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Fraudes cibernéticos. La Inteligencia Artificial al servicio del crimen organizado

Estafadores digitales aprovechan redes sociales, plataformas fantasmas y el uso de inteligencia artificial para defraudar a miles de mexicanos, principalmente adultos mayores, con promesas de inversiones falsas. Las víctimas, sin respaldo institucional efectivo, enfrentan un camino legal lento y complejo para recuperar su patrimonio.

El uso de la Inteligencia Artificial y de las redes sociales han incrementado el delito de fraude en México. Aristegui Noticias cuenta con testimonios de al menos cuatro personas que de manera distinta les han afectado en su patrimonio a través del uso de diversas plataformas digitales.

Hasta el día de hoy, estas personas no han visto de vuelta su patrimonio ante la falta de una justicia expedita, de acuerdo con sus propias palabras.

Los fraudes se han llevado a cabo a través de distintas estafas que van desde anuncios en internet hasta llamadas telefónicas recibidas por estos grupos delincuenciales. En su mayoría, las personas que son estafadas pertenecen a personas de la tercera edad o jubilados y pensionados.

De acuerdo con los testimonios recabados por Aristegui Noticias, las personas que han sido defraudadas comenzaron viendo anuncios en redes sociales. Dieron click al anuncio y al llenar los formularios que se solicitan en estas plataformas, las personas fueron contactadas por supuestos expertos en trading o inversiones financieras y ahí comenzaron a ser enganchados para entregar más datos o incluso el acceso directo a su teléfono o computadora, ya que debían descargar aplicaciones y software para comenzar a “invertir”.

A través de las redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok se pueden observar anuncios de estas plataformas que buscan obtener información de sus posibles víctimas.

Aristegui Noticias tiene al menos los testimonios de personas afectadas por la plataforma “Oil Profit” y por la plataforma “DGENCT”.



Documentos en poder de este medio revelan cómo, en un sólo mes, una de estas empresas obtuvo ganancias por casi 30 millones de pesos, a través del ingreso diario de montos diversos a través de cientos de personas que entregaron su información a estas empresas consideradas como “fantasmas”, ya que no cuentan con movimientos de facturación fiscal.

Dichas plataformas aseguran que las personas obtendrán ganancias monumentales. Varias de éstas usan inteligencia artificial, utilizando en sus mensajes a personas o a figuras públicas reconocidas. Tal es el caso de “Oil Profit”, que utilizó, con Inteligencia Artificial, la imagen del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador.


Los estafadores también utilizan la imagen de empresarios como Carlos Slim o Elias Ayub e incluso la imagen de periodistas reconocidos a nivel internacional, como es el caso de la periodista Carmen Aristegui. Tal es la gravedad del uso de la imagen de personas famosas a través de estas plataformas a nivel global, que en días recientes el tenista Rafael Nadal hizo del conocimiento público, en sus redes sociales, vía “X”, que él no estaba anunciando ninguna plataforma de inversiones.
Aristegui Noticias obtuvo acceso a cuatro expedientes de distintas víctimas defraudadas por parte de estas empresas que se hacen pasar por “centros de riqueza”, “plataformas de trading” y de “inversiones”. En realidad, son una estafa.

Varios de estos fraudes han sido ejecutados desde las redes sociales, a través de empresas fachada que no existen físicamente o que los dueños son realmente testaferros, de acuerdo con abogados consultados para esta investigación.

Después de contar con los testimonios de las personas y después de revisar los documentos y los expedientes, se revela que las víctimas han sido estafadas a través de un sistema muy complejo de empresas que se hacen pasar, a su vez, por financieras sólidas, pero que al momento de indagar más sobre ellas, los mismos afectados, sus abogados y las autoridades se han dado cuenta de que son empresas fachada, creadas para el fin de ser utilizadas como vehículo para obtener los recursos producto del fraude.

Por ejemplo, la supuesta plataforma “Oil Profit”, en realidad operaba a través de la empresa “YGT Business Services SA de CV”, ya que ésta recibía los recursos que enviaban las víctimas. Sin embargo, los mismos estafadores usaban distintas empresas para recibir los recursos producto del mismo fraude denominado “Oil Profit”.



Por otra parte, se ha detectado, de acuerdo con la versión de los mismos abogados y de los afectados, que los bancos han permitido que estas empresas actúen de manera impune, abriendo cuentas de banco con empresas fachada y recibiendo recursos que al mismo tiempo son retirados casi al instante por los mismos integrantes de la delincuencia organizada.

Esto sucede porque al cuestionar a los abogados sobre este modus operandi, se detectan movimientos irregulares en las cuentas de banco que no deberían permitirse. Así lo ha señalado Aresvir Marin, abogado de una de las víctimas.

Ese fue el caso de “YGT Business Services SA de CV”, que en menos de 30 días obtuvo casi 30 millones de pesos, mismos que fueron retirados en su totalidad en el mismo periodo de tiempo.


Aunque estos movimientos debieran levantar sospechas por los bancos, por considerarse movimientos fuera de lo común (por los altos montos de las operaciones), las empresas no cuentan con ninguna restricción por parte de las autoridades bancarias.

Cuando ocurren este tipo de movimientos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debería recibir reportes de los bancos con estas operaciones sospechosas. Sin embargo, al día de hoy, las cuentas ni siquiera han sido congeladas, en la mayoría de los casos denunciados, pues los procedimientos legales no permiten girar esta instrucción hasta que avancen más las investigaciones por parte de las autoridades mexicanas.

El modus operandi

El pasado 22 de agosto de este año, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó a través de un comunicado acerca de los estafadores que usan la imagen de figuras públicas y creadores de contenido financiero “para engañar y cometer fraude a usuarios a través de redes sociales”.

De acuerdo con la misma Condusef, el modus operandi es suplantar la identidad de la persona famosa, utilizando su nombre, imagen y reputación de las personas reconocidas “para ofrecer falsas inversiones y defraudar a la gente”.

Operan principalmente en Facebook e Instagram, aprovechando la facilidad para publicar anuncios pagados, de acuerdo con la misma Condusef.

¿Pero cómo operan los delincuentes? Por ejemplo, si el click lo hacen las víctimas desde su teléfono celular, les comienzan a llegar mensajes vía WhatsApp para ponerlos en contacto con supuestos “traders” o “facilitadores” que les comienzan a “ayudar” a instalar software en sus teléfonos o computadoras. Pueden ser aplicaciones o simples plataformas que parecieran reales, pero no lo son.

Porque la información que en ocasiones les muestran estas personas a través de dichas plataformas es información ficticia, manipulada.

Así le ocurrió a “Susana N”, quien fue defraudada por 2 millones de pesos, mismos que entregó a los delincuentes con la promesa de que ese dinero regresaría sin ningún condicionamiento y que incluso se incrementarían sus ganancias.

“Susana N” confió en ellos porque apareció la imagen del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en dichos anuncios.

“Realmente (todo) fue desde el celular. Y me empezaron a llegar mensajes en los que aparecía el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador hablando de que invirtiera en Pemex, que era muy redituable y que podía uno ganar buenos intereses y que encima uno colaboraba con el bienestar del país…Así fue como yo di mis datos. Ya se comunicaron conmigo y así es como yo invertí en esa plataforma que en teoría era de Pemex. En ese tiempo incluso estaban saliendo otras (plataformas): Una del Grupo México, otra de CFE, había varias…”, expresó “Susana N”.

Los defraudadores vuelven a pedirles a sus víctimas que inviertan más dinero y esta inversión o estas segundas inversiones ya se realizan con montos más elevados, explicando que si invierten más dinero, van a obtener bonos extra por estas inversiones que pueden ser más altas.

Llega un momento en el que la víctima piensa que es cierto y que es real porque ya les depositaron en una primera instancia este dinero que sí recibieron y entonces creen que van a tener las ganancias que les están prometiendo y desafortunadamente muchas de estas personas o la mayoría a la segunda o a la tercera ocasión, invierten una cantidad importante de dinero y entonces llega un momento en el que la persona se da cuenta de que todo ha sido una estafa.

Y después, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que la persona al no recibir su dinero, al no recibir ninguna ganancia, las personas que están involucradas en este fraude les insisten en que si invierten todavía más dinero, se les van a liberar sus recursos junto con lo que ya invirtieron en la primera y en la segunda ocasión.

Así les ocurrió a “Héctor N” y a “Agustín N” con la plataforma DGENCT.

Esta “plataforma” de inversiones promueve que sus víctimas inviertan incluso en criptomonedas. En Facebook, la página web de dicha empresa sigue activa, pero ya no emite más mensajes, desde 2024.

En la misma red social, Facebook, existe un grupo con personas que dicen haber sido estafadas por dicha plataforma.

A los defraudados por la plataforma de trading “DGENCT” les hacen creer que sólo si invierten una cantidad más alta de dinero podrán “liberar” sus recursos.

Otras estrategias que utilizan son dar “compensaciones” o “premios” para quienes invierten supuestamente muchos recursos y son buenos aprendices de “trading”. A estas víctimas los criminales les solicitan sus domicilios particulares para enviarles un supuesto premio, que consiste en la entrega de un teléfono celular. Al menos dos personas víctimas de esta estafa revelaron que el domicilio de envío del supuesto premio provenía de la colonia Peralvillo, una colonia popular de la ciudad de México. Y las investigaciones hechas por estas mismas víctimas revelan que las cuentas de banco utilizadas para los depósitos no eran del extranjero. Eran cuentas bancarias locales aperturadas por empresas fachada, bajo distintas razones sociales.

Los “premios” o regalos provocaron que muchas de las víctimas ya después no quisieran presentar alguna denuncia, por temor, ya que estos grupos delincuenciales cuentan con bastante información de ellos: Nombres completos, números telefónicos, datos de cuentas bancarias e incluso el domicilio particular.

Problema en Aumento

Los fraudes cibernéticos van a la alza en México. De acuerdo con cifras de la misma Condusef, al cierre de 2023 se contaba con un monto de 20 mil millones de pesos en actos reclamados por fraudes cibernéticos.

Para el primer semestre de 2025, la Condusef registró 3.5 millones de reclamos por fraudes financieros.

La Condusef ha orientado a las personas a que utilicen el portal de Fraudes Financieros, elaborado con base en la información que otorgan las personas a través de las quejas presentadas y también por las mismas empresas afectadas, en ocasiones, por suplantación de identidad.


La misma dependencia recomienda verificar los datos a través de la plataforma SIPRES, que cuenta con la información de las instituciones financieras. (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros).


Sin embargo, aunque la Condusef realiza una constante difusión de este tipo de datos, la falta de información y la falta de acción rápida por parte de las autoridades ayuda a que los criminales avancen más en sus acciones.

Esto se debe a que en México los procesos para presentar una denuncia son, de alguna manera, procesos fragmentados en diversas autoridades y casi en su mayoría, quien quiere ver de vuelta su dinero, requiere de un abogado especializado en delitos financieros e incluso en temas de inteligencia artificial.

Hay casos en los que las autoridades determinan, por ejemplo, que los casos no pueden ser absorbidos por las autoridades especializadas, como la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, ya que, dicho por las propias víctimas, “si tu monto defraudado no supera el millón 200 mil pesos, no se va a esa área”.

Por otra parte, las personas creen que presentando quejas o denuncias ante la Policía Cibernética, la Condusef o ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se atenderán sus quejas, pero la mayoría deberá presentar una denuncia ante un Ministerio Público y muchas veces, con la ayuda de un abogado.

Ahí es donde empieza el verdadero problema para las víctimas, pues éstas tienen que presentar la mayor cantidad de pruebas contra los delincuentes. Los procesos son largos y en ocasiones, los delincuentes terminan huyendo con los recursos robados.

Los abogados consultados mencionan que se debería reforzar los estándares de publicidad en las plataformas de redes sociales. Facebook, Instagram, Google, entre otras, realizan reportes públicos que contienen datos sobre la eliminación de anuncios fraudulentos, cuentas suspendidas, medidas de detección y programas de protección de marcas/usuarios.

Sin embargo, México no cuenta con un marco normativo más restrictivo en ese sentido como sí lo tiene, por ejemplo, la Unión Europea, que cuenta con el Digital Services Act (DSA).

El DSA obliga a las plataformas a transparentar sus catálogos de anuncios publicitarios, informes periódicos y mecanismos de trazabilidad de los anunciantes. Las plataformas grandes deben cumplir con esto y si no, pueden recibir multas de hasta el 6% de su facturación global, si no cumplen. Por ello las empresas publican sus datos y reaccionan más rápido ante contenido ilegal o anuncios fraudulentos.

En México se ha buscado implementar más mecanismos para reforzar las leyes y evitar estos fraudes cibernéticos. Pero aún están pendientes de ser discutidas en el Congreso mexicano.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: LILIA SAÚL RODRÍGUEZ.

Ni Rocío Nahle ni Adán Augusto están bajo investigación: Sheinbaum

Sheinbaum se refirió al senador y líder de la bancada de Morena, Adán Augusto López Hernández, sobre supuestas irregularidades en su declaración patrimonial y dijo no está bajo investigación.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este lunes que Rocío Nahle, actual gobernadora de Veracruz y ex secretaria de Energía, “por ningún motivo está bajo investigación”, relacionada con tráfico de combustible.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum destacó la labor de Nahle durante su gestión al frente de la Secretaría de Energía, en el sexenio de su antecesor y líder político, Andrés Manuel López Obrador.

“Ella hizo algo muy importante siendo secretaria de energía, ella disminuyó de manera muy importante los permisos de importación durante muchos años, hasta la reforma del 2013, el único que podía importar combustible era Pemex, no había ningún otro privado que pudiera importar combustibles”, dijo.


La mandataria recordó que con la reforma energética de 2013 se abrió la posibilidad de que empresas privadas importaran combustible.

“Durante el período de Peña Nieto se abrieron los permisos de importación de manera indiscriminada, muchísimos, no tengo ahora el dato, Rocío, lo que hizo desde Secretaría de Energía, fue disminuir de manera muy importante los permisos de importación y tener control sobre esas importaciones”.

Sheinbaum precisó que las investigaciones que realiza su administración iniciaron por hechos ocurridos en marzo de este año.
Nosotros iniciamos la investigación a partir de que ocurren en marzo, ¿qué ocurrió previamente?, pues en todo caso es parte de la investigación, pero nosotros actuamos por lo que estaba ocurriendo en marzo de este año.
Finalmente, la presidenta afirmó que Nahle podría colaborar si las autoridades lo consideran necesario.

“Si las autoridades piensan que puede contribuir con alguna información en su periodo como secretaria de Energía, pues estoy segura de que estaría en condiciones de informarla, pero ella, por ningún motivo, está bajo investigación”.

Adán Augusto tampoco es investigado: Sheinbaum

En la misma conferencia, Sheinbaum también se refirió al senador y líder de la bancada de Morena, Adán Augusto López Hernández, sobre supuestas irregularidades en su declaración patrimonial.

“Claro, hoy si hay alguna irregularidad, se informa, ahora hay esta idea de reforma y otros medios se les olvidó el pasado de corrupción, y entonces ahora es la visión de que ‘Ay, es que en el periodo de López Obrador hubo corrupción’; bueno, no hubieran podido haber programas de Bienestar si no hubiera acabado con gran parte de la corrupción del gobierno”.

Indicó que, por ello, su administración seguirá trabajando para erradicar cualquier acto de corrupción que se presente.

La mandataria agregó que el senador puede aclarar cualquier asunto que se requiera.
Y el senador aclaró hoy, si tiene que aclarar más cosas, que las aclare, no hay ningún problema y si hay alguna cosa, pues siempre el SAT investiga cualquier persona, pero pues que aclare Adán Augusto y no hay ninguna investigación en torno a Adán Augusto hasta el momento.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum admite posibles errores en la detención de guardias de La Luz del Mundo

La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que pudieron haber errores en la captura de integrantes del brazo armado de La…

La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que pudieron haber errores en la captura de integrantes del brazo armado de La Luz del Mundo, secta acusada de participar en una red de explotación sexual encabezada por su líder (hoy preso), Naasón Joaquín García.

“Es un lugar donde era un campo de entrenamiento, el gabinete puede dar más información después, para no dar información que pueda afectar las investigaciones; había armas, reales, y había réplicas, y estaban en entrenamiento, y quien hace la detención es la Fiscalía de Michoacán”, dijo en su conferencia de prensa.

“Pero los lleva la Fiscalía General de la República, dado que había de uso exclusivo, armas de fuego; lo que define la jueza es que no corresponde los horarios que se puso en la detención ni había orden de cateo, el gabinete seguridad federal está revisando si este es el caso, si tenía razón la jueza, pero de todos modos se sigue investigando”.
“Por qué había este campo de entrenamiento ligado a una iglesia, porque sigue habiendo este hecho, más allá que a la hora de la detención pudiera haber habido problemas, errores en orden de cateo, que no tengo la certeza, lo tiene que definir la Fiscalía General de la República y la propia Fiscalía del estado tiene que informar”.

La presidenta dijo que es la primera vez que se encuentra un campo de entrenamiento de este tipo.

El pasado 27 de septiembre, en medio de supuestos errores judiciales, los 38 integrantes de la guardia secreta de la Iglesia La Luz del Mundo (LLDM), conocida como Jahzer, fueron liberados tras la decisión de un juez federal en Morelia que declaró ilegal su detención.

Los hombres (37 mexicanos y un ciudadano estadounidense) habían sido capturados en Vista Hermosa, Michoacán, mientras realizaban prácticas de combate.

La Fiscalía General de la República (FGR) intentó imputarles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego, pero el juez determinó que el operativo de la Policía Estatal carecía de legalidad, pues se llevó a cabo sin orden de cateo, con irregularidades en la presentación de las armas y con un retraso de más de 11 horas en la puesta a disposición de los detenidos ante el Ministerio Público.

La guardia Jahzer, cuya misión declarada es proteger a los líderes y templos de LLDM, fue señalada de asociación delictuosa y portación de armas, acusaciones que no prosperaron debido a que los objetos asegurados eran en su mayoría de utilería.

La liberación se da en un contexto en el que la figura del líder de la iglesia, Naasón Joaquín García, sigue siendo objeto de polémica: cumple condena en Estados Unidos por delitos graves como abuso sexual infantil y tráfico de personas, mientras sus feligreses continúan expresando públicamente apoyo y oraciones en su favor, incluso en comunidades de Minnesota, donde LLDM tiene presencia activa.

Cabe destacar que figuras importantes del oficialismo han sido relacionadas con La Luz del Mundo, como el director del ISSSTE, Martí Batres, el ex legislador Sergio Mayer y Job Daniel Wong Ibarra, actual secretario auxiliar en la ponencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

En 5 días, DEA incauta miles de kilogramos de droga al CJNG; van por “El Mencho”, insiste

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) anunció, el 29 de septiembre de 2025, “los resultados de un aumento operativo de una semana destinado a desmantelar” el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y prolíficas del mundo”.

Asimismo, en un comunicado, la agencia del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), señaló que continuarían buscando al capo michoacano Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y/o “El Gallero” y/o “El Señor de los Gallos”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, de 59 años de edad.

“Designado como Organización Terrorista Extranjera en febrero por la Administración [encabezada por Donald] Trump, el CJNG representa una amenaza significativa para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional. Es responsable de inundar Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína, sustancias letales que alimentan la adicción, las sobredosis y la violencia en comunidades de todo el país”, indicó la agencia del DOJ, en el comunicado.

“La DEA está atacando al Cártel Jalisco Nueva Generación como lo que es: una organización terrorista, en todos los niveles, desde sus líderes hasta sus redes de distribución y todos los que se encuentran entre ambos”, declaró Terrance Cole, jefe de la DEA, citado en el comunicado.

“Que esto sirva de advertencia: la DEA no cejará. Trabajando codo a codo con nuestros socios estatales, locales, tribales y federales, y a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la DEA se compromete con estas alianzas para combatir directamente a las organizaciones terroristas designadas. Cada arresto, cada incautación y cada dólar confiscado al CJNG representa vidas salvadas y comunidades protegidas. Esta operación enfocada es solo el comienzo; juntos continuaremos esta lucha hasta derrotar esta amenaza”, agregó Cole.

“Del 22 al 26 de septiembre de 2025, agentes de la DEA en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras llevaron a cabo acciones de cumplimiento coordinadas que dieron como resultado: arrestos: 670; incautaciones de drogas: 92.4 kilogramos de polvo de fentanilo; 1.157.672 pastillas falsificadas; 6.062 kilogramos de metanfetamina; 22.842 kilogramos de cocaína; y, 33 kilogramos de heroína; Incautaciones de divisas: $18,644,105; Activos incautados: $29,694,429; Armas de fuego: 244”, detalló la agencia del DOJ.

“El CJNG opera globalmente, con decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores en al menos 40 países. El cártel es responsable de la producción, fabricación y distribución de drogas sintéticas, así como de la violencia y la corrupción que acompañan sus operaciones”, destacó la agencia del Gobierno de EE. UU.

“La DEA se compromete a desmantelar las redes de comando, control y distribución del CJNG y a continuar la búsqueda de su cofundador y líder, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como ‘El Mencho’. Sigue siendo uno de los fugitivos más buscados por la DEA y se le ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares en el marco del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado de EE. UU.”, enfatizó la agencia del DOJ.

“Los esfuerzos de la DEA forman parte de un enfoque más amplio de todo el gobierno para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades estadounidenses. Al colaborar estrechamente con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y otros socios federales, la DEA garantiza que las operaciones actuales y futuras se alineen con los esfuerzos más amplios de Estados Unidos para combatir las organizaciones terroristas designadas y el crimen organizado transnacional”, finalizó la agencia del Gobierno de EE. UU.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Colectivas denuncian que el aborto en Chiapas sigue siendo un derecho limitado en la práctica

Feministas han presentado siete exigencias principales para garantizar el derecho a decidir en la entidad

En el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, las calles de la capital chiapaneca se llenaron de voces que reclaman un derecho que, aunque conquistado en el papel, colectivas feministas señalan que sigue siendo desigual y limitado en la práctica.

Con consignas como “Mi cuerpo, mi decisión” y “La maternidad será deseada o no será”, decenas de mujeres y organizaciones sociales manifestaron que decidir no es un privilegio, sino un derecho.

El movimiento feminista celebró que el 26 de noviembre de 2024, el Congreso del Estado de Chiapas despenalizó el aborto. La medida, destacaron, fue producto de años de lucha encabezada por redes de acompañamiento, colectivas de base, médicas aliadas, mujeres indígenas, afromexicanas, migrantes y rurales que, incluso en condiciones de riesgo, organizaron estrategias para defender la vida y la autonomía de las mujeres.

Sin embargo, subrayaron que este 28S no es solo de celebración. Es también un día de exigencia. “Aunque hoy en Chiapas abortar ya no es delito, hacer realidad este derecho sigue siendo difícil”, señalaron las manifestantes.

Un contexto adverso

Chiapas es uno de los estados más desiguales del país y su condición de frontera sur agrava la vulnerabilidad de mujeres y niñas. En 2024, más de 115 mil personas migrantes fueron aseguradas en el estado; al menos 36 por ciento eran mujeres y niñas, muchas de ellas víctimas de violencia sexual y embarazos no deseados, destacaron en un pronunciamiento.

La situación también es crítica entre adolescentes. En Chiapas, 1 de cada 5 jóvenes de 15 a 19 años ha estado embarazada, con tasas aún más altas en municipios indígenas y rurales. Entre las hablantes de lengua indígena, 19 por ciento no usó anticonceptivos en su primera relación sexual.

Estudios en Los Altos de Chiapas documentan que muchas mujeres indígenas han sido negadas o maltratadas en servicios de salud reproductiva por prejuicios institucionales y falta de materiales en lenguas originarias.

Además, “Chiapas sigue entre los cinco estados con más alta mortalidad materna del país; parte de estas muertes están relacionadas con complicaciones por abortos inseguros o embarazos no atendidos oportunamente”.

Ante esta realidad, las colectivas han presentado siete exigencias principales para garantizar el derecho a decidir:
  • Despenalización total y social del aborto, fuera del Código Penal y sin plazos restrictivos.
  • Disponibilidad del aborto en Tuxtla Gutiérrez y en zonas fronterizas como Tapachula, Suchiate y Comitán, con acceso sin discriminación para personas migrantes.
  • Cumplimiento por parte de todos los sistemas de salud públicos (IMSS ordinario, ISSSTE, ISSTECH), no solo IMSS Bienestar.
  • Abasto permanente de medicamentos y equipo seguro como mifepristona, misoprostol, analgésicos y AMEU en hospitales y centros de salud.
  • Campañas públicas multilingües con perspectiva intercultural, traducidas a lenguas originarias y difundidas en radio comunitaria y perifoneo.
  • Aplicación efectiva de protocolos técnicos para abortos seguros, sin juicios morales ni pruebas innecesarias, con monitoreo público trimestral.
  • Regulación estricta de la objeción de conciencia: que siempre haya personal no objetor disponible y que el personal objetor no sea contratado en hospitales públicos.
Las organizadoras enfatizaron que este avance no fue un regalo, sino una conquista colectiva, y que la lucha no ha terminado. “Queremos hospitales libres de estigma, con personal comprometido con los derechos humanos. La salud no puede depender de la moral individual de nadie”, expresaron.

Las consignas de la marcha que culminó en el Congreso del Estado donde fue colocado un enorme pañuelo verde, resumen el espíritu de la jornada: “¡Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo!”; “¡Hay que abortar este sistema patriarcal!”

Este 28S en Chiapas es tanto un recordatorio de lo logrado como un llamado urgente a cerrar las brechas que impiden ejercer plenamente el derecho a decidir, apuntaron.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

Lo acosaban en el trabajo, lo humillaban. Y un día dieron desgrasante a beber. Murió

El caso de Carlos Gurrola, empleado que murió después de días de agonía tras ingerir un desengrasante, pone al descubierto un problema estructural en México: la violencia laboral. La combinación de conductas normalizadas, protocolos insuficientes, vacíos legales y falta de seguimiento convierte los centros de trabajo en escenarios de riesgo. Mientras tanto la familia de Carlos clama justicia.

La historia de Carlos Gurrola, un empleado de limpieza que murió en Torreón, Coahuila, tras ingerir desengrasante en su bebida Electrolit, se ha vuelto el rostro más inhumano de la violencia y el acoso laboral. Su familia ha denunciado que el químico que lo llevó a la muerte fue colocado como una “broma” por parte de sus propios compañeros de trabajo. Esa "broma" acabó con la vida de un hombre que, de acuerdo con su familia, soportaba un acoso constante.
“Toda la familia está muy dolida por su pérdida, por nuestra pérdida, pero todo se lo dejamos a las manos de la justicia; tarde o temprano van a hacer justicia. O sea, eso es lo que puedo decir, que no se vaya a quedar impune esto que le pasó a mi hermano”, dijo Karina Gurrola, hermana de Carlos, en entrevista con SinEmbargo.
Aunque la Fiscalía de Coahuila investiga el caso, no lo aborda por el momento como un homicidio. En declaraciones a medios en días pasados y tras reunirse con los familiares de la víctima, el Fiscal de esa entidad, Federico Fernández Montañez, señaló que “al momento, no se cuenta con indicio alguno que presuma la comisión de un delito de naturaleza dolosa”.

Fuentes consultadas por SinEmbargo  indicaron que no siguen la línea de homicidio porque “al momento, los servicios periciales y los videos mostrados a la familia no revelan homicidio”.

Mientras la investigación sobre la muerte de Carlos Gurrola continúa en manos de la Fiscalía, su familia mantiene viva la exigencia de justicia y la esperanza de que el caso no quede en la impunidad.
“Ahorita lo que más quiere la familia es justicia, que se haga la justicia como debe de ser con mi tío. Su caso no debe quedar impune”, expresó Alejandra, sobrina de Carlos, en entrevista con SinEmbargo.
En tanto que Karina, la hermana, agregó: “Esperemos en Dios que sí se haga justicia y que todos se lo dejamos a las manos de la justicia".

Carlos Gurrola, de 47 años y conocido como “Papayita", falleció después de pasar 19 largos días en agonía y sufriendo por ingerir desengrasante en una bebida. Tras su muerte, la familia de Carlos denunció que su envenaniento fue culpa de sus compañeros de trabajo que le colocaran desengrasante a uno de sus electrolitos como una “aparente broma”.

Para la familia lo importante es que se reconozca el infierno disfrazado de bromas que Carlos vivió en su entorno laboral. Alejandra, su sobrina, denunció que Carlos era víctima constante de acoso por parte de sus compañeros de Multiservicios Rocasa, que es la empresa que presta lo servicios de limpieza para la cadena HEB.

El hostigamiento que padecía no se limitaba a comentarios o intimidaciones, sino que incluía acciones concretas que afectaban su vida cotidiana.
“Le robaban su lonche, le robaron un teléfono, una bicicleta y ya las bromas más pesadas eran que le ponchaban su bici y él se venía, desde el trabajo hasta su casa, a pie a altas horas de la noche porque le ponchaban su bici y él se venía caminando ”, relató Alejandra.
El acoso que vivía incluso hizo que en varias ocasiones llegará llorando a casa.


La normalización de la violencia laboral

El caso de Carlos ha generado indignación nacional e incluso atención internacional., pero más allá del impacto mediático, la tragedia revela un problema mucho más grave y de fondo en México: la violencia laboral y su invisibilización, en donde la combinación de conductas normalizadas, protocolos insuficientes y vacíos legales convierte a muchos centros de trabajo en escenarios de riesgo.
“La violencia laboral está cobrando más vidas de las que podemos imaginarnos. Hay casos con desenlaces tan fatales como el de Carlos; otros llevan a las personas a quitarse la vida o afectan gravemente su salud física y mental. Muchas veces, quienes sufren estas violencias se ven obligados a separarse de sus empleos, exponiéndose a precariedad económica, porque nadie hizo nada”, señaló Alix Trimmer, abogada laboral y especialista en el tema.
Para Trimmer, lo ocurrido con Carlos es “la punta del iceberg” de la violencia laboral en México. Explicó que este tipo de situaciones no surgen de manera aislada y que a menudo se normalizan bajo la excusa de una “broma”.
“Todos los centros de trabajo tienen personas expuestas a distintos tipos de violencia laboral. La sociedad tiende a normalizar estas conductas con frases como ‘Así nos llevamos, no es para tanto, es una broma’, como ocurrió en este caso. Pero una broma jamás podría tener estos tintes”, afirmó la especialista. Destacó que la violencia laboral no distingue tamaño de empresa; incluso espacios con solo dos personas pueden convertirse en escenarios de agresión.
El entorno laboral de Carlos no le ofreció un espacio seguro. Los abusos constantes le causaban dolor: a veces regresaba a casa llorando. Aunque denunció los acosos ante la empresa, las quejas fueron ignoradas o minimizadas. Le decían que iban a hablar con sus compañeros, pero nada cambió. El acoso solo se incrementó, narraron sus familiares.
“Sí, [Carlos] les comentó un tiempo en la empresa (el acoso que sufría). La versión que nos daba él era de que le decían que sí, que iban a hablar con ellos, con los que lo acosaban. Tiempo después, seguían acosándolo más y era más frecuente el bullying, hasta el grado que llegamos ahorita”, detalló Alejandra.
Pero la tragedia de Carlos no solo refleja la actuación de sus agresores, sino también las carencias del sistema laboral mexicano. “Tenemos una normativa incompleta en México para enfrentar este tipo de casos”, lamentó Alix Trimer.

Mientras tanto, la familia de Carlos Gurrola sigue firme en su demanda de justicia. Su petición es clara: que el caso no quede impune y que la muerte de Carlos sea reconocida como consecuencia de un entorno laboral violento que nadie debería tolerar.
Los hechos

El incidente que derivó en la muerte de Carlos Gurrola tuvo lugar la tarde del pasado sábado 30 de agosto, luego de que el trabajador dejara una botella de electrolit cerca de su puesto de trabajo para salir comer. Al regresar de su horario de comida, le dio un trago y luego notó un sabor extraño y escupió la bebida. Sin embargo, empezó a sentirse mal.

La familia relató primero a medios locales de Coahuila que la empresa donde trabaja Carlos se comunicó con ellos tres horas después, hasta 6:00 de la tarde y les dijeron que sería trasladado a la clínica 66 del IMSS porque Carlos manifestaba que no podía respirar y refería sentir “quemaduras internas”.

Los médicos que lo atendieron determinaron que tenía daño severo en pulmones y tráquea a causa de una sustancia ingerida, por lo que fue trasladado a la Clínica de Alta Especialidad 71 del IMSS. Desde que se dio a conocer el caso, la familia ha denunciado que Carlos sufría bromas y acoso.

Inicialmente, el delegado Región Laguna de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), Carlos Rangel, indicó a medios locales que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso. Asimismo, se solicitó material de videograbación de la sucursal y realizan entrevistas para obtener más información y determinar cómo ocurrió la intoxicación.

En esta semana, desde el pasado lunes, la familia sostuvo una reunión con la Fiscalía de Coahuila. El Fiscal Federico Fernández posteriormente indicó que en la reunión se les mostraron algunas videograbaciones y los avances en la carpeta de investigación, a lo que los familiares, quienes –según dijo el funcionario– manifestaron su conformidad con el trabajo realizado hasta el momento.
“El día de hoy esta reunión se llevó a cabo tal cual lo planeado, y, pues, bueno, los familiares de Carlos Burrola y sus asesores jurídicos se les mostraron algunas videograbaciones, así como los avances en la carpeta de investigación, mismos que manifestaron su conformidad con la investigación que hasta el momento realiza la Fiscalía General del Estado”, señaló el fiscal el pasado 22 de septiembre.
No obstante, el funcionario señaló que los videos no han mostrado elementos para presumir un delito doloso.
"Al momento es importante señalarlo, no se cuenta con indicio alguno que presuma la comisión de un delito de naturaleza dolosa, por lo que se acordó en dicha reunión continuar con la integración de la carpeta de investigación de manera conjunta y transparente con familiares directos y asesores jurídicos del señor Carlos Burrola”, abundó.
Por su parte, tanto Alejandra como Karina, sobrina y hermana de Carlos, respectivamente, han señalado que la familia ha optado por abogados propios: “Pues es que ya los licenciados están haciendo su trabajo. Ya están avanzando con las carpetas de investigación. Eso es todo lo que puedo decirles”, dijo Karina.

–La fiscalía ya les mostró los videos, ¿en los videos se ha visto a alguien poniendo el desengrasante en su bebida?, se le cuestionó a una de las familiares.

“Ya, eso se están encargando los licenciados”, respondió Alejandra.


Sin herramientas reales para prevenir del acoso laboral

El caso de Carlos probablemente comenzó con acoso laboral entre pares, conocido como mobbing, una forma de violencia psicológica que puede escalar hacia lo físico, según explica Alix Trimmer.
“Este tipo de conductas son la evolución en el mundo laboral de las conductas dañinas escolares que llevan ya el nombre de bullying… es una violencia inicialmente psicológica que puede tornarse en violencia física y que claramente puede tener alcances como los de este caso tan lamentable”, detalló la especialista entrevistada.
Aunque el término no aparece en la legislación mexicana, las conductas de mobbing están previstas legalmente y forman parte de lo que la academia identifica como violencia laboral. La especialista enfatizó que el hecho de que la legislación no nombre explícitamente estas conductas no significa que sean inexistentes o legítimas.

El caso de Carlos también revela fallas estructurales en la manera en que las empresas manejan la violencia laboral. la familia denunció que había reportado previamente robos de su lonche y hasta de su bicicleta, sin que la empresa tomara medidas efectivas.

Aunque la Ley Federal del Trabajo obliga a las empresas a contar con un protocolo para atender violencia, hostigamiento y discriminación laboral, no obstante, la normativa es vaga y permite el cumplimiento formal sin acción real: “El problema… es que solamente dice que se tiene que contar con el protocolo. No nos dice qué lleva, no nos dice cómo se tiene que implementar… Si imprimieran un documento con el título de protocolo, con un único artículo que dijera: ‘Todas las personas trabajadoras tienen que respetarse y no puede haber violencias’, sería suficiente para cumplir con la norma”.

Trimmer explicó que esta falta de concreción puede justificar la inacción de las empresas: “La empresa… puede que sí tenga un protocolo, puede que no… pero sí habría formas tristemente de librarse de la responsabilidad sin que eso signifique que estaban haciendo bien las cosas desde una perspectiva humana”.

Y ejemplificó: “Si imprimieran un documento con el título de protocolo, con un único artículo que dijera: 'Todas las personas trabajadoras tienen que respetarse y no puede haber violencias', eso sería suficiente para cumplir con lo que dice la norma. Así de vacío está”, aseguró Trimmer.

Es así como, a pesar de los protocolos legales, la justicia laboral aún no garantiza protección efectiva: “Por más que se incluya esta obligación del protocolo en la ley, todavía dista mucho de ser una realidad en la que las personas genuinamente puedan no ser víctimas de violencia laboral o obtener alguna resolución ante una vivencia de esta naturaleza”, insistió la especialista´

Incluso, el tema de las violencias laborales está tan desatendidos, que hasta hay una invisibilidad sobre la dimensión del tema, pues no hay datos ni cifras oficiales específicos que aborden la dimensión real sobre violencia laboral en México. Por ejemplo, estadísticas disponibles, como las del Inegi, se centran en mujeres y no reflejan la totalidad del fenómeno, detalló la especialista. “El sistema tiene una invisibilidad estadística importante de los conflictos de violencia laboral que generan alguna otra afectación… muchos hombres que son víctimas no denuncian por miedo a recibir un juicio social”, dijo.

Trimmer lamentó que hasta que ocurren casos como el de Carlos se habla un poco del tema:
“Hasta que hay un resultado fatal es que la gente se preocupa de entender por qué y de investigar, y no se enfocan en algo que sería mucho más útil, que es la prevención y la atención temprana de conductas que, si no son detenidas, pueden terminar en esto”, afirmó, destacando que los protocolos deben ir más allá del cumplimiento mínimo y convertirse en herramientas efectivas: capacitar al personal, generar sensibilización y erradicar de manera permanente los fenómenos de violencia laboral, sin importar su tamaño, forma o medio.
Finalmente, la abogada laboral advirtió que el caso de Carlos Gurrola, por trágico que sea, representa solo una parte del problema de la violencia laboral en México. “Tenemos mucho por hacer todavía. Existen dos obligaciones muy puntuales: una, del Estado, que es normar mejor estos temas; y otra, de los centros de trabajo, que no basta con cumplir el requisito por cumplirlo, también es importante asumir como propia la responsabilidad de crear espacios laborales seguros”, afirmó la especialista poniendo énfasis en que, sin reformas legales y una verdadera implementación de protocolos, muchas personas seguirán siendo víctimas de conductas que afectan su salud, seguridad y, en casos extremos, su vida.
El pasado viernes 19 de septiembre, Carlos fue velado y despedido entre reclamos y el clamor de justicia. Durante el funeral, su madre, María del Pilar, exigió justicia: “Yo le pido que, por favor, me hagan justicia a mi hijo, porque no se vale. Ahorita fue mi hijo, al rato va a ser otro y otro, y que no quede la muerte de mi hijo impune. Quiero ayuda, ayúdenme. […] Le quemaron sus riñones, el pulmón, todos sus órganos. Por eso no quería que le hicieran la autopsia a mi hijo, porque tanto que sufrió”, expresó a medios locales.

Posteriormente, el domingo 21 de septiembre, familiares, amigos y vecinos de Carlos marcharon en Torreón para exigir justicia. Entre pancartas y consignas como “Papayita no murió, lo mataron”, la manifestación inició en el ejido La Concha y avanzó hasta la sucursal de HEB Senderos, donde los manifestantes exigieron la entrega de los videos de seguridad y la detención de los responsables de la broma que culminó en la muerte. Tras la protesta, según reportaron medios locales, Elke González, gerente de Relaciones Públicas de HEB, aseguró que la empresa colaborará con las autoridades y que no se tolerará ningún acto que atente contra la dignidad de las personas.

Más adelante, en un comunicado oficial, HEB México expresó sus condolencias, afirmó que respeta la exigencia de justicia de la comunidad y destacó que ha entregado información y videos a la Fiscalía. También señaló que mantiene un “diálogo cercano” con la familia de Gurrola en conjunto con Multiservicios Rocasa, compañía de limpieza para la que trabajaba.
“Compartimos plenamente la exigencia de justicia y reiteramos nuestro compromiso para que los hechos se esclarezcan con total transparencia”, señaló la empresa en el documento, donde además insistió en su política de “cero tolerancia” hacia la violencia, el acoso o el maltrato.
HEB también informó que este lunes se realizará una reunión entre la familia y la Fiscalía para presentar avances de la investigación. Sin embargo, los familiares y vecinos han insistido en que la empresa para la que trabajaba Gurrola debe asumir responsabilidad directa.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

¿Por qué fueron liberados los guardias de La Luz del Mundo?

Un juez federal en Morelia declaró ilegal la detención de 37 mexicanos y un ciudadano de Estados Unidos capturados en Vista Hermosa, Michoacán. Fallas en el proceso derivaron en su inmediata liberación.

En medio de supuestos errores judiciales, los 38 miembros de la guardia secreta de la Iglesia de La Luz del Mundo (LLDM) conocida como Jahzer, fueron liberados por falta de pruebas y fallas en el arresto.

Un juez federal en Morelia declaró ilegal la detención de 37 mexicanos y un ciudadano de Estados Unidos capturados en Vista Hermosa, Michoacán, mientras realizaban prácticas de combate con réplicas de armas.

La FGR buscó imputarlos por violar la Ley Federal de Armas de Fuego, pero el juez determinó que el operativo de la Policía Estatal fue ilegal. Los detenidos dijeron formar parte de Jahzer, la guardia secreta para proteger a sus líderes y templos.

De esta forma libraron las acusaciones de asociación delictuosa y portación de armas. De acuerdo con Milenio, la policía estatal se presentó sin orden de cateo, además de que las armas exhibidas ante los medios eran de utilería con excepción de una. 

Asimismo, superaron las horas de detención, pues fueron presentados ante el Ministerio Público después de 11 horas para que rindieran su declaración.

Los liberados habían sido arrestados el pasado 24 de septiembre en un campo de adiestramiento en Vista Hermosa. Les aseguraron una pista 9 milímetros, así como réplicas de armas, cuchillos y navajas, mismas que fueron exhibidas sin aclarar que no eran reales.

Tras la decisión del juez, los 38 hombres salieron de los juzgados federales al concluir con los trámites para reunirse con sus familiares que los esperaban en la entrada del recinto.

Al momento de ser detenidos por la Guardia Civil y Fuerzas Federales, los involucrados manifestaron estar preparándose para un apocalipsis y defender su fe, pero como el proceso judicial en su contra ya no avanzó, no fue necesario explicar por qué entrenaban con réplicas de armas. 

La persona de origen estadounidense, procedente de Minnesota, usó un despacho legal distinto al de los demás. EMEEQUIS publicó que LLDM también tiene una parroquia en ese estado, concretamente en Shakopee, una ciudad situada en el condado de Scott, Minnesota, Estados Unidos.

Publicaciones en Facebook muestran cómo los feligreses oran diariamente por Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia que enfrenta en Estados Unidos un juicio por delitos graves, incluyendo tráfico sexual. 

El 22 de septiembre publicaron en Facebook: “La Iglesia La Luz del Mundo en Shakopee, MN sigue firme en la Elección que Dios ha hecho en el Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García. Nos unimos a él, en nuestra consagración de 8:00pm”.

El líder de la organización, Naasón Joaquín García, cumple condena en Estados Unidos desde 2019 por tráfico de personas, abuso sexual infantil y otros delitos.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

CDMX, con el mayor número de carpetas de investigación contra mujeres por abortar

Hace 18 años, la Ciudad de México fue la primera entidad en México en permitir la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación; sin embargo, datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) dan cuenta que, pese a este histórico momento, esta entidad registra el mayor número de averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de aborto acumulando mil 337 casos.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) muestran que entre abril de 2007 a junio de 2024 se llevaron a cabo 277 mil 268 interrupciones legales del embarazo (ILE) en el sector público del país y de ellos el 68% ocurrieron en la capital.

De acuerdo con GIRE, la criminalización del aborto afecta a todas las mujeres que, bajo diferentes razones y circunstancias, tienen un embarazo no deseado y deben llevar a cabo un aborto fuera de la ley, continuar con el proceso o enfrentar maltrato por parte del personal de salud cuando solicitan el servicio estando dentro del marco legal. No obstante, quienes llevan a cabo la interrupción son las más señaladas y afectadas, por ello, la organización apuntó que es necesario conocer quiénes, cuántas y las circunstancias en las que ocurre la criminalización.

A través de varias solicitudes de información dirigidas a autoridades de procuración e impartición de justicia de la Ciudad de México para conocer las denuncias, juicios, sentencias y personas en prisión por abortar, encontraron diversos patrones contrarios a estándares internacionales. Los hallazgos dan cuenta que, pese a la despenalización parcial en 2007, las mujeres continúan siendo criminalizadas lo que implica un desgaste físico, económico y emocional, así como repercusiones en su vida personal.

Otros datos presentados en el informe «Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México» señalan que entre 2015 y 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documentó 945 carpetas de investigación en la capital del país. A esto se suman las 412 carpetas registradas entre 2021 y 2025. Según esta información, la Ciudad de México sería una da las cuatro entidades que concentran el 56% de carpetas de investigación por el delito de aborto a nivel nacional.
A nivel nacional se encontró que existen 68 personas en prisión preventiva por el delito de aborto, de las cuales 14 son mujeres y 4 acontecieron en la Ciudad de México. Las ocasiones en las que se ejerció la acción penal para abrir la investigación fueron 412, donde 145 eran mujeres y 52 sucedieron en la capital (43 aborto forzado y 9 con consentimiento), encabezando así esta etapa de una investigación junto con Coahuila.
En cuanto al número de sentencias por el delito de aborto fue de 142 en México (99 condenatorias y 15 absolutorias), es decir, cuando se emite el fallo, de los cuales 32 se emitieron contra mujeres, diez de ellas sucedieron en la capital (2 mujeres, 7 hombres y un de la que se desconoce el sexo).

Aunque GIRE señala que los datos sobre la Ciudad de México se relacionan con su densidad de población también especifica que la despenalización parcial bajo plazos establecidos o razones especificas dan cabida a la apertura de carpetas de investigación. Por ello, señalaron que la única manera de eliminar la criminalización es con la despenalización total y que el único medio por el que sea regulado fuera a través del ámbito salud.

Para la organización, mientras el aborto permanezca en los códigos penales como un delito, la criminalización continuará, ya que contribuyen a reforzar el control, vigilancia y estigmatización hacia las mujeres. Por ejemplo, promover que sean denunciadas, imponer barreras significativas para obstruir el acceso al servicio o limitar su autonomía y derechos reproductivos. «Es por ello que el sistema punitivo no debe elegirse como vía para regular un servicio de salud como el aborto», sentenció GIRE.
«Eliminar el aborto de los códigos penales es fundamental para descartar procesos penales y erradicar la criminalización social y la que sucede al interior de los servicios de salud. La penalización de este servicio incumple con la obligación del Estado de respetar, proteger, garantizar y promover el derecho a la salud, pues desincentiva su prestación. Es por esto que lograr materializar la despenalización total del aborto en México sería un hito histórico que marcará un antes y un después en la lucha por la justicia reproductiva» -Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)
Cabe recordar que cuando el aborto está legalmente restringido o no, la probabilidad de que una mujer se someta a este procedimiento es la misma. En cambio, penalizarlo conlleva a abortos inseguros y peligrosos que causan morbilidad o mortalidad al no contar con personal calificado y condiciones higiénicas adecuadas.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, en países restrictivos, 3 de cada 4 abortos se practicaron en condiciones inseguras, mientras que el Estados donde ya es legal 9 de cada 10 abortos se practican de forma segura.

Ciudad de México, la puerta que dio paso a la despenalización en el país

El 24 de abril de 2007, se aprobó la reforma legal que despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En dicha reforma se especificó que, las mujeres podían abortar de manera voluntaria hasta las doce semanas de gestación, además de poder contar con servicios gratuitos, seguros, informados y libres de discriminación.

Esto significó un logro para las mujeres y más tarde, se confirmó con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 en el que dejó firme la posibilidad de interrumpir el embarazo de manera voluntaria. Sin embargo, ha tomado más de una década para que el resto de las entidades del país se unieran y modificaron sus legislaciones. 

En septiembre de 2021, el Máximo Tribunal resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 en la que declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto y se pronunció en favor de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sin enfrentar consecuencias penales. Esta decisión sentó un precedente clave respecto del derecho a la autonomía reproductiva en el país.

Además, la SCJN resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 54/2018 en la que estableció que las instituciones de salud deben contar con personal suficiente para garantizar el acceso efectivo a la ILE y que la objeción de conciencia no puede invocarse cuando la vida o la salud de la persona usuaria estén en riesgo.

Posteriormente, en 2023, el Amparo en Revisión 267/2023 declaró la invalidez total de los Artículos 331 y 332, así como de porciones normativas de los Artículos 330, 333 y 334 del Código Penal Federal, al considerar que vulneraban los derechos humanos de las mujeres reconocidos en la Constitución. Este fallo también estableció que las instituciones federales de salud tienen la obligación de proporcionar servicios de aborto en todo el país y que las entidades deben modificar sus Códigos.

Otro de los avances fue que se determinó que las instituciones de salud deben contar con personal suficiente y capacitado para garantizar el acceso efectivo a la ILE. En febrero de 2025, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) emitió el Acuerdo que garantiza la aplicación del procedimiento para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que, por primera vez, garantiza la aplicación de dicho procedimiento en sus unidades médicas.

Hasta este 2025, ya son 23 entidades federativas donde el aborto está despenalizado, ellas son: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas.

FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.

Padres y madres de los 43 exigen al Ejército entregar documentos sobre Ayotzinapa

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa denunciaron que, a once años de la desaparición forzada ocurrida en Iguala, Guerrero, el Ejército mexicano continúa ocultando documentos clave. Afirmaron que no aceptarán retrocesos en la investigación y exigieron verdad, justicia y castigo para todos los responsables.

A través de un comunicado, las familias agradecieron el acompañamiento de organizaciones, sindicatos, colectivos y estudiantes durante más de una década de búsqueda. “Nuestros pasos se han vuelto lentos, pero nos mantenemos de pie con la esperanza de que nuestros hijos regresen”, expresaron. También recordaron que seis madres y padres han fallecido sin conocer el paradero de sus hijos.

Los familiares reiteraron su rechazo a cualquier versión oficial que pretenda cerrar el caso sin evidencias reales. Exigieron al Ejército entregar los documentos que conserva en sus archivos y solicitaron que se mantenga abierta la línea de investigación sobre la telefonía celular, así como el caso de los 17 jóvenes llevados a barandilla municipal en 2014. También pidieron avanzar en las extradiciones de Tomás Zerón de Lucio y Ulises Bernabé.

“Nuestra lucha no responde a ningún interés político ni partidista”, afirmaron. Llamaron a los colectivos de familiares de desaparecidos de Guerrero y del país a sostener la organización y la búsqueda. Ante más de 133 mil personas desaparecidas en México, advirtieron que no permitirán más mentiras ni abandono oficial. “Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz y se hará justicia a nuestros hijos”, concluyeron.

COMUNICADO:

Ayotzinapa: 11 años de remar contracorriente por verdad y justicia

Hoy 26 de septiembre del 2025 se cumplen 11 años desde que se llevaron nuestros hijos la noche del 26 de septiembre del año 2014 en Iguala, Guerrero, y aún no sabemos nada de ellos. 11 años de buscarlos de manera incansable con el corazón que late por volver a verlos y volver abrazarlos.

Agradecemos a las organizaciones civiles, sociales, sindicatos, colectivos, a los estudiantes de Ayotzinapa, a la FESCM y al pueblo de México por acompañarnos durante estos 11 años que no han sido fácil para los padres y madres. Seis de nuestros compañeros se han quedado en el camino sin tener noticias del paradero de sus hijos, varios de nosotros también cargamos el pesar de las enfermedades que se van agravando día a día.

Nuestros pasos se han vuelto lentos, pero nos mantenemos de pie con la esperanza de que nuestros hijos regresen. Los buscamos porque los queremos de vuelta. Con el apoyo solidario permanente de todos ustedes está lucha la mantendremos hasta saber el paradero de nuestros hijos y hasta saber la verdad.

No volverán a engañarnos con una verdad histórica ni permitiremos un retroceso de lo hoy hemos logrado. No quitaremos el dedo del renglón hasta que el ejercito entregue los documentos que obran en sus archivos y rindan cuenta por la desaparición de nuestros hijos. Insistiremos en la línea de la telefonía celular para que haya avances, exigiremos que se mantenga la investigación de los 17 jóvenes que fueron llevados a barandilla municipal la noche del 26 de septiembre del 2024 en Iguala, Guerrero, así como las extradiciones de Tomás Zerón de Lucio refugiado en Israel y la de Ulises Bernabé asilado en Estados Unidos.

Solicitaremos a organismos internacionales sigan supervisando las investigaciones del caso de los 43, porque nuestra lucha no tiene ningún interés político ni partidista. Lo único que anhelamos es encontrar nuestros hijos y regresar a casa. Nuestra lucha será hasta alcanzar la verdad y justica.

Las madres y padres llamamos al acompañamiento y a la articulación de colectivos de familiares de desaparecidos de Guerrero y del país para buscar a nuestros desaparecidos y a no claudicar hasta encontrarlos. Hoy las cifras oficiales se han disparado a ciento treinta tres mil personas desaparecidas en este país espinoso que llamamos México.

No permitiremos más mentiras ni el desaliento de las autoridades. Levantemos la voz para nombrar nuestros desaparecidos una y otra vez hasta encontrarlos. Buscaremos en cada rincón para que ningún caso de desaparecido quede en la impunidad.

Los padres y madres de los 43 estamos convencidos que tarde o temprano lograremos derribar el muro de la impunidad y de la injusticia. La verdad saldrá a la luz y se hará justicia a nuestros hijos desaparecidos.

Atentamente.

Madres y padres de los 43

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Encuentran sin vida a estudiante desaparecido en Acapulco; cuerpo presentaba golpes y asfixia

La Fiscalía de Guerrero confirmó que el cuerpo presentaba huellas de golpes y asfixia, luego de que se reportara su desaparición el pasado 24 de septiembre.

El estudiante de 17 años Omar Kalid Sánchez Salto, de la Universidad Autónoma de Guerrero, fue hallado sin vida en un hotel de la colonia Icacos, en Acapulco.

La Fiscalía de Guerrero confirmó a medios locales que el cuerpo presentaba huellas de golpes y asfixia, luego de que se reportara su desaparición el pasado 24 de septiembre.

De acuerdo con los reportes oficiales, Omar Kalid fue visto por última vez el 24 de septiembre de 2025 en el puerto de Acapulco. Al no tener noticias de él, sus familiares interpusieron una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el 25 de septiembre, lo que permitió activar la Alerta Amber para intensificar la búsqueda.


La familia difundió la ficha correspondiente en redes sociales, solicitando apoyo de la ciudadanía para localizar al estudiante. Según su testimonio, temían que se encontrara en peligro, ya que había perdido contacto de manera repentina con su entorno cercano.

El mismo día en que se presentó la denuncia, personal de limpieza del Hotel Casarru, ubicado en la calle Comandante Ortiz Monasterio, ingresó a la habitación 505 y encontró al joven sin vida. De acuerdo con medios locales, el parte policial indicó que el cuerpo presentaba múltiples golpes y signos de asfixia.

Los trabajadores del establecimiento dieron aviso a los servicios de emergencia, quienes confirmaron el fallecimiento y notificaron a la Fiscalía del hallazgo. El Servicio Médico Forense (Semefo) trasladó el cuerpo para las diligencias correspondientes.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Policías de Playas de Rosarito detenidos por el delito de desaparición fueron vinculados a proceso

Los elementos de la Policía Municipal de Playas de Rosarito que fueron detenidos el 3 de septiembre de 2025, por la presunta comisión del delito de desaparición forzada, fueron vinculados a proceso, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Fue a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), tras los datos de evidencia presentados, se obtuvo la vinculación a proceso de Eusebio “F”, Jorge “D” y Rosendo “V”, otorgada por un Juez de Control Federal con residencia en el Estado de Baja California.

Luego de la orden de aprehensión cumplimentada por el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.

Los hechos por los que se encontraría imputados, es la desaparición de dos personas, una de ellas menor de edad durante 2020 en el municipio donde laboraban, según precisó la corporación.

Los detenidos se encuentran en prisión preventiva justificada, con un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Según información publicada por ZETA, dos de los agentes detenidos también tienen denuncias ante la Fiscalía General de Baja California (FGE), Rosendo Valenzuela por abuso de autoridad y Jorge Abel por tortura, ambos durante 2019.

Asimismo, se presume que tanto Eusebio “F”, como Jorge “D”, pertenecían al grupo del ex comandante de la Policía de Rosarito, César Pedro Silva Ibáñez, detenido el 26 de abril de 2025, por el homicidio de Dulce y Hugo “N”, encontrados asesinados en la cajuela de un carro en la carretera de cuota Rosarito-Tijuana, el 18 de enero del 2024.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sin investigación, ni credibilidad

El 18 de septiembre de 2025, una hora después que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro levantó una alerta en contra de 15 empresas y nueve personas como presuntos “lavadores” de la célula que sirve en Rosarito Baja California, al cártel encabezado por el detenido Ismael Mayo Zambada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el bloqueo administrativo preventivo de las cuentas de 22 implicados y la realización de un “análisis financiero”, si localizan posibles acciones ilícitas, darán vista a la FGR.

Entre los bloqueados e investigados, está la ex alcaldesa por Morena de Rosarito, en el periodo del 2019 al 2024 (porque se reeligió), quien desde el 1 de septiembre de 2024 ocupa una curul como diputada federal del mismo partido vinotinto.

Cuestionada al respecto, la Presidenta de México Claudia Sheinbaum, afirmó que no protegería a nadie, pero también, sin que mediara investigación por parte de su gobierno, sin esperar a los resultados de la secretaria de Hacienda, decidió exculparla a priori y asegurar que no hay “pruebas suficientes” para ejercer acciones contra la legisladora, cuando la “investigación” apenas inicia.

La misma actitud y palabras similares fueron usadas por la mandataria federal en el caso del senador y coordinador de bancada, Adán Augusto López Hernández, primero cuando se informó que Hernán Bermúdez Requena, quien fuera responsable de la seguridad bajo su gobierno en Tabasco (2019-2021), era el jefe del cártel mafioso La Barredora, y luego cuando lo detuvieron.

La Presidenta dijo que la puerta estaba abierta para que se investigara a todos más allá de partidos, pero igual rechazó que existieran pruebas en contra del coordinador morenista. De la misma manera, a boca de jarro y sin una investigación de respaldo.

“No hay ninguna prueba en contra del gobernador (Rubén) Rocha Moya”, afirmó también la Presidenta Claudia Sheinbaum a finales del 2024, y lo respalda cada que le es posible, después que el gobernador morenista de Sinaloa, fuera señalado de presuntos acuerdos con el cártel de Los Chapitos.

Además del espaldarazo presidencial, otra cosa que comparte los tres casos antes mencionados es que la Fiscalía General de la República ni siquiera se ha molestado en investigarlos. Y el paquete de impunidad, es completado por su partido Morena, que tampoco los cuestiona o investiga.

Pareciera que el entendimiento respecto al bien y el mal al interior del partido estuviera volteado, o que el prestigio y la buena fama no les fuera prioritario, porque mientras Brown, Moya y López son respaldados, ocurren casos como el de Eduardo Cervantes, responsable de Formación de Formadores del Partido de Morena en Ciudad de México.

En agosto este señor de la tercera edad, fundador morenista, fue separado de su cargo porque se hizo público uno de sus discursos advirtiendo la pérdida de rumbo del partido, del no respeto al principio de austeridad y de la infiltración de las ideas del viejo régimen. “En nuestro partido hay mucha gente que miente, que es corrupta y que no comparte los fundamentos del proyecto de transformación. Creo que el enemigo principal de Morena está dentro de Morena”, se difundió en medios nacionales.

Por palabras, por un acto de contrición o “mea culpa” pública, el señor Cervantes quedó fuera; pero a Moya ninguna autoridad le dice nada, y no forma parte de la investigación -mínimo para exculparlo públicamente- del que la FGR califica como “secuestro” del Mayo; mientras que Aracely Brown, se dice difamada y reta “aquí estoy firme para cualquier situación”; y Adán Augusto no es siquiera cuestionado por la enorme omisión de “no darse cuenta” que su encargado de la seguridad coordinara las actividades criminales en el estado bajo su gobierno.

La Presidenta Claudia Sheinbaum actúa conforme a derecho al negarse a señalar culpabilidad en los morenistas señalados, porque de acuerdo a las leyes nacionales e internacionales, incluso los detenidos imputados “se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad judicial. Art 13, CNPP”.

Pero se equivoca al exonerarlos sin una indagatoria de por medio. Porque ella tiene el poder para instruir una investigación a la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, para saber si los señalamientos tienen sustento. Y sólo entonces, si los resultados son a favor del funcionario, puede exculparlo; porque de otra manera los arropa con un manto de impunidad presidencial.

Además, en caso contrario, si la UIF “identifica posibles actividades ilícitas, está obligada a dar vista a la FGR para los efectos legales conducentes”, para obligar a esta fiscalía “autónoma” a investigar. Y esto bien podría ayudar a reducir la percepción ciudadana de inseguridad, injusticia e impunidad.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.

Autoridades de EU retiran visa a exalcalde y diputado federal de Matamoros y lo retienen 14 horas en aduana

Las autoridades mexicanas y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de dónde es emanado el exalcalde y actual diputado federal, Mario López Hernández, no se han posicionado al respecto.

Mario López Hernández, diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y exalcalde de Matamoros, Tamaulipas, fue retenido y revocada su visa por autoridades de EU, en el puente internacional Matamoros Brownsville.

Tras 14 horas retenido en dicha aduana, fue ingresado al país durante la mañana de este sábado.

De acuerdo con su información legislativa, López Hernández tiene a su cargo la Entidad del Distrito 4 en Tamaulipas.

Ven en evento de Sheinbaum a Brown Figueroa

Ayer, la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueroa, quien es acusada por EU de tener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, asistió a un informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en Mexicali, Baja California.

Después del evento “La Transformación Avanza”, Brown Figueroa dijo a medios que no tenía por qué renunciar a su diputación, pues “no hay motivos para dejar el cargo”.

“Yo creo que lo más importante es que sigamos legislando las iniciativas de nuestra presidenta de la república y que sigamos trabajando por la transformación”, declaró.

Recomienda Trump a fiscal de EU investigar a políticos mexicanos

En febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó, en entrevista para el medio The Spectator, que recomendará a la fiscal general, Pam Bondi, que investigue a políticos mexicanos por posibles vínculos con el narcotráfico.

El periodista Ben Domenech cuestionó al mandatario sobre si pedirá rendición de cuentas a políticos corruptos que se hayan beneficiado de la trata de personas y el tráfico de fentanilo, a lo que el mandatario contesto que “definitivamente”.

“¿Incluyendo políticos mexicanos?”, cuestionó Domenech.

“Ciertamente, recomendaría que se les investigue, ciertamente. Dependerá de Pam Bondi, quien es excelente en lo que hace”, respondió Trump.

En cuanto a una posible intervención en México, Trump evadió la pregunta diciendo que prefería no decirlo, pues a pesar de que quería responder, sería “un desastre” si lo hiciera.

“Preferiría no decirte eso. Es muy interesante, a veces te hacen preguntas como esas y no quieres dar una respuesta (…) porque si das una respuesta es un desastre, si das una respuesta sincera”, afirmó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.