Llamó a denunciar perfiles sospechosos para prevenir fraudes y recordó la necesidad de proteger a los jóvenes mediante la educación digital o el uso seguro de dispositivos móviles y conectados a Internet.

Estas advertencias se dan luego de se revivieron las denuncias sobre la existencia de sitios de entrenamiento criminal en distintas regiones del país, a partir de lo ocurrido en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco.

Aunque esta problemática ha sido documentada desde hace años, las investigaciones sobre el asesinato masivo de personas en esos sitios, despertó nuevamente las alertas entre la población.

Autoridades y especialistas han referido que a estos lugares llegan algunas de las víctimas de desaparición en el país, y son forzadas a realizar trabajos o formarse dentro de prácticas criminales.

Ante ello, la Secretaría de Seguridad en Nayarit insistió en la importancia de la prevención y la denuncia ciudadana para reducir estos riesgos.

“Lo que estamos observando es que la cantidad [de fentanilo] que cruza la frontera, lo que están detectando [las autoridades de ambos países], es aproximadamente un 40 por ciento menor que antes [del nuevo mandato Trump]. Una disminución significativa”, dijo Guillot a pregunta expresa del congresista republicano Carlos Giménez.

Sin mencionar el despliegue de 10 mil tropas de la Guardia Nacional (GN) mexicana, ni los operativos del Gobierno de México, el general vinculó directamente la caída del tráfico de fentanilo, con el despliegue de más de 6 mil 500 tropas estadounidenses en la frontera.

“También observamos mucha frustración con los cárteles por su incapacidad para cruzar la frontera con fentanilo. Por lo tanto, ellos buscan otros lugares para enviarlo fuera de EU”, aseguró el líder de uno de los once comandos combatientes unificados del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD, por sus siglas en inglés).

Según lo previó Guillot, la misión de las tropas militares en la frontera con México duraría años y no sólo meses. Asimismo, detalló que el despliegue de más de 6 mil 500 elementos de las Fuerzas Armadas de EE. UU. en la frontera con México, para contener los flujos ilegales de drogas y migrantes, había tenido un costo, hasta esa fecha, de 376 millones de dólares.

Las revisiones del aviso del DOC enumeraron el código arancelario para la cerveza hecha de malta, 2203.00.00, así como el código de latas de aluminio vacías de menos de 20 litros, de 7612.90.10.

Según lo indicó Reuters en su reporte, el Departamento de Comercio de EE. UU. no respondió inmediatamente a sus preguntas respecto al aviso, que se produjo horas antes de que el presidente Donald Trump anunciaría amplios aranceles recíprocos sobre los socios comerciales de Estados Unidos.

“La medida sería un golpe sustancial a las importaciones de cerveza que superaron los 7 mil 500 millones de dólares en 2024, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. México domina las importaciones estadounidenses de cerveza, con 6 mil 300 millones de dólares el año pasado, seguido de Países Bajos con 683 millones, Irlanda con 192 millones, y Canadá con 73 millones”, abundó la agencia británica.

Desde entonces ha sido un foco de atención cuán frecuente será la asistencia de la mandataria a eventos y cumbres internacionales, ya que AMLO fue bastante irregular y distante de esta clase de reuniones, afirmando que su foco estaba “en México”.

De la misma forma, Sheinbaum tampoco asistió a la toma de posesión de Donald Trump este año, en esa ocasión al no ser invitada formalmente por el mandatario; sin embargo, la presidenta tampoco ha asistido a otras tomas de protesta de mandatarios para las cuales sí recibió invitación.

En el documento señalaron pérdidas que ascienden a unos 993 millones de dólares anuales en el sur de Texas por la falta de agua para la irrigación, según cálculos de la universidad Texas A&M.

Pero la sequía y la “situación crítica” de las cuencas del río Colorado y el río Bravo, origen del agua para los acuerdos, han complicado el cumplimiento del pacto, según explicó a EFE Rosario Sánchez, directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales.

Sheinbaum insistió en que “hay diálogo con Estados Unidos, a través de CILA”, la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

También recordó que presentó a comienzos de su Gobierno el Plan Nacional Hídrico, que contempla tecnificar 200.000 hectáreas de riego agropecuario y una inversión inicial de 20 mil millones de pesos  en 2025.

“Estamos haciendo, en particular en la frontera norte, aunque no sólo porque es en todo el país, todo el programa de tecnificación de riego agrícola, eso va a ser muy importante porque va a hacer más productivo el campo con menos agua, es algo que Estados Unidos había estado solicitando a México”, comentó.

Desde que la autodenominada Cuarta Transformación llegó al poder con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los convenios y transferencias de recursos públicos a las Fuerzas Armadas se han multiplicado.

Tal como documentó la periodista Mariana Mora en el reportaje Más poder al poder: las transferencias millonarias al Ejército, las transferencias a las Fuerzas Armadas pueden rastrearse desde los tiempos de la presidencia de Felipe Calderón en 2007.

“Pero es en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador donde se potencia la práctica del Ejército Mexicano de recibir transferencias de recursos públicos”, expone la investigación. “Solo en 2019, el primer año de AMLO, se transfirieron 5 mil 218 millones de pesos: tres cuartas partes de la sumatoria de transferencias de todo el gobierno de Peña Nieto”.

El Ejército también ha sido en clave en megaproyectos del gobierno, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Incluso han sido responsables de la rehabilitación de infraestructura de hospitales del IMSS-Bienestar durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

El reportaje de Mora, publicado en septiembre del 2024, expone que en los últimos cuatro años la SEDENA recibió 232 mil 406 millones 785 mil 832 pesos a través de convenios, adicionales a su presupuesto validado por Hacienda y aprobado por la Cámara de Diputados Federal.

“Los convenios son documentos escuetos, firmados solo entre los directivos de las áreas ante un notario. Ni siquiera interviene el Órgano Interno de Control. Revelan muy poco sobre el destino del monto que se transfiere. Incluso, sus conceptos no dejan claro qué es exactamente lo que se compromete a hacer o construir el Ejército Mexicano“, expone la investigación.

Ahora, con la nueva Ley de Obras Públicas, los Diputados darán mayor opacidad a las Fuerzas Armadas.

Retoman opaca cláusula del sexenio de EPN

En 2015, las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos del Senado presentaron un borrador para reformar la Ley de Obras Públicas que provocó la preocupación de diversas organizaciones de la sociedad civil.

Uno de los puntos que vieron como de riesgo era que permitía expetuar el uso de CompraNet a criterio de la Secretaría de la Función Pública, sin establecer en qué tipo de casos eso podría ser pertinente.

Ahora, la reforma de la 4T adapta este criterio a la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, estableciendo que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en casos excepcionales y justificados, “podrá autorizar que se lleven a cabo los procedimientos de contratación sin utilizar la Plataforma, conforme a las disposiciones que se establezcan en el Reglamento de esta Ley”.

Adiós, Compranet

Compranet fue creado en 1996 con el objetivo de simplificar las actividades de contratación pública y aumentar su transparencia, no obstante la falta de mecanismos efectivos para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia provocó que hasta el 40% de contrataciones no se publicaran en la plataforma, tal como documentó en 2015 el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Aun así, la plataforma permitió llevar a cabo investigaciones que revelaron casos de corrupción y la falta de competencia en las contrataciones públicas a lo largo de varios sexenios.

Por ejemplo, en 2020 el IMCO analizó 350 mil procesos de compra publicados en Compranet por las dependencias de la Administración Pública Federal durante 2018 y 2019, revelando que “tanto en el último año de gobierno de Peña Nieto como en el primer año de López Obrador el porcentaje de contratos por adjudicación directa fue mayor al 80%”.

En agosto del 2024, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reportó que la plataforma CompraNet eliminó todos los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023 por un total de 4.7 billones de pesos entregados mediante cerca de 2 millones de contratos

A finales del sexenio de AMLO, el Instituto mostró: “las instituciones públicas federales incumplen disposiciones como la publicación en tiempo y forma en Compranet, la contratación con empresas idóneas y la justificación debida a los procedimientos de excepción”.

Ahora ese mismo gobierno incumplido plantea sustituir Compranet con la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas con el objetivo de “estandarizar contrataciones y aumentar la transparencia”.

En un artículo añadido, se específica esta orden al Instituto Nacional Electoral (INE), que deberá permitir a esas instancias la consulta inmediata de datos biométricos, firma, huellas dactilares, fotografía y cualquier información identificativa, incluida el domicilio de la ciudadanía; a los establecimientos regulados por la Ley General de Salud, así como las instituciones públicas o privadas que generen o tengan acceso a imágenes y mediciones generadas por satélites, aeronaves u otras tecnologías.

En el documento se describe que la pretensión es ampliar “el espectro de sanciones pues no solo las servidoras públicas son sujetas de responsabilidad, sino que también se obliga a aquellos particulares que, por la naturaleza de sus actividades económicas, generen o posean bases de datos, registros o información que, por disposición de este ordenamiento, se encuentren obligadas a permitir su acceso”.

En tanto, para los servidores públicos federales y locales se mantienen las mismas responsabilidades previstas por la ley vigente, que en su artículo 42 señala que quienes “incumplan injustificadamente con alguna de las obligaciones previstas en esta Ley y que no constituyan un delito, serán sancionados en términos de lo establecido en las leyes que establezcan las responsabilidades administrativas de los servidores públicos”, y considera grave el incumplimiento de obligaciones relacionadas con la búsqueda inmediata y la investigación.

Instancias de seguridad al Sistema Nacional de Búsqueda

Por otro lado, la reforma propone que las instancias de seguridad se sumen al Sistema Nacional de Búsqueda: “La presente iniciativa agrega como integrantes… al Registro Nacional de Población, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como al representante que designe la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia”. Además, establece que las sesiones del sistema se celebrarán cada tres meses en lugar de seis. 

El documento hace énfasis en lo mencionado por Sheinbaum durante la conferencia mañanera en la que anunció las reformas en el sentido de que “en México, en el pasado, durante la guerra sucia, la desaparición forzada de personas era perpetrada por agentes del Estado, en la actualidad la comisión de este delito ha mutado y ahora la desaparición está vinculada con la delincuencia organizada y es cometida por particulares”.

A esto atribuye el documento que es imprescindible la actuación inmediata de las autoridades para que desde las primeras horas ordenen medidas dirigidas a la determinación del paradero de las víctimas o el lugar donde puedan encontrarse, las cuales deben partir de la presunción de vida de la persona desaparecida. Dentro de los conceptos base de la Ley General, se agregan el de Autoridades, Plataforma Única de Identidad, Base Nacional de Carpetas de Investigación, Registro Administrativo y Ficha de Búsqueda. “Así mismo se propone modificar el término de procuradurías locales a fiscalías locales y se señala la Clave Única de Registro de Población (CURP) como elemento base de identificación de las personas”, añade la propuesta.

Aunado a ello, se agrega la obligación de administradores de canales televisivos, radiodifusoras, personas prestadoras de servicios de transporte, administradoras de terminales , concesionarios de carreteras, caminos y puentes, seguridad pública, ciudadana u homólogas, y cualquier ente público o privado que tenga la capacidad de transmitir masivamente un mensaje, de distribuir las fichas de búsqueda. 

“Monitorear la CURP en tiempo real es fundamental para detectar y actuar rápidamente ante posibles casos de desaparición. Para ello, es fundamental la habilitación de accesos para fiscalías y comisiones de búsqueda en dicha plataforma, pues ello garantizará que las entidades responsables cuenten con la información necesaria para llevar a cabo sus labores de manera efectiva”, agrega la iniciativa.

Interconexión al Banco Nacional de Datos Forenses

La propuesta de Sheinbaum sostiene que una de las dificultades para la localización ha sido la falta de identificación, por desconocimiento, de los cuerpos bajo resguardo de instituciones públicas o privadas, por lo que se propone obligarlas a mantener actualizados registros sistematizados con la información forense que obtengan, que deberán ser de fácil interconexión para las autoridades, además de remitirlos al Banco Nacional de Datos Forenses. 

“Se establece la obligación para los servicios periciales y servicios forenses de la Federación y de las entidades federativas que tengan en resguardo un cuerpo o resto humano no identificado de, previamente a la remisión a fosas comunes, practicar pruebas dactiloscópicas y genéticas para su identificación y deberán registrar el resultado de las pruebas en el Banco Nacional de Datos Forenses en un plazo no mayor a tres días contados a partir de que se obtuvo el resultado”, dice el documento. 

El Banco Nacional de Datos Forenses, ya contemplado en la ley vigente, es una responsabilidad que la Fiscalía General de la República eludió durante cuatro años impugnando un amparo promovido por una víctima que reclamaba su puesta en marcha, contemplada en la ley desde 2017. Fue hasta 2023 que anunció su arranque, sin embargo, hasta ahora no cuenta con datos suficientes. Cuestionado al respecto, el titular de la FGR, Alejandro Gertz, aseguró que está en funcionamiento y desplazó la responsabilidad de alimentarlo a las fiscalías locales.

En sus artículos transitorios, la iniciativa específica que la fiscalía y fiscalías locales contarán con un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor para actualizar todos aquellos registros y bases de datos vinculados con el Banco Nacional de Datos Forenses. 

El documento asegura que se fortalece su funcionamiento al añadir una disposición normativa estratégica que enfatiza la obligación de todas las autoridades, incluidos la fiscalía general, los tribunales superiores de justicia, las fiscalías y los poderes judiciales de las entidades federativas, de conectar sus bases de datos, registros o sistemas, así como la información genética y de servicios periciales y forenses, manteniéndola actualizada.

Base Nacional de Carpetas de Investigación, a cargo del Secretariado

En la propuesta, se establece que para evitar la duplicidad, las personas titulares de las agencias del MP, al iniciar una investigación, deberán consultar la Base Nacional de Carpetas de Investigación para acreditar que no existan otras investigaciones abiertas en la Fiscalía General de la República, fiscalías locales, especializadas u otras fiscalías. 

Esta base deberá estar disponible para la integración de la información de las fiscalías dentro de los 180 días naturales a la entrada en vigor de las reformas, mientras que estas contarán con no más de 30 días hábiles para integrar su información. 

La iniciativa define dicha base como el registro que contiene los datos de las carpetas de investigación iniciadas por los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares, la cual será operada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y actualizada en tiempo real por las fiscalías especializadas. 

La fiscalía y las fiscalías locales, propone la reforma en un nuevo articulado, deberán enviar mensualmente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública un informe con número de personas desaparecidas y localizadas, número de carpetas, estado procesal de las carpetas, acciones emprendidas para la búsqueda e identificación y cualquier otra información relevante de seguimiento. El Secretariado generará un informe desglosado.

Plataforma Única de Identidad concentrará datos de registros previos

En tanto, la Plataforma Única de Identidad, según la propuesta, será la fuente primaria de consulta permanente y en tiempo real que se interconectará con bases de datos o sistemas de información que permitan realizar búsquedas continuas entre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la Base Nacional de Carpetas de Investigación y el Banco Nacional de Datos Forenses. 

También se contemplan en esa misma función registros administrativos, y cualquier registro, base o sistema de información de particulares que presten servicios financieros, de transporte, salud, telecomunicaciones, educación, paquetería y servicios de entrega, registros patronales, de seguridad social, religiosos y toda institución privada que tenga registros o bases de datos necesarias para la búsqueda, localización e identificación. 

“La operación y funcionamiento de la Plataforma Única de Identidad, sistemas y registros materia de la presente ley se llevará a cabo con los recursos humanos, materiales y financieros asignados a los entes públicos que correspondan”, se aclara en los artículos transitorios, que no destinan presupuesto adicional. En tanto, establece que dentro de los siguientes 30 días a la entrada en vigor, las entidades federativas deberán armonizar sus leyes locales. 

Consultado al respecto durante su conferencia de prensa del 19 de marzo pasado, Gertz Manero señaló que “entre más se pueda compactar la información, y se tenga una información que cubra todos los expedientes, es mejor; eso es lógico, lo que están haciendo tiene lógica”.

La propuesta de Sheinbaum enfatiza la obligación –ya contemplada en la ley– de las fiscalías locales de contar con fiscalías especializadas en desaparición de personas que deberán contar con personal especializado, capacitado y certificado en la investigación de los delitos. Un informe de Red Lupa difundido en enero de este año documenta que 28 de 32 entidades son las que cuentan con fiscalías especializadas; Durango, Sonora, Oaxaca y Yucatán carecen de una.

Entre los objetivos de la ley, descritos en el texto vigente en el artículo 2, la iniciativa añade también una alerta para la búsqueda, localización e identificación ante la noticia de una persona desaparecida o no localizada, y en los artículos posteriores hace énfasis en la inmediatez que deben dar las autoridades a los procesos de búsqueda y la apertura de carpetas. 

Sin embargo, la nueva propuesta divide el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, sobre todo en lo tocante a las personas que siguen sin ser ubicadas, en las siguientes clasificaciones: con carpeta de investigación o averiguación previa, sin carpeta de investigación o averiguación previa, y registros con datos insuficientes para su búsqueda o identificación, pendientes de actualización por la autoridad competente.  

Esta clasificación tiene su antecedente en la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada que presentó el gobierno federal durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador —conocida también como “nuevo censo”– donde se presentó una reducción de cifras a partir de la reclasificación de las entradas que contenía el RNPDNO, muchas de ellas catalogadas en los resultados como “sin datos suficientes”.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo impugnarán el acuerdo del INE que les prohíbe participar en la difusión de la elección judicial, mientras diputados y senadores que ya tenían una estrategia de promoción la seguirán realizando con normalidad.

Las campañas de la elección judicial, un proceso inédito en México, comenzaron el pasado 30 de marzo con candidaturas que por primera vez estarán en un proceso electoral.

Morenistas promocionan la elección con organización social

En las últimas semanas, legisladores de Morena ya habían comenzado este tipo de promoción a través de la organización Construyendo Justicia, en la que también participan sindicatos afines al gobierno y cámaras empresariales.

Construyendo Justicia, que ya tiene presencia en al menos 14 estados, utiliza publicaciones en redes sociales, pinta de bardas, lonas y otras estrategias para invitar a la población a salir a votar este 1 de junio, sin que hasta ahora favorezca a alguna candidatura en específico.

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de los diputados federales de Morena y quien encabeza Construyendo Justicia, descarta en entrevista que el acuerdo del INE vaya a frenar el trabajo de difusión de la asociación civil.

Además de Alfonso Ramírez Cuéllar, en esta organización participan funcionarios como la senadora María Guadalupe Chavira; el senador Raúl Morón; las diputadas Olegaria Carrasco, Beatriz Carranza, Gloria Sánchez, además del diputado Alejandro Carbajal.

De parte del sector social participan sindicatos de trabajadores de la salud, telefonistas, electricistas, ferrocarrileros y hasta de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), antigua aliada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Morena y el Congreso impugnará resolución del INE sobre promoción de elección judicial

Morena y legisladores de ese partido preparan una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la decisión del Consejo General del INE que prohibió a partidos políticos promover la elección judicial.

Este lunes, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que la determinación del Instituto electoral atenta contra “cualquier lógica democrática” y acusó que existen severas limitaciones para que las personas aspirantes a un cargo judicial se den a conocer.

“Hasta pareciera que lo que buscan es que la población no sepa ni participe en la elección histórica que ocurrirá el próximo 1 de junio”, escribió a través de sus redes digitales.

Fuentes morenistas reconocieron que si bien los partidos políticos no pueden intervenir en el proceso judicial, sí apelarán la decisión del INE.

Previo al arranque de campañas de este domingo, el presidente de la Mesa Directiva del Senado había adelantado que los integrantes de su coalición —Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo— intensificarían las actividades de promoción de la elección judicial a partir del 30 de marzo.

El legislador informó que incluso el Poder Legislativo ya se preparaba para destinar sus tiempos oficiales a la promoción de la elección judicial.

En la víspera, sin embargo, el INE determinó los lineamientos y criterios de imparcialidad, que enfatizaron la prohibición de que partidos políticos y funcionarios hagan proselitismo y que se inclinen por alguna candidatura.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, informó que este recinto legislativo se sumará a las impugnaciones contra la resolución del INE, pues consideró que difundir la elección judicial no implica que apoyen alguna candidatura.

“No quiere decir con este tema de difundir hacer proselitismo a un candidato o candidata. Es simplemente difundir la elección y en ese sentido yo creo que nos asiste la razón”, expresó Monreal en conferencia de prensa la tarde de ayer.

Legisladores siguen la misma ruta que el gobierno federal

La Cámara de Diputados y el Senado de la República seguirán la misma ruta que la presidenta Claudia Sheinbaum, quien informó que impugnará el acuerdo del Consejo General del INE que impide al Poder Ejecutivo difundir la elección judicial.

“Vamos a acudir al Tribunal porque creemos que es importante que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sin orientar a una u otra persona, igual que el INE, participen en la difusión de este evento tan transformador que va ocurrir en México el 1 de junio”, dijo Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

La presidenta utilizó el mismo argumento que los legisladores de su partido, respecto a que la difusión de la elección judicial no implica favorecer alguna candidatura en específico.

“No vamos a promover el voto por una o por otra persona, sino sencillamente la participación”, insistió Sheinbaum.

También fue detenido uno de sus operadores, José Gregorio Lastra, alias “El Lastra”, que tenía a su cargo el reclutamiento de miembros.

El CJNG está liderado por Nemesio Rubén “El Mencho” Oseguera Cervantes, por el que el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su detención. “El Mencho” volvió a adquirir notoriedad esta semana a raíz de que su imagen fue proyectada en un festival de música en Jalisco durante el fin de semana.

El caso salió a la luz pública el 5 de marzo gracias a la labor del colectivo de buscadores de personas desaparecidas Guerreros Buscadores de Jalisco, que denunció el hallazgo de numerosos restos óseos y cientos de prendas de vestir y objetos en el predio, de casi una hectárea, que por varios meses había permanecido en el olvido a pesar de que fue intervenido por las autoridades en septiembre del 2024.

A continuación, algunos datos clave y nuevas evidencias sobre el CJNG tras el hallazgo.

¿Cómo opera la red de reclutamiento del Cártel?

Se estima que el CJNG surgió al separarse del Cártel de Sinaloa, luego del asesinato en julio de 2010 de uno de los líderes de ese grupo, Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal en manos de los militares.

Desde su conformación, ha mantenido tres modalidades de reclutamiento: el voluntario que, según especialistas, conforma el grueso de sus filas; la captación de exmilitares y expolicías que operan como mercenarios y que gracias a su capacitación previa entran a la organización como jefes, instructores y líderes de comandos; y el reclutamiento forzado que se evidenció en el “Rancho Izaguirre”.

Las recientes investigaciones de las autoridades mexicanas permitieron determinar que el CJNG utiliza las redes sociales —se han detectado al menos 60 páginas— para ofrecer oportunidades de trabajo falsas, especialmente de vigilantes, con sueldos semanales de unos 600 dólares y captar así nuevos miembros de manera forzada.

Gracias al testimonio de un sobreviviente del “Rancho Izaguirre” se conoció que los candidatos eran buscados en centrales de autobuses y llevados bajo engaño al predio para recibir entrenamiento en manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico por un mes, informó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

Los que se negaban a recibir el adiestramiento o intentaban escapar del lugar eran golpeados, torturados y asesinados.

¿Cómo es su estructura organizativa?

Según explicó el especialista en seguridad David Saucedo, el CJNG tiene una estructura vertical encabezada por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, por el que Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Dentro de la organización, hay “comandancias regionales” y un área que se dedica a la producción droga y la comercialización, precisó Saucedo.

La agencia estadounidense de Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha reconocido que el cártel tiene presencia en 21 de los 32 estados de México, superando al Cártel de Sinaloa que se estima que opera en 19 estados mexicanos. Algunos analistas consideran que la presencia del CJNG se extiende incluso a 25 estados, con predominio en Jalisco que es considerado el bastión de la organización. Las operaciones del cártel también se han extendido a un centenar de países, entre ellos Estados Unidos, según la DEA.

¿Cómo consolidó su expansión?

El CJNG se ha convertido en menos de dos décadas de existencia en una de las organizaciones criminales más poderosas de México y ha logrado arrebatarle el control de algunas de regiones al histórico Cártel de Sinaloa. Éste se ha ido debilitando debido a los conflictos internos de sus facciones y a la captura de varios de sus emblemáticos líderes como Joaquín “El Chapo” Guzmán, que fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, e Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue apresado en julio pasado en Texas junto a uno de los hijos de Guzmán.

Al evaluar los factores que han favorecido la expansión del CJNG, el investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Carlos Flores, afirmó que su “capacidad de acción violenta” y sus prácticas de “corte de guerra irregular” han contribuido al crecimiento de su poderío, que coincidió con el desarrollo de la producción del fentanilo que ha dejado ganancias exorbitantes a los cárteles mexicanos.

Saucedo indicó que el CJNG también ha mantenido la práctica de aliarse con grupos criminales importantes, lo que le ha permitido llegar a algunos territorios de México y conformar una suerte de “franquicias” del cártel en algunas regiones como Aguascalientes y Tijuana.

Sus vínculos con autoridades y fuerzas de seguridad

El caso de Teuchitlán también permitió evidenciar cómo suele operar el Cártel Jalisco Nueva Generación en los territorios que controla gracias a redes de complicidades que desarrolla con las autoridades y fuerzas policiales que le permiten operar libremente, reconoció Flores.

A pesar de que el “Rancho Izaguirre” fue intervenido en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco —y diez personas fueron apresadas por el caso—, las investigaciones en el predio no avanzaron por seis meses, lo que ha alimentado las dudas sobre la actuación de las autoridades mexicanas. Recientemente fueron detenidos tres policías municipales por su presunta participación en la desaparición de personas en el rancho.

“Hay indicios que apuntan de manera pública cómo ese tipo de acuerdos han facilitado al Cártel Jalisco posicionarse en determinadas entidades (estados), al tiempo que van eliminando a sus contrarios con la propia ayuda, en algunas ocasiones, de elementos de fuerza pública”, sostuvo el investigador.

Un comunicado emitido por la Cámara de Diputados indica que la iniciativa precisa que “tratándose de obras o servicios relacionados con las mismas que deriven de programas prioritarios o proyectos estratégicos que ejecute la Fuerza Armada Permanente en términos de los convenios de colaboración que celebren entre entes públicos, no les resultará aplicable la presente Ley”.

Además, creará la Tienda Digital del Gobierno Federal como un módulo de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, mediante la cual se realizarán adquisiciones de bienes o servicios de manera ágil y expedita a través de órdenes de suministro o servicio.

La reforma faculta a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para administrar la nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas. 

"Amiguismo y favoritismo”

El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, afirmó que con esta reforma se fortalecerá aún más la discrecionalidad en las contrataciones del actual gobierno. 

“Estas figuras que se van a incrustar ahora en la Ley de Obras y en la Ley de Adquisiciones, que son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación le llaman, el contrato marco, la contratación consolidada, el diálogo competitivo o estratégico, que más bien parece diálogo en lo oscurito, los convenios entre los entes públicos, los ajustes a los costos indirectos y también reducen la participación de los testigos sociales en la licitaciones públicas más importantes. 

“Todas estas figuras que les he mencionado no hacen más que fortalecer la discrecionalidad, el favoritismo, el amiguismo y el clientelismo acostumbrado en este régimen a utilizar, con el tráfico de influencias, en los contratos públicos que lleva a cabo el gobierno”, detalló. 

Por su parte, el diputado del PRI, Arturo Yánez, resaltó que la reforma lejos de fortalecer el sistema de contratación de obra va direccionado a proteger la adjudicación directa y el amiguismo. 

“Hoy se conforma con una reforma que fomenta e incentiva la corrupción, la desigualdad y el mal ejercicio de la función pública. Lejos de que garantice un proceso transparente, establece nuevas excepciones que permiten institucionalizar el amiguismo. 

“Esta reforma elimina el control que la Cámara de Diputados actualmente tiene. Tenemos los diputados que aprobar las obras asociadas a proyectos de infraestructura que requieren inversión a largo plazo e inversiones programadas, fomentando la discrecionalidad del ejercicio en el Ejecutivo y vulnerando uno de los ejes principales de este recinto”, detalló.

Acusaron a la encargada de la comisión, Lutgarda Madrigal, de haber despedido a la mitad del personal, lo que ha generado retrasos en las labores de búsqueda. “Primero fue el ejercicio fiscal, y ahora el despido masivo de personal”, señalaron.

Afirmaron que el nuevo personal carece de experiencia, y que incluso enfrentan dificultades para realizar trámites básicos, como elaborar un oficio. Además, quienes permanecen en la institución trabajan en condiciones precarias, con falta de viáticos y recursos. “Son muy pocos para cubrir todas

Lenit Enrique Orozco, del colectivo Madres Buscadoras de Coatzacoalcos, sostuvo un diálogo con el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued.

Aunque ya se emitió la convocatoria para designar a una nueva persona titular de la comisión, tras varios años con una encargada interina, los colectivos advirtieron que el proceso es lento y que el nombramiento oficial se dará hasta junio. Por ello, exigieron que mientras tanto no se detengan las búsquedas.

Marcela Zurita, del colectivo Madre Luna de Córdoba, pidió que las personas que aspiren a dirigir la comisión tengan el perfil adecuado y estén capacitadas. “Los que están ahora nos han revictimizado, nos han ofendido. No queremos gente que venga a sentarse sin conocer el trabajo en campo. Están contratando personas sin experiencia”, criticó.

Las madres dijeron que al inicio pensaron que con la llegada de Lutgarda Madrigal habría mejoras, pero ahora creen que buscan desmantelar la comisión.

También denunciaron malos tratos por parte del personal cercano a la actual encargada. “Cuando pedimos algo, una asistente nos dijo: ‘Aquí no son huevos al gusto’. Eso habla de la calidad humana de quienes están. No queremos ese tipo de trato”, relataron.

Tras varias horas de protesta, las familias fueron recibidas en Palacio de Gobierno. Al salir de la reunión, retiraron los bloqueos y anunciaron que darían a conocer los acuerdos alcanzados.

Sobre el tema, la gobernadora Rocío Nahle afirmó que los colectivos de familiares de personas desaparecidas serán atendidos y que, si es necesario, se les escuchará cuantas veces haga falta. 

Destacó que la convocatoria para elegir a la nueva persona titular de la Comisión ya fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado. Sin embargo, los colectivos han expresado su preocupación por la falta de claridad en el proceso y temen que la actual encargada de despacho, Lutgarda Madrigal, permanezca en el cargo.

Tras tomar las instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda en Veracruz, el colectivo Madres Luna logró un acuerdo con autoridades estatales para realizar 30 acciones conjuntas de búsqueda de personas desaparecidas. Durante una reunión de más de cinco horas, también solicitaron mantener al personal con experiencia y garantizar la continuidad operativa de la institución, pese a los recientes cambios en la dirección.

PRI remueve de su cargo a Manuel Cavazos

Luego de que dicho comentario provocara enojo e indignación y se viralizara, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, publicó en sus redes sociales que las declaraciones que realizó el exgobernador “son inaceptables y no representan los valores del PRI”.

Dijo que en el partido respaldan “con firmeza a las mujeres y que el respeto no es opcional, “es un principio fundamental para ejercer el servicio público”.

“He tomado la decisión de removerlo de su responsabilidad al interior del partido. Esta determinación responde al compromiso que tenemos con una política responsable, respetuosa y a la altura del pueblo de México”, sostuvo.

El líder del partido tricolor nombró a Alejandra Andrade como nueva titular de la Secretaría de Operación Política del CEN del PRI, quien se desempechaba como subsecretaria de organización de ese órgano.

La definió como una “joven talentosa, con trayectoria, capacidad y firme compromiso”.

“El conocimiento constituye un requisito indispensable para garantizar tanto el derecho a ser votadas de las personas quienes ostentamos una candidatura, como el derecho al voto informado de la ciudadanía”, afirmó.

“Restricción del INE es irrazonable”: Loretta Ortiz

Asimismo, la ministra consideró que la restricción del INE es irrazonable ya que los propios Poderes de la Unión han participado activamente en las etapas previas a este proceso y han postulados candidatas y candidatos para los diversos cargos a elegir.

Loretta Ortiz advirtió que esta restricción generaría, además, situaciones jurídicamente inaceptables como impedir que las universidades públicas, en ejercicio de su autonomía y función académica, realicen foros informativos neutros sobre el proceso electoral judicial y las candidaturas o que las propias instituciones judiciales federales y locales informen a la ciudadanía sobre la importancia de su participación en la elección.

“Están privando a la ciudadanía de fuentes confiables, que les hablen sobre la estructura de las boletas, los criterios de votación, sobre las fechas clave del proceso y sobre todo de las funciones de los cargos judiciales sujetos a elección”, denunció.

Por ello, la ministra consideró que la Sala Superior debe proteger los derechos de las personas electoras y candidatas y, en consecuencia, revocar el acuerdo del INE.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que también impugnará el acuerdo del INE que  prohíbe a personas servidoras públicas, instituciones y autoridades hacer uso de recursos públicos para promover el voto o la participación ciudadana en la elección al Poder Judicial.

Edgar Hernández, corresponsal de La Jornada, y Pedro Gerardo López, corresponsal de TV Azteca, ambos con una larga trayectoria de periodismo profesional, de inmediato, a través de sus redes sociales rechazaron los señalamientos, y exigieron a las autoridades una investigación a fondo, “real, clara y contundente”, ya que sus vidas se encuentran riesgo, así como las de sus familias.

Los 17 periodistas, 16 hombres y una mujer, interpusieron el mismo viernes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, y este lunes 31 de marzo acudieron a la subdelegación en Tapachula de la Fiscalía General de la República (FGR) a solicitar protección. 

Un día después de la publicación que aún permanece activa en Facebook, la Fiscalía General de Chiapas informó que inició una investigación formal por la sobreexposición a fuentes abiertas de 17 periodistas, debido a que fueron vinculados “injustificadamente con el crimen organizado” en el municipio de Tapachula. 

La dependencia dio a conocer que estableció coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, para que a través de la policía cibernética se realice una investigación tecnológica y científica que permita esclarecer los hechos y fincar las responsabilidades penales. 

Organizaciones que documentan la violencia contra la prensa urgen acciones de protección

Organizaciones como el Foro de Periodistas de Chiapas, la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Chiapas y Frontline Freelance México, alzaron la voz frente a la campaña de difamación que pone en riesgo a los periodistas de Tapachula, señalando que ejercer el periodismo en Chiapas ya es difícil y hacerlo como mujer más. 

“Sabemos que este tipo de señalamientos en un contexto atravesado por la violencia estructural y la presencia del crimen organizado, no son menores; son formas de violencia que ponen en riesgo la vida. Y en Chiapas, donde ejercer el periodismo ya implica un alto costo, estos ataques buscan sembrar miedo, silenciar voces y debilitar los vínculos comunitarios que sostienen nuestro trabajo”, dijo en un comunicado la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras.

Frontline Freelance México, se sumó a las exigencias de otras organizaciones defensoras de la liberta de prensa y destacó que “este tipo de publicaciones, que tienen una clara intención desprestigiar y generar miedo, constituyen una forma de violencia contra la prensa. La estigmatización pública de periodistas que cubren temas sensibles como derechos humanos, seguridad y migración en contextos ya de por sí complejos, puede tener consecuencias graves y poner en riesgo la integridad y vida de quienes ejercen su labor con compromiso y profesionalismo”.

Posteriormente, el diario El Universal aseguró que la información le fue confirmada por el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

La revocación de las visas fue por “promover un grupo denominado como terrorista en Estados Unidos”, indicó el portal del diario.

El CJNG fue designado recientemente por el gobierno de Donald Trump como organización terrorista.