El caso de Carlos Gurrola, empleado que murió después de días de agonía tras ingerir un desengrasante, pone al descubierto un problema estructural en México: la violencia laboral. La combinación de conductas normalizadas, protocolos insuficientes, vacíos legales y falta de seguimiento convierte los centros de trabajo en escenarios de riesgo. Mientras tanto la familia de Carlos clama justicia.
“Toda la familia está muy dolida por su pérdida, por nuestra pérdida, pero todo se lo dejamos a las manos de la justicia; tarde o temprano van a hacer justicia. O sea, eso es lo que puedo decir, que no se vaya a quedar impune esto que le pasó a mi hermano”, dijo Karina Gurrola, hermana de Carlos, en entrevista con SinEmbargo.
Aunque la Fiscalía de Coahuila investiga el caso, no lo aborda por el momento como un homicidio. En declaraciones a medios en días pasados y tras reunirse con los familiares de la víctima, el Fiscal de esa entidad, Federico Fernández Montañez, señaló que “al momento, no se cuenta con indicio alguno que presuma la comisión de un delito de naturaleza dolosa”.
Fuentes consultadas por SinEmbargo indicaron que no siguen la línea de homicidio porque “al momento, los servicios periciales y los videos mostrados a la familia no revelan homicidio”.
Mientras la investigación sobre la muerte de Carlos Gurrola continúa en manos de la Fiscalía, su familia mantiene viva la exigencia de justicia y la esperanza de que el caso no quede en la impunidad.
“Ahorita lo que más quiere la familia es justicia, que se haga la justicia como debe de ser con mi tío. Su caso no debe quedar impune”, expresó Alejandra, sobrina de Carlos, en entrevista con SinEmbargo.
En tanto que Karina, la hermana, agregó: “Esperemos en Dios que sí se haga justicia y que todos se lo dejamos a las manos de la justicia".
Carlos Gurrola, de 47 años y conocido como “Papayita", falleció después de pasar 19 largos días en agonía y sufriendo por ingerir desengrasante en una bebida. Tras su muerte, la familia de Carlos denunció que su envenaniento fue culpa de sus compañeros de trabajo que le colocaran desengrasante a uno de sus electrolitos como una “aparente broma”.
Para la familia lo importante es que se reconozca el infierno disfrazado de bromas que Carlos vivió en su entorno laboral. Alejandra, su sobrina, denunció que Carlos era víctima constante de acoso por parte de sus compañeros de Multiservicios Rocasa, que es la empresa que presta lo servicios de limpieza para la cadena HEB.
El hostigamiento que padecía no se limitaba a comentarios o intimidaciones, sino que incluía acciones concretas que afectaban su vida cotidiana.
“Le robaban su lonche, le robaron un teléfono, una bicicleta y ya las bromas más pesadas eran que le ponchaban su bici y él se venía, desde el trabajo hasta su casa, a pie a altas horas de la noche porque le ponchaban su bici y él se venía caminando ”, relató Alejandra.
El acoso que vivía incluso hizo que en varias ocasiones llegará llorando a casa.
La normalización de la violencia laboral
El caso de Carlos ha generado indignación nacional e incluso atención internacional., pero más allá del impacto mediático, la tragedia revela un problema mucho más grave y de fondo en México: la violencia laboral y su invisibilización, en donde la combinación de conductas normalizadas, protocolos insuficientes y vacíos legales convierte a muchos centros de trabajo en escenarios de riesgo.
“La violencia laboral está cobrando más vidas de las que podemos imaginarnos. Hay casos con desenlaces tan fatales como el de Carlos; otros llevan a las personas a quitarse la vida o afectan gravemente su salud física y mental. Muchas veces, quienes sufren estas violencias se ven obligados a separarse de sus empleos, exponiéndose a precariedad económica, porque nadie hizo nada”, señaló Alix Trimmer, abogada laboral y especialista en el tema.
Para Trimmer, lo ocurrido con Carlos es “la punta del iceberg” de la violencia laboral en México. Explicó que este tipo de situaciones no surgen de manera aislada y que a menudo se normalizan bajo la excusa de una “broma”.
“Todos los centros de trabajo tienen personas expuestas a distintos tipos de violencia laboral. La sociedad tiende a normalizar estas conductas con frases como ‘Así nos llevamos, no es para tanto, es una broma’, como ocurrió en este caso. Pero una broma jamás podría tener estos tintes”, afirmó la especialista. Destacó que la violencia laboral no distingue tamaño de empresa; incluso espacios con solo dos personas pueden convertirse en escenarios de agresión.
El entorno laboral de Carlos no le ofreció un espacio seguro. Los abusos constantes le causaban dolor: a veces regresaba a casa llorando. Aunque denunció los acosos ante la empresa, las quejas fueron ignoradas o minimizadas. Le decían que iban a hablar con sus compañeros, pero nada cambió. El acoso solo se incrementó, narraron sus familiares.
“Sí, [Carlos] les comentó un tiempo en la empresa (el acoso que sufría). La versión que nos daba él era de que le decían que sí, que iban a hablar con ellos, con los que lo acosaban. Tiempo después, seguían acosándolo más y era más frecuente el bullying, hasta el grado que llegamos ahorita”, detalló Alejandra.
Pero la tragedia de Carlos no solo refleja la actuación de sus agresores, sino también las carencias del sistema laboral mexicano. “Tenemos una normativa incompleta en México para enfrentar este tipo de casos”, lamentó Alix Trimer.
Mientras tanto, la familia de Carlos Gurrola sigue firme en su demanda de justicia. Su petición es clara: que el caso no quede impune y que la muerte de Carlos sea reconocida como consecuencia de un entorno laboral violento que nadie debería tolerar.
POR UNA ESTÚPIDA "BROMA" DE SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO, MUERE CARLOS GURROLA, “PAPAYITA”
— ▕⃝⃤ Alquimista▕⃝⃤ (@Librattus) September 20, 2025
Carlos Gurrola, un hombre de trabajo, respeto y humildad, perdió la vida después de 19 días de agonía en el hospital. Tenía 47 años y se ganaba la vida como trabajador de limpieza en Torreón.… pic.twitter.com/j4bBGsxeLb
Los hechos
El incidente que derivó en la muerte de Carlos Gurrola tuvo lugar la tarde del pasado sábado 30 de agosto, luego de que el trabajador dejara una botella de electrolit cerca de su puesto de trabajo para salir comer. Al regresar de su horario de comida, le dio un trago y luego notó un sabor extraño y escupió la bebida. Sin embargo, empezó a sentirse mal.
La familia relató primero a medios locales de Coahuila que la empresa donde trabaja Carlos se comunicó con ellos tres horas después, hasta 6:00 de la tarde y les dijeron que sería trasladado a la clínica 66 del IMSS porque Carlos manifestaba que no podía respirar y refería sentir “quemaduras internas”.
Los médicos que lo atendieron determinaron que tenía daño severo en pulmones y tráquea a causa de una sustancia ingerida, por lo que fue trasladado a la Clínica de Alta Especialidad 71 del IMSS. Desde que se dio a conocer el caso, la familia ha denunciado que Carlos sufría bromas y acoso.
Inicialmente, el delegado Región Laguna de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), Carlos Rangel, indicó a medios locales que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso. Asimismo, se solicitó material de videograbación de la sucursal y realizan entrevistas para obtener más información y determinar cómo ocurrió la intoxicación.
En esta semana, desde el pasado lunes, la familia sostuvo una reunión con la Fiscalía de Coahuila. El Fiscal Federico Fernández posteriormente indicó que en la reunión se les mostraron algunas videograbaciones y los avances en la carpeta de investigación, a lo que los familiares, quienes –según dijo el funcionario– manifestaron su conformidad con el trabajo realizado hasta el momento.
“El día de hoy esta reunión se llevó a cabo tal cual lo planeado, y, pues, bueno, los familiares de Carlos Burrola y sus asesores jurídicos se les mostraron algunas videograbaciones, así como los avances en la carpeta de investigación, mismos que manifestaron su conformidad con la investigación que hasta el momento realiza la Fiscalía General del Estado”, señaló el fiscal el pasado 22 de septiembre.
No obstante, el funcionario señaló que los videos no han mostrado elementos para presumir un delito doloso.
"Al momento es importante señalarlo, no se cuenta con indicio alguno que presuma la comisión de un delito de naturaleza dolosa, por lo que se acordó en dicha reunión continuar con la integración de la carpeta de investigación de manera conjunta y transparente con familiares directos y asesores jurídicos del señor Carlos Burrola”, abundó.
Por su parte, tanto Alejandra como Karina, sobrina y hermana de Carlos, respectivamente, han señalado que la familia ha optado por abogados propios: “Pues es que ya los licenciados están haciendo su trabajo. Ya están avanzando con las carpetas de investigación. Eso es todo lo que puedo decirles”, dijo Karina.
–La fiscalía ya les mostró los videos, ¿en los videos se ha visto a alguien poniendo el desengrasante en su bebida?, se le cuestionó a una de las familiares.
“Ya, eso se están encargando los licenciados”, respondió Alejandra.
Sin herramientas reales para prevenir del acoso laboral
El caso de Carlos probablemente comenzó con acoso laboral entre pares, conocido como mobbing, una forma de violencia psicológica que puede escalar hacia lo físico, según explica Alix Trimmer.
“Este tipo de conductas son la evolución en el mundo laboral de las conductas dañinas escolares que llevan ya el nombre de bullying… es una violencia inicialmente psicológica que puede tornarse en violencia física y que claramente puede tener alcances como los de este caso tan lamentable”, detalló la especialista entrevistada.
Aunque el término no aparece en la legislación mexicana, las conductas de mobbing están previstas legalmente y forman parte de lo que la academia identifica como violencia laboral. La especialista enfatizó que el hecho de que la legislación no nombre explícitamente estas conductas no significa que sean inexistentes o legítimas.
El caso de Carlos también revela fallas estructurales en la manera en que las empresas manejan la violencia laboral. la familia denunció que había reportado previamente robos de su lonche y hasta de su bicicleta, sin que la empresa tomara medidas efectivas.
Aunque la Ley Federal del Trabajo obliga a las empresas a contar con un protocolo para atender violencia, hostigamiento y discriminación laboral, no obstante, la normativa es vaga y permite el cumplimiento formal sin acción real: “El problema… es que solamente dice que se tiene que contar con el protocolo. No nos dice qué lleva, no nos dice cómo se tiene que implementar… Si imprimieran un documento con el título de protocolo, con un único artículo que dijera: ‘Todas las personas trabajadoras tienen que respetarse y no puede haber violencias’, sería suficiente para cumplir con la norma”.
Trimmer explicó que esta falta de concreción puede justificar la inacción de las empresas: “La empresa… puede que sí tenga un protocolo, puede que no… pero sí habría formas tristemente de librarse de la responsabilidad sin que eso signifique que estaban haciendo bien las cosas desde una perspectiva humana”.
Y ejemplificó: “Si imprimieran un documento con el título de protocolo, con un único artículo que dijera: 'Todas las personas trabajadoras tienen que respetarse y no puede haber violencias', eso sería suficiente para cumplir con lo que dice la norma. Así de vacío está”, aseguró Trimmer.
Es así como, a pesar de los protocolos legales, la justicia laboral aún no garantiza protección efectiva: “Por más que se incluya esta obligación del protocolo en la ley, todavía dista mucho de ser una realidad en la que las personas genuinamente puedan no ser víctimas de violencia laboral o obtener alguna resolución ante una vivencia de esta naturaleza”, insistió la especialista´
Incluso, el tema de las violencias laborales está tan desatendidos, que hasta hay una invisibilidad sobre la dimensión del tema, pues no hay datos ni cifras oficiales específicos que aborden la dimensión real sobre violencia laboral en México. Por ejemplo, estadísticas disponibles, como las del Inegi, se centran en mujeres y no reflejan la totalidad del fenómeno, detalló la especialista. “El sistema tiene una invisibilidad estadística importante de los conflictos de violencia laboral que generan alguna otra afectación… muchos hombres que son víctimas no denuncian por miedo a recibir un juicio social”, dijo.
Trimmer lamentó que hasta que ocurren casos como el de Carlos se habla un poco del tema:
“Hasta que hay un resultado fatal es que la gente se preocupa de entender por qué y de investigar, y no se enfocan en algo que sería mucho más útil, que es la prevención y la atención temprana de conductas que, si no son detenidas, pueden terminar en esto”, afirmó, destacando que los protocolos deben ir más allá del cumplimiento mínimo y convertirse en herramientas efectivas: capacitar al personal, generar sensibilización y erradicar de manera permanente los fenómenos de violencia laboral, sin importar su tamaño, forma o medio.
Finalmente, la abogada laboral advirtió que el caso de Carlos Gurrola, por trágico que sea, representa solo una parte del problema de la violencia laboral en México. “Tenemos mucho por hacer todavía. Existen dos obligaciones muy puntuales: una, del Estado, que es normar mejor estos temas; y otra, de los centros de trabajo, que no basta con cumplir el requisito por cumplirlo, también es importante asumir como propia la responsabilidad de crear espacios laborales seguros”, afirmó la especialista poniendo énfasis en que, sin reformas legales y una verdadera implementación de protocolos, muchas personas seguirán siendo víctimas de conductas que afectan su salud, seguridad y, en casos extremos, su vida.
Estoy en el Plantón afuera de HEB, exigiendo justicia por el homicidio de Carlos Gurrola “El Papayita”. No fue una broma, fue violencia que le arrebató la vida.
— LuisShots (@Peter_sr97) September 21, 2025
No podemos normalizar el acoso ni el maltrato disfrazado de juegos.✊#Heb #Torreon #JusticiaParaCarlosGurrola pic.twitter.com/buB6bZ7YBm
El pasado viernes 19 de septiembre, Carlos fue velado y despedido entre reclamos y el clamor de justicia. Durante el funeral, su madre, María del Pilar, exigió justicia: “Yo le pido que, por favor, me hagan justicia a mi hijo, porque no se vale. Ahorita fue mi hijo, al rato va a ser otro y otro, y que no quede la muerte de mi hijo impune. Quiero ayuda, ayúdenme. […] Le quemaron sus riñones, el pulmón, todos sus órganos. Por eso no quería que le hicieran la autopsia a mi hijo, porque tanto que sufrió”, expresó a medios locales.
Posteriormente, el domingo 21 de septiembre, familiares, amigos y vecinos de Carlos marcharon en Torreón para exigir justicia. Entre pancartas y consignas como “Papayita no murió, lo mataron”, la manifestación inició en el ejido La Concha y avanzó hasta la sucursal de HEB Senderos, donde los manifestantes exigieron la entrega de los videos de seguridad y la detención de los responsables de la broma que culminó en la muerte. Tras la protesta, según reportaron medios locales, Elke González, gerente de Relaciones Públicas de HEB, aseguró que la empresa colaborará con las autoridades y que no se tolerará ningún acto que atente contra la dignidad de las personas.
Más adelante, en un comunicado oficial, HEB México expresó sus condolencias, afirmó que respeta la exigencia de justicia de la comunidad y destacó que ha entregado información y videos a la Fiscalía. También señaló que mantiene un “diálogo cercano” con la familia de Gurrola en conjunto con Multiservicios Rocasa, compañía de limpieza para la que trabajaba.
“Compartimos plenamente la exigencia de justicia y reiteramos nuestro compromiso para que los hechos se esclarezcan con total transparencia”, señaló la empresa en el documento, donde además insistió en su política de “cero tolerancia” hacia la violencia, el acoso o el maltrato.
HEB también informó que este lunes se realizará una reunión entre la familia y la Fiscalía para presentar avances de la investigación. Sin embargo, los familiares y vecinos han insistido en que la empresa para la que trabajaba Gurrola debe asumir responsabilidad directa.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.
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