La Fiscalía de Chihuahua informó que fueron identificados plenamente seis de los 383 cuerpos hallados en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló este martes que en el crematorio Plenitud, donde fueron hallados 383 cuerpos apilados, se entregaban cenizas que no correspondían a restos humanos, y en varios casos, incluso se dieron cenizas de animales.
“Se sabe que a veces entregaban cenizas que no correspondían ni a los familiares, y en muchas ocasiones ni siquiera a cuerpos humanos, sino a restos de animales”, informó durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Al ser cuestionado sobre si el Gobierno federal asumiría la investigación del caso, García Harfuch aclaró que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua es la que está a cargo de las indagatorias.
“El caso lo tiene totalmente la Fiscalía de Chihuahua. Lo que sabemos es que tienen a dos personas detenidas. Están en la investigación y en el proceso de la identificación de cuerpos”, puntualizó.
Fiscalía de Chihuahua avanza en la identificación de cuerpos
El Fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, dio a conocer que la dependencia estatal logró la identificación preliminar de 27 de los 383 cuerpos que fueron hallados en el crematorio Plenitud, además de que pudo identificar plenamente los restos de seis personas, por lo que ya busca a sus familias para su entrega.
El funcionario detalló que se identificaron varios de los cadáveres gracias a que algunos aún portaban las pulseras con su nombre que les fueron colocadas en hospitales.
Por su parte, el director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Javier Sánchez Herrera, precisó que de los 383 cuerpos hallados en el crematorio, 218 corresponden a hombres, 149 a mujeres y que en 16 casos no se pudo determinar el sexo; entre los restos se identificaron a cuatro menores de edad, de los cuales dos eran recién nacidos.
La Fiscalía de Chihuahua dio a conocer que ha brindado atención a cerca de 700 personas que acudieron ante la dependencia para solicitar información sobre el caso, esto al sospechar que sus familiares podrían estar entre los cadáveres hallados.
Cabe mencionar que a raíz de este caso fueron detenidos y vinculados a proceso el propietario del crematorio Plenitud, identificado como José Luis A. C., y un empleado de nombre Facundo M. R.; ambos fueron señalados por su probable responsabilidad en los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres.
Es autor del libro "Mayra, su vida terminó, su historia comenzó", en el que vinculó al exgobernador Félix González Canto con un crimen ocurrido en la isla.
El cuerpo sin vida del periodista Melvin García, de 57 años, fue localizado este lunes en un cuarto de renta ubicado en la colonia Adolfo López Mateos, en Cozumel, Quintana Roo.
De acuerdo con reportes preliminares, vecinos alertaron a las autoridades tras percibir olores fétidos provenientes del lugar.
El hallazgo ocurrió en un inmueble situado sobre la avenida 45, entre calle 3 Sur y Adolfo Rosado Salas.
Elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio, donde confirmaron la presencia del cadáver, ya en estado avanzado de descomposición.
Según los primeros informes, García habría muerto por ahorcamiento, aunque las autoridades aclararon que la investigación sigue en curso y no se descarta ninguna línea, incluida la posibilidad de un homicidio.
Melvin García fue periodista en Cozumel y Mérida, Yucatán, actualmente se encontraba laborando como comisionista.
Es autor del libro “Mayra, su vida terminó, su historia comenzó”, en el que vinculó al exgobernador Félix González Canto con un crimen ocurrido en la isla.
Tras la publicación, denunció persecución política y se alejó del municipio por varios años, y según medios, regresó a Cozumel hace apenas unos meses.
La zona del hallazgo fue acordonada, y peritos continúan con las diligencias para esclarecer los hechos.
La Fiscalía aún no ha emitido información oficial sobre la causa del deceso.
'También son responsables", colectivos señalan a autoridades por masacre en Hermosillo y exigen acciones contundentes contra la violencia hacia las mujeres.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y decenas de organizaciones civiles exigieron justicia por el feminicidio de una mujer y sus tres hijas, cuyos cuerpos fueron hallados entre el 4 y 5 de julio en Hermosillo, Sonora.
También, acusaron a las autoridades de omisión ante la creciente violencia contra mujeres y niñas en el estado.
“¡Basta de impunidad! Exigimos justicia por las niñas y mujeres asesinadas en Hermosillo”, señalaron en un pronunciamiento público, en el que expresaron “indignación, dolor y rabia” ante la falta de respuesta de los gobiernos estatal y municipal.
Gobernador, presidente municipal: no traten de engañarnos.
De acuerdo con el comunicado, los cuerpos de tres niñas hermanas fueron hallados el 5 de julio “bajo un árbol, abrazadas y ejecutadas por arma de fuego”; un día antes, el 4 de julio, fue localizado el cuerpo de su madre.
“Esta masacre coloca al estado de Sonora en la categoría de una sociedad sin ley, sin reglas, sin autoridades que cumplan el mandato constitucional de garantizar la integridad y seguridad de la sociedad en general, y de las mujeres y niñas en particular”, afirmaron.
Las organizaciones denunciaron que, a pesar de que Sonora cuenta con una Alerta de Violencia de Género en seis municipios, incluida la capital, “este mecanismo no ha sido atendido con la seriedad y el compromiso que requiere”.
Advirtieron que, desde su emisión no se ha presentado “un solo dictamen que evalúe las fallas estructurales en seguridad y justicia para prevenir la violencia feminicida”.
También criticaron que, durante la comparecencia reciente del Estado mexicano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), “no pudo responder cómo garantizará que los mecanismos de protección de las mujeres y niñas sean efectivos”.
El feminicidio se sigue cometiendo con total impunidad en distintos puntos del estado.
Entre enero y mayo de 2025 se registraron 40 asesinatos de mujeres en Sonora, pero solo cuatro se investigan como feminicidios, “los otros 36 han sido clasificados como homicidios dolosos. Persiste la falta de perspectiva de género en la investigación”, indicaron.
“No es solo responsable quien disparó, quien raptó o quien ejecutó. También lo son quienes no previnieron, quienes no fortalecieron los mecanismos de protección y permitieron que la violencia feminicida avanzara sin freno”, acusaron.
No intenten engañarnos. No son solo las familias ni los grupos criminales. También son ustedes quienes lo permitieron.
Entre las exigencias al gobernador de Sonora y al presidente municipal de Hermosillo, demandaron que “dejen de repartir culpas y asuman su responsabilidad”.
Además, exigen que fortalezcan la Alerta de Violencia de Género con acciones concretas, que se evalúen los resultados; activen protocolos reales de prevención, protección y justicia con perspectiva de género, y rindan cuentas públicamente sobre qué están haciendo para frenar esta masacre.
El comunicado fue firmado por el OCNF, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), así como por más de 50 organizaciones y activistas de todo el país.
Amnistía Internacional denunció las medidas que amenazan la privacidad implementadas en las reformas a leyes en materia de desaparición forzada y la Ley General de Población.
Entre estas medidas se encuentran el acceso irrestricto a datos biométricos y personales y la creación de una CURP biométrica. Advierten que estos datos podrían ser usados indebidamente para vigilancia y control social por parte del Estado o particulares.
Enfatizaron en la exclusión de las familias de personas desaparecidas, ya que las reformas se aprobaron sin parlamento abierto. Esto “debilita su legitimidad y desoye a quienes enfrentan día a día la crisis de desapariciones.”
Exigen al Congreso abrir espacios de diálogo con las familias, ajustar medidas que ponen en riesgo la privacidad y establecer mecanismos reales para enfrentar la impunidad y garantizar justicia.
A continuación el comunicado completo:
El pasado 1 de julio, el Congreso de la Unión aprobó reformas a leyes clave en materia de desaparición forzada y la Ley General de Población.
Aunque hay avances, expresamos nuestra profunda preocupación por diversos puntos. 👇
❌ Las reformas se aprobaron sin parlamento abierto, excluyendo a las familias de personas desaparecidas.
Esta omisión debilita su legitimidad y desoye a quienes enfrentan día a día la crisis de desapariciones.
⚠️ Se introducen medidas que amenazan la privacidad:
🔹 Acceso irrestricto a datos biométricos y personales
🔹 Creación de una CURP biométrica
Estos datos podrían usarse indebidamente para vigilancia y control social por parte del Estado o particulares.
❗ Las reformas no abordan puntos esenciales:
🔸 No enfrentan la crisis forense
🔸 No asignan presupuesto para su implementación
🔸 No tipifican las desapariciones como crímenes de lesa humanidad
🔸 No establecen responsabilidades para mandos superiores
Llamamos al Congreso a:
📢 Abrir espacios de diálogo con las familias
🔐 Ajustar medidas que ponen en riesgo la privacidad
⚖️ Establecer mecanismos reales para enfrentar la impunidad y garantizar verdad, justicia y reparación.
Se conmemoran cuatro años de la ejecución de Simón Pedro Pérez López, defensor comunitario de derechos humanos, miembro activo de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
La comunidad de Acteal, valora y reconoce la lucha que han dado la madre, padre, hermana y hermano, esposa, hijas e hijos de Simón Pedro al sostener sus voces frente a la violencia contra quienes defienden los derechos humanos.
Afirman que a pesar de la captura del autor material, el caso sigue en impunidad puesto que la Fiscalía General del Estado de Chiapas no agotó todas las líneas de investigación, ni esclareció la responsabilidad de autores intelectuales.
Finalmente, la comunidad le recuerda al Estado mexicano su obligación indeclinable de garantizar los derechos humanos, proteger la integridad y la vida de las personas defensoras, especialmente la de los pueblos originarios.
Marcela Figueroa Franco, titular de la Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó respecto a los avances de seguridad durante los pocos más de nueve meses que van de la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En los datos presentados por la funcionaria federal se señaló a Sinaloa como el estado más violento del país durante junio de 2025 y a Guanajuato con el mayor número de homicidios en lo que iba del año. Sin embargo, se reportó una baja de homicidios a nivel nacional. Respecto al promedio diario de dicho delito, durante mayo de 2025 se registraron un promedio nacional diario de 64.5, mientras que en junio del mismo año hubo 65.6.
Durante el mes de junio de 2025, Sinaloa registró 207 víctimas de homicidio doloso, lo que correspondió al 10.5 por ciento del total nacional, según el reporte presentado por la titular del SESNSP, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
Según el informe presentado por Figueroa Franco, en lo que iba del Gobierno de Sheinbaum Pardo, de junio de 2024 a junio de 2025, el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional tuvo una disminución de 86.9 casos denunciados, a 65.6, lo que representaba un 24.5 por ciento menos.
Asimismo, la funcionaria federal destacó que las 32 fiscalías estatales reportaron una baja en ese delito, lo que convirtió al mes de junio de 2025, en el mes más bajo en la tasa de homicidios desde 2016 y a nivel general, el periodo que iba del 2025, sería el primer semestre del año más bajo en homicidios, desde 2016.
“El primer semestre de 2025 reportó 70.5 homicidios dolosos diarios a nivel nacional, tuvo una baja del 29.9 por ciento a comparación del 2018, año donde se reportaban 100.5 homicidios diarios”, subrayó Figueroa Franco.
Durante el reporte presentado por la funcionaria federal, se reveló que Sinaloa fue el estado con mayor índice de homicidios dolosos y se posicionó en el primero lugar de los siete estados más violentos que concentraron el 54 por ciento de los homicidios, durante junio de 2025.
Según Figueroa Franco, los siete estados más violentos que concentraron más de la mitad de los homicidios nacionales fueron: Sinaloa, con 207; Guanajuato, 171; Baja California, 162; Chihuahua, 160; Estado de México, 133; Michoacán, 119; y, Guerrero, con 110.
Al contrario, en cuanto a los estados con menor índice delictivo a nivel nacional, la titular del SESNSP apuntó que fueron: Yucatán, con 1 homicidio; Durango, con 5; Campeche, con 5; Aguascalientes, con 7; y, Tlaxcala, con 8.
La Ciudad de México se posicionó en la treceava posición entre los estados que reportaron mayor índice de homicidios, con 68 reportes confirmados. Asimismo, Figueroa Franco enfatizó que todos los delitos tuvieron una disminución significativa en México, en comparativa de 2019 con cifras del primer semestre de 2025, sin embargo, la extorsión a nivel nacional tuvo un aumento de 27.7 por ciento.
Según la gráfica presentada por la titular del SESNSP, los delitos que tuvieron una mayor disminución a nivel nacional fueron: secuestro extorsivo, -72.2 por ciento; robo a negocio con violencia, -55.6; robo a transporte con violencia, -52.9; y, robo a casa habitación con violencia, -51 por ciento.
Ante la falta de avances en el caso de los dos fotógrafos muertos durante el Festival Axe Ceremonia, familiares y amigos de las víctimas protestaron a las afueras de la Fiscalía de la Ciudad de México para exigir a las autoridades que se imparta justicia.
Familiares y amigos de Berenice Giles, la fotoperiodista que murió junto a Miguel Ángel Rojas durante el Festival Axe Ceremonia, cuando una grúa cayó sobre ellos, protestaron afuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) para exigir justicia para ambos fotógrafos y que se investigue a todas las empresas encargadas de organizar el evento.
“Queremos que las personas responsables se comprometan a que esto no se repita”, dijo Luis Giles, padre de Berenice, en entrevista para el medio digital Nosotras Tenemos Otros Datos.
Fabián Victoria, abogado de la familia de Berenice Giles, denunció que las autoridades de la Ciudad de México (CdMx) han intentado proteger a la empresa Ocesa, una de las organizadoras del festival, ya que la Fiscalía local tardó tres meses en citarla a declarar y ellos no han sido notificados sobre el día y la hora.
“Hasta el día de hoy no nos ha sido notificado el día y la hora en que esa empresa va a venir a declarar para que nosotros también podamos hacer nuestro interrogatorio como es nuestro derecho como parte de la asesoría legal de las víctimas indirectas”, dijo el abogado al Instituto Mexicano de la Radio (IMER).
Familiares de Berenice Giles también se manifestaron afuera del Teatro Metropolitan. Mientras sostenía un letrero en el que se leía la frase “Ocesa negligente”, uno de los manifestantes expuso que la muerte de ambos fotoperiodistas fue causada por la negligencia de las empresas que organizan y promueven el festival.
La Fiscalía de la Ciudad de México informó desde abril que investiga a cuatro empresas por su posible responsabilidad en la muerte de Berenice y Miguel. La instalación de las grúas no formaba parte del plan de protección civil que el festival presentó a la Alcaldía Miguel Hidalgo.
La minera Grupo Bacis denunció que un grupo armado asaltó un vehículo de la empresa, el cual transportaba 33 toneladas de concentrado de oro y plata, mismas que fueron robadas.
Un audaz asalto perpetrado por un grupo armado dejó a la industria minera mexicana en estado de alerta tras el robo de 33 toneladas de concentrado de oro y plata, propiedad de Grupo Minero Bacis, en la carretera Durango-Manzanillo, cerca de Guadalajara, Jalisco.
El incidente, calificado como “el robo del siglo”, ocurrió el pasado viernes 4 de julio, aunque fue dado a conocer este lunes por la empresa afectada.
De acuerdo con el comunicado oficial de Grupo Minero Bacis, el tractocamión con número económico 104, operado por la empresa Fletes Durango S.A. de C.V., fue interceptado por dos vehículos blancos con cristales polarizados.
Los asaltantes neutralizaron a los guardias de seguridad y sometieron al conductor, privándolos de su libertad durante aproximadamente una hora y media. Tras su liberación, el personal, que no sufrió lesiones, reportó el hecho a la Guardia Nacional en la caseta de Chapala, Jalisco. Aunque el tractocamión fue recuperado, la carga de metales preciosos permanece desaparecida.
El concentrado robado, valuado en varios millones de dólares, tenía como destino el puerto de Manzanillo, Colima, desde donde sería exportado. Grupo Minero Bacis, empresa dedicada a la extracción y comercialización de oro y plata en mercados nacionales e internacionales, lamentó el incidente, destacando que representa un duro golpe a la cadena logística de la industria minera y a los ingresos del país.
La compañía, presidida por José Jaime Gutiérrez Núñez, expresidente de la Cámara Minera Mexicana, suspendió temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de su personal.
Según reportes, las autoridades federales y estatales han iniciado investigaciones, pero hasta el momento no se han reportado detenciones ni avances significativos sobre el paradero de la carga.
Este incidente se suma a otros robos de cargamentos mineros, como el registrado en noviembre de 2023, cuando nueve góndolas con 240 toneladas de concentrado de zinc, cobre, oro y plata fueron sustraídas en Zacatecas y localizadas vacías en Coahuila.
Grupo Minero Bacis ha reiterado su compromiso de colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos y ha instado a reforzar la seguridad en las rutas utilizadas para el transporte de minerales. Mientras tanto, el sector minero y la opinión pública permanecen expectantes ante un caso que pone en evidencia los retos de seguridad que enfrenta una de las industrias clave para la economía mexicana.
Inaugurado hace 15 años por el gobierno de la CDMX, el hospital de especialidades de Tláhuac carece de insumos, equipo y personal médico para atender a la población, que aún así acude a él para tratarse.
“Antes decían que este hospital era de especialidades, pero ahora ya no. Dicen que hacen falta muchos médicos, medicamentos y aparatos”. Silvia Rodríguez, una mujer de 57 años, describe así al Hospital General de Tláhuac, su única posibilidad de atención médica porque no tiene seguridad social.
Silvia tiene el cabello entrecano, largo, trenzado; en su dentadura hay varios huecos, y las líneas marcadas de su rostro moreno le hacen ver mayor. Está en la sala de espera del área de urgencias. Trajo a su esposo porque tiene un dolor en el estómago insoportable. “Él nunca llora y ahorita hasta gritaba del dolor, por eso se convenció de venir”, dice, mientras sujeta con fuerza la bolsa de tela sobre sus piernas. Se le nota la angustia en los ojos.
Durante la conversación cuenta con toda naturalidad que ella misma necesita una cirugía para extirpar las piedras en la vesícula que le diagnosticaron en 2023, pero está resignada a vivir sin ella.
– ¿Por qué no la operaron?
– Aquí dicen que ya no son especialidades porque no tienen los aparatos, que se han descompuesto, y que ellos no pueden hacer nada porque no les mandan el gobierno. Luego me mandaron al Hospital General, y ahí tampoco me atendieron porque no había cirujano. Y no he tenido la economía para operarme en un particular.
– ¿Ya ha preguntado cuánto cuesta?
– Sí, sale como 8 mil o 10 mil pesos, pero no tenemos la posibilidad de tener esa cantidad para operarme. Y no tenemos seguro ni nada de eso, por eso recurrimos aquí a los hospitales.
– ¿Y ahorita cómo se siente, no le da molestias la vesícula?
– De repente me dolía bastante, pero ya después he tomado medicamentos, así que me controle nada más el dolor.
Silvia trabaja como ayudante haciendo quesadillas en un puesto ambulante. Antes de eso trabajó por décadas limpiando bodegas en la Central de Abasto, pero durante la pandemia la mandaron a descansar, por ser de la tercera edad.
En la plática, también confiesa que siente bolitas en diferentes partes del cuerpo. “Yo creo que es cáncer”, dice, mientras arrecia el llanto y su voz apenas se escucha. “Mire, tóqueme aquí”, pide, mientras guía la mano de la reportera a su brazo y cuello. “Hay unas que me duelen y otras que no, pero me dicen que no es nada, que sólo son de grasita”.
No le ha dicho a nadie de su padecimiento para no preocupar a sus hijos. Además no tiene mucho caso, insiste, porque jamás podría pagar un tratamiento de cáncer. Su única esperanza es su fe. “Le pido mucho a Dios que me ayude. Cuando me siento mal sólo le pido a Él. Nunca nos puede fallar”.
Mientras se limpia la cara con su blusa, regresa al caso de su esposo. Dice que no es la primera vez que padece del estómago. Antes de la pandemia lo operaron en este hospital por un absceso en la pared del estómago, pero ahora, los mismos médicos dicen que ya no tienen los aparatos para atenderlo.
Quince minutos después, su esposo, de 62 años, salió del consultorio con una receta de la joven médica que está de turno. “¿Qué te dijeron?”–pregunta ella. “Que algo me cayó mal” –responde él. Le estira la mano para enseñarle el pedazo de papel, aunque la mujer no sabe leer. Entonces, le pide a la reportera que la lea para ver qué le recetaron. Es un Omeprazol, tratamiento para el reflujo. “Pero dicen que no hay en la farmacia, que lo tenemos que comprar afuera”, explica el hombre, pálido.
Ambos se dirigen hacia la salida. Él camina con cierta dificultad, a paso lento, sin separar la mano de su abdomen. Ella camina a un lado, resignada, como en cada visita a este hospital.
De hospital de especialidad, a elefante blanco
El Hospital General de Tláhuac fue inaugurado en 2010 por el entonces jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía. Se trataba de un hospital que atendería a 240 mil personas y que inició operaciones con las especialidades de Pediatría, Medicina Interna, Cirugía General, Traumatología, Geriatría, Oftalmología, Neurología y Terapia Intensiva, con 19 consultorios y 200 camas.
Según el entonces secretario de Salud, Armando Ahued, el hospital requería 200 millones de pesos de presupuesto anual para cumplir la expectativa de atención, que consistía en 34 mil consultas de especialidad, 28 mil servicios de urgencia, mil 400 cirugías programadas, mil 320 ambulatorias, y 200 mil estudios de laboratorio.
Los pasillos que estaban relucientes hace 15 años, hoy tienen los pisos desechos, techos caídos, y por dentro, lo que no está visible para los visitantes, es prácticamente un cascarón. Los estantes de medicamentos están vacíos, la falta de insumos hacen imposible utilizar algunos medicamentos inyectables, y el personal, cada vez más disminuido, hace malabares para intentar salvar vidas.
Así lo pudo constatar Animal Político al recorrer el hospital Hospital de Tláhuac y hablar con personal de diferentes áreas, días después de que decidieron bloquear la vialidad para denunciar las carencias y tras el cierre del área de terapia intensiva por la renuncia del último médico que la atendía, en enero pasado. En casi todos los casos pidieron anonimato, para evitar represalias.
Explican que poco a poco el hospital dejó de ser de especialidades. El geriatra y el neurólogo se fueron. En ese momento tampoco había ginecólogos los fines de semana, por lo que no podían atender ni partos, y hace más de un año dejaron de hacer cirugías de ortopedia. Aunque sí hay especialistas, no se cuenta con todo el material para atender fracturas.
“Vea las gavetas, están vacías”, dice una doctora mientras las señala. Sólo son un par de muebles en el área de Pediatría y efectivamente no hay ni siquiera Vida suero oral, quizá el insumo más básico para tratar la deshidratación, de esos que hasta antes se regalaban a manos llenas en los centros de salud.
“Tenemos un niño con diarrea y hay que pedirle a los papás que traigan su propio suero comprado. Aquí los que se están beneficiando más pues son las cadenas de farmacia”, dice el personal.
Otra de las pacientes es una niña con diabetes, a quien deben revisarle la glucosa cada hora. Solo de un día necesitarían 24 tiras reactivas, pero únicamente hay 3. “¡Tres tiras para más de 24 horas! De plano hay que estar peleando y matándose por una tira reactiva con otras áreas. ¿Qué hace enfermería? Comprarlas de su bolsa”, agrega una doctora.
También faltan suspensiones y jarabes, pero el personal médico resuelve como puede. “Disolvemos tabletas con agua y calculamos lo que corresponde por peso a los niños. O a veces traemos muestras médicas que nos regalan en los congresos y lo vamos dosificando como se necesite; damos dosis en jeringa y así sacamos para varios, pero a veces ni un simple paracetamol tenemos. Ahorita estamos consiguiendo norepinefrina para otra niña grave que tenemos acá, porque tampoco hay”.
Las carencias, dice, “han sido más evidentes en los últimos 3, 4 años, pero así súper mal estos últimos año y medio, o sea, nos hemos quedado sin medicamentos básicos de lo básico.
No se enfermen, puede no haber atención
Este era un Hospital financiado con recursos locales y federales a través del Seguro Popular, desaparecido por instrucción del expresidente Andrés Manuel López Obrador acusando corrupción, aunque no hay un solo imputado al respecto. En su lugar, creó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero fue extinto dos años después.
En ese proceso, no se sabe dónde quedó el dinero que financiaba el Seguro Popular. De 2010 y hasta 2018 el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud del Seguro Popular había acumulado 119 mil millones de pesos, pero en 2023, sólo tenía 45 mil millones de pesos. Es decir, en 4 años AMLO disminuyó 62% del dinero ahorrado durante 13 años, y sin explicar en qué lo gastó.
Ahora el hospital depende del IMSS-Bienestar, a cargo del gobierno Federal, pero se trata del tercer proceso de transición, con las complicaciones administrativas y de distribución de recursos que conlleva.
Con este panorama, cuando se le pregunta a un médico qué le diría a los ciudadanos, éste pide su comprensión y hace una recomendación: “Si no estás enfermo, cuídate. Pero si tienes una enfermedad y tienen que ir a un hospital como éste, sepan que puede haber atención médica o no. No sabemos qué va a pasar porque todos están igual”.
Por eso, pensándose él mismo como paciente, remata: “Ahorita no me quiero enfermar. No hay que enfermarnos ahorita, salvo que tengas dinero”.
Entre los insumos faltantes en este hospital está, por ejemplo, la jeringa para suministrar la anestesia epidural, indispensable para atender los partos. A falta de esto, y ante una urgencia, tienen que aplicar anestesia general, lo que incluso podría traer afectaciones al bebé, reconoce una de las médicas.
Pone otro ejemplo: semanas antes recibieron nuevos concentradores de oxígeno para las cirugías, no tienen consumibles y no los pueden usar. “Nos tocó situaciones en las cuales tuvimos que terminar cirugías con ventilación manual”, relata.
Noemí Guerrero, representante del Sindicato Fuerza Independiente de Trabajadores de Salud (FINTRAS), denuncia que no tienen ni jabón para la higiene del personal. “No tenemos equipos de bombas de infusión, tiras reactivas, medicamentos que son muy esenciales para los pacientes como es gluconato de calcio, enoxaparina”.
Cansados de esto, en enero pasado se atrevieron a encabezar una manifestación y cerraron la vialidad afuera del hospital para hacer presión a las autoridades, quienes ya sabían de las necesidades, pues en 2024 acudieron a hacer un diagnóstico. Pero casi un año después la situación sólo empeora. “Es muy importante que la autoridad resuelva porque no es a favor de nosotros, es a favor de la población”, insiste Noemí Guerrero.
Después de esa protesta consiguieron que contrataran más personal y reabrieron el área de Terapia intensiva, pero hasta junio seguían con faltantes de medicamentos, igual que a inicio de año.
Mientras tanto, los pacientes se desesperan. Marisela ha batallado desde agosto de 2024 para que operen a su esposo diabético. Finalmente lo intervinieron, pero ahora necesita sesiones de diálisis, pero no hay insumos.
“Las sesiones de hemodiálisis en particular me salen entre 2 mil y 1,800 la sesión, y serían tres veces a la semana. No tengo los recursos. No sé qué hacer”, dice Marisela. Por eso hace un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum: “Haga más programas para diálisis, tengan más especialistas. Que nos den un mejor servicio y una mejor calidad”.
“La gente está engañada”
Los médicos explican que nunca han tenido todos los tratamientos o insumos, pero cuando faltaban, podían pedir a los familiares que los compraran. Aún cuando ese gasto significaba un sacrificio, las familias lo hacían porque sabían que eso podría salvar la vida de sus enfermos.
Sin embargo, a partir de la declaración de gratuidad durante el sexenio de López Obrador se eliminaron las cuotas de recuperación en los hospitales. Por tanto, los médicos tienen prohibido solicitar algo a los familiares, aún cuando tampoco haya lo necesario en el hospital. “Estamos completamente atados de manos y atados jurídicamente”, dice impotente uno de los médicos.
Aún así, hay quienes, ante la urgencia, desafían esa orden. “Una vez sí expedí una receta para que compraran unos antibióticos y gracias a Dios ese paciente salió vivo. Puse en riesgo mi trabajo, pero también era la diferencia entre la vida y la muerte”.
Su colega agrega durante la conversación: “La gente está engañada. Obviamente ellos vienen y exigen porque en la televisión ven que hay una megafarmacia y que no debe haber rechazo, pero realmente aquí no se ejecuta, la operación es muy diferente. ¿Cómo voy a atender si no tengo insumos, si no tengo medicamentos?”.
Por eso, hacen un último llamado a los pacientes: “Ayúdenos también a protestar. A nosotros no nos hacen caso. Al contrario, nos amenazan y nos corren”.
El Gobierno de CDMX pretende construir una Utopía en terrenos ejidales de San Francisco Tlaltenco, Tláhuac. A finales de junio, un grupo de choque agredió a los vecinos y ejidatarios que buscaban defender las canchas de futbol que les fueron donadas hace 57 años.
Mientras el Gobierno de Clara Brugada alista a la Ciudad de México para ser anfitrión del Mundial de Futbol 2026, al sureste de la capital ha recurrido a la violencia para edificar una Utopía y despojar a ejidatarios y vecinos de unas canchas de futbol que durante 57 años impulsaron el compañerismo y deporte en el pueblo originario de San Fernando Tlaltenco, en Tláhuac.
El Deportivo El Triángulo fue donado por los ejidatarios a tres equipos de futbol locales en 1968. A partir de esa fecha, los clubes Real Tlaltenco (antes sólo Tlaltenco), Libertad y Madero echaron raíces y fomentaron la convivencia del pueblo mediante torneos y entrenamientos. Es por ello que, cuando se enteraron que habría una Utopía en ese sitio, interpusieron un amparo, el 6 de mayo, e inmediatamente expresaron su descontento al gobierno capitalino.
“En la mayor parte de la población, el sentimiento es de molestia y descontento, porque no somos solamente los representantes de los equipos y dirigentes [los afectados], sino los pobladores en general que ya no cuentan con ese espacio para que sus hijos, nietos y demás familiares practiquen su deporte favorito”, comparte en entrevista Gabriel Sirnes, coordinador del equipo Real Tlaltenco.
A esto se abona un sentimiento de humillación e impotencia después de que, el jueves 26 de junio, ejidatarios y coordinadores de equipos fueron agredidos por un grupo de choque que, acusaron, envió la administración de Brugada junto con trabajadores de construcción y de limpieza para desmantelar las canchas e iniciar la construcción de la Utopía. Lo anterior pese a que aún no se resuelve la situación jurídica del amparo.
Debido a la violencia utilizada en el despojo, los habitantes levantaron dos denuncias ante la Fiscalía local: una por desalojo e invasión; y otra por agresión física contra un individuo.
“No es posible que nos despojen de un predio que ha pertenecido a nuestras familias, a nuestros ancestros, y que hemos cuidado de la mejor forma posible. Verlo destruido, arado, como lo vemos ahora”, lamenta el futbolista. “Tienen que darse cuenta que si son representantes del pueblo, tienen que respetar los derechos del pueblo”.
Una Utopía que no es bienvenida por usuarios del Deportivo El Triángulo, en Tlaltenco
En diciembre de 2024, la jefa de Gobierno anunció que una de las 16 primeras Utopías de su administración se ubicaría en el Deportivo El Triángulo.
“Yo ya me imagino la Utopía maravillosa, porque además va a beneficiar no solo a Tláhuac, también va a beneficiar a Iztapalapa, toda la zona de Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Degollado, La Polvorilla, toda esa zona también”, dijo durante una jornada del programa “Casa Por Casa”, con el cual visita viviendas de diversas colonias de la ciudad.
Las Utopías son el programa estandarte que impulsó Brugada como Alcaldesa de Iztapalapa y luego como promesa de campaña para ganar la elección a jefatura de Gobierno.
Las instalaciones tendrán infraestructura deportiva como canchas de futbol, basquetbol, tenis y pista de atletismo; así como una oferta de actividades y talleres culturales y de atención a la ciudadanía.
Sin embargo, los habitantes del pueblo de Tlaltenco destacan que en la zona ya cuentan con estos servicios en las cuadras cercanas del Deportivo El Triángulo, entre ellos una alberca semiolímpica y una casa de la cultura, ambas a cargo de la Alcaldía de Tláhuac, encabezada por Berenice Hernández.
Asimismo, recalcan que la tierra del deportivo fue donada de forma definitiva por los ejidatarios a la comunidad futbolera y que, contrario a lo que asegura el Gobierno, esa área no ha sido expropiada.
“¿Por qué quitarle su deportivo a los jóvenes?”, cuestiona María Elena López, ejidataria que ha defendido las canchas. “Les dimos otras opciones, o que compren o adquieran un terreno especialmente para esto”.
El señor Gabriel Sirnes ha jugado desde hace 55 años en el equipo Real Tlaltenco, del que ahora es responsable. Tras más de cinco décadas de haber jugado en el Deportivo El Triángulo, su primer instinto cuando se enteró que quería construir la Utopía fue defender el sitio.
“Nos prometieron que nos iban a reubicar en la Deportiva Ejidal, que es un espacio más grande que tiene Tlaltenco, pero nosotros les dijimos que ahí podían hacer la Utopía. No es tan cerca del metro, no generaría el caos vial y además hay espacio que no afectaría a los equipos como nos afecta a nosotros los usuarios del Deportivo El Triángulo”, expone.
Para ellos, la insistencia del Gobierno de Brugada de construir la Utopía sobre Avenida Tláhuac, donde se encuentra el deportivo, se debe a la visibilidad política que puede dar la ubicación al conjunto.
“Empieza a llegar el grupo de choque”: vecinos opositores a construcción de Utopía denuncian agresiones
María Elena, ejidataria del Pueblo de San Francisco Tlaltenco, estuvo el jueves 26 en el deportivo cuando llegaron decenas de trabajadores de limpieza y un grupo de choque a desmantelar la infraestructura de las tres canchas, a pesar de que representantes de la Secretaría de Obras y Servicios capitalina (Sobse) e incluso el Subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani Hneide, se habían comprometido dos días antes a reunirse primero con los ejidatarios y representantes de equipos para llegar a un acuerdo.
“Llegué como a las 8 (de la mañana) y empezamos a resguardar, yo llevé unos candados y empezamos a resguardar los diferentes accesos”, recuerda María Elena.
Durante siete horas, los ejidatarios pudieron cuidar los accesos e impedir que trabajadores de construcción iniciaran labores en el deportivo, pero alrededor de las 3 de la tarde –cuando varios compañeros se habían ido a sus hogares a comer– perdieron el control del lugar.
“Empieza a llegar el grupo de choque y a tronar la reja de delimitación [del predio] para entrar, y empiezan a entrar todos”, reclama la ejidataria.
Desalojan con golpes el Deportivo El Triángulo, donde gobierno de Brugada planea construir una Utopía
Josefina, quien pidió omitir su nombre real por seguridad, es ejidataria y madre de familia. Sus hijos entrenaban en el Deportivo El Triángulo. “Tlaltenco se denomina por el futbol, así como en Meyehualco con el frontón”, explica.
Dos días antes del desalojo de las canchas, ella acudió a dejar a sus hijos al entrenamiento de futbol cuando arribaron trabajadores del gobierno, sin previo aviso, con la intención de tomar posesión de las instalaciones. En ese momento, representantes de los tres equipos deportivos dialogaron con ellos y acordaron realizar una reunión posterior. Sin embargo, el acuerdo no se cumplió: el jueves siguiente, personal del gobierno regresó para desmantelar el lugar.
“Se le solicitaba al gobierno que presentaran algún documento donde ellos podían hacer uso del suelo, a lo cual ellos jamás presentaron nada. Sin embargo, ese día yo me percaté que había personas que no eran trabajadores, que los traían otras personas y eran gente de choque”, recuerda. “El mismo gobierno los llama a golpearnos, a incitarnos a la violencia”.
Ella recibió manotazos, mientras que su padre –un adulto mayor– y uno de sus hijos fueron agredidos físicamente con empujones y golpes. A otro de los ejidatarios, le abrieron el labio.
“[Siento] Impotencia y mucho coraje. No te puedes defender ni como ellos lo hacen, ni a golpes, porque sabes que te puede ir peor”, dice Josefina.
El sentimiento es compartido por Víctor Ruiz, quien desde los 18 años de edad se integró al Club Madero. Él vio cómo se empastaron las canchas, con el trabajo de sus familiares, y procuraron mantenerlo verde con recursos propios.
“Da tristeza que después de mucho sacrificio, vienen las autoridades y nos quitan ese espacio”, suma.
Autoridades de BC investigan a un adolescente por el feminicidio en San Quintín; marchan ciudadanos para exigir justicia y continúa búsqueda de los restos.
Tres policías municipales fueron removidos y son investigados por presunta omisión en atender el caso de Keila Nicole Duarte Acevedo, menor de 13 años quien fue localizada desmembrada en el poblado El Rosario, en San Quintín, Baja California.
Lo anterior fue informado por Alberto Sarabia Espinoza, director de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Municipio de San Quintín, en rueda de prensa encabezada por la alcaldesa Miriam Cano Núñez, el pasado viernes 4 julio.
“Son tres elementos los que están involucrados en esta intervención. De hecho son los primeros respondientes también, dos de ellos… fueron retirados de sus lugares de trabajo. Desgraciadamente sucedió este tipo de situaciones y ya no deben de estar ahí”, dijo el funcionario municipal.
Sarabia Espinoza indicó que harán “lo que marcan los lineamientos” y que el caso será puesto “a disposición de la Sindicatura”.
“Ya que por el tipo de faltas, que pudiesen considerar graves, ellos van a deslindar y realizar las investigaciones pertinentes. Si es necesario, lo turnarían a la Comisión Disciplinaria -la cual presido- y ahí lo atenderíamos el cuerpo colegiado y determinaríamos la sanción correspondiente”, abundó el director.
Por su parte, la presidenta municipal Miriam Cano Núñez subrayó que el hecho “nos duele como comunidad” y que “nos compromete como gobierno”.
“Reconocemos que hubo omisiones en la atención inicial y no vamos a encubrir ni minimizar. Quiero decirles que habrá consecuencias y llegaremos hasta las últimas instancias. Y en el ámbito de nuestras atribuciones actuaremos con responsabilidad y sin titubeos”, afirmó.
La alcaldesa reconoció el trabajo de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) para las diligencias que el caso requiere, y evitó hacer comentarios sobre la línea de investigación que lleva la dependencia.
Conforme a versiones ciudadanas que circularon en redes sociales, familiares de Keila Nicole acudieron a la delegación para pedir apoyo a la policía municipal, tras conocer un mensaje de alerta de la joven, pero al parecer les negaron la atención inmediata al indicarles que debían esperar 72 horas para activar el protocolo correspondiente.
El síndico procurador del municipio de San Quintín, Juan Pablo Guerrero Gamboa, declaró que -de manera oficiosa- la dependencia a su cargo abrió la investigación correspondiente de acuerdo a la omisión de los trabajos que corresponden a los servidores públicos, como lo es el cuidado de la ciudadanía.
“Debemos de entender que parte de la obligación es cuidar a la gente, y este lamentable acto nos lleva a abrir las investigaciones correspondientes a los servidores públicos que, en esta ocasión, son elementos de seguridad pública”, puntualizó.
Revela Semanario Zeta datos de investigación
De manera previa a su muerte, Keila Nicole estuvo acompañada por su novio, Cristian Iván “N”, de 16 años, y incluso mandó un mensaje a sus amistades, pues se sentía nerviosa porque el joven traía un palo e incluso solicitó ayuda en caso de que no supieran de ella, reveló este viernes 4 de julio una investigación del Semanario Zeta, de Tijuana.
Conforme a los datos recabados por la periodista Karla Lorena Lamas Contreras, la joven de 13 años se dirigió a una zona conocida como “La Cueva”, además de que las autoridades estatales investigan la participación de un adulto en el feminicidio.
Keila "logró enviar un mensaje de texto a una amiga, en el que escribió: ‘Estoy nerviosa porque trae un palo (Cristian). Si no aparezco pronto, avisa a mi familia’. El mensaje de alerta feminicida no llegó a las manos de adultos, sino que fue reenviado entre conocidos, todos menores de edad, quienes no actuaron hasta el siguiente día, cuando vieron a la mamá desesperada”, se aprecia en la última edición del semanario.
La investigación también señala la negativa de apoyo por parte de la policía municipal y la indicación de que esperaran 72 horas para activar el protocolo, y que incluso los vecinos llegaron hasta el domicilio de Cristian Iván e intentaron lincharlo, pero fueron detenidos por un uniformado.
Otros puntos del reportaje refieren que “una de las partes del cuerpo fue hallada a 500 metros y otra a 600 metros”, además de que un soldado tuvo que forcejear con un perro para retirársela.
“Cuando salieron a campo abierto, a la zona donde señalaron los menores, encontraron a un perro que traía en el hocico una de las piernas, por lo que uno de los militares tuvo que maniobrar para que la soltara. De ahí, caminaron 300 metros más, y localizaron una segunda pierna”, según es detallado.
También se puntualiza el hallazgo del palo, que es investigado como la probable arma feminicida, y un perfil del joven, quien es descrito por sus amistades como alguien obsesionado con la Santa Muerte, y gustoso “de hacer comentarios como que le gustaría ‘destazar’ a una persona, y que su padre ‘destazaba gente”.
Más adelante son citadas las primeras declaraciones -y contradicciones- de Cristian Iván “N”, quien admitió haber estado en “La Cueva” con Keila e intentó justificar su actuar diciendo que “ella se negó a mantener relaciones sexuales”.
“Luego cambió su versión, afirmando que un hombre vestido de negro apareció en el lugar y que Keila se fue con él sin indicar rumbo”, conforme al reportaje.
Realizan marcha y continúa búsqueda
A raíz del hallazgo de partes del cuerpo de Keila Nicole, el pasado miércoles 2 de julio, cientos de personas y autoridades se han sumado a la búsqueda de los demás restos.
Estas acciones se han prolongado hasta este domingo 6 de julio, sin resultados exitosos; conforme ha sido documentado, faltan encontrar los antebrazos.
En estas labores se han sumado colectivos, la FGE, la Agencia Estatal de Investigación (AEI), agentes caninos, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Defensa, Escuadrón Violeta, policía municipal e Inmujer.
El hecho ha generado indignación entre los residentes de El Rosario y el municipio de San Quintín, quienes también hicieron este fin de semana una marcha para exigir justicia y que a Cristian Iván “N” se le juzgue como adulto.
Conforme a diversas transmisiones en vivo, las personas recorrieron el poblado y llegaron hasta la delegación, donde mostraron pancartas para exigir justicia, y concluyeron con una vigilia en el parque central del poblado, donde colocaron imágenes de Keila Nicole, así como veladoras en las letras emblemáticas de El Rosario.
"La localización y resguardo de los 129 carrotanques es el aseguramiento de mayor magnitud que se ha logrado en la presente administración", indicó el gobierno en una tarjeta informativa.
Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, anunció "el aseguramiento de hidrocarburo más grande en la presente administración". En dos operativos se aseguraron 129 carrotanques y un total 15 millones 480 mil litros de combustible robado en Coahuila.
"La localización y resguardo de los 129 carrotanques es el aseguramiento de mayor magnitud que se ha logrado en la presente administración", indicó el gobierno en una tarjeta informativa.
Por su parte, García Harfuch escribió en X que los operativos se realizaron en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila.
Las acciones de seguridad fueron realizadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), apoyados por Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con seguridad física de Pemex y autoridades locales.
En una primera acción, en el municipio de Ramos Arizpe, los agentes de seguridad fueron informados por policías estatales sobre varios carrotanques que se encontraban en aparente estado de abandono cerca de una estación de ferrocarril, por lo que se aproximaron a corroborar la situación, en el lugar localizaron 33 carrotanques con 3 millones 960 mil litros de hidrocarburo.
En otro evento, cerca de una estación en Saltillo, se localizaron 96 carrotanques varados sobre las vías del ferrocarril, que contenían 11 millones 520 mil litros de hidrocarburo.
En ambas acciones, las unidades no contaban con los documentos que acreditaran su legal traslado y procedencia lícita, por lo que de los hechos se informó al agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso para realizar las indagatorias subsecuentes.
La beneficiaria de los contratos es Nelly Guevara Garibay, directora y representante legal de SIMA, quien en los dos últimos sexenios obtuvo contratos por más de mil 300 millones de pesos, entre lo acumulado en la Sedena, ISSSTE, así como en las secretarías de Salud de Chihuahua, Jalisco y Veracruz.
La contratista favorita del periodo del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, busca perpetuarse en los servicios médicos brindados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mediante dos nuevos contratos.
El negocio implica un total que supera los 474 millones de pesos, que han sido adjudicados en el primer semestre de este año.
La beneficiaria de dichos contratos es Nelly Guevara Garibay, directora y representante legal de Sincronía Médica Aplicada (SIMA), proveedora de equipo e insumos médicos, quien en los dos últimos sexenios obtuvo contratos por más de mil 300 millones de pesos, entre lo acumulado en la Sedena, ISSSTE, así como en las secretarías de Salud de Chihuahua, Jalisco, Veracruz, respectivamente.
Sólo en los primeros meses de 2025, la empresa SIMA de Nelly Guevara se ha hecho de la licitación pública electrónica: LA-07-110-007000999-N-408-2025, referente a la “Contratación de un servicio de abastecimiento de insumos, instrumental y apoyo técnico con el equipo médico requerido para la realización de procedimientos quirúrgicos de la especialidad de angiología, cirugía vascular y endovascular” para la SEDENA por 108 millones 991 mil pesos.
Además de la LA-07-110-007000999-N-402-2025 para “Servicio de abastecimiento de material e insumos y apoyo técnico de la imagenología y radiología invasiva para el Hospital Central Militar, Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, Unidad de Especialidades Médicas y escalones de atención médica que cuentan con servicios de radiología”, por un monto de 365 millones 549 mil 203 pesos.
Los contratos, otorgados por la Subdirección de Adquisiciones de la SEDENA, a cargo del coronel José Manuel Sosa Lagunes, sumarían aproximadamente 474 millones 540 mil 203 pesos.
Aún más. A estas podría sumarse la Licitación Pública Electrónica Nacional LA-07-110-007000999-N-417-2025 para la “Contratación de un servicio de abastecimiento de material, insumos y apoyo técnico con el equipo médico requerido para realizar procedimientos de hemodinamia para el Hospital Central Militar y 5 Hospitales Militares Regionales de Especialidad”, por un monto aproximado de 530 millones de pesos.
En esta última licitación, en la que SIMA no ofertó la propuesta más económica ni obtuvo el mayor puntaje, se encamina a declarse desierta bajo el argumento de que, de los siete licitantes, sólo SIMA cumple con la propuesta técnica.
La Dirección General de Sanidad Militar, a cargo de Miguel Ángel Aguirre Lara, se ha convertido en un centro de poder donde coinciden altos mandos militares, licitaciones millonarias y empresarias del sector salud que resultan favorecidas por adjudicaciones directas.
El modus operandi, identificado en otras contrataciones, consiste en declarar desiertas las licitaciones de forma sistemática, para luego adjudicar los contratos de manera directa a SIMA o a compañías ligadas a esta.
Lo anterior, pese a que en los procesos licitatorios diversas compañías cuentan con propuestas competitivas, las cuales han sido desechadas para favorecer a la empresa SIMA y a otras con las que participa de forma conjunta.
Desde sexenios pasados se vienen denunciando estas irregularidades y vínculos entre altos mandos militares y Nelly Guevara, las cuales incluso han sido observadas por la Auditoría Superior de la Federación.
La concentración de contratos de este proveedor en sectores estratégicos del abasto médico en la SEDENA, tales como anestesia, banco de sangre, equipo médico y medicamentos, y el recorte de 20% en el presupuesto de los hospitales para este 2025, podrían agravar la crisis de desabasto de insumos que ya viven los militares, los cuales han realizado protestas y denuncias públicas respecto a esas deficiencias.
En junio de este año, se perdieron más de 46 mil empleos formales, y van tres meses seguidos con disminución de empleos en el año.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró la tercera caída mensual seguida de empleos formales en el año, al reportar la pérdida de 46 mil 378 puestos en junio de 2025. En los últimos tres meses, perdieron 139 mil 444 trabajos en total.
La caída en los puestos de trabajo en junio de 2025 se vio impulsada principalmente por la pérdida de 64 mil 707 empleos eventuales y la creación de sólo 18 mil 329 trabajos permanentes.
Con esta disminución, México acumula dos años consecutivos con pérdidas de empleo en el mes de junio. Además, la cifra de empleos temporales perdidos es la mayor para un mes de junio en diez años.
La caída de junio es además la segunda peor pérdida en diez años para un sexto mes del año, sólo debajo de los más de 83 mil empleos perdidos en 2020, año de la pandemia por COVID-19. Además, 17 estados tuvieron caídas en los puestos de trabajo y los sectores económicos que reportaron mayores pérdidas fueron: la construcción, extracción y agropecuario.
En el acumulado del año, durante el primer semestre de 2025 se crearon 87 mil 287 empleos formales en el país, cifra 70.4% menor respecto al mismo periodo de 2024. Igualmente, esta cifra representa la segunda peor generación de empleo para un primer semestre del año desde 2015.
Cabe destacar que México aún no recupera los empleos perdidos en diciembre del año pasado, cuando se registró una caída de más de 405 mil puestos. La organización México Cómo Vamos subrayó la necesidad de crear 100 mil empleos nuevos cada mes para incorporar a la población económicamente activa al mercado formal.
Diecisiete entidades reportan pérdidas de empleos
Las estadísticas del IMSS muestran que 17 estados tuvieron pérdidas anuales de empleos, siendo Tabasco, Campeche y Zacatecas las entidades con mayores disminuciones. Mientras que 15 estados reportaron aumentos en el número de puestos de trabajo, de los cuales el Estado de México, Michoacán y Nuevo León tuvieron el mayor crecimiento.
En lo que va de 2025, solo se han creado 87 mil 287 empleos, por lo que se suman dos años consecutivos a la baja en el número de empleos nuevos en el primer semestre del año.
Sin contar el año de la pandemia, los empleos permanentes registrados en lo que va del año, 172 mil 319, representan la creación más baja desde 2015. Mientras que los trabajos eventuales tuvieron su mayor baja en el mismo periodo, con una disminución de 85 mil 032 puestos.
A junio de este año, se registró un total de 22 millones 325 mil 666 puestos de trabajo ante el IMSS, la cifra más baja este año. Este acumulado incluye empleos nuevos y puestos que fueron registrados con anterioridad.
En abril pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum presumió que a marzo se habían alcanzado los 22.4 millones de empleos formales en el país, la que calificó como la cifra más alta de la historia, pero como te contamos, dicha afirmación no consideró el bajo crecimiento de ese indicador durante el presente año.
Este lunes 7 de julio estaba previsto que los trabajadores del Poder Judicial de CDMX levantaran su paro y reanudaran labores.
Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) mantienen el paro de labores en distintas sedes del Tribunal Superior de Justicia, al pedir a las autoridades publicar los acuerdos con la base trabajadora en la Gaceta del Poder Judicial local.
Las sedes que mantienen el paro son las que están ubicadas en avenida Juárez, Niños Héroes 132, Reclusorio Norte, Reclusorio Sur y diversos juzgados laborales, quienes no firmaron el acuerdo alcanzado.
El viernes de la semana pasada, autoridades y trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México alcanzaron un acuerdo para reanudar labores en todas las sedes del órgano capitalino a partir del lunes 7 de julio, concluyendo de esa manera con el paro que iniciaron hace más de un mes.
La decisión de regresar a labores ocurrió luego de que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México amagara a las y los trabajadores judiciales con imponerles sanciones administrativas, descuentos y no pagarles la nómina en caso de continuar con las protestas.
¿A qué acuerdo llegaron trabajadores y autoridades?
En el acuerdo, trabajadores y autoridades acordaron el pago de un bono extraordinario, así como la asignación de recursos que serán distribuidos en partes iguales entre las y los trabajadores del nivel O46 al J20. Ambos se entregarán en diciembre de este año y en el caso del bono, será independiente del que se otorga anualmente en el mismo mes.
También establece la basificación del personal de los órganos jurisdiccionales y de áreas administrativas, cumpliendo así con una de las principales exigencias de los inconformes. Este proceso, según las autoridades, se realizará por convocatoria periódica y tomará como parámetro la antigüedad laboral.
Asimismo, garantiza que no habrá represalias económicas o administrativas para las y los trabajadores que hayan participado en el paro, las protestas o reuniones organizativas, por lo que no se aplicarán descuentos, sanciones ni medidas disciplinarias.
El acuerdo fue firmado por el oficial mayor del Poder Judicial de la CDMX, Sergio Fontes Granados; con la representación del presidente Tribunal Superior de Justicia capitalino, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, y los representantes de las sedes del órgano judicial durante la mesa de negociación que sostuvieron esta mañana con el subsecretario de Gobierno de la ciudad, Fadlala Akabani.
El paro de labores en el Poder Judicial de la CDMX
Desde el 29 de mayo de 2025, las y los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México iniciaron un paro de labores demandando un aumento salarial, la renovación de su sindicato y mejores condiciones de trabajo que incluyeran la basificación de todos los integrantes de la institución.
El paro laboral paralizó la justicia capitalina, afectando sobre todo diversos casos en materia familiar. Desde que iniciaron las protestas, los asuntos relacionados con divorcios, pensiones alimenticias, demandas de alimentos, guardia y custodia, y hasta de violencia intrafamiliar, se mantienen en suspenso.
La situación ha provocado cansancio y frustración en la ciudadanía al no poder continuar con sus procedimientos.
El 26 de junio de 2025, Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, hizo un llamado a reanudar las actividades a partir del lunes 30 de junio para evitar más afectaciones, sin embargo, las y los trabajadores del Poder Judicial rechazaron la solicitud y aseguraron que el sistema de justicia ya se encontraba colapsado desde antes.
El 30 de junio último, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, presumió que Dos Bocas produce 125 mil barriles de gasolina diarios, pero Pemex reportó sólo 43.3 mil en mayo último. En entrevista, experto duda de la procedencia de sus datos.
Al objetar el reportaje de Proceso titulado “David Colmenares en la ASF, siete años de auditorías cómodas sobre el uso del erario”, la entonces secretaria de Energía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, aseguró que la refinería Olmeca en Dos Bocas es la que más gasolina produce en todo el país... Sin embargo, cifras oficiales de Pemex la contradicen.
Durante su conferencia de prensa del 30 de junio último la mandataria afirmó que “la Olmeca traía 214 mil barriles de proceso y está produciendo 125 mil barriles de gasolina y 72.2 mil barriles de diésel diario”.
“Es la que está produciendo más gasolina en todo el país (...) todos los días checo todo el Sistema Nacional de Refinación”, dijo. La gobernadora añadió que el proyecto de la refinería ha sido el más vigilado del país.
“Desde 2022 no ha habido un proyecto en México, en toda la historia de México, más auditado que la megaobra de la refinería Olmeca en Dos Bocas (...) Todos los días checo todo el Sistema Nacional de Refinación”.
Pero, de acuerdo con cifras oficiales de Pemex, disponibles hasta el corte de mayo último, Dos Bocas dista mucho de ser la refinería líder en producción de gasolina.
La información pública consultada por Proceso indica que la producción promedio diaria de gasolina en Olmeca fue de 43.3 mil barriles, muy lejos de los 125 mil barriles mencionados por Nahle.
Incluso, estuvo por debajo de otras instalaciones del Sistema Nacional de Refinación: Tula, por ejemplo, reportó 79.9 mil barriles diarios, Cadereyta 61.4 mil y Salina Cruz 53 mil.
En términos de participación, Dos Bocas aportó 13.2% del total nacional de producción de gasolina, que en mayo alcanzó los 327.5 mil barriles diarios.
En diésel, la historia es distinta... La refinería Olmeca sí encabezó la producción de diésel en mayo, con 50.1 mil barriles diarios, aunque la cifra también se queda corta frente a los 72.2 mil que aseguró Nahle.
A escala nacional, el sistema de refinación produjo 215.4 mil barriles diarios de este combustible, por lo que Dos Bocas tuvo una participación de 23 por ciento.
En cuanto al volumen de crudo procesado, Nahle declaró que la refinería trabajaba con 214 mil barriles diarios, pero los registros de Pemex indican que en mayo sólo alcanzó los 114.9 mil barriles.
Esta cifra representa 12.4% de los 925.2 mil barriles diarios que procesó en total ese mes el sistema nacional.
Hay que recordar que la meta planteada por el expresidente López Obrador era que Olmeca alcanzara una capacidad de 340 mil barriles diarios.
¿De dónde salieron las cifras de la gobernadora?
El analista energético Ramses Pech cuestionó la veracidad y procedencia de las cifras presentadas por la mandataria veracruzana.
En entrevista con Proceso, indicó que, si los datos a los que se refiere Nahle corresponden a julio, entonces existe un problema de acceso a información, ya que aún no ha sido publicada oficialmente. Se trataría de un acceso privilegiado a información que es exclusiva del personal de Pemex.
“Esto debe ser datos internos, debido a que no hay datos públicos en forma diaria porque solamente hay datos públicos hasta mayo”, explicó Pech.
No obstante, el especialista expuso que, si efectivamente Dos Bocas ya procesa 214 mil barriles diarios, se trataría de una señal positiva, ya que implicaría una operación superior a 60% de su capacidad instalada.
