Ángela Buitrago confirma a Proceso la voluntad del grupo de retomar el caso Ayotzinapa. La condición clave es: acceso total a la información militar. A su vez, padres de los 43 exigen a Sheinbaum que permita su regreso y no traer a nuevos expertos.
En declaraciones a Proceso, en vísperas de que se cumpla el 11 aniversario de ese crimen, Ángela Buitrago señala que su regreso también dependerá de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), entidades que le dieron al GIEI el mandato para coadyuvar con las autoridades mexicanas para investigar y esclarecer la desaparición de los estudiantes.
La abogada y exministra de Justicia de Colombia dice que, aunque habla a título personal, sabe que los expertos que formaron parte del GIEI tienen un compromiso con los padres de los normalistas y con los mexicanos para contribuir en el esclarecimiento de ese crimen de lesa humanidad cometido por autoridades y delincuentes hace 11 años en Iguala, Guerrero.
Padres de los 43 valoraron la disposición de Buitrago de regresar a México a retomar las investigaciones –siempre y cuando tengan acceso a los archivos del caso que se ha negado a proporcionar la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)–, y pidieron a Sheinbaum permitir que se aproveche el conocimiento adquirido por los expertos del GIEI durante años para esclarecer la desaparición de los normalistas.
Doña Cristina Bautista, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, plantea:
Como madres y padres queremos que los expertos del GIEI regresen y que les den las herramientas para trabajar, pues, y que les entreguen los documentos que hacen falta, porque, si no, ¿cómo?
Mario González, padre del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández, expresa. “Los expertos tienen nuestra confianza, Ángela María (Buitrago) y los otros, porque son los únicos que han logrado avances y que no han caído en contradicciones, y esto lo vamos a exigir otra vez, que regresen, que los queremos aquí”.
La solicitud para que el GIEI regrese a México fue planteada a la presidenta Claudia Sheinbaum el 4 de septiembre último por los padres de los 43 estudiantes, quienes sostuvieron una reunión con la mandataria para evaluar los pasos que debe seguir la investigación, que desde julio último está a cargo del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, tras la separación de Rosendo Gómez de ese cargo, en medio de acusaciones de peculado y extorsión.
Un día después, Sheinbaum dijo en la mañanera que le había solicitado a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, hablar con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para ver si es factible buscar expertos “en estas áreas de investigación y métodos de investigación que se están siguiendo para que madres y padres puedan tener la certeza de que, en efecto, se está haciendo bien la cosas”.
La mandataria aseguró que los padres de los 43 “han estado insistiendo en que se incorporen grupos de expertos en la investigación” pero “ya no es el GIEI que había antes, porque tuvo sus problemas, todos sabemos qué problemas tuvo, y, además, muchos de ellos ya ni siquiera están interesados en regresar a la investigación”.
Buitrago sostiene que sí está dispuesta a regresar a México para retomar la investigación del caso Ayotzinapa, y sabe que varios de sus compañeros también lo harían si pueden compatibilizar su participación en el caso con sus compromisos laborales actuales y si la presidenta ordena al Ejército abrir los archivos que le negó a los padres de los 43 y al GIEI el sexenio pasado, con López Obrador.
Sobre los “problemas” del GIEI aludidos por Sheinbaum, padres de los 43 señalan que, en efecto, los hubo, y que estos consistieron en la reiterada negativa del titular de la Sedena del sexenio pasado, general Luis Crescencio Sandoval, a entregarles los 800 folios con información del caso Ayotzinapa, y en el apoyo del entonces presidente a esa decisión del alto mando militar.
“Ese fue el problema, que López Obrador apoyó el ocultamiento de información”, afirma don Mario González.
A este padre de uno de los normalistas desaparecidos le parece “aberrante” que Sheinbaum busque traer a expertos de la ONU que no conocen la investigación, que es extremadamente compleja y tiene miles de archivos acumulados a lo largo de 11 años.
“Ella (la presidenta) sabía perfectamente que nosotros queríamos al GIEI, yo no sé por qué cambió la jugada”, dice González.
Por la OEA, o por la ONU
Mario González y la señora Cristina Bautista consideran que traer a nuevos expertos sería “comenzar de cero” la investigación” y por ello insisten en el regreso del GIEI, que estuvo integrado por Buitrago, la exfiscal guatemalteca Claudia Paz, el médico y psiquiatra español Carlos Martín Beristain y los abogados Alejandro Valencia (de Colombia) y Francisco Cox (de Chile).
Estos expertos fueron convocados por la CIDH para coadyuvar en la investigación del caso Ayotzinapa, pero todos ellos son también consultores de la ONU y han formado parte de diferentes misiones del organismo.
Buitrago, por ejemplo, fue parte del grupo de la ONU de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua; Paz fue consultora de la misión de Naciones Unidas en Guatemala y Cox es parte de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la Venezuela, creada por el organismo.
Es decir, los expertos que integraron el GIEI podrían regresar a México convocados por la ONU, dado su conocimiento del caso y su experiencia –en palabras de la presidenta Sheinbaum– “en estas áreas de investigación y métodos de investigación” para esclarecer casos como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Mario González y Cristina Bautista coinciden en que lo importante es que el GIEI regrese a México y en que no importa si los trae la CIDH o la ONU.
Vengan con quien vengan está bien –asegura González– porque son los que conocen el caso, los que conocen las líneas de investigación, fueron muy profesionales y son los que nos han dado verdad en lo poco que se les permitió.
Y dice que en la próxima reunión con la presidenta, prevista para noviembre venidero, insistirán en que regrese el GIEI “porque son los que saben y si llega alguien que no sabe va a ser un retroceso”.
Agrega que en la cita del 4 de septiembre con la mandataria debió estar un representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que informara qué ha pasado con la búsqueda de los 800 folios que oculta el Ejército, pero eso no ocurrió y esperan que acuda en la siguiente cita.
Las investigaciones del GIEI en México tuvieron dos etapas, la primera entre 2015 y 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que concluyó cuando los expertos desacreditaron la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición, formulada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam.
Según esta versión, los 43 normalistas fueron asesinados y desaparecidos por policías locales y narcotraficantes de Guerreros Unidos, quienes los incineraron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el basurero de Cocula tras confundirlos con integrantes de un grupo rival.
El GIEI demostró que en esa desaparición participaron elementos del Ejército del 27 Batallón de Infantería en Iguala, que trabajaban para Guerreros Unidos y que la Sedena conoció en tiempo real y a los más altos niveles el ataque contra los estudiantes sin hacer nada.
También probó la imposibilidad de que los 43 estudiantes pudieran haber sido incinerados en una noche en el basurero de Cocula sin dejar rastros de ADN y que la PGR “sembró” pruebas en ese lugar en un intento por hacer creíble su “montaje”.
En una segunda etapa, ya en el sexenio de López Obrador, el GIEI investigó el caso durante seis años y demostró la responsabilidad de mandos militares en esos hechos, entre ellos el general José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala cuando ocurrió la desaparición de los 43 jóvenes y quien habría ordenado el asesinato de al menos seis de los normalistas.
Tanto en el gobierno de Peña Nieto como en el de López Obrador la participación del GIEI acabó por incomodar al Ejército y a ambos mandatarios, lo que causó su salida de México.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CRODA.
