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“Dejen de legislar con sus prejuicios”: colectivas de Sonora exigen despenalización del aborto

En el marco del Día de Acción Global por un aborto libre y seguro, la colectiva Ni Una Más de Hermosillo, Sonora, señaló que la inacción institucional en torno a la interrupción del embarazo lleva a las mujeres y personas gestantes a la clandestinidad.

El aborto en Sonora sigue siendo un delito tipificado en el Código Penal y está reforzado por un “candado” legal en la Constitución local que protege la vida desde la concepción. Ante este marco restrictivo, colectivas feministas han intensificado su lucha para exigir la despenalización y legalización inmediata de esta práctica, denunciando una falta de “voluntad política y misoginia” con la que se gobierna en el estado.

Sonora es una de las entidades del país que aún no despenalizan el aborto, pese a que, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización de esta práctica al determinar que vulnera los derechos reproductivos de mujeres y personas gestantes.

En ese estado del norte, la interrupción del embarazo solo está permitida por tres causales: violación, si ocurre de manera involuntaria o si la vida de la mujer está en riesgo. Fuera de ellas, la práctica se criminaliza.

En esa línea, Leslie Valdez, abogada e integrante de la colectiva Ni Una Más HMO, dijo a Animal Político que la lucha feminista va más allá de las causales, por lo que urgen al gobierno de Sonora, a cargo del morenista Alfonso Durazo, y al Congreso local, reconocer el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo.

“Nuestra postura es clara, la penalización es una medida institucional y exigimos la despenalización, pero no solo eso, no solo es la despenalización y la legislación inmediata del aborto, es también que se den las condiciones adecuadas para tener un aborto digno”, aseveró.

En el marco del Día de Acción Global por un aborto libre y seguro, Valdez hizo hincapié en que la penalización convierte el acceso a la interrupción del embarazo en una cuestión de clase social.

Además, sostuvo que la práctica sigue siendo un tabú en Sonora o “al menos así quieren manejarlo las autoridades”, por lo que atribuyó la inacción institucional al miedo de los legisladores a perder votos y privilegio.

Sin embargo, enfatizó que dicha inacción condena a las mujeres y personas gestantes a la clandestinidad.  

La despenalización del aborto, un tema pendiente en Sonora

El gobernador Alfonso Durazo sí se ha pronunciado respecto al tema en distintas ocasiones durante su administración que comenzó en 2021.

Por ejemplo, en septiembre de 2023 sostuvo que la entidad debía atender el mandato de la Corte que obliga a las entidades a legislar en favor de la despenalización del aborto, sin embargo, señaló la importancia de realizar una consulta pública ante la división de opiniones.

Un año más tarde, en entrevista con Uniradio, dijo que el aborto era uno de los asuntos “más sensibles para la sociedad, para la opinión pública” en Sonora y señaló que “todos los estados tendrán en un momento u otro que dar el paso de la aprobación” a menos de que el máximo tribunal del país reconsidere su propia jurisprudencia.

En esa misma entrevista, el mandatario indicó que la diputada de Morena, Celeste Taddei, presentó una propuesta, pero él insistió en la necesidad de “trabajar ese tema todavía más”.

Este 2025, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Durazo expresó que “en algún momento” habría que atender la sentencia de la Corte.

“Yo expresaba que el movimiento progresista del país tiene una agenda histórica que incluye ese postulado y también hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que recomienda a los congresos de los estados legislar en ese sentido, tendremos que dar el paso en algún momento para atender esa sentencia”, sostuvo.

Pese a sus declaraciones, la despenalización del aborto es un tema que hasta el momento sigue pendiente de legislar en la entidad. Incluso, se ha señalado que no hay disposición del Congreso local para despenalizar la práctica.

En agosto pasado, la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Félix, declaró que el tema requiere voluntad y los votos de la mayoría de las y los legisladores, sin embargo, enfatizó que no se percibe esa apertura dentro del Congreso.

“Yo creo que no la hay, sin embargo, no digo que no se pueda construir”, dijo Félix a diversos medios locales, quien se pronunció a favor de la despenalización y afirmó dar su apoyo para cuando se presente la iniciativa.

El silencio institucional por el tema del aborto en Sonora

Las exigencias para alcanzar la despenalización del aborto en Sonora se intensificaron desde julio pasado tras una reunión entre integrantes de colectivas y autoridades.

En el encuentro, relató la abogada Leslie Valdez, ella preguntó “qué iba a pasar con el tema” y la respuesta en ese momento, dijo, fue que el asunto no le compete al mandatario, pues se trata de una responsabilidad del Congreso. Sin embargo, las colectivas argumentaron que él podía presentar una iniciativa de ley.

Un mes más tarde ―el 15 de agosto―, sostuvieron un nuevo encuentro en el que esperaban la asistencia de Alfonso Durazo, pero no se presentó.

Ante cuestionamientos por no acudir al diálogo, el equipo del gobernador acordó gestionar una reunión que hasta la fecha no ha llegado, a pesar de haber entregado una solicitud para abordar el tema y tomar medidas en el asunto mientras sucede la discusión.

Con el documento esperaban obtener un enlace de seguimiento, pero solo ha persistido el silencio oficial.

Ante este panorama, el mensaje de las colectivas feministas ―incluyendo a Ni Una Más― es enfático y directo al exigir que dejen de lado los prejuicios.

“Dejen de legislar con sus prejuicios y su cobardía, quítense la venda de los ojos, nuestras vidas no son negociables y mucho menos nuestros derechos”, dijo Leslie Valdez.

Las exigencias para despenalizar la práctica en Sonora

La abogada explicó que en Sonora solo existen tres módulos de aborto, ubicados en Hermosillo, Obregón y Nogales, lo que limita el acceso a lo largo de los 72 municipios de la entidad.

La agenda de las colectivas feministas de Sonora, incluyendo a Ni Una Más, articula una exigencia clara para poner fin a la criminalización del aborto y garantizar el acceso pleno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.

La demanda principal es la despenalización y la legislación inmediata del aborto, así como la creación de las condiciones para un aborto seguro y legal en el estado.

Las colectivas señalan, de acuerdo con la abogada Valdez, que la penalización actual es una medida institucional que obliga a muchas mujeres a la clandestinidad al dejarlas sin acceso a los apoyos necesarios, mientras otras tienen que viajar a otros estados o buscar el acompañamiento de redes feministas.

En ese sentido, dijo, han identificado barreras legales específicas que deben ser eliminadas para garantizar el derecho a decidir, como es la disposición que contempla la protección de la vida desde la concepción.

En sus demandas al gobierno, solicitaron al Ejecutivo girar instrucciones inmediatas a la Secretaría de Salud para garantizar el acceso al aborto voluntario hasta la semana 12, argumentando que esto es una obligación constitucional de los estados, aun cuando el Código Penal no se haya reformado.

También pidieron llevar a cabo las diligencias necesarias para que exista una campaña permanente sobre derechos sexuales y reproductivos y educación integral en sexualidad.


En tanto, a la Fiscalía del Estado, demandaron que suspenda la apertura de carpetas de investigación, “así como cualquier integración de carpetas para su judicialización por el delito de aborto voluntario”.

Asimismo, colectivas instaron a revisar y archivar las carpetas abiertas por aborto voluntario.

Movilización del 28S en Sonora

Las colectivas feministas de Sonora convocaron a una marcha para este domingo por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, en el marco de su estrategia constante de presión y visibilización por el tema.

La movilización tiene como objetivo central demandar el derecho a decidir.

La ruta de la marcha está diseñada, dijo Valdez, para enviar un mensaje directo a las autoridades como parte de su “triángulo de acciones” que busca presionar simultáneamente al Ejecutivo, al Congreso e informar a la sociedad, reafirmando que no cesarán las acciones hasta que deje de criminalizarse esta práctica en el estado y se garanticen las condiciones adecuadas para ella.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEJANDRA GONZÁLEZ.

SAT BC investiga a empresas señaladas por presunto lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

El pasado 18 de septiembre, la OFAC y el Tesoro de los Estados Unidos designaron a personas claves presuntamente alineadas con Los Mayos, en la red de Playas de Rosarito, donde también apareció la exalcaldesa y actual diputada federal por Morena, Araceli Brown Figueredo.

Las 14 empresas del municipio de Playas de Rosarito señaladas por formar parte de una red de presunto lavado de dinero con el Cártel de Sinaloa (CDS), son investigadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Baja California, informó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.  

La mandataria estatal lo declaró a la prensa el jueves 25 de septiembre, tras encabezar la entrega de 123 patrullas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la región.

“Cuando tuve esta información, cuando nos enteramos de estas 15 empresas (sic.), tengo entendido, se solicitó a nivel estatal al SAT Baja California, como también en el Poder Ejecutivo que se hiciera una revisión total de estas empresas”, afirmó Ávila Olmeda a la prensa.  

En el caso de Javier Robles Aguirre, actual funcionario estatal acusado de pertenecer al entramado, Ávila Olmeda aseguró que el señalado al parecer ya no tiene participación en dicha empresa.  

Robles Aguirre es director de Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación de Baja California, en la administración de Ávila Olmeda; en el listado del Tesoro, se menciona la empresa Alimentos y Diversión Insurgentes, S. de R.L. de C.V., fundada por Jesús González Lomelí y Robles Aguirre, entre otras personas.  

“Lo que el propio servidor público, exalcalde de Rosarito, hace de conocimiento público a los medios de comunicación, es que desde hace muchos años él no tiene participación en esta empresa. Se deslinda completamente de esta persona que ha sido señalada por el gobierno de Estados Unidos”, citó Ávila Olmeda.  

Sin embargo, afirmó que se hará una investigación interna en torno a estas situaciones.  

El pasado 18 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el Tesoro de los Estados Unidos designaron a personas claves presuntamente alineadas con Los Mayos, en la red de Playas de Rosarito, donde también apareció la exalcaldesa y actual diputada federal por Morena, Araceli Brown Figueredo. 

Las empresas propiedad de Jesús González Lomelí son: JR Alimentos Del Mar, S. De R.L. De C.V.; Grupo JRCP, S. De R.L.; Sabor Tapatío, S. De R.L. De C.V.; Gotoco Alimentos Procesados S. De R.L. De C.V.; Grupo Hotelero JJJ, S.A. De C.V.; y Complejo Turístico JJJ, S.A. De C.V. 

Le siguen: Operadora De Espectáculos, Alimentos y Bebidas J&R S.A. De C.V.; Alimentos Y Diversión Insurgentes, S. De R.L. De C.V.; Sunset Servicios Gastronómicas S. De R.L. De C.V.; JJ Gonver S. De R.L. De C.V.; Operadora De Alimentos Con Orígenes De México, S. De R.L. De C.V.; Veintiuno Mexicali, S. De R.L. De C.V.; Coco Beach Bar, S. De R.L. De C.V.; y, Cavally Antro & Bar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BENJAMÍN PACHECO LÓPEZ.

Segundo ataque a policías de Culiacán en menos de 24 horas, deja un agente sin vida

En menos de 24 horas ocurre un segundo atentado a corporaciones locales en el mismo sector de la capital de Sinaloa.

Un segundo ataque a elementos policiales en menos de 24 horas se registró este sábado en la capital de Sinaloa, dejando un elemento de la Policía Estatal sin vida, después de resultar herido en un tiroteo con un grupo armado. 

Tras el ataque arribó al sitio el secretario de Seguridad, Óscar Rentería Schazarino en medio de un fuerte despliegue que incluyó agentes con blindaje al rededor del funcionario.

De acuerdo al parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), el ataque se da en el sector la Conquista cuando patrullas de esta corporación fueron atacadas por hombres armados quienes se resguardaron en un domicilio, donde hallaron armamento y tres vehículos. 

En el ataque resultó herido un agente de esta corporación y falleció más tarde mientras recibía atención médica. 

Este es el agente número 38 en ser asesinado durante este año en Sinaloa. 

La SSPE reportó el lugar de la detención de uno de los agresores, quien además resultó herido, como un domicilio en el que presuntamente se trata de una casa de seguridad. 

Apenas la noche previa un convoy se las policías Estatal y Municipal fueron atacados en Bacurimí, zona en el mismo sector de la Conquista, al poniente norte de la ciudad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.

Grupo “incel” en Facebook planea más ataques como los del CCH Sur

Tras el homicidio en el CCH Sur, comunidades "incels" en Facebook glorifican al agresor "Lex Ashton", justifican la violencia misógina y organizan nuevos ataques.

Después del homicidio del estudiante Jesús Israel Hernández en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur surgieron páginas y grupos en redes sociales que glorifican las acciones del agresor. 

Una de esas comunidades está Facebook. Denominada "Fans de Lex Ashton", promueve abiertamente discursos misóginos y justificativos del asesinato comparando al agresor del CCH Sur con Elliot Rodger, estudiante británico responsable de una matanza en California en 2014.

El mensaje principal de dicha página social dice: “Estas acciones buscan generar conciencia sobre nosotros los incels (acrónimo en inglés de célibes involuntarios), de tanta injusticia que se vive el día a día sobre mujeres y sus estándares (altos). El asesinato del alumno es totalmente justificable, ya que es una manera de que la sociedad nos deje de reprimir tanto y no seamos discriminados ni perseguidos. Es totalmente justificable y no tiene nada de malo, ya que las mujeres nos reprimen muchas veces, pero su movimiento feminista no es más que una carga inútil para la sociedad”. 

El texto también muestra una tendencia ideológica conservadora, pues condena el aborto, así como la libertad sexual y social de las mujeres.


En sus publicaciones, los integrantes de la página sostienen que las acciones de Ashton “buscan generar conciencia” sobre la supuesta opresión que viven los hombres incels y alientan la organización de futuros actos violentos a través de grupos de mensajería: “Buenas noches, brocels (hermano incel), les comparto el número de WhatsApp de la administración: +52 55 7688 5626. Manden un mensaje para agregarlos a un grupo de seguidores de Lex y organizar más actos como el que hizo nuestro líder Lex por ahí”.

En estas páginas de Facebook, además de glorificar la violencia, se fomentan dinámicas de burla y presión entre los propios integrantes. Los usuarios son etiquetados con términos como mentalcels o fakecels si no cumplen con los estándares del grupo, generando un entorno de exclusión y humillación interna.

Lo anterior se convierte en una manifestación de bullying que refuerza la frustración y el aislamiento de los jóvenes, normalizando la violencia como respuesta tanto hacia otros miembros como hacia la sociedad en general.

Este tipo de comunidades funcionan como ecosistemas digitales en los que se legitiman discursos de odio, se comparte terminología específica y se refuerza la idea de que la violencia contra mujeres o personas que ellos perciben como exitosas sexualmente es “justificable”, incluso, hacia la sociedad en general.


Resentimiento, el detonador

Una investigación publicada en la revista académica Frontiers in Psychology en 2024 destaca que los miembros de comunidades incels en línea a menudo se agrupan en torno a creencias misóginas y agresivas, creando un entorno que puede facilitar la radicalización y la adopción de ideologías extremistas

En tanto, la directora interina del Instituto de Liderazgo Social y Bienestar (ILSB), Silvia Soler, explica en entrevista con Proceso que el caso del CCH Sur evidencia la necesidad de intervenciones integrales:
No se trata únicamente de sancionar, sino de generar referentes y discursos que permitan a estos jóvenes construir su identidad y masculinidad de manera sana, sin recurrir a la violencia ni a la misoginia. 
La agresión en el CCH Sur se convierte así en un punto de alerta: no sólo por la tragedia individual, sino por cómo hechos violentos pueden activar comunidades digitales que celebran y reproducen discursos de odio, dice la especialista, subrayando la importancia de la prevención, la educación en género y la atención a la salud mental desde un enfoque estructural y colectivo.

Los ataques perpetrados por individuos vinculados a comunidades incels en el mundo han mostrado un patrón de violencia motivada por el resentimiento hacia las mujeres.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en Isla Vista, California, en 2014, cuando Elliot Rodger, un joven de 22 años que se identificaba como incel, asesinó a seis personas e hirió a otras 14 antes de quitarse la vida. 

Rodger dejó un manifiesto y videos en los que expresaba su odio hacia las mujeres y su frustración por no poder establecer relaciones afectivas, convirtiéndose en un ejemplo paradigmático de cómo la ideología incel puede derivar en agresiones extremas.

Otro caso significativo ocurrió en Toronto, Canadá, en 2018, cuando Alek Minassian, de 25 años, condujo una furgoneta por una acera, matando a 10 personas e hiriendo a 16; Minassian publicó en Facebook minutos antes del ataque un mensaje en el que declaraba: “La rebelión incel ha comenzado”, evidenciando que su acción estaba inspirada directamente por esa motivación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Disculpa pública de ex titular de INM ‘no cierra el caso’ por muerte de migrantes: FJEDD

La FJEDD aclaró que la disculpa es un acto personal acordado como parte de sus obligaciones judiciales, dentro del proceso penal que enfrenta Garduño.

El pasado viernes 26 de septiembre, el ex comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, ofreció una disculpa pública a las familias y sobrevivientes de las 40 personas que perdieron la vida en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el 27 de marzo de 2023. 

Sin embargo, esta acción ha sido considerada insuficiente por la Fundación para la Justicia (FJEDD), organización que acompaña a las víctimas. En un comunicado manifestó que la disculpa “no cierra el caso ni será realizada por el Estado Mexicano”, sino que es un acto personal acordado como parte de sus obligaciones judiciales, dentro del proceso penal que enfrenta Garduño.

En un acto realizado en el Museo de la Ciudad de México y bajo instrucción judicial, Francisco Garduño reconoció la gravedad del incendio que causó la muerte de 40 migrantes y heridas graves en otros 27, incluyendo 15 mujeres sobrevivientes.

El excomisionado admitió que dicho hecho fue “inadmisible” y “una tragedia” con consecuencias permanentes en la vida de las víctimas, afectando su salud física, mental y emocional. Garduño expresó:
Me disculpo y reconozco que estos hechos son inaceptables y reprocho lo sucedido, toda vez que ocasionó modificaciones a sus proyectos de vida.
Además, pidió perdón a las familias por el sufrimiento causado: “A todos les ofrezco con humildad una profunda disculpa por el sufrimiento y daño causado a ustedes y sus familias que vieron cambiar su vida para siempre”.


Garduño no ha sido exonerado: FJEDD

Aunque esta disculpa representó un acto personal, el exfuncionario continúa sujeto a proceso penal por ejercicio ilícito del servicio público y no ha sido liberado ni exonerado por ello, según la FJEDD.

La Fundación para la Justicia, que representa legalmente a varias víctimas y familiares, aclaró en su comunicado oficial que esta disculpa pública no sustituye la responsabilidad del Estado mexicano ni la búsqueda de justicia y reparación integral.
La disculpa pública no debe interpretarse como una exoneración de responsabilidades ni como un acto de arrepentimiento del excomisionado.
En su comunicado, la organización ciudadana precisó que “es apenas un primer paso simbólico para la reparación integral del daño, pero no resuelve las demandas de justicia ni garantiza que hechos similares no se repitan.”

En este sentido, la FJEDD exigió la inclusión plena de todos los sobrevivientes –especialmente a las 15 mujeres que no han sido reconocidas formalmente como víctimas–, al igual que el otorgamiento de residencia y documentación adecuada.

Familias, víctimas y organizaciones exigen justicia

Desde la tragedia, múltiples organizaciones y familias han exigido una investigación profunda, que incluya toda la cadena de mando y elimine la detención migratoria como práctica.

En este contexto, la FJEDD ha presentado denuncias penales, quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y recomendaciones complementarias para asegurar una investigación efectiva, el respeto a derechos humanos y la atención digna de las víctimas.

La FJEDD enfatizó que avanzar en justicia implica no solo programas de reparación económica, sino también cambios estructurales en la política migratoria para evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir.

En su comunicado señalan la necesidad de que los responsables directos, sin importar su rango, enfrenten los procesos penales correspondientes. Además, llaman a investigar el papel del gobierno local de Ciudad Juárez en la tragedia y adoptar reformas legislativas para eliminar la detención migratoria.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Liberan a integrantes de La Luz del Mundo que entrenaban para el apocalipsis

Los detenidos manifestaron ser parte de la guardia de protección de la cúpula de La Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín García, cumple condena en Estados Unidos por cargos de abuso sexual infantil y otros delitos.

Una jueza federal con sede en Morelia, Michoacán, ordenó la liberación de 38 integrantes del grupo paramilitar ‘Jahzer’, vinculado a la organización religiosa La Luz del Mundo, tras considerar ilegal su detención en un campo de adiestramiento clandestino en Vista Hermosa, Michoacán. 

El operativo se realizó el pasado 24 de septiembre y en él fueron asegurados una pistola real, 19 réplicas de armas largas y cortas, cuchillos tipo militar, chalecos, radios y equipo táctico.

Durante el operativo, los detenidos, 37 hombres mexicanos y una mujer estadounidense, afirmaron que llevaban a cabo entrenamiento táctico como parte de la preparación de sus integrantes para enfrentar un escenario apocalíptico.

También manifestaron ser parte de la guardia de protección de la cúpula de La Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín García, cumple condena en Estados Unidos por cargos de abuso sexual infantil y otros delitos.

En una audiencia que se prolongó por más de 12 horas, la jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Morelia, declaró que la detención realizada por la Policía Estatal de Michoacán violó el debido proceso, ya que la captura se ejecutó sin orden de cateo ni pruebas fehacientes que justificaran legalmente la aprehensión.

Este fallo llevó a que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudiera imputar ningún delito a los detenidos, a pesar de los objetos asegurados y su confesión sobre la pertenencia al grupo “Jahzer”, informó el diario La Jornada.

El grupo Jahzer es conocido como la guardia secreta que protege al líder Naasón Joaquín García, así como a sus templos y eventos masivos. Su origen se remonta a “La Guardia de Jericó”, creada por Samuel Joaquín, padre del actual líder.

Exintegrantes y denuncias de exmiembros como Sharim Guzmán han revelado la estructura paramilitar del grupo y la vigilancia extrema dentro y fuera de la congregación. Guzmán afirmó:

Estaban entrenados tácticamente, portaban armas e incluso existía reclutamiento de menores para estos grupos de seguridad interna.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Audiencia de Vicente Carrillo, "El Viceroy", se aplaza a petición de fiscales de EU

Vicente Carrillo Fuentes encabezó durante casi dos décadas al Cártel de Juárez y es hermano de Amado Carrillo, "El Señor de los Cielos". "El Viceroy" enfrenta siete cargos relacionados con delitos contra la salud.

Fiscales federales de Estados Unidos solicitaron posponer la audiencia contra el narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, alias "El Viceroy", y exlíder del Cártel de Juárez, actualmente preso en Nueva York, con el argumento de que la prórroga permitirá a ambas partes discutir un acuerdo de culpabilidad.

Con la petición del Departamento de Justicia, la audiencia que Carrillo Fuentes tenía programada para el 30 de septiembre, se reprogramó para el 19 de noviembre a las 12:30 horas.

Un documento fechado el pasado 25 de septiembre y presentado por el Fiscal Joseph Nocella Jr. ante la Jueza de distrito Joan M. Azrack, señala que “el Gobierno escribe en nombre de las partes para solicitar respetuosamente un aplazamiento”.

El texto añade que la medida es “en interés de la justicia, porque facilitará la producción de pruebas y dará a las partes tiempo para analizar una posible solución”.


Carrillo Fuentes, quien encabezó durante casi dos décadas al Cártel de Juárez y es hermano de Amado Carrillo, "El Señor de los Cielos", enfrenta siete cargos relacionados con delitos contra la salud.

Según las acusaciones, controlaba el trasiego de drogas por el corredor El Paso-Ciudad Juárez, recibiendo cargamentos de cocaína del cártel colombiano del Norte del Valle. Entre 1993 y 2004, las autoridades estadounidenses decomisaron más de ocho mil 400 kilos de esta droga vinculados a su operación.

"El Viceroy" fue extraditado a Estados Unidos junto a otros 28 dirigentes de organizaciones criminales mexicanas. Desde agosto pasado mantiene conversaciones con la Fiscalía estadounidense para evitar un juicio que podría derivar en una sentencia de cadena perpetua.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

"La Güera", presunta lideresa de "La Chokiza", es detenida en Ecatepec por la Semar

"La Güera" es señalada por las autoridades como lideresa de "La Chokiza", grupo criminal que opera en el Estado de México y que está relacionada con extorsión mediante préstamos "gota a gota".

Zulema "N", alias "La Güera", presunta lideresa del grupo criminal "La Chokiza" fue detenida en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía municipal.

La mujer de origen colombiano fue arrestada junto con un hombre de la misma nacionalidad, identificado como Carlos Andrés "N"; ambos son señalados por las autoridades de estar vinculados con dicha organización delictiva relacionada con extorsión y otros delitos, la cual opera en municipios del oriente de la entidad mexiquense.

Según información difundida por la Semar, las dos personas fueron detenidas por elementos de la Fuerza de Tarea Marina y de la Policía Metropolitana de Ecatepec, quienes realizaban un patrullaje terrestre sobre la avenida General Manuel Ávila Camacho.


"La Güera" y Carlos Andrés "N" fueron detenidos por elementos de seguridad cuando viajaban a bordo de una motocicleta de color negro, cuando circulaban por dicha vialidad.

Al realizar una inspección a ambas personas, oficiales les hallaron cuatro bolsas de plástico que contenían hierba con características propias de la mariguana, por lo que fueron puestos bajo custodia y su vehículo quedó bajo resguardo.

La y el detenido fueron trasladados al Centro de Justicia de Ecatepec y puestos a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación jurídica y migratoria. Ambos se están en espera de la reclasificación de delitos con base en los elementos de prueba obtenidos.

La Semar informó que "La Güera" es señalada como presunta lideresa del grupo criminal "La Chokiza", mismo que está vinculado con delitos de extorsión a través de la modalidad de préstamos "gota a gota", con la cual delincuentes prestan dinero a personas con intereses sumamente altos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

México y EU lanzan "Misión Cortafuegos"; CSP aplaude plan contra el tráfico de armas

Autoridades de México y Estados Unidos anunciaron el lanzamiento de la "Misión Cortafuegos", que tiene como objetivo frenar el tráfico de armas desde territorio estadounidense. En un evento en Sinaloa, la Presidenta Claudia Sheinbaum aplaudió dicho acuerdo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció la celebración de la reunión inaugural entre las autoridades nacionales y su contraparte estadounidense que concluyó en la formación del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos para combatir el tráfico ilegal de armas. La reunión fue aplaudida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), quien resaltó la postura de México para exigir al Gobierno de Estados Unidos que refuerce sus acciones para frenar el ingreso de armas a territorio nacional.

Este mecanismo bilateral tiene la finalidad de combatir el tráfico ilegal de armas en la frontera de ambos países. Con este propósito se anunció el lanzamiento de la "Misión Cortafuegos: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego”.

La misión acordada tiene la intención de cortar el flujo ilícito de armas en la frontera compartida, combatir las finanzas ilegales en ambos lados de la frontera, así como como cooperar en materia decomiso civil de activos y mejorar la coordinación para prevenir el robo de combustible.
En la reunión, los representantes estadounidenses informaron sobre la operación "Sin dejar rastro" que, dijeron, desde que arrancó el segundo mandato del Presidente Trump, se han abierto alrededor de 125 investigaciones por tráfico de armas que han resultado en aseguramientos de estas y se ha logrado identificar a presuntos integrantes de redes criminales vinculadas con este delito en territorio estadounidense.

Se fijaron como objetivos incrementar el número de operativos transfronterizos; aplicar el uso de la herramienta eTrace para fortalecer las investigaciones en ambos países y la implementación de tecnología de identificación balística en las 32 entidades federativas; ampliar el intercambio de inteligencia y avanzar en la judicialización de casos criminales.

Sobre el trabajo que se lleva a cabo en la frontera, los representantes de las dos naciones se comprometieron a respetar el marco legislativo de cada país para implementar las tareas compartidas. Ente estos compromisos se encuentra el intercambio de información entre autoridades aduanales sobre manifiestos de carga e intensificar el entrenamiento de las instituciones de seguridad para reforzar su capacidad logística y operativa para combatir a las organizaciones criminales.


Además, se acordaron acciones para fortalecer el decomiso civil de activos y mejorar la coordinación para prevenir el robo de combustible, "acciones fundamentales para desarticular a las organizaciones criminales transnacionales al cortar sus fuentes de financiamiento", indicaron las autoridades.

En representación de México participaron Héctor Elizalde, Subsecretario de Inteligencia e Investigación; Roberto Velasco Álvarez, Jefe de la Unidad para América del Norte; Marcela Figueroa, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; además de mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Armada de México y un representante de la Fiscalía General de la República.

Por parte de Estados Unidos asistieron Katherine Dueholm, Subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental; Simon Bland, Subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Doméstica; Joseph Humire, Subsecretario adjunto de Defensa; Eric McGuire, del Consejo de Seguridad Doméstica, y Warren Ryan, Subsecretario adjunto del Tesoro, entre otros funcionarios.


Sheinbaum resalta acuerdo

La tarde de hoy, durante un evento que encabezó en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre el acuerdo celebrado entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico de armas y resaltó que dicha acción fue resultado de una exigencia por parte de México.
"Ayer hubo la primera reunión del comité que se formó para ver los temas de seguridad después de la visita del Secretario del Departamento de Estado; y les dijimos 'siempre dicen que el tema central es lo que va de México para Estados Unidos, pero ahora queremos que, por primera vez, lo primero que se discuta son las armas que vienen de Estados Unidos a México'", mencionó la mandataria federal.
La Presidenta agregó que, gracias a ese posicionamiento, EU accedió a firmar el acuerdo para la implementación de la llamada "Misión Cortafuegos", con los cuales reforzará sus operativos en territorio estadounidense para controlar el paso de armas a México.

"Nunca se había logrado un acuerdo de este tipo", apuntó Sheinbaum, quien enfatizó que México vive un momento especial en términos de soberanía y su defensa.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ayotzinapa, 11 años y tres presidentes después, la desaparición de los 43 normalistas sigue impune

Las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa han visto pasar a los presidentes Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, sin que avancen las investigaciones. A 11 años de distancia, aún exigen acceso a información clave, como el análisis de telefonía celular, y denuncian que ninguno de los involucrados ha recibido sentencia condenatoria por el caso.

A 11 años de la noche de Iguala, la búsqueda de justicia sigue atrapada entre promesas incumplidas y líneas de investigación congeladas, y para las madres y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el caso ha transitado de “las mentiras del gobierno de Enrique Peña Nieto” a avances parciales con Andrés Manuel López Obrador, que se detuvieron al “toparse con los militares”, para llegar al actual sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, con quien consideran que el proceso sigue estancado.

En entrevista con Animal Político, Isidoro Vicario Aguilar, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante del colectivo “Nos Faltan 43”, advirtió que el voto de confianza que le otorgaron los padres y madres de los 43 normalistas a la presidenta “se va diluyendo poco a poco al no tener los resultados”.

La percepción de Vicario es clara: “A la presidenta se le dio un voto de confianza, muchos padres y muchas madres decían, sobre todo las madres, ‘ella es mujer, nos va a entender, probablemente sea mamá y tenga un hijo, va a entender nuestro dolor’. Pero con estas reuniones que se han tenido, han visto que la disposición y la voluntad que ha referido tener en el caso de Ayotzinapa no se refleja en los hechos”.


Señaló que, tras la próxima reunión programada con la presidenta para principios de noviembre, los padres evaluarán los resultados y decidirán si continúan con las mesas de diálogo o buscan otros mecanismos de presión y exigencia de justicia. Según explicó, durante el sexenio de López Obrador los padres tomaron decisiones similares, suspendiendo reuniones hasta recibir información novedosa que justificara retomarlas.

Expectativas sobre la investigación de telefonía celular

Desde el inicio de la administración de Sheinbaum, las familias han sostenido cinco encuentros con ella. En la última reunión, el 4 de septiembre, esperaban recibir información concreta sobre una de las líneas clave del caso: el análisis de la telefonía celular, que apunta a que algunos dispositivos de los estudiantes desaparecidos permanecieron activos después de los hechos del 26 de septiembre.

Esta expectativa se generó luego de que la presidenta anunció a los padres y madres, en una de las reuniones previas, la formación de un nuevo equipo técnico, integrado por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que, en coordinación con la fiscalía del caso, “iba a realizar un trabajo más científico en el tema de la telefonía celular, que iba a reanalizarlo porque no se había profundizado”.

La investigación sobre la telefonía celular no es un tema nuevo, sino una recomendación previa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Como señaló Vicario, “no es que sea una nueva línea, un nuevo tema, en el caso de Ayotzinapa, no es así. Esas recomendaciones han sido de parte del grupo de expertos”.

Obstáculos en el acceso a información militar

Otro obstáculo que persiste en el caso es el acceso a los 800 folios del Ejército, un conjunto de documentos que los padres y madres consideran fundamentales para avanzar en la investigación.

Vicario subraya que “tampoco se ha querido avanzar” en este tema y recordó que, en una de las últimas reuniones con López Obrador, el entonces presidente afirmó: “Nosotros ya pedimos información al Ejército, y lo que nos responde es que ya no tiene ningún archivo para entregar, ya todo fue entregado”. El abogado señala que “esa también ha sido la misma postura de la presidenta, es decir, que ‘el Ejército nos dijo a nosotros que ya entregó toda la información’”.

Los padres y madres han manifestado que esta postura limita severamente el avance del caso. Vicario explica que “precisamente este tema que estamos comentando fue lo que orilló al GIEI a dejar el caso y abandonar el país, porque no se podía avanzar más sin la información de estos 800 folios que tiene el Ejército mexicano”.

Línea pendiente de la barandilla de Iguala

Una línea más de investigación, que sigue pendiente y que los padres y madres de los 43 estudiantes exigen que se profundice, es la relacionada con el grupo de siete jóvenes que fueron llevados a la barandilla municipal de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. Vicario señaló que “ahora se puede afirmar que sí fueron detenidos los estudiantes, sí fueron llevados a barandilla, y que de barandilla fue sacado este grupo de jóvenes, pero de ahí ya no sabemos más y las investigaciones no han avanzado”.

En esta línea está implicado José Ulises Bernabé García, quien en ese momento fungía como juez de Barandilla en la comandancia municipal de Iguala. Actualmente, Bernabé se encuentra en Estados Unidos, donde realizó los trámites para obtener asilo, lo que ha impedido que las autoridades mexicanas puedan detenerlo y procesarlo de manera inmediata.

Pendientes de extradición y procesamientos

Entre los pendientes importantes en el caso Ayotzinapa está la situación de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, señalado por participar en la tortura de detenidos vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes. Vicario explicó que “en esta última reunión a los padres se les informó, respecto de la extradición de Tomás Zerón de Lucio, que está en trámite”.

Vicario recordó que, hasta ahora, ninguna persona involucrada en la desaparición de los 43 ha recibido sentencia condenatoria específica por el caso; solo algunos responsables han sido procesados por otros delitos, como José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, quien fue condenado por delincuencia organizada.

Tras renunciar en agosto pasado a la defensa de los padres de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales se integró al equipo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar. Al preguntarle sobre si esto pudiera influir en el avance del caso, Vicario señaló que “no hemos abordado el tema porque es reciente, pero creo que en algún momento tendríamos que valorarlo, porque varios de los expedientes de las personas detenidas por el caso Ayotzinapa se encuentran en proceso, no hay ninguna sentencia condenatoria, todas están en proceso”.

El abogado agregó que la presencia de Rosales en la Corte podría abrir oportunidades de acercamiento con el Poder Judicial para garantizar que los procesos avancen y se logren sentencias contra los responsables.

Frustración y desgaste de las familias

Para los padres y madres de los 43 estudiantes, la frustración por la falta de avances en la investigación persiste a 11 años de la noche de Iguala.

Sobre esto, apuntó que “en la primera acusación de Enrique Peña Nieto, solamente nos mintieron; con López Obrador pudimos avanzar ahí en algunas cosas, hasta toparse con los militares y ya se quedaron estancadas las investigaciones. Y hoy, con la actual presidenta, con ese estancamiento de las investigaciones, no hemos podido dar un paso firme hacia adelante”.


Vicario señaló que el desgaste de los padres y madres de los estudiantes es evidente. Como ejemplo indicó que durante la última reunión con la presidenta, uno de los padres llegó en muletas debido a complicaciones derivadas de la diabetes, mientras otra madre enfrenta la amputación de un pie por la misma enfermedad.

Además, recordó que seis padres han fallecido en estos años, entre ellos Minerva, Saúl Bruno, Miguel Mora Venancio y Bernardo Campos. Vicario subrayó que “ha sido muy complicado para los padres y madres de los 43” mantener la resistencia frente al Estado y la descalificación pública de su lucha.

La “verdad histórica” y la desaparición forzada

La versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto afirmaba que los estudiantes fueron entregados por policías municipales a Guerreros Unidos y luego asesinados e incinerados, hipótesis desestimada por el GIEI y organismos internacionales. El informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (CVAJ) de 2022 concluyó que en el crimen participaron tanto integrantes del grupo delictivo como agentes del Estado, y que la creación de la “verdad histórica” fue un mecanismo de ocultamiento desde el más alto nivel del gobierno.

El GIEI documentó tortura sistemática, negligencia de las autoridades y la omisión del Ejército en la entrega de información crucial.

De acuerdo con Vicario, el caso de Ayotzinapa se inscribe en un patrón más amplio de desapariciones forzadas que ya ocurrían en Guerrero antes de 2014, pero que el caso de los 43 estudiantes visibilizó a nivel nacional e internacional. Según Vicario, “ha sido una forma que tiene el crimen organizado de causar un dolor interminable a las familias, porque no se sabe el paradero de los familiares”.

Indicó que, durante los primeros meses posteriores a la desaparición, el gobierno de Guerrero informó a los padres que habían localizado 28 cuerpos en fosas clandestinas y que estos corresponderían a sus hijos, aunque finalmente los estudios forenses demostraron que ninguno era de los estudiantes. Este hecho reflejó un patrón sistemático de ocultamiento y manipulación de información, propio de la desaparición forzada, y evidenció la estrategia del crimen organizado de desaparecer a personas para sembrar confusión y dolor.

Vicario explica que este método no solo tiene un impacto físico, sino también psicológico y social: las familias quedan atrapadas en la incertidumbre y en el sufrimiento continuo, sin poder tener certeza sobre la vida o muerte de sus hijos. Esta práctica ha marcado la manera en que los padres y las madres de Ayotzinapa han enfrentado la lucha por la verdad y la justicia.

Para el abogado, el caso de Ayotzinapa se ha convertido en un referente para otros colectivos de familiares de personas desaparecidas en todo el país: surgieron colectivos en Guerrero y otras regiones, visibilizando la problemática y creando un movimiento social que sigue vigente.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: AMIEL MARTÍNEZ.

SEP Morelos investiga omisión de funcionario en firma de certificados de 5 mil estudiantes de bachillerato

Karla Herrera Alonso, titular de la secretaría de Educación estatal, señaló que existe una jurisprudencia en el proceso para determinar la situación legal del funcionario denunciado y la afectación a los estudiantes

Tras darse a conocer que el director de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Morelos, Guadalupe Torres Godínez, se niega a firmar alrededor de 5 mil certificados de bachillerato, la secretaría de Educación estatal informó que ya se está investigando el caso.

En entrevista con Lo de Hoy Morelos, Karla Herrera Alonso, titular de la dependencia, explicó que existe una jurisprudencia en el proceso para determinar la situación legal del funcionario denunciado y la afectación a los estudiantes que ya suman un año sin recibir su certificado que valide sus estudios de bachillerato.

“Efectivamente este caso se encuentra en una jurisprudencia donde ya se involucran algunas resoluciones pendientes por parte de los órganos jurisdiccionales. Nosotros no podemos dar más detalles dado a que el caso se encuentra bajo estos principios de legalidad y justicia, por lo que seremos respetuosos de ello”, señaló la titular de la dependencia al medio morelense.

Una vez que estos procedimientos sean desahogados, agregó, se buscará dar solución al tema garantizando la legalidad.

Funcionario buscó amparo

Animal Político reveló que unos 5 mil estudiantes del Instituto Azteca de Formación Empresarial y del Instituto Competencias Educativas y Profesionales, con sede en Cuautla, Morelos y quienes concluyeron su bachillerato, no pueden continuar sus estudios ni trabajar porque Torres Godínez, se niega a firmar sus certificados.

Pero no solo eso, sino que después de ser denunciado ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos por omisión en sus funciones, se amparó para evitar que lo obligaran a cumplir con su trabajo.

Aunque este medio buscó a la secretaría de Educación de Morelos y al funcionario señalado para conocer su versión de los hechos, no hubo respuesta.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DALILA SARABIA.

Desechan uno de los amparos tramitados a nombre de los hijos de AMLO por caso de huachicol fiscal

El juzgador también retomó las declaraciones públicas de Francisco Javier Rodríguez Smith MacDonald, abogado de Rafael Caro Quintero, quien rechazó haber tramitado una demanda a nombre de Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo López Beltrán, como se desprendía de la demanda.

Un juez federal en la Ciudad de México desechó uno de los tres amparos tramitados a nombre de los hijos del expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y otras personas involucradas en el caso de huachicol fiscal, en los que fueron reclamadas posibles órdenes de aprehensión en su contra. 

El juez Primero de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Carlos Rico Mondragón, quien había recibido el amparo que originalmente fue presentado ante el juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa, señaló que, ante la existencia de otra demanda exactamente igual en el estado de Zacatecas, el expediente en su juzgado debía ser desechado.

En su resolución, cuya versión pública está disponible en la página del Órgano de Administración Judicial (OAJ), el juzgador también retomó las declaraciones públicas de Francisco Javier Rodríguez Smith MacDonald, abogado de Rafael Caro Quintero, quien rechazó haber tramitado una demanda a nombre de Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo López Beltrán, como se desprendía de la demanda. 

“Es del dominio público que, a través de diversos medios informativos, el promovente Francisco Javier Rodríguez Smith MacDonald, precisó no haber promovido ningún juicio de amparo en favor de los quejosos señalados en líneas procedentes, incluso refirió que presentó la denuncia correspondiente por la posible comisión de algún delito.  

“Y en la red social denominada Instagram, se encuentra un escrito de fecha diecisiete de septiembre de esta anualidad en el cual Andrés Manuel López Beltrán, refirió que él ni su hermano han tramitado demanda alguna”, señaló el juzgador. 

Asimismo, el juez indicó que ante el juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa otro de los quejosos que aparece en la demanda se desistió de la misma, por lo que con estos datos el juzgador decidió desechar el caso. 

Sin embargo, el amparo tramitado ante el juez Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, registrado con el número 1728/2025 continúa en trámite, pues hasta el momento ninguno de los hijos del exmandatario federal ha presentado un desistimiento, pese a que ellos han acusado un montaje orquestado por la oposición. 

En cambio, César Reyna Carrillo y Roberto Blanco Cantú ya presentaron ante los juzgados de la CDMX y de Zacatecas sus escritos de desistimiento. 

Reyna Carrillo es un exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y Blanco Cantú es un empresario conocido como “el señor de los buques” contra quien pesa una orden de captura por el caso del huachicol fiscal que involucra a elementos de la Secretaría de Marina.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Morena propone que médicos puedan negarse a practicar el aborto en Puebla

La iniciativa de la diputada Nayeli Salvatori llega pese a que la SCJN ya resolvió que la objeción de conciencia no puede ser barrera para la interrupción legal del embarazo.

La fracción de Morena en el Congreso de Puebla propuso una reforma a la Ley Estatal de Salud que plantea el derecho a la “objeción de conciencia” para que el personal de salud de hospitales de Puebla pueda negarse a practicar un aborto. 

Presentada por la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, la iniciativa retoma una figura que ya fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al señalar en 2021 la inconstitucional el Artículo 10 Bis de la Ley General de Salud y asentar que “la objeción de conciencia” no puede ser barrera para la interrupción legal del embarazo. 

No obstante, la diputada de Morena propone que el personal médico y de enfermería pueda ejercer el derecho de “objeción de conciencia cuando se oponga de forma directa, auténtica y grave contra sus convicciones”. 

Cabe señalar que apenas hace un año, en julio de 2024, el aborto fue despenalizado en esta entidad donde aún se contemplaba pena de cárcel para las mujeres que recurrieran a la interrupción del embarazo. 

Sin embargo, las agrupaciones feministas han advertido que aún está pendiente la reforma a la Ley Estatal de Salud para que las mujeres tengan acceso al servicio médico de manera gratuita. 

Desde marzo de 2023, CAFIS, Odesyr y GIRE ganaron un amparo a favor del derecho a las mujeres a decidir, lo cual obligó al gobierno de Puebla a establecer que el aborto gratuito se podía llevar a cabo en siete hospitales de la entidad, siempre y cuando fuera con el acompañamiento de esas organizaciones. 

Recientemente, colectivas feministas que participan en la Campaña por el Aborto Legal en Puebla denunciaron que a pesar de haberse despenalizado y de que el Poder Judicial respaldó el derecho de las mujeres a decidir, en Puebla las mujeres que solicitan un aborto en hospitales públicos se enfrentan a la falta de medicamentos y equipos, y a la actitud hostil del personal médico que, incluso, con frecuencia intenta disuadirlas. 

Además, advirtieron que las mujeres de diversas regiones de la entidad en condiciones de pobreza no tienen acceso al derecho a la interrupción legal del embarazo, pues en las unidades de salud pública de sus municipios les niegan el servicio y les aseguran que ese procedimiento sólo puede llevarse a cabo en la capital de la entidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Ayotzinapa: Once años sin verdad, ni justicia

En 11 años de búsqueda de justicia, de exigir respuestas, algunos padres ya han fallecido, otros están enfermos y enfrentan el desgaste de luchar contra todo el sistema político, que ha permitido el crimen y su encubrimiento. “El gobierno quiere que nos muramos, para que todo quedé impune”.

Han pasado 11 años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del 2014, y “no hay avances, no hay verdad, no hay justicia para nosotros”, dijo María Concepción Tlatempa Cisneros, madre de uno de los 43 normalistas, al dirigirse a estudiantes de la Universidad Autónoma de México (UNAM).  

En la explanada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS), mientras las y los estudiantes dialogaban para determinar si realizar un paro estudiantil en el marco de la conmemoración del caso, la comunidad dio el micrófono a las madres de los normalistas Adán Abraján de la Cruz y Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, desaparecidos en Iguala.

“Ya 11 años y el gobierno no quiere dar ni una respuesta. Sabemos perfectamente que los militares tienen toda la culpa de lo que pasó la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 (...) pero el gobierno no lo quiere reconocer, que fueron los policías de Iguala y los militares”, dijo María Concepción Tlatempa Cisneros.  

Los padres y madres de Ayotzinapa, exigen la entrega de 800 folios en posesión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que el gobierno se negó a entregar al Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI).  

El GIEI investigó el caso Ayotzinapa en dos etapas, primero durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, después durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador. En ambas, sus integrantes salieron de México por presiones, y los militares se negaron a entregar información crucial para localizar a los estudiantes. 

“Que los militares entreguen ya los 800 folios que hacen falta para que lleguemos a la verdad. No se vale que este gobierno nada más este jugando con nuestros sentimientos y se burlen”, enfatizó la madre del estudiante desaparecido hace más de una década.      

Tras la negativa del gobierno a entregar los folios, el GIEI se retiró de la investigación y desde entonces no hay avances. “Gracias a Dios que los expertos nos dejaron las líneas, cuatro expedientes que el gobierno tiene que seguir. Pero no le conviene al gobierno sacar esas cuatro porque saben que el Ejército participó”, explicó Tlatempa Cisneros.  
“El Ejército desaparece gente, desaparecen estudiantes y al gobierno nadie lo puede investigar. Se sienten poderosos porque pasa un gobierno, llega otro y no hay avances”.  
Enrique Peña Nieto, presidente de México en 2014 permitió la creación de la “verdad histórica” que estableció que los normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula, versión que fue más adelante refutada por el grupo de expertos. Peña Nieto radica actualmente en Madrid, “terminó su mandato y no hizo nada”, expresaron las madres.

“Se fue, vino el expresidente López Obrador y lo mismo: llegó se tomó la foto con nosotros. Nada más son buenos para tomarse las fotos, pero para apoyar en los avances no hubo nada”, manifestó.  

“Dijo en Iguala que iba a estar con nosotros hasta llegar a la verdad, que él no iba a encubrir a nadie. ¿Y qué pasó? Que mientras ya estábamos llegando a la verdad se detuvo todo, el fiscal Omar Trejo se tuvo que retirar porque ya no había avances. No quiso el militar entregar todos los expedientes que tenía”.  

Mientras el nutrido grupo de estudiantes de la FCPYS escuchaba con atención, los familiares de los desaparecidos expresaron su hartazgo por las mentiras de todos los gobiernos, desde el de Enrique Peña Nieto, hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, pasando por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.  

“Gracias a los expertos aprendimos y vimos, ya estamos abriendo los ojos y ya no nos van a engañar los militares (...) Nosotros ya estamos cansados de tanta mentira (...) Fue un crimen de Estado, porque participaron todas las fuerzas de Iguala, ahora dicen que fue la delincuencia (...) Ellos mismos son los criminales”, expresaron las madres.     

Recientemente, ante el estancamiento del caso, algunos miembros del GIEI manifestaron su voluntad de regresar a México y continuar con su labor, pero únicamente si el gobierno accede a abrir los folios del Ejército.   

“Los expertos quieren venir de nuevo a la Ciudad de México, pero solo si el Ejército entrega los expedientes que hacen falta (...) si no sueltan los expedientes los militares, no tiene caso que vengan”, expresaron las madres de Ayotzinapa.   
“La gente nos dice ‘ya dejen a sus hijos, sus hijos ya están muertos’ ¿A poco la gente sabe en dónde están nuestros hijos? ¿Saben a dónde vamos a llevarles flores, a dónde les vamos a llorar?” 
Así mismo, exigieron que se lleve a la justicia a los responsables, como a Tomás Zerón que está en Israel.

“Como nosotros somos gente pobre no nos hacen caso, pero si fuera de un funcionario ya lo hubieran encontrado, ya estaría en su casa su hijo (...) Nosotras como madres, sentimos el dolor, no vamos a descansar porque un hijo es un hijo. Y no es fácil, 11 años sin saber de nuestros hijos”. 

María Concepción Tlatempa Cisneros explicó que el 24 de diciembre es el cumpleaños de su hijo. Lo que antes era un día familiar y de festejo se ha convertido en un implacable recordatorio de la ausencia, y de la angustia de no saber qué le sucedió a su hijo, sufrimiento que la acompaña todos los días.  

“Desde el 26 de septiembre, nosotros no descansamos”, expresó Delfina Cruz, madre de Adán Abraján de la Cruz.  

En 11 años de búsqueda de justicia, de exigir respuestas, algunos padres ya han fallecido, otros están enfermos y enfrentan el desgaste de luchar contra todo el sistema político, que ha permitido el crimen y su encubrimiento. “El gobierno quiere que nos muramos, para que todo quedé impune” dijo Tlatempa Cisneros.  

“Aquí seguimos, aunque sea enfermos, pidiéndoles su apoyo para que no nos dejen solos, para que cada 26 de septiembre nos acompañen, (...) porque está lucha es de todos, no nada más es de Ayotzinapa”.  

En México hay más de 125 mil personas desaparecidas, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación.  
“Queremos que nos apoyen en las marchas, que el gobierno vea que no estamos solos”, pidieron a las y los estudiantes, en un llamado a la sociedad a no olvidar este caso.
Las madres también estuvieron acompañadas por un estudiante normalista que destacó la historia de resistencia y de lucha de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos”.  
“Esta una frase que nosotros como delegación de Ayotzinapa tenemos: ‘ser estudiante es un pecado, ser normalista es un delito, pero ser de Ayotzinapa merece la muerte’, y eso es algo que el gobierno ha venido demostrando todos estos años, no solo el 26 de septiembre”.  
“Ayotzinapa ha sido criticada desde 1926, desde que se fundó esta normal (...) se ha caracterizado como una escuela revolucionaria, de crear conciencia y eso es lo que el gobierno no quiere”, expresó el estudiante normalista.

Tras las participaciones, los estudiantes de la FCPYS emitieron gritos de apoyo y cantaron consignas. “Porque vivos se los llevamos, vivos los queremos”. Resultado de la asamblea estudiantil, la FCPyS de la UNAM acordó realizar un paro total de actividades, desde la noche del jueves 25 hasta el viernes 3 de octubre, para participar en las jornadas de protesta por Ayotzinapa y en conmemoración del 2 de octubre.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUISA DÍAZ GONZÁLEZ.

Desaparecidos en Culiacán: madres buscan respuestas en medio de la guerra del Cártel de Sinaloa

Más de 3 mil personas desaparecidas y 2 mil asesinadas deja un año de guerra interna del cártel de Sinaloa, mientras madres organizadas recorren calles y comunidades en busca de sus hijos e hijas ante la mirada lejana de los ‘punteros’ del narco que todo lo controla.

–Desde que mi hijo desapareció, yo estoy muerta. Muerta en vida. Veo su silla vacía en la mesa… y me derrumbo. Pero luego pienso: tiene cuatro hijos que todos los días me preguntan por él. Y yo quiero darles respuestas. Quiero decirles dónde está su papá.

Es jueves 11 de septiembre, 8 en punto de la mañana. Lorena Gutiérrez, madre de Mario Aristeo Galindo, desaparecido el 30 de abril de 2024 cuando tenía 26 años, se ajusta sobre su cabeza un sombrero negro para cubrirse del sol que empieza a quemar en Culiacán. Ha sido de las primeras en llegar al estacionamiento de un centro comercial, punto de reunión del colectivo Sabuesos Guerreras. Todas las mujeres visten playeras blancas de manga larga con la fotografía de sus seres queridos estampada en el pecho y espalda, acompañada de un número telefónico.

Minutos después, aparecen arriba de camionetas de color gris deslavado los soldados de la Marina: portan aparatosos fusiles de asalto y cinturones cargados de granadas que cruzan el torso. Ellos van a custodiar a la brigada.

Esta vez ni Lorena ni el resto de madres traen picos, palas, ni varillas para hurgar la tierra y olerla en busca de pistas. Hoy cargan, como si acunaran a un bebé, paquetes con las fotografías plastificadas de sus hijos. Durante un par de horas las irán pegando a pie en postes de luminarias y muros en La Palma, una pequeña localidad del municipio vecino de Navolato.

La jornada no será un paseo por el campo. El pueblo está plagado de ‘punteros’, los espías del Cártel de Sinaloa, fracturado desde hace un año en dos bandos enfrentados: ‘chapitos’ y ‘mayitos’. Tampoco el trayecto de algo más de media hora será tranquilo. Lo revelan los silencios de los soldados y los semblantes tensos de las madres, que caminan con la esperanza colgada del cuello, en forma de fotografía.

En una guerra que se ha cobrado en apenas un año 2 mil asesinatos y al menos 3 mil desaparecidos según los colectivos, ellas se niegan a rendirse: siguen buscando.

“A los desaparecidos no se les juzga, se les busca”

Un retén de militares, uno de los cientos que brotan por la ciudad, marca la salida de Culiacán hacia Navolato. Por las ventanillas del coche pasan campos de chile, grano y tomate, que se mezclan en el paisaje con ranchos para bodas y quinceañeras. Algunos lucen abandonados, fantasmagóricos, en mitad de la carretera casi desierta.

El convoy que custodia a las madres buscadoras –y en el que también viajan los periodistas de Animal Político y Noroeste– acelera al cruzar lugares que ya son símbolos de esta guerra. Transita, por ejemplo, por las inmediaciones de Huertos del Pedregal, la finca donde el 25 de julio asesinaron a Héctor Melesio Cuén, ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y donde uno de los hijos de ‘El Chapo’ secuestró a su antiguo socio, Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Luego pasan por Campo Berlín; una pista aérea en mitad de la nada desde donde despegan avionetas para regar sembradíos. Fue desde allí que partió el aparato que llevó clandestinamente a ‘El Mayo’ a Texas, donde ya lo esperaba la DEA. Ambos lugares son considerados epicentros del desastre que hoy vive Sinaloa.

Kilómetros más adelante, la geografía del terror continúa. A eso de las 9:30 am, el convoy se desvía ligeramente hacia la izquierda para continuar hacia Navolato. A la derecha queda Culiacancito, tal y como anuncia un enorme arco de bienvenida. Apenas unos metros antes de cruzarlo, se ve, a plena luz, el cadáver de una mujer tirado en el asfalto junto a una palmera. El cuerpo está rodeado por policías de la Fiscalía, una camioneta del servicio forense, y cintas amarillas que prohíben el paso a la escena del crimen.

Para entrar a La Palma hay que pasar por un camino de terracería bordeado de palmeras y puestitos ambulantes de mariscos. Al llegar, las madres buscadoras bajan cargadas con garrafones de agua y suero. El calor y la humedad son terribles a las 10 de la mañana. Se colocan gorras, sombreros y paliacates en el cuello y comienzan a caminar por el centro del pueblo, donde hay tráfico y la gente se mueve con aparente normalidad.

Lorena Gutiérrez, acompañada de su marido, cuenta que su hijo trabajaba con ella en el negocio que tienen de tacos de camarón en San Pedro, otra pequeña localidad de Navolato. El joven también la ayudaba entregando pedidos a domicilio. De hecho, fue en este lugar, en La Palma, donde desapareció el 30 de abril de 2024, tras recibir un llamado para entregar una orden de tacos. Desde entonces, asegura el matrimonio, no han recibido ni una llamada pidiendo rescate ni extorsión alguna. Ninguna pista, nada.

–Hay una sábana de llamadas con posibles puntos de localización, pero eso es todo –dice Lorena, que le pide a su marido que le pase la primera ficha, en la que aparece un joven sonriente, con lentes, camisa blanca y corbata amarilla, que pegarán en el poste de una luminaria junto a muchas otras de personas desaparecidas.

Tras completar el primer punto del recorrido, los marinos, desplegados para cubrir el perímetro, urgen a las madres a no detenerse demasiado y seguir avanzando. La zona está caliente tras el hallazgo del cadáver en el vecino Culiacancito. Nada más comenzar con la pega de las fichas, un coche se detiene en un paso peatonal; el conductor baja la ventanilla y advierte a un soldado que extremen precauciones. Al parecer, ‘punteros’ del crimen organizado habían estado persiguiendo a los reporteros en motocicletas, sin que éstos se dieran cuenta.

–Está muy pesado acá –comenta Lorena, secándose el sudor de la frente–. Pero aún así, nos animamos a entrar a este lugar. Porque tenemos la esperanza de que alguien sepa algo y haga una llamada anónima con alguna pista.

El grupo de madres avanza hacia el siguiente punto: tres postes de madera junto a una gasera solitaria. Mientras camina sobre piedras y barro, Lorena confiesa que lleva algo más de un año cargando con un desgaste emocional terrible y, de algún modo, se siente culpable por lo sucedido a su hijo.

–Mi hijo era muy confiado. Confiaba en todo el mundo y pensaba que, así como él tenía un gran corazón, la gente también lo tenía. Y no. Ese fue su error. A veces, como madre, me siento culpable, oiga, por no haberle inculcado algo de malicia, por no haberle dicho que no toda la gente es buena ni todo es de color rosa.

Con un suspiro, agrega que está cansada de las críticas y del peso del estigma que enfrentan muchas madres buscadoras, del clásico ‘algo habrán hecho’.

–Mi marido y yo estamos muertos en vida y aún tenemos que cargar con las críticas, con los señalamientos, con que te digan ‘no fuiste una buena madre, no supiste cuidar a tu hijo’. No saben que yo, como mamá, soy súper protectora. Y si yo le marcaba mil veces, él mil veces me contestaba. Pero la gente habla sin saber. Por eso yo siempre digo: ‘a los desaparecidos no se les juzga. A los desaparecidos se les busca’.

 “Culiacán es un infierno”

Sira Patricia Macías busca a Édgar Alejandro Rangel Macías, de 32 años. Mientras pega una ficha con su fotografía en un poste carcomido de madera, junto a un Oxxo, recuerda que su hijo desapareció el 24 de febrero de 2024, hace un año y siete meses. Ese día, tres vehículos llegaron a la vuelta de su casa, en Culiacán, y se lo llevaron a la fuerza con todo y carro. El joven se dedicaba a la renta de vehículos para servicios de Uber.

Desde entonces, al igual que su compañera Lorena, Sira no ha tenido ni una sola pista sobre el paradero de su hijo. Aunque ella sí fue víctima de una extorsión que le dejó más dolor que pérdida económica.

–Me dijeron que lo tenían en Tamaulipas, que les depositara 5 mil pesos y me lo iban a entregar. Yo deposité y fui a donde me dijeron. Estuve espera y espera hasta las 10 de la noche, cuando un hombre me llamó para burlarse. Me decía ‘sí, sí, ahí viene en un taxi’. Pero mi hijo nunca llegó. Solo me quitaron el dinero.

Tras la frase, Sira –pelo largo recogido en una trenza, gorra blanca y lentes oscuros– se une al resto de las madres. En la camiseta blanca, en la espalda, lleva el rostro de Édgar Alejandro dentro de un cuadrado naranja, el emblema ‘desaparecido’ y un lema que reza: “Aunque quieran borrarte de mi mente, estás en la memoria de mi vientre”.

María Candelaria Medina también viste una playera blanca. En el pecho luce la frase ‘hasta encontrarte’, acompañada de una flama anaranjada; en la espalda, la fotografía de su hijo, Alfonso Alberto Palazuelos Medina, desaparecido el 11 de febrero de 2020. Ahora tiene 35 años.

Ese día, un grupo armado irrumpió en su domicilio en Villas del Río. Según testigos, llegaron en dos camionetas, vestidos de negro.

–A la fecha no sé si eran policías o delincuencia organizada –encoge los hombros la mujer, que aprovecha la pausa bajo un toldo para tomar un respiro.

–Se lo llevaron junto a otros amigos. Apareció uno con vida, otro muerto, y otro quedó desaparecido junto con mi hijo, un muchachito de apenas 20 años.

Cuando se le pregunta si la persona que fue localizada con vida no aportó información para esclarecer lo ocurrido, la mujer vuelve a encoger los hombros.

–Tiene miedo de hablar, y se entiende. Ahora todo el mundo en Culiacán tiene miedo, porque la ciudad es un infierno. Solo nosotras, las madres buscadoras, que hacemos lo que sea por nuestros hijos, no tenemos miedo de meternos donde sea para encontrar a nuestros tesoros.

“¡No estás sola!”

Ya casi es mediodía. El calor en La Palma se vuelve insoportable y el ambiente se siente cargado. Las mujeres piden cambiar de punto para pegar las últimas fichas. Los marinos se miran en silencio y acceden. El convoy avanza por la calle principal del pueblo cuando tres motocicletas aparecen y se colocan junto a las camionetas gris artilladas. Pueden ser ‘punteros’, o tal vez solo unos jóvenes rumbo a la tienda. Los soldados los observan tras los pañuelos que les ocultan el rostro. Al llegar al nuevo punto, se vuelven a desplegar y urgen a las madres a terminar rápido.

En un cruce de calles de suelo de terracería, las mujeres llenan una luminaria con las últimas fichas. Ahí, la desesperación rompe a Lorena Gutiérrez. Baja la cabeza y comienza a llorar.

–Te he marcado tantas veces al celular, hijo –susurra, golpeándose suavemente el pecho–. Siempre te decía: ‘¿dónde estás, hijo?’ Y tú me respondías: ‘En tu corazón, mami, en tu corazón’. Y mientras te encuentro, ahí vas a estar siempre. En mi corazón y en el de tu familia.

Al verla llorar, María Candelaria, Sira Patricia, y la docena de madres que integran la brigada se acercan y la abrazan con fuerza. Algunos marinos observan la escena en silencio.

Juntas, se gritan: ‘¡No estás sola, no estás sola!’.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.