La coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, Susana Camacho, está convencida de que los resultados de la elección judicial del 1 de junio último muestran con claridad que esos comicios “consumaron un golpe de Estado” al Poder Judicial.
“Sé que esto suena un poco fuerte, pero sí hubo un golpe de Estado, porque los golpes de Estado no sólo son contra el Ejecutivo, sino contra la desaparición de un poder del Estado y, en este caso, lo que presenciamos fue la toma del Poder Judicial por parte de Morena, de sus diferentes facciones”, afirma Camacho en entrevista con Proceso.
La abogada explica que la destitución de unos siete mil funcionarios judiciales contemplada en la reforma lopezobradorista y su reemplazo parcial por los ministros, magistrados y jueces elegidos el 1 de junio –todos ellos postulados por la Presidencia y el Congreso controlados por Morena– significa “la tomar del Poder Judicial” por parte del partido de gobierno.
Y no hay que olvidar, indica, que el Poder Judicial había sido en el sexenio pasado “el último contrapeso contra el que se enfrentaba, de repente, el Ejecutivo, que decidió deshacerse de ese contrapeso”.
A casi una semana de la elección judicial, los resultados divulgados por el Instituto Nacional Electoral (INE) ubican como ganadores de los principales cargos a abogados cercanos a Morena.
Ese es el caso de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que estará presidida por el indígena mixteco Hugo Aguilar, quien fue operador político del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ante comunidades indígenas.
También el estratégico Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá sancionar y remover a jueces que se salgan del redil, quedará integrado por fichas del partido oficial, y de los 17 cargos de las salas superior y regionales del Tribunal Electoral sometidos a votación, 15 los obtuvieron candidatos sugeridos en los “acordeones” que repartió Morena.
De acuerdo con Susana Camacho, en los comicios judiciales “se cumplieron los peores vaticinios” planteados por los más destacados constitucionalistas del mundo y por organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que existe un caso abierto contra el Estado mexicano por la reforma lopezobradorista.
La experta en justicia del centro de pensamiento México Evalúa sostiene que la captura del Poder Judicial por parte de Morena se hizo en una elección “que no estuvo apegada a la legalidad y en la que los votantes los movilizó el aparato de ese partido”, pese a lo cual la abstención fue altísima.
Por tanto, sostiene Camacho, los futuros jueces, que asumirán sus puestos el próximo 1 de septiembre, “cargan con el peso de la ilegitimidad”.
“Y vamos a tener un Poder Judicial absolutamente capturado por el Ejecutivo, que no va a resolver en beneficio de los ciudadanos, sino en beneficio de los que los pusieron ahí. Hay que esperar a ver cómo empiezan a emitir sus sentencias, pero de entrada son resultado de una elección no apegada a la legalidad”, asegura.
Elección de baja calidad
Un sondeo del Observatorio Electoral Judicial (OEJ) realizado a boca de urna el día de los comicios indicó que 65% de los entrevistados observó a partidos políticos, funcionarios públicos o sindicatos hacer campaña en favor o contra algunas candidaturas, lo que está prohibido por la ley.
Además, 18% respondió que alguna persona los contactó para influenciar su voto.
El OEJ elaboró un informe en el que documenta que candidatos a cargos judiciales incurrieron, directa o indirectamente, en gastos irregulares para publicidad en redes sociales y divulgaron encuestas ficticias, lo que también es ilegal.
Camacho sostiene que observadores electorales detectaron el uso de “acordeones” para marcar sus boletas y encontraron que muchas de las personas que fueron a votar eran adultos mayores a los que activistas de Morena “condicionaron sus beneficios sociales a que demostraran que acudieron a la votación”.
Indica que el partido oficial, que ahora controlará los tres poderes del Estado, “nos quiere orillar a acostumbrarnos a procesos electorales de baja calidad”.
Menciona que el INE ha evadido el tema de los “acordeones” con posicionamientos ambiguos por parte de la presidenta de ese organismo, Guadalupe Taddei, quien dijo que hay una investigación abierta para determinar si la distribución y el uso de esas guías para votar constituyen “hechos ilícitos”.
Camacho señala que tanto el INE como el Tribunal Electoral van a tener que tomar ahora decisiones sobre la elección judicial que no se atrevieron a tomar durante el proceso.
En ese sentido –asegura la coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa– creo que el INE y el Tribunal Electoral le fallaron a los mexicanos y que en esta elección se ha puesto en entredicho no sólo la legitimidad de las personas que han llegado a los cargos, sino, sobre todo, la legitimidad de estas instituciones.
Hasta el miércoles último el INE había recibido 29 quejas contra los “acordeones” al considerar que estos inducían a votar en favor de algunos candidatos.
De acuerdo con Camacho, en algún momento de esta etapa poselectoral los ciudadanos van a voltear a ver al INE y al Tribunal Electoral para ver qué decisiones toman respecto de las irregularidades denunciadas en el proceso y en el día de la elección.
La abogada considera que ambas instituciones son “el siguiente objetivo de Morena en esta operación que se sigue desarrollando para terminar de concentrar el poder”.
El INE, afirma, era una institución que goza de prestigio y de la confianza de los ciudadanos, pero eso “se puede perder con este tipo de elecciones”, que en este caso fue una “elección de Estado” como las que eran norma en los tiempos del PRI.
Y el resultado de eso, asegura, es la altísima abstención.
La noche del 1 de junio, la presidenta calificó como “todo un éxito” las elecciones judiciales porque habían participado “ceca de 13 millones” de mexicanos.
Ese es un dato veraz, igual que otros reportados por el INE. Por ejemplo, los que indican que 86.8 millones de electores registrados decidieron no participar en esos comicios y que 2.9 millones de los acudieron a las urnas anularon las boletas o las dejaron en blanco.
