Originario del puerto de Ensenada, dicen quienes le conocen que es dado a ser la mano que mueve los hilos, o la cuna de la política, lo cual logra a partir de invertir recursos en las campañas políticas. En el puerto bajacaliforniano fue muy ligado al gobierno de Armando Ayala, quien a su vez fue señalado incluso ante la hoy alcaldesa, Claudia Agatón, como quien obstaculizaba obras y desarrollos por no llegar a acuerdos extraoficiales financieros.
En Baja California, hace unos 15 años, Salgado Chávez hizo amistad y compadrazgo con quien sería el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, motivo por el cual, la esposa del ex fiscal, Anakaren Sánchez Rodríguez, aparece como la directora financiera de la empresa INTL Builders Inc, que dirige Salgado, y la cual compró la casa en Rancho Santa Fe en la que se exhibió la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (y su familia cercana) en redes sociales.
Para darse una idea de la estrecha relación entre Salgado y Carpio, la esposa de este último es lo que en Estados Unidos se conoce como CFO (Chief Financial Oficcer, por sus siglas en inglés), pero en México en cualquier empresa ese cargo se conoce como “Director Financiero”, y se trata del “responsable de gestionar las actividades financieras de una organización. Supervisa la planificación financiera, la gestión de riesgos, el mantenimiento de registros y la elaboración de informes financieros, garantizando así la salud financiera de la empresa. Los CFO suelen reportar al CEO y tienen una responsabilidad fiduciaria ante la Junta Directiva y los accionistas”, de acuerdo a su definición.
En Rosarito, en la época en que el ayuntamiento lo encabezaba Araceli Brown, el encargado de Desarrollo Urbano, Enrique Díaz Pérez -refieren empresarios de la construcción- tenía dos jefes extraoficiales: uno el notorio por haber sido detenido por narcotráfico en 2009, Candelario Arceaga, el Cande; y el otro, Fernando Salgado Chávez.
Pero cuando esa administración en el quinto municipio terminó, esos poderes fácticos mudaron a Tijuana.
Efectivamente, empresarios de la construcción en la fronteriza ciudad, comentaron a esta columnista cómo Fernando Salgado controla toda obra, concesión o contrato que se otorga en la administración de Ismael Burgueño; para ello proveyeron la lista de funcionarios que se reportan no con el alcalde, sino con Salgado. Entre ellos, por supuesto, Enrique Díaz Pérez, quien pasó del Ayuntamiento de Rosarito, a ser el encargado de Desarrollo Urbano de Tijuana.
Se suma Pedro Montejo Peterson, secretario de Economía, quien es íntimo amigo de Fernando Salgado; Juan Diego Mascareño López en el IMPLAN; Nelly del Carmen Pabello Vega en Oficialía Mayor; y, muy importante, Fran Ochoa Chávez, en la Dirección de Obras e Infraestructura.
Con este entramado de colaboradores municipales, la red de Salgado -confiaron los empresarios- se encarga de bloquear proyectos que no concilian con ellos en términos financieros. Varios de los entrevistados para este texto, que solicitaron el anonimato por muy obvias razones de represión o mayores obstáculos en los trámites municipales, confiaron que los permisos, anuencias, citas, proyectos que entregan al Ayuntamiento de Tijuana no tienen el visto bueno del alcalde Burgueño, sino del empresario Fernando Salgado, a quien los funcionarios le reportan directamente. Algunos de estos desarrolladores están esperando que concluya la presente administración en Tijuana, para poder reactivar sus proyectos en otras condiciones y con otros funcionarios.
Toda esta red de funcionarios al servicio de externos y no del ayuntamiento, salió a colación una vez que se hizo público que la casa en la que la gobernadora Marina Ávila Olmeda presumió la celebración del Día del Padre en junio de 2024, y que publicó en su red social X, y que se asumió era su residencia, está a nombre de la empresa de Fernando Salgado donde la esposa del ex fiscal Carpio, Anakaren Sánchez, también aparece como directora financiera.
La mansión, porque, de hecho, el término de casa le queda chico, tiene alberca, seis recamaras, cuatro baños y medio, jacuzzi, barra, y hasta una playa artificial; además, claro, de las áreas de uso personal y común como salas, cocina, estancias y etcétera. Esta casa se descubrió cuando Marina Ávila publica la foto festejando a su padre, y la escenografía, un elegante sofá blanco con cortinas cafés, coincide con la de la mansión puesta en venta en marzo de este mismo año, un mes antes de que, al esposo de la gobernadora, Carlos Torres, y a ella misma, les fuera revocada la visa para internarse en los Estados Unidos.
La residencia en cuestión fue adquirida por tres millones 995 mil dólares, y por ejemplo, en el 2024, nada más de predial, pagó poco más de 50 mil dólares.
Tanta opulencia presumida por la gobernadora en sus redes, en momentos de una crisis política como la que vive por la revocación de su visa, hizo que se investigara la foto que publicó, y a la persona que ella señaló como el propietario de la mansión. Así se conoce la influencia de Fernando Salgado Chávez en la política bajacaliforniana y los bienes y raíces en los Estados Unidos, que utilizan mexicanos; o utilizaban, cuando podían entrar a aquel país.
La cuestión es si el poder y la influencia de Salgado seguirá ahora que se conoce de sus redes; o si, por ejemplo, el alcalde Ismael Burgueño retoma la administración de su gobierno y nombra a sus propios funcionarios; o si de plano el compromiso es tanto que se mantiene el escenario como está. Y eso, se verá en los próximos días.
Pero de que se ha destapado algo en Baja California, es una realidad innegable.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
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