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El Poder Judicial de la CDMX oculta cifras de jueces que rechazaron candidaturas

Tras una consulta vía transparencia, el Poder Judicial capitalino respondió que no puede dar la cifra de jueces que optaron por la jubilación anticipada porque esa información representa “un juicio de valor”.

El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) consideró que el número de juzgadores en activo que declinaron sus candidaturas para el proceso electoral de este domingo no es información pública.

La institución presidida por Rafael Guerra Álvarez rechazó dar a conocer cuántos juzgadores simplemente decidieron jubilarse anticipadamente, en lugar de declinar la candidatura, para evitar con ello recibir la indemnización mínima establecida en la reforma judicial capitalina de tres meses de salario y 20 días de salario por cada año trabajado, debido a que existen jueces o magistrados locales que tienen más de 40 años de servicio.

“Después de una búsqueda exhaustiva en la normatividad aplicable a esta Dirección Ejecutiva, no se observa denominación alguna relacionada con ‘jubilación anticipada’”, respondió la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos.

En una respuesta vía transparencia, el PJCDMX respondió que dar a conocer el número de jueces que rechazaron participar en la contienda electoral de este 1 de junio, porque no es información pública, es “emitir un juicio de valor”.

Ello, pese a que únicamente se le solicitó el dato estadístico sin requerir detalles de nombres, cargos, género o razones de los juzgadores.
Este segmento de su petición en especial -respondió-, no encuadra en ninguna de las hipótesis invocadas en la Constitución Política y la Ley citada, puesto que no busca obtener propiamente información pública, sino un pronunciamiento que emita esta autoridad, y que implica adoptar o externar por parte de esta, una apreciación subjetiva, una postura, parecer, opinión o un juicio de valor o suposiciones de ciertas apreciaciones o cierto interés particular, por consiguiente, dicho segmento no es factible de atender.
Nepotistas

Conforme a la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura local debió entregar al Congreso capitalino una lista con el número de vacantes que serán sometidas a la elección de este 2025, qué cargos corresponden a las mismas y cuántos y qué juzgadores declinaron participar en la elección, es decir, quienes no harían uso de su pase automático a la planilla electoral.

De esa manera en su convocatoria el Congreso de la CDMX debía establecer el número de candidaturas por cargo que podía postular cada Comité de Evaluación (Judicial, Ejecutivo y Legislativo).

La convocatoria para la elección de este 2025, publicada por el Congreso de la CDMX en la Gaceta Parlamentaria del 30 de diciembre de 2012 sí contiene la cifra que el Tribunal Superior de Justicia considera “un juicio de valor”.

Así, el PJCDMX indicó que para la elección de este domingo serán electos 95 jueces locales en materias civil, mixto civil/tutela de derechos humanos; mixto penal/tutela de derechos humanos; penal, ejecución de sanciones penales, familiar especializado en adopción nacional e internacional, familiar, laboral, justicia para adolescentes y civil especializado en extinción de dominio.

Así como 33 magistraturas en materias civil, penal, ejecución de sanciones penales, familiar y justicia para adolescentes y las cinco magistraturas para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

De los 95 jueces de la CDMX cuyas plazas fueron incluidas en esta elección, sólo 53 decidieron participar y hacer uso de su pase automático a la planilla electoral, por lo que 42 rechazaron las candidaturas. De los 33 magistrados en este mismo supuesto, sólo 10 rechazaron participar.

El 6 de mayo último, Proceso informó que las reglas de la reforma judicial abrieron la posibilidad a nepotistas que buscan ampliar su estancia en el PJCDMX.

Tal es el caso de la magistrada en materia Familiar Gloria Rosa Santos Mendoza, quien busca conservar su cargo y cuyo hijo, Joaquín Campos Santos, director de la Unidad de Gestión Administrativa de Proceso Oral en materia Familiar, es candidato a juez en esta misma materia.

Asimismo Vicente del Valle Noriega, esposo de Saraí Campos Santos, hija de la magistrada y secretaria de acuerdos en el Tribunal, también es candidato a juez en materia Familiar. 

También está el caso de María del Socorro Cecilia Jiménez Vega, actualmente juez de Proceso Oral en materia Familiar, quien declinó su candidatura automática para lanzarse como candidata a magistrada Familiar y cuyo esposo, Omar Arturo Pérez Ricalde, actualmente secretario de acuerdos titular de la Unidad de Gestión Judicial Tipo 2, es candidato a juez Familiar.

En tanto, Rebeca Yazmín Rodríguez Pujol, juez interina de lo Familiar, es candidata a magistrada en materia familiar, su madre Rebeca Florentina Pujol Rosas actualmente es magistrada en el PJCDMX y, en lugar de recibir sólo la indemnización contemplada en la reforma judicial, optó por jubilarse una vez que lleguen los nuevos juzgadores.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

En este estado Morena y PRI libran batalla con descalificaciones y presunta intromisión del narco

Ambos partidos, que han recurrido a todas las artimañas electorales, van punteros en los tres municipios más grandes del estado. Este domingo 1 de junio también se votará a jueces y magistrados en la entidad. Morena pidió apoyo de la Guardia Nacional.

En Durango, el proceso electoral para la renovación de las alcaldías se ha convertido en un campo de batalla en el que Morena y el PRI, los dos punteros en las tres ciudades con mayor población del estado (la capital, Gómez Palacio y Lerdo) no sólo medirán fuerzas en las urnas, sino que durante las campañas lo hicieron en el terreno de las descalificaciones y señalamientos contra funcionarios que derivaron en denuncias.

Ambos partidos han sido señalados de recurrir a viejas mañas electorales: uso indebido de recursos públicos, coacción del voto, campañas negras, guerra sucia e incluso se hicieron acusaciones de presunta intromisión del crimen organizado.

En uno de los capítulos más polémicos, que fue bautizado como “los audioescándalos”, el delegado de Bienestar en Durango, Jhonatan Jardines Fraire, fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por legisladores del PAN. Se le acusa de coacción del voto mediante el uso de programas sociales, tras difusión en redes de audios en los que se escucha cómo el delegado estaría dando instrucciones para identificar operadores políticos desde la estructura gubernamental, así como el uso de vehículos oficiales para proselitismo.

Jardines Fraire fue nombrado delegado del Bienestar en octubre de 2024, poco menos de un mes antes del inicio formal del proceso electoral, el cual comenzó el 1 de noviembre. De extracción perredista, fue diputado federal por ese partido (2012-2015). Durante la campaña de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, se desempeñó como su delegado político en el estado.

El 29 de marzo de este año, Canal 12 de Durango publicó un audio en el que Jardines Fraire instruye la identificación de operadores políticos desde la estructura gubernamental. En el audio se escucha:

“En chinga hagan una semaforización, ejemplo: todo tu equipo que nos apoyó en junio pasado, Lorenzo, todos esos son verde; todos los que nos apoyaron, Alejandro en Mezquital, son verde; pero así como el caso de Simón Bolívar, Víctor, son rojos, y en amarillo pudiéramos considerar los que se pueden jalar”.

A esta operación la denomina “Operativo Limpieza”, que busca utilizar a empleados de Bienestar como operadores políticos: “Necesitamos operadores, no empleados. Empleados tenemos 900 y operadores no pasan de 200”.

En el mismo audio se menciona lo ocurrido en el municipio de Pueblo Nuevo como “lo que no se debe hacer”, en referencia a que en diciembre del año pasado personal de Bienestar presuntamente solicitó el voto portando uniformes oficiales, lo que fue difundido por redes sociales.

Por estos hechos, en una rueda de prensa celebrada el 8 de abril en la Ciudad de México, las bancadas del PAN en el Congreso, así como la dirigencia estatal y nacional del partido, anunciaron la presentación de una denuncia por presuntos delitos electorales.

“Informarles que el día de hoy presentamos denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República por hechos que constituyen presuntos delitos electorales y graves violaciones al orden constitucional”, declaró Adla Karam, jurídico del partido.

La rueda de prensa fue encabezada por la senadora por Durango Gina Campuzano, quien además exigió la destitución de Jhonatan Jardines. Sin embargo, a la fecha éste permanece en el cargo.

Aunque los señalamientos para la Delegación del Bienestar no cesaron. El pasado 23 de mayo un grupo de trabajadores de la dependencia en la capital del estado inició un plantón en protesta por presuntas presiones del delegado para participar en actos proselitistas.

Crimen organizado

El 9 de abril, el diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, acusó al candidato de Morena a la alcaldía Durango, José Ramón Enríquez Herrera, de presuntos vínculos con el crimen organizado. El diputado señaló:

“Le pedimos a la Guardia Nacional, al Instituto Electoral estatal y a la Fiscalía duranguense que sigan la pista a los dirigentes de la 4T y sus candidatos, porque hay sospechas de que pueden estar financiados con dinero de dudosa procedencia o que intenten robar urnas con violencia el día de la elección”, y aseguró que autoridades federales han vinculado a Enríquez con integrantes de la organización del Mayo Zambada.

El 20 de enero de 2023, diversos medios de comunicación reportaron la detención de Gerardo Soberanes Ortiz, alias El G1 o El Licenciado, quien presuntamente operaba actividades delictivas en Durango y la Comarca Lagunera. Soberanes Ortiz fue identificado como lugarteniente de una célula del Cártel de Sinaloa encabezada por Zambada. Citando a la Sedena, medios informaron que El G1 sería compadre del candidato morenista José Ramón Enríquez Herrera.

Competencia

Este 1 de junio, la ciudadanía de Durango elegirá a titulares de 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas, 327 regidurías y 49 cargos del Poder Judicial Local. El IEPC instalará mil 497 casillas. La lista nominal asciende a 1 millón 424 mil 038 personas, mientras que el padrón electoral es de 1 millón 427 mil 896 personas.

Históricamente, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha incrementado su presencia en el estado. En la elección de 2019, el partido obtuvo dos alcaldías, entre ellas la de Gómez Palacio. En los comicios de 2022, la coalición Morena-PT-PVEM-RSP ganó 20 de los 39 municipios de la entidad, de los cuales 15 fueron para Morena. No obstante, perdió Gómez Palacio, una de las tres ciudades más pobladas del estado, mientras que Durango y Lerdo quedaron en manos de la coalición PRI-PAN-PRD.

Morena podría obtener por primera vez el municipio de Lerdo, donde la competencia se ve cerrada entre la candidata Flora Isela Leal Méndez (de la coalición Morena-PT-PVEM) y Susy Carolina Torrecillas Salazar, del PRI-PAN. Torrecillas y el actual presidente municipal de Lerdo, Homero Martínez, son esposos.

En cuanto a la capital del estado, ésta podría quedar en manos de la coalición PRI-PAN, cuyo candidato, Antonio Ochoa Rodríguez, compite también en una contienda que se ve cerrada contra el morenista José Ramón Enríquez.

Mientras que Morena podría recuperar Gómez Palacio, donde compite contra MC.

El número de regidurías de representación proporcional en los 39 municipios de Durango son los siguientes:

En el municipio de Durango diecisiete regidurías (17); en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo quince regidurías; (15); en los municipios de Canatlán, Cuencamé, Guadalupe Victoria, Mapimí, Mezquital, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Poanas, Pueblo Nuevo, San Dimas, Santiago Papasquiaro, Tamazula, Tlahualilo y Vicente Guerrero nueve regidurías, y en los municipios de Canelas, Coneto de Comonfort, General Simón Bolívar, Guanaceví, Hidalgo, Indé, Nazas, Ocampo, Otáez, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Rodeo, San Bernardo, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, San Luis de Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara, Santa María del Oro, Súchil, Tepehuanes y Topia, siete regidurías.

En lo que respecta al Poder Judicial local, se elegirán 15 magistraturas para el Tribunal Superior de Justicia, cinco magistraturas para el Tribunal de Disciplina Judicial, una magistratura del Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes y 28 plazas para juezas y jueces.

Manos de otros estados

Otra cosa que ha enturbiado el proceso es la intromisión de funcionarios de otros estados en la elección duranguense. El 25 de mayo, elementos de la Fiscalía detuvieron en la capital del estado a Arturo Gabriel Ortega Hernández, servidor público del gobierno de Hidalgo, quien presuntamente operaba a favor de Morena.

Según la Fiscalía del estado de Durango, el ahora detenido se presentó como coordinador de la campaña de José Ramón Enríquez, y viajaba en una camioneta Ford Ranger, propiedad del estado de Hidalgo.

El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Francisco Fernández Hasbun, informó que el director de área del Sistema Mixto, Arturo Gabriel Ortega Hernández, enfrentará cargos por peculado en esta entidad, por el uso de la camioneta que conducía al momento de ser intervenido por la policía municipal de Durango, informó Proceso el lunes 26.

Además de iniciar la carpeta de investigación por peculado, se anunció que se le dará de baja del servicio público y también se iniciaría una investigación por la Contraloría, según lo señalado por Fernández Hasbun.

Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, acusó la intervención de la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez.

En la rueda de prensa celebrada el 21 de mayo, Alcalde dijo: “Tenemos información de que la gobernadora viajó a la ciudad de Durango a bordo de un avión privado, con matrícula N7490A. El viaje coincidió con la presencia de diputados locales del PAN. Toda la comitiva llegó al aeropuerto con maletas como para varios días y se regresaron tres horas después sin ellas”.

Por este hecho, señaló que además de la denuncia pública realizarían la denuncia formal. Además, el partido denunció la vulneración de boletas electorales en San Juan del Río, donde los sellos llegaron violados, así como la existencia de dos presos políticos por parte del gobierno del estado de Durango.

“Tenemos dos presos políticos, dos personas encarceladas por el gobierno del estado de Durango: Jaime Escajeda Martínez, él es un líder de nuestro movimiento en San Juan del Río, Durango. Se encuentra preso desde noviembre del año pasado por supuestamente haber volcado una camioneta propiedad del ayuntamiento y haber causado un daño por 60 mil pesos”.

Comentó que incluso si se hubiera cometido ese delito, el proceso debería llevarse en libertad. Sin embargo, no ha sido así en el caso de Escajeda Martínez, a quien además se le han acumulado otras causas para mantenerlo en prisión.

El segundo detenido es Juan Carlos Cáceres Sandoval, a quien calificó como dirigente histórico de Morena y excandidato en 2012. Se le acusa de haber firmado un documento de un área que no le correspondía. Dijo que está en prisión desde el 14 de febrero de este año, sin tener acceso a su carpeta de investigación.

Tensa calma

En medio de una tensa calma y sin que las autoridades electorales refieran hechos violentos relacionados con el proceso electoral, Morena informó que solicitó el refuerzo de la Guardia Nacional en la entidad.

“Es una institución que cuenta con la confianza de la ciudadanía, por lo que esperamos que pueda reforzar su presencia tanto durante el periodo de veda como el día de la elección. Nosotros vamos a insistir en esta solicitud para que en todos los municipios de Durango exista un ambiente propicio que motive a las personas a salir a votar”, dijo Luisa María Alcalde.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango aseguró que no tiene registro de “focos rojos”, a pesar de lo cual el proceso estará vigilado por corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

“Tenemos esa sinergia de institución electoral, tanto el INE como el IEPC; con esta sinergia de una comunicación directa, justamente estamos teniendo esa comunicación con diferentes corporaciones, tanto la Guardia Nacional como la Sedena y cada una de las corporaciones municipales y estatales. En ese sentido tenemos la seguridad de que cualquier altercado que pueda pasar será atendido de manera inmediata”, dio a conocer Jesús González Cortés, presidente del Consejo Municipal Electoral de Gómez Palacio del IEPC.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum niega que gobierno impulse acordeones en elección del Poder Judicial

A dos días de la inédita elección judicial, Claudia Sheinbaum niega que haya estructuras del gobierno repartiendo “acordeones” para inducir el voto y pide pruebas. Mientras tanto, siguen circulando videos, crecen las denuncias ciudadanas y el INE responde con tardanza. La elección del 1 de junio, ya marcada por sospechas, genera preocupación dentro y fuera del país.

Mientras continúan los videos de acordeones repartidos en diferentes puntos del país, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a presentar pruebas ante las autoridades correspondientes y se dijo en contra de cualquier uso indebido de recursos gubernamentales. 

El llamado se da a dos días de la elección, entre solicitudes de la oposición para no votar y denuncias del INE por el uso indebido de acordeones.

En medio de señalamientos sobre el presunto uso de recursos públicos para distribuir propaganda electoral, en forma de acordeones, de cara a la elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó categóricamente dichas acusaciones y exhortó a presentar pruebas formales.
Durante la conferencia matutina de este viernes 30 de mayo, la mandataria federal rechazó que existan estructuras gubernamentales involucradas en estas prácticas. “¿Dónde están las estructuras? O sea, ¿dónde está la prueba de que hay estructuras gubernamentales (involucradas)?”, cuestionó Sheinbaum al responder a una pregunta expresa sobre el tema.

Las declaraciones de la presidenta se dan mientras en redes sociales continúan circulando videos de personas repartiendo acordeones con los números y nombres, algunos incluso con rostro,  de los candidatos por los que deben votar este domingo.
La presidenta también recordó que existen instancias legales para presentar las denuncias correspondientes. “Si hay alguna denuncia de que algún funcionario público está utilizando algún recurso, pues hay las instancias, está el INE y está el Tribunal”, puntualizó.

“Por supuesto que no estamos de acuerdo en que se usen recursos para ello”, aseguró. Además, señaló que ha visto algunas notas y un video donde una joven afirma que le pagaban por repartir papeletas, pero reiteró que mientras no haya pruebas sólidas, todo queda en dichos.

“Obviamente nosotros nunca hemos estado a favor de que se usen recursos públicos… y que se vote libremente”, indicó. La presidenta también aprovechó para invitar nuevamente a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto este domingo, cuando se renovarán 881 cargos del Poder Judicial en todo el país.

INE YA ARRANCÓ INVESTIGACIÓN

Paralelamente, en la semana,  el INEinformó que ha remitido a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FISEL) dos Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) por la distribución de los denominados “acordeones”, los cuales contenían instrucciones específicas para votar por ciertas candidaturas.
Para muchos la respuesta del INE es tardía y endeble, además señalan que en algunas zonas, los acordeones se venden por un costo de dos pesos.
Cab recordar que se ha señalado fuertemente al gobierno oficial de ser uno de los principales promotores de estos acordeones:
Las denuncias fueron presentadas ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) el pasado 23 de mayo. En uno de los casos se señala la participación de servidores públicos del Gobierno de Nuevo León, mientras que en otro se apunta a la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México.

Alcaldías como la Gustavo A Madero, también han sido señaladas de ser puntos de reparto de acordeones e incluso se ha destacado la distribución de acordeones que no presentan a  los mismos candidatos.
Será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien determine si estas acciones configuran una violación a la ley electoral. Por lo pronto, las autoridades electorales han iniciado el proceso para esclarecer los hechos.

La jornada del próximo 1 de junio representa un ejercicio inédito en el que la ciudadanía elegirá, por primera vez, a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, esta nueva forma de elegir a personas juzgadoras ha sido fuertemente criticada dentro y fuera del país, recibiendo adjetivos como “experimento kafkiano”, “retroceso a la democracia”, “el inicio de la dictadura”,  etc.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: JOSÉ GUADARRAMA.

Candidatos al Poder Judicial no sufrieron ataques en campaña, pero juzgador en funciones y chofer de magistrado sí

Un informe de Data Cívica señala que en los últimos cuatro años, al menos 25 personas vinculadas al Poder Judicial han sufrido agresiones cometidas presuntamente por el crimen organizado. En la mayoría de los casos las víctimas fueron asesinadas.

Durante las campañas del Poder Judicial no se registraron ataques violentos contra candidatos o candidatas, pero sí contra un juez en funciones y un trabajador del sector, señala un informe de la organización Data Cívica. 

A partir de la revisión de una base datos conformada por publicaciones en prensa, la organización encontró que durante el periodo de campaña, comprendido entre el 30 de marzo y el 28 de mayo de este año, únicamente se registraron dos eventos violentos presuntamente cometidos por el crimen organizado en contra de personas juzgadoras en funciones o personas cercanas a ellas.

El primer caso corresponde al asesinato de un juez cívico municipal identificado como Francisco de Jesús Cabrera, ocurrido el pasado 31 de marzo en Salina Cruz, Oaxaca.

Mientras que el segundo se trató de un ataque armado contra el chofer del magistrado penal, Ramón Alejandro Sentíes Carriles, perpetrado el 9 de abril frente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El agresor disparó al menos tres veces, pero el chofer sobrevivió.

La organización considera que esta relativa ausencia de violencia político-electoral contra candidaturas judiciales podría deberse a la poca visibilidad pública que tuvieron durante este periodo. 

Y es que las personas que contienden por algún cargo judicial tuvieron que hacer uso de sus propios recursos para promocionarse en campaña, lo que en muchos casos limitó el alcance de su propaganda.

Al menos 25 víctimas vinculadas al Poder Judicial desde 2018

Pese a estas cifras, la organización advierte que las personas juzgadoras “sí están en la mira del crimen organizado”. 

De acuerdo con el informe, al menos 25 personas vinculadas al Poder Judicial han sufrido algún ataque violento en los últimos cuatro años. 

Entre las víctimas se encuentran 13 personas juzgadoras, tres familiares de éstas y nueve trabajadores del Poder Judicial, como auxiliares, secretarios y choferes. 

Las personas juzgadoras desempeñaban cargos como magistrados, jueces de control, cívicos, municipales y federales.

En más de la mitad (60 %) de los casos las víctimas fueron asesinadas.  El resto (28 %) sufrieron ataques armados en los que lograron sobrevivir o recibieron amenazas directas y tangibles (12 %), muchas de ellas emitidas a través de mensajes, videos o narcomantas.

Los ataques se han registrado en 13 estados del país, siendo Morelos y la Ciudad de México los que concentran el mayor número, con cuatro cada uno. 

A estos le siguen Zacatecas y Baja California con tres. Mientras que en Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, sólo se ha presentado un caso. 

Si bien se desconocen los motivos detrás de estas agresiones, la organización señala que en algunos casos podrían estar relacionadas con redes de corrupción establecidas entre operadores judiciales y grupos criminales.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Trump anuncia que duplicará los aranceles del acero, del 25 al 50 por ciento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó, el 30 de mayo de 2025, que planeaba aumentar los aranceles a las importaciones de acero, del 25 al 50 por ciento, medida que entraría en vigor la próxima semana.

“Vamos a imponer un aumento del 25 por ciento. Vamos a llevar del 25 por ciento al 50 por ciento los aranceles al acero en Estados Unidos, lo que asegurará aún más la industria del acero en Estados Unidos”, dijo el magnate neoyorquino.

Durante su visita a la planta Mon Valley Works-Irvin, de la empresa U.S. Steel, ubicada en West Mifflin, Pensilvania, Trump señaló que la medida ayudaría a proteger a los trabajadores siderúrgicos estadounidenses.

El magnate neoyorquino visitó dicha planta para defender el esperado acuerdo entre United States Steel Corp. y la japonesa Nippon Steel Corp., que garantizaría que la compañía de EE. UU. continuara siendo de propiedad y operación estadounidense. Además, añadió que los nuevos aranceles beneficiarían las operaciones de la nueva fusión empresarial.

“Creo que este grupo de personas que acaba de realizar estas inversiones está muy contento, porque eso significa que nadie podrá robarles su industria. Con el 25 por ciento, pueden superar esa barrera. Con el 50 por ciento, ya no pueden”, enfatizó Trump.

Los aranceles del 25 por ciento de Trump a las importaciones de acero y aluminio entraron en vigor a las 00:01 horas del miércoles 12 de marzo de 2025, debido a que expiraron exenciones anteriores, cuotas libres de impuestos y exclusiones de productos. En ese momento Canadá era el mayor proveedor extranjero de acero y aluminio de Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo, el 22 de mayo de 2025, la séptima llamada con su homólogo estadounidense Trump, para hablar de temas comerciales y afirmó que seguía negociando con el magnate neoyorquino.

“Va a haber otras llamadas, en principio seguimos hablando sobre el tema del comercio, de los aranceles. Recuerden que nosotros, en el caso de la automotriz, tenemos una situación muy preferencial para México, aunque todavía quisiéramos más, pero tenemos una situación preferencial y seguimos trabajando sobre el tema del acero y el aluminio”, insistió Sheinbaum Pardo.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Jufed pide frenar la elección judicial

La organización hizo la petición con base en la admisión de una queja interpuesta ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que se advierten posibles violaciones a la independencia judicial.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) pidió suspender la elección judicial del domingo 1 de junio.

La organización hizo la petición con base en la admisión de una queja interpuesta ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que se advierten posibles violaciones a los derechos humanos e independencia judicial.

En un comunicado, la Jufed informó que el Comité internacional aceptó una comunicación presentada en conjunto con el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos.

En dicha solicitud se acusa al “Estado mexicano de promover una reforma judicial que compromete la autonomía del Poder Judicial a través de elecciones populares”.

“La JUFED hace un llamado enérgico y firme al Estado mexicano a suspender de inmediato el proceso de elecciones judiciales, en tanto se sustancia el caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU”, se lee en la nota.

Además, indicó que el Comité ha solicitado al Estado mexicano la adopción de medidas de protección a favor de los magistrados y jueces, “a fin de evitar cualquier forma de intimidación o represalia por su cooperación con el sistema internacional de derechos humanos”.

Los jueces aseguran que esta reforma representa una afectación profunda a la independencia judicial, uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho.

Según la JUFED, esta solicitud representa un reconocimiento de que el actual contexto pone en riesgo a quienes integran el Poder Judicial mexicano.

En su exhorto al Gobierno federal, la JUFED fue enfática en señalar que continuar con el proceso electoral judicial ignorando las medidas provisionales de la ONU constituiría “una violación flagrante a las obligaciones internacionales asumidas por México”.

El proceso contempla que los cargos de jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema sean definidos mediante voto popular, entre 881 cargos judiciales federales, lo que ha sido cuestionado por sectores académicos, organismos internacionales y asociaciones judiciales.

La JUFED concluye que la comunidad nacional e internacional está observando de cerca este proceso y que su desarrollo podría tener repercusiones graves en la institucionalidad democrática del país.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El despojo de clase mundial de la CFE en tierras zapotecas

Con mentiras, contratos nulos y amenazas la empresa de clase mexicana construyó una subestación eléctrica que recibe transforma y distribuye la energía de 29 parques eólicos en Oaxaca.

La subestación eléctrica que recibe, transforma y distribuye la energía que producen 29 parques eólicos en Oaxaca fue construida sobre la injusticia denuncian comuneras y comuneros de Ixtepec, Oaxaca; quienes aseguran que hoy en sus tierras agrarias en vez de sembrar maíz, sorgo o ajonjolí, lo que hay son más de 300 torres y cables de alta tensión.

Así es el despojo de clase mundial que desde hace 17 años luchan sin recibir respuesta de la empresa mexicana, quién se defiende que hay contratos, pagos y que se trató de una expropiación avalada en asamblea, sin embargo, campesinas y campesinos confirman que no han recibido nada a pesar de las exigencias.

El acceso ya no está permitido, porque sus tierras ya están siendo usadas para recibir la energía que producen las más de mil 500 aerogeneradores, de los 29 parques eólicos instalados en el Istmo de Tehuantepec.

En un recorrido por la subestación, las comuneras y comuneros de 65 y 70 años de edad mostraron como en sus terrenos que antes producían alimentos para la vida; hoy se les niega el acceso y hay vigilancia día y noche los 365 días.

“Es mi terreno y no puedo entrar, mira tiene una tremenda barda, un gran candado. Me da mucha tristeza y coraje ver que hay una enorme construcción con vigilancia, mi papá murió luchando por recuperar sus tierras”, dijo Carmen Toledo Guzmán de 70 años.

Documentos oficiales emitidos por diversas autoridades federales, entre ellos, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDABIN) y el Registro Agrario Nacional (RAN) confirman este despojo colectivo, confirmando que no hubo ninguna acta de asamblea que avale que la comunidad agraria cedió sus terrenos para la obra de clase mundial.

La defensa de las y comuneros a cargo de “Defensores de la Justicia”, confirman que no hubo expropiación, pero sí un despojo; además la empresa mexicana violentó el Convenio 169 de la OIT, al no existir una consulta libre, previa e informada como lo marca el estándar internacional.

El despojo de clase mundial es evidente de parte de la CFE señalan las campesinas y campesinos quienes acusan que fue avalado por sus representantes agrarios de  Ixtepec, Oaxaca, en ese entonces representado por Germán Rosado conocido como “Chebola”, Alfonso de los Santos Santiago, en el 2008, -fecha se entregaron los terrenos a CFE-, y  Baldomero Rosado y Juan Arrona.

Aunque el desgaste físico y emocional que ha dejado esos 17 años de lucha es evidente, no se rinden y aseguran que lo que queda es resistir por la vía legal.

“El 25 de abril del 2024, promovimos con los abogados que nos acompañan un amparo ante el juzgado federal donde con pruebas pedimos que CFE cumpla y nos pague, es evidente que lo que hizo acá, fue un despojo de clase mundial”.

Una injusticia al pueblo

“Ha sido una batalla muy dura y difícil, hemos denunciado por todos lados, pero no nos hacen caso” dice José Luis Palomec, campesino zapoteca  de 70 años de edad y comunero de Ixtepec, Oaxaca que sigue en pie de lucha.

En su terreno que abarca 2 hectáreas justo a la mitad están colocados unos enormes cables de alta tensión y dos torres de alta tensión, que impiden que haga vida en su patrimonio.

La hija de José Luis Palomec de nombre Antonia se ha convertido en activista comunitaria, con el único fin de que se le haga justicia a su gente.

“Llevamos 17 años, desde el 2008, pidiéndole a las autoridades justicia para las y los campesinos, muchos porque creen que los campesinos son analfabetos y no. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desechó una queja donde le contamos de las violaciones graves que han vivido ellas y ellos, por ejemplo, que sus tierras no fueron expropiadas si no despojadas”.

La activista reafirma que la CFE argumenta que no afectó a nadie, porque supuestamente dichas tierras son de uso común, lo cual es una mentira, pues cada hectárea cuenta con título de propiedad de comuneras y comuneros, entonces dice  es otra mentira de CFE y así lo quiso hacer pasar con la jueza.

Pero eso no es todo, Carmen Toledo Guzmán de 70 años relata que siente mucha tristeza ver en las tierras de su padre, la CFE construyó la subestación que distribuye toda la energía que producen los parques eólicos del Istmo.

“Mi padre Luis Toledo Hernández murió sin ver la justicia por sus tierras. La CFE la ocupó para construir la subestación, pero eso no es todo, se apoderaron de otro terreno de dos hectáreas donde desechan todos sus residuos, en fin, un despojo muy grande. No hubo contrato y no hemos recibido un solo peso”, señala.

Cuando Alejandrino Martínez Mendoza de 64 años edad llegó a su terreno ya estaba cercado con troncos de madera y alambres de púas. También había unos hombres vestidos con ropa café claro y logotipo de la CFE, ellos le dijeron que no podía entrar a su terreno porque ahí se colocarían unas torres de una subestación, entonces comenzó la batalla.

“Yo no entendía nada. Ese día me enojé mucho, les dije  a esos hombres que era mi terreno. Ellos mandaron a la policía, y les dije, no porque me ves analfabeta, no voy a defender mi terreno. Llévenme a la cárcel, pero es mi terreno, sin embargo, las torres están en el centro de mi terreno, entonces no puedo ni meter mis ganados ni mucho menos cultivar mi maíz o mi calabaza”.

Alejandrino reconoce que el desgaste ha sido generalizado para todas y todos. “A veces me enojo mucho y pienso, cómo es posible que una empresa, que supuestamente es de todas y todos los mexicanos, nos quite nuestras tierras. Esto es un despojo”.

Lucharé por mi tierra hasta mi último día

Aunque visiblemente desgastada por una enfermedad, no impide a Imelda Saavedra Palomec defender sus tierras que también heredó de su padre.

Relata qué tras acudir personalmente a las oficinas de la CFE ubicadas en Juchitán, Oaxaca a media hora de Ciudad Ixtepec y la sorpresa que se llevó fue que el encargado le comentó, qué a German Rosado, ex comisariado le pagaron por ocupar las 42 hectáreas.

Imelda refiere que luchará hasta sus últimos días, pues esas tierras significaron mucho para su papá, quién falleció en el intento de ver una indemnización justa.

Lo mismo ocurre con Isaura Morales Antonio de 70 años, con la muerte de su esposo, decide continuar luchando porque es lo justo.

Recorre sus tierras mostrando que antes sembraba maíz, sorgo y ajonjolí y ahora no puede, porque en las 6 hectáreas de su terreno colocaron 3 torres de alta tensión de unos 40 metros cada uno.

“Las tierras se echaron a perder, es imposible sembrar, nos da mucha tristeza y coraje, porque nunca nos pidieron permiso, simplemente llegaron y colocaron esas enormes torres”, afirma.

Una lucha de más de 6 mil días

Laura Morales Juárez y José Juan Julián Santiago, son abogados indígenas que forman parte de «Defensores por la Justicia», así se llama el colectivo que crearon y que acompaña a las y los comuneros en su lucha por buscar justicia intercultural, con perspectiva de género y derechos humanos.

Reconocen que la lucha que lleva más de 6 mil 200 días no es una tarea fácil, pues se trata de una encrucijada que surgió desde las instituciones públicas, quienes han utilizado las prácticas comunitarias y cooptado a sus representantes, para implementar proyectos que lejos de beneficiar a quienes han sido afectados de la comunidad de Ciudad Ixtepec, ha ocasionado su división y violentado sus derechos a la tierra, territorio y recursos naturales.

Además, es de precisarse, que el resto de la comunidad o no sabe lo que ocurre, o simplemente normaliza o no toma en consideración esta lucha que encabezan las comuneras y comuneros, pues como ellas y ellos mismos dicen, no se trata de exigir dinero, si no que no se violente más sus derechos nunca más.

“La lucha de las comuneras y comuneros zapotecas es una lucha justa, pero en este país, esto no se acepta cuando se impulsan proyectos de supuesto desarrollo, ya que solo se busca impedir reconocer los derechos a la propiedad, posesión, uso y disfrute de las tierras, territorios y recursos naturales de quienes integran las comunidades indígenas, y eso es una vergüenza, en un país que dice reconocer la diversidad cultural”, señalan los defensores.

Dicen que a raíz de un amparo interpuesto han podido corroborar que existen irregularidades en torno a la actuación de la CFE y la supuesta expropiación de las tierras de la comunidad de Ciudad Ixtepec.

La esperanza ahora, es la resolución judicial, que esperan sea a su favor. “Esperemos que por fin haya justicia, casi son 20 años de lucha contra el despojo de una empresa de clase mundial”.


FUENTE: ITSMO PRESS.
AUTOR: DIANA MANZO.

Detienen a 12 colombianos tras explosión de mina terrestre, que dejó 8 militares muertos

Un total de 17 personas implicadas en la colocación de minas terrestres explosivas en Michoacán, entre ellos 12 colombianos, fueron detenidas, el 30 de mayo de 2025, por elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas, en el municipio de Los Reyes.

Según lo informó el diario Reforma, citando “fuentes estatales”, se trataba de una “célula criminal” que supuestamente operaba en esa localidad ubicada a 180 kilómetros de Morelia, hacia los límites con Jalisco. Los detenidos, asegurados junto con equipo táctico y armas, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en la capital estatal michoacana.

La XXI Zona Militar, con sede en Morelia, confirmó a medios locales que las 17 personas fueron detenidas en una casa de seguridad, descubierta por personal del 17/o Batallón de Infantería.

“Los detenidos serán además investigados como presuntos responsables de la fabricación y explosión de la narcomina que el pasado martes mató a al menos seis militares que patrullaban en un vehículo táctico blindado tipo SandCat por un camino rural del poblado de El Santuario, en Los Reyes, se indicó. Hasta ahora, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre esta captura”, enfatizó el citado periódico.

“Se indicó que esta célula de sicarios está presuntamente bajo las órdenes de Alfonso Fernández Magallón, ‘Poncho La Quiringüa’, y Luis Enrique Barragán Chávez, ‘El Güicho’, líderes del autodenominado Cártel de Los Reyes. En Los Reyes, el Ejército desplegó a unos 400 efectivos y seis aeronaves para localizar a los responsables de la agresión a los seis militares fallecidos, entre ellos dos oficiales de la Guardia Nacional adscritos a la Fuerza Especial de Reacción Inmediata”, abundó el mismo rotativo.

Al menos ocho militares muertos dejó como saldo la explosión de una mina terrestre, la noche del 27 de abril de 2025, en el poblado El Santuario, del municipio de Los Reyes, Michoacán, en la región limítrofe de la sierra con el estado de Jalisco.

Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) tripulaban un vehículo táctico blindado y pertenecían a la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI), asignada a la Guardia Nacional (GN) y al Grupo de Respuesta de Emergencias (GRE).

El reporte de la 21 Zona Militar en Morelia, Michoacán, citado por el medio digital Latinus indicó que la detonación de la mina terrestre provocó la muerte de seis militares en el lugar, mientras que los que resultaron con heridas graves fallecieron mientras recibían atención médica en un hospital de Apatzingán.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada al respecto, el 28 de abril de 2025. “Es muy lamentable que esto ocurra, el uso de artefactos explosivos”.“Nuestra solidaridad, cariño y todo el apoyo a los familiares de la Guardia Nacional”, respondió la titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Según lo reportaron medios locales y nacionales, basados en fuentes, la explosión ocurrió en una zona serrana de dicho territorio dominado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuando un grupo de elementos de la DEFENSA y de otras instituciones de seguridad locales, fueron desplegados para realizar un operativo.

Sin embargo, al transitar por un camino de terracería, en un vehículo oficial militar, la mina estalló, dejando a seis elementos muertos y dos heridos. Seis aviones y cuatro helicópteros se trasladaron al lugar de los hechos para proporcionar apoyo. Dos elementos fueron trasladados en helicóptero a un nosocomio para su atención médica. Su estado de salud se reportaba como grave.

“Fuentes preliminares de seguridad y comunales de esa zona, limítrofe con el estado de Jalisco, refirieron que desde el pasado sábado, el grupo militar ‘Murciélagos’, desplegó un operativo que tenía como objetivo el desmantelamiento de un centro de operaciones y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación en Santa María del Oro”, indicó el diario El Universal.

“Refirieron que en dicho lugar la organización criminal tenía también una ametralladora Minigun, además de un arsenal y sicarios con los que perpetraban ataques a diferentes comunidades y autoridades”, agregó el citado rotativo.

“Las fuentes dijeron a EL UNIVERSAL que un operativo ingresó a esa zona por el municipio aledaño de Jilotlán, hasta llegar a Santa María del Oro, donde se enfrentó con las células criminales. Pero mientras el convoy militar circulaba sobre una brecha, el grupo delictivo hizo estallar un explosivo”, detalló el mismo diario.

“El mando en la zona, perteneciente al Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, alertó sobre el estallido de la mina al paso de un vehículo blindado perteneciente a la Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI) de la corporación que realizaba un operativo en la zona”, afirmó, por su parte, el periódico Reforma.

“Mientras que las fuentes militares refieren que el hecho violento se reportó en Los Reyes, Michoacán, autoridades civiles reportan que el suceso ocurrió en el territorio de Jalisco. Se indicó que los elementos de la FERI realizaban reconocimientos en vehículos blindados en las inmediaciones del poblado El Santuario, Municipio de Los Reyes, que limita con Jalisco y los municipios michoacanos de Cotija y Buenavista”, agregó el mismo rotativo.

“En un tramo, una mina fue activada al paso del convoy, por lo que murieron dos oficiales y cuatro de tropa Los fallecidos son el Segundo Subinspector Jovany R. R. y el Subagente Jorge Alberto C. V. de acuerdo con las fuentes. Un oficial y uno de tropa del Grupo de Respuesta a Emergencias (GRE) resultaron heridos, por lo que fueron evacuados al hospital militar de Apatzingán, Michoacán”, abundó el diario.

“El vehículo blindado de la FERI resultó en pérdida total. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el hecho de manera oficial. Se indicó que seis aviones ‘Texan’ y cuatro helicópteros se trasladaron al área de la agresión para proporcionar apoyo a la fuerza terrestre”, confirmó Reforma.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

La SSC detiene a dos presuntos integrantes de la Anti-Unión Tepito en la Cuauhtémoc

El Secretario Pablo Vázquez dio a conocer la detención de dos integrantes de La Anti Unión Tepito en la Alcaldía Cuauhtémoc, en posesión de aparente mariguana, cocaína y crystal.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvieron este viernes a dos integrantes de La Anti-Unión Tepito, entre ellos Luis Emmanuel Barroso, alias "El Lunátiko", por su presunta participación en un triple homicidio, ocurrido el año pasado.

La captura fue reportada por el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, quien aseguró que los sujetos fueron aprehendidos en la Alcaldía Cuauhtémoc en posesión de aparente mariguana, cocaína y crystal; además de ser integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona centro de la capital.
"Uno de los detenidos es presunto integrante de un grupo delictivo generador de violencia que mantiene una disputa con otra célula, las cuales operan en la zona centro. A uno se le relaciona con el homicidio de tres personas ocurrido en 2024", destacó el funcionario en redes sociales.
De acuerdo con las investigaciones, el triple homicidio por el que se imputa a "El Lunático" se registró la madrugada del 24 de noviembre de 2024, en una vecindad ubicada entre las calles Manuel Doblado y José Joaquín Herrera, de la Colonia Centro.

Aquel día, un grupo de personas se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas cuando fueron sorprendidos por criminales a bordo de motocicletas que abrieron fuego contra los presentes, dejando a tres hombres sin vida.

Desde entonces, las autoridades capitalinas intensificaron los patrullajes preventivos, trabajos de inteligencia y operativos de vigilancia fija y móvil en la demarcación. Como resultado de estas acciones, elementos de la Policía Auxiliar detuvieron a dos hombres que manipulaban bolsas con droga en plena vía pública.
Al notar la presencia policial, los sospechosos abordaron una motocicleta color azul e intentaron huir, por lo que se originó una persecución que culminó en la Tercera Calle de República de Bolivia, donde las autoridades capitalinas les cerraron el paso y provocaron que cayeran a la cinta asfáltica donde rápidamente fueron asegurados.

Al realizarles una revisión preventiva, en apego al protocolo de actuación policial, les aseguraron 24 cápsulas con un material color blanco similar a la cocaína, nueve dosis de aparente mariguana, una bolsa con una sustancia parecida al crystal, un teléfono celular, dinero en efectivo y un sensor de presencia de motocicleta.

Por lo anterior, los hombres de 23 y 29 años de edad fueron detenidos, informados de sus derechos de Ley y, junto con lo asegurado, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

César Mora Velázquez, artífice de la "estafa siniestra" es detenido en Miami

Mora Velázquez está acusado de participar en un esquema de corrupción que involucra el desvío de 520 millones de pesos de recursos públicos. En los próximos días será deportado a México.

César Román Mora Velázquez, exsecretario de la Contraloría del estado de Hidalgo durante la Administración de Omar Fayad, fue detenido el pasado miércoles en Miami, Florida, por su presunta implicación en la Estafa Siniestra con el desvío de 520 millones de pesos, informaron ayer las autoridades. En los próximos días será deportado a México.

Francisco Fernández Hasbun, jefe del Departamento de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), detalló que la aprehensión se registró el 28 de mayo y estuvo a cargo de la Oficina de Seguridad Diplomática de Investigaciones Criminales de la Embajada de Estados Unidos, en coordinación con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés).
“El día de ayer, autoridades de Estados Unidos nos notificaron sobre de la detención en Miami, Florida, Estados Unidos, para el proceso de deportación a México de una persona identificada con iniciales C.R.M.V., quien es investigada por esta procuraduría por hechos posiblemente constitutivos de delito”, detalló el funcionario en un video publicado en X, antes Twitter.
¿De qué es acusado Mora Velázquez?

El excolaborador de Fayad es investigado por hechos posibles constitutivos de delito, por lo que la captura fue calificada como “una labor importante en la investigación del maxiproceso en Hidalgo”, luego de haber permanecido prófugo de la justicia por más de dos años.

Según los reportes, César Román Mora Velázquez enfrenta tres órdenes de aprehensión por los delitos de amenazas, peculado y uso ilícito de atribuciones. Asimismo, cuenta con una acusación por el delito de proceso civil por extinción de dominio y una inhabilitación administrativa de un año para ocupar cargos públicos en México.

En el transcurso de las investigaciones, Mora Velázquez acumuló más cargos penales y administrativos por presuntos actos de corrupción y omisiones patrimoniales.

A causa de sus acciones, un Juez giró una orden de aprehensión en su contra bajo la causa penal 54/2023. Esta acción derivó en la activación de la ficha roja A-2291/3-2023 de Interpol, misma que permitía su búsqueda internacional.

Además de ese proceso, César Román Mora Velázquez fue vinculado a una red de desvío de recursos públicos que involucró a presidentes municipales y funcionarios, mediante un esquema operado con empresas fantasma registradas en domicilios fiscales ubicados en Jalisco, Oaxaca e Hidalgo.

Durante una inspección, las autoridades detectaron que las supuestas organizaciones estaban registradas en casas habitación y departamentos que no reunían las características propias de sociedades mercantiles. Esta operación fraudulenta abarcó áreas como servicios de salud, arrendamiento de maquinaria, adquisición de sistemas informáticos, desarrollo de aplicaciones móviles y creación de páginas web.


A César Román Mora Velázquez se le señaló por su presunta participación en el desvío de 522 millones de pesos, hecho que derivó en la emisión de dos órdenes de aprehensión adicionales por delitos graves relacionados con actos de corrupción.

Antes de su captura, promovió dos juicios de amparo federales —identificados con los números 915/2024 y 284/2025— con los que intentaba frenar su detención y anular la inhabilitación impuesta en su contra. Incluso logró posponer varias audiencias constitucionales como parte de su estrategia legal, hasta el día de hoy que culminó la búsqueda de su paradero.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum llama a participar en la elección judicial; niega boicot de la CNTE

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que "México es libre y las y los mexicanos pueden participar en la elección judicial" de este 1 de junio.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó este viernes a todos los mexicanos a participar en la elección judicial del próximo domingo 1 de junio, a fin de elegir a los nuevos ministros, magistrados y jueces que integrarán al Poder Judicial de la Federación (PJF).

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria federal aseguró que "México es libre, y las y los mexicanos pueden participar en la elección", por lo que agregó que una alta participación ciudadana en las urnas será la mejor forma de conmemorar el primer aniversario de su triunfo electoral.
"¿A qué llamamos nosotros? A que participen a que vayan a votar, a que decidan quienes son los que quieren que sean sus ministros y ministras, magistrados, jueces, miembros del tribunal judicial, a quienes van a ser parte del Tribunal Judicial Electoral. Participar es la mejor forma de transformar un país de muchas maneras. […] Va a ser mejor el Poder Judicial que llegue, al que tenemos ahora", manifestó en "la mañanera del pueblo", manifestó en "la mañanera del pueblo".
Luego de ser cuestionada sobre el llamado a no votar de diferentes personalidades como Pati Chapoy, Chumel Torres, Martha Higareda, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que los mexicanos son libres de participar en las elecciones y cuestionó a quienes hacen este llamado.

"México es libre, las y los mexicanos pueden decidir participar en la elección. Nuestro debate es con aquellos que llaman a no votar, no porque no tengan derecho a llamar a no votar, sino porque son aquellos que dicen que México no es democrático. Lorenzo Córdova, a todos los Aguilares Camín, todos estos que están llamando a no votar dicen que México es autoritario. Que llegó un Gobierno autoritario, pero ¿cómo? Si va a haber una votación", dijo al respecto.


La Presidenta destacó que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo se eligen y cuestionó: " ¿por qué el Poder Judicial no puede elegirse? Sobre todo con la historia reciente" y señaló la corrupción y el vínculo con intereses creados de los jueces, magistrados y ministros. Ejemplificó que los jueces evitan que haya resoluciones para que las personas paguen sus impuestos.

La Jefa del Ejecutivo destacó su respeto a la veda electoral, pero detalló que ésta permite incentivar la participación en los comicios del próximo domingo.
“¿Ya listos para el domingo? ¿Quién va a votar? Ya me dijeron que sí puedo hablar de eso, [...] entonces, aprovecho para decir: a votar todos, el domingo”, destacó en el Salón de Tesorería.
Las elecciones al Poder Judicial derivadas de la reforma constitucional promovida en 2024 por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador y son respaldadas por la actual mandataria.

En total, se registraron tres mil 422 candidaturas, con un récord de 99.7 millones de electores convocados a votar. Según el Instituto Nacional Electoral (INE), habrá más de 84 mil centros de votación, incluyendo 245 casillas especiales para los ciudadanos en tránsito.


Sheinbaum niega boicot de la CNTE

En la misma intervención, Sheinbaum Pardo confió en que no habrá boicot de los maestros a la elección del Poder Judicial de este domingo, luego de las secretarías de Gobernación y Educación Pública presentaron una nueva propuesta a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

De acuerdo con la Presidenta, la propuesta será consultada por la organización conforme a las bases de su movimiento. A raíz de ello, destacó que este es un esfuerzo extraordinario del Gobierno federal porque es una convicción de su Administración, a fin de fortalecer la educación pública.
"Esperemos que no, pues estarían actuando contra la libertad del pueblo para poder decidir el Poder Judicial. Que consulten esta propuesta, que es un esfuerzo extraordinario que hacemos porque creemos en los maestros y en la educación pública", indicó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

SCJN desecha denuncias contra Yasmín Esquivel por plagio de tesis de Licenciatura

Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó, el 3 de marzo de 2025, las denuncias presentadas contra la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en el caso del supuesto plagio a la tesis de Licenciatura, presentada en 1987, casi idéntica a la que el alumno Edgar Ulises Báez, defendió un año antes que ella, en 1986.

En sesión privada, en la que participó Esquivel Mossa, el Pleno del máximo tribunal constitucional -que notificó la resolución el 30 de mayo de 2025- estableció, en el caso turnado a Juan Luis González Alcántara, que los ministros no podrían ser sujetos a sanciones por responsabilidad administrativa, porque no existía un marco legal que lo permitiera, por lo que todas las denuncias de este tipo debían ser desechadas.

“Mientras no exista un marco legislativo que desarrolle con precisión las faltas susceptibles de atribuirse a los ministros y ministras de la Suprema Corte, así como las sanciones y el procedimiento a seguir para su determinación, no se les puede reprochar responsabilidad administrativa a fin de no interferir con la alta función jurisdiccional que se le has conferido”, explicó el fallo del Pleno del máximo tribunal constitucional, que derivó de una consulta planteada por la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA), de la SCJN.

El fallo del Pleno del máximo tribunal constitucional también estableció que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), que iniciaría funciones en septiembre de 2025, tampoco podría fincar responsabilidades a integrantes de la SCJN, ya que la Constitución sólo permitía que fueran removidos del cargo por juicio político, o por juicio de procedencia, para ser acusados penalmente por algún delito, es decir, que contaban con garantías especialmente reforzadas.

Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que no se podía seguir aplicando un Acuerdo General que aprobó en 2005, el cual preveía un procedimiento para atender quejas y denuncias de este tipo contra los ministros, además de que facultaba al Pleno de la SCJN para sancionarlos.

“Asumir lo contrario, nos llevaría a una conclusión poco sostenible, a saber, que el texto constitucional dispone garantías de la independencia judicial especialmente reforzadas frente a responsabilidad política y penal atribuida a ministras y ministros, pero ninguna garantía frente a la responsabilidad administrativa, que es susceptible de producir, con mucha mayor facilidad que las primeras, la perturbación e interrupción de las atribuciones del máximo tribunal de justicia del país”, justificó el Pleno de la SCJN, en su fallo.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó, en definitiva, el 4 de diciembre de 2024, que la UNAM no podría sancionar a Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso del supuesto plagio a la tesis de Licenciatura, presentada en 1987, casi idéntica a la que el alumno Edgar Ulises Báez, defendió un año antes que ella, en 1986.

La instancia judicial desechó, por ser supuestamente improcedente -sin pronunciarse de fondo-, el recurso de revisión fiscal intentado por la UNAM, para impugnar un fallo dictado el 7 de marzo de 2024, por la a Sexta Sala Regional Metropolitana, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en favor de Esquivel Mossa, quien sería candidata para mantenerse en la SCJN, durante la elección que se llevaría a cabo el primero de junio de 2025.

Lo anterior, porque el 10 de enero de 2023, Alfredo Sánchez Castañeda, entonces Abogado General de la UNAM, envió al entonces rector, Luis Enrique Graue Wiechers, una opinión en la que concluyó que dicha institución de estudios superiores “carece de una norma jurídica que le permita expresamente retirar, cancelar o revocar los títulos académicos que otorga”.

Sánchez Castañeda también consideró que la llamada “máxima casa de estudios” no tenía jurisdicción respecto a sus ex alumnos, y en su caso, lo más que podía hacer la UNAM era “condenar” el supuesto plagio.

Según lo informó el diario Reforma, el 7 de agosto de 2024, Esquivel Mossa presentó una demanda ante el TFJA, “hasta ahora no conocida públicamente”, para exigir que la “opinión” del entonces Abogado General de la UNAM fuera reconocida como un acto administrativo de autoridad, vinculante para la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Se declara la existencia del derecho subjetivo derivado del oficio AGEN/09/2023 emitido por el Abogado General de la UNAM, cuya convalidación demandó la parte actora (Esquivel) y se condena a las autoridades demandadas al cumplimiento de las obligaciones correlativas derivadas del oficio, y a restituir a la actora (Esquivel) en el goce de sus derechos”, ordenó la Sexta Sala Regional Metropolitana, del TFJA.

Además, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad de los actos de la UNAM, posteriores al oficio de 10 de enero de 2023, incluida la convocatoria al Comité Universitario de Ética (CUÉTICA), para investigar el presunto plagio.

Según el citado rotativo, las conclusiones de dicha instancia, respecto al caso del supuesto plagio de Esquivel Mossa, no habían sido publicadas, porque lo impedía una demanda civil de la ministra, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), en donde José Manuel Salazar Uribe, titular del Juzgado Sesenta Civil de la capital de la República, concedió, desde abril de 2023, la “medida cautelar” para silenciar a la UNAM.

No obstante, la sentencia del TFJA, que fue notificada desde el 7 de marzo de 2024 -pero conocida hasta el 7 de agosto del mismo año-, no era definitiva, ya que la UNAM impugnó mediante recurso de revisión fiscal, admitido el 19 de junio del 2024, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, donde abogados de Esquivel Mossa presentaron el 11 de julio del mismo año, argumentos a favor de confirmar el fallo de primera instancia.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Una casa, el poder y el gobierno de Marina

Fernando Salgado Chávez es un personaje muy cercano al poder en Baja California. Aunque públicamente se mueve con un bajo perfil, su influencia la viven y la padecen otros empresarios de la región, particularmente en Tijuana, Rosarito y Ensenada.

Originario del puerto de Ensenada, dicen quienes le conocen que es dado a ser la mano que mueve los hilos, o la cuna de la política, lo cual logra a partir de invertir recursos en las campañas políticas. En el puerto bajacaliforniano fue muy ligado al gobierno de Armando Ayala, quien a su vez fue señalado incluso ante la hoy alcaldesa, Claudia Agatón, como quien obstaculizaba obras y desarrollos por no llegar a acuerdos extraoficiales financieros.

En Baja California, hace unos 15 años, Salgado Chávez hizo amistad y compadrazgo con quien sería el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, motivo por el cual, la esposa del ex fiscal, Anakaren Sánchez Rodríguez, aparece como la directora financiera de la empresa INTL Builders Inc, que dirige Salgado, y la cual compró la casa en Rancho Santa Fe en la que se exhibió la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (y su familia cercana) en redes sociales.

Para darse una idea de la estrecha relación entre Salgado y Carpio, la esposa de este último es lo que en Estados Unidos se conoce como CFO (Chief Financial Oficcer, por sus siglas en inglés), pero en México en cualquier empresa ese cargo se conoce como “Director Financiero”, y se trata del “responsable de gestionar las actividades financieras de una organización. Supervisa la planificación financiera, la gestión de riesgos, el mantenimiento de registros y la elaboración de informes financieros, garantizando así la salud financiera de la empresa. Los CFO suelen reportar al CEO y tienen una responsabilidad fiduciaria ante la Junta Directiva y los accionistas”, de acuerdo a su definición.

En Rosarito, en la época en que el ayuntamiento lo encabezaba Araceli Brown, el encargado de Desarrollo Urbano, Enrique Díaz Pérez -refieren empresarios de la construcción- tenía dos jefes extraoficiales: uno el notorio por haber sido detenido por narcotráfico en 2009, Candelario Arceaga, el Cande; y el otro, Fernando Salgado Chávez.

Pero cuando esa administración en el quinto municipio terminó, esos poderes fácticos mudaron a Tijuana.

Efectivamente, empresarios de la construcción en la fronteriza ciudad, comentaron a esta columnista cómo Fernando Salgado controla toda obra, concesión o contrato que se otorga en la administración de Ismael Burgueño; para ello proveyeron la lista de funcionarios que se reportan no con el alcalde, sino con Salgado. Entre ellos, por supuesto, Enrique Díaz Pérez, quien pasó del Ayuntamiento de Rosarito, a ser el encargado de Desarrollo Urbano de Tijuana.

Se suma Pedro Montejo Peterson, secretario de Economía, quien es íntimo amigo de Fernando Salgado; Juan Diego Mascareño López en el IMPLAN; Nelly del Carmen Pabello Vega en Oficialía Mayor; y, muy importante, Fran Ochoa Chávez, en la Dirección de Obras e Infraestructura.

Con este entramado de colaboradores municipales, la red de Salgado -confiaron los empresarios- se encarga de bloquear proyectos que no concilian con ellos en términos financieros. Varios de los entrevistados para este texto, que solicitaron el anonimato por muy obvias razones de represión o mayores obstáculos en los trámites municipales, confiaron que los permisos, anuencias, citas, proyectos que entregan al Ayuntamiento de Tijuana no tienen el visto bueno del alcalde Burgueño, sino del empresario Fernando Salgado, a quien los funcionarios le reportan directamente. Algunos de estos desarrolladores están esperando que concluya la presente administración en Tijuana, para poder reactivar sus proyectos en otras condiciones y con otros funcionarios.

Toda esta red de funcionarios al servicio de externos y no del ayuntamiento, salió a colación una vez que se hizo público que la casa en la que la gobernadora Marina Ávila Olmeda presumió la celebración del Día del Padre en junio de 2024, y que publicó en su red social X, y que se asumió era su residencia, está a nombre de la empresa de Fernando Salgado donde la esposa del ex fiscal Carpio, Anakaren Sánchez, también aparece como directora financiera.

La mansión, porque, de hecho, el término de casa le queda chico, tiene alberca, seis recamaras, cuatro baños y medio, jacuzzi, barra, y hasta una playa artificial; además, claro, de las áreas de uso personal y común como salas, cocina, estancias y etcétera. Esta casa se descubrió cuando Marina Ávila publica la foto festejando a su padre, y la escenografía, un elegante sofá blanco con cortinas cafés, coincide con la de la mansión puesta en venta en marzo de este mismo año, un mes antes de que, al esposo de la gobernadora, Carlos Torres, y a ella misma, les fuera revocada la visa para internarse en los Estados Unidos.

La residencia en cuestión fue adquirida por tres millones 995 mil dólares, y por ejemplo, en el 2024, nada más de predial, pagó poco más de 50 mil dólares.

Tanta opulencia presumida por la gobernadora en sus redes, en momentos de una crisis política como la que vive por la revocación de su visa, hizo que se investigara la foto que publicó, y a la persona que ella señaló como el propietario de la mansión. Así se conoce la influencia de Fernando Salgado Chávez en la política bajacaliforniana y los bienes y raíces en los Estados Unidos, que utilizan mexicanos; o utilizaban, cuando podían entrar a aquel país.

La cuestión es si el poder y la influencia de Salgado seguirá ahora que se conoce de sus redes; o si, por ejemplo, el alcalde Ismael Burgueño retoma la administración de su gobierno y nombra a sus propios funcionarios; o si de plano el compromiso es tanto que se mantiene el escenario como está. Y eso, se verá en los próximos días.

Pero de que se ha destapado algo en Baja California, es una realidad innegable.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.