El arquitecto Sergio Hugo Ureiro Castañeda, uno de los activistas que recuperó una plaza pública decretada área verde en la ciudad de Tlapa, fue asesinado a balazos. 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y vecinos exigieron a las autoridades justicia y un alto a la violencia criminal contra la población.

El hallazgo de tres cuerpos sin vida en Playa del Carmen, presuntamente de taxistas del sindicato Lázaro Cárdenas del Río, ha sido un tema que la Fiscalía de Quintana Roo ha evitado informar desde que ocurrió. 

El viernes 18 fue reportado el descubrimiento de tres cuerpos abandonados a un lado de la carretera federal 307, frente al hotel Nickelodeon, en plena Riviera Maya, al norte de este municipio.

La noche del martes 8 de julio, a los activistas Eric Miller y Paola Cuevas les llegó un rumor: las autoridades planeaban clausurar las casas hogar de Ayudante al Niño IAP, una institución que han denunciado desde 2022 por presuntos abusos cometidos por cuidadores en contra de menores de edad. Fueron escépticos. Ya habían escuchado lo mismo antes y no pasaba nada.

Esta vez fue diferente. El rumor se volvió cierto y, al siguiente día, autoridades del Estado de México llegaron a las instalaciones de cinco casas hogar de Ayudante al Niño en los municipios de Texcoco y Chicoloapan. Funcionarios de la fiscalía local colocaron sellos de aseguramiento en las puertas. Estos centros habían operado desde 1967 con la financiación de iglesias cristianas de Estados Unidos. Ese día, sus puertas cerraron.

Pueblos del Istmo de Tehuantepec que este lunes instalaron cuatro bloqueos carreteros aseguraron que de no resolverse sus demandas contra la gentrificación, el despojo territorial, la criminalización de defensores comunitarios y las altas tarifas de luz en Oaxaca, protestarán durante la Guelaguetza en la región y se desplazarán a la capital para instalar un campamento.

Los cuatro bloqueos en Jalapa del Marqués, El Coyul, Puente Madera y Zanatepec fueron instalados «ante la falta de respuestas a nuestras legítimas demandas», entre las que se encuentran medidas contra la gentrificación y turistificación de los pueblos, barrios y colonias de Oaxaca, así como la revocación de la sentencia contra el defensor binnizá David Hernández Salazar, de la comunidad de Puente Madera, quien es víctima de una «persistente criminalización» a pesar de que existen dos sentencias que lo absuelven de los delitos fabricados desde 2022.

COMUNICADO:

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como autoridades judiciales, notificaron a un juez federal, el 22 de julio de 2025, que por el momento, no existía una orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos, en contra de Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Al respecto, Carlos Medrano García, secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, negó la suspensión definitiva a “Don Rodo”, al no existir materia sobre que aplicarla, porque no existía una orden de detención con fines de traslado a EE. UU., contra el hermano del líder del CJNG.

En su acuerdo, el secretario en funciones de juzgador, puntualizó que Oseguera Cervantes no presentó elementos para desvirtuar lo informes de la Fiscalía General de la República y la Cancillería mexicana, así como de diversas autoridades judiciales.

“Como se ve, la parte quejosa solicitó expresamente la suspensión de los actos reclamados y es la persona que directamente resiente los efectos del acto reclamado, por lo que se cumple el requisito establecido en la fracción I, del artículo 128 de la Ley de Amparo”, determinó Medrano García, en su resolución.

“Al rendir informe previo negaron la existencia del acto reclamado las autoridades […] Lo anterior, sin que la persona quejosa haya aportado medio de prueba idóneo para desvirtuar la negativa de dichas autoridades responsables; consecuentemente, lo procedente es negar la suspensión definitiva por no existir materia sobre que aplicarla”, detalló el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México.

Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, vinculó a proceso, el 7 de marzo de 2025, a “Don Rodo”, por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetaminas con fines de venta, portación de arma y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo del Ejército.

El citado juzgador también inició el procedimiento penal por los mismos delitos a Luis Enrique Flores Álvarez, Arnulfo Toscano Quintero y Felipe Isidro Santos, sujetos que fueron detenidos junto con “Don Rodo”, el 28 de febrero de 2025.

Elizondo Martínez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, tiempo en que la FGR y los defensores deberían reunir sus respectivos datos de prueba. Asimismo, rechazó que fueran incorporadas las videograbaciones de la recaptura de Oseguera Cervantes, al considerar que no eran legales, ya que no se aclaró cómo fueron obtenidas.

“Don Rodo” fue trasladado, el 3 de marzo de 2025, al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO), No. 1, “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Zumpango de Ocampo, en el Estado de México. Ello después de que Elizondo Martínez decretó la legalidad de su detención y le dictara la prisión preventiva de oficio, al estimar que existía un alto riesgo de que pudiera darse a la fuga.

Durante la audiencia inicial en que la Fiscalía General de la República imputó a “Don Rodo” por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetaminas con fines de venta; portación de arma y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo del Ejército.

Debido a que “Don Rodo” compareció por videoconferencia, desde la sede de Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, en la Ciudad de México, el juez instruyó su internamiento en “El Altiplano”.

A las 4:15 horas del 3 de marzo de 2025, el hermano de “El Mencho” salió en un vehículo blindado de la FEMDO, escoltado por elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Federal Ministerial (PFM).

Durante la audiencia, a solicitud de la defensa, Elizondo Martínez acordó duplicar el plazo legal para definir la situación jurídica de Oseguera Cervantes, por lo que sería hasta el viernes 7 de marzo de 2025, cuando el juez resolvería si lo vinculaba o no a proceso, por los delitos imputados.

“Don Rodo” fue recapturado, el 28 de febrero de 2025, según lo confirmó Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), sin dar detalles, luego de una conferencia de prensa.

El capo michoacano fue detenido a las 7:38 horas del viernes 28 de febrero de 2025, en la localidad de Atarjeas, municipio de Tonaya, en Jalisco, por elementos de la Guardia Nacional (GN), los cuales trasladaron al detenido ante la FEMDO, de la FGR.

Según datos del informe policial homologado, la recaptura de “Don Rodo” ocurrió luego de que los agentes de la GN supuestamente detectaran a un sujeto con un fusil Barrett calibre .50, en tareas de vigilancia de un inmueble, por lo que procedieron a detenerlo y acto seguido ingresaron al inmueble, donde capturaron en flagrancia a Oseguera Cervantes y a otros dos sospechosos, en posesión de armas y droga.

“Don Rodo” salió, a las 01:00 horas del 30 de abril de 2024, de “El Altiplano”, ello luego de que el 28 de abril de 2024, Rogelio León Díaz Villarreal, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, ordenó su no vinculación a proceso y la liberación, por su presunta participación en los delitos de violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos y contra la salud, por no encontrar elementos suficientes.

La FGR adelantó, el 29 de abril de 2024, que apelaría la liberación de “Don Rodo”, pero que también denunciaría penalmente la supuesta complicidad de la Policía Municipal de Autlán de Navarro, con el hermano del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

En un comunicado, la institución de procuración de justicia reveló que la Policía Municipal de Autlán de Navarro denunciaron ante la misma FGR a los elementos del Ejército y la GN que participaron en el operativo de captura de “Don Rodo”, el 21 de abril de 2024, lo que, según la Fiscalía General de la República, evidenció la colusión con el supuesto narcotraficante.

La FGR también dio a conocer que jueces de control federal de la Ciudad de México negaron cuatro veces las órdenes de cateo para ingresar al domicilio de Oseguera Cervantes, en el municipio jalisciense de Autlán de Navarro, antes de capturarlo.

Además, la Fiscalía General de la República cuestionó al juez de control Rogelio León Díaz Villarreal, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, por ordenar la liberación de “Don Rodo”, con base en unos videos “fragmentados, sin secuencia cronológica y sin documentación técnica que les diera credibilidad y certeza”.

“En una investigación por delitos graves de alto impacto, y después de cuatro ocasiones en las que diversos Jueces de Control, con sede en la Ciudad de México, negaron órdenes de cateo en el domicilio de Abraham ‘O’, la Guardia Nacional mantuvo vigilancia sobre el inmueble que ha venido ocupando dicha persona”, detalló la FGR.

“En la madrugada del pasado 21 de abril, las unidades de la Guardia Nacional observaron a tres personas en las afueras del domicilio citado, portando armas de fuego y en actitud beligerante, quienes los amagaron y se introdujeron a tal domicilio, cerrando la puerta. Por tal motivo, los miembros de esa corporación se vieron obligados a dar seguimiento a dichas personas en el interior inmueble, en debido cumplimiento de su obligación legal de perseguir un hecho delictivo evidentemente flagrante”, añadió la Fiscalía.

“En el interior del inmueble, efectivamente encontraron a Abraham ‘O’, portando un arma larga carabina de asalto calibre 5.56 x 45 y un arma corta calibre .9 milímetros, así como una cartera-bolsa con 38 gramos de cocaína; dos mil 011 pastillas de fentanilo y 255 pastillas de fluoprofentanil, razón por la cual se procedió a su detención y traslado a la Ciudad de México, poniéndolo a disposición del Ministerio Público Federal”, agregó la FGR.

“Es muy importante señalar que, durante ese evento, familiares de Abraham ‘O’, pretendieron dolosamente ocultar la verdadera identidad de éste, atribuyéndole el nombre de Rodolfo Garibay González, y al respecto pudo acreditarse que dicha persona también había tramitado y obtenido una licencia con el referido diverso nombre, lo cual es un delito que se comprobó al identificar debidamente a la persona ya mencionada”, indicó la Fiscalía General de la República.

“Durante ese mismo evento, agentes de la Policía Municipal de Autlán, que tenían conocimiento de que quien actuaba era la Guardia Nacional con el resguardo del Ejército Mexicano, presentaron ante la Fiscalía Federal en esa ciudad una denuncia en contra de los elementos actuantes; evidenciando con ello, la colusión y la complicidad de las autoridades policiacas locales, que llegaron al extremo de comprometer a sus propios directivos de esa corporación municipal, entre ellos, al subdirector de la misma”, subrayó la FGR.

“Esa conducta cómplice y encubridora se ratificó cuando dichos elementos de la policía municipal fueron presentados como testigos por la defensa del acusado, en la audiencia de vinculación correspondiente. Ya en el procedimiento judicial, y después de haber obtenido del Juez de Control Rogelio León Díaz Villarreal, la calificación de legalidad en la detención, al arribar a la audiencia de vinculación, el acusado pidió una extensión de varios días; al final de los cuales sus abogados presentaron una serie de videos fragmentados, sin secuencia cronológica y sin documentación técnica que les diera credibilidad y certeza”, dijo la Fiscalía General de la República.

“Dado que dichas pruebas no habían sido puestas a disposición del Ministerio Público por un lapso de varios días, y con ello impidiendo con ello su valoración y dictaminación pericial respectiva, ya que se obtuvieron tan solo dos horas antes de la reanudación de la audiencia, lo cual dejó a la Representación Social en estado de indefensión; y, en esas circunstancias, el Juez decretó la libertad de dicha persona con base en estos videos tan cuestionables e insuficientes, mientras el propio Juez soslayaba y dejaba de valorar las acusaciones por los delitos graves ya señalados en contra de Abraham ‘O’”, acusó la FGR.

“En este caso, con tantas conductas judiciales negativas para impedir cateos; dándole credibilidad a cuestionables videos segmentados; más el soslayamiento del Juez a las acusaciones y pruebas por delitos graves; y la presencia ominosa de complicidad y encubrimiento de la policía municipal de Autlán y de sus directivos; todo ello ha generado una evidente conducta judicial y de autoridades diversas que le dieron ventajas indebidas al acusado, en contra de la Representación Social y de las víctimas, (artículo 225, fracción VII del Código Penal Federal); razones por las cuales se presentará de inmediato el recurso de apelación respectivo y las denuncias penales que procedan en contra de autoridades policiacas locales”, insistió la Fiscalía General de la República.

“Todo lo anterior es una muestra más de los constantes criterios parciales e incongruentes de autoridades judiciales, que no deben quedar al arbitrio de una persona; y sí deben estar estrictamente determinados por la ley, como lo señala el artículo 19 de la Constitución General de la República”, finalizó la FGR.

“Con motivo de la detención y puesta a disposición de Abraham ‘N’, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delitos de Portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y Contra la Salud, en su modalidad de posesión de narcótico con fines de comercio, en su connotación de venta; un juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, llevó a cabo la audiencia inicial, la cual tuvo una duración aproximada de 15 horas, concluyendo en esta fecha”, había informado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el 28 de abril de 2024.

“Escuchadas las partes, el juzgador determinó no vincular a proceso a la mencionada persona y ordenó su libertad, al considerar que su forma de detención resultó contradictoria a lo expuesto por la autoridad en su Informe Policial, toda vez que, con las pruebas aportadas por la defensa, llegó a la convicción que ésta aconteció en diversas circunstancias”, abundó el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF), en un comunicado.

Un enfrentamiento por cuestiones territoriales entre pobladores de las comunidades de Cruz Fandango y Cuyuxtlahuac, municipio de Alcozauca, en la Montaña de Guerrero, dejó como saldo al menos un herido y cinco pobladores retenidos.

De acuerdo con pobladores de Cuyuxtlahuac consultados por el El Sur, el Tribunal Agrario les dio la razón de que son propietarios de las tierras y los habitantes de Cruz Fandango se han negado a entregar sus cooperaciones, no reconocen lo establecido y siguen cortando árboles en puntos prohibidos.

Señalaron que este lunes mientras un grupo recorría los límites entre las comunidades, fueron agredidos por habitantes de Cruz Fandango y retuvieron a una persona, por lo que pidieron auxilio y fue cuando se desató el enfrentamiento e, incluso, confirmaron que hubo intercambio de disparos.

El grupo criminal “La Barredora”, supuestamente lidereado por el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena –hoy prófugo de la justicia-, operó en Chiapas y mantuvo presencia activa desde 2019, durante el sexenio de Rutilio Escandón Cadenas, cuñado de Adán Augusto López, denunció el exgobernador interino, Willy Ochoa Gallegos. 

“El crimen organizado no entra solo. Entra cuando hay omisión, complicidad o cobardía desde el poder. Y eso fue exactamente lo que ocurrió bajo el gobierno de Escandón Cadenas”, dijo en una declaración pública.

“No se puede informar algo que no está comprobado, que no está sujeto a un análisis serio y formal”, dijo el general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, respecto a informes de inteligencia elaborados entre 2019 y 2022 que vinculan a Hernán Bermúdez Requena, hoy prófugo de la justicia, con el grupo criminal “La Barredora”, considerado una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En documentos filtrados por el colectivo "Guacamaya", se identificaba a Bermúdez Requena con el alias de "Comandante H" y se le señalaba como presunto líder de la organización “La Barredora”, dedicada a actividades como el robo de combustible y la extorsión. Los reportes, en su momento, fueron desestimados por autoridades federales.

Intercam Banco anunció a sus empleados un aumento salarial, también tendrían más dinero en los vales de despensa y, por lo tanto, una mayor cantidad de aguinaldo. Dos semanas después, el júbilo se esfumó cuando el Departamento de Estado reveló una investigación contra la firma mexicana por lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

El gobierno de Donald Trump también investigaba a CiBanco y a la casa de Bolsa Vector, de Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

En medio de la discusión centrada en los procesos de gentrificación vinculados al desplazamiento de la población originaria, motivados por la llegada de turistas y migrantes del norte global, el Frente de pueblos y barrios del Anáhuac busca ampliar la perspectiva de cómo se producen los cambios en la capital, poniendo el énfasis en la denuncia del despojo por el acaparamiento de recursos clave, como el suelo y el agua.

“La gentrificación es una consecuencia del proceso de acaparamiento y los procesos de despojo. Los pueblos y barrios originarios se han visto históricamente afectados por diversos proyectos de infraestructura, ya sean carreteras, ejes viales, líneas de metro o plazas comerciales. Todo eso que normalmente se le conoce como “urbanización” ha afectado los territorios de los pueblos”, dijo Alejandro Velázquez, uno de los integrantes del Frente, en diálogo con Desinformémonos.

El análisis compartido por el Frente, señala que las discusiones sobre la gentrificación han estado muy centradas en el ámbito urbano, y desde los pueblos y barrios se busca incluir también lo que sucede en el suelo de conservación de la capital, así como con “el territorio y los bosques, que también han sido afectados por estas dinámicas”, los cuales se han visto cercados por el crecimiento de complejos residenciales de lujo, como el caso del pueblo de Xoco y la torre Mítikah, o por la construcción de vialidades, como la lucha por la protección de los humedales de Xochimilco, frente a la construcción del puente vehicular Periférico – Cuemanco, que avivó el conflicto social en la zona sur de la ciudad.

“Nosotros pensamos que se tiene que replantear el modelo de ciudad por completo. Se siguen construyendo diversos proyectos urbanos inmobiliarios que están afectando el suministro de agua a los habitantes de pueblos y barrios. Aumentan los problemas de movilidad, también de calidad del aire, por eso decimos que debe establecerse una suspensión de trámites para nuevos megaproyectos inmobiliarios, mientras no se tenga una discusión a fondo del tipo de ciudad que queremos”, comentó Velázquez a este medio.

La propuesta fue lanzada a la par de la manifestación del domingo 20 de julio de 2025, en apoyo al pueblo de Santa Úrsula Xitla, en la alcaldía Tlalpan, que ha denunciado su rechazo a la construcción de 52 casas de lujo en Fuentes Brotantes 132, por parte de la empresa Graus. La movilización fue custodiada en todo su recorrido por centenas de granaderos y policías auxiliares y de tránsito de la ciudad de México, dando inicio al nuevo protocolo de control de manifestaciones, anunciado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, a inicios de julio, tras la realización de la marcha antigentrificación y como evidencia de la presión que el Mundial de fútbol, que comenzará en once meses, está aplicando sobre la gestión del conflicto social en la ciudad.

“Con el mundial, hay muchos alcaldes que están muy interesados en promover a los pueblos originarios como objeto turístico y eso, pues, es volver a la cultura de los pueblos una mercancía también”, criticó la fuente.

Sin reconocimiento ni consulta

Los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán exigieron al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, una mesa de seguridad con las autoridades comunitarias de los cuatro pueblos de Michoacán que ejercen autogobierno. Lo anterior, después de varias semanas exhortando a las autoridades estatales y federal, no sólo que se establezcan diálogos horizontales en materia de seguridad ante el contexto de violencia e inseguridad que viven, sino que sean tomadas en cuenta sus peticiones en torno al Plan de Justicia Purépecha.

El viernes 18 de julio, en el foro “Empoderamiento del gobierno comunal a través de 4º orden de gobierno”, que se llevó a cabo en Pátzcuaro, Michoacán, concejos comunales que son integrantes del Frente por la Autonomía de Concejos y Comunidades Indígenas realizaron una acción política ante el gobernador Ramírez Bedolla y el próximo ministro presidente de la Suprema Corte De Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz.

En la acción, con playeras negras con el impreso “Sin seguridad no hay justicia”, presentaron un escrito en el que se les exhorta a las autoridades atender de manera urgente y pronta la problemática de seguridad y violencia que vive la entidad. Sobre todo después de que el pasado 2 de julio la comunidad de Cherán Keri fue víctima de un ataque a manos del crimen organizado, en el que falleció un joven y otra persona resultó herida.

Asimismo, manifestaron su indignación con el gobierno del estado, pues en días pasados, el todavía titular de la Fiscalía General de Michoacán, Adrián López Solís, fue nombrado Notario Público Titular 178, en el estado con ejercicio en el Distrito Judicial de Pátzcuaro. López Solís, de acuerdo con el escrito, “ha sido señalado como uno de los responsables de la masacre ocurrida el 5 de abril en la comunidad de Arantepacua”, mientras él era secretario de gobierno del exgobernador Silvano Aureoles Conejo.

Por su parte, al nuevo ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, se le pidió que se solidarice con sus luchas, pues esperan que el gobierno federal se involucre ante las múltiples problemáticas que afectan las comunidades indígenas de Michoacán. Es importante señalar que además, nuevamente expresaron su preocupación sobre el “lamentable” actuar del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), pues ha convocada a asambleas irregulares, reproduciendo a su vez actos de simulación en torno al desarrollo del plan de justicia para las comunidades purépechas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló la mañana de este martes que el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, es buscado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, y que es el Gobierno de esa entidad quien encabeza principalmente las labores para su localización tras la orden de aprehensión que fue girada en su contra desde febrero de este año.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch explicó que desde 2024 comenzaron a circular notas periodísticas e información local sobre la presunta participación de Bermúdez Requena en actividades delictivas. Sin embargo, precisó, fue hasta noviembre de ese año que la Fiscalía General de Justicia de Tabasco inició de manera oficial una carpeta de investigación.

En febrero de 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad instruido por el Gobernador Javier May Rodríguez, se obtuvo una orden de aprehensión contra el exfuncionario. “Él, a partir de febrero de 2025, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro”, detalló Harfuch.

Asimismo, recordó que como parte de las acciones de búsqueda, se activó una ficha roja de Interpol a través de los mecanismos de colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR).

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este martes que Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, sigue detenido en Estados Unidos (EU), aunque dijo desconocer si se encuentra en una prisión de baja seguridad. Lo que sí está confirmado, destacó el funcionario, es que se mantiene bajo custodia y que no hay indicios de que vaya a ser liberado próximamente.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recordó que la captura de Ovidio Guzmán ocurrió en enero de 2023 durante un operativo realizado exclusivamente por autoridades mexicanas, particularmente por el Ejército, y en el que perdieron la vida 10 elementos de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, Guzmán López fue entregado a las autoridades estadounidenses bajo el marco del tratado de extradición entre ambos países.

El Comandante de la Guardia Nacional (GN), el General Hernán Cortés, presentó este martes la estrategia "Cero robos", la cual tiene el propósito de frenar los asaltos a tráileres en carreteras federales de todo el país. El plan arrancará en las que registran más casos de este delito: México-Puebla, México-Querétaro y Mazatlán-Culiacán.

De enero a junio de 2025, se registró una disminución del 22.41 por ciento en la incidencia de robos de vehículos de carga en carreteras de todo el país, esto en comparación con el mismo periodo del 2024, al pasar de cuatro mil 029 casos el año anterior a tres mil 126 este año. Además, en este delito se mantiene una tendencia a la baja, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), actualizadas al mes de junio.