi decisión” y “La maternidad será deseada o no será”, decenas de mujeres y organizaciones sociales manifestaron que decidir no es un privilegio, sino un derecho.

El movimiento feminista celebró que el 26 de noviembre de 2024, el Congreso del Estado de Chiapas despenalizó el aborto. La medida, destacaron, fue producto de años de lucha encabezada por redes de acompañamiento, colectivas de base, médicas aliadas, mujeres indígenas, afromexicanas, migrantes y rurales que, incluso en condiciones de riesgo, organizaron estrategias para defender la vida y la autonomía de las mujeres.

Sin embargo, subrayaron que este 28S no es solo de celebración. Es también un día de exigencia. “Aunque hoy en Chiapas abortar ya no es delito, hacer realidad este derecho sigue siendo difícil”, señalaron las manifestantes.

Un contexto adverso

Chiapas es uno de los estados más desiguales del país y su condición de frontera sur agrava la vulnerabilidad de mujeres y niñas. En 2024, más de 115 mil personas migrantes fueron aseguradas en el estado; al menos 36 por ciento eran mujeres y niñas, muchas de ellas víctimas de violencia sexual y embarazos no deseados, destacaron en un pronunciamiento.

La situación también es crítica entre adolescentes. En Chiapas, 1 de cada 5 jóvenes de 15 a 19 años ha estado embarazada, con tasas aún más altas en municipios indígenas y rurales. Entre las hablantes de lengua indígena, 19 por ciento no usó anticonceptivos en su primera relación sexual.

Estudios en Los Altos de Chiapas documentan que muchas mujeres indígenas han sido negadas o maltratadas en servicios de salud reproductiva por prejuicios institucionales y falta de materiales en lenguas originarias.

Además, “Chiapas sigue entre los cinco estados con más alta mortalidad materna del país; parte de estas muertes están relacionadas con complicaciones por abortos inseguros o embarazos no atendidos oportunamente”.

Ante esta realidad, las colectivas han presentado siete exigencias principales para garantizar el derecho a decidir:
  • Despenalización total y social del aborto, fuera del Código Penal y sin plazos restrictivos.
  • Disponibilidad del aborto en Tuxtla Gutiérrez y en zonas fronterizas como Tapachula, Suchiate y Comitán, con acceso sin discriminación para personas migrantes.
  • Cumplimiento por parte de todos los sistemas de salud públicos (IMSS ordinario, ISSSTE, ISSTECH), no solo IMSS Bienestar.
  • Abasto permanente de medicamentos y equipo seguro como mifepristona, misoprostol, analgésicos y AMEU en hospitales y centros de salud.
  • Campañas públicas multilingües con perspectiva intercultural, traducidas a lenguas originarias y difundidas en radio comunitaria y perifoneo.
  • Aplicación efectiva de protocolos técnicos para abortos seguros, sin juicios morales ni pruebas innecesarias, con monitoreo público trimestral.
  • Regulación estricta de la objeción de conciencia: que siempre haya personal no objetor disponible y que el personal objetor no sea contratado en hospitales públicos.
Las organizadoras enfatizaron que este avance no fue un regalo, sino una conquista colectiva, y que la lucha no ha terminado. “Queremos hospitales libres de estigma, con personal comprometido con los derechos humanos. La salud no puede depender de la moral individual de nadie”, expresaron.

Las consignas de la marcha que culminó en el Congreso del Estado donde fue colocado un enorme pañuelo verde, resumen el espíritu de la jornada: “¡Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo!”; “¡Hay que abortar este sistema patriarcal!”

Este 28S en Chiapas es tanto un recordatorio de lo logrado como un llamado urgente a cerrar las brechas que impiden ejercer plenamente el derecho a decidir, apuntaron.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

Lo acosaban en el trabajo, lo humillaban. Y un día dieron desgrasante a beber. Murió

El caso de Carlos Gurrola, empleado que murió después de días de agonía tras ingerir un desengrasante, pone al descubierto un problema estructural en México: la violencia laboral. La combinación de conductas normalizadas, protocolos insuficientes, vacíos legales y falta de seguimiento convierte los centros de trabajo en escenarios de riesgo. Mientras tanto la familia de Carlos clama justicia.

La historia de Carlos Gurrola, un empleado de limpieza que murió en Torreón, Coahuila, tras ingerir desengrasante en su bebida Electrolit, se ha vuelto el rostro más inhumano de la violencia y el acoso laboral. Su familia ha denunciado que el químico que lo llevó a la muerte fue colocado como una “broma” por parte de sus propios compañeros de trabajo. Esa "broma" acabó con la vida de un hombre que, de acuerdo con su familia, soportaba un acoso constante.
“Toda la familia está muy dolida por su pérdida, por nuestra pérdida, pero todo se lo dejamos a las manos de la justicia; tarde o temprano van a hacer justicia. O sea, eso es lo que puedo decir, que no se vaya a quedar impune esto que le pasó a mi hermano”, dijo Karina Gurrola, hermana de Carlos, en entrevista con SinEmbargo.
Aunque la Fiscalía de Coahuila investiga el caso, no lo aborda por el momento como un homicidio. En declaraciones a medios en días pasados y tras reunirse con los familiares de la víctima, el Fiscal de esa entidad, Federico Fernández Montañez, señaló que “al momento, no se cuenta con indicio alguno que presuma la comisión de un delito de naturaleza dolosa”.

Fuentes consultadas por SinEmbargo  indicaron que no siguen la línea de homicidio porque “al momento, los servicios periciales y los videos mostrados a la familia no revelan homicidio”.

Mientras la investigación sobre la muerte de Carlos Gurrola continúa en manos de la Fiscalía, su familia mantiene viva la exigencia de justicia y la esperanza de que el caso no quede en la impunidad.
“Ahorita lo que más quiere la familia es justicia, que se haga la justicia como debe de ser con mi tío. Su caso no debe quedar impune”, expresó Alejandra, sobrina de Carlos, en entrevista con SinEmbargo.
En tanto que Karina, la hermana, agregó: “Esperemos en Dios que sí se haga justicia y que todos se lo dejamos a las manos de la justicia".

Carlos Gurrola, de 47 años y conocido como “Papayita", falleció después de pasar 19 largos días en agonía y sufriendo por ingerir desengrasante en una bebida. Tras su muerte, la familia de Carlos denunció que su envenaniento fue culpa de sus compañeros de trabajo que le colocaran desengrasante a uno de sus electrolitos como una “aparente broma”.

Para la familia lo importante es que se reconozca el infierno disfrazado de bromas que Carlos vivió en su entorno laboral. Alejandra, su sobrina, denunció que Carlos era víctima constante de acoso por parte de sus compañeros de Multiservicios Rocasa, que es la empresa que presta lo servicios de limpieza para la cadena HEB.

El hostigamiento que padecía no se limitaba a comentarios o intimidaciones, sino que incluía acciones concretas que afectaban su vida cotidiana.
“Le robaban su lonche, le robaron un teléfono, una bicicleta y ya las bromas más pesadas eran que le ponchaban su bici y él se venía, desde el trabajo hasta su casa, a pie a altas horas de la noche porque le ponchaban su bici y él se venía caminando ”, relató Alejandra.
El acoso que vivía incluso hizo que en varias ocasiones llegará llorando a casa.


La normalización de la violencia laboral

El caso de Carlos ha generado indignación nacional e incluso atención internacional., pero más allá del impacto mediático, la tragedia revela un problema mucho más grave y de fondo en México: la violencia laboral y su invisibilización, en donde la combinación de conductas normalizadas, protocolos insuficientes y vacíos legales convierte a muchos centros de trabajo en escenarios de riesgo.
“La violencia laboral está cobrando más vidas de las que podemos imaginarnos. Hay casos con desenlaces tan fatales como el de Carlos; otros llevan a las personas a quitarse la vida o afectan gravemente su salud física y mental. Muchas veces, quienes sufren estas violencias se ven obligados a separarse de sus empleos, exponiéndose a precariedad económica, porque nadie hizo nada”, señaló Alix Trimmer, abogada laboral y especialista en el tema.
Para Trimmer, lo ocurrido con Carlos es “la punta del iceberg” de la violencia laboral en México. Explicó que este tipo de situaciones no surgen de manera aislada y que a menudo se normalizan bajo la excusa de una “broma”.
“Todos los centros de trabajo tienen personas expuestas a distintos tipos de violencia laboral. La sociedad tiende a normalizar estas conductas con frases como ‘Así nos llevamos, no es para tanto, es una broma’, como ocurrió en este caso. Pero una broma jamás podría tener estos tintes”, afirmó la especialista. Destacó que la violencia laboral no distingue tamaño de empresa; incluso espacios con solo dos personas pueden convertirse en escenarios de agresión.
El entorno laboral de Carlos no le ofreció un espacio seguro. Los abusos constantes le causaban dolor: a veces regresaba a casa llorando. Aunque denunció los acosos ante la empresa, las quejas fueron ignoradas o minimizadas. Le decían que iban a hablar con sus compañeros, pero nada cambió. El acoso solo se incrementó, narraron sus familiares.
“Sí, [Carlos] les comentó un tiempo en la empresa (el acoso que sufría). La versión que nos daba él era de que le decían que sí, que iban a hablar con ellos, con los que lo acosaban. Tiempo después, seguían acosándolo más y era más frecuente el bullying, hasta el grado que llegamos ahorita”, detalló Alejandra.
Pero la tragedia de Carlos no solo refleja la actuación de sus agresores, sino también las carencias del sistema laboral mexicano. “Tenemos una normativa incompleta en México para enfrentar este tipo de casos”, lamentó Alix Trimer.

Mientras tanto, la familia de Carlos Gurrola sigue firme en su demanda de justicia. Su petición es clara: que el caso no quede impune y que la muerte de Carlos sea reconocida como consecuencia de un entorno laboral violento que nadie debería tolerar.
Los hechos

El incidente que derivó en la muerte de Carlos Gurrola tuvo lugar la tarde del pasado sábado 30 de agosto, luego de que el trabajador dejara una botella de electrolit cerca de su puesto de trabajo para salir comer. Al regresar de su horario de comida, le dio un trago y luego notó un sabor extraño y escupió la bebida. Sin embargo, empezó a sentirse mal.

La familia relató primero a medios locales de Coahuila que la empresa donde trabaja Carlos se comunicó con ellos tres horas después, hasta 6:00 de la tarde y les dijeron que sería trasladado a la clínica 66 del IMSS porque Carlos manifestaba que no podía respirar y refería sentir “quemaduras internas”.

Los médicos que lo atendieron determinaron que tenía daño severo en pulmones y tráquea a causa de una sustancia ingerida, por lo que fue trasladado a la Clínica de Alta Especialidad 71 del IMSS. Desde que se dio a conocer el caso, la familia ha denunciado que Carlos sufría bromas y acoso.

Inicialmente, el delegado Región Laguna de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), Carlos Rangel, indicó a medios locales que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso. Asimismo, se solicitó material de videograbación de la sucursal y realizan entrevistas para obtener más información y determinar cómo ocurrió la intoxicación.

En esta semana, desde el pasado lunes, la familia sostuvo una reunión con la Fiscalía de Coahuila. El Fiscal Federico Fernández posteriormente indicó que en la reunión se les mostraron algunas videograbaciones y los avances en la carpeta de investigación, a lo que los familiares, quienes –según dijo el funcionario– manifestaron su conformidad con el trabajo realizado hasta el momento.
“El día de hoy esta reunión se llevó a cabo tal cual lo planeado, y, pues, bueno, los familiares de Carlos Burrola y sus asesores jurídicos se les mostraron algunas videograbaciones, así como los avances en la carpeta de investigación, mismos que manifestaron su conformidad con la investigación que hasta el momento realiza la Fiscalía General del Estado”, señaló el fiscal el pasado 22 de septiembre.
No obstante, el funcionario señaló que los videos no han mostrado elementos para presumir un delito doloso.
"Al momento es importante señalarlo, no se cuenta con indicio alguno que presuma la comisión de un delito de naturaleza dolosa, por lo que se acordó en dicha reunión continuar con la integración de la carpeta de investigación de manera conjunta y transparente con familiares directos y asesores jurídicos del señor Carlos Burrola”, abundó.
Por su parte, tanto Alejandra como Karina, sobrina y hermana de Carlos, respectivamente, han señalado que la familia ha optado por abogados propios: “Pues es que ya los licenciados están haciendo su trabajo. Ya están avanzando con las carpetas de investigación. Eso es todo lo que puedo decirles”, dijo Karina.

–La fiscalía ya les mostró los videos, ¿en los videos se ha visto a alguien poniendo el desengrasante en su bebida?, se le cuestionó a una de las familiares.

“Ya, eso se están encargando los licenciados”, respondió Alejandra.


Sin herramientas reales para prevenir del acoso laboral

El caso de Carlos probablemente comenzó con acoso laboral entre pares, conocido como mobbing, una forma de violencia psicológica que puede escalar hacia lo físico, según explica Alix Trimmer.
“Este tipo de conductas son la evolución en el mundo laboral de las conductas dañinas escolares que llevan ya el nombre de bullying… es una violencia inicialmente psicológica que puede tornarse en violencia física y que claramente puede tener alcances como los de este caso tan lamentable”, detalló la especialista entrevistada.
Aunque el término no aparece en la legislación mexicana, las conductas de mobbing están previstas legalmente y forman parte de lo que la academia identifica como violencia laboral. La especialista enfatizó que el hecho de que la legislación no nombre explícitamente estas conductas no significa que sean inexistentes o legítimas.

El caso de Carlos también revela fallas estructurales en la manera en que las empresas manejan la violencia laboral. la familia denunció que había reportado previamente robos de su lonche y hasta de su bicicleta, sin que la empresa tomara medidas efectivas.

Aunque la Ley Federal del Trabajo obliga a las empresas a contar con un protocolo para atender violencia, hostigamiento y discriminación laboral, no obstante, la normativa es vaga y permite el cumplimiento formal sin acción real: “El problema… es que solamente dice que se tiene que contar con el protocolo. No nos dice qué lleva, no nos dice cómo se tiene que implementar… Si imprimieran un documento con el título de protocolo, con un único artículo que dijera: ‘Todas las personas trabajadoras tienen que respetarse y no puede haber violencias’, sería suficiente para cumplir con la norma”.

Trimmer explicó que esta falta de concreción puede justificar la inacción de las empresas: “La empresa… puede que sí tenga un protocolo, puede que no… pero sí habría formas tristemente de librarse de la responsabilidad sin que eso signifique que estaban haciendo bien las cosas desde una perspectiva humana”.

Y ejemplificó: “Si imprimieran un documento con el título de protocolo, con un único artículo que dijera: 'Todas las personas trabajadoras tienen que respetarse y no puede haber violencias', eso sería suficiente para cumplir con lo que dice la norma. Así de vacío está”, aseguró Trimmer.

Es así como, a pesar de los protocolos legales, la justicia laboral aún no garantiza protección efectiva: “Por más que se incluya esta obligación del protocolo en la ley, todavía dista mucho de ser una realidad en la que las personas genuinamente puedan no ser víctimas de violencia laboral o obtener alguna resolución ante una vivencia de esta naturaleza”, insistió la especialista´

Incluso, el tema de las violencias laborales está tan desatendidos, que hasta hay una invisibilidad sobre la dimensión del tema, pues no hay datos ni cifras oficiales específicos que aborden la dimensión real sobre violencia laboral en México. Por ejemplo, estadísticas disponibles, como las del Inegi, se centran en mujeres y no reflejan la totalidad del fenómeno, detalló la especialista. “El sistema tiene una invisibilidad estadística importante de los conflictos de violencia laboral que generan alguna otra afectación… muchos hombres que son víctimas no denuncian por miedo a recibir un juicio social”, dijo.

Trimmer lamentó que hasta que ocurren casos como el de Carlos se habla un poco del tema:
“Hasta que hay un resultado fatal es que la gente se preocupa de entender por qué y de investigar, y no se enfocan en algo que sería mucho más útil, que es la prevención y la atención temprana de conductas que, si no son detenidas, pueden terminar en esto”, afirmó, destacando que los protocolos deben ir más allá del cumplimiento mínimo y convertirse en herramientas efectivas: capacitar al personal, generar sensibilización y erradicar de manera permanente los fenómenos de violencia laboral, sin importar su tamaño, forma o medio.
Finalmente, la abogada laboral advirtió que el caso de Carlos Gurrola, por trágico que sea, representa solo una parte del problema de la violencia laboral en México. “Tenemos mucho por hacer todavía. Existen dos obligaciones muy puntuales: una, del Estado, que es normar mejor estos temas; y otra, de los centros de trabajo, que no basta con cumplir el requisito por cumplirlo, también es importante asumir como propia la responsabilidad de crear espacios laborales seguros”, afirmó la especialista poniendo énfasis en que, sin reformas legales y una verdadera implementación de protocolos, muchas personas seguirán siendo víctimas de conductas que afectan su salud, seguridad y, en casos extremos, su vida.
El pasado viernes 19 de septiembre, Carlos fue velado y despedido entre reclamos y el clamor de justicia. Durante el funeral, su madre, María del Pilar, exigió justicia: “Yo le pido que, por favor, me hagan justicia a mi hijo, porque no se vale. Ahorita fue mi hijo, al rato va a ser otro y otro, y que no quede la muerte de mi hijo impune. Quiero ayuda, ayúdenme. […] Le quemaron sus riñones, el pulmón, todos sus órganos. Por eso no quería que le hicieran la autopsia a mi hijo, porque tanto que sufrió”, expresó a medios locales.

Posteriormente, el domingo 21 de septiembre, familiares, amigos y vecinos de Carlos marcharon en Torreón para exigir justicia. Entre pancartas y consignas como “Papayita no murió, lo mataron”, la manifestación inició en el ejido La Concha y avanzó hasta la sucursal de HEB Senderos, donde los manifestantes exigieron la entrega de los videos de seguridad y la detención de los responsables de la broma que culminó en la muerte. Tras la protesta, según reportaron medios locales, Elke González, gerente de Relaciones Públicas de HEB, aseguró que la empresa colaborará con las autoridades y que no se tolerará ningún acto que atente contra la dignidad de las personas.

Más adelante, en un comunicado oficial, HEB México expresó sus condolencias, afirmó que respeta la exigencia de justicia de la comunidad y destacó que ha entregado información y videos a la Fiscalía. También señaló que mantiene un “diálogo cercano” con la familia de Gurrola en conjunto con Multiservicios Rocasa, compañía de limpieza para la que trabajaba.
“Compartimos plenamente la exigencia de justicia y reiteramos nuestro compromiso para que los hechos se esclarezcan con total transparencia”, señaló la empresa en el documento, donde además insistió en su política de “cero tolerancia” hacia la violencia, el acoso o el maltrato.
HEB también informó que este lunes se realizará una reunión entre la familia y la Fiscalía para presentar avances de la investigación. Sin embargo, los familiares y vecinos han insistido en que la empresa para la que trabajaba Gurrola debe asumir responsabilidad directa.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

¿Por qué fueron liberados los guardias de La Luz del Mundo?

Un juez federal en Morelia declaró ilegal la detención de 37 mexicanos y un ciudadano de Estados Unidos capturados en Vista Hermosa, Michoacán. Fallas en el proceso derivaron en su inmediata liberación.

En medio de supuestos errores judiciales, los 38 miembros de la guardia secreta de la Iglesia de La Luz del Mundo (LLDM) conocida como Jahzer, fueron liberados por falta de pruebas y fallas en el arresto.

Un juez federal en Morelia declaró ilegal la detención de 37 mexicanos y un ciudadano de Estados Unidos capturados en Vista Hermosa, Michoacán, mientras realizaban prácticas de combate con réplicas de armas.

La FGR buscó imputarlos por violar la Ley Federal de Armas de Fuego, pero el juez determinó que el operativo de la Policía Estatal fue ilegal. Los detenidos dijeron formar parte de Jahzer, la guardia secreta para proteger a sus líderes y templos.

De esta forma libraron las acusaciones de asociación delictuosa y portación de armas. De acuerdo con Milenio, la policía estatal se presentó sin orden de cateo, además de que las armas exhibidas ante los medios eran de utilería con excepción de una. 

Asimismo, superaron las horas de detención, pues fueron presentados ante el Ministerio Público después de 11 horas para que rindieran su declaración.

Los liberados habían sido arrestados el pasado 24 de septiembre en un campo de adiestramiento en Vista Hermosa. Les aseguraron una pista 9 milímetros, así como réplicas de armas, cuchillos y navajas, mismas que fueron exhibidas sin aclarar que no eran reales.

Tras la decisión del juez, los 38 hombres salieron de los juzgados federales al concluir con los trámites para reunirse con sus familiares que los esperaban en la entrada del recinto.

Al momento de ser detenidos por la Guardia Civil y Fuerzas Federales, los involucrados manifestaron estar preparándose para un apocalipsis y defender su fe, pero como el proceso judicial en su contra ya no avanzó, no fue necesario explicar por qué entrenaban con réplicas de armas. 

La persona de origen estadounidense, procedente de Minnesota, usó un despacho legal distinto al de los demás. EMEEQUIS publicó que LLDM también tiene una parroquia en ese estado, concretamente en Shakopee, una ciudad situada en el condado de Scott, Minnesota, Estados Unidos.

Publicaciones en Facebook muestran cómo los feligreses oran diariamente por Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia que enfrenta en Estados Unidos un juicio por delitos graves, incluyendo tráfico sexual. 

El 22 de septiembre publicaron en Facebook: “La Iglesia La Luz del Mundo en Shakopee, MN sigue firme en la Elección que Dios ha hecho en el Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García. Nos unimos a él, en nuestra consagración de 8:00pm”.

El líder de la organización, Naasón Joaquín García, cumple condena en Estados Unidos desde 2019 por tráfico de personas, abuso sexual infantil y otros delitos.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

CDMX, con el mayor número de carpetas de investigación contra mujeres por abortar

Hace 18 años, la Ciudad de México fue la primera entidad en México en permitir la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación; sin embargo, datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) dan cuenta que, pese a este histórico momento, esta entidad registra el mayor número de averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de aborto acumulando mil 337 casos.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) muestran que entre abril de 2007 a junio de 2024 se llevaron a cabo 277 mil 268 interrupciones legales del embarazo (ILE) en el sector público del país y de ellos el 68% ocurrieron en la capital.

De acuerdo con GIRE, la criminalización del aborto afecta a todas las mujeres que, bajo diferentes razones y circunstancias, tienen un embarazo no deseado y deben llevar a cabo un aborto fuera de la ley, continuar con el proceso o enfrentar maltrato por parte del personal de salud cuando solicitan el servicio estando dentro del marco legal. No obstante, quienes llevan a cabo la interrupción son las más señaladas y afectadas, por ello, la organización apuntó que es necesario conocer quiénes, cuántas y las circunstancias en las que ocurre la criminalización.

A través de varias solicitudes de información dirigidas a autoridades de procuración e impartición de justicia de la Ciudad de México para conocer las denuncias, juicios, sentencias y personas en prisión por abortar, encontraron diversos patrones contrarios a estándares internacionales. Los hallazgos dan cuenta que, pese a la despenalización parcial en 2007, las mujeres continúan siendo criminalizadas lo que implica un desgaste físico, económico y emocional, así como repercusiones en su vida personal.

Otros datos presentados en el informe «Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México» señalan que entre 2015 y 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documentó 945 carpetas de investigación en la capital del país. A esto se suman las 412 carpetas registradas entre 2021 y 2025. Según esta información, la Ciudad de México sería una da las cuatro entidades que concentran el 56% de carpetas de investigación por el delito de aborto a nivel nacional.
A nivel nacional se encontró que existen 68 personas en prisión preventiva por el delito de aborto, de las cuales 14 son mujeres y 4 acontecieron en la Ciudad de México. Las ocasiones en las que se ejerció la acción penal para abrir la investigación fueron 412, donde 145 eran mujeres y 52 sucedieron en la capital (43 aborto forzado y 9 con consentimiento), encabezando así esta etapa de una investigación junto con Coahuila.
En cuanto al número de sentencias por el delito de aborto fue de 142 en México (99 condenatorias y 15 absolutorias), es decir, cuando se emite el fallo, de los cuales 32 se emitieron contra mujeres, diez de ellas sucedieron en la capital (2 mujeres, 7 hombres y un de la que se desconoce el sexo).

Aunque GIRE señala que los datos sobre la Ciudad de México se relacionan con su densidad de población también especifica que la despenalización parcial bajo plazos establecidos o razones especificas dan cabida a la apertura de carpetas de investigación. Por ello, señalaron que la única manera de eliminar la criminalización es con la despenalización total y que el único medio por el que sea regulado fuera a través del ámbito salud.

Para la organización, mientras el aborto permanezca en los códigos penales como un delito, la criminalización continuará, ya que contribuyen a reforzar el control, vigilancia y estigmatización hacia las mujeres. Por ejemplo, promover que sean denunciadas, imponer barreras significativas para obstruir el acceso al servicio o limitar su autonomía y derechos reproductivos. «Es por ello que el sistema punitivo no debe elegirse como vía para regular un servicio de salud como el aborto», sentenció GIRE.
«Eliminar el aborto de los códigos penales es fundamental para descartar procesos penales y erradicar la criminalización social y la que sucede al interior de los servicios de salud. La penalización de este servicio incumple con la obligación del Estado de respetar, proteger, garantizar y promover el derecho a la salud, pues desincentiva su prestación. Es por esto que lograr materializar la despenalización total del aborto en México sería un hito histórico que marcará un antes y un después en la lucha por la justicia reproductiva» -Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)
Cabe recordar que cuando el aborto está legalmente restringido o no, la probabilidad de que una mujer se someta a este procedimiento es la misma. En cambio, penalizarlo conlleva a abortos inseguros y peligrosos que causan morbilidad o mortalidad al no contar con personal calificado y condiciones higiénicas adecuadas.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, en países restrictivos, 3 de cada 4 abortos se practicaron en condiciones inseguras, mientras que el Estados donde ya es legal 9 de cada 10 abortos se practican de forma segura.

Ciudad de México, la puerta que dio paso a la despenalización en el país

El 24 de abril de 2007, se aprobó la reforma legal que despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En dicha reforma se especificó que, las mujeres podían abortar de manera voluntaria hasta las doce semanas de gestación, además de poder contar con servicios gratuitos, seguros, informados y libres de discriminación.

Esto significó un logro para las mujeres y más tarde, se confirmó con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 en el que dejó firme la posibilidad de interrumpir el embarazo de manera voluntaria. Sin embargo, ha tomado más de una década para que el resto de las entidades del país se unieran y modificaron sus legislaciones. 

En septiembre de 2021, el Máximo Tribunal resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 en la que declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto y se pronunció en favor de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sin enfrentar consecuencias penales. Esta decisión sentó un precedente clave respecto del derecho a la autonomía reproductiva en el país.

Además, la SCJN resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 54/2018 en la que estableció que las instituciones de salud deben contar con personal suficiente para garantizar el acceso efectivo a la ILE y que la objeción de conciencia no puede invocarse cuando la vida o la salud de la persona usuaria estén en riesgo.

Posteriormente, en 2023, el Amparo en Revisión 267/2023 declaró la invalidez total de los Artículos 331 y 332, así como de porciones normativas de los Artículos 330, 333 y 334 del Código Penal Federal, al considerar que vulneraban los derechos humanos de las mujeres reconocidos en la Constitución. Este fallo también estableció que las instituciones federales de salud tienen la obligación de proporcionar servicios de aborto en todo el país y que las entidades deben modificar sus Códigos.

Otro de los avances fue que se determinó que las instituciones de salud deben contar con personal suficiente y capacitado para garantizar el acceso efectivo a la ILE. En febrero de 2025, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) emitió el Acuerdo que garantiza la aplicación del procedimiento para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que, por primera vez, garantiza la aplicación de dicho procedimiento en sus unidades médicas.

Hasta este 2025, ya son 23 entidades federativas donde el aborto está despenalizado, ellas son: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas.

FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.

Padres y madres de los 43 exigen al Ejército entregar documentos sobre Ayotzinapa

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa denunciaron que, a once años de la desaparición forzada ocurrida en Iguala, Guerrero, el Ejército mexicano continúa ocultando documentos clave. Afirmaron que no aceptarán retrocesos en la investigación y exigieron verdad, justicia y castigo para todos los responsables.

A través de un comunicado, las familias agradecieron el acompañamiento de organizaciones, sindicatos, colectivos y estudiantes durante más de una década de búsqueda. “Nuestros pasos se han vuelto lentos, pero nos mantenemos de pie con la esperanza de que nuestros hijos regresen”, expresaron. También recordaron que seis madres y padres han fallecido sin conocer el paradero de sus hijos.

Los familiares reiteraron su rechazo a cualquier versión oficial que pretenda cerrar el caso sin evidencias reales. Exigieron al Ejército entregar los documentos que conserva en sus archivos y solicitaron que se mantenga abierta la línea de investigación sobre la telefonía celular, así como el caso de los 17 jóvenes llevados a barandilla municipal en 2014. También pidieron avanzar en las extradiciones de Tomás Zerón de Lucio y Ulises Bernabé.

“Nuestra lucha no responde a ningún interés político ni partidista”, afirmaron. Llamaron a los colectivos de familiares de desaparecidos de Guerrero y del país a sostener la organización y la búsqueda. Ante más de 133 mil personas desaparecidas en México, advirtieron que no permitirán más mentiras ni abandono oficial. “Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz y se hará justicia a nuestros hijos”, concluyeron.

COMUNICADO:

Ayotzinapa: 11 años de remar contracorriente por verdad y justicia

Hoy 26 de septiembre del 2025 se cumplen 11 años desde que se llevaron nuestros hijos la noche del 26 de septiembre del año 2014 en Iguala, Guerrero, y aún no sabemos nada de ellos. 11 años de buscarlos de manera incansable con el corazón que late por volver a verlos y volver abrazarlos.

Agradecemos a las organizaciones civiles, sociales, sindicatos, colectivos, a los estudiantes de Ayotzinapa, a la FESCM y al pueblo de México por acompañarnos durante estos 11 años que no han sido fácil para los padres y madres. Seis de nuestros compañeros se han quedado en el camino sin tener noticias del paradero de sus hijos, varios de nosotros también cargamos el pesar de las enfermedades que se van agravando día a día.

Nuestros pasos se han vuelto lentos, pero nos mantenemos de pie con la esperanza de que nuestros hijos regresen. Los buscamos porque los queremos de vuelta. Con el apoyo solidario permanente de todos ustedes está lucha la mantendremos hasta saber el paradero de nuestros hijos y hasta saber la verdad.

No volverán a engañarnos con una verdad histórica ni permitiremos un retroceso de lo hoy hemos logrado. No quitaremos el dedo del renglón hasta que el ejercito entregue los documentos que obran en sus archivos y rindan cuenta por la desaparición de nuestros hijos. Insistiremos en la línea de la telefonía celular para que haya avances, exigiremos que se mantenga la investigación de los 17 jóvenes que fueron llevados a barandilla municipal la noche del 26 de septiembre del 2024 en Iguala, Guerrero, así como las extradiciones de Tomás Zerón de Lucio refugiado en Israel y la de Ulises Bernabé asilado en Estados Unidos.

Solicitaremos a organismos internacionales sigan supervisando las investigaciones del caso de los 43, porque nuestra lucha no tiene ningún interés político ni partidista. Lo único que anhelamos es encontrar nuestros hijos y regresar a casa. Nuestra lucha será hasta alcanzar la verdad y justica.

Las madres y padres llamamos al acompañamiento y a la articulación de colectivos de familiares de desaparecidos de Guerrero y del país para buscar a nuestros desaparecidos y a no claudicar hasta encontrarlos. Hoy las cifras oficiales se han disparado a ciento treinta tres mil personas desaparecidas en este país espinoso que llamamos México.

No permitiremos más mentiras ni el desaliento de las autoridades. Levantemos la voz para nombrar nuestros desaparecidos una y otra vez hasta encontrarlos. Buscaremos en cada rincón para que ningún caso de desaparecido quede en la impunidad.

Los padres y madres de los 43 estamos convencidos que tarde o temprano lograremos derribar el muro de la impunidad y de la injusticia. La verdad saldrá a la luz y se hará justicia a nuestros hijos desaparecidos.

Atentamente.

Madres y padres de los 43

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Encuentran sin vida a estudiante desaparecido en Acapulco; cuerpo presentaba golpes y asfixia

La Fiscalía de Guerrero confirmó que el cuerpo presentaba huellas de golpes y asfixia, luego de que se reportara su desaparición el pasado 24 de septiembre.

El estudiante de 17 años Omar Kalid Sánchez Salto, de la Universidad Autónoma de Guerrero, fue hallado sin vida en un hotel de la colonia Icacos, en Acapulco.

La Fiscalía de Guerrero confirmó a medios locales que el cuerpo presentaba huellas de golpes y asfixia, luego de que se reportara su desaparición el pasado 24 de septiembre.

De acuerdo con los reportes oficiales, Omar Kalid fue visto por última vez el 24 de septiembre de 2025 en el puerto de Acapulco. Al no tener noticias de él, sus familiares interpusieron una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el 25 de septiembre, lo que permitió activar la Alerta Amber para intensificar la búsqueda.


La familia difundió la ficha correspondiente en redes sociales, solicitando apoyo de la ciudadanía para localizar al estudiante. Según su testimonio, temían que se encontrara en peligro, ya que había perdido contacto de manera repentina con su entorno cercano.

El mismo día en que se presentó la denuncia, personal de limpieza del Hotel Casarru, ubicado en la calle Comandante Ortiz Monasterio, ingresó a la habitación 505 y encontró al joven sin vida. De acuerdo con medios locales, el parte policial indicó que el cuerpo presentaba múltiples golpes y signos de asfixia.

Los trabajadores del establecimiento dieron aviso a los servicios de emergencia, quienes confirmaron el fallecimiento y notificaron a la Fiscalía del hallazgo. El Servicio Médico Forense (Semefo) trasladó el cuerpo para las diligencias correspondientes.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Policías de Playas de Rosarito detenidos por el delito de desaparición fueron vinculados a proceso

Los elementos de la Policía Municipal de Playas de Rosarito que fueron detenidos el 3 de septiembre de 2025, por la presunta comisión del delito de desaparición forzada, fueron vinculados a proceso, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Fue a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), tras los datos de evidencia presentados, se obtuvo la vinculación a proceso de Eusebio “F”, Jorge “D” y Rosendo “V”, otorgada por un Juez de Control Federal con residencia en el Estado de Baja California.

Luego de la orden de aprehensión cumplimentada por el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.

Los hechos por los que se encontraría imputados, es la desaparición de dos personas, una de ellas menor de edad durante 2020 en el municipio donde laboraban, según precisó la corporación.

Los detenidos se encuentran en prisión preventiva justificada, con un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Según información publicada por ZETA, dos de los agentes detenidos también tienen denuncias ante la Fiscalía General de Baja California (FGE), Rosendo Valenzuela por abuso de autoridad y Jorge Abel por tortura, ambos durante 2019.

Asimismo, se presume que tanto Eusebio “F”, como Jorge “D”, pertenecían al grupo del ex comandante de la Policía de Rosarito, César Pedro Silva Ibáñez, detenido el 26 de abril de 2025, por el homicidio de Dulce y Hugo “N”, encontrados asesinados en la cajuela de un carro en la carretera de cuota Rosarito-Tijuana, el 18 de enero del 2024.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sin investigación, ni credibilidad

El 18 de septiembre de 2025, una hora después que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro levantó una alerta en contra de 15 empresas y nueve personas como presuntos “lavadores” de la célula que sirve en Rosarito Baja California, al cártel encabezado por el detenido Ismael Mayo Zambada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el bloqueo administrativo preventivo de las cuentas de 22 implicados y la realización de un “análisis financiero”, si localizan posibles acciones ilícitas, darán vista a la FGR.

Entre los bloqueados e investigados, está la ex alcaldesa por Morena de Rosarito, en el periodo del 2019 al 2024 (porque se reeligió), quien desde el 1 de septiembre de 2024 ocupa una curul como diputada federal del mismo partido vinotinto.

Cuestionada al respecto, la Presidenta de México Claudia Sheinbaum, afirmó que no protegería a nadie, pero también, sin que mediara investigación por parte de su gobierno, sin esperar a los resultados de la secretaria de Hacienda, decidió exculparla a priori y asegurar que no hay “pruebas suficientes” para ejercer acciones contra la legisladora, cuando la “investigación” apenas inicia.

La misma actitud y palabras similares fueron usadas por la mandataria federal en el caso del senador y coordinador de bancada, Adán Augusto López Hernández, primero cuando se informó que Hernán Bermúdez Requena, quien fuera responsable de la seguridad bajo su gobierno en Tabasco (2019-2021), era el jefe del cártel mafioso La Barredora, y luego cuando lo detuvieron.

La Presidenta dijo que la puerta estaba abierta para que se investigara a todos más allá de partidos, pero igual rechazó que existieran pruebas en contra del coordinador morenista. De la misma manera, a boca de jarro y sin una investigación de respaldo.

“No hay ninguna prueba en contra del gobernador (Rubén) Rocha Moya”, afirmó también la Presidenta Claudia Sheinbaum a finales del 2024, y lo respalda cada que le es posible, después que el gobernador morenista de Sinaloa, fuera señalado de presuntos acuerdos con el cártel de Los Chapitos.

Además del espaldarazo presidencial, otra cosa que comparte los tres casos antes mencionados es que la Fiscalía General de la República ni siquiera se ha molestado en investigarlos. Y el paquete de impunidad, es completado por su partido Morena, que tampoco los cuestiona o investiga.

Pareciera que el entendimiento respecto al bien y el mal al interior del partido estuviera volteado, o que el prestigio y la buena fama no les fuera prioritario, porque mientras Brown, Moya y López son respaldados, ocurren casos como el de Eduardo Cervantes, responsable de Formación de Formadores del Partido de Morena en Ciudad de México.

En agosto este señor de la tercera edad, fundador morenista, fue separado de su cargo porque se hizo público uno de sus discursos advirtiendo la pérdida de rumbo del partido, del no respeto al principio de austeridad y de la infiltración de las ideas del viejo régimen. “En nuestro partido hay mucha gente que miente, que es corrupta y que no comparte los fundamentos del proyecto de transformación. Creo que el enemigo principal de Morena está dentro de Morena”, se difundió en medios nacionales.

Por palabras, por un acto de contrición o “mea culpa” pública, el señor Cervantes quedó fuera; pero a Moya ninguna autoridad le dice nada, y no forma parte de la investigación -mínimo para exculparlo públicamente- del que la FGR califica como “secuestro” del Mayo; mientras que Aracely Brown, se dice difamada y reta “aquí estoy firme para cualquier situación”; y Adán Augusto no es siquiera cuestionado por la enorme omisión de “no darse cuenta” que su encargado de la seguridad coordinara las actividades criminales en el estado bajo su gobierno.

La Presidenta Claudia Sheinbaum actúa conforme a derecho al negarse a señalar culpabilidad en los morenistas señalados, porque de acuerdo a las leyes nacionales e internacionales, incluso los detenidos imputados “se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad judicial. Art 13, CNPP”.

Pero se equivoca al exonerarlos sin una indagatoria de por medio. Porque ella tiene el poder para instruir una investigación a la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, para saber si los señalamientos tienen sustento. Y sólo entonces, si los resultados son a favor del funcionario, puede exculparlo; porque de otra manera los arropa con un manto de impunidad presidencial.

Además, en caso contrario, si la UIF “identifica posibles actividades ilícitas, está obligada a dar vista a la FGR para los efectos legales conducentes”, para obligar a esta fiscalía “autónoma” a investigar. Y esto bien podría ayudar a reducir la percepción ciudadana de inseguridad, injusticia e impunidad.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.

Autoridades de EU retiran visa a exalcalde y diputado federal de Matamoros y lo retienen 14 horas en aduana

Las autoridades mexicanas y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de dónde es emanado el exalcalde y actual diputado federal, Mario López Hernández, no se han posicionado al respecto.

Mario López Hernández, diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y exalcalde de Matamoros, Tamaulipas, fue retenido y revocada su visa por autoridades de EU, en el puente internacional Matamoros Brownsville.

Tras 14 horas retenido en dicha aduana, fue ingresado al país durante la mañana de este sábado.

De acuerdo con su información legislativa, López Hernández tiene a su cargo la Entidad del Distrito 4 en Tamaulipas.

Ven en evento de Sheinbaum a Brown Figueroa

Ayer, la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueroa, quien es acusada por EU de tener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, asistió a un informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en Mexicali, Baja California.

Después del evento “La Transformación Avanza”, Brown Figueroa dijo a medios que no tenía por qué renunciar a su diputación, pues “no hay motivos para dejar el cargo”.

“Yo creo que lo más importante es que sigamos legislando las iniciativas de nuestra presidenta de la república y que sigamos trabajando por la transformación”, declaró.

Recomienda Trump a fiscal de EU investigar a políticos mexicanos

En febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó, en entrevista para el medio The Spectator, que recomendará a la fiscal general, Pam Bondi, que investigue a políticos mexicanos por posibles vínculos con el narcotráfico.

El periodista Ben Domenech cuestionó al mandatario sobre si pedirá rendición de cuentas a políticos corruptos que se hayan beneficiado de la trata de personas y el tráfico de fentanilo, a lo que el mandatario contesto que “definitivamente”.

“¿Incluyendo políticos mexicanos?”, cuestionó Domenech.

“Ciertamente, recomendaría que se les investigue, ciertamente. Dependerá de Pam Bondi, quien es excelente en lo que hace”, respondió Trump.

En cuanto a una posible intervención en México, Trump evadió la pregunta diciendo que prefería no decirlo, pues a pesar de que quería responder, sería “un desastre” si lo hiciera.

“Preferiría no decirte eso. Es muy interesante, a veces te hacen preguntas como esas y no quieres dar una respuesta (…) porque si das una respuesta es un desastre, si das una respuesta sincera”, afirmó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Dejen de legislar con sus prejuicios”: colectivas de Sonora exigen despenalización del aborto

En el marco del Día de Acción Global por un aborto libre y seguro, la colectiva Ni Una Más de Hermosillo, Sonora, señaló que la inacción institucional en torno a la interrupción del embarazo lleva a las mujeres y personas gestantes a la clandestinidad.

El aborto en Sonora sigue siendo un delito tipificado en el Código Penal y está reforzado por un “candado” legal en la Constitución local que protege la vida desde la concepción. Ante este marco restrictivo, colectivas feministas han intensificado su lucha para exigir la despenalización y legalización inmediata de esta práctica, denunciando una falta de “voluntad política y misoginia” con la que se gobierna en el estado.

Sonora es una de las entidades del país que aún no despenalizan el aborto, pese a que, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización de esta práctica al determinar que vulnera los derechos reproductivos de mujeres y personas gestantes.

En ese estado del norte, la interrupción del embarazo solo está permitida por tres causales: violación, si ocurre de manera involuntaria o si la vida de la mujer está en riesgo. Fuera de ellas, la práctica se criminaliza.

En esa línea, Leslie Valdez, abogada e integrante de la colectiva Ni Una Más HMO, dijo a Animal Político que la lucha feminista va más allá de las causales, por lo que urgen al gobierno de Sonora, a cargo del morenista Alfonso Durazo, y al Congreso local, reconocer el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo.

“Nuestra postura es clara, la penalización es una medida institucional y exigimos la despenalización, pero no solo eso, no solo es la despenalización y la legislación inmediata del aborto, es también que se den las condiciones adecuadas para tener un aborto digno”, aseveró.

En el marco del Día de Acción Global por un aborto libre y seguro, Valdez hizo hincapié en que la penalización convierte el acceso a la interrupción del embarazo en una cuestión de clase social.

Además, sostuvo que la práctica sigue siendo un tabú en Sonora o “al menos así quieren manejarlo las autoridades”, por lo que atribuyó la inacción institucional al miedo de los legisladores a perder votos y privilegio.

Sin embargo, enfatizó que dicha inacción condena a las mujeres y personas gestantes a la clandestinidad.  

La despenalización del aborto, un tema pendiente en Sonora

El gobernador Alfonso Durazo sí se ha pronunciado respecto al tema en distintas ocasiones durante su administración que comenzó en 2021.

Por ejemplo, en septiembre de 2023 sostuvo que la entidad debía atender el mandato de la Corte que obliga a las entidades a legislar en favor de la despenalización del aborto, sin embargo, señaló la importancia de realizar una consulta pública ante la división de opiniones.

Un año más tarde, en entrevista con Uniradio, dijo que el aborto era uno de los asuntos “más sensibles para la sociedad, para la opinión pública” en Sonora y señaló que “todos los estados tendrán en un momento u otro que dar el paso de la aprobación” a menos de que el máximo tribunal del país reconsidere su propia jurisprudencia.

En esa misma entrevista, el mandatario indicó que la diputada de Morena, Celeste Taddei, presentó una propuesta, pero él insistió en la necesidad de “trabajar ese tema todavía más”.

Este 2025, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Durazo expresó que “en algún momento” habría que atender la sentencia de la Corte.

“Yo expresaba que el movimiento progresista del país tiene una agenda histórica que incluye ese postulado y también hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que recomienda a los congresos de los estados legislar en ese sentido, tendremos que dar el paso en algún momento para atender esa sentencia”, sostuvo.

Pese a sus declaraciones, la despenalización del aborto es un tema que hasta el momento sigue pendiente de legislar en la entidad. Incluso, se ha señalado que no hay disposición del Congreso local para despenalizar la práctica.

En agosto pasado, la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Félix, declaró que el tema requiere voluntad y los votos de la mayoría de las y los legisladores, sin embargo, enfatizó que no se percibe esa apertura dentro del Congreso.

“Yo creo que no la hay, sin embargo, no digo que no se pueda construir”, dijo Félix a diversos medios locales, quien se pronunció a favor de la despenalización y afirmó dar su apoyo para cuando se presente la iniciativa.

El silencio institucional por el tema del aborto en Sonora

Las exigencias para alcanzar la despenalización del aborto en Sonora se intensificaron desde julio pasado tras una reunión entre integrantes de colectivas y autoridades.

En el encuentro, relató la abogada Leslie Valdez, ella preguntó “qué iba a pasar con el tema” y la respuesta en ese momento, dijo, fue que el asunto no le compete al mandatario, pues se trata de una responsabilidad del Congreso. Sin embargo, las colectivas argumentaron que él podía presentar una iniciativa de ley.

Un mes más tarde ―el 15 de agosto―, sostuvieron un nuevo encuentro en el que esperaban la asistencia de Alfonso Durazo, pero no se presentó.

Ante cuestionamientos por no acudir al diálogo, el equipo del gobernador acordó gestionar una reunión que hasta la fecha no ha llegado, a pesar de haber entregado una solicitud para abordar el tema y tomar medidas en el asunto mientras sucede la discusión.

Con el documento esperaban obtener un enlace de seguimiento, pero solo ha persistido el silencio oficial.

Ante este panorama, el mensaje de las colectivas feministas ―incluyendo a Ni Una Más― es enfático y directo al exigir que dejen de lado los prejuicios.

“Dejen de legislar con sus prejuicios y su cobardía, quítense la venda de los ojos, nuestras vidas no son negociables y mucho menos nuestros derechos”, dijo Leslie Valdez.

Las exigencias para despenalizar la práctica en Sonora

La abogada explicó que en Sonora solo existen tres módulos de aborto, ubicados en Hermosillo, Obregón y Nogales, lo que limita el acceso a lo largo de los 72 municipios de la entidad.

La agenda de las colectivas feministas de Sonora, incluyendo a Ni Una Más, articula una exigencia clara para poner fin a la criminalización del aborto y garantizar el acceso pleno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.

La demanda principal es la despenalización y la legislación inmediata del aborto, así como la creación de las condiciones para un aborto seguro y legal en el estado.

Las colectivas señalan, de acuerdo con la abogada Valdez, que la penalización actual es una medida institucional que obliga a muchas mujeres a la clandestinidad al dejarlas sin acceso a los apoyos necesarios, mientras otras tienen que viajar a otros estados o buscar el acompañamiento de redes feministas.

En ese sentido, dijo, han identificado barreras legales específicas que deben ser eliminadas para garantizar el derecho a decidir, como es la disposición que contempla la protección de la vida desde la concepción.

En sus demandas al gobierno, solicitaron al Ejecutivo girar instrucciones inmediatas a la Secretaría de Salud para garantizar el acceso al aborto voluntario hasta la semana 12, argumentando que esto es una obligación constitucional de los estados, aun cuando el Código Penal no se haya reformado.

También pidieron llevar a cabo las diligencias necesarias para que exista una campaña permanente sobre derechos sexuales y reproductivos y educación integral en sexualidad.


En tanto, a la Fiscalía del Estado, demandaron que suspenda la apertura de carpetas de investigación, “así como cualquier integración de carpetas para su judicialización por el delito de aborto voluntario”.

Asimismo, colectivas instaron a revisar y archivar las carpetas abiertas por aborto voluntario.

Movilización del 28S en Sonora

Las colectivas feministas de Sonora convocaron a una marcha para este domingo por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, en el marco de su estrategia constante de presión y visibilización por el tema.

La movilización tiene como objetivo central demandar el derecho a decidir.

La ruta de la marcha está diseñada, dijo Valdez, para enviar un mensaje directo a las autoridades como parte de su “triángulo de acciones” que busca presionar simultáneamente al Ejecutivo, al Congreso e informar a la sociedad, reafirmando que no cesarán las acciones hasta que deje de criminalizarse esta práctica en el estado y se garanticen las condiciones adecuadas para ella.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEJANDRA GONZÁLEZ.

SAT BC investiga a empresas señaladas por presunto lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

El pasado 18 de septiembre, la OFAC y el Tesoro de los Estados Unidos designaron a personas claves presuntamente alineadas con Los Mayos, en la red de Playas de Rosarito, donde también apareció la exalcaldesa y actual diputada federal por Morena, Araceli Brown Figueredo.

Las 14 empresas del municipio de Playas de Rosarito señaladas por formar parte de una red de presunto lavado de dinero con el Cártel de Sinaloa (CDS), son investigadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Baja California, informó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.  

La mandataria estatal lo declaró a la prensa el jueves 25 de septiembre, tras encabezar la entrega de 123 patrullas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la región.

“Cuando tuve esta información, cuando nos enteramos de estas 15 empresas (sic.), tengo entendido, se solicitó a nivel estatal al SAT Baja California, como también en el Poder Ejecutivo que se hiciera una revisión total de estas empresas”, afirmó Ávila Olmeda a la prensa.  

En el caso de Javier Robles Aguirre, actual funcionario estatal acusado de pertenecer al entramado, Ávila Olmeda aseguró que el señalado al parecer ya no tiene participación en dicha empresa.  

Robles Aguirre es director de Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación de Baja California, en la administración de Ávila Olmeda; en el listado del Tesoro, se menciona la empresa Alimentos y Diversión Insurgentes, S. de R.L. de C.V., fundada por Jesús González Lomelí y Robles Aguirre, entre otras personas.  

“Lo que el propio servidor público, exalcalde de Rosarito, hace de conocimiento público a los medios de comunicación, es que desde hace muchos años él no tiene participación en esta empresa. Se deslinda completamente de esta persona que ha sido señalada por el gobierno de Estados Unidos”, citó Ávila Olmeda.  

Sin embargo, afirmó que se hará una investigación interna en torno a estas situaciones.  

El pasado 18 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el Tesoro de los Estados Unidos designaron a personas claves presuntamente alineadas con Los Mayos, en la red de Playas de Rosarito, donde también apareció la exalcaldesa y actual diputada federal por Morena, Araceli Brown Figueredo. 

Las empresas propiedad de Jesús González Lomelí son: JR Alimentos Del Mar, S. De R.L. De C.V.; Grupo JRCP, S. De R.L.; Sabor Tapatío, S. De R.L. De C.V.; Gotoco Alimentos Procesados S. De R.L. De C.V.; Grupo Hotelero JJJ, S.A. De C.V.; y Complejo Turístico JJJ, S.A. De C.V. 

Le siguen: Operadora De Espectáculos, Alimentos y Bebidas J&R S.A. De C.V.; Alimentos Y Diversión Insurgentes, S. De R.L. De C.V.; Sunset Servicios Gastronómicas S. De R.L. De C.V.; JJ Gonver S. De R.L. De C.V.; Operadora De Alimentos Con Orígenes De México, S. De R.L. De C.V.; Veintiuno Mexicali, S. De R.L. De C.V.; Coco Beach Bar, S. De R.L. De C.V.; y, Cavally Antro & Bar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BENJAMÍN PACHECO LÓPEZ.

Segundo ataque a policías de Culiacán en menos de 24 horas, deja un agente sin vida

En menos de 24 horas ocurre un segundo atentado a corporaciones locales en el mismo sector de la capital de Sinaloa.

Un segundo ataque a elementos policiales en menos de 24 horas se registró este sábado en la capital de Sinaloa, dejando un elemento de la Policía Estatal sin vida, después de resultar herido en un tiroteo con un grupo armado. 

Tras el ataque arribó al sitio el secretario de Seguridad, Óscar Rentería Schazarino en medio de un fuerte despliegue que incluyó agentes con blindaje al rededor del funcionario.

De acuerdo al parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), el ataque se da en el sector la Conquista cuando patrullas de esta corporación fueron atacadas por hombres armados quienes se resguardaron en un domicilio, donde hallaron armamento y tres vehículos. 

En el ataque resultó herido un agente de esta corporación y falleció más tarde mientras recibía atención médica. 

Este es el agente número 38 en ser asesinado durante este año en Sinaloa. 

La SSPE reportó el lugar de la detención de uno de los agresores, quien además resultó herido, como un domicilio en el que presuntamente se trata de una casa de seguridad. 

Apenas la noche previa un convoy se las policías Estatal y Municipal fueron atacados en Bacurimí, zona en el mismo sector de la Conquista, al poniente norte de la ciudad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.

Grupo “incel” en Facebook planea más ataques como los del CCH Sur

Tras el homicidio en el CCH Sur, comunidades "incels" en Facebook glorifican al agresor "Lex Ashton", justifican la violencia misógina y organizan nuevos ataques.

Después del homicidio del estudiante Jesús Israel Hernández en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur surgieron páginas y grupos en redes sociales que glorifican las acciones del agresor. 

Una de esas comunidades está Facebook. Denominada "Fans de Lex Ashton", promueve abiertamente discursos misóginos y justificativos del asesinato comparando al agresor del CCH Sur con Elliot Rodger, estudiante británico responsable de una matanza en California en 2014.

El mensaje principal de dicha página social dice: “Estas acciones buscan generar conciencia sobre nosotros los incels (acrónimo en inglés de célibes involuntarios), de tanta injusticia que se vive el día a día sobre mujeres y sus estándares (altos). El asesinato del alumno es totalmente justificable, ya que es una manera de que la sociedad nos deje de reprimir tanto y no seamos discriminados ni perseguidos. Es totalmente justificable y no tiene nada de malo, ya que las mujeres nos reprimen muchas veces, pero su movimiento feminista no es más que una carga inútil para la sociedad”. 

El texto también muestra una tendencia ideológica conservadora, pues condena el aborto, así como la libertad sexual y social de las mujeres.


En sus publicaciones, los integrantes de la página sostienen que las acciones de Ashton “buscan generar conciencia” sobre la supuesta opresión que viven los hombres incels y alientan la organización de futuros actos violentos a través de grupos de mensajería: “Buenas noches, brocels (hermano incel), les comparto el número de WhatsApp de la administración: +52 55 7688 5626. Manden un mensaje para agregarlos a un grupo de seguidores de Lex y organizar más actos como el que hizo nuestro líder Lex por ahí”.

En estas páginas de Facebook, además de glorificar la violencia, se fomentan dinámicas de burla y presión entre los propios integrantes. Los usuarios son etiquetados con términos como mentalcels o fakecels si no cumplen con los estándares del grupo, generando un entorno de exclusión y humillación interna.

Lo anterior se convierte en una manifestación de bullying que refuerza la frustración y el aislamiento de los jóvenes, normalizando la violencia como respuesta tanto hacia otros miembros como hacia la sociedad en general.

Este tipo de comunidades funcionan como ecosistemas digitales en los que se legitiman discursos de odio, se comparte terminología específica y se refuerza la idea de que la violencia contra mujeres o personas que ellos perciben como exitosas sexualmente es “justificable”, incluso, hacia la sociedad en general.


Resentimiento, el detonador

Una investigación publicada en la revista académica Frontiers in Psychology en 2024 destaca que los miembros de comunidades incels en línea a menudo se agrupan en torno a creencias misóginas y agresivas, creando un entorno que puede facilitar la radicalización y la adopción de ideologías extremistas

En tanto, la directora interina del Instituto de Liderazgo Social y Bienestar (ILSB), Silvia Soler, explica en entrevista con Proceso que el caso del CCH Sur evidencia la necesidad de intervenciones integrales:
No se trata únicamente de sancionar, sino de generar referentes y discursos que permitan a estos jóvenes construir su identidad y masculinidad de manera sana, sin recurrir a la violencia ni a la misoginia. 
La agresión en el CCH Sur se convierte así en un punto de alerta: no sólo por la tragedia individual, sino por cómo hechos violentos pueden activar comunidades digitales que celebran y reproducen discursos de odio, dice la especialista, subrayando la importancia de la prevención, la educación en género y la atención a la salud mental desde un enfoque estructural y colectivo.

Los ataques perpetrados por individuos vinculados a comunidades incels en el mundo han mostrado un patrón de violencia motivada por el resentimiento hacia las mujeres.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en Isla Vista, California, en 2014, cuando Elliot Rodger, un joven de 22 años que se identificaba como incel, asesinó a seis personas e hirió a otras 14 antes de quitarse la vida. 

Rodger dejó un manifiesto y videos en los que expresaba su odio hacia las mujeres y su frustración por no poder establecer relaciones afectivas, convirtiéndose en un ejemplo paradigmático de cómo la ideología incel puede derivar en agresiones extremas.

Otro caso significativo ocurrió en Toronto, Canadá, en 2018, cuando Alek Minassian, de 25 años, condujo una furgoneta por una acera, matando a 10 personas e hiriendo a 16; Minassian publicó en Facebook minutos antes del ataque un mensaje en el que declaraba: “La rebelión incel ha comenzado”, evidenciando que su acción estaba inspirada directamente por esa motivación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.