La reforma fue aprobada por las bancadas oficialistas, en medio de críticas de legisladores de oposición, quienes advirtieron que las nuevas disposiciones aduaneras podrían afectar la transparencia y generar incertidumbre jurídica en el comercio exterior.
El proyecto apunta como propósito mejorar, fortalecer y modernizar la legislación en materia aduanera para facilitar las actividades de comercio exterior, sin establecer nuevas contribuciones ni cargas fiscales adicionales.
Como parte de los cambios introducidos por la Cámara Alta, se aprobó una modificación propuesta por el senador morenista Homero Davis Castro, para que el decreto entre en vigor el 1 de enero de 2026, con excepciones específicas.
El artículo 86 A fracción Primera segundo párrafo, al mes siguiente; y los artículos 86 A fracción Tercera, 106 fracciones Quinta y Sexta, 107 y 145, a los tres meses. Esto con el objetivo de permitir la elaboración de la reglamentación correspondiente.
El dictamen fue devuelto a la Cámara de Diputados para su revisión con los cambios realizados. Durante la sesión se rechazaron 10 propuestas de modificación y una moción suspensiva presentada por la senadora priista Claudia Anaya.
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, destacó que la reforma no obstaculiza las operaciones legítimas, sino que las facilita.
“Con esta reforma avanzamos hacia una aduana moderna, una aduana que cuida la competitividad y, a la par, la integridad del sistema, porque cada peso bien recaudado regresa en servicios públicos como la infraestructura, la salud y la educación, ya que cada trámite simplificado y seguro se traduce en empleos, inversión y crecimiento”, señaló.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, el morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que el nuevo marco jurídico representa un “nuevo pacto” entre el Estado, las empresas y la sociedad, en el que la tecnología “se convierte en aliada de la justicia fiscal”.
Senadores de oposición expresaron críticas al dictamen. El panista Raymundo Bolaños Azocar señaló que la reforma no ataca el problema de fondo, ya que “maquilla el problema” y hace a los agentes aduanales un “chivo expiatorio”. Además, deja intacta la maquinaria con la que se saquean las finanzas públicas y se permite el huachicol fiscal.
El priista Miguel Ángel Riquelme advirtió que la reforma vulnera compromisos del T-MEC, ya que “impone facultades discrecionales y sanciones excesivas”, lo que coloca a México en una posición vulnerable ante sus socios de Estados Unidos y Canadá.
El emecista Clemente Castañeda señaló que la reforma no toca, aborda, ni combate el huachicol fiscal de las aduanas y los puertos y advirtió que “pone más trabas al comercio exterior”.
Uno de los cambios centrales es la creación del Consejo Aduanero, encargado de resolver sobre el otorgamiento de autorizaciones y patentes aduanales. Además, se otorgan facultades concurrentes al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Agencia Nacional de Aduanas de México para realizar actividades de post-despacho de mercancías.
También incorpora que las autoridades aduaneras puedan celebrar convenios con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, para el análisis y gestión de datos, y se refuerzan los controles para sancionar malas prácticas como la evasión fiscal, subvaluaciones y presentación de declaraciones incorrectas.
Entre otros cambios relevantes, se elimina la patente vitalicia para los agentes aduanales, estableciendo un uso máximo de 20 años, sujeto a requisitos legales y evaluaciones cada tres años, para profesionalizar el sector. Asimismo, se fortalecen los controles sobre el uso del régimen de importación temporal y se incorpora el expediente electrónico de pedimentos, que incluirá el CFDI, facturas, carta porte u otros documentos que acrediten las operaciones.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
