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Investigación de Ayotzinapa cumple 3 años “olvidada” mientras fiscal especial se distraía en fiestas; padres piden destitución

Por: Draco Dracul on miércoles, mayo 28, 2025 / Comentarios: 0 ,

Trabajadores de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa acusan que el fiscal Rosendo Gómez Piedra, distraído por excentricidades y actos de ostentación, priorizaba la organización de festejos y concursos sobre el avance de las investigaciones.

Trabajadores en activo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), aseguran que la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos cumplirá tres años “olvidada y estática”, debido a las “excentricidades y opulencia” del fiscal especial Rosendo Gómez Piedra.

Las acusaciones, descritas en diversas denuncias de hechos presentadas ante autoridades como la presidenta Claudia Sheinbaum y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no han tenido mayores repercusiones ni avances, pese a que las denuncias fueron presentadas desde el pasado 28 y 13 de abril, respectivamente. 

“Por eso nos parece preocupante todo, puesto que si los trabajadores de la UEILCA teníamos la esperanza de que tanto la presidenta o el fiscal general nombraran a un nuevo titular que realmente se comprometiera con el caso Ayotzinapa, y con ello buscar enderezar la investigación que los últimos 3 años ha estado prácticamente olvidada y estática; al ver que (Gómez Piedra) sigue en el cargo […] nos sentimos desesperados y con grande temor a represalias”, señalaron cuatro agentes en activo de la Unidad Especial en entrevista presencial con Animal Político.

Ahora, los fiscales acompañan su denuncia con fotos, videos y documentos, en poder de este medio de comunicación, para comprobar parte de las acusaciones vertidas en contra del fiscal especial del caso Ayotzinapa, que incluyen concursos de disfraces festejados al interior de las oficinas de la Unidad Especial, la rifa de un cayuco con comida tradicional tabasqueña, y el otorgamiento de premios económicos al desempeño de personajes cercanos al fiscal Rosendo Gómez Piedra.

Todo financiado con dinero de las y los trabajadores de la Unidad, que se ven obligados a participar por temor a ser despedidos, y que llevaban a cabo estas actividades en días clave para continuar con la investigación de uno de los casos más importantes de violaciones a derechos humanos de la última década en el país, descrito por el propio gobierno federal como “un crimen de Estado”. 

Por este motivo, las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa pidieron la renuncia Gómez Piedra como fiscal especial del caso Ayotzinapa, por los presuntos actos de corrupción y peculado cometidos supuestamente dentro de la Unidad, exigencia que llevaron ante la presidenta Claudia Sheinbaum en la reunión que sostuvieron este martes 27 de mayo. 

Animal Político buscó al fiscal especial Gómez Piedra, a través de la FGR, para conocer su posicionamiento respecto a las denuncias presentadas en su contra y las nuevas pruebas vertidas en esta nota, sin que se hubiera recibido respuesta alguna.


Fiscal especial: más preocupado por una “fiesta de disfraces” que por audiencia ante la CIDH por el caso Ayotzinapa

En octubre de 2023, luego de que las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa expresaran por primera vez en una marcha nacional su desilusión con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por considerar que comenzó a “obstaculizar” la investigación para esclarecer los hechos que llevaron a la desaparición de sus hijos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) exigió a la Unidad Especial un informe sobre el caso Ayotzinapa. 

Para ese momento, el Estado mexicano ya tenía fecha para celebrar una audiencia ante la CIDH. Sin embargo, previo a la entrega del informe y la audiencia, el fiscal especial Gómez Piedra decidió hacer una fiesta por el día de muertos al interior de las oficinas de la FGR. 

El festejo consistió en un “desfile de disfraces de catrinas y concurso de calaveritas”, mismo que se realizó el 31 de octubre de 2023. En una de las fotos compartidas por los agentes de la FGR se puede ver a Rosendo Gómez Piedra -con camisa color rosa- sentado en medio de fiscales de la Unidad.

“Llevó un maquillista amigo suyo que nos cobró por maquillarnos […] en el año 2023 se cobró 500 pesos por persona, debido a que él trajo a una persona que maquillaba y nosotros pagamos por el servicio”, refieren los fiscales, que aseguran que para repetir el festejo “en el 2024 pidió 300 pesos por persona”.

En el lado izquierdo de la foto también se alcanza a ver a Dolores Cerino, la “catrina” con falda amarilla, blusa blanca y sombrero, quien fue señalada en una de las denuncias por supuestamente pedir dinero a nombre Gómez Piedra para apoyar la campaña de la fiscal especial de derechos humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, actual candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Ese día, el fiscal Rosendo Gómez Piedra también decidió hacer un “banquete tabasqueño”, con comida que ordenó al personal comprar, banquete que incluso incluyó la figura del expresidente López Obrador, pues “iba a tener invitados”, realizado “obligatoriamente y con dinero de sus subordinados”.

De hecho, en algunas de las fotos se alcanza a ver que entre sus ‘invitados’ estuvo la propia fiscal especial Sara Irene Herrerías Guerra, vestida de camisa blanca y pantalón color café.

El 9 de noviembre de 2023 se llevó a cabo la audiencia ante la CIDH, en la que los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y sus representantes denunciaron la existencia de un “desmantelamiento” de los mecanismos que llevan el caso. 

Este hecho, advirtieron, se sumaba a la negativa del Ejército por entregar toda la información del caso en su poder, la decisión del Gobierno de investigar al exfiscal especial del caso Ayotzinapa por presuntamente entorpecer la investigación y la renuncia de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum, entonces virtual candidata presidencial de Morena. 

Por este motivo, tanto los familiares de los estudiantes desaparecidos como los integrantes de la CIDH reprocharon que no haya asistido a la audiencia en Washington, Estados Unidos, ni el fiscal Rosendo Gómez Piedra, quien solo envió una carta, ni el nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina, actual presidente de la COVAJ. 

La embajadora de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luz Elena Baños, que fue la única que habló por parte del Estado mexicano, leyó la carta enviada por Gómez Piedra, en la que el fiscal aseguró que la investigación de su antecesor estuvo “plagada de irregularidades” sin presentar mayores avances.

“Pero para nosotros es totalmente indignante que Rosendo Gómez Piedra, lejos de rendir el informe que la CIDH había solicitado a la UEILCA, estuviera más preocupado por el festejo del Día de muertos, al que prestó más atención y organización”, señalan los fiscales.

Premios a sus allegados, otras de las prioridades del fiscal especial del caso Ayotzinapa

El 26 de septiembre de 2024, como cada año, las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa marcharon por el aniversario de la desaparición de sus hijos, esta vez dirigiendo también sus exigencias a Claudia Sheinbaum, quien estaba a unos días de asumir como la primera presidenta en la historia de México. 

De hecho, en su primer discurso ante el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta enumeró los cien compromisos de su administración, entre los que prometió -otra vez- atender el caso Ayotzinapa, “hasta encontrar” a los normalistas desaparecidos 10 años atrás. 

Un mes después, la organización Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, publicó un duro texto editorial titulado Ayotzinapa: 121 meses de impunidad y mentiras en el que entre otras cosas criticó que a 26 días de la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum no haya habido un “acercamiento, menos una fecha probable para reestablecer el diálogo en un caso de graves violaciones a derechos humanos”. 

Mientras esto pasaba, Ixchel Magaña Vicente, administradora especial de la UEILCA, envió un correo a todas las y los trabajadores de la Unidad Especial, con copia para el fiscal especial Gómez Piedra, para informarles que “el periodo de inscripción para el CONCURSO DE CALAVERITAS LITERARIAS 2024” sería hasta el 29 de octubre, mismo que tendría un costo de “$300.00 que servirá para premiar al 1er, 2do y 3er lugar”. 

Es decir que una vez más el fiscal especial prefería organizar un festejo por encima del avance en las investigaciones. En el mismo correo se especificó a las y los “licenciados” -como suelen nombrarse entre los trabajadores de la fiscalía- que la “fecha límite de entrega” sería el día primero de noviembre de 2024.


“Obviamente no lo dice el correo, pero también era técnicamente obligatorio por que el doctor quería un número mínimo de participantes que tenían que cumplirse”, señala uno de los fiscales. 

Pero el jueves 31 de octubre, Magaña Vicente volvió a enviar un correo en el que señaló que “por instrucciones superiores me permito remitir los ganadores de los tres primeros lugares del concurso”.


Como cada año desde el 2022, el “bono” fue entregado a personajes cercanos al fiscal especial del caso Ayotzinapa, quienes según los denunciantes se sumaban a los “premios al personal que se destacaba en su desempeño”, estímulos que fueron autorizados por el fiscal Gertz Manero en principio para premiar a todos los trabajadores, pero que Gómez Piedra sólo entregaba a sus allegados, a cambio de que le dieran en efectivo el 20 por ciento del bono. 

El 6 de mayo de 2025, Animal Político dio a conocer que un grupo de servidores públicos de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), presentaron una primera denuncia formal ante diversas autoridades para solicitar que se investigue a altos mandos de la unidad, quienes presuntamente les solicitaron dinero para apoyar la campaña de la fiscal especial Sara Irene Herrerías Guerra como candidata a ministra de la Suprema Corte. 

En la denuncia anónima, presentada vía correo ante el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se acusa que al menos dos altos funcionarios de la UEILCA no solo habrían solicitado dinero al personal a su cargo a nombre del fiscal del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, sino también asistir en compañía de más personas a un evento de campaña de la candidata Herrerías Guerra, actual titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, organismo del que depende la propia Unidad Especial del Caso Ayotzinapa.

Días después, en diversos medios de comunicación se dio a conocer que integrantes de la UEILCA presentaron una segunda denuncia en contra del titular de la Unidad, Rosendo Gómez Piedra, por los delitos de peculado, extorsión, abuso de autoridad, cohecho e intimidación. 

La denuncia fue presentada ante autoridades como Adriana Campos, fiscal especial de Asuntos Internos de la FGR, pero también ante autoridades como la propia presidenta Claudia Sheinbaum. 

Entre sus acusaciones, los fiscales del caso acusaron que Gómez Piedra presuntamente usa vehículos oficiales sólo para que vayan por comida y regresen a las oficinas antes de que se enfríe, además de que pide dinero al personal a su cargo y que el fiscal apenas pasa cuatro horas al día en la oficina, y que gasta la mitad en desayunar; que contrata a gente sin preparar a la que luego exige su primer cheque de nómina. 

“De los casos más notorios e indignantes es la contratación del director general César Ovidio Suárez Aldecoa, un tabasqueño amigo de Rosendo Gómez Piedra, que no tiene la menor idea ni conocimiento sobre materia penal, ni la investigación de delitos, ni la integración de carpetas, ni averiguaciones previas ni derechos humanos […] encargado de la investigación”, sostiene la denuncia. 

Respecto a esta denuncia, en entrevista con el diario El País, el fiscal especial Rosendo Gómez Piedra señaló que las acusaciones son falsas y que se trata de una “venganza” por el despido de dos personas, que “estaban robando información”, razón por la que ya se presentó una denuncia de hechos por robo, en contra un ministerio público y una auxiliar. 

De acuerdo con el diario español, la denuncia tiene fecha del 21 de abril (ocho días después de la primera denuncia que los trabajadores de la UEILCA presentaron en contra su titular), en la que supuestamente se señala que el presunto robo ocurrió en la madrugada del 26 de marzo, y que tiene que ver con la “manipulación de una computadora de un compañero ausente”, en la que había “información de solicitudes de extradición y otros temas importantes que tiene que ver con la variante internacional” del caso. 

“Este, es un tema bastante serio, que afecta y atañe el éxito de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas; mismas que debido a estas conductas delictivas practicadas por Gómez Piedra y su equipo, no han podido avanzar”, aseguran los agentes en activo entrevistados por Animal Político. 

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Carga de trabajo aplasta la justicia local: un juzgado recibe 5 mil expedientes al año y empleados laboran hasta 17 horas al día

Por: Draco Dracul on miércoles, mayo 28, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

Empleados del Poder Judicial relatan entre pilas de expedientes empolvados, húmedos y hasta pudriéndose cómo han visto duplicarse el número de casos y extender sus jornadas de trabajo, mientras los ciudadanos esperan respuesta de la justicia local.

En su condición de empleada administrativa del Poder Judicial de la Ciudad de México, Adriana sabe que su hora de entrada al trabajo es a las 7 de la mañana, aunque siempre ignora cuál será su hora de salida. Sabe también que desde primera hora deberá atender a decenas de personas, a veces cientos, que acuden al juzgado familiar del sistema escrito al que está asignada para realizar trámites jurídicos, pero que será sólo hasta después de las 3 de la tarde, cuando esa marea de gente se haya ido, que ella podrá enfocarse, al fin, en todo el trabajo que tiene pendiente.

Su centro laboral es un edificio en la avenida Juárez del Centro Histórico, que se debate entre el pasado y el futuro: en los pisos inferiores se llevan los expedientes iniciados en el antiguo sistema de justicia escrito, que se dirimen hasta la fecha. Mientras que en los pisos superiores operan los juzgados orales, renovados apenas en 2024, donde las partes resuelven sus conflictos hablando ante un juez y con trámites en línea, para dejar atrás el exceso de diligencias en papel.

Adriana, sin embargo, forma parte de la plantilla de los juzgados que aún operan bajo el antiguo sistema escrito, por lo que ella recibe al público detrás de un escritorio, atrapada entre montañas de expedientes impresos que se extienden a lo largo de los pasillos hasta llegar a los baños, algunos mojados, pudriéndose, o cubiertos de polvo, reduciendo el espacio que en el que las personas hacen fila para ser atendidas y por donde los demás empleados judiciales deambulan, moviendo pilas de papel de un lugar a otro.

Juzgados locales duplican número de expedientes que reciben al año

Debido a que México inició hace una década la transición al sistema de justicia oral, la capital del país extinguió la operación de 11 juzgados del antiguo sistema escrito y repartió los asuntos a su cargo entre los 22 juzgados que restan en operación, multiplicando así la carga de trabajo de Adriana y sus compañeros.

“Antes –explica–, al año llegaban 2 mil 500 expedientes al juzgado, máximo. Pero ahora, con eso de la extinción de juzgados del sistema escrito, ya llevamos como 4 mil o 5 mil expedientes.”

Debido a esa gran carga de trabajo por atender, reconoce Adriana, “muchas veces sacrifico mis sábados y domingos para sacar algo atrasado, o para adelantar cosas de la próxima semana. Si no, nunca terminaría.”

A inicio de este mes, comenta otra trabajadora, que pide no mencionar ni siquiera su nombre, “avisaron que llegarían más archivos, para que yo buscara dónde colocarlos, pero el único lugar disponible es mi escritorio y mi silla. Todo lo demás ya está empapelado”.

Así, empapelada, está incluso la puerta del juzgado, forrada con 40 hojas en las que se informa sobre los más de 700 expedientes provenientes de juzgados extintos, que ahora deberán ser tratados en este lugar, atiborradas de papel, gente y ruido.

Ciudadanos esperan entre pilas de expedientes la solución de sus casos en la justicia local

Un poco más allá, en estas mismas instalaciones, un hombre de 22 años y una mujer de 19 intentan llegar a un acuerdo por la custodia de su hijo, sentados en un pequeño escritorio, mientras la música de Natalia Lafourcade suena en el celular de una trabajadora. “Lo que construimos se acabó –dice la canción–, lo que construimos se acabó, se lo lleva el viento…”.

El acuerdo que están a punto de firmar será crucial para el sano desarrollo de su hijo de cinco años, pero la conversación fluye con dificultad, porque las actividades administrativas a su alrededor no frenan, así que deben tratar de dialogar mientras que, a sus costados, caminan y hablan los abogados y demás personas que también tienen asuntos legales que atender en el juzgado, como ese señor en la sala de espera, que grita “¡Necesito que me reciba la jueza o voy a ir al órgano interno de control!”.

En la sala de espera, quienes tienen suerte alcanzan silla y un lugar en la mesa para ojear la montaña de hojas en la que se ha convertido cada asunto. Los menos afortunados deben revisar de pie o esperar que se desocupe un lugar.

“¡No puede ser que la jueza no me reciba, desde que era secretaria de acuerdos!”, reclama el señor, que al final es atendido por un subalterno.

Es en medio de esta vorágine que los dos jóvenes buscan un acuerdo sobre la custodia de su hijo llegan a una propuesta de acuerdo, que piden analizar con sus respectivos abogados, pero, debido a que no hay un lugar privado en el que lo puedan hacer, se retiran a las esquinas del juzgado, para hablar en voz baja.

Luego regresan a la mesa, donde la secretaria de acuerdos alista los documentos que la jueza debe firmar. Mientras tanto, ambos jóvenes permanecen sentados, sin mirarse, ni dirigirse la palabra.

Antes de abandonar el juzgado, Adriana, la trabajadora administrativa que está aquí desde las 7 de la mañana, se despide con una certeza: “Si me va bien –afirma–, salgo de trabajar a las 8:30 de la noche, pero en los peores casos salgo hasta las 12 de la noche.”

Según la más reciente Encuesta Nacional sobre Impartición de Justicia Estatal, para el año 2023, en México había más de 6 millones de expedientes y causas penales por atender en el sistema de justicia local, que es el ámbito en el que se dirimen las controversias en materia civil, familiar, mercantil y penal. No obstante, la justicia local sólo estuvo en condiciones de atender y concluir 31 % de esta carga laboral.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/OBSERVATORIO JUDICIAL IBERO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ, EDGAR LEDESMA.

FGR solicita desechar nuevo amparo contra detención de Aureoles

Por: Draco Dracul on miércoles, mayo 28, 2025 / Comentarios: 0 ,

Proceso informó que el exgobernador de Michoacán tramitó un nuevo juicio de garantías en el que le fue concedida una suspensión provisional que frena su captura.

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió desechar el amparo de Silvano Aureoles en el que le fue concedida una nueva suspensión que evita, por ahora, su captura.

Este miércoles la juez Décimo Quinto de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Sindy Ortiz Castillo notificó que la FGR presentó un recurso de queja contra la admisión del amparo del exgobernador de Michoacán.
“Agréguese el escrito signado por *** agente del Ministerio Público de la Federación adscrito -folio 9071- por medio del cual interpone recurso de queja contra el auto de veinte de mayo del dos mil veinticinco, en el que se admitió la demanda de amparo promovida por el quejoso, por los motivos ahí expuesto”, señala el acuerdo publicado en el expediente 519/2025.
El recurso de la FGR será enviado a un tribunal Colegiado en materia Penal para que resuelva si este nuevo juicio de amparo puede o no continuar en trámite.

Proceso informó ayer que en este amparo Aureoles consiguió una nueva suspensión provisional para evitar cualquier orden de aprehensión o comparecencia emitida en su contra.

La medida ya fue confirmada por el Sexto Tribunal Colegiado en materia Penal en la CDMX pues la FGR alegó que Aureoles ya tiene una suspensión definitiva contra orden de aprehensión misma que le fue concedida por la juez Noveno de Distrito en materia Penal en la CDMX, Jovita Vargas.

Sin embargo, los magistrados del Colegiado indicaron que la FGR no acreditó que Aureoles esté combatiendo los mismos actos en ambos juzgados, por lo que confirmaron la suspensión concedida por la juez Sindy Ortiz.

De acuerdo con los estrados judiciales, tanto en el juzgado Noveno como en el Décimo Quinto de Distrio, la juez de control Patricia Sánchez Nava ya informó que ella emitió una orden de aprehensión contra Aureoles por peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta por el desfalco de más de 3 mil millones de pesos en el gobierno de Michoacán.

El pasado 26 de mayo, esta casa editorial informó que la juez Vargas dejó sin efectos la suspensión definitiva que le había concedido a Silvano Aureoles porque no cumplió con las condiciones que le fueron impuestas para mantener la medida vigente.

Sin embargo, con la suspensión concedida por la juez Ortiz, la FGR todavía no puede detenerlo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Gobierno de Sheinbaum demandará al exgobernador César Duarte por robo de agua

Por: Draco Dracul on miércoles, mayo 28, 2025 / Comentarios: 0 , ,

La presidenta afirmó que esta denuncia incluirá “todos los que estén vinculados con este proceso porque el agua es un recurso nacional y hay mecanismos para concesiones de agua”.

El gobierno federal interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el robo de 700 mil metros cúbicos en un rancho del exgobernador de Chihuahua, César Duarte; en el predio había cinco represos y una gran presa en donde se robaban el agua.

La presidenta Claudia Sheinbaum denunció que además, una jueza le otorgó un amparo en menos de 24 horas para quedarse con el agua.

Sheinbaum afirmó que esta denuncia incluirá “todos los que estén vinculados con este proceso porque el agua es un recurso nacional y hay mecanismos para concesiones de agua”.

Se trata de una presa, cinco represas y un pozo que acaparan de forma ilegal 700 mil metros cúbicos en una entidad donde se han tenido problemas con el riego. 
“No se puede permitir que un lugar donde hay escasez hay apropiación  de agua sin permiso y contubernio”, acusó la mandataria federal quien se refirió a este tema como el “robo del agua”.
La mandataria dijo que esos 700 mil metros cúbicos está en la cuenca del acuerdo de 1944 con Estados Unidos.

Destacó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) llevó a cabo un procedimiento legal de notificación, después de que no se pudo justificar el acaparamiento del agua por no contar con una concesión, se ingresó para devolver el agua como el bien público que es.

Aunque enseguida la jueza, Madhay Soto Morales, misma que frenó la distribución de libros de texto en Chihuahua, afirmó el gobierno, fue quien detuvo el proceso de regresar el agua.

Efraín Morales López, director general de la Conagua, dijo que “resulta paradójico, lastimoso que en un estado con problemas para productores”, en específico para siembra haya un exgobernador que acapare el agua, donde además se sufre de escasez de agua, por lo que observan una asociación entre grupos de poder.

“Ante esto vamos a seguir garantizando el derecho humano al agua “, dijo el funcionario, además de que atenderán esa relación de contubernio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Comando Norte refuerza vigilancia en el corredor fronterizo con México entregado al Pentágono

Por: Draco Dracul on miércoles, mayo 28, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

Oficialmente llamada Reserva Roosevelt, la franja en la frontera sur de Estados Unidos es un corredor de 1017 kilómetros de largo por 18 de ancho que va del norte de Nuevo México a California y pasa por Arizona, que es una zona restringida y casi de exclusividad militar.

Elementos del Comando Norte de las fuerzas armadas de Estados Unidos, fortalecen la vigilancia del llamado corredor militar que la Casa Blanca concedió al Pentágono en una parte de la región limítrofe con México.

Oficialmente llamada Reserva Roosevelt, la franja en la frontera sur de Estados Unidos es un corredor de 1017 kilómetros de largo por 18 de ancho que va del norte de Nuevo México a California y pasa por Arizona, que es una zona restringida y casi de exclusividad militar.
“Soldados bajo las Fuerzas de Tarea de la Frontera Sur marcan el perímetro del Norte de Nuevo México al Norte de Arizona que fortalece el estrecho fronterizo para reforzar las operaciones de seguridad fronteriza autorizadas por el Comando Norte para detención, disuasión y conocimiento de dominio (del terreno)”, informó el Comando Norte en su cuenta oficinal en la plataforma de X.
El mensaje del Pentágono está acompañado de dos fotografías en las que se ve a un par de soldados colocando letreros de prohibición de paso sobre el Corredor Roosevelt, en el que se advierten los castigos a las personas que entren a la franja militar de la frontera.

Las penalidades a civiles (inmigrantes indocumentados) detenidos dentro el Corredor de 18 metros de ancho, van desde una multa de varios miles de dólares o el encierro en una prisión militar durante 18 meses.

Los únicos civiles exentos de castigo al cruzar o estar dentro de la franja militarizada en la frontera sur estadunidense, son los miembros de tribus indias originarias de la región limítrofe que colinda con México.

Este año por medio de una Orden Ejecutiva, el presidente Donald Trump concedió la propiedad y control al Departamento de Defensa de la Reserva Roosevelt, para endurecer su estrategia de combate frontal y para criminalizar a la inmigración indocumentada.

La presencia de militares en la frontera con México, elementos del Ejército, Marina y Guardia Nacional va más allá del Corredor Roosevelt y aunque no realizan operaciones de detención de inmigrantes; son sin duda una fuerza de disuasión para con los cruces de indocumentados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

Familias de desaparecidos denuncian demoras en análisis forenses e identificación de cuerpos

Por: Draco Dracul on miércoles, mayo 28, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

El colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) denunció las «violaciones graves a víctimas de desaparición, homicidios y feminicidios» cometidas por el personal del Servicio Médico Forense y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, ante las demoras en los análisis forenses y de identificación de cuerpos en la entidad.

En un comunicado, los familiares del FUNDENL ejemplificaron las faltas con tres «deficiencias que vulneran los derechos de las miles de víctimas» en Nuevo León. La última de ellas se registró en abril de este año, cuando fueron localizados diversos restos humanos que hasta el momento siguen sin ser analizados y la familia buscadora del caso continúa «sin alguna información al respecto».

«Así como este hallazgo, existen miles de restos humanos localizados en otros sitios en años anteriores, que permanecen en resguardo del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales sin ser identificados y tampoco cuentan con algún dictamen a través del cual la Fiscalía proporcione alguna información a las familias de las víctimas», precisaron las familias.

Otro caso es el de un joven reportado como desaparecido que fue localizado sin vida en junio de 2024, pero a casi un año del hallazgo el Servicio Médico Forense no ha expedido el Certificado de Defunción, «argumentando a los familiares que no ha sido posible determinar la causa de muerte», a pesar de la importancia del documento.

El FUNDENL agregó que también en junio de 2024 la madre de una joven desaparecida fue notificada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León que su hija fue identificada dentro de los hallazgos de “El Tubo” en Hidalgo, Nuevo León, recuperados desde 2022. «Sin embargo, hasta el día de hoy, a casi un año de esta identificación, no ha sido entregada a sus familiares para una restitución digna, siendo esto un acto grave de su parte», acusó el colectivo.

Los familiares entregaron un escrito al Fiscal General de Justicia, Javier Flores Saldívar, y al Director del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de Nuevo León, Porfirio Díaz Torres, para urgir su intervención en las «deficiencias» de las instituciones.

COMUNICADO:

DESDE FUNDENL DENUNCIAMOS VIOLACIONES GRAVES A VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN, HOMICIDIOS Y FEMINICIDIOS

Desde las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, denunciamos lo siguiente:

1.-  En junio de 2024, tras la desaparición de un joven, impulsamos su búsqueda y fue localizado lamentablemente sin vida, y hasta el día de hoy a casi un año del hallazgo, el Servicio Médico Forense NO ha expedido el Certificado de Defunción, argumentando a los familiares que no ha sido posible determinar la causa de muerte, por lo que la familia aún no ha podido tener el Acta de Defunción, siendo este un documento tan importante.

2.- También, en junio de 2024, en otro caso que acompañamos, la madre de una joven desaparecida fue notificada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que su hija fue identificada dentro de los hallazgos de “El Tubo”, Hidalgo, Nuevo León, recuperados desde 2022, sin embargo, hasta el día de hoy, a casi un año de esta identificación, no ha sido entregada a sus familiares para una restitución digna, siendo esto un acto grave de su parte.

3.- A principios de abril de 2025 fueron localizados diversos restos humanos relacionados a otro caso que acompañamos, que hasta el momento continúan sin ser analizados y la familia continúa sin alguna información al respecto. Así como este hallazgo, existen miles de restos humanos localizados en otros sitios en años anteriores, que permanecen en resguardo del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales sin ser identificados y tampoco cuentan con algún dictamen a través del cual la Fiscalía proporcione alguna información a las familias de las víctimas.

Por lo anterior, el día de hoy hemos entregado un escrito al Fiscal General de Justicia, Lic. Javier Flores Saldívar, así como al Director del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de Nuevo León, Lic. Porfirio Díaz Torres, haciéndoles un llamado para su urgente intervención y que, atendiendo a la gran responsabilidad de sus cargos, resuelvan dichas deficiencias que vulneran los derechos de las miles de víctimas en este Estado.

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León a 27 de mayo de 2025

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Comuneros purépechas, en lucha por medidas de reparación tras masacre de Arantepacua

Por: Draco Dracul on miércoles, mayo 28, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

Rodeada de vallas metálicas y elementos antimotines de la Guardia Civil que disparaban balas de goma fue como la Casa Michoacán recibió a unos 200 comuneros y comuneras purépechas de Arantepacua, quienes acudieron a la ciudad de Morelia la mañana del pasado 26 de mayo.

Días antes, el Consejo Comunal Indígena de Arantepacua exigió, a través de una misiva, sostener una mesa de trabajo con el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, cuya administración lleva meses en la construcción de un hospital integral y una unidad deportiva en la comunidad.

Ambas construcciones, además de una sede universitaria y una escuela de artes y oficios, forman parte de las medidas de reparación que la comunidad acordó con el gobierno michoacano tras la recomendación 42 VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que reconoce graves violaciones realizadas por policías municipales en contra habitantes de Arantepacua el 5 de abril del 2017. Ese año, la policía perpetró cuatro ejecuciones extrajudiciales, tortura y decenas de detenciones arbitrarias contra pobladores de la comunidad purépecha. La masacre de Arantepacua, lejos de infundir el miedo entre su población, fortaleció la organización comunitaria y su proyecto de autonomía, llevándolos a expulsar de su territorio a partidos políticos e instituciones estatales.

Al llegar y ver el operativo desplegado para fortificar la antigua residencia oficial michoacana, actualmente usada como oficina gubernamental, los comuneros de Arantepacua retiraron las vallas antimotines y con ellas bloquearon en su totalidad el Periférico Paseo de la República.

La exigencia fue firme: que el gobernador Bedolla atendiera personalmente a los consejeros purépechas y a víctimas de la masacre del 5 de abril. Ante la negativa del morenista, la protesta se intensificó y un vehículo fue usado para derribar la puerta principal de la Casa Michoacán. Simbólica y literalmente, la comunidad derribó las puertas que el gobernador les había cerrado.

Ante la presión, una delegación de autoridades se comprometió a que el gobernador firmaría la minuta de acuerdos. Durante tres horas, una veintena de habitantes de Arantepacua sostuvo una mesa de trabajo con varios funcionarios: el Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, el Secretario de Seguridad Pública, Carlos Oceguera, el Secretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, Humberto Urquiza Martínes, y el Secretario de Salud, Lázaro Cortés.

También estuvieron presentes los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Michoacán, Josué Alfonso Mejía, y el Coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Axayácatl Marín Correa.

Todos los funcionarios se comprometieron a que el hospital de Arantepacua estará terminado el próximo 30 de noviembre y en completo funcionamiento el 16 de diciembre. Por su parte, en una conferencia de prensa que Bedolla realizó mientras se daban las negociaciones, reiteró que la obra se concluirá este año.

A las cinco de la tarde del lunes, la comunidad decidió en asamblea levantar el bloqueo que sostuvo durante varias horas, retirarse del lugar y designar a una pequeña comisión para esperar la minuta firmada por el gobernador.

Transcurrieron algunas horas más y la minuta no llegaba. En comunicación telefónica, los funcionarios argumentaron que la lluvia había demorado el proceso. La espera entonces fue interpretada por las y los purépechas como otra muestra del desinterés del gobernador Bedolla por atender a la comunidad y sus demandas.

El contingente regresó y bloqueó de nuevo el periférico de Morelia y otra puerta de la Casa Michoacán fue derribada. Dos camiones refrigerantes ardieron al exterior del recinto de gobierno y sólo entonces el gobernador Alfredo Bedolla firmó la minuta.

La indiferencia de las autoridades hacia Arantepacua ha obligado a que esta comunidad se movilice en los últimos meses; en el marco del octavo aniversario de la masacre, marcharon pacíficamente en la Ciudad de México para exigir que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones.

Esta demanda es fundamental para que se avance en el proceso para hacer justicia en el caso, pues en la fiscalía local hay un fuerte conflicto de interés que ha sido señalado por la comunidad: el actual titular de dicha dependencia, Adrián López Solís, fungía como Secretario de Gobierno durante la administración de Silvano Aureoles. Ambos son señalados por sus habitantes como los responsables políticos del ataque contra Arantepacua.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: AXEL HERNÁNDEZ.

Ante el autoengaño sordo se escucha el “¡fuera Marina!”

Por: Draco Dracul on miércoles, mayo 28, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Han transcurrido 18 días desde el anuncio de la revocación de la visa al esposo de la Gobernadora y a ella misma, han sucedido manifestaciones masivas como la de Mexicali y otras de menor asistencia en el resto de los municipios, pero la sociedad, sigue sin ser escuchada, el desdén social es lo que impera, y los oídos gubernamentales sordos ante la consiga que se ha coreado en todas las manifestaciones hasta ahora realizadas: “¡fuera Marina!”.

Aunque la presencia de ciudadanos en la carne asada de Mexicali, organizada de manera espontánea para manifestarse contra la administración de la morenista Marina Ávila Olmeda, el sábado 17 de mayo, concentró al mismo tiempo a unos nueve mil manifestantes; hubo quienes se retiraron antes o llegaron, comieron, se manifestaron y se fueron. 

La respuesta ciudadana a la convocatoria del mismo origen fue impresionante y cimbró no solo la estructura del Gobierno bajacaliforniano, también la de Morena, un partido que después de seis años de Gobierno en esta entidad (dos de Jaime Bonilla, cuatro de Ávila), ya generó la inconformidad social. Dos decisiones se tomaron aquel 17 de mayo. 

Una por el equipo de Gobierno, y otra por ciudadanos. Los segundos organizaron carnitas asadas en otros municipios del Estado, de manera particular en Tijuana y Ensenada, los segundos se auto organizaron para el mismo día, sábado 24 de mayo, y a la misma hora, hacer una “fiesta” de “respaldo” a la Gobernadora Ávila Olmeda. 

La mandataria prefirió no aprovechar la crisis de credibilidad y confianza sobre su Gobierno para cambiar de estrategia y proveer lo que los ciudadanos exigen, seguridad, transparencia y buen gobierno; mejor optó por el autoengaño y la simulación. Terminó por mostrar un inexistente o inflado músculo ciudadano que la “respalda” frente a la manifestación orgánica ciudadana.

Así, el 24 de mayo una unidad deportiva que administra el Ayuntamiento de Tijuana, o sea una propiedad de Gobierno, aun también de origen morenista, fue utilizada con fines políticos, pues en la Unidad Deportiva Mariano Matamoros, en las periferias de la fronteriza ciudad, fue a donde se convocó a la “fiesta” de respaldo a la Gobernadora. No se trató de un acto espontáneo, sino de una concentración política-gubernamental-partidista con todas las de la Ley: acarreados, pago por asistencia, reparto de comida, de banderas, camisetas y otros artículos de campaña, de asistencia obligada para funcionarios, sindicalizados y estudiantes, so pena de sufrir despidos, descuentos o baja en calificaciones, con camiones de transporte masivo rentados exprofeso para salir con delegaciones de “seguidores” de los distintos municipios del Estado, con sillerio rentado, sonido, templete, áreas de entretenimiento para niños también rentadas, muchos vehículos alquilados para traslados, y secretarios y directores del Gobierno del Estado, alcaldes y funcionarios municipales, presentes en sábado, día hábil para el Ggbierno, en la nada espontánea y sí muy forzada, “fiesta de apoyo”.

Porque aquello no fue una fiesta, sino un acto político del Gobierno y del partido al que fueron obligados a asistir los casi cinco mil “apoyadores” de la mandataria estatal. Una concentración para el ego, un acto pactado, pagado y programado, para hacer sentir a la Gobernadora un apoyo que, de otra manera, no tiene. Tan no lo tiene, que ni con el transporte gratuito al acto, ni con el regalo de parafernalia política, ni con la comida repartida ni los dineros entregados, logró superar la estructura del Gobierno de Morena en Baja California, la asistencia de nueve mil manifestantes en la carnita asada de Mexicali del 17 de mayo de 2025.

Sí superaron otras concentraciones, como la de Tijuana o la de Ensenada, donde los asistentes se contaron por cientos acaso unos mil, pero en la ciudad más poblada, con todo el recurso del que dispusieron y sus bases partidistas, los del Gobierno de Morena, no superaron a los mexicalenses que, de manera harto pacífica, utilizaron una carne asada para manifestarse. Ha podido más la ciudadanía que el acarreo.

Aun así, con una asistencia pobre para la inversión, la Gobernadora Marina Ávila Olmeda llegó a la concentración por sus funcionarios y partidarios organizada y pagada. Se placeó entre los presentes, se tomó fotos, se mostró “sorprendida” y conmovida por la asistencia, y al modo se tomó fotos con los ahí presentes, las cuales posteó en su red social, pero al igual que en la calle, la respuesta ya no es la que espera. Baste revisar los comentarios de la publicación para encontrarse con que la animadversión ciudadana en las concentraciones masivas, también está presente en redes sociales. Imperan los comentarios negativos hacia su posición política, su gobierno y la realidad que se vive en el Estado.

Los acontecimientos recientes, la revocación de la visa para internarse en territorio norteamericano que le fue retirada personalmente a su esposo, Carlos Torres Torres (por cierto no presente en la “fiesta” de respaldo a la Gobernadora), y a ella vía notificación, la creciente inseguridad, la limitada y pobre exploración de narcofosas, el asesinato de personas en balaceras e incluso cuando se encuentran en hospitales públicos, los cientos de desaparecidos, o las extorsiones que muchos ciudadanos dicen ser objeto por parte de servidores públicos municipales o estatales, han sido la denuncia y los motivos de los reclamos recientes. Sin embargo, con la programación de un acto para auto respaldarse, Morena, Marina Ávila, y su Gobierno, reiteran el desdén que han tenido con la concentración ciudadana, a la que ni la atienden ni la entienden, alejándose cada vez más de la sociedad en las calles, para limitarse a actos “públicos” con asistencia controlada, como la fiesta que se autoorganizaron, o la entrega de apoyos sociales, y constitucionales.

Han transcurrido 18 días desde el anuncio de la revocación de la visa al esposo de la Gobernadora y a ella misma, han sucedido manifestaciones masivas como la de Mexicali y otras de menor asistencia en el resto de los municipios, pero la sociedad, sigue sin ser escuchada, el desdén social es lo que impera, y los oídos gubernamentales sordos ante la consiga que se ha coreado en todas las manifestaciones hasta ahora realizadas: '¡fuera Marina!'.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

La Fiscalía de Jalisco vincula a 8 personas por desapariciones en el Rancho Izaguirre

Por: Draco Dracul on miércoles, mayo 28, 2025 / Comentarios: 0 ,

Un presunto reclutador y siete detenidos son vinculados a proceso por desaparición forzada en Teuchitlán.

La Fiscalía de Jalisco informó la vinculación a proceso de ocho personas por el delito de desaparición cometida por particulares, entre ellos un presunto reclutador y siete detenidos en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán.

En audiencia celebrada este martes 27 de mayo, el juez determinó vincular a Eduardo Daniel “N”, presunto reclutador, junto con Gustavo Ángel “N”, Kevin Martínez “N”, Luis Alberto “N”, Juan Manuel “N”, Armando “N”, Ricardo Augusto “N” y Erick “N”.

Las investigaciones realizadas por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas han permitido ampliar el caso, sumando esta vinculación a cinco carpetas de investigación previas contra los detenidos.
Como medida cautelar, se les dictó prisión preventiva oficiosa por un año, en espera de los juicios correspondientes.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caso Ayotzinapa: Sheinbaum analiza cambio de fiscal ante exigencia de las familias

Por: Draco Dracul on miércoles, mayo 28, 2025 / Comentarios: 0 ,

En ese sentido, dijo que si se cambia al fiscal actual, debe ser una persona reconocida por los familiares de los desaparecidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que su gobierno está analizando el cambio del fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, tras la exigencia de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014.

“Ellos (los familiares) han planteado el cambio del fiscal especial y estamos viendo si es necesario o no es necesario”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa de prensa mañanera en referencia uno de los casos emblemáticos de la tragedia de los desaparecidos en México.

Sheinbaum recibió el martes a los padres y madres de los normalistas quienes tras la reunión expresaron su deseo de cambiar al fiscal actual, Rosendo Gómez, encargado del caso desde el 2022, a quien acusan de corrupción, falta de resultados y abandono del enfoque en la búsqueda con vida de los estudiantes.

En ese sentido, dijo que si se cambia al fiscal actual, debe ser una persona reconocida por los familiares de los desaparecidos.

Asimismo, se refirió a la declaración de Gómez, quien antes de la reunión afirmó que lo que ahora se busca son los cadáveres de los normalistas.

“Es una declaración muy desafortunada”, subrayó, al señalar que su gobierno sigue trabajando para encontrar a los jóvenes.

Sheinbaum apuntó que tras su reunión con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos se acordó buscar nuevos esquemas de investigación para localizarlos y también para conocer lo que sucedió el 26 de septiembre de 2014.

“Estamos buscando nuevos esquemas de investigación, estamos desarrollando nuevos esquemas que tienen que ver con esquemas de investigación diferentes a los que se han seguido hasta ahora”, apuntó Señaló que la reunión con los padres de Ayotzinapa fue de acercamiento, para explicarles estos nuevos métodos de investigación y confió en que ello lleve a la verdad y la justicia.

“Tengo la esperanza, de certeza es difícil, pero la esperanza de que esta nueva investigación nos lleve a lo que queremos todos los mexicanos, queremos verdad, justicia y encontrar a los jóvenes, (los padres y madres) están de acuerdo de que se sigan estas formas de investigación y se está trabajado con ellos”.

El caso Ayotzinapa ocurrió durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

Los padres y madres de los normalistas, han dado voto de confianza a Sheinbaum, tras romper el diálogo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien incumplió su promesa de resolver el caso.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tribunal pide a SCJN resolver si “El Jefe de Jefes” es culpable o no del asesinato de “Kiki” Camarena

Por: Draco Dracul on miércoles, mayo 28, 2025 / Comentarios: 0 , ,

El Primer Tribunal Colegiado Penal del Tercer Circuito pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolver, en definitiva, si Miguel Ángel Félix Gallardo, de 79 años de edad, alias “El Jefe de Jefes” o “El Padrino” -cofundador del primer cártel que hubo en México, el de Guadalajara, alrededor de 1980-, era culpable de los asesinatos del agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena Salazar, y del piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar, ocurridos en febrero de 1985, delito por el que fue condenado, el 27 de agosto del 2017, a 37 años de prisión.

El 28 de abril de 2025, Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del máximo tribunal constitucional turnó a la ministra Margarita Ríos Farjat ,la petición del citado Tribunal Federal, que no había hecho públicos los argumentos por los que consideró que el caso tenía características jurídicas extraordinarias que ameritaran la atracción del caso por parte de la SCJN.

El citado Tribunal Federal pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ejercer su facultad de atracción para resolver el amparo directo de Félix Gallardo, último recurso para impugnar la condena de 37 años de prisión que le impuso un juez, en agosto de 2017, sentencia confirmada en febrero de 2018, por una magistrada de apelación.

Según lo informó el diario Reforma, Ríos Farjat tendría que presentar un proyecto a la Primera Sala de la SCJN, para determinar si procedería la atracción, asunto que tendría que ser resuelto en las cuatro sesiones que quedaba entre el 11 de junio y el 13 de agosto de 2025, cuando cesarían las actividades la actual integración del máximo tribunal constitucional. Si el caso no se votara a más tardar en esas fechas, quedarías pendiente para la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde sería asignado a otro ministro.

“Si no es atraído el caso, el tribunal colegiado tendrá que dictar la sentencia final sobre los hechos del caso, aunque la defensa posteriormente podría llevarlo de nuevo a la Corte, pero solo para alegar temas de interpretación Constitucional. Félix Gallardo, de 79 años, era jefe del Cártel de Guadalajara cuando Camarena y Zavala fueron secuestrados, y siempre ha negado haber ordenado su ejecución o tenido conocimiento de los hechos”, indicó el citado rotativo.

“El juicio de primera instancia sobre este caso se prolongó durante 32 años, hasta que finalmente, el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales en Puente Grande lo declaró culpable, y también lo sentenció a pagar reparación de daño de 20.8 millones de pesos a los familiares de las víctimas. Si bien Félix Gallardo está cerca de compurgar los 37 años de la condena por este asunto, ya que fue detenido en abril de 1989, tiene otra sentencia de 40 años por narcotráfico”, insistió el mismo diario.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLAREZ ACEVEDO.

“Mini Lic” se declara culpable por traficar fentanilo en EU y firma nuevo acuerdo de cooperación

Por: Draco Dracul on miércoles, mayo 28, 2025 / Comentarios: 0 ,

Dámaso López Serrano, alias “Mini Lic”, se declaró culpable, el 13 de diciembre de 2024, ante la jueza Lindsey R. Vaala, de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, en EE. UU., de conspiración para distribuir 400 gramos o más de fentanilo, una sustancia controlada de tipo II, desde septiembre de 2024 hasta su detención en diciembre del mismo año. Además, firmó un nuevo “acuerdo de cooperación” con la Fiscalía estadounidense.

Según el documento judicial del caso 1:24-MJ-496, que se encontraba bajo reserva y fue dado a conocer el 28 de mayo de 2025, “El Mini Lic” conspiró para traficar fentanilo en septiembre del 2024, en Fairfax, una de las más de 30 ciudades ubicadas en el estado de Virginia.

“Yo, el demandante en este caso, declaro que lo siguiente es cierto según mi leal saber y entender. En o alrededor de la fecha o fechas comprendidas entre septiembre de 2024 y la actualidad, en la ciudad/país de Fairfax, en el Distrito Este de Virginia, el acusado infringió el artículo 21 del Código de los Estados Unidos, artículos 841 y 846″, decía el documento fechado el 13 de diciembre de 2024, enviado por José Luis Felipe Ayala, agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Después de negar la libertad bajo fianza de “El Mini Lic”, la jueza Vaala determinó que López Serrano representaba un alto riesgo de fuga y que no existían condiciones que garantizaran la seguridad de la comunidad, en caso de su liberación.

Por su parte, la Fiscalía de EE. UU. presentó evidencia que incluía interceptaciones telefónicas y testimonios de informantes, que vinculaban a “El Mini Lic” con operaciones de tráfico de fentanilo, desde que residía en Virginia.

El Gobierno de Estados Unidos difundió, el 19 de diciembre de 2024, la primera fotografía de “Mini Lic”, así como la orden de detención en su contra, presentada ante la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, en EE. UU., en la que se le acusaba de tráfico de fentanilo.

En la fotografía, se podía observar al ex integrante del Cártel de Sinaloa -quien fue recluido en una prisión estatal de Virginia-, vestido con una playera color azul marino, así como una sudadera con capucha de color negro, además de que portaba unas lentes con moldura color café.

En tanto que en la orden de aprehensión indicaba que López Serrano, de 37 años de edad, era acusado por la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, de un cargo por conspiración para distribuir 400 gramos o más de fentanilo.

Según datos de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), el número de registro de López Serrano era el 63436-298, además de que se indicaba que tenía tez de piel blanca y se encontraba bajo su custodia, desde el 16 de septiembre de 2022.

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó, el 17 de diciembre de 2024, que solicitaría al Gobierno de Estados Unidos, la extradición de “El Mini Lic”, por ser señalado como presunto autor intelectual del homicidio del periodista Javier Valdez Cárdenas, co fundador del semanario Ríodoce y corresponsal del diario La Jornada, asesinado el 15 de mayo del 2017, en Culiacán de Rosales, Sinaloa.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, el funcionario federal señaló que el el órgano constitucional autónomo había insistido al Gobierno de EE.UU., “en innumerables ocasiones”, la entrega de López Serrano, pero por su condición de testigo protegido, les había sido denegada.

El 14 de diciembre de 2014, La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la aprehensión de López Serrano en Estados Unidos, y la calificó como ‘una detención muy importante”.

Cuestionada al respecto, a su llegada a la inauguración del Centro de Atención a Visitantes, de la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas, la mandataria nacional adelantó que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) daría más detalles de la detención de el “Mini Lic”.

Según lo reportó la prensa estadounidense, López Serrano fue detenido el viernes 13 de diciembre de 2024, en Virginia, Estados Unidos, bajo cargos de tráfico de fentanilo.

El miércoles 26 de julio del 2017, el “Mini Lic” se entregó a agentes de la Administración Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), en el cruce fronterizo de Calexico, California.

Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, y su hijo “El Mini Lic”, ex miembros del Cártel de Sinaloa, testificaron en Estados Unidos, respecto a las operaciones de dicha organización criminal y la implicación de Ovidio Guzmán López, “El Ratón” -hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, así como presunto líder de “Los Menores”-, en secuestros, torturas y tráfico de drogas.

Así lo dio a conocer la FGR -citada por el diario Reforma-, el 7 de marzo de 2023, durante la audiencia en la que Rogelio Díaz Villarreal, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, notificó a Guzmán López la solicitud de extradición que realizó el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos, para que fuera juzgado en las Cortes Federales de los Distritos Norte de Illinois y Sur de Nueva York, por 11 cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero, entre ellos el delito de asociación delictuosa para distribuir cocaína, metanfetamina y mariguana.

López Núñez declaró 30 de enero de 2023, ante el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), que antes de que extraditaran a su compadre “El Chapo”, se repartía todo el dinero de las ganancias con Ovidio y Joaquín Guzmán López, así como con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del capo sinaloense, también conocidos como “Los Chapitos”.

En su testimonio, “El Licenciado” recordó que luego de la extradición de “El Chapo” a Estados Unidos, el 19 de enero de 2017, sus hijos le declararon la guerra a “Los Dámasos”, ello a pesar de una reunión que convocó Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, para evitar la ruptura interna del Cártel de Sinaloa.

López Núñez también le contó a las autoridades estadounidenses, que Guzmán Loera ordenó en el año 2009, establecer una ruta de tráfico de drogas y dinero en Centroamérica, por lo que se contrataron vehículos de una “empresa de comunicaciones”.

“El Licenciado” declaró, además, que su compadre “El Chapo” le pidió negociar una ruta de trasiego ilegal en Centroamérica, luego de que fuera asegurado el barco Polar I, con 6 toneladas de cocaína, frente a las costas de Chiapas, en febrero de 2009.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Confirma Fiscalía CDMX 120 denuncias por pinchazos en el Metro

Por: Draco Dracul on miércoles, mayo 28, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

Hasta ahora no se reportan casos asociados a estos pinchazos de delitos graves, como privación ilegal de la libertad, delitos sexuales u otra.

Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), confirmó en conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, que se tienen 120 denuncias por presuntos ‘pinchazos’ el Metro.

De estos, confirmó que hubo una “posible punción por pinchazo” en el Metro; en los otros 55, no se pudo constatar médicamente la presencia de la punción.

“Hasta ahora no se reportan casos asociados a estos pinchazos de delitos graves, como privación ilegal de la libertad, delitos sexuales u otra”. Lo que si admitió, fue que se tiene registro de robo en seis de los casos confirmados.

En torno a qué es lo que se está suministrando a las personas con el pinchazo, Alcalde señaló que, tras exámenes de toxicología, se identificaron varias sustancias, como el THC. Aun así, las dosis fueron identificadas como por debajo de niveles de riesgo para la salud de la víctima.

En respuesta a estos hechos, y desde los primeros reportes más temprano en el año, hay actualmente un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX con más de cinco mil 800 elementos desplegados en las instalaciones del Metro.

Se recordó que también ya existe un protocolo de atención ante indicios o sospechas de pinchazos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fiscalía de Morelos investiga asesinato de la hija de su funcionaria

Por: Draco Dracul on miércoles, mayo 28, 2025 / Comentarios: 0 , ,

La joven fue atacada a unos metros de su domicilio en la colonia El Empleado; laboraba en el C5 y tenía trayectoria como servidora pública.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que continúa con las investigaciones relacionadas con el homicidio de Sara Rendón Parra, hija de Sara Olivia Parra Téllez, titular del Centro de Justicia para las Mujeres dependiente de la institución.

Tras el incidente, en el que también resultó lesionada otra persona, la Fiscalía activó los protocolos correspondientes, dijo en un comunicado.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación General de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios en el lugar.

Se mantiene coordinación con la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad para avanzar en la identificación y posible detención de los responsables, quienes serán presentados ante la autoridad judicial.


El proceso de investigación continúa abierto para garantizar la transparencia y eficacia en el esclarecimiento de los hechos y asegurar la aplicación de la justicia conforme a la ley.

Inicialmente, la Fiscalía manejó como línea de investigación un posible asalto armado; sin embargo, esta información fue retirada y hasta ahora no se han dado nuevas actualizaciones al respecto.

La noche del martes, Sara “N”, hija de Sara Olivia Parra Téllez, directora del Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, fue asesinada durante un ataque armado en Cuernavaca.

El hecho se registró en la colonia El Empleado, sobre la avenida Domingo Diez, a la altura del cruce con la calle 5 de Mayo, a unos metros de su domicilio.

De acuerdo con fuentes policiales, dos mujeres que se encontraban a bordo de una camioneta Mazda fueron interceptadas por individuos armados.

En el lugar se encontraron evidencias de al menos seis disparos. Una de las ocupantes murió en el sitio, mientras que la segunda fue trasladada a un hospital, donde permanece bajo atención médica.

Sara “N” laboraba en el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. A lo largo de su carrera, también ocupó diversos cargos en dependencias del gobierno estatal.

Su madre ha estado vinculada al sistema penitenciario de Morelos y ha ocupado cargos públicos en administraciones anteriores.

A través de un comunicado de prensa, la FGE informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque.

Entre las líneas que se analizan se encuentran la posibilidad de una agresión directa, un intento de asalto o antecedentes relacionados con amenazas, y hasta el momento no se reportan personas detenidas.

En la zona se desplegó un operativo con participación de elementos estatales y municipales, mientras continúan las diligencias ministeriales.

Funcionaria exige justicia y resultados tras asesinato de su hija

Sara Olivia Parra Téllez, directora del Centro de Justicia para las Mujeres en la Fiscalía General del Estado de Morelos, emitió un llamado luego del asesinato de su hija, Sara Rendón Parra, ocurrido en la colonia El Empleado, en Cuernavaca.

“Confío en que la justicia, tanto humana como divina, llegará y se hará cargo de este daño irreparable.”, publicó en sus redes sociales.

Parra Téllez describió a su hija como “una persona única, excepcional, inteligente, proactiva, sensible, leal, amorosa, dedicada y profundamente humana.”

La directora relató además las complicaciones que su hija enfrentó en su lugar de trabajo.

“Entró a un entorno donde no supieron valorar su talento ni su entrega. Dio más de lo que le pedían, siempre con amor y compromiso, pero fue maltratada, ignorada y desagradecida. En los últimos días me dijo: ‘Mamá, estoy tranquila, ya renuncié porque no podía seguir en un lugar tan tóxico’. La abracé, orgullosa de su fortaleza, porque tenía la valentía de una guerrera.”

Sara Olivia Parra Téllez agradeció las muestras de apoyo y pidió comprensión por su dificultad para responder a cada mensaje recibido.

“Gracias a todas y todos quienes nos han acompañado con llamadas, mensajes y abrazos. Estoy devastada y no he podido responder a todos, pero siento ese respaldo que es muy valioso en estos momentos. Dios tiene a mi hija en su gloria, porque fue y siempre será un ser de luz.”


La gobernadora Margarita González Saravia condenó enérgicamente el crimen y expresó sus condolencias a la familia.

“Este crimen atroz no quedará impune. El Estado será firme y contundente en su respuesta,” aseguró.

La mandataria añadió que ha dado instrucciones claras para que, a través de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, se actúe con prontitud para localizar y detener a los responsables.

“En momentos tan difíciles como este, acompañamos el dolor con respeto y solidaridad. Reitero mi compromiso absoluto con la defensa de la vida, la paz y la seguridad de todas y todos en Morelos,” concluyó González Saravia.

El caso está siendo atendido con la prioridad necesaria, mientras la sociedad y las autoridades esperan que la justicia actúe con prontitud y eficacia para esclarecer el asesinato y ofrecer respuestas a la familia.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Reportan seis militares muertos y dos heridos tras explosión de 'narcomina' en límites de Jalisco y Michoacán

Por: Draco Dracul on miércoles, mayo 28, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Los dos militares que resultaron heridos de gravedad fueron trasladados en helicóptero a un hospital, donde reciben atención médica.

Seis militares murieron y dos resultaron heridos el martes tras la explosión de un artefacto, presumiblemente una mina artesanal del crimen organizado, en los límites de los estados de Jalisco y Michoacán, de acuerdo con varios medios nacionales que citan fuentes oficiales.

Los reportes señalan que los hechos tuvieron lugar entre el municipio michoacano de Cotija y el jalisciense de Jilotlán, en una zona que se disputa el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con grupos del lugar.

De acuerdo con los primeros informes, un vehículo militar realizaba labores de patrullaje en un camino de terracería cuando estalló la mina. Otra versión indica que los militares se encontraban en un enfrentamiento con un grupo criminal, el cual habría detonado el artefacto explosivo.

El diario Reforma detalló que los fallecidos son dos oficiales militares de la Guardia Nacional y cuatro elementos de tropa, según fuentes castrenses.

Los dos militares que resultaron heridos de gravedad fueron trasladados en helicóptero a un hospital, donde reciben atención médica.

Tras el suceso, fuerzas federales desplegaron un operativo en la zona e iniciaron las primeras investigaciones.

Hasta el momento, el gabinete de Seguridad no ha emitido una comunicación oficial sobre el incidente.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

INE registra presuntos gastos irregulares de aspirantes a la Corte en primer mes de campaña; Batres lidera hallazgos

Por: Draco Dracul on martes, mayo 27, 2025 / Comentarios: 0 ,

En el primer mes de campaña, el INE detectó sillas, pantallas, equipos de audio y entrega de alimentos en campaña para la elección judicial.

Durante el primer mes de campaña, el Instituto Nacional Electoral (INE) registró presuntos gastos irregulares en los eventos proselitistas de 13 de los 63 aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre los cuales, la ministra en funciones Lenia Batres lideró la lista de señalamientos.  

Como parte de la fiscalización de las campañas, el INE realiza visitas de monitoreo a los eventos de campaña de las candidaturas para identificar hallazgos que puedan generarles un beneficio que rompa la equidad en la contienda. 

También se realiza monitoreo de propaganda en vía pública, medios impresos y redes sociales que puedan ser contrarios a la ley que se suman al conteo final de gastos de campaña de las candidaturas.

En su reporte de hallazgos con corte al 30 de abril pasado, los monitores del INE registraron 76 hallazgos como gastos no permitidos en las campañas electorales o aportaciones en especie de terceros en siete eventos de Lenia Batres, así como 20 hallazgos en 2 eventos de Arely Reyes, 16 en cuatro eventos de Yasmín Esquivel y 15 en cuatro eventos de Marisela Morales.

En los Lineamientos de Fiscalización del INE para el proceso electoral del Poder Judicial, se estableció la prohibición expresa de uso de recursos de origen privado de terceros, de manera directa o indirecta, en efectivo o en especie, incluidos sorteos, rifas y donaciones.

Además, se estableció que los mítines o reuniones de las personas candidatas no deberían generar ningún gasto adicional, salvo aquellos gastos personales de transporte, alojamiento y viáticos de la persona candidata. 

Con datos al 16 de mayo de 2025, última fecha disponible en el portal del INE, las candidaturas a la Suprema Corte habían reportado gastos acumulados por 10 millones 040 mil 948.81 pesos. Esto es un promedio de 159 mil 380.13 pesos. Cifra menor al tope de gastos de campaña para cada aspirante, de 1.4 millones.

Los eventos de Lenia Batres

Los últimos ocurrieron durante su gira por Baja California Sur el pasado 26 de abril, donde en un encuentro con la ciudadanía en el parque Los Mangos, en La Paz, el INE reportó que hubo 600 sillas para los asistentes, además de cuatro baños móviles y equipo de sonido.

El INE identificó además la presencia de legisladores locales de Morena Dalia Verónica Collins Mendoza y Sergio Polanci Salaices, así como el diputado del Verde Erick Iván Agúndez Cervantes.

Además, en una revisión en redes sociales, El Sabueso registró que el diputado local morenista Esteban Ojeda Ramírez presumió su asistencia al encuentro.

El árbitro electoral también documentó la asistencia de las personas candidatas a juezas Yajaira Arellano Morales y Maribel Camacho; a magistraturas de circuito Francelia Rivera y José Guadalupe Luna Durán; y la aspirante a la Sala Regional del Tribunal Electoral Rebeca Barrera Amador, aunque no tuvieron participación en el uso de la voz o propaganda.

Previo al evento, la ministra Batres participó en la presentación de un libro editado por el Colegio de Abogados Litigantes de BCS, agrupación que preside el abogado Alejandro Rojas Tirado, quien en su cuenta de X se identifica como “vocero de Claudia Sheinbaum” en la entidad, y quien activamente promueve el voto a favor de la candidata.

El evento se realizó en la Sala de Conciertos del Instituto de Cultura de Baja California Sur, y aunque había un cartel que aseguraba que era un evento exclusivamente académico, cultural y jurídico, en él, la ministra en funciones recordó su participación en la elección del Poder Judicial.

“Se hizo mención de ser un evento académico, institucional, no obstante, se realizó la siguiente mención al presentar su candidatura a ministra presidenta de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, se marca en este contexto sugiriendo su intención de liderar esta transformación desde la cúpula del Poder Judicial”, asentó el INE en el registro. 

Además, el INE consideró la renta del inmueble y el uso de equipo de audio y pantallas como parte de los gastos de campaña de la ministra.

Otros gastos recurrentes en los eventos de Lenia Batres y que no se contemplan en la ley electoral son la presencia de camarógrafos o fotógrafos profesionales, el uso de equipo de sonido o la colocación de un templete para sus actos de campaña.

Incluso, en un evento en Celaya, el INE identificó el acompañamiento de dos personas señaladas como personal de seguridad durante un recorrido para repartir volantes a comerciantes.

Un caso similar al acompañamiento de legisladores de Morena ocurrió con el candidato Hugo Aguilar, quien en un evento en la comunidad de Maguey Blanco en Ixmiquilpan, Hidalgo, contó con la participación como presentadora de la diputada local de Morena Cynthia Delgado. En dicha actividad, el INE también reportó que hubo un servicio de café para 100 personas, así como 100 sillas para los asistentes y equipos de sonido.

INE registra pantallas, sillas e inmuebles rentados en eventos de Yasmín Esquivel

En el caso de Yasmín Esquivel, se identificaron cuatro eventos que según reportes de los monitores del INE tuvieron elementos no permitidos para las campañas.

Por ejemplo, el 21 de abril en una conferencia convocada por la Barra de Abogados de Aguascalientes, en la Universidad Cuauhtémoc en Aguascalientes, el órgano electoral registró que se colocaron 240 sillas, 2 pantallas, además del uso de equipo de sonido y la renta del inmueble, gastos no permitidos para la campaña, ni siquiera como aportaciones de terceros.

Otro caso fue el 16 de abril en un evento en Pachuca, con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Hidalgo, donde el INE registró aportes en especie como la presencia de un fotógrafo, dos pantallas de televisión, equipo de sonido que contemplaba una cabina de audio con una consola, tres micrófonos inalámbricos y sus receptores y bocinas colgantes, así como servicio de café, frutas y galletas para 50 personas, un camarógrafo y 60 sillas de plástico.

En su cuenta de X –antes Twitter–, la candidata explicó que el evento organizado por el grupo de empresarios fue para difundir propuestas de su campaña. 

El uso de instalaciones con costo, servicios de alimentación y equipos de sonido fuera de lo establecido por el INE son de los principales hallazgos del INE en eventos de candidatos como Arely Reyes Terán, quien participó en dos eventos en un hotel y un salón de eventos donde se sirvieron alimentos, y se usó equipo no contemplado para la campaña.

Ante esto, la candidata justificó que los eventos fueron organizados por terceros: uno por la asociación Civil Fundación Integral de Trasplantes de Órganos y Tejidos, y otro por por la Barra de Abogados de Jalisco, Delegación Tlajomulco.

Caso similar al de la aspirante Magda Zulema Mosri, que durante dos eventos en Sonora utilizó sillas, pantallas y equipo de sonido. Aunque en uno de ellos alegó ser invitada de la organización Sonora Global.

Con Marisela Morales, se identificó la colocación de una treintena de sillas y reparto de alimentos en dos eventos distintos, así como el uso de un templete en Durango.

Mientras que a la candidata Ana María Ibarra Olguín se le registró la colocación de una lona para llamar al voto por su candidatura en un evento en Chilpancingo, aunque el uso de ese tipo de materiales no está permitido.

INE detecta 63 publicaciones que favorecen a candidaturas a la Corte

El INE también identificó 63 publicaciones en medios impresos de todo el país que favorecen a 22 candidaturas a la Corte, presuntamente sin cumplir el requisito de ser parte de una cobertura informativa equitativa.

La ministra Yasmín Esquivel es la que contó con más publicaciones a favor,  según registró el INE hasta el 30 de abril, después del primer mes de campaña, seguida de su compañera en la Corte, Lenia Batres.

El siguiente aspirante con más publicaciones es Arístides Rodrigo Guerrero, con cinco, seguido de Margarita Darlene Rojas y Marisela Morales con 4, y Loretta Ortiz y Sara Irene Herrerías con 3. 

Entre las publicaciones que el INE identificó que favorecen a la candidatura de Esquivel o que no representan una cobertura informativa equitativa se encuentran se encuentran cinco publicaciones en los medios de la empresa Libien & Sons, empresa dueña del diario Unomásuno.

Mientras que en el caso de Batres, el INE contabilizó cinco publicaciones en las distintas ediciones locales del diario El Debate de Sinaloa, además de sus 3 columnas publicadas en El Universal, en las que la autoridad electoral refirió que hay más de dos promesas de campaña, llamado expreso al voto o mención de la jornada electoral.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: LUIS FERNANDO LOZANO.
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