El empresario Ricardo Salinas Pliego reaccionó con insultos en sus redes sociales luego de que se diera a conocer que sus empresas pagaron una deuda millonaria de las varias que mantiene en litigio.

Diversos usuarios en Twitter etiquetaron al dueño de Grupo Salinas cuestionándolo y criticándolo por haber tardado en pagar el adeudo de casi dos mil 800 millones de pesos que debía en impuestos. Ante esto, el magnate no se mantuvo en silencio y contestó a algunos de ellos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, admitió hoy que los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina (Semar), Rafael Ojeda, condicionaron su asistencia a la comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, sólo si no tenían que intervenir ante la tribuna del Senado.

Un juez federal descartó suspender la orden de aprehensión girada contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, y delincuencia organizada, debido a que la Ley de Amparo impide suspender una orden de captura cuando se imputan delitos graves o de prisión preventiva oficiosa a una persona.

La resolución del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, explicó que conforme a la Ley de Amparo, cuando una persona solicita suspender una orden de aprehensión en su contra por delitos graves, la misma no se puede conceder para ese fin.

El Secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de siempre disentir con las propuestas del Gobierno federal a pesar de que, cuando ellos gobernaron por 12 años, “entregaron a un país en llamas”.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) busca a través de una Reforma Electoral que los “ciudadanos” puedan hacer pronunciamientos públicos a favor de cualquier partido durante el periodo de la veda electoral, una propuesta que ha sido vista como una manera de “legalizar” el respaldo que los llamados influencers han hecho al partido del tucán en procesos pasados, los cuales le han valido multas millonarias.

Gastritis crónica, anemia, sangrado digestivo, neumonía. Estos son algunos de los padecimientos que las autoridades aseguraron que provocaron la muerte de Ernestina Ascencio, una indígena de 73 años perteneciente a la comunidad náhuatl Tetlatzinga de la Sierra de Zongolica, en Veracruz.

Esa lista de enfermedades fue dada a conocer por el Ministerio Público estatal y fue respaldada tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por el Presidente de la República de ese entonces, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Esa versión buscó echar abajo lo que la señora Ernestina alcanzó a denunciar en sus últimas horas de vida: que había sido agredida sexualmente por militares ese 25 de febrero de 2007.

Con mayoría calificada y en poco más de una hora, el Congreso de Baja California aprobó la reforma constitucional que permite la ejército mantenerse en las calles hasta 2028.

Más duró la reunión en el congreso local con secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el lunes pasado, que hoy, día en que se sometió a discusión y aprobación.

Miembros del Ejército y de la Guardia Nacional han sido señalados por presuntamente colaborar con la Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, entre otros grupos delictivos, según una decena de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Correos obtenidos por el grupo hacktivista Guacamaya relacionan a algunos elementos de ambas corporaciones con la venta de armamento a grupos delictivos; además, se les acusa de supuestamente proteger a miembros de los cárteles, darles información y permitir que trafiquen con personas, drogas e hidrocarburos.

De los 12 mil 060 expedientes que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco (FEPD) conserva activos a cinco años de su creación, solo en 246 casos se ha logrado la intervención judicial por el delito de desaparición, es decir, el 2%.

En esas 246 investigaciones, se ha señalado a 770 personas como sospechosas de la desaparición de alguien, pero solo 402 fueron vinculadas a proceso debido a que el Ministerio Público aportó datos suficientes sobre su probable participación en el delito, de acuerdo con el informe Fiscalía a la deriva del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad). 

Las organizaciones GIRE, CAFIS y Odesyr informaron que la justicia federal les concedió un amparo en contra de la regulación del delito de aborto en Puebla.  

En un comunicado, las ONG´s informaron que un juez de distrito determinó que los artículos del Código Penal de Puebla que regulan el aborto autoprocurado y consentido son violatorios a los derechos humanos como libre desarrollo de la personalidad, autonomía reproductiva, salud, igualdad, no discriminación y a no sufrir violencia, que corresponden a toda persona con capacidad de gestar.

Luego de haber sido detenido y liberado siete veces, Juan Carlos “N”, presunto líder del grupo delictivo “Los Molina” y uno de los principales generadores de violencia en la Ciudad de México y la zona conurbada, fue capturado por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y lesiones cometidos en diciembre de 2018 en la alcaldía Coyoacán.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó así la captura: “Antes de que nosotros llegáramos, se había detenido siete veces y las siete veces había salido”.

Por lo menos 235 mujeres han muerto de cáncer de mama en Oaxaca durante los últimos 18 meses, reconocieron ayer los Servicios de Salud en el marco del Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad.

La coordinadora a nivel estatal del Cáncer de Mama, Nancy Doroteo Castillejos, mencionó que a pesar de que las tasas de supervivencias alcanzan 85% en los casos diagnosticados en etapas tempranas, cada dos días se reporta una defunción por esta causa en el estado de Oaxaca.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multar a Morena con mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por haberse negado a transparentar la información de sus oficinas ubicadas en avenida Ejército Nacional, en la Ciudad de México.

La sanción, equivalente a 144 mil 330 pesos y aprobada por unanimidad este miércoles, se deriva de que el partido desacató resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que le ordenaban entregar información sobre el tema.

David León Romero, excoordinador Nacional de Protección Civil, compareció este jueves ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fisel) en calidad de imputado para declarar sobre el video en el que fue captado entregando dinero a Pío López Obrador. 

“Esta es una de varias veces que yo he comparecido ante esta autoridad y que lo haré las veces que sean necesarias”, dijo al salir de su declaración que duró alrededor de una hora. 

Siete jueces federales en la Ciudad de México concedieron suspensiones para que el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no afecte a los exintegrantes de la Policía Federal (PF) que fueron incorporados al nuevo cuerpo policial.

En sus acuerdos, los jueces de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México consideraron inconstitucional la militarización de la Guardia Nacional y ordenaron que los policías federales que permanecen en la corporación no sean despedidos, ni que se les reduzcan sus salarios, jerarquías o prestaciones o que sean víctimas de represalias.

Tras los señalamientos por las condiciones insalubres que imperaban en el centro de detención migratoria de Chiapa de Corzo, en Chiapas, el Instituto Nacional de Migración (INM) decidió clausurarlo, apelando a “los derechos humanos de las personas migrantes”.

Desde hace tres años, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado el precario acceso al agua y la comida y las malas condiciones de higiene que privaban en la estación provisional “El Cupape 2” –también conocido como La Mosca--, una vieja planta productora de moscas estériles que el INM reconfiguró como centro de detención en junio de 2019 y donde privó de su libertad a miles de personas migrantes.

El gobierno estadunidense ha incluido a Zacatecas en sus alertas de viaje y considera la entidad como una ruta del trasiego de drogas, incluyendo al fentanilo. El gobierno federal, en contraste, presume una disminución en la incidencia delictiva con su estrategia implementada en noviembre del año pasado, pero no ha cumplido con todos los compromisos asumidos desde la presentación del Plan Zacatecas II y la violencia no ha dejado de lacerar a los zacatecanos.

La próxima reunión del Presidente Andrés Manuel López Obrador con John Kerry, enviado especial del Presidente estadounidense Joe Biden para el clima, será el próximo viernes 28 de octubre.

El encuentro se llevará a cabo en Sonora, con el fin de dar a conocer un plan con el que México aspira a reconvertir la entidad minera, ubicada en la frontera con EU, en un foco de desarrollo económico basado en la generación de energía solar, la explotación de litio y la promoción de la industria automotriz.

Las desapariciones forzadas y las violaciones a derechos humanos perpetradas durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz (2010–2016) han sido llevados por organizaciones de la sociedad civil ante La Haya, en particular 22 casos en los que se encontraron elementos comunes y patrones que implican la participación de actores estatales, una pequeña muestra de los horrores cometidos durante la gestión del priista, que alcanzaron a menores, mujeres, estudiantes, a todos.

Javier Duarte —uno de los rostros del entonces llamado “nuevo PRI” y en cuya administración se perpetraron estos crímenes que él siempre negó— fue detenido en 2016 y se encuentra actualmente cumpliendo una sentencia de 9 años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa y en fechas recientes recibió una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada.

El Concejo Indígena de Xonacatlán reafirmó la declaración que establece a Juanacatlán, Jalisco, como territorio «libre de industria, libre de megaproyectos, libre de minería y bancos de material», publicada en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL).

«Este documento en sí mismo no resuelve nuestros problemas, pero es una herramienta importante para poner un freno definitivo a la termoeléctrica y otros aprovechamientos del gasoducto, pero la lucha y la organización deben continuar para hacerlo valer y que no sólo sea letra muerta», señaló el Concejo en un comunicado.