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Tras la megaexplosión de gas en Iztapalapa, la CDMX apura regulación de pipas

Después de la explosión en 2015 de una pipa frente a un hospital de Cuajimalpa (ocho muertos, 66 heridos), Miguel Ángel Mancera implementó acciones para supervisar esos vehículos, pero con la llegada de la 4T todo se olvidó, hasta ahora, con una nueva tragedia.

Hace 10 años, en la Ciudad de México el gobierno dispuso acciones para poner en regla a las pipas de gas LP que circulaban por sus calles y evitar explosiones como la del pasado miércoles 10 en la alcaldía Iztapalapa; sin embargo, al llegar los gobiernos de la 4T todo quedó en el olvido y la tragedia volvió a enlutar a los capitalinos.

Hasta la tarde del lunes 22, la lista de personas fallecidas por la explosión de la pipa de gas de la empresa Transportadora Silza, parte del Grupo Tomza, se había elevado a 29, mientras que seguían internadas 16 y 39 habían sido dadas de alta. Las llamas dejaron cerca de 100 heridos.

Esa tragedia que ocupó espacios en todos los titulares de los periódicos y los noticieros de radio, televisión e internet trae a la memoria otra que ocurrió hace poco más de 10 años, en el poniente de la capital.

A las 07:15 de la mañana del 29 de enero de 2015, una pipa de la empresa Gas Express Nieto abastecía de combustible al Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa cuando se presentó una fuga y una explosión. El hecho dejó ocho personas fallecidas —entre ellas, dos bebés y una enfermera—, 66 heridas y 70% de las instalaciones en escombros.

Entre los resultados que arrojaron los peritajes se contó una falla en la bomba de trasiego por falta de mantenimiento, válvulas en mal estado y la manipulación del medidor de gas para falsificar la cantidad de combustible suministrado por la unidad.

Además se hallaron violaciones a la Ley de Hidrocarburos y a las normas de seguridad industrial. La Secretaría de Energía revocó el permiso a la empresa y ésta fue acusada por la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) de los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos.

Los operativos

El 17 de abril de 2015, dos meses y medio después de la tragedia, el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, ordenó el arranque de los operativos de supervisión de pipas de gas en la capital, aleatorios e itinerantes, con el objetivo de revisar que cumplieran con las normas técnicas, administrativas y mecánicas de operación y con ello evitar otra tragedia.

Las revisiones iniciaron en la avenida Eduardo Molina y la calzada Ignacio Zaragoza, alcaldía Venustiano Carranza, con la participación de personal de las secretarías de Protección Civil, Seguridad Pública, Movilidad y Gobierno, además de la Consejería Jurídica y la PGJ local.

En tres horas fueron revisadas 38 pipas, de las cuales tres fueron sacadas de circulación, pues no cumplían con las medidas de circulación necesarias y los conductores no tenían su documentación vigente. Al cierre del 2015, la Secretaría de Protección Civil reportó que se habían verificado mil 252 unidades, de las cuales 24 fueron remitidas a las autoridades por no cumplir con las medidas de seguridad.

“Fue hasta cierto punto muy complicado llevar a cabo operativos, porque eso es materia federal. Todo el tema energético, al menos en esos tiempos, le correspondía más a la autoridad federal hacer las revisiones de todo ese tipo de infraestructura, que a la Secretaría de Protección Civil”, recuerda su extitular, Fausto Lugo García.

En entrevista con Proceso, el hoy consultor en temas de seguridad y Protección Civil explica lo que hicieron al iniciar las revisiones: “Nosotros utilizamos las herramientas con las que contábamos para empezar a hacer revisiones de pipas y de todo lo que circulara con combustible peligroso hacia la Ciudad de México”.

Detalla que desde entonces muchas de las pipas que surten de gas LP a la CDMX provienen del Estado de México, Morelos e Hidalgo, principalmente. En territorio capitalino hay estaciones para surtir en las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco y Gustavo A. Madero.

El exfuncionario asegura que en ese tiempo “teníamos registros de que prácticamente la mitad de pipas circulando no estaban en las mejores condiciones, no sólo a nivel de infraestructura, sino a nivel también de documentación”. De hecho, una de las primeras revisiones que hacían era que las unidades estuvieran en el padrón de la Secretaría de Energía (Sener) para evitar la circulación de pipas clonadas.

Por eso, dice, trataron de “alinear precisamente los seguros, las responsabilidades, las consignas, que todo estuviera en orden, al menos en lo que correspondía a lo que entraba a la Ciudad de México”.

Los operativos se realizaban prácticamente cada semana en diferentes puntos de la ciudad. Incluían revisión de cilindros en mal estado para disminuir el riesgo. En las revisiones hallaban de todo:

“Se encontró que algunos elementos no tenían el equipo de protección personal; personas no autorizadas, en teoría, para andar circulando con pipas; pipas que no estaban en condiciones de circulación o en malas condiciones administrativas. Las que traían fuga las poníamos a disposición de la Fiscalía y algunas las remitíamos de regreso por el riesgo que manejaban hacia su origen. Hubo prácticamente de todo".

Doctorante en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Fausto Lugo asegura que esos operativos se mantuvieron hasta que concluyó esa administración, en septiembre de 2018.

—¿Cuando usted encabezó estos operativos, se redujeron en algún porcentaje estos accidentes con pipas?

-Sí, sí, sí. Obviamente, cuando hay acciones de la autoridad, pues hay temas medio clandestinos que no se presentan porque saben que se está vigilando la ciudad.

En segundo lugar, detalla, “los que están formales tratan de tener todos sus documentos en orden, su personal en orden, precisamente para evitar que tengan multas o que tengan revisiones porque, obviamente, tener un auto sin circular para ellos representa pérdidas en su negocio”.

Reitera que en su momento las acciones de vigilancia permanente funcionaron para evitar que se presentaran situaciones desafortunadas de todo tipo. Incluso detectaron que “había zonas en la Ciudad de México donde hacían traspaso de combustible en vía pública, o sea, desde las pipas cargaban cilindros, y eso no está bien. Eso se hace en una estación final”.

Protocolo… olvidado

El 5 de octubre de 2018, la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tomó protesta como jefa de Gobierno de la CDMX y nombró a Myriam Urzúa Venegas al frente de la reformada Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). Los operativos de revisión de pipas de gas para evitar tragedias ya no figuraron entre las acciones de la dependencia.

Seis años después, el 5 de octubre del 2024, Clara Brugada Molina llegó a ocupar la oficina del Antiguo Palacio del Ayuntamiento y ratificó a Myriam Urzúa en su cargo. La especialista en reducción de desastres fue la única funcionaria, junto con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, en repetir el encargo como parte del llamado “segundo piso” de la 4T.

Al paso de casi un año y sólo después de la volcadura y explosión de la pipa de la empresa Transportadora Silza en la alcaldía que ella gobernó durante tres trienios, Clara Brugada instruyó a la titular de la SGIRPC a elaborar un “protocolo de seguridad sobre cómo deben estar transitando las pipas, los vehículos que transportan combustibles en la ciudad”. Además, dijo que se analizarán los horarios de circulación de estas unidades.

La instrucción incluyó coordinar los trabajos con el gobierno federal a través de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El viernes 11, cuestionada por la prensa en su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum Pardo informó que, tras la tragedia, las secretarías de Energía y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ya trabajan para “fortalecer la regulación, sobre todo el transporte de gas LP”, en particular, los vehículos que tienen placa federal. Dijo que esa regulación podría anunciarse esta misma semana.

De acuerdo con los primeros peritajes hechos por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la volcadura y explosión de la pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas LP el pasado miércoles 10 a la altura del Puente de La Concordia, ocurrió probablemente porque el chofer conducía a exceso de velocidad y golpeó con “un objeto sólido”. Ello ocasionó la “ruptura en un casquete” que dio paso a la fuga del combustible y luego la ignición.

La fiscal Bertha Alcalde descartó que en la vialidad existieran baches o pavimento en mal estado que hubiera provocado el accidente, pese a que en las mismas redes de la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno capitalino se difundieron datos y fotografías de trabajadores haciendo labores de pavimentación en la zona horas después del suceso. La investigación fue abierta por los delitos de homicidio culposo, lesiones dolosas y daños.

Peritaje, a fondo

Lugo García, extitular de Protección Civil, habla sobre los primeros resultados del peritaje de la tragedia del pasado 10 de septiembre.

“Mencionan que se volteó y para que se haya volteado debieron de haber pasado algunas cosas que habría que ver el peritaje: si el vehículo estaba en malas condiciones y no debía de estar circulando, o alguna situación de la infraestructura o si estaba en exceso de velocidad. Hay muchos elementos que se tienen que revisar”, asegura.

Fausto Lugo asegura que en su gestión “documentamos el incidente del Hospital Materno-Infatil de Cuajimalpa para compartirlo hacia los siguientes ciclos y, obviamente, lo delicado que puede llegar a representar cualquier pipa en mal estado. Y ya lo volvimos a ver”.

Sin embargo, insiste en que hay que esperar los resultados del peritaje para saber exactamente la causa de esta tragedia y luego decidir qué hacer para prevenir otra igual o peor.

Se prevé que este martes 23 Brugada Molina presente el nuevo protocolo de seguridad para el transporte de combustibles en la CDMX.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

A dos años de Morena en el Edomex, el discurso choca con la realidad en seguridad y salud

A dos años del gobierno de Delfina Gómez, la promesa de transformación en el Edomex se enfrenta a cifras que ubican a la entidad como líder en delitos y feminicidios.

A dos años del arribo de Morena al gobierno del Estado de México no es posible hablar de una “transformación” en rubros como seguridad, e incluso hay sectores de la población que consideran existe un retroceso en materias como salud o mantenimiento de vialidades, asignaturas que la propia titular del Ejecutivo estatal, Delfina Gómez Álvarez, reconoce como retos y pendientes de su mandato, lo que la llevó a autocalificarse con entre 7.5 y 8, en una escala de 0 a 10. 

En el Estado de México “¡Estamos construyendo la paz!”, aseguró la gobernadora en el primer spot temático relacionado con sus logros en materia de seguridad pública, con motivo de su Segundo Informe de labores.

La mandataria mexiquense destacó la disminución de delitos de alto impacto, como homicidios, feminicidios, robo de autos, robo en transporte público y en carreteras; y afirmó que se combate de manera frontal la extorsión y se han reforzado los operativos de inteligencia contra la delincuencia.  

Sin embargo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en su registro de incidencia delictiva nacional, mantiene al Estado de México en primer lugar, con 240 mil 334 delitos denunciados de enero a agosto de 2025, que significan 17.69% del total nacional (un millón 358 mil 217).

Aunque la entidad mexiquense no encabeza las víctimas de homicidio doloso por entidad federativa, en el mismo plazo, ocupa el cuarto lugar, al concentrar 6.6% del total nacional. 

La otra cara de la inseguridad, que pocas autoridades quieren reconocer y nombrar, tiene su origen en el crimen organizado que ha diversificado sus actividades delictivas, de manera que en la actualidad no sólo se ocupa de la siembra y trasiego de estupefacientes, sino que ha incursionado en extorsiones, secuestros, huachicoleo, invasión y despojo de inmuebles, por mencionar algunos. 

Los gobiernos local y federal reconocen en la entidad dos grupos dominantes: La Familia Michoacana (LFM), con presencia fundamental en municipios del sur del estado, pero ya con extensiones al Valle de Toluca y norte, principalmente; y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Valle de México y oriente, aunque las células podrían llegar a una treintena de municipios, de acuerdo con especialistas.

Con miras a combatir la mayoría de las actividades en que el crimen organizado participa, con apoyo de la Federación se han implementado operativos como “Liberación”, mediante el que se decomisaron bienes vinculados a la criminalidad en el sur de la entidad, con objetivos como el de combatir el cobro por derecho de piso, o “Enjambre” en busca de desarticular la red de complicidad de las autoridades municipales con esta organización. Sin embargo, a partir de estas incursiones, ni las extorsiones desaparecieron y tampoco han sido detenidos los principales líderes criminales. 

Independientemente de la disminución en la incidencia de delitos graves que el gobierno estatal pregona, los mexiquenses todavía no se sienten seguros; por el contrario, la percepción de inseguridad va al alza en la mayoría de los casos.  

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en su apartado percepción sobre inseguridad pública por área urbana de interés, que mide ocho ciudades mexiquenses, encontró que de diciembre de 2024 a marzo de 2025 aumentó la impresión de inseguridad, de 74.6 a 76.1% en Toluca, la capital; en Nezahualcóyotl creció de 56 a 60.8%; en Atizapán de Zaragoza, de 53 a 57.2%; y en Chimalhuacán, de 80.6 a 86.1 por ciento. 

Adicionalmente, de marzo a junio de este año aumentó a 78.9% en la capital mexiquense, en Ecatepec subió de 85 a 90.7%; en Neza a 64.9%; en Tlalnepantla de 70.4 a 78.9%; y en el mismo plazo en Naucalpan pasó de 82.4 a 83.3%, aunque Atizapán de Zaragoza bajó a 49.9%, Chimalhuacán a 84.7 e Izcalli a 80.4 por ciento. 

Primer lugar en feminicidios

La mandataria mexiquense celebra que en el Estado de México, a dos años de su administración, “es tiempo de mujeres”, y asegura que más de 650 mil mexiquenses son beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar, cuyos apoyos monetarios han contribuido a mejorar su calidad de vida.  

La texcocana también destacó la creación de 38 Centros LIBRE, en coordinación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, espacios que buscan impulsar la independencia, empoderamiento y bienestar de las mujeres acercando servicios y acompañamiento en sus comunidades.  

También dijo que se han destinado recursos históricos a acciones como el Operativo Violeta y los Senderos Seguros, para que las mujeres vivan con dignidad y seguridad, y puedan desarrollarse plenamente en entornos seguros, bajo la convicción de que “¡por el bien de todas y todos, primero las mujeres!”.  

No obstante, el informe de violencia contra las mujeres del SESNSP ubica al Estado de México en primer lugar en incidencia feminicida, al registrar 9.1% de las víctimas nacionales en el plazo que va de enero a julio 2025. 

La entidad mexiquense además es tercera en mujeres víctimas de homicidio doloso, con 8.4% de las denuncias totales; y también tercera en víctimas mujeres de homicidio culposo, con 7.3% de los casos nacionales, en el mismo periodo. 

De igual manera encabeza la cifra de mujeres víctimas por lesiones dolosas y culposas, extorsión, violencia de género, violación simple y equiparada. 

Del discurso a la realidad

En abril último, la presidenta del PRI en el Estado de México, Cristina Ruiz, advirtió que la desaparición del Seguro Popular en 2019 dio como resultado una grave crisis en el sector salud del país. 

Con la creación del Insabi, prosiguió, el “Movimiento de Destrucción Nacional” redujo el presupuesto de cien mil millones de pesos en 73%, y en plena crisis sanitaria por covid-19 operó con sólo 27 mil millones de pesos.  

También lamentó el fracaso de la megafarmacia impulsada por López Obrador, pues el cambio en los procesos de compra y distribución de medicamentos y “la difamación a las empresas farmacéuticas” dio como resultado desabasto, desde los tratamientos para el cáncer hasta el cuadro básico.  

La megafarmacia, recordó, sólo surte 2.7% de las más de 7.5 millones de recetas expedidas diariamente, de manera que el gasto de bolsillo en salud aumentó en 30% y en promedio representa cinco mil 580 pesos a las familias con algún enfermo. 

En la actualidad, refirió, hay hospitales sin luz, sin camillas, sin quirófano, y el personal se sigue manifestando por falta de insumos, pese a que Morena ya tiene más de un sexenio en el gobierno federal. “Nunca vimos la salud de Dinamarca”, añadió. 
A mediados de julio último, decenas de unidades hospitalarias en diversas latitudes de la entidad suspendieron sus servicios, los restringieron sólo a los casos de urgencia médica y trabajaron bajo protesta, a causa del desabasto de medicamentos, materiales, insumos y equipo, falta de personal, pagos incompletos, estímulos retenidos y cobros indebidos.  
El personal médico afectado denunció que las condiciones empeoraron desde mayo de 2024, cuando el personal fue transferido al programa IMSS-Bienestar.

En tanto, las fuertes lluvias de los últimos meses han evidenciado las deficiencias en materia de infraestructura, de manera que algunos hospitales han sufrido filtraciones, desplomes e inundaciones. 

En enero de 2025, el agua de los frentes fríos afectó techumbres y plafones del Hospital General de Tejupilco, el IMSS-Bienestar de Temascaltepec y el Hospital Valerio Trujano de Luvianos, de manera que se suspendió la atención médica por varios días. 

En agosto colapsó parte del techo del área de urgencias en el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, a causa de la acumulación de agua. 

La lluvia de la tarde-noche del domingo 14 de septiembre inundó el área de urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) 53 del IMSS en Los Reyes La Paz, obligando a los pacientes a subir a sillas para evitar mojarse. 

Hace unos días, Gómez Álvarez aseguró que ya se está atendiendo el desabasto de medicamentos en clínicas y hospitales, y aseguró que ya comenzó la distribución de las claves de los medicamentos. Ahora lo que toca, planteó, es cuidar que no vuelva a ocurrir un desabasto. 

En comunicado temático por su Segundo Informe, la mandataria mexiquense enlistó entre sus logros la rehabilitación de hospitales, clínicas y centros de salud, el incremento en la plantilla de personal médico y de enfermería, con lo que ha sido posible otorgar 13 millones de consultas y medicinas gratuitas, y aumentar tratamientos de alta especialidad para un acceso más justo y cercano a la población. 

Mismos retos

La ENSU a junio de 2025 también reveló que los baches en calles y avenidas se convirtió en el principal problema a solucionar en el país, al ser mencionado por 82.9% de los entrevistados, mientras la delincuencia pasó a la séptima preocupación nacional, con 56.3% de las menciones.

Hace unos días la gobernadora reconoció la necesidad de mejorar la movilidad mediante la mejora de las calles, avenidas y carreteras estatales. “Hay caminos donde ya no es el bache o ya no son los baches lo que necesitamos atender, sino lo que se requiere es un reencarpetado total, y en eso vamos a trabajar”, ofreció. 

Recordó que la presidenta Sheinbaum prometió un programa intensivo para mejorar el estado de las carreteras federales; indicó que el gobierno estatal mejorará las vías primarias estatales y las carreteras locales, mientras los ayuntamientos deben mejorar el estado de sus calles. 

“Si trabajamos los tres, se verán los resultados. Realmente es una demanda, una exigencia, un malestar que tiene la ciudadanía y estamos conscientes de ello y por eso estamos trabajando para atender el problema”, dijo. 

En el Estado de México los usuarios reconocen entre las vías más afectadas por los baches Periférico Norte, José López Portillo, Vía Morelos, Avenida. Central, Paseo Tollocan y Miguel Hidalgo, ubicadas en los municipios de Naucalpan, Tlanepantla, Tultitlán, Coacalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Metepec y Toluca. 

En materia de movilidad, la gobernadora mexiquense enlistó entre los logros de su administración la implementación del Trolebús Mexiquense en la Zona Oriente y la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan, y el otorgamiento de más de 30 millones de viajes gratuitos en beneficio de personas adultas mayores, personas con discapacidad y niños menores de cinco años. 

Frente al reto de mejorar caminos y carreteras, reafirmó su compromiso de “seguir trabajando para que las y los mexiquenses lleguen más seguros, más rápido y con dignidad a sus destinos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

Matan a estudiante de Bachilleres; suman 64 mujeres asesinadas en Oaxaca en lo que va de 2025

En una semana fueron asesinadas cinco mujeres, dos en la mixteca y tres en el Istmo de Tehuantepec.

Con el crimen de Diana Laura Espinosa Cordero, estudiante del Colegio de Bachilleres de Oaxaca Plantel 35 de Jalapa del Marqués, suman 64 las mujeres asesinadas del 1 de enero al 18 de septiembre de 2025, según informes del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer). 

La Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) confirmó la muerte de la joven estudiante de 15 años, derivado de lo cual se activó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio.

De acuerdo con las primeras diligencias, los hechos ocurrieron la noche del 18 de septiembre, cuando la estudiante fue atacada con disparos de arma de fuego, cuando se encontraba en calles de la agencia de San Cristóbal, perteneciente a Jalapa del Marqués, en la región del Istmo de Tehuantepec. 

Como parte de los avances en las labores ministeriales, se cuenta con información preliminar sobre los responsables, quienes viajaban a bordo de una motocicleta, agregó la Fiscalía. 

Hizo hincapié que estos actos de investigación se llevan a cabo considerando el enfoque de perspectiva de género, así como de infancia y adolescencia, dada la condición de la víctima y el contexto particular del caso. 

La FGEO reiteró su compromiso de investigar con debida diligencia, enfoque diferenciado e integralidad, a fin de presentar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables, garantizando en todo momento el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

La presidenta de GESMujer “Rosario Castellanos”, María del Rosario Martínez Miguel, expresó su más profunda indignación y dolor ante los asesinatos de mujeres ocurridos en Oaxaca, ya que en una semana fueron asesinadas cinco mujeres, dos en la mixteca y tres en el Istmo de Tehuantepec. 

Durante la administración de actual gobernador, Salomón Jara Cruz, se han registrado un total de 268 casos de muertes violentas de mujeres. 

Considera que “este preocupante incremento demuestra la urgencia de reforzar acciones de prevención ante la violencia de género y garantizar que, el sistema de justicia del estado, actúen de manera efectiva, asegurando protección y justicia con trato digno, para las víctimas y sus familias, así como sanciones justas para los agresores. 

“La violencia hacia las mujeres no es un hecho aislado; es una responsabilidad colectiva que requiere acción inmediata y compromiso social, por lo que exhortamos a la sociedad a sumarse en la promoción de entornos seguros y una vida libre de todo tipo de violencias para todas las personas”, añadió. 

Recordó que en Yetla de Juárez, perteneciente a Tonalá, en la región mixteca, fueron asesinadas Santa P. R., de 33 años; y Rosa Usbelia R.R., de 59 años, mientras que una menor (I.D.R.P.), de 11 años de resultó lesionada con disparos de arma de fuego. 

Trascendió que las mujeres regresaban a su domicilio luego de acudir al Grito de Independencia. 

Antes, el 14 de septiembre, en la comandancia de la policía municipal de Salina Cruz, fue localizada otra mujer muerta, se trata de Andrea Tamara Balderas Alegría. 

Por este caso, la Fiscalía activó el protocolo de investigación por Feminicidio y llevó ante el Ministerio Público a 10 elementos de la policía municipal de Salina Cruz.? 

“La versión oficial señala un presunto suicidio, pero la fiscalía informó que ha activado el protocolo de feminicidio. Este hecho está reviviendo el doloroso antecedente de Abigail, que también falleció en los separos de Salina Cruz en 2022. Son dos muertes, son dos mujeres, dos contextos de custodia institucional que exigimos respuestas claras y justicia con perspectiva de género, añadió la presidenta de GESMujer. 

Luego el 17 de septiembre, en la colonia Petrolera de Salina Cruz, se cometió un asalto en la cenaduría “Saby” donde una empleada perdió la vida.? 

Martínez Miguel manifestó que “estos casos mencionados nos siguen mostrando la violencia estructural que vulnera los derechos de las mujeres. La vida de las mujeres no puede seguir siendo silenciada por discursos oficiales que minimizan o encubren responsabilidades. Desde GES Mujer exigimos la rendición de cuentas por parte de las autoridades responsables. Las garantías de no repetición y las medidas urgentes de prevención”. 

“Y por supuesto el acompañamiento integral a las familias de las víctimas. Porque la justicia no puede esperar, porque el estado debe proteger, no violentar y porque las mujeres tenemos derecho a vivir libres, a vivir sin miedo”, finalizó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

Hugo Aguilar reducirá 40% de personal tras reportaje de EMEEQUIS

“Esta plantilla se reducirá 40% a partir del 1º de octubre, quedando integrada por 7 secretarios de estudio y cuenta, 8 secretarios auxiliares y 25 personas de apoyo operativo”, señala Hugo Aguilar, aunque otras áreas quedarán igual.

Tras un reportaje de Jorge García Orozco publicado por EMEEQUIS, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recortará su plantilla en un 40%. En un comunicado, la institución encabezada por el ministro Hugo Aguilar explicó, sobre “la información que se ha dado a conocer”: 

“Con este propósito, cuenta con una ponencia conformada por 8 secretarios de estudio y cuenta, 12 secretarios auxiliares y 39 personas de apoyo operativo. Esta plantilla se reducirá 40% a partir del 1º de octubre, quedando integrada por 7 secretarios de estudio y cuenta, 8 secretarios auxiliares y 25 personas de apoyo operativo”. 

Sin embargo, el texto señala que la presidencia “mantiene una Coordinación de Dictaminación encargada de revisar los proyectos de las y los demás ministros; está integrada por 1 coordinador, 12 secretarios de estudio y cuenta, 5 secretarios auxiliares, 1 dictaminador y 15 personas de apoyo operativo”.
Asimismo, el equipo de la presidencia de Hugo Aguilar permanecerá con 10 personas, incluido el propio ministro: “Entre las nuevas medidas adoptadas, destaca una reducción del personal de seguridad adscrito a la Presidencia, el incremento en la frecuencia y duración de las sesiones del Pleno, que ahora se realizan cuatro días a la semana; así como, llevar a cabo sesiones en distintas regiones del país”. 

Cabe mencionar que la anterior ministra presidenta, Norma Piña, contaba con seis asesores en la Presidencia, tres menos que Aguilar.

Según el reportaje del periodista Jorge García Orozco publicado en EMEEQUIS, la nueva Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por el ministro Hugo Aguilar Ortiz desde septiembre de 2025, ha iniciado funciones con un equipo de 97 asesores, cuyo costo mensual asciende a más de seis millones de pesos.

Estos colaboradores se distribuyen en tres áreas principales: la ponencia del ministro presidente, la Oficina de la Presidencia y la Coordinación General de Asesores. La cifra representa un crecimiento respecto a gestiones anteriores, como la de Norma Piña, que contaba con menos asesores directos, aunque también se explica por la ampliación de atribuciones de la ponencia del presidente, ahora encargada de elaborar proyectos que serán discutidos en el Pleno de la Corte.

Dentro de este grupo destaca la incorporación de perfiles polémicos y mediáticos. Por un lado, se encuentra Vidulfo Rosales, abogado reconocido por su papel como representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quien renunció recientemente a su labor en defensa de derechos humanos para integrarse como secretario de Estudio y Cuenta en la SCJN. Por otro lado, figura Daniel Wong Ibarra, quien previamente participó en actividades vinculadas a la Iglesia de la Luz del Mundo y ahora funge como secretario auxiliar en la ponencia de Aguilar Ortiz. Estos nombramientos han generado debate sobre la orientación del nuevo presidente y el tipo de asesores que privilegia en su gestión.

El propio ministro Aguilar ha respondido a cuestionamientos sobre el número de asesores señalando que no se trata de simples “asesores”, sino de Secretarios de Estudio y Cuenta y personal administrativo, con funciones específicas en el análisis jurídico y la elaboración de proyectos de resolución.
Sin embargo, documentos consultados en el portal oficial de la SCJN muestran la nómina detallada y los montos que perciben estos funcionarios, varios de los cuales superan los 100 mil pesos mensuales. Así, el inicio de esta administración se da bajo un clima de escrutinio público respecto a la transparencia, la pertinencia del gasto y la independencia que deben caracterizar al máximo tribunal del país.

De hecho, el cálculo de EMEEQUIS se quedó ligeramente corto: de acuerdo con el comunicado de la Suprema Corte, Hugo Aguilar tiene 102 personas bajo su cargo.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez, por secuestro y extorsión

Un juez de Tabasco vinculó a proceso, el 23 de septiembre de 2025, a Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” y/o “Comandante H”, ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC), durante la Administración de Adán Augusto López Hernández -gobernador tabasqueño, del 1 de enero de 2019 al 26 de agosto de 2021-, y presunto líder de la organización delictiva conocida como “La Barredora”, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Ramón Adolfo Brown Ruiz, juez de control de Región Judicial 9 de Villahermosa, determinó que la Fiscalía de Tabasco ofreció los datos de prueba suficientes para acreditar que los delitos se cometieron y que supuestamente Bermúdez Requena estaba relacionado con ellos.

El juzgador también ratificó la prisión preventiva de oficio en el en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO), Número 1, “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, al ex funcionario tabasqueño, al considerar el riesgo de fuga.

Al mismo tiempo, le fijó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria, término previsto para que su defensa y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco reunieran sus respectivos datos de prueba, para un eventual juicio.

La determinación fue dictada en una audiencia por videoconferencia que tuvo una duración de 7 horas y a la que Bermúdez Requena se conectó desde el interior de “El Altiplano”, con el juez de la capital tabasqueña. Mientras que en la sala judicial en Tabasco la diligencia fue a puerta cerrada.

En este primer proceso que se inicia, a “El Abuelo” le atribuyen la extorsión y secuestro del empresario tabasqueño Ramón Martínez Armengol, registrado en mayo de 2019, en la capital de Tabasco.

En 2014, la víctima fundó la empresa Corporativo Paragas, propietaria de la estación de gasolina en Villahermosa, y el 18 de agosto de 2018 abrió una gasolinera en la carretera a Samarkanda, también en la capital tabasqueña.

Sin embargo, desde noviembre de ese mismo año, “La Barredora” obligó al empresario a vender combustible robado o “huachicol”, pero seis meses después, el empresario se negó a seguir haciéndolo y fue secuestrado durante dos días, tiempo en el que recibió una golpiza.

El grupo criminal lo liberó, luego de que fuera obligado a firmar ante Guillermo Narváez, Notario Público 28 del municipio de Centro, el traspaso del 40 por ciento de las acciones de la empresa gasolinera, a uno de sus secuestradores.

Martínez Armengol promovió una demanda para recuperar su gasolinera y cuando consiguió el fallo a favor, la SSPC estatal se negó a desalojar a los ocupantes. Según lo informó el diario Reforma, Bermúdez Requena le pidió que le diera el 50 por ciento de la empresa, si quería recuperar la estación.

En esta causa penal con número 213/2025, el 18 de febrero de 2025, el juez Brown Ruiz ordenó la aprehensión de Bermúdez Requena, así como de Eduardo Vázquez Orellana, alias “El Menchito” o “El Blin Blin” y el abogado Manuel de Atocha Romero, estos dos últimos supuestos secuestradores de Martínez Armengol.

El 28 de febrero de 2025, diez días después de que se ordenara la aprehensión de Bermúdez Requena y sus dos presuntos cómplices, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Ejército aseguraron la gasolinera que le fue despojada al empresario.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Se castigará la corrupción "sin importar jerarquías": Rosa Icela ante Diputados

La comparecencia de Rosa Icela ocurre tras la detención de Hnaciernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López, señalado de liderar "La Barredora", grupo criminal responsable de la violencia en la entidad.

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó este martes que hay cero tolerancia a la corrupción y advirtió que se castigará a funcionarios que traicionen la confianza del pueblo de México y cometan delitos sin importar su nivel de jerarquía o nivel económico.
“Habrá castigo y sanción para quien cometa un delito sin importar su nivel jerárquico o su posición económica”, sentenció la Secretaria, al comparecer en la Cámara de Diputados en el marco del primer informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La declaración ocurrió luego de que Rosa Icela Rodríguez destacara la reducción del 25 por ciento de homicidios durante 11 meses en el actual Gobierno. “Nuestras instituciones son fuertes y hay la voluntad política para garantizar, cero impunidad a quienes traicionen la confianza del pueblo”, compartió y detalló que se impulsa una estrategia nacional de seguridad basada en cuatro ejes rectores: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y la coordinación total en el Gabinete de Seguridad con las entidades federativas.

La comparecencia de Rosa Icela ocurre tras la detención caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López, señalado de liderar "La Barredora", grupo criminal responsable de la violencia en la entidad, así como de la investigación por una red de "huachicol fiscal" destapada por el Gobierno Federal en la que están involucrados empresarios, funcionarios públicos y elementos de la Secretaría de Marina.

Luego de rendir protesta, la Secretaria de Gobernación reconoció que existen retos importantes “y claro que hay desafíos, pero México es grande y está en paz. Desde esta tribuna reafirmamos que en México no hay perseguidos políticos, pero tampoco hay margen para la impunidad. Aquí no hay represión ni censura y esta dependencia es garante de derechos, mediadora en conflictos, y constructora de paz", sostuvo.

Con el programa “Sí al desarme, Sí a la Paz”, comentó que se han recabado y destruido cinco mil 515 armas de fuego, y 639 granadas, así como cargadores, cartuchos, y estopines. Además, se han intercambiado cinco mil 487 juguetes bélicos por didácticos.

Sostuvo que mientras el mundo enfrenta incertidumbre y tensiones, “nuestra Nación se distingue por la solidez y estabilidad de su economía. A la par subrayó que México cambió y se transforma para bien, por lo que hoy cuenta con una moneda fuerte, que lejos de devaluarse, se aprecia respecto al dólar.

La inversión extranjera directa, añadió, alcanzó un récord de 34 mil millones de dólares en la primera mitad de 2025, un incremento del 10 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024. En tanto, el sector turístico superó expectativas con ingresos por más de 32 mil millones de dólares en 2024, un 7.4 por ciento más que en 2023. "Y actualmente somos el sexto país más visitado del mundo", puntualizó.

Resaltó que en este primer año de Gobierno se atendieron más de dos mil 900 controversias y movilizaciones sociales a nivel nacional. Se respondieron tres mil 371 peticiones ciudadanas y se instalaron mesas de concertación para resolver problemáticas en las entidades federativas.

Aseguró que con el Gobierno de Estados Unidos se mantiene el diálogo como el fundamento de la relación y la base para una cooperación efectiva en materia de migración y seguridad, bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua y responsabilidad compartida.

Ante la política migratoria de ese país, se instruyó la puesta en marcha de la estrategia “México Te Abraza”, con la participación de 34 dependencias para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de nuestros connacionales repatriados y más de 99 mil personas han sido recibidas con calidez otorgando más de quinientos sesenta y cuatro mil servicios, subrayó.

La funcionaria hizo notar que los jóvenes hoy reciben apoyos y servicios de los programas de bienestar; se han creado 566 consejos y comités de paz, a través de los cuales la ciudadanía organizada recupera espacios públicos. Además, se promueve la participación social a través de las consultas indígenas.

También, comentó, se garantiza el pleno ejercicio de la libertad de culto. Y en el marco de la política de derechos humanos, se asumió la responsabilidad histórica con la verdad y la justicia, y se ofreció una disculpa pública a las víctimas y sus familias por los actos de violencia cometidos el dos de octubre de 1968. "Se tiene el compromiso con la verdad y la justicia en el caso de Ayotzinapa y se ha reforzado la capacidad de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas", indicó la Secretaria.

“El Gobierno de México reitera su compromiso con la división de los tres poderes, y con el fortalecimiento del Estado de derecho”, enfatizó.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Academia Mexicana de Ciencias Penales rechaza reforma al Ley de Amparo

La propuesta implica poner en el centro de la ley a la autoridad y no a la ciudadanía, dice la postura firmada por Miguel Ontiveros Alonso.

La Academia Mexicana de Ciencias Penales afirmó que la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, desprotege a las personas físicas y jurídicas frente al poder del Estado.

En un comunicado firmado por el presidente de la Academia, Miguel Ontiveros Alonso, la organización expresó su “profunda preocupación y rechazo a la iniciativa”.

Argumentó que la propuesta implica poner en el centro de la ley a la autoridad y no a la ciudadanía, además de que facilita el incumplimiento de sentencias.

La Academia Mexicana de Ciencias Penales exhortó a convocar un parlamento abierto para exponer lo que consideró las principales deficiencias de la iniciativa: cumplimiento de sentencias, suspensión penal e interés legítimo.

La postura de la Academia Mexicana de Ciencias Penales:

En relación con la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, que desprotege a las personas humanas y jurídicas frente al poder e instituciones del Estado, la Academia Mexicana de Ciencias Penales expresa su profunda preocupación y rechazo a la iniciativa de referencia.

Lo anterior obedece no sólo a los diversos condicionamientos para el otorgamiento de suspensiones, sino también porque coloca en el centro de la ley a la autoridad y no a la ciudadanía como debe ser en el Estado social y democrático de derecho.

Así mismo, porque facilita el incumplimiento de sentencias, vulnerando de esta forma tratados internacionales de los que México es parte, dejando en estado de indefensión a las personas gobernadas frente a la autoridad, mientras al mismo tiempo pone en la mira a las personas jurídicas, con especial referencia al ámbito fiscal.

Con base en lo anterior, respetuosamente exhortamos al poder legislativo a debatir la iniciativa en el marco de un parlamento abierto en el que, entre otras dimensiones, se analicen los siguientes tres rubros que consideramos de urgente análisis, atención y modificación:


1. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS

La obligación relativa a que el juez tome en cuenta las atribuciones y facultades de las autoridades responsables previo a requerir el cumplimiento es plausible, pero la posibilidad de que éstas aleguen imposibilidad material o jurídica de cumplimiento -sin consecuencias- debilita la posición de la ciudadanía, al punto de eliminar la fuerza del amparo más allá de una victoria simbólica, especialmente en casos de derechos humanos de segunda y tercera generación.

Es crucial exigir prueba suficiente de la imposibilidad, planes de cumplimiento alternativo y seguimiento judicial estricto para evitar que la sentencia quede sin ejecución.

Además, es cuestionable que las sanciones económicas para los titulares de las autoridades responsables se trasladen hacia la institución que representan -afectando así al erario público-, ya que ello puede favorecer la impunidad del desacato a la sentencia de amparo al señalar que la multa se deberá imponer al órgano y no a la correspondiente persona física titular.

2. SUSPENSIÓN PENAL

El espíritu del sistema de justicia penal acusatorio es que la orden de aprehensión sea un medio de conducción de la persona imputada al proceso -estrictamente excepcional- y limitado a casos de acreditación de una extrema necesidad de cautela, lo mismo que la prisión preventiva.

Es decir, que no debiera librarse orden de aprehensión ni ordenarse prisión preventiva sino en casos en que la persona implicada represente un grave riesgo para la sociedad, la víctima, la prueba, los testigos o un riesgo de fuga.

Sin embargo, no se desconoce el abuso que ha existido de la orden de aprehensión y la prisión preventiva como instrumentos de extorsión, coacción, acoso judicial y persecución política.

Por lo tanto, se sugiere permitir efectos suspensionales que eviten la detención en casos en los que la parte quejosa argumente y acredite -con cierta verosimilitud- que la orden de aprehensión o su inminente ejecución cumplen propósitos precisamente de este orden.

No es ajeno un test de este tipo en materia de asilo político, así como por parte de la Comisión de Control de los Ficheros de la INTERPOL. Se realiza un análisis ponderado de las razones políticas y jurídicas de una persecución para determinar la preponderancia de unas u otras y, en consecuencia, otorgar o negar el asilo político, o bien, cancelar o mantener una Ficha Roja.

Se sugiere un texto apegado a este razonamiento que, por ende, elimine, además, la distinción de los efectos suspensionales para delitos de prisión preventiva oficiosa y de otros que no lo son. Así mismo, que en cualquier caso permita efectos incluso restitutorios de la libertad cuando se trate de órdenes de aprehensión o medidas cautelares respecto de las cuales la parte quejosa acredite, mediante argumentos y elementos verosímiles, que éstas responden a fines de persecución política, extorsión, acoso judicial u otras formas de instrumentalización indebida del sistema de justicia.

Lo anterior, siempre que la autoridad responsable no justifique ni aporte elementos suficientes que acrediten la necesidad de cautela por riesgo real para la sociedad, la víctima, los testigos, la prueba o peligro de fuga de tal magnitud que ninguna otra medida cautelar, o medio de conducción, resulte idóneo para garantizar la comparecencia de la persona imputada y la protección de los derechos de terceros.

3. INTERES LEGÍTIMO

La precisión de que la lesión debe ser real, actual y diferenciada puede cerrar el acceso a la justicia en casos de afectaciones colectivas, potenciales o de riesgo inminente (por ejemplo: medio ambiente, salud pública o corrupción).

Se corre el riesgo de que los jueces exijan una acreditación probatoria demasiado robusta en etapa inicial. Sería recomendable incluir una cláusula de interpretación pro persona y permitir que la verosimilitud del daño, o la amenaza inminente, sean suficientes para acreditar el interés legítimo.

Si bien la propuesta pareciera que busca una positivización del criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS), en realidad, la jurisprudencia vigente permite que el beneficio sea actual o futuro, pero cierto, mientras que el nuevo párrafo parece eliminar expresamente el componente de futuro, al hablar únicamente de lesión “real, actual” y de beneficio “cierto, directo”.

Esto endurece la procedencia del amparo y cierra la puerta a supuestos de afectación inminente pero todavía no consumada.

Además, el texto de la reforma parece exigir que el quejoso acredite de manera robusta que el beneficio es cierto y directo, lo que podría dificultar casos de protección preventiva. La jurisprudencia, en efecto, es más flexible: basta con que exista una “relación razonable” entre el acto y la afectación, sin requerir certeza plena desde el inicio.

Además, la SCJN reconoce que el interés legítimo puede concurrir con intereses colectivos o difusos. El nuevo párrafo, al enfatizar la individualización de la lesión y el beneficio directo, podría interpretarse como un acotamiento de la procedencia del amparo en defensa de intereses colectivos, salvo que el promovente acredite un perjuicio personal y diferenciado. Sería deseable una definición más amplia del interés legítimo que permita el amparo como arena de litigio estratégico para la tutela constitucional de los derechos humanos.

Una ampliación del interés legítimo para acudir al juicio de amparo está en armonía con la defensa de intereses colectivos: de los pueblos indígenas por lo que hace a la propiedad intelectual, el medio ambiente, la cultura y otros ámbitos; de la comunidad LGBTTTIQ+ en cuanto a su derecho a una vida libre de discriminación y violencia, su participación activa en democracia, su derecho de acceso a la salud, entre otros; la movilidad y el transporte, el combate a la corrupción desde la sociedad civil, entre otras áreas de desarrollo de derechos humanos de tercera generación.

De conformidad con los estatutos que rigen a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, esta organización tiene por objeto -entre otros rubros-, colaborar con los órganos del Estado, brindar asistencia jurídica a sus dependencias y apoyar en el marco de la defensa y promoción de los derechos humanos, con especial referencia a los ámbitos de la justicia penal y la seguridad pública.

Por ello, manifiesta su disposición para colaborar en el diseño de una reforma justa y digna del Estado Constitucional.

ENTREVISTA:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Atacan camioneta en la que viajaba la nieta de Rubén Rocha; fue intento de robo, dice gobernador

Eneyda Rocha, hija del gobernador y presidenta del DIF estatal, agradeció la protección que recibió su hija por parte de la policía.

Civiles armados atacaron una camioneta custodiada por elementos de la policía de Sinaloa, en la que viajaba la nieta del gobernador Rubén Rocha Moya.

Dos agentes de la policía estatal viajaban en el vehículo cuando fueron baleados en el bulevar Jesús Kumate, informó Río Doce.

Uno de los elementos resultó herido de bala, mientras que otro presenta heridas por esquilar de bala.

La camioneta Jeep blanca y un autobús que pasaba por la zona registraron impactos de bala. La Secretaría de Seguridad estatal informó que los pasajeros del autobús resultaron ilesos.

Fotos de Noroeste indican que la Jeep presenta impactos de bala en el parabrisas y en el vidrio trasero.

Se trata de la camioneta asignada a Eneyda Rocha, hija del gobernador y presidenta del DIF estatal. La funcionaria agradeció la protección que recibió su hija por parte de los elementos:
Respecto al intento de despojo de la camioneta en el que viajaba mi hija y resultó ilesa, agradezco de corazón la labor de los elementos de la SSP Sinaloa que intervinieron y hoy reciben atención médica. A ellos y sus familias, todo mi reconocimiento y solidaridad. Gracias.
El propio gobernador Rubén Rocha informó en redes sociales que fue un intento de despojo de la camioneta, uno de los delitos que más se ha recrudecido en el estado con la guerra de facciones del Cártel de Sinaloa durante el último año, desde la captura en Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada y de Joaquín Guzmán López, uno de los hijo de “El Chapo” Guzmán.

Aclaró que en la camioneta viajaba su nieta, quien resultó ilesa.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La disculpa pública de Garduño, a 30 meses de la muerte de 40 migrantes y desde la Ciudad de México

A dos años y medio del incendio provocado en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Francisco Garduño Yánez, excomisionado del INM, llevará a cabo el acto de disculpa al que está obligado por esa tragedia en la que murieron 40 migrantes encerrados bajo llave

La disculpa pública que Francisco Garduño Yánez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), debe ofrecer a las víctimas del incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, se anunció para este viernes 26 de septiembre, es decir, 30 meses después de la tragedia en la que murieron 40 migrantes extranjeros encerrados bajo llave.

Esta es la cuarta fecha que se maneja del acto que Garduño está obligado a llevar a cabo para ofrecer disculpas a familias de fallecidos y a sobrevivientes, como lo estableció el juez que le concedió la suspensión condicional del proceso penal por esa tragedia migrante ocurrida el 27 de marzo de 2023.

El pasado 24 de enero se le fijo un plazo de 30 días para ofrecer la disculpa pública, pero su defensa logró que se le ampliara ese plazo. Luego el exfuncionario federal anunció el 16 de abril como nueva fecha para llevar a cabo el acto, aunque unos días después se reagendó para el pasado 2 de mayo, pero un día antes Garduño dejó su cargo como comisionado del INM y la ceremonia no se llevó a cabo.

Ahora las organizaciones acompañantes de 17 familias de víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, fallecidos y sobrevivientes, anunciaron que la disculpa pública será este 26 de septiembre, en la Ciudad de México, a más de mil kilómetros de donde se registró la tragedia.

“Derivado de las condiciones establecidas por el juez para otorgar la suspensión condicional del proceso penal por el cual se encuentra vinculado el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco G. Y., este viernes 26 de septiembre se realizará un acto de Disculpa Pública en el Museo de la Ciudad de México”, informó Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), organización que trabaja por los derechos de las personas migrantes y una de las acompañantes de víctimas directas e indirectas de esta tragedia migrante.

La disculpa se dirigirá hacia las familias de los 40 fallecidos, así como a los 27 sobrevivientes del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, explicó.

Se prevé que en el acto, el imputado escuche la réplica de personas sobrevivientes y familiares de los fallecidos presentes, aunque alguno de ellos estarán también vía remota.

Garduño Yáñez está vinculado a proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público por su presunta responsabilidad en una serie de omisiones que provocaron un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez la noche del 27 de marzo del 2023, hecho que causó la muerte de 40 extranjeros y lesiones a otros 27 hombres.

En la audiencia de enero pasado, el juez Víctor Manlio Hernández Calderón le ‘congeló’ el proceso en su contra a cambio de  que:

*Haga una disculpa pública a las víctimas en coordinación con los asesores de los ofendidos.

*Continúe viviendo en el domicilio que reportó al juzgado, ubicado en la Ciudad de México.

*Supervise los fideicomisos, que incluyen atención médica, psicológica y tanatológica.

*En un plazo máximo de un mes entregue los cheques que faltan a las víctimas, en presencia de sus representantes legales.

*Durante seis meses tome cursos en materia de Derechos Humanos y protección civil y haga llegar las constancias al juzgado

*Una vez cada tres meses visite los centros de detención donde estén detenidas personas migrantes para que verifique que cuenten con las medidas de protección civil necesarias y el respeto a la garantías, derechos humanos y seguridad; y envíe un informe trimestral al juzgado.

Si da cumplimiento a este fallo, la resolución tendrá efectos de una sentencia absolutoria de los cargos en su contra por esta tragedia en el que más personas migrantes bajo el resguardo de las autoridades han perdido la vida en México.

Garduño Yáñez dejó el cargo de comisionado del INM el pasado 1 de mayo, desde ese día asumió Sergio Salomón Céspedes, exgobernador de Puebla.

FUENTE: LA VERDAD JÁREZ.
AUTOR: REDACCIÓN.

Personas con más educación tienen más desempleo en México: OCDE

En México, adultos jóvenes, de 25 a 34 años, con mayor grado de estudios registran tasas de desempleo superiores a aquellos con menor preparación académica, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Los jóvenes con licenciatura tuvieron una tasa de desempleo de 4.3 por ciento, en contraste con la de aquellos con bachillerato de 3.6 por ciento, y los que tuvieron educación secundaria con una tasa de 2.7 por ciento.

La tendencia observada en México difiere de lo reportado por el resto de los países de la OCDE, donde jóvenes con más preparación académica tuvieron una tasa de desempleo de 6.9 por ciento, mientras la tasa de quienes tuvieron educación secundaria fue de 12.9 por ciento en promedio.

Por otro lado, la brecha salarial entre trabajadores con y sin logro educativo de bachillerato es de 19 por ciento en México; un dato mayor al promedio de la OCDE.

“Esto sugiere una distribución salarial generalmente más dispersa por logro educativo en México, lo que puede indicar mayores retornos relativos a la educación, pero también un mayor nivel de desigualdad de ingresos en comparación con el promedio de la OCDE”, señala el informe Panorama de la Educación 2025.

El Informe también revela que en nuestro país sólo 2 por ciento de las personas entre 25 y 34 años tiene una maestría o título equivalente. Una cifra muy por debajo del promedio de la OCDE del 16 por ciento, con todo y que en México hubo un aumento desde 2019.

En cuanto a los recursos invertidos en educación, el informe destaca que México invirtió 2 mil 790 dólares por estudiante desde la educación primaria hasta el bachillerato, ubicándose como el segundo país con menos recursos invertidos, sólo detrás de Perú. En contraste, Luxemburgo y Corea son las naciones que invierten más dinero a educación.

Si se mide el gasto en educación respecto al Producto Interno Bruto (PIB), México tuvo una inversión en educación, desde primaria hasta bachillerato, de 4.3 por ciento; una cifra inferior al promedio de la OCDE del 4.7 por ciento.

El gasto público en educación superior, incluyendo investigación y desarrollo hecho por México fue de 4 mil 430 dólares; también menor al promedio de países de la OCDE, de 15 mil 102 dólares por estudiante.

En general, los países de la OCDE disminuyeron el gasto público en educación. En México el presupuesto público a educación se redujo de 15.8 por ciento a 13.2 por ciento, de 2015 a 2022, señala el estudio.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JULIETA ARAGÓN.

La actividad económica en México retrocedió 0.9% mensual y 1.2% anual en julio: Inegi

La mayor caída se registró en las actividades primarias, que agrupan agricultura y ganadería, con un desplome de 3.0 por ciento en el mes y de 12.2 por ciento respecto al año pasado.

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) descendió 0.9 por ciento en julio de 2025 respecto a junio, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). A tasa anual, el indicador cayó 1.2 por ciento, lo que muestra una desaceleración en el desempeño de la actividad económica.

Con este resultado, el IGAE, que permite dar seguimiento a la evolución de la actividad económica en el corto plazo, se ubicó en 104.5 puntos, con cifras desestacionalizadas.

Por componentes, las actividades primarias -agricultura y la ganadería- se desplomaron 3.0 por ciento mensual y 12.2 por ciento anual, su mayor baja desde la crisis sanitaria de 2020.
Las actividades secundarias, que agrupan a la minería, la construcción y las manufacturas, retrocedieron 1.2 por ciento frente al mes previo y 2.8 por ciento en su comparación anual.

Las actividades terciarias, que incluyen servicios y comercio, también cayeron 0.4 por ciento en julio, aunque lograron un crecimiento anual de 0.4 por ciento.

Dentro de la industria, las manufacturas retrocedieron 1.6 por ciento mensual; la construcción, 1.2 por ciento; y la generación de electricidad, agua y gas, 0.1 por ciento. Sólo la minería reportó un avance mensual de 1.9 por ciento, aunque anualmente sigue 5.9 por ciento abajo.

En los servicios, el comercio al por menor creció 4.4 por ciento anual, pero el comercio mayorista cayó 6.7 por ciento. Otros rubros, como los servicios profesionales, científicos y técnicos, avanzaron 12.7 por ciento anual y los de apoyo a negocios subieron 17 por ciento.

Los datos muestran que la actividad económica se frenó, sobre todo por la fuerte caída del campo y la menor fuerza de la industria. El Inegi publicará las cifras de agosto el 22 de octubre.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum ofrece ir a fondo en el asesinato en México de los dos músicos colombianos

Tras lo señalamientos de Gustavo Petro acerca de que la Presidenta Sheinbaum formó parte de la organización guerrillera M-19, la mandataria dijo que no entraría en debate con su homólogo de Colombia.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prometió este martes que se llevará a cabo una investigación exhaustiva tras el asesinato de los cantantes colombianos B-King y Regio Clown, además de que descartó que este caso pueda afectar la relación entre México y Colombia.
"La carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato, la Fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, hizo todas las alertas y un tiempo después lamentablemente se encontraron dos cuerpos [...] No tiene por qué afectar [la relación con Colombia]", apuntó la mandataria durante su conferencia matutina.
La Jefa del Ejecutivo mencionó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CdMx) y el propio Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, encabezado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, serán quienes brinden más información sobre el caso.


Agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya se puso en contacto con el Gobierno de Colombia para informarles sobre el avance en las investigaciones acerca del asesinato de los cantantes B-King y Regio Clown, quienes desaparecieron en la CdMx y posteriormente sus restos fueron hallados en el Estado de México.

Por otra parte, ante los señalamientos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, acerca de que Sheinbaum supuestamente es una exintegrante de la organización guerrillera M-19, la Presidenta negó tal acusación y dijo que prefiere no entrar en una polémica con su homólogo colombiano.
"No voy a entrar a debate con el Presidente Petro. Yo creo que es un lamentable episodio. Tiene que hacerse la investigación a fondo y por supuesto la relación diplomática que tiene que haber con Colombia", declaró.
Fiscalía de CdMx abre investigación por asesinato de músicos colombianos

La Fiscalía de la CdMx informó que abrió una investigación a raíz de que se reportó la desaparición de los músicos de origen colombiano, Bayron Sánchez Salazar de 31 años, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos de 35, Regio Clown, quienes perdieron contacto con sus familias el 16 de septiembre de 2025.

A raíz de dicha indagatoria, autoridades mexicanas pudieron confirmar que los cuerpos de dos hombres localizados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, correspondían a los restos de los artistas desaparecidos.

La dependencia detalló que, el lunes 22 de septiembre familiares de Bayron Sánchez Salazar se presentaron en las oficinas de la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la fiscalía General de Justicia del Estado de México para reconocer los restos de B-King.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

Empleados del Gobierno de Puebla relataron a SinEmbargo que desde el Poder Ejecutivo de esa entidad se les exhortó a que dejaran comentarios positivos en las publicaciones de las redes sociales del Gobernador Alejandro Armenta, con el propósito de inflar la imagen del mandatario.

Trabajadores del Gobierno de Puebla denunciaron que están siendo víctimas de ciberacoso por parte de la Administración de Alejandro Armenta, la cual les ordenó dejar mensajes positivos en las publicaciones oficiales del Gobernador, para lo cual incluso crearon una aplicación llamada Nódica, la cual vigilaba dicha actividad, misma que fue desactivada luego de que se exhibió esta situación.

Empleados del Gobierno de Puebla relataron a SinEmbargo que desde el Poder Ejecutivo de esa entidad se les exhortó a que dejaran comentarios positivos en las publicaciones de las redes sociales del Gobernador Alejandro Armenta. Primero, este llamado fue “voluntario”, afirmando que el no hacerlo no afectaría su área laboral, pero después con la creación de Nódica, la tarea se convirtió en obligatoria y de vigilancia continua.

Fue el portal e-consulta el que dio a conocer la existencia y propósito de Nódica. Incluso, el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, a través de su cuenta de X, publicó pruebas de que el Gobernador Armenta administraba el sitio, mismo que era utilizado para inflar su imagen en redes sociales. “No deja duda que usan ilegalmente Nódica para inflar las redes del gobernador. Y no solo eso, aquí les demuestro que el mismo gobernador es administrador”, escribió Gómez Villaseñor.
El medio digital dio a conocer los videos que los empleados recibieron en los que se les daba a conocer la forma en la que funcionaba la plataforma, a través de la cual, los burócratas estaban obligados a comprobar si cumplían con la cuota de “activación” –los mensajes que debían publicar en favor del Gobierno poblano– semanal, de acuerdo a un calendario de actividades que la Coordinación General de Comunicación Social del estado creo.

De acuerdo con este cronograma, a cada una de las 82 dependencias estatales que conforman la Administración que encabeza Armenta se le designó tres días a la semana para apoyar las publicaciones que en redes sociales difunde el Gobierno de Puebla. Asimismo, cuando alguna de estas entidades no lleva a cabo esta labor, se publica una lista con el nombre de las entidades evidenciado que no se “activaron” conforme a la designación que se estableció en el calendario.

Los trabajadores afectados expresaron a SinEmbargo que están obligados a cumplir con esta actividad de “apoyo voluntario” por miedo a perder su empleo y que incluso se siente “cercados” ya que les ha impuesto el subir evidencia de su participación “en las publicaciones de las redes sociales del Gobernador Armenta”, tarea que es conocida por algunos como ciberactivismo gubernamental, pero que en realidad se trata de un cibieracoso contra estos empleados burócratas.


El trabajador de una de las dependencias estatales, quien solicitó mantener el anonimato, evidenció cómo desde el Ejecutivo estatal, mediante los mandos medios, principalmente, se dan instrucciones, a través de grupos de WhatsApp, para que los trabajadores dejen mensajes de apoyo en las redes sociales del Gobernador Armenta.
“Mis compañeros y compañeras tienen que estar subiendo las evidencias de manera periódica, básicamente dependiendo de la agenda que tenga el Gobernador. En este escenario, que ya es de por sí complicado, en lugar de estar nuestro trabajo, ahora nuestros superiores, mandos medios sobre todo, y superiores, nos están solicitando que participemos en este tipo de activaciones de las redes del Gobernador, cosa que es obscena, es insultante”, dijo.
“Para los que somos de izquierda es una pena ver cómo toda esta gente que llegó de la 4T improvisada al Gobierno del estado no ha hecho más que recurrir a estar prácticas priistas de la vieja política”, agregó el trabajador, quien enfatizó que muchos empleados han sido obligados a “participar en grupos de WhatsApp”, en los cuales “hay mucha gente”, quienes “tienen que subir las evidencias” [los mensajes de apoyo en redes sociales en favor de Armenta*.


La información de e-consulta señala que la creación de Nódica fue idea de Fansel Miroslava Pastor Betancourt, directora de Monitoreo y Redes Sociales del Gobierno de Puebla y promotora de la activación digital, quien justificó que la plataforma era usada para monitorear y atender situaciones de riesgo para la población, pese a que las pruebas periodísticas muestran que con la App se obligaba a los trabajadores estatales a dejar mensajes positivos en favor de Armenta.

Por su parte, en respuesta a los señalamientos del periodista Gómez Villaseñor, José Tomé Cabrera, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno de Puebla, aseguró que Nódica fue una herramienta que no tuvo costo para la administración estatal, misma que fue dada de baja desde el pasado viernes cuando se evidenció dicha actividad. “Muestra el contrato. No existe porque es una herramienta que para nosotros no tuvo costo. ¿Qué parte no entiendes que no se puede acusar en falso?”, dijo Tomé en su cuenta de X.
El GobernadorArmenta Mier suma ya varias polémicas en nueve meses de administración. Antes fue señalado por agresiones a periodistas y medios de comunicación locales, a los cuales se sumó la “Ley Censura”, con la que su gobierno buscaba blindarse frente a la crítica ciudadana.

Oriundo de Izúcar de Matamoros, Puebla, Armenta inició su carrera política a los 23 años cuando fue elegido por plebiscito para Presidente municipal de Acatzingo de Hidalgo. Posteriormente, fue Diputado local de 2002 a 2005, en la segunda mitad del sexenio del Gobernador priista Melquíades Morales.

En el gobierno de Mario Marín (2005-2011) fungió como director del DIF Estatal, Secretario de Desarrollo Social y en 2010 se convirtió en dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde le tocó la designación de los candidatos para la gubernatura, alcaldías y diputaciones.

En 2015 fue designado como Diputado federal por el PRI en el Distrito 7 de Tepeaca; y en 2017 acudió a un evento organizado por Morena en contra de la corrupción, por lo que el PRI decidió suspender temporalmente su militancia al considerar que había asistido a un evento partidista de otro órgano político.

En respuesta, Armenta anunció su renuncia al PRI y su incorporación a la militancia de Morena en abril de 2017. Rápidamente, en las elecciones de 2018 fue elegido como Senador por el partido guinda y, desde entonces, ha ocupado importantes puestos. En la Cámara alta, lo logró con el apoyo de Ricardo Monreal.

Al inicio del Segundo año legislativo de la LXV legislatura y después de tres votaciones, fue electo como Presidente de la Mesa Directiva del Senado para el período 2022-2023, él era el candidato de Monreal y en ese periodo quedó exhibida una ruptura dentro de la bancada morenista, pues poco menos de la mitad rechazaban la llegada de alguien cercano a Ricardo.

Y en 2024 se convirtió en el candidato al gobierno de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia; es el gobernador poblano desde el 14 de diciembre de ese año.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: NORA GASPAR RESÉNDIZ.

Monreal defiende blindaje a los datos patrimoniales de Bermúdez Requena

Ante la decisión del gobierno tabasqueño de reservar por cinco años las declaraciones patrimoniales de Hernán Bermúdez Requena, el coordinador morenista está de acuerdo para proteger las investigaciones.

El morenista Ricardo Monreal se maniestó de acuerdo en el argumento de las autoridades de Tabasco para negar los datos patrimoniales de Hernán Bermúdez Requena debido a la investigación de la que es objeto. 

Sin embargo, aseguró que toda la información se dará a conocer en un futuro. 

“No es para ocultar, no, no, nada de eso. Todo va a darse a conocer en su momento cuando ya el juez penal determine lo que corresponde”.

En medio de la polémica por la decisión del gobierno de Tabasco de reservar por cinco años las declaraciones patrimoniales de Hernán Bermúdez Requena, como publicó este día El Universal, el senador Ricardo Monreal pidió calma y defendió la medida al señalar que se trata de un procedimiento legal para no entorpecer las investigaciones judiciales en curso sobre el presunto líder de La Barredora capturado el 12 de septiembre en Paraguay y actualmente recluido en El Altiplano.
“La discrecionalidad y la secrecía con la que se debe manejar cualquier investigación y cualquier carpeta o indagatoria en materia penal debe tener esa naturaleza (…) como en todas las averiguaciones”, declaró Monreal este 23 de septiembre, al ser cuestionado sobre el blindaje que rodea la información patrimonial de Bermúdez.

El legislador subrayó que la reserva de datos no implica encubrimiento, sino respeto al debido proceso: “La secrecía es una disposición de carácter legal para que no se altere el principio de legalidad, pero se va a dar a conocer todo y todos los que resulten responsables de esta trama y de esta red criminal, pues se van a tener que someter a proceso penal en su momento, así que no se preocupen. Toda investigación, toda carpeta, toda indagatoria tiene que tener el carácter de secrecía”.

Añadió: “No es para ocultar, no, no, nada de eso. Todo va a darse a conocer en su momento cuando ya el juez penal determine lo que corresponde”.


BLINDAJE LEGAL HASTA EL 2030

De acuerdo con una investigación publicada por El Universal, la declaración patrimonial de Bermúdez Requena fue clasificada como información reservada por un período de cinco años, lo que significa que no podrá ser consultada públicamente hasta agosto de 2030.

La medida se formalizó en un expediente inicial (SSyPC/CT/RES/023/2024, fechado el 9 de abril de 2024) por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. Posteriormente, fue ratificada por el Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado, en respuesta a una solicitud de acceso a la información hecha precisamente por El Universal.

En su resolución, los integrantes del comité argumentaron que dar a conocer los bienes de Bermúdez podría entorpecer las investigaciones judiciales y comprometer tanto la integridad física del exfuncionario como la seguridad pública en general.

El dictamen señala que revelar la información solicitada podría representar un “perjuicio real”, al comprometer tanto a quienes participan en las indagatorias como a las instituciones de seguridad encargadas del caso.

En un comunicado, la Secretaría Anticorrupción del estado advirtió que, de hacerse pública la declaración patrimonial de Bermúdez Requena, ésta “estaría sujeta al mal manejo de los datos que pueden comprometer las actividades que la institución de seguridad pública implemente”.

En julio pasado, El Universal ya había documentado que el Comité de Transparencia de la SSyPC había clasificado inicialmente la información patrimonial de Bermúdez, conocido presuntamente como “el Comandante H”, bajo el argumento de que su vida correría riesgo si se difundieran sus bienes.

La nueva resolución refuerza ese blindaje, dejando claro que no habrá acceso público a los documentos sino hasta dentro de cinco años.

Ahora bajo la idea  de que se debe proteger la integridad del caso y de Bermúdez Requena, no  es posible conocer los datos patrimoniales de quien podría estar fuertemente liado al grupo de la Barredora y a era cercano al morenista Adán Augusto.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.