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Ayotzinapa: 11 años sin justicia, con nuevo fiscal y un testigo protegido que era mando del CJNG

Por: Draco Dracul on viernes, septiembre 26, 2025 / Comentarios: 0 ,

Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, logró frenar su extradición a Estados Unidos colaborando como testigo protegido en el caso Ayotzinapa

A 11 años del secuestro y desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la investigación penal contra los presuntos responsables se encuentra estancada y todavía no se sabe qué rumbo va a tomar con la entrega de un fallido testigo protegido al gobierno de Estados Unidos y la renuncia del anterior fiscal especial, Rosendo Gómez Piedra, desde el pasado 16 de junio. En su lugar fue designado Mauricio Pazarán Álvarez, un ex mando de la Fiscalía capitalina.

La directora del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), María Luisa Aguilar Rodríguez, afirmó que la falta de justicia que enfrentan las familias de los 43 normalistas desaparecidos, es un caso emblemático de la crisis que vive México por las más de 100 mil personas desaparecidas que se han reportado en nuestro país.

Durante la videoconferencia “Ayotzinapa: Lucha, memoria y resistencia” que ofreció en la Universidad Iberoamericana, la directora del Centro Prodh aseguró que a lo largo de 11 años, el caso Ayotzinapa ha sido reflejo de que la justicia en México “está rota”, así cómo de los múltiples obstáculos que enfrentan las investigaciones de violaciones graves a los derechos humanos, debido a la militarización de la seguridad pública  y a la falta de controles civiles para poder vigilar la labor de las fuerzas armadas.
 

María Luisa Aguilar agregó que el caso Ayotzinapa también sacó a la luz la incapacidad de las fiscalías mexicanas para realizar investigaciones complejas y combatir a las grandes redes de macrocriminalidad que operan en territorio nacional, como la que existía en los municipios de Iguala y Cocula en el estado de Guerrero, al momento de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre del 2014.

En este marco, la maestra en Derechos Humanos advirtió que la falta de resolución del caso Ayotzinapa también refleja la negación en la que ha caído el Estado mexicano ante las desapariciones que se viven en grandes regiones del país. Añadió que los gobiernos de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, pero también el de la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer año de gobierno, han intentado reducir las cifras públicas de personas desaparecidas, en lugar de buscar una respuesta concreta para frenar este delito y sus consecuencias.
 

Gobierno de Sheinbaum, una incógnita

En días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que las autoridades mexicanas han solicitado al gobierno estadounidense la extradición de dos personas relacionadas con el caso Ayotzinapa, debido a la importancia de los testimonios que deberán rendir y a la sensibilidad que tiene para la sociedad la búsqueda de justicia para los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.

Además, Sheinbaum anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) explora nuevas líneas de investigación para poder avanzar en la integración del expediente y resolver el misterio del paradero de los 43 jóvenes estudiantes que fueron privados de su libertad.


Sin embargo, el nuevo titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR, Mauricio Pazarán Álvarez, aún no ha anunciado cuáles son esas líneas de investigación, una exigencia de los padres de los 43 normalistas desaparecidos tras una parálisis de casi dos años en la indagatoria, ya que el exfiscal Rosendo Gómez Piedra no logró ningún avance significativo en los procesos penales contra los imputados.

Pazarán Álvarez es un abogado que ha tenido una amplia experiencia como Secretario y Ministerio Público en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Especializado en temas penales relacionados con narcomenudeo y delitos sexuales, no había enfrentado el reto de un expediente relacionado con la búsqueda de personas y violaciones graves a los derechos humanos.

Un testigo protegido del CJNG

Cercano a la Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, el nuevo fiscal del caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, tiene entre sus misiones revisar las aportaciones que pudo haber hecho al expediente de la investigación Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, cuñado del líder Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes,“El Mencho”, y uno de los operadores financieros más importantes de ese grupo criminal. Pese a su importancia en el mundo criminal, “El Cuini” fue un testigo protegido del caso Ayotzinapa.

González Valencia fue entregado por el gobierno de México a Estados Unidos el pasado 12 de agosto, pese a múltiples amparos que su defensa legal había presentado para evitar el proceso de extradición que enfrentaba en nuestro país, a petición de una corte federal estadounidense.

Sin embargo, no solo los amparos frenaron su extradición de México a Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el 24 de septiembre del 2024 que el proceso para extraditar a Abigael González Valencia, “El Cuini”, se frenó durante cinco años a cambio de lograr la colaboración de Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, en la investigación del Caso Ayotzinapa.


“El Cuini” fue contactado por el entonces Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para poder colaborar en la indagatoria mediante los contactos y relaciones que tenía con diversos integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, al que se ha responsabilizado desde el inicio – en complicidad con autoridades federales, estatales y municipales – del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Su objetivo era mediar con “El Gil” para que este colaborara con la investigación.

“De esa forma pudimos avanzar, pues a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo aceptó colaborar en calidad de testigo protegido y como resultado de su participación se logró identificar los restos de dos de los muchachos desaparecidos”, señaló López Obrador en el “Segundo reporte del presidente de México sobre los jóvenes desaparecidos en Iguala” entregado a los padres con motivo del Décimo Aniversario del caso Ayotzinapa.

“El Cuni” siempre fue un testigo indirecto y los señalamientos directos dependían de Gildardo López, “El Gil”, quien dejó de colaborar con las autoridades tras gozar de protección por un periodo de 5 años, beneficios que también obtuvo Abigael González, “El Cuini”.

Tras el fracaso de la colaboración con el cuñado de “El Mencho”, el gobierno de Sheinbaum finalmente decidió enviar a “El Cuini” a Estados Unidos, cerrando así su participación en el caso Ayotzinapa, cuyo avance espera una posible extradición de dos testigos clave que se encuentran en Estados Unidos: el juez de barandilla, Ulises “N”, que tuvo ante sí a los estudiantes desaparecidos, y un ex mando de la PGR, Abraham “N”, acusado de tortura.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.

Oaxaca: Alertan por violencia en comunidades ñuu savi tras retiro GN

Por: Draco Dracul on viernes, septiembre 26, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió acción urgente AU núms. 1456/2021 a 1460/2021 por la desaparición de personas, presuntamente por autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca.

El pasado 23 de septiembre, elementos de la Guardia Nacional que brindaban seguridad y protección a los habitantes de las comunidades ñuu savi de Guerrero Grande y Mier y Terán, en San Esteban Atatlahuca, Oaxaca se fueron.

Quedaron a la deriva sin importar que son sobrevivientes de violencia extrema y desplazamiento forzado tras conflictos internos.

Por tal razón, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas alertó de un nuevo riesgo para los habitantes, debido a que el pasado 26 de agosto, en la página de Facebook “H.Ayuntamiento Atatlahuca” informaron de una nueva agresión a estos pobladores.

La situación, ya fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) para su vigilancia y existe una carpeta de investigación; sin embargo, sin la presencia de uniformados, es latente una nueva agresión.

En octubre del 2021, los días 21, 22 y 23 de octubre, un grupo armado encabezado por autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca quemaron más de cien casas en las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji.

El día 23 de octubre de ese mismo año, este mismo grupo armado integrado por autoridades de la cabecera municipal de San Esteban Atatlahuca, atacó a vecinos de la comunidad de Guerrero Grande, San Esteban Atatlahuca.

Fueron desaparecidos los señores Marco Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño y Donato Bautista Avendaño y asesinado el señor Isidoro Hernández.

Los ataques y agresiones hacia los habitantes de la comunidad de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, fueron constantes, empezaron desde el día 1 de octubre del 2021, y el día 3 de octubre del 2021, se encontró el cuerpo sin vida del señor Jacinto Hernández Quiroz con disparos de arma de fuego.

Una de las defensoras que alertó este conflicto y la disputa del territorio por la madera, fue Irma Galindo Barrios, quien también desapareció el 27 de octubre en la ciudad de México, cuando acudió a una reunión con el Mecanismo de Protección para personas defensoras y periodistas.

Dos meses después de estos sucesos, el 31 de diciembre, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió acción urgente AU núms. 1456/2021 a 1460/2021.

EL CED-ONU solicita al Estado Mexicano la búsqueda inmediata de los señores Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios y de la señora Irma Galindo Barrios e investigación de su desaparición forzada, sin que a la fecha se haya localizado a alguno de ellos.

Maurilio Santiago dijo que ante esta situación de riesgo, los beneficiarios de Medidas Cautelares y el Centro de derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C responsabilizan al Estado Mexicano de cualquier agresión violenta que se pueda dar en contra de los beneficiarios de medidas cautelares.

Es importante mencionar, que las y los habitantes de Guerero Grande y Mier y Terán así como sus autoridades exigen al Estado garantizar su seguridad que hoy más que nunca está en riesgo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DIANA MANZO.

Senado abre convocatoria exprés para audiencias sobre reforma a Ley de Amparo

Por: Draco Dracul on viernes, septiembre 26, 2025 / Comentarios: 0 , ,

El registro para aspirantes comenzó hoy a las 12:00 horas y concluirá mañana, 26 de septiembre, a las 18:00 horas.

El Senado de la República abrió este jueves 25 de septiembre la convocatoria para participar en las audiencias públicas relacionadas con el proyecto de decreto que propone reformas a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El registro para aspirantes comenzó hoy a las 12:00 horas y concluirá mañana, 26 de septiembre, a las 18:00 horas, otorgando a los interesados menos de 48 horas para inscribirse y entregar todos los documentos requeridos.

La convocatoria, emitida por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), establece que el registro debe realizarse por Internet, a través de un micrositio especial para este fin.

Los aspirantes deberán ingresar su correo electrónico y una contraseña para crear su cuenta, completar un formulario y cargar todos los documentos solicitados en su versión original.

También, el acuerdo indica que para que el registro sea válido será necesario presionar el botón de “Finalizar” al concluir el proceso y todos los documentos entregados serán publicados en versión pública.

Las audiencias serán organizadas por las Comisiones Unidas de Justicia; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

Cada sesión seguirá un formato definido y tras la bienvenida de la presidencia de las comisiones, un senador o senadora actuará como moderador.

Por cada tema se integrará una ronda de hasta ocho personas ponentes, quienes dispondrán de un máximo de cinco minutos para su intervención.

Posteriormente, los senadores podrán formular preguntas directas durante tres minutos, así los ponentes tendrán hasta cinco minutos para responder.

El moderador podrá intervenir para propiciar el debate, aclarar el mensaje de los ponentes, llamar al orden y garantizar el respeto al tiempo asignado, con trato equitativo para todos los participantes.

Asimismo, el acuerdo prevé que las audiencias serán registradas en versión estenográfica y difundidas a través de boletines de prensa, videos y otros documentos audiovisuales.

Además, en el micrositio la ciudadanía podrá dar seguimiento a las audiencias y enviar preguntas sobre los temas tratados.

El acuerdo establece que las Comisiones Unidas podrán invitar directamente a ponentes de su elección, lo que según la información disponible podría favorecer la presencia de perfiles específicos y limitar la diversidad de opiniones,ya que no se establece un criterio público o transparente para estas invitaciones.

Además, en el documento del acuerdo no se especifica si las audiencias se realizarán de forma presencial, semipresencial o virtual, lo que deja incertidumbre sobre el acceso de quienes no puedan trasladarse al Senado.
“De acuerdo con la información disponible, las Comisiones Unidas comunicarán el tipo de modalidad presencial, semipresencial o virtual en que se realizarán las audiencias públicas.”
Las audiencias se desarrollarán en dos partes, la primera tendrá lugar el lunes 29 de septiembre a las 9:00 horas y abordará temas relacionados con interés legítimo, suspensión, plazos y consecuencias por su incumplimiento, así como el juicio de amparo digital.

La segunda parte se realizará el martes 30 de septiembre, también a las 9:00 horas, y analizará la ampliación de la demanda, el cumplimiento y la ejecución de sentencias, y la armonización con el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Ambas sesiones se llevarán a cabo en la Sala de Comisiones del inmueble ubicado en Avenida Reforma #135, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

En el documento, la Junta de Coordinación Política justificó la realización de estas audiencias como un mecanismo para garantizar el debate, la construcción de consensos y la participación técnica de diversos actores.

Asimismo, advirtió que este proceso permite visibilizar riesgos y áreas de oportunidad, fortalece la legitimidad del proceso legislativo y asegura que las decisiones no se tomen de manera unilateral.

Según el documento, abrir el debate busca reducir la polarización en torno a la reforma y generar un marco jurídico equilibrado.

“Este mecanismo permite no sólo reducir la polarización en torno a la reforma, sino generar un marco jurídico más equilibrado y robusto, ya que el intercambio de ideas, sustentado en argumentos jurídicos y experiencias prácticas, asegura que los ajustes al juicio de amparo respondan tanto a las exigencias de gobernabilidad como a la defensa irrestricta de los derechos humanos.”

Sin embargo, una de las cuestiones que resaltan es que la resolución de cualquier eventualidad queda a discreción de las juntas directivas de las comisiones, generando incertidumbre sobre la equidad de las audiencias.

“Cualquier situación no prevista en el presente acuerdo será resuelta por las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Justicia; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.”, se lee en el documento.

El proyecto de reforma al juicio de amparo implica ajustes a procedimientos legales, suspensión de actos, plazos, ejecución de sentencias y armonización con otras leyes, por ello, el Senado advirtió que se dará cobertura en distintas plataformas.

“Para la máxima publicidad, las audiencias públicas serán transmitidas a través del Canal del Congreso y en las distintas plataformas digitales, y se invitará a los medios de comunicación en general.”

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Las otras heridas de la guerra en Culiacán: comercios cerrados, calles vacías y 70 mil mdp en pérdidas

Por: Draco Dracul on viernes, septiembre 26, 2025 / Comentarios: 0 , ,

A un año de la guerra interna del cártel, la capital sinaloense arrastra pérdidas económicas millonarias, cosechas menos productivas y un comercio que se repliega temprano ante el miedo.

Son las 18:23. Aún hay luz en las calles de Culiacán, pero la mayoría de los comercios ya bajaron la cortina metálica. A ambos lados de las banquetas se respira un silencio tan denso como el calor que sofoca a la ciudad.

Es 10 de septiembre, un día después de cumplirse un año de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, hoy dividido entre ‘chapitos’ y ‘mayitos’. El coche de los reporteros de Animal Político y Noroeste avanza despacio por la Mariano Escobedo, en la colonia Las Vegas. A unas cuadras están la Catedral, el Ayuntamiento y el mercado Garmendia. Por las mañanas es uno de los puntos más bulliciosos de la capital. Ahora, cuando aún no cae la noche, las banquetas están desiertas. Los locales exhiben carteles de ‘Se renta’ o ‘Se traspasa’. Apenas se ve una o dos personas caminando con prisa y semblante nervioso, buscando subir a uno de los pocos microbuses que deambulan por la zona casi vacíos.

El coche continúa transitando, ahora por la avenida Juan Sepúlveda.

Las casas de cambio, las legales, están cerradas. Las ilegales, también. Las clínicas privadas, lavanderías, panaderías, cafés, ópticas, tienditas de abarrotes… Todo está cerrado.

Solo algunas taquerías, fonditas de barrio o restaurantes de sushi —una de las comidas predilectas de Culiacán—, permanecen abiertos. Aunque tampoco tardarán en bajar la cortina: antes de las 21:00 horas, los meseros habrán cobrado presurosos las últimas cuentas y colocado las sillas sobre las mesas, como parte del toque de queda autoimpuesto por la ciudadanía.

Así ocurrió en este recorrido, en una sucursal de una famosa cadena de comida japonesa ubicada muy cerca del centro comercial Forum. Ahí, el 24 de marzo, unos desconocidos esparcieron restos humanos en el estacionamiento, a un costado de un hotel y frente a un restaurante de lujo. La cadena recortó su horario de cierre, como han hecho muchos otros establecimientos en una ciudad que se ha quedado prácticamente sin vida nocturna: muchos locales que antes ofrecían cenas y diversión con bebidas, ahora tienen tardeadas y desayunos. Y no muy temprano, porque los delincuentes instalan retenes durante las primeras horas del día.

Son casi las 19:00 horas. El sol se va apagando entre destellos rojizos y la ciudad de los 2 mil asesinatos y más de 2 mil desaparecidos en un año de guerra se encierra sobre sí misma. Las calles quedan sumidas en un silencio pesado, hermético.

Es el silencio que deja la guerra.

El silencio del miedo.

“No sabemos si correr o bajar la persiana”

Óscar Sánchez, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán y coordinador del Frente Ciudadano Primero Culiacán, recibe a los reporteros afuera de un pequeño local del centro histórico, un día después del recorrido por los comercios. Son poco más de las cuatro de la tarde.

—En la ciudad ya hay una cierta reactivación social —dice de pie, sobre una banqueta por la que caminan decenas de personas—. Se ve un poco más de gente en las calles. No porque nos sintamos seguros —matiza, levantando el índice—, sino por el hartazgo de estar encerrados.

De inmediato contrapone:

—Pero esa reactivación social no se ha traducido en reactivación económica. No hay circulante de dinero y los apoyos gubernamentales y los programas sociales no están siendo suficientes.

El saldo de la violencia en los empleos y el sustento de cientos de miles de personas es profundo. Según la Unión de Comerciantes, más de 20 mil micro, pequeñas y medianas empresas se han visto afectadas por la crisis de inseguridad. De ellas, hasta 15 mil han cerrado definitiva o temporalmente, tanto en Culiacán como en municipios vecinos —Navolato, Elota, Eldorado— y Mazatlán.

En Navolato, por ejemplo, en un recorrido por el mercado de abastos Miguel Hidalgo, en el centro de la localidad, se contabilizan al menos once puestos con las persianas bajadas. En otro de los laberínticos pasillos, otros siete. Solo un par de días más tarde del recorrido, la noche del 13 de septiembre, un adolescente de 15 años fue asesinado a balazos frente a una llantera de esta localidad.

—Con la violencia han caído un 70 por ciento las ventas. Y hasta poco me parece —asegura María del Carmen López, comerciante en el Mercado Hidalgo de Navolato.

—No se puede trabajar así. Vivimos estresados por llevar un taco a la mesa. No sabemos si correr… o bajar la cortina —lamenta la mujer.

De regreso al centro de Culiacán, Óscar Sánchez señala que, a un año, el balance de pérdidas, con cifras de Coparmex y otros organismos empresariales, es de al menos 70 mil millones de pesos.

—Claro, el Gobierno va a decir que no es cierto, que son menores. Pero aquí incluimos el comercio informal, que en Sinaloa es alrededor del 50 por ciento. Y ese comercio —la señora que vende comida frente a su casa, el pequeño local— ha sido el más golpeado por esta oleada de violencia.

En la avenida General Juan Carrasco del centro, el comerciante Marco Flores recuerda su historia frente a la persiana metálica de un local que cerró en enero, tras 20 años de su vida dedicada a esa tienda.

—Con la violencia, vino el declive total. Bajó mucho el flujo de clientes. Ya no podíamos pagar la renta, la luz, agua, teléfono, seguro, empleados… —enumera.

Intentaron apoyarse en ventas en línea y a domicilio, como en la pandemia. Tampoco funcionó.

—Llegó un momento en el que dijimos: “Hasta aquí. Ya no aguantamos más”. De hecho, aún sigo pagando rentas atrasadas.

Extiende el brazo y señala la calle.

—Mira, puedes verlo. No fui el único que no aguantó…

A su alrededor, al menos otros cuatro locales muestran persianas bajadas y carteles amarillos de ‘Se renta’. Muy cerca, un pequeño comerciante se apresura a cubrir con una lona azul su puesto de colgantes y gorras. Son casi las 18:00 horas, mira nervioso la hora en su reloj. La noche, y la oscuridad, se le echa encima.

—Estamos viviendo una psicosis —exhala cansado—. No solo es que no vendemos, que no alcanzamos para sostener a la familia. Súmale el miedo de salir de casa. Estar en el centro es relativamente seguro. El problema es llegar y regresar.

Además, aunque al parecer el tema de las extorsiones no era algo que preocupara a los comerciantes ni empresarios de Culiacán, pues las personas entrevistadas coinciden en apuntar que antes de la división del cártel no era común, ahora comienzan a escucharse testimonios denunciando este delito.

La Unión de Comerciantes tiene registro de que se están produciendo entre ocho y veinte llamadas telefónicas de extorsión. Mientras que al menos mil comerciantes han sido despojados de sus vehículos, de los 7 mil casos que hay en la entidad a un año de la guerra.

Ni el campo se libra

La violencia también golpea al campo. Enrique Riveros, ex presidente de la Asociación de Agricultores de Río Culiacán, y consejero agrícola de Coparmex Sinaloa, lo explica en entrevista.

—Antes, no se vivía esta problemática. Pero, con esta guerra, ya no hay lugar seguro. Ni siquiera el campo —afirma.

Los agricultores han reducido también horarios y la producción de hortalizas como tomate, maíz o ejote. Es común, dice Riveros, que en las carreteras rurales encuentren retenes del crimen organizado, donde son despojados de vehículos, agredidos o amenazados.

—Ha habido agarrones muy violentos dentro de los campos. Y pues los trabajadores tienen miedo, los patrones tienen miedo, y todos tenemos miedo. Es muy difícil trabajar en estas condiciones —lamenta Riveros.

La economía de Culiacán, Sinaloa, late hoy entre persianas metálicas cerradas, letreros de ‘Se traspasa’, cosechas en riesgo y miles de familias que se debaten entre el miedo y la necesidad.

La guerra no solo ha dejado calles vacías y en silencio al caer la noche: también fracturó el sustento de millones de hogares.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

Mujeres en prisión enfrentan falta de acceso a la educación; al ser liberada, Selene encontró una esperanza hacia la reinserción

Por: Draco Dracul on jueves, septiembre 25, 2025 / Comentarios: 0 , ,

El modelo carcelario en México está pensado y hecho para varones, por lo que las mujeres privadas de la libertad enfrentan diferentes formas de marginación, una de ellas es la dificultad para acceder a la educación. Muchas veces dependen de la generosidad de otras personas, como le pasó a Selene, para completar sus estudios.

Para Selene, haber perdido la libertad después de estudiar solo hasta la secundaria significó no poder continuar con su formación educativa en reclusión como una vía hacia la reinserción.

Para la mayoría de mujeres privadas de la libertad, el acceso a programas educativos es muy limitado. La organización La Cana señala que al representar las mujeres solo el 5.7 % de la población penitenciaria, todas las actividades que llegan a los reclusorios están destinadas principalmente a hombres.

Esto, pese a que la mayoría de ellas llega a prisión con un nivel educativo bajo, pues, según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2025, el 40.3 % de las mujeres y 38.3 % de los hombres habían cursado secundaria como máximo nivel educativo.

Cuando finalmente obtuvo su libertad en 2017, luego de 2 años y 4 meses en reclusión en Ecatepec y Neza Sur, la fortuna de Selene cambió: una persona se ofreció a financiar su bachillerato con especialidad técnica en enfermería, lo que ahora le da la posibilidad real de tener una fuente de ingresos y cambiar su vida tras haber sido liberada.

Los estudios, recuerda, los dejó desde que se embarazó a los 17 años. Desde entonces sabía que quería ser enfermera, y tenía certeza de que debía seguir estudiando, pero no se pudo.

Recuerda que cuando le llegó la llamada de una de las socias de La Cana para decirle que alguien quería pagar sus estudios, lloró de la emoción, y mientras lo cuenta se le vuelven a llenar los ojos de lágrimas.

Sabía que primero tenía que terminar el bachillerato, y tuvo la oportunidad de que fuera junto con enfermería. “De hecho, tiene unas semanas que terminé mi servicio social, y pues ya nada más estoy en espera de empezar el trámite para mi cédula y ya. Así fue como empecé yo a estudiar”, relata.

Recibió el pago de colegiaturas, material y todo lo necesario. Tres años, más uno de servicio, los dedicó a concluir sus estudios. Y durante prácticamente cuatro años La Cana la apoyó para tener un trabajo y generar un ingreso, pues por la necesidad de mantener a su hijo, no podía quedarse solo estudiando.

Cuando recién supo que estaba embarazada, dice volviendo al momento en que abandonó los estudios, recuerda que incluso su mamá le insistía en que fuera, pero a ella le daba pena. Después, ya en reclusión, aunque había algunas oportunidades, “no eran al 100 %”, confiesa.

A veces, dice, los espacios no eran para todas o tenían ciertos límites. En lo personal, ella sentía que el aprendizaje no sería bueno, porque no era la misma calidad que una escuela en el exterior. Por otro lado, el certificado se expide con la acotación de que los estudios se realizaron en un centro de reclusión, lo que sabía que podía dificultarle el acceso al mundo laboral.

“Esas tres cosas hicieron que yo también, en reclusión, no terminara la prepa, por ejemplo”, admite. “Y quiero seguir estudiando, me quiero aventar la licenciatura, me quiero aventar una especialidad, maestría y hasta donde pueda, ¿no?”, cuenta entusiasmada.

Sus jornadas llenas de estudio y trabajo se notan incluso en la entrevista: está afuera de un hospital sosteniendo un teléfono y buscando el lugar con mejor señal para poder continuar con la videollamada. Ahora, dice, se da cuenta de que la realidad laboral es dura, se paga poco y se requiere una mayor especialización.

“Me gusta más el lado de geriatría. Me gusta mucho cuidar y trabajar con pacientes geriátricos, pero también me gusta el lado de psiquiatría. Yo hice mi servicio social en un hospital psiquiátrico y la verdad es que me enamoré totalmente de esa especialidad. O sea, me encantó trabajar con pacientes psiquiátricos. Eran puras mujeres en el psiquiátrico donde yo estaba”, cuenta sobre sus sueños más específicos.

Todavía faltan muchas cosas por hacer, reconoce, pero está muy motivada y conmovida luego de que alguien decidió, de manera desinteresada, pagar por sus estudios.

“Sentí bonito que una persona que no me conocía absolutamente nada se ofreció a ayudarme y a cumplir el sueño que no realicé a cierta edad. Yo empecé a estudiar ya grande”, dice.

Selene tiene 38 años. Cuando empezó a estudiar, recuerda, tenía meses de haber perdido a un hijo que falleció de un año 4 meses, lo que también influyó en querer estudiar enfermería. Él tenía una cardiopatía, y siempre anduvo de hospital en hospital para cuidarlo.

Le platicó su historia a la persona que se había ofrecido a financiarla, un poco de su niñez, adolescencia, cómo cayó en reclusión, lo que había pasado con su bebé y otros aspectos de su vida. Era una persona que también había recibido ayuda para sus estudios, y decidió hacer lo mismo por Selene.

Ahora sabe que los estudios son muy necesarios para una verdadera reinserción. No significa solo la entrada al ámbito laboral, sino que a partir de eso ha cambiado por completo su manera de pensar, sus actitudes, una perspectiva más madura, y también el círculo con el que se ha empezado a relacionar. “Te ayuda contar con la oportunidad de tener estudios y una educación”, sostiene.

Dificultades en el acceso a la educación para mujeres privadas de la libertad

El hecho de que la mayoría de los reclusorios estén pensados y diseñados para hombres ya abre, de por sí, una brecha de género muy grande para las mujeres privadas de la libertad, y esto suele agravarse por las condiciones en las que ellas experimentan la reclusión.

“Los hombres incluso tienen naves industriales, aulas escolares, biblioteca, mucho más espacios para la educación y la capacitación laboral, mientras las mujeres prácticamente tienen pocos espacios, al menos los centros penitenciarios que conocemos”, precisa Raquel, de La Cana.

“Hay penales para mujeres que tienen esta área educativa y talleres de capacitación laboral, pero son los menos”, apunta. Además, se enfrentan a la falta de espacios dignos, a un bajo nivel de inscripciones y a la dificultad de que los niveles de estudio en cada mujer son distintos.

Algunas de ellas, por ejemplo, no saben si quiera leer y escribir, otras tienen la primaria, unas más llegaron hasta la secundaria o el bachillerato, y un porcentaje muy reducido ha accedido alguna licenciatura o ya la tenía.

“Desde nuestra experiencia, falta muchísimo que hacer para tener buena educación en prisión, y desde luego el tema de educación; como que la gente en México piensa y aplaude, y festeja mucho el que hayan encontrado y detenido a la banda que roba en tal zona y demás, pero nadie se preocupa por qué pasa dentro de las cárceles, y qué pasa una vez que salen”, explica.

Si no reciben herramientas cuando están privadas de la libertad para cambiar, aprender, generar habilidades y herramientas distintas, probablemente egresen en peores circunstancias de las que tenían cuando entraron, apunta, por lo que es indispensable poner el foco de atención en ese aspecto.

“Para empezar, a una persona privada de la libertad, y sobre todo a una mujer, el Estado y la sociedad les falló. Son mujeres que vienen de contextos muy complejos, de muchísimo abandono, de muchas carencias, pobreza, abusos, violencia; si entiendes ese contexto, en dónde estaba el Estado, en dónde estaba la sociedad cuando a esa niña la vendieron, cuando esa niña estaba en situación de calle, quién la protegió a ella”, cuestiona.

Señala, además, que pese a que existe una Ley Nacional de Ejecución Penal para estandarizar lo que debe entenderse y aplicarse para las personas privadas de la libertad, los derechos que tienen, cómo se aplican y cómo deben respetarse, está pendiente la aplicabilidad local de la legislación.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

Detienen a dos hombres por feminicidio en Jalapa del Marqués, Oaxaca

Por: Draco Dracul on jueves, septiembre 25, 2025 / Comentarios: 0 , , , ,

La víctima fue interceptada por dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes la agredieron con disparos de arma de fuego, dejándola lesionada en el lugar, donde fue auxiliada y trasladada a un hospital donde perdió la vida a consecuencia de este ataque.

A un mes y cinco días del asesinato de Isabel Q. M., fueron detenidos J.A.R.S., alias “Ricoy” y S.Z.M., alias “Zamora” por el delito de feminicidio cometido en el municipio de Jalapa del Marqués en la región del Istmo de Tehuantepec, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO). 

Los hechos ocurrieron el 19 de agosto de 2025, cuando la víctima -una mujer identificada por las iniciales I.Q.M.- caminaba sobre la calle Tercera Norte del Barrio Juárez, perteneciente al municipio de Santa María Jalapa del Marqués.

La Fiscalía precisó que, como resultado de los trabajos derivados de la activación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio, fueron detenidos J.A.R.S., alias “Ricoy” y S.Z.M., alias “Zamora”, probables responsables de quitarle la vida con a una mujer, luego de una agresión a balazos. 

La víctima fue interceptada por dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes la agredieron con disparos de arma de fuego, dejándola lesionada en el lugar, donde fue auxiliada y trasladada a un hospital donde perdió la vida a consecuencia de este ataque. 

Cuando la FGEO tomó conocimiento de los hechos, se iniciaron las investigaciones con perspectiva de género, bajo la coordinación de la Vicefiscalía Regional del Istmo, actuación inmediata que permitió obtener las órdenes de aprehensión contra los probables autores materiales. 

Luego de implementar un operativo, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) dieron con el paradero de J.A.R.S., alias “Ricoy” y S.Z.M., alias “Zamora”, quienes fueron detenidos la mañana del 24 de septiembre de 2025, por lo que quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

Gobierno prepara reforma a la Ley de Aguas Nacionales; busca regular concesiones

Por: Draco Dracul on jueves, septiembre 25, 2025 / Comentarios: 0 ,

De acuerdo con la presidenta, se busca imponer “las sanciones a aquellos que están robando agua o que no reportan el caso de cambio de uso en las concesiones que se tiene”, ya que encontraron 58 mil 938 inconsistencias en títulos de concesión.

El Ejecutivo federal enviará al Congreso la propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales y se avance en una Ley General de Aguas, entre los objetivos está regularizar las concesiones y, en especial, que se evite su venta entre particulares para lucrar con el suministro entre la ciudadanía.  

“Es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía, cuando es un recurso escaso en la mayoría del país. Y que sea realmente el Estado quien regule las concesiones de agua y que no haya transmisión entre particulares. Ese es quizá el más importante, la más importante de las modificaciones a la Ley”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Destacó que se busca imponer “las sanciones a aquellos que están robando agua o que no reportan el caso de cambio de uso en las concesiones que se tiene”, por lo que este lunes se envían propuestas tanto la Ley General y la Ley de Aguas Nacionales que tendría esta modificación. 

Efraín Morales, director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo que lo que se pretende normar es “acabar con este mercado negro y que esta agua que no se está utilizando regrese al dominio de la nación, para que sea la nación la que determine la viabilidad de otorgar estos títulos”.  

Añadió que también analizan un nuevo capítulo de delitos hídricos en estos casos dado que las sanciones que se tienen actualmente no inhiben las conductas.  

 “Lo que ocurre regularmente es que se clausura un espacio o se retira cierta infraestructura y con el paso del tiempo se pagan las sanciones, porque es muy económico, y se vuelven a instalar estos negocios que lo que generan es un abuso en la extracción del agua para realizar, digamos, una venta de este servicio”, ejemplificó.  

El gobierno federal buscará incrementar las sanciones que podrían llegar, en algunos casos hasta la extinción de dominio, cuando haya reincidencias en la comisión de delitos.  

La presidenta dijo que hay quienes tienen una concesión de agua para riego y no paga nada a la Conagua, no la usa en cierto tiempo y la vende a otro particular o hay otros casos en donde se hizo una transmisión de un título de concesión a otro particular y solo dan aviso a la autoridad. 

“La propuesta en la ley: ¿Ya no usas tu concesión?, se la tienes que regresar necesariamente al Estado. Y el Estado es quien puede concesionar nuevamente esa agua; ya no hay transmisión entre particulares. Entonces es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía, cuando es un recurso escaso en la mayoría del país”.  

Buscarán que ahora sea el Estado quien regule las concesiones de agua y que no haya transmisión entre particulares.  

Con el Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua revisaron 482 mil 14 títulos de concesión de los 536 mil que se tienen registrados, en los que se encontraron 58 mil 938 inconsistencias entre las que se encuentran: 29 mil 539 títulos con falta de certeza en la fecha de vencimiento; 197 concesiones con registro de uso público urbano utilizadas por particulares; 272 títulos de uso agrícola utilizados para otros fines. 

Además de 18 mil 753 casos con coordenadas de ubicación erróneas y presunta falsificación o duplicidad de títulos. Estas inconsistencias que son revisadas con el Programa de Inspección ya acumulan 3 mil 912 visitas, así como 490 clausuras y suspensiones. 

El gobierno federal incrementó 2 mil 938 millones de pesos la recaudación, ya que pasó de 19 mil 410.9 millones de pesos en agosto de 2024 a 22 mil 349.3 mdp en agosto de 2025, es decir, 15 por ciento más, por lo que llama a los usuarios con deudas en la Conagua a realizar sus pagos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Cártel de Sinaloa está detrás de estrategia para exhibir a funcionarios de Morelos: Urrutia

Por: Draco Dracul on jueves, septiembre 25, 2025 / Comentarios: 0 , ,

El secretario de Seguridad estatal fue cuestionado sobre la autenticidad del video difundido el pasado 19 de septiembre que involucra a diputados y alcaldes de Morelos con el crimen organizado.

Integrantes del Cártel de Sinaloa, también conocido como Cártel del Pacífico, están detrás de la estrategia para exhibir, mediante videos, a la clase política de Morelos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, reveló el secretario de Seguridad estatal, Miguel Ángel Urrutia.

Tras un análisis especializado, detalló que los materiales son “auténticos y no fueron creados con inteligencia artificial”.

En conferencia de prensa para dar seguimiento a temas de seguridad, el funcionario fue cuestionado sobre la autenticidad del video difundido el pasado 19 de septiembre, en el que se menciona a un personaje llamado Javier Chávez —y que en algunas publicaciones en redes sociales se relacionó con Javier García Chávez, jefe de la gubernatura—, situación que motivó que el funcionario presentara denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra páginas de Facebook, medios y periodistas, por considerar que se estaba difamando a los involucrados debido a que en el video no se hace referencia a su persona.

En ese mismo video se menciona al senador de la República Ángel Yáñez, al diputado federal Agustín Alonso y al diputado local Francisco Sánchez Zavala, los tres últimos de la zona oriente de Morelos, por presuntos vínculos con grupos delincuenciales.

Urrutia aseguró textualmente sobre este material: “El video es auténtico, no fue generado con inteligencia artificial, y podría estar situado en al menos uno de los dos municipios de la zona oriente, frontera con el Estado de México”.

Señaló que este video estaría vinculado con un primer material hecho público el 18 de febrero de 2025, también en la zona oriente del estado. Ese primer video documentó una reunión entre un posible líder delictivo y actores políticos días antes de la elección del 2 de junio de 2024. Respecto a los involucrados, indicó que en el segundo video se observa a los alcaldes de Cuautla, Jesús Corona Damián, y de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, reunidos con el líder delictivo identificado como Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”.

“Como es un tema que ya traía la FGR del primer video y se aprecia que se está hablando de la misma situación en este segundo video, por eso creo que la denuncia ante la Fiscalía General de la República es la correcta”, dijo Urrutia.

 Añadió que “la Policía Cibernética de la Guardia Nacional es una de las más especializadas del país, con el triple de capacidad que nosotros tenemos en la unidad cibernética de la SSP Morelos”.

Sobre la posible autoría, indicó que todo apunta a que “podría coincidir con el grupo delictivo Cártel del Pacífico, que aquí se hacen llamar “Los Sinaloas”.

 Precisó que, debido a las disputas internas, “en Sinaloa todo mundo se dice Sinaloa, cuando hay dos grupos: el del Mayo Zambada, actualmente preso en Estados Unidos, y el de los hijos de El Chapo, ambos denominados Cártel del Pacífico”.

Urrutia afirmó que la administración pasada, encabezada por el entonces gobernador y hoy diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo, permitió que creciera la actividad delictiva en la zona oriente, donde los grupos delictivos lo tomaron como una zona fértil para la extorsión y otros delitos.

“El vacío y la impunidad de la anterior administración hicieron que la zona oriente fuera un botín de guerra en la extorsión, y ahí se da un rompimiento entre dos grupos: el Cártel del Pacífico y el Cártel Unión Tepito, que también tiene nexos con el Estado de México con el Cártel Nuevo Imperio”, apuntó.

Sobre la versión que señala a Homero Figueroa, alias La Tripa, como autor del video, Urrutia explicó que “no nos cuadra con la investigación que está llevando la FGR”, aunque reiteró que se trata de una indagatoria en proceso.

Finalmente, el secretario subrayó la importancia de los principios legales: “Debemos tener presente que, de acuerdo con el artículo 20 constitucional, se tiene la presunción de inocencia de los posibles aludidos, y toda acción de autoridad debe respetar estos derechos mientras se realizan las investigaciones correspondientes”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Corte revisará si fue legal la liberación de exfuncionario imputado por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu

Por: Draco Dracul on jueves, septiembre 25, 2025 / Comentarios: 0 ,

La Suprema Corte deberá resolver si en los juicios por desaparición forzada se aplican criterios probatorios internacionales o nacionales, luego de que un tribunal de Oaxaca liberó a un exfuncionario condenado por la desaparición de la defensora Claudia Uruchurtu.

Luego de que en agosto pasado el Poder Judicial de Oaxaca anuló la sentencia condenatoria emitida contra un exfuncionario público municipal, por la desaparición forzada de la defensora de derechos humanos Claudia Uruchurtu Cruz (crimen cometido en marzo de 2021), ahora tocará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evaluar si la resolución de los tribunales oaxaqueños viola las leyes nacionales o los estándares internacionales en la materia, reconocidos por el Estado mexicano.

Tal como explicó el abogado José Juan Julián Santiago –integrante de la organización no gubernamental Defensores Por la Justicia, que brinda acompañamiento legal a la familia de Claudia Uruchurtu–, el pasado 8 de septiembre, el Poder Judicial de la Federación admitió un recurso de revisión en contra de la liberación del exfuncionario público, en el que se pide a la Suprema Corte determinar con exactitud cuáles son los criterios válidos para el análisis de pruebas en los casos de desaparición forzada, ya que, a la fecha, en el marco jurídico mexicano existen al menos dos criterios que son contradictorios entre sí.

Debido a esta duplicidad de criterios, detalló el abogado, fue exonerado en agosto de 2025 el exfuncionario público que en 2023 fue hallado culpable por la desaparición de Uruchurtu.

Cuando este exfuncionario público fue inicialmente hallado culpable por la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, el juzgado que lo sentenció aplicó criterios desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya jurisdicción es reconocida por el Estado mexicano), según los cuales, para la desaparición forzada “el estándar probatorio debe ser atenuado, flexible y atendiendo fundamentalmente a la prueba indiciaria, circunstancial y presuncional”.

Eso quiere decir que, a diferencia de otros delitos, en el caso de la desaparición forzada puede determinarse la culpabilidad de un imputado, sin que necesariamente existan pruebas directas de su participación en los hechos, siempre que se cuente con un conjunto de evidencias indirectas que, al correlacionarse, generen convicción sobre la responsabilidad del acusado.

Esto responde al hecho de que la desaparición forzada es cometida por agentes del Estado, los cuales cuentan con medios para eliminar las pruebas directas de su participación en los crímenes.

Siguiendo estos criterios, el primer juzgado que revisó el caso contra este exfuncionario determinó que, aunque no existía una prueba directa de su participación en la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, sí había pruebas indirectas suficientes en su contra, como la confesión de otro implicado en los hechos y evidencias de que en el delito fueron empleados vehículos y personal municipal controlados por el imputado.

No obstante, la sentencia condenatoria emitida contra dicho exfuncionario público en 2023 fue anulada en agosto de 2025 por un Tribunal Colegiado de Oaxaca que aplicó un criterio contrario a los estándares desarrollados por la Corte Interamericana, según el cual, en el delito de desaparición forzada sí debe seguirse “un estándar probatorio alto”, es decir, basado exclusivamente en pruebas directas.

Por esta razón, en su recurso de revisión, la familia de Claudia Uruchurtu solicitó a la Corte hacer obligatoria la aplicación de los estándares internacionales de valoración de pruebas en los casos de desaparición forzada juzgados en México y, por lo tanto, dejar sin efecto la resolución que puso en libertad al exfuncionario imputado por la desaparición de la defensora de derechos humanos.

“El primer acuerdo, que es el de la admisión, ya nos fue notificado –detalló a su vez la abogada Laura Morales, también representante de la agrupación Defensores Por la Justicia–, ahora estamos en espera de que se emita un auto de radicación, para que el expediente sea turnado a la ponencia de alguno de los ministros de la Suprema Corte, que deberá desarrollar un proyecto de resolución que habrá de revisarse y votarse en el pleno, lo que deberá ocurrir en los próximos meses”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

En medio de protestas por ataque en el CCH Sur, SEP declara “cero tolerancia” a violencias en el bachillerato

Por: Draco Dracul on jueves, septiembre 25, 2025 / Comentarios: 0 , ,

La Secretaría de Educación Pública indicó que la declaratoria prioriza la igualdad y enfatizó la necesidad de revisar lo que ocurre al interior de escuelas, no solo desde el punto de vista académico, sino también en la forma de convivencia.

Tras el asesinato de un alumno en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, que ha dejado protestas estudiantiles en exigencia de mayor seguridad en los planteles, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó este miércoles la  Declaratoria de “Cero Tolerancia” a las violencias ejercidas contra adolescentes y jóvenes en planteles de Educación Media Superior.

Autoridades señalaron que con esto, se busca “garantizar espacios seguros, libres de agresiones y con perspectiva de género”.

Dicha declaratoria ocurre tras dos días de movilizaciones por el ataque en el que un alumno del CCH Sur perdió la vida a manos de otro estudiante.

En un evento en el  Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 35 “Leona Vicario”, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, subrayó que esta medida representa un nuevo punto de partida para erradicar cualquier forma de violencia en los entornos educativos: “Venimos a declarar que cada adolescente, cada joven, cada mujer habitará espacios donde su dignidad es sagrada”, afirmó.

Acompañado por la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora, y la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, Delgado puntualizó que la declaratoria no solo protege el derecho a la vida, la paz y el desarrollo de los estudiantes, sino que también señala la “cero tolerancia” al silencio institucional frente a las agresiones.
Las autoridades detallaron que la Declaratoria busca ponerle fin a conductas como el acoso y hostigamiento sexual, el contacto físico sin consentimiento, las humillaciones, la difusión de material sexual o rumores, condicionar calificaciones o apoyos a favores sexuales; así como cualquier forma de agresión física, psicológica o digital. 

Además, promueve la cultura de paz mediante la participación activa de toda la comunidad educativa: estudiantes, docentes, familias y personal administrativo.

El titular de la SEP enfatizó la necesidad de revisar lo que ocurre al interior de las escuelas, no solo desde el punto de vista académico, sino también en la forma en que nos relacionamos y convivimos.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, recordó a las estudiantes que pueden recibir asesoría y acompañamiento en casos de violencia de género a través de la Línea 079.

Marchan por asesinato de estudiante en el CCH Sur

Este miércoles se llevó a cabo la  “marcha silenciosa por la paz” de estudiantes y padres de familia la cual llegó a la Torre de Rectoría de la UNAM. A su arribo y durante el trayecto, las y los manifestantes rompieron el silencio para gritar y a golpes de cacerolazos exigieron justicia por el asesinato de su compañero Jesús, y mayor seguridad para los alumnos.

La movilización inició pasadas las 14:00 horas y, a través de pancartas, los manifestantes exigieron acciones concretas para frenar la violencia y garantizar su seguridad. Una hora antes, las y los alumnos realizaron un mitin a la entrada del plantel e instalaron un altar para su compañero.

“¿Cómo hablará mi espíritu si están matando a mi raza?” “¡Queremos salir graduados, no en prensa!” “No me quiero morir en CCH Sur”, decían algunas de las consignas.

Esta es la segunda movilización consecutiva de la comunidad estudiantil, tras el ataque al interior del CCH Sur. En la primera, entregaron dos pliegos petitorios, uno de los alumnos y otro de una comisión de padres y madres de familia. Ambos contenían demandas relacionadas con la seguridad dentro y alrededor del plantel, así como a la atención de la salud mental de las y los alumnos.

Tras revisar las peticiones, autoridades de la UNAM tuvieron una reunión y acordaron:
  • Iniciar la revisión integral de los protocolos generales en materia de seguridad para alumnas, alumnos y las personas trabajadoras del plantel.
  • Proponer medidas adicionales de control y acceso y mejoras a la infraestructura de seguridad del plantel
  • Implementar y reforzar de manera inmediata estrategias de apoyo psico-social.
¿Qué pasó en el CCH Sur?

Este lunes 22 de septiembre un alumno ingresó al plantel y agredió con un arma blanca a otro estudiante y a un trabajador. El joven estudiante falleció, mientras que el trabajador fue trasladado a un hospital tras recibir atención médica.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el agresor intentó huir, subió a un edificio y se lanzó, resultando con fracturas en ambas piernas.

Las autoridades del CCH entregaron al estudiante a la custodia policial, y se encuentra hospitalizado, pendiente de ser puesto a disposición del Ministerio Público.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tras disculpa fallida por caso de desaparición, Gobierno de Jalisco pide perdón por segunda ocasión

Por: Draco Dracul on jueves, septiembre 25, 2025 / Comentarios: 0 , ,

La primera disculpa fue calificada por las familias como una “simulación” y un mero "trámite" que no implicó una disculpa sincera, ni dignificó a las víctimas ni abonó al ejercicio del derecho de la reparación integral del daño.

Corrige el gobierno del estado de Jalisco la plana en disculpa pública fallida que emitió por un caso de desaparición. La autoridad del gobierno local ofreció una segunda disculpa pública a las familias de cuatro personas desaparecidas en septiembre de 2010, después de que la primera, realizada el pasado 14 de agosto, fuera considerada insatisfactoria. 

La disculpa se dirigió a las familias de Dalia Guadalupe Cruz, Luis Ramón Enciso, Bernardo Sedano y Emilia Carolina Naranjo, quienes desaparecieron en 2010. La disculpa es parte de la Recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que encontró graves fallas en la investigación por parte de las autoridades estatales.

A diferencia de la anterior ocasión está vez sí se pronunció la palabra “disculpa” y fue el gobernador de la entidad, Pablo Lemus quien ofreció lo que llamó una “sincera disculpa” por las “omisiones” y acciones cometidas por el Ejecutivo Estatal y la Fiscalía del Estado, por violaciones a derechos humanos. 

“Quiero que se escuche fuerte en Jalisco y en todo México, no hay lugar para la soberbia. La humildad, la solidaridad, la sensibilidad y la empatía deben de marcar el actuar de todo funcionario o funcionaria pública en Jalisco y en todo México”, aseveró 

La primera disculpa fue calificada por las familias como una “simulación” y un mero "trámite" que no implicó una disculpa sincera, ni dignificó a las víctimas ni abonó al ejercicio del derecho de la reparación integral del daño. 

En este segundo intento, el gobernador Lemus asumió la responsabilidad institucional por las violaciones a los derechos humanos, reconociendo el dolor causado por "la falta de respuesta" e "injusticia" que las familias han sufrido por más de una década. 

Sin embargo, para las familias, la herida sigue abierta; los familiares de las víctimas, como Natividad Guerrero (madre de Valeria Guadalupe Cruz Romero) y Michelle Sedano (hija de Bernardo), expresaron su dolor y reprocharon la revictimización que han sufrido. 

“Preocupa la grave situación que seguimos enfrentando todas las familias de personas desaparecidas. Las autoridades se dicen rebasadas y nuestros casos son vistos como una carga, como un expediente más”, reprochó. 

Diego Enciso, quien tenía solo 3 años cuando sus padres Dalia Guadalupe y Luis Ramón desaparecieron, habló del "vacío enorme" y la ausencia que "no se olvida". Por su parte, Michelle Sedano compartió que "crecer sin él (su padre Bernardo Sedano) ha sido como caminar con una parte del corazón vacía". 

Natividad Guerrero cuestionó duramente las omisiones y el trato revictimizante, calificando la disculpa como "lo mínimo que se puede hacer". Su voz resonó la preocupación de miles de familias que se sienten ignoradas por las autoridades. 

En esta ocasión se permitió que colectivos y asociaciones pronunciará un mensaje. Tanto organizaciones como la CNDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas enfatizaron que, aunque la disculpa es un paso, no es suficiente para reparar el daño. 

Subrayaron la necesidad de una verdadera justicia, sin repetición y con un trato digno para las víctimas, especialmente considerando que en Jalisco hay casi 16 mil personas desaparecidas. 

La señora Natividad Guerrero instó al Gobierno de Jalisco a trabajar en la consolidación de políticas públicas y acciones que garanticen la protección de las víctimas de desaparición. 

A pesar de que Lemus Navarro prometió apoyo a las familias, organizaciones como el CEPAD y la ONU señalaron que esto no es suficiente. 

Anna Karolina Chimiak, Codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD), destacó la perseverancia de las familias y su firmeza en la lucha por la verdad, justicia y memoria; y que este acto marque un precedente y un compromiso de la no repetición en un futuro por parte de las instituciones. 

Las víctimas indirectas de estas desapariciones recordaron que ninguna disculpa puede llenar la angustia de la incertidumbre. El verdadero compromiso debe traducirse en mejoras institucionales, acceso a la verdad, justicia y, sobre todo, un trato digno para las víctimas. 

En Jalisco, la cifra de casi 16 mil personas desaparecidas subraya que el camino hacia la justicia es todavía largo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

Contraloría Autónoma del Agua demanda abrogación de Ley de Aguas Nacionales en lugar de reforma

Por: Draco Dracul on jueves, septiembre 25, 2025 / Comentarios: 0 ,

“Nos ha sorprendido la insistencia en defender la ley salinista, en imponer megaobras hidráulicas que llevarían agua a ciudades llenas de fugas, en preferir “acuerdos” superficiales con grandes usuarios a la vez que se cierra la puerta a las necesidades de los pueblos”, recalcó la organización.

La Contraloría Nacional Autónoma del Agua reprobó el anuncio que hizo en la mañanera de este miércoles Efraín Morales López, director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de una reforma a la Ley de Aguas Nacionales para fortalecer la rectoría del Estado sobre el recurso y a la vez crear una Ley General de Aguas para reglamentar el derecho humano al vital líquido. 

En un comunicado, la organización, conformada por investigadores, ciudadanos, comunidades y colectivos defensores del derecho del agua, celebró que el funcionario haya hablado de corregir las irregularidades en el sistema de concesiones de aguas nacionales, pero advirtió que eso sólo se logrará con la abrogación de la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN), de origen salinista.

“Como fue ampliamente expresado y fundamentado en cada uno de los 13 foros de “consulta” mencionados por el Director General (de Conagua), el agua es una: no se puede proteger los derechos y usos hidrocráticos del agua en una ley (la LAN), y pegarle otra, que reduciría el “derecho humano al agua” a un servicio municipal, medible en litros por persona por día”, reclamó la agrupación. 

Además, expuso su preocupación por la propuesta de reformar la LAN para reemplazar el libre mercado del agua, vigente en la actualidad, por la rectoría del estado, sin la participación ciudadana directa que mandata la Constitución. 

Agregó que esta preocupación tiene especial fundamento por el desarrollo que ha tenido el “Acuerdo Nacional” con el cual la Conagua en vez de poner orden sobre “el desastre” generado por la Ley de Aguas Nacionales, creó un esquema de acuerdos “en corto”, que conserva el sobreconcesionamiento, el acaparamiento, la especulación y la impunidad fiscal. 

En ese “Acuerdo Nacional”, refirió que la dependencia ha obtenido la “donación temporal” de volúmenes de uso agrícola por parte de Distritos de Riego cuyas concesiones fueron sobredimensionadas desde su inicio. 

“Una gran parte de los “donativos temporales” de usos industriales y de servicios son para volúmenes que más bien deben de ser caducados por la falta de pago de derechos”, explicó. 

La Contraloría Nacional Autónoma del Agua recordó que desde la legislatura LXIV, se estableció el compromiso para desmontar el andamiaje del neoliberalismo y como parte de ello hubo un consenso para generar la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas, que fue respaldada en comisiones en el Senado y la Cámara de Diputados para reemplazar a la LAN. 

“Nos ha sorprendido la insistencia en defender la ley salinista, en imponer megaobras hidráulicas que llevarían agua a ciudades llenas de fugas, en preferir 'acuerdos' superficiales con grandes usuarios a la vez que se cierra la puerta a las necesidades de los pueblos”, recalcó la organización. 

Agregó que los investigadores, comunidades, pueblos y organizaciones agrupados en esa Contraloría Nacional, así como en contralorías locales, vuelven a ofrecer al gobierno federal su apoyo para enfrentar el reto de corregir el sobreconcesionamiento, el acaparamiento y la corrupción en el manejo del agua, y que eso sólo podrá hacerse a través de “procesos ampliamente participativos, cuenca por cuenca y acuífero por acuífero, en todo el país”. 

A la vez, expresó su rechazo “a cualquier intento de ejercer un apartheid hídrico, en donde los “derechos” de los grandes usuarios son protegidos por una ley, y el derecho humano al agua se buscaría cumplir con otra ley, con lo que sobra”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Caso Ayotzinapa: expertos del GIEI, dispuestos a regresar a México si el Ejército abre sus archivos

Por: Draco Dracul on jueves, septiembre 25, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Ángela Buitrago confirma a Proceso la voluntad del grupo de retomar el caso Ayotzinapa. La condición clave es: acceso total a la información militar. A su vez, padres de los 43 exigen a Sheinbaum que permita su regreso y no traer a nuevos expertos.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó durante años la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, está dispuesto a regresar a México a retomar el caso si las autoridades le permiten acceder a toda la información que recopiló el Ejército sobre ese crimen ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014.

En declaraciones a Proceso, en vísperas de que se cumpla el 11 aniversario de ese crimen, Ángela Buitrago señala que su regreso también dependerá de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), entidades que le dieron al GIEI el mandato para coadyuvar con las autoridades mexicanas para investigar y esclarecer la desaparición de los estudiantes.

La abogada y exministra de Justicia de Colombia dice que, aunque habla a título personal, sabe que los expertos que formaron parte del GIEI tienen un compromiso con los padres de los normalistas y con los mexicanos para contribuir en el esclarecimiento de ese crimen de lesa humanidad cometido por autoridades y delincuentes hace 11 años en Iguala, Guerrero.

Padres de los 43 valoraron la disposición de Buitrago de regresar a México a retomar las investigaciones –siempre y cuando tengan acceso a los archivos del caso que se ha negado a proporcionar la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)–, y pidieron a Sheinbaum permitir que se aproveche el conocimiento adquirido por los expertos del GIEI durante años para esclarecer la desaparición de los normalistas.

Doña Cristina Bautista, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, plantea: 
Como madres y padres queremos que los expertos del GIEI regresen y que les den las herramientas para trabajar, pues, y que les entreguen los documentos que hacen falta, porque, si no, ¿cómo?
Mario González, padre del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández, expresa. “Los expertos tienen nuestra confianza, Ángela María (Buitrago) y los otros, porque son los únicos que han logrado avances y que no han caído en contradicciones, y esto lo vamos a exigir otra vez, que regresen, que los queremos aquí”.

La solicitud para que el GIEI regrese a México fue planteada a la presidenta Claudia Sheinbaum el 4 de septiembre último por los padres de los 43 estudiantes, quienes sostuvieron una reunión con la mandataria para evaluar los pasos que debe seguir la investigación, que desde julio último está a cargo del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, tras la separación de Rosendo Gómez de ese cargo, en medio de acusaciones de peculado y extorsión.

Un día después, Sheinbaum dijo en la mañanera que le había solicitado a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, hablar con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para ver si es factible buscar expertos “en estas áreas de investigación y métodos de investigación que se están siguiendo para que madres y padres puedan tener la certeza de que, en efecto, se está haciendo bien la cosas”.

La mandataria aseguró que los padres de los 43 “han estado insistiendo en que se incorporen grupos de expertos en la investigación” pero “ya no es el GIEI que había antes, porque tuvo sus problemas, todos sabemos qué problemas tuvo, y, además, muchos de ellos ya ni siquiera están interesados en regresar a la investigación”.

Buitrago sostiene que sí está dispuesta a regresar a México para retomar la investigación del caso Ayotzinapa, y sabe que varios de sus compañeros también lo harían si pueden compatibilizar su participación en el caso con sus compromisos laborales actuales y si la presidenta ordena al Ejército abrir los archivos que le negó a los padres de los 43 y al GIEI el sexenio pasado, con López Obrador. 

Sobre los “problemas” del GIEI aludidos por Sheinbaum, padres de los 43 señalan que, en efecto, los hubo, y que estos consistieron en la reiterada negativa del titular de la Sedena del sexenio pasado, general Luis Crescencio Sandoval, a entregarles los 800 folios con información del caso Ayotzinapa, y en el apoyo del entonces presidente a esa decisión del alto mando militar.

“Ese fue el problema, que López Obrador apoyó el ocultamiento de información”, afirma don Mario González.

A este padre de uno de los normalistas desaparecidos le parece “aberrante” que Sheinbaum busque traer a expertos de la ONU que no conocen la investigación, que es extremadamente compleja y tiene miles de archivos acumulados a lo largo de 11 años.

“Ella (la presidenta) sabía perfectamente que nosotros queríamos al GIEI, yo no sé por qué cambió la jugada”, dice González.

Por la OEA, o por la ONU

Mario González y la señora Cristina Bautista consideran que traer a nuevos expertos sería “comenzar de cero” la investigación” y por ello insisten en el regreso del GIEI, que estuvo integrado por Buitrago, la exfiscal guatemalteca Claudia Paz, el médico y psiquiatra español Carlos Martín Beristain y los abogados Alejandro Valencia (de Colombia) y Francisco Cox (de Chile).

Estos expertos fueron convocados por la CIDH para coadyuvar en la investigación del caso Ayotzinapa, pero todos ellos son también consultores de la ONU y han formado parte de diferentes misiones del organismo.

Buitrago, por ejemplo, fue parte del grupo de la ONU de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua; Paz fue consultora de la misión de Naciones Unidas en Guatemala y Cox es parte de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la Venezuela, creada por el organismo.

Es decir, los expertos que integraron el GIEI podrían regresar a México convocados por la ONU, dado su conocimiento del caso y su experiencia –en palabras de la presidenta Sheinbaum– “en estas áreas de investigación y métodos de investigación” para esclarecer casos como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Mario González y Cristina Bautista coinciden en que lo importante es que el GIEI regrese a México y en que no importa si los trae la CIDH o la ONU.
Vengan con quien vengan está bien –asegura González– porque son los que conocen el caso, los que conocen las líneas de investigación, fueron muy profesionales y son los que nos han dado verdad en lo poco que se les permitió.
Y dice que en la próxima reunión con la presidenta, prevista para noviembre venidero, insistirán en que regrese el GIEI “porque son los que saben y si llega alguien que no sabe va a ser un retroceso”.

Agrega que en la cita del 4 de septiembre con la mandataria debió estar un representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que informara qué ha pasado con la búsqueda de los 800 folios que oculta el Ejército, pero eso no ocurrió y esperan que acuda en la siguiente cita.

Las investigaciones del GIEI en México tuvieron dos etapas, la primera entre 2015 y 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que concluyó cuando los expertos desacreditaron la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición, formulada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam.

Según esta versión, los 43 normalistas fueron asesinados y desaparecidos por policías locales y narcotraficantes de Guerreros Unidos, quienes los incineraron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el basurero de Cocula tras confundirlos con integrantes de un grupo rival.

El GIEI demostró que en esa desaparición participaron elementos del Ejército del 27 Batallón de Infantería en Iguala, que trabajaban para Guerreros Unidos y que la Sedena conoció en tiempo real y a los más altos niveles el ataque contra los estudiantes sin hacer nada. 

También probó la imposibilidad de que los 43 estudiantes pudieran haber sido incinerados en una noche en el basurero de Cocula sin dejar rastros de ADN y que la PGR “sembró” pruebas en ese lugar en un intento por hacer creíble su “montaje”.

En una segunda etapa, ya en el sexenio de López Obrador, el GIEI investigó el caso durante seis años y demostró la responsabilidad de mandos militares en esos hechos, entre ellos el general José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala cuando ocurrió la desaparición de los 43 jóvenes y quien habría ordenado el asesinato de al menos seis de los normalistas.

Tanto en el gobierno de Peña Nieto como en el de López Obrador la participación del GIEI acabó por incomodar al Ejército y a ambos mandatarios, lo que causó su salida de México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CRODA.

Tribunal valida elección de ministros a pesar de acordeones

Por: Draco Dracul on jueves, septiembre 25, 2025 / Comentarios: 0 ,

Por votación de tres a dos el Tribunal Electoral concluye que no existen elementos probatorios suficientes para anular la elección de ministros con base en coincidencias de acordeones con nombres de ganadores.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la elección de ministros de la Suprema Corte llevada a cabo el 1 de junio, a pesar de los argumentos de los magistrados Janine Otalora y Reyes Mondragón, quienes aseguraron que había coincidencias entre los primeros lugares oficiales y los acordeones repartidos con anticipación.

La votación fue de tres a dos: quienes votaron en contra de anular la elección fueron la presidenta Mónica Soto y los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña. 

“Entre los 51 modelos de acordeones documentados existió una configuración principal que contenía exactamente a las nueve candidaturas ganadoras a la Suprema Corte. Esa configuración coincide con el 70.8% de acordeones registrados en las pruebas. Ello no podría explicarse por las campañas de las candidaturas”, expresó Mondragón.

Otalora resaltó: “Los elementos indiciarios fuertes indican que las guías aparecieron en todo el territorio, ya que las notas periodísticas y las publicaciones en redes sociales dan cuenta de estos en las 32 entidades federativas, por lo cual su distribución fue generalizada y abarcó la totalidad del país”.

Como pruebas se ofrecieron 3,188 acordeones impresos aportados por la parte que promueve la nulidad. “Validar este proceso equivaldría a normalizar lo que democráticamente es inaceptable”, dijo Reyes Mondragón, quien puso énfasis en que el financiamiento para los acordeones no provino de los candidatos, únicos autorizados para ejercer recursos, por lo que de entrada son ilegales.


EN CONTRA DEL PROYECTO

Sin embargo, los otros tres magistrados: Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera y la presidenta, Mónica Soto, minimizaron la existencia de estas guías y señalaron que el INE había permitido su uso con anterioridad, debido a la cantidad de nombres en las boletas.

“¿De verdad se quiere anular una elección nacional con una gráfica? Que no sé si todos entendimos. ¿Por qué es atípico el resultado? Me parece que lo atípico ya ha quedado demostrado con todos los datos duros que ha dado el magistrado De la Mata. Es querer anular una elección con estadísticas complejas porque no se puede probar de otra manera”, sentenció Soto.


Soto agregó que la nulidad de elección  no se sostiene. “La prueba de los hechos en que se basa la pretensión de nulidad debe ser suficientemente robusta para lograr invalidar una serie de actos concatenados que por mandato constitucional revisten una presunción de validez”. 

Es necesario, remarcó, que haya un cúmulo de pruebas que vayan más allá de “meros indicios aislados” sin valor probatorio pleno para sustentar la nulidad de la elección. Consideró que no hay pruebas de una irregularidad sistemática.  

Dijo que las pruebas aportadas para la nulidad no acreditan que los acordeones se hayan distribuido en las 32 entidades del país, además de que son más de 50 modelos diferentes de acordeones. 

Sin embargo, en la sesión se dio un momento ríspido, cuando Reyes Mondragón le entregó el modelo más repetido de acordeón a la presidenta Mónica Soto, indicando con una sonrisa que ese era el ejemplo ganador y preguntando si ella había votado con base en esa guía, por lo que Soto exigió respeto.


LOS 9 MINISTROS QUE ENTRAN EN FUNCIONES EL 1 DE SEPTIEMBRE

PRESIDENTE: HUGO AGUILAR ORTIZ
  • Lenia Batres Guadarrama
  • Yasmin Esquivel Mossa
  • Sara Irene Herrerías Guerra
  • Loretta Ortiz Ahlf
  • María Estela Ríos González
  • Irving Espinoza Bentazo
  • Giovanni Azael Figueroa Mejía
  • Arístides Rodrigo Guerrero García
FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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