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Mazatecas por la Libertad instalan plantón indefinido en Veracruz

Las mujeres Mazatecas por la Libertad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, instalaron esta mañana un plantón indefinido frente al Poder Judicial de la Federación con sede en Boca del Río, Veracruz, donde se programó la audiencia del defensor comunitario mazateco Francisco Durán Ortiz, «uno de los nuevos perseguidos por acusaciones de parte de la familia caciquil de Manuel Zepeda».

Durán Ortiz fue uno de los nueve presos políticos de Eloxochitlán que obtuvo su libertad en junio de 2024, después de seis años de prisión tras un proceso irregular. Hoy es una de las potenciales víctimas de las más de 200 órdenes de aprehensión contra pobladores de la comunidad mazateca y «es también de los que van a firmar cada 15 días».

«Aunque ya ganó amparo para que se dicte su sentencia en el caso 02/2015, esta no llega. El responsable de la omisión es el Juez de Huautla Constantino Santiago. También, desde agosto de 2024, Francisco lucha otro juicio de amparo en Boca del Río, porque cuando salió de la cárcel, a los pocos días, el poder judicial de Oaxaca le quitó una libertad que él ganó contra la acusación de incendio desde el 2022», explicaron las mujeres.

El colectivo añadió que el plantón fue instalado para exigir el cese a la criminalización de más de una década contra la comunidad mazateca, que ha sufrido prisión política, desplazamiento forzado, tortura, persecución, re victimización y el ecocidio del río por defender su autonomía y su territorio.

Como parte de las acciones, las mujeres mazatecas también lanzaron una carta para recabar firmas y dirigida al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, para que «ponga fin a una década de criminalización sistemática contra la comunidad originaria de Eloxochitlán de Flores Magón», a través de medidas concretas como la cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión contra 56 defensores, el regreso seguro y en libertad de los 14 perseguidos políticos y el cierre definitivo de los procesos judiciales contra los expresos políticos Herminio Monfil, Fernando Gavito, Alfredo Bolaños, Jaime Betanzos y Francisco Durán, «quienes firman cada 15 días y sufren hoy una nueva persecución».

COMUNICADO:

Carta al Gobernador del Estado de Oaxaca

Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, México, a 15 de Mayo de 2025.

ASUNTO: Ponga fin a una década de criminalización sistemática contra la comunidad originaria de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.

 Ing. Salomón Jara Cruz, Gobernador. 

Por medio de la presente, la comunidad originaria de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, las organizaciones, colectivos de derechos humanos, académic@s, ciudadanos y ciudadanas de México y del mundo, preocupados por el presente y futuro de la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, nos dirigimos a usted para exigir el cese inmediato de la represión y criminalización sistemática que durante más de diez años ha azotado a la comunidad originaria de Eloxochitlán de Flores Magón, en la Sierra Mazateca de Oaxaca, cuyos habitantes defienden la autonomía, su río y territorio.

La comunidad mazateca, conformada en su mayoría por hablantes de lengua indígena, ha sido víctima de un ataque sistemático que vulnera su autonomía, su territorio, y su derecho a la vida digna. Esta violencia estructural no es solo una cuestión local, sino que constituye una violación grave de los derechos humanos, que está llamando la atención de la mirada internacional.

Desde 2011, Eloxochitlán de Flores Magón ha vivido una escalada de violencia de Estado que no tiene otro nombre más que crimen político y racismo estructural. Más de 40 personas defensoras comunitarias han sido encarceladas, perseguidas, desplazadas o sometidas a procesos judiciales plagados de irregularidades. Actualmente, 56 habitantes defensores comunitarios—entre ellos trabajadoras de la educación, campesinos, madres, mujeres de más de sesenta y cinco años, y ex presos políticos—enfrentan órdenes de aprehensión por delitos fabricados y prescritos, en una estrategia de terror jurídico que busca arrancar a la comunidad de sus raíces y someterla al saqueo de sus recursos naturales.

¿Quién autoriza esta represión, señor Gobernador?

¿Cuántos recursos públicos se han desviado para desplegar operativos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, de agentes ministeriales, y de personas y vehículos de origen desconocido, en contra de una comunidad de menos de cinco mil habitantes? ¿A quién sirve este uso desproporcionado de los recursos del Estado? ¿Por qué se protege el poder caciquil que encabezan Elisa Zepeda Lagunas y Manuel Zepeda Cortés, quienes, amparados en el aparato político y judicial, continúan con actos de hostigamiento hacia la comunidad y con la explotación de piedra del río Xanga Ndá Ge, mantienen minas de material pétreo a cielo abierto, con impunidad y violencia?

Lo decimos sin ambigüedades: esto no es una disputa legal, es una injusticia histórica que refleja el racismo estructural contra los pueblos indígenas de México y que busca asegurar el despojo. Esta no es solo una cuestión nacional, sino un llamado urgente a la comunidad internacional. Ustedes, como autoridad estatal, aún tienen en sus manos la oportunidad de resarcir una de las peores páginas de abuso de poder en la historia reciente de Oaxaca.

Usted, Gobernador, conoce la Sierra Mazateca. Ha sido parte de luchas sociales y sabe bien que este pueblo no es un nido de delincuentes. Es un pueblo organizado, con una profunda conexión con su tierra y su cultura, que ha manifestado en reiteradas ocasiones que no desea ser desplazado, ni exiliado, ni enterrado lejos de su hogar ancestral.

Exigimos, con urgencia una reunión resolutiva entre los tres poderes de Oaxaca para:
  1. La cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión contra las 56 personas defensoras.
  2. El regreso seguro y en libertad de los 14 perseguidos políticos, así como el cierre de sus procesos.
  3. El cierre definitivo de los procesos judiciales injustos contra los ex presos Herminio Monfil, Fernando Gavito, Alfredo Bolaños, Jaime Betanzos y Francisco Durán, quienes firman cada 15 días, y sufren hoy una nueva persecución.
  4. La absolución inmediata de Miguel Peralta, cuyo caso depende del Primer Tribunal Colegiado en material penal de Oaxaca.
  5. Justicia y garantías de protección para el fotoperiodista David Peralta Betanzos, víctima de intento de homicidio.
  6. Justicia para el río Xanga Ndá Ge, una víctima directa de la criminalización contra la comunidad.
Este conflicto no es solo jurídico ni político. Es ético. Es humano. ¿Hasta cuándo se permitirá que las reglas del saqueo se impongan sobre las reglas de la vida?

Atentamente

[Espacio para firmas de individualidades, colectividades, organizaciones de diversas partes del mundo] Se recabarán estas firmas a partir del 15 de mayo hasta el 15 de junio de 2025)

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exigen realizar búsquedas ya programadas

Luego de la inesperada cancelación de una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en el Ajusco, nueve familias de víctimas han cerrado el paso en ambas direcciones de Calzada de Tlalpan, una de las arterias más importantes de la Ciudad de México.

Las familias buscadoras fueron notificadas horas antes de empezar la jornada, originalmente planeada del 19 al 23 de mayo, que sólo se realizaría el 19 y 20 y que las familias ya no podían asistir, y que únicamente 3 personas solidarias podrían acompañar al personal de la Fiscalía y de las comisiones de búsqueda, lo que originó la ruptura del diálogo y la desición de instalarse en plantón.

Personas afines a las familias que pertenecen a la Comisión Local de Búsqueda, informaron a las personas buscadoras que se han recibido instrucciones de quitar el apoyo a las personas más emblemáticas de las búsquedas, como es el caso de la familia Gallardo Volante, esto con el objetivo de neutralizar el ejemplo que han dado a otros colectivos.

Esta mañana se tenía pactada una mesa de trabajo con autoridades y fue cancelada a último momento hasta que no se liberen las vialidades.

Las nueve familias forman parte del colectivo Luciérnagas Frente Amplio de Familias Buscadoras de Verdad y Justicia en la Ciudad de México y han permanecido por más de 24 horas en el sentido centro-sur de esta avenida. Ante la negativa de diálogo se inició el bloque en ambas direcciones.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: GERARDO MAGALLÓN.

Exalcalde de Teuchitlán y familia operaban presunta red de huachicol fiscal del CJNG: FGR

Especificó que 210 empresas vinculadas a los hermanos del exalcalde brindaron unidades de transporte para hidrocarburos de procedencia ilícita.

Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, afirmó este martes 20 de mayo en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que José Ascensión Murguía Santiago, exalcalde de Teuchitlán, donde se ubica el Rancho Izaguirre, presuntamente operaba una red de ‘huachicol’ fiscal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto a sus hermanos y otros familiares.

El titular de la FGR, entidad que tomó control de las investigaciones en torno al campo de adiestramiento, especificó que en una red de 210 empresas vinculadas a los hermanos ha participado en el trasiego de combustibles, brindando unidades de transporte para hidrocarburos de procedencia ilícita.

“La información que se obtuvo de los medios nos llevó a establecer una línea de investigación de inteligencia que llevamos con el secretario García Harfuch (SSPC) que demostró algo que es fundamental: el ex presidente municipal de Teuchitlán […] sus dos hermanos y su familia son los propietarios de todos los camiones que se utilizaron tanto en Tamaulipas como en Ensenada para mover esa droga. Y todo esto está vinculado finalmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación”.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cae junto a funcionario público 'El Conejo', presunto jefe de plaza del CJNG en Zacatecas

'Conejo' contaba con una orden de aprehensión por los delitos de extorsión, cohecho y asociación delictuosa; durante su detención se aseguró armamento, 2 kg de cocaína y 900 dosis de metanfetamina.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció el pasado lunes la detención de Alfredo ‘N’, alias ‘Conejo’, identificado en el comunicado como “objetivo prioritario y generador de violencia en Zacatecas; se le señala como presunto líder de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en diversos municipios.

Junto a él, se reporta la detención de Isidro ‘N’, quien fue destacado en el comunicado conjunto emitido por la SSPC como “funcionario público del municipio de Hostotipaquillo”; medios locales lo han destacado como supuesto subdirector de la Policía Municipal de dicho municipio.

Mediante labores de inteligencia e investigación, se realizó en Jalisco la acción operativa encabezada por el Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Gabinete de Seguridad, Fiscalía de Zacatecas, y Comisión Nacional de Investigación.

‘Conejo’ contaba con una orden de aprehensión por los delitos de extorsión, cohecho y asociación delictuosa; durante su detención se aseguró armamento, 2 kg de cocaína y 900 dosis de metanfetamina.

Ya en el comunicado conjunto en torno al operativo, se brindaron más detalles de las detenciones, dando a conocer que desde el mes de abril contaban con información del traslado del sujeto al estado de Nayarit, con el objetivo de resguardarse ante los operativos de las autoridades.

En base a los reportes se establecieron vigilancias móviles y con apoyo de equipo tecnológico para eventualmente detectar su desplazamiento al municipio de Magdalena, Jalisco, a un inmueble de la colonia La Cañita.

“Con esta información, se realizó un operativo coordinado en las inmediaciones del lugar, donde ubicaron a Alfredo “N”, quien estaba acompañado por Isidro “N”, a los cuales se les marcó el alto y se les realizó una revisión de seguridad donde les hallaron dos armas largas, un arma corta, tres cargadores, 44 cartuchos, dos kilos de cocaína y 900 dosis de metanfetamina.

[…]

Cabe mencionar que Alfredo “N” cuenta con una orden de aprehensión vigente en el estado de Zacatecas por delitos de extorsión, cohecho y asociación delictuosa. Además, Isidro “N” es funcionario público del municipio de Hostotipaquillo”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan a siete jóvenes en San Bartolo de Berrios, Guanajuato; Iglesia condena el crimen

Varios sujetos armados llegaron al lugar en al menos tres camionetas con los vidrios polarizados, descendieron del vehículo y abrieron fuego contra los jóvenes que allí se encontraban, reportaron medios locales.

Siete jóvenes, entre los que se encontraban tres menores de edad, fueron asesinados a balazos la madrugada del lunes en la comunidad de San Bartolo de Berrios, perteneciente al municipio de San Felipe, Guanajuato, al finalizar un acto con motivo del Día de la Madre organizado por la parroquia de la localidad.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Felipe informó en un comunicado oficial que alrededor de las 02:36 horas, policías municipales acudieron a la plaza principal por una llamada al 911 que les avisó de detonaciones de arma de fuego en el lugar.

Al llegar a la plaza, los elementos encontraron una camioneta con daños y a los siete jóvenes sin vida tendidos en el suelo.

De acuerdo con medios locales, varios sujetos armados llegaron al sitio en al menos tres camionetas con los vidrios polarizados, descendieron del vehículo y abrieron fuego contra los jóvenes que allí se encontraban.

Según estos reportes, más tarde aparecieron mantas en distintos puntos de la comunidad, en las que un grupo criminal originario de Guanajuato se atribuyó los hechos y con alusiones a un grupo rival con orígenes en Jalisco.

El gobierno municipal condenó “enérgicamente” los hechos e informó que estableció comunicación inmediata con autoridades federales y estatales para dar seguimiento puntual a las investigaciones y esclarecer el crimen.

Además, señaló que la Fiscalía General del Estado “ya realiza las diligencias correspondientes para que este crimen no quede impune”.

La página de Facebook San Felipe Pride difundió una composición de fotografías que presuntamente se corresponde con los rostros de las víctimas, entre las que identificó a su compañero Miguel “J”. Además, envió sus condolencias a los familiares de los jóvenes.

Otras víctimas fueron identificadas por medios regionales como Ángel, de 19 años, y Ángel, de 25 años, así como otras dos personas que supuestamente son hijos del delegado de San Bartolo y cuyos nombres no fueron revelados.

El Arzobispo de León, Jaime Calderón, condenó el asesinato de los jóvenes y señaló la “violencia desmedida” que vive la entidad, como parte de la “violenta disputa de territorio de los cárteles”, que ha provocado la pérdida de “muchas vidas de personas inocentes”.

“Esta violencia desmedida se hizo presente hoy en la madrugada en plena plaza de la comunidad de San Bartolo de Berrios, en San Felipe, al final de un festejo con motivo del 10 de Mayo, organizado por la Parroquia, donde siete jóvenes fueron asesinados arteramente”, señaló.

El Arzobispo dijo que, de acuerdo con los primeros reportes, “personas de un cártel llegaron armadas y abrieron fuego arteramente contra la gente que se encontraba en el lugar, resultando muertos 7 jóvenes, entre ellos algunos menores de edad. Estamos indignados, consternados y condenamos este hecho”.

“Exhorto a nuestras autoridades a dar con los responsables y buscar la justicia para que estos hechos nos se sigan suscitando en ningún lugar de nuestra sociedad”, dijo.

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado en el que  condenó la masacre. “Como pastores del Pueblo de Dios, no podemos permanecer indiferentes ante el espiral de violencia que lacera a tantas comunidades de nuestro país”, enfatizó.

“Esta masacre, una más entre tantas que se repiten con dolorosa frecuencia, es un signo alarmante del debilitamiento del tejido social, la impunidad, y la ausencia de paz en vastas regiones de nuestra nación”,  mencionó la CEM, que al tiempo que hizo un llamado urgente a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que “asuman con responsabilidad y eficacia la tarea de garantizar la seguridad y la justicia”.
“No podemos acostumbrarnos a convivir con la muerte violenta, ni permitir que la impunidad se convierta en norma”, apuntó.

También llamó a la sociedad civil a no caer en la indiferencia ni en la desesperanza y a denunciar toda forma de violencia.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Familiares de Ovidio en EU, sin asuntos legales en MX: FGR; “Ratón” negocia culpabilidad: abogado

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó, el 20 de mayo de 2025, que los 17 familiares de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, que ingresaron a Estados Unidos, el día 9 del mismo mes y año, no enfrentaban ningún procedimiento judicial en México, ni tampoco en EE. UU., por lo que su cruce fronterizo se realizó de manera voluntaria.

Al menos 17 familiares de “El Ratón” -entre ellos, su madre, Griselda Guadalupe López Pérez, segunda esposa del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”-, viajaron a Estados Unidos, el día 9 de mayo de 2025, país al cual supuestamente ingresaron por la garita de San Ysidro, en Tijuana, Baja California,

“Déjeme decirle, primero, coloquialmente y así se conoce, el hecho de cuando alguien se entrega a una autoridad es porque existe un procedimiento dentro de nuestro país, esas personas no tienen ningún procedimiento y por lo tanto esa figura de entrega para México no es así. Tampoco sabemos que haya ningún procedimiento legal en contra de ellos en los Estados Unidos simplemente actuaron con libertad, cruzaron la frontera y tuvieron un encuentro con autoridades federales norteamericanas“, declaró el titular de la FGR.

Durante la conferencia de prensa matutina, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, Gertz Manero recordó la situación legal de “El Ratón” y señaló que cuatro miembros de su familia fueron procesados en los Estados Unidos, entre ellos su padre y su hermano, Joquín Guzmán López, alias “El Güero Moreno”.

“Recordar que hay cuatro miembros de esa familia procesados en Estados Unidos: el padre y tres hijos. Cuando intentamos la judicialización, un juez nos dijo que a través de las autoridades de Estados Unidos se notificara”, agregó el titular de la FGR.

“Sobre ese particular, cuando nosotros intentamos la judicialización de lo que ocurrió en el plan de Culiacán [de Rosales], un juez federal nos impuso la obligación de que a través de las autoridades norteamericanas se ratificaran lo que nosotros habíamos hecho. No estamos de acuerdo, lo hicimos público. Hicimos la solicitud y en respuesta a lo que usted me está preguntando, sigo esperando la respuesta”, mencionó Gertz Manero.

Un día antes, Jeffrey Lichtman, abogado de “El Ratón”, confirmó a la cadena estadounidense CNN que se encontraban en negociaciones respecto a una posible declaración de culpabilidad, aunque negó que la familia de su cliente estuviera involucrada en el acuerdo.

“Como lo estoy en todos los casos que manejo. Algunos casos concluyen en un acuerdo, y otros llegan a juicio; por ejemplo, el caso del padre de Ovidio. No ha habido nada en nuestras negociaciones que tenga relación con la familia de Ovidio. Su familia no formará parte de ningún acuerdo de culpabilidad”, afirmó Lichtman en declaraciones a CNN.

La cadena también reportó que desconocía el paradero de los familiares de “El Ratón” o si habían ingresado a algún programa de protección de testigos en Estados Unidos. CNN reveló que solicitó comentarios a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), aunque no dijo si se los proporcionaron.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Trump va a Capitolio a cabildear impuesto a remesas; Senado mexicano envía comitiva a Washington

El presidente Donald Trump visitó el Capitolio de Estados Unidos, el 20 de mayo de 2025, para instar a los congresistas republicanos, a llegar a un acuerdo respecto a aprobar el gravamen de 5 por ciento a las remesas que enviaban los migrantes al extranjero, como parte del proyecto de ley denominado ‘The One, Big, Beautiful Bill’ -presentado por el legislador republicano Jason Smit-, que debería ser discutido en el Pleno de la Cámara de Representantes estadounidense y eventualmente en el Senado de EE. UU.

El magnate neoyorquino concluyó su reunión -que duró alrededor de una hora- con los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, declarando que su partido tenía una “unidad increíble”, por lo que les imploró que dejaran atrás sus diferencias sobre el proyecto de ley y lo aprobaran lo antes posible.

Asimismo, Trump elogió al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien había estado trabajando para reunir los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley ‘The One, Big, Beautiful Bill”, que esperan llevar a votación el jueves 22 de mayo de 2025. “Soy su mayor admirador; adoro a este tipo”, dijo el magnate neoyorquino, antes de la reunión.

La noche del 19 de mayo de 2025, el Senado de República mexicano informó que el día 20 del mismo mes y año arribaría a Washington D.C. una comitiva compuesta por integrantes de todos los grupos parlamentarios, para dialogar sobre el impuesto a las remesas, con legisladores estadounidenses.

“Esta visita tiene por objeto dar a conocer el posicionamiento del Senado de la República sobre la propuesta para gravar impositivamente las remesas de nuestros paisanos al 5 por ciento, medida que rechazamos, pues dañaría a millones de familias trabajadoras, y generaría un impacto importante en la economía tanto de México, como de los Estados Unidos”, indicó la Cámara Alta, en un comunicado.

Entre los senadores que integrarían la comitiva estaban Moisés Ignacio Mier Velasco, Andrea Chávez Treviño, Alejandro Ismael Murat Hinojosa y Karina Isabel Ruiz, de la bancada de Morena, así como Geovanna Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo (PT).

También acudirían a Washington D.C., los senadores Ruth Miriam González, Mauricio Vila Dosal, Cristina Ruiz Sandoval y Amalia Dolores García Medina, de los grupos legislativos de los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), respectivamente.

El Senado de la República mexicano apuntó que la tarde del 19 de mayo de 2025, los integrantes de la comitiva mantuvieron una reunión de trabajo con el canciller Juan Ramón de la Fuente Ramírez y con el Jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Según detalló la Cámara Alta del Congreso de la Unión, la agenda oficial de los senadores -quienes estarían acompañados por Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Embajada de México en Washington D.C.- concluiría el jueves 22 de mayo de 2025.

“Dimos un paso crucial para aprobar el ‘Gran y Hermoso Proyecto de Ley’, para hacer realidad la visión de América Primero del presidente Trump para el pueblo estadounidense. Así que, sigamos adelante y cumplamos lo que le prometimos a Estados Unidos”, enfatizó Jodey Arrington, el presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes de EE. UU., la noche del 18 de mayo de 2025.

Sin que hubiera discusión en torno al gravamen a las remesas al exterior, dicho Comité logró la aprobación del plan fiscal y gastos de Trump, con 17 votos a favor, todos republicanos, y 16 en contra, todos de congresistas demócratas.

Del total de mil 116 páginas que componían el plan fiscal y de gastos de Trump, sólo 9 de ellas se referían a la propuesta para gravar las remesas que envían los extranjeros radicados en EE. UU., a sus países de origen.

El 16 de mayo de 2025, 24 miembros del Grupo Hispano del Congreso -el llamado ‘caucus hispano’, compuesto por miembros del Partido Demócrata- rechazaron la iniciativa de gravamen del 5 por ciento a remesas y coincidieron con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo, en considerarlo como un proyecto “dañino”.

En una carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., Mike Johnson, más de 20 congresistas hispanos le solicitaron que no se aprobara la iniciativa impulsada por legisladores republicanos.

Además, los congresistas hispanos calcularon en más de 40 millones el número de personas que podrían ser afectadas por dicho impuesto. Asimismo, advirtieron que la medida representaba una traición a valores estadounidenses y dijeron que la mandataria mexicana tenía razón en oponerse, porque afectaría a los migrantes.

“La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya condenó públicamente esta propuesta, calificándola como económicamente dañina para ambos países y una traición a los valores estadounidenses. Tiene razón […] Un impuesto a las remesas no solo afecta a las familias más necesitadas, también socava los esfuerzos por reducir la migración irregular”, señalaron los legisladores hispanos, en su misiva.

El mismo día, entrevistada por representantes de diversos medios de comunicación, tras una reunión con familiares de los mineros que quedaron atrapados en la mina del Pinabete, en Sabinas, Coahuila, la presidenta mexicano advirtió que el hecho de que aún cuando se hubiera reprogramado la discusión del impuesto a las remesas en el Congreso de EE. UU., su Gobierno permanecería atento al proceso legislativo.

“Está planteado que lo van a volver a discutir y vamos a seguir para evitar que pueda haber este este impuesto, que es muy injusto y además viola un convenio que se tiene con Estados Unidos […] Bueno, no se aprobó, pero hay que estar pendientes”, subrayó Sheimbaum Pardo.

“Pues sí, que nos ayuden todos los paisanos a contactar a su congresista para decirle que es injusta esa medida y aparte pues nosotros con el Congreso [de Estados Unidos], vamos a estar muy atentos”, insistió la titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano.

El 17 de mayo de 2025, Sheinbaum Pardo atribuyó el freno que la Cámara de Representantes de EE. UU. hizo a la propuesta de un impuesto del cinco por ciento a las remesas, a la unión del Gobierno mexicano con “el pueblo” y a la solicitud ella hizo para que los paisanos en dicho país mandaran cartas y presionaran en redes sociales a los legisladores estadounidenses.

“Recientemente se anunció por parte de congresistas de Estados Unidos que quieren ponerle impuestos a las remesas que se envían a nuestro país y a otros lugares del mundo. ¿Y qué fue lo que dijimos? No se puede gravar dos veces a quien ya paga impuestos”, expresó la mandataria mexicana.

“Y entonces convocamos a que desde aquí, que nuestros paisanos en Estados Unidos, envíen cartas, correos electrónicos o redes sociales a los congresistas, a decir que las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos trabajan honestamente y todos pagan impuestos, independientemente de su situación migratoria”, agregó la presidenta de México.

“Y vamos logrando poco a poco. El día de ayer, 24 congresistas dijeron ‘no debemos votar a favor de los impuestos a las remesas’. Y eso es lo que logramos cuando trabajamos juntos por el pueblo de México y muchas otras acciones que ha habido”, afirmó Sheinbaum Pardo, en un discurso durante el arranque de obras de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en San José del Cabo, Baja California Sur.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

CSP dice que habló con Embajador de EU sobre comercio, migración, seguridad y remesas

Claudia Sheinbaum buscará el diálogo con el nuevo Embajador, Ronald Johnson, para profundizar en temas como seguridad, migración, comercio y remesas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó la mañana de este martes que, durante su encuentro con el nuevo Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, hablaron sobre comercio, migración, seguridad y remesas.

Sheinbaum destacó una vez más la buena relación que el Gobierno de México desea mantener con los Estados Unidos (EU), de manera que los acuerdos y temas que se han venido tratando con el país vecino puedan continuar y profundizarse.

“Hablamos de algunos temas que han ocupado nuestro tiempo en los últimos meses: el tema comercial, el tema de migración, el tema de seguridad”, remarcó la Presidenta.

Esta reiteración la hizo en la conferencia de prensa matutina al responder varias preguntas de un reportero que cuestionó a la mandataria respecto a la reciente acreditación del Embajador de EU, Ronald Johnson.

Al referirse al encuentro que tuvo con Johnson, Sheinbaum recordó la entrega de las cartas credenciales a distintos embajadores, entre ellos al de Estados Unidos, y sostuvo que el encuentro con el Embajador, quien fue acompañado por su esposa, se desarrolló con cordialidad.

“Les enseñamos el Palacio Nacional. Fue una reunión muy cordial. Hablamos de la importancia de la relación México-Estados Unidos o Estados Unidos-México, y de tener comunicación permanente”, informó la Presidenta.

Sobre el seguimiento de la relación México-EU, reafirmó que “hay una buena coordinación y queremos mantener esta coordinación, esta colaboración”. También señaló que el Embajador “fue muy respetuoso en reconocimiento al trabajo que ha hecho el Gabinete del Gobierno de México", por lo que cree que "va a ser una muy buena relación entre el Embajador y el Gobierno”.

En cuanto a los temas de seguridad, la Presidenta se mostró interesada en que las reuniones entre ambos gobiernos y sus respectivos gabinetes de seguridad puedan seguir realizándose sobre la base del buen entendimiento y el respeto.


“Los invitamos a que en esta ocasión puedan venir a México a tener la reunión aquí en nuestro país”, precisó. “Y lo que se firmó en aquella ocasión, cómo le damos seguimiento. Nada en particular nuevo, sino más bien cómo le damos seguimiento al trabajo que hemos venido desarrollando”, insistió la Jefa del Poder Ejecutivo.

Por último, Claudia Sheinbaum volvió a tocar el tema del impuesto a las remesas y manifestó su desacuerdo con esta medida. Informó que el día de hoy “un grupo de senadores va a reunirse con legisladores de Estados Unidos para explicarles nuestras razones de por qué no es una buena idea gravar las remesas”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Universitarios de Zacatecas acusan impunidad en caso de exrector, acusado de abuso

Rubén de Jesús “N”, entonces rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, fue detenido el 9 de mayo después de ser denunciado en la Fiscalía estatal por violación equiparada agravada a una menor de edad.

Rubén de Jesús Ibarra Reyes, vinculado a proceso por abuso sexual a una menor de edad, presentó su renuncia a la rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas en medio de señalamientos de la comunidad universitaria de estar protegido por el Poder Judicial, la Universidad y el Gobierno de David Monreal.

La comunidad de estudiantes, docentes y el Movimiento Feminista de Zacatecas encabezaron este lunes un paro de labores en la mayoría de los planteles de la universidad para exigir no solo su renuncia, sino su inhabilitación como académico y para solicitar una revisión a la sentencia del Juez Alfredo Sánchez que reclasificó el delito a uno no grave.
“Como todo hombre de poder, y que lo ha hecho claro y manifiesto, está totalmente protegido por el Ejecutivo, el señor David Monreal. Cuando fue la represión del movimiento 8M en 2024, que fueron detenidas y torturadas 17 compañeras por parte de Seguridad Pública, al siguiente día el señor Ibarra se paseaba plácidamente en un evento con el Secretario general de Gobierno. Es muy cercano a la familia de los Monreal; claro que lo iban a proteger”, recordó en entrevista Cristela Trejo, académica de la UAZ.
Rubén de Jesús “N” fue detenido el 9 de mayo después de ser denunciado el año pasado en la Fiscalía estatal por violación equiparada agravada a un menor de edad.

Las autoridades de la UAZ declararon que el procedimiento legal está relacionado con su vida personal y no académica.

Estuvo siete días en prisión preventiva en el centro de Cieneguillas. Pero el viernes pasado, después de una audiencia de más de 20 horas, el juez Alfredo Sánchez lo vinculó a proceso solo por abuso sexual, un delito no grave, por lo que obtuvo libertad condicional. Una de las condiciones es no acercarse a la víctima.
“La primera exigencia es la destitución del señor Rubén Ibarra no solamente como rector, sino inhabilitación en cualquier función de nuestra universidad. La renuncia le deja todos sus derechos y privilegios a salvo dentro de la universidad y él puede seguir caminando impunemente como la venido haciendo después de su liberación”, dijo la académica de la UAZ. 
Y sobre la sentencia agregó: "Vamos a trabajar en los criterios que tomó el juez y generar un proceso administrativo para hacer una revisión puntual de la responsabilidad del juez en esta reclasificación del delito y por qué no la impugna la Fiscalía local para saber cómo se tejió esta red de influencia".

Su defensa legal, Darío Gamón Rodríguez, informó a la prensa local que el exrector aceptó ser culpable de abuso sexual a cambio de recibir una pena de cuatro años de prisión en libertad condicional.

“Esta decisión la tomó por una tranquilidad y paz familiar, por supuesto personal y sabiendo quién es, también por la universidad”, dijo el abogado.

"La UAZ encubre violadores"

Este lunes facultades de la Universidad Autónoma de Zacatecas amanecieron en paro de labores para exigir que Rubén de Jesús “N” sea destituido de sus credenciales como docente.

“Destitución no, renuncia”, “Rescisión total de contrato laboral” y “Las niñas no se tocan. La UAZ encubre violadores” son algunos de los reclamos manifestados en cartulinas colocadas en las puertas de la universidad.

“Lo que ocurrió en esa audiencia, encabezada por el Juez Alfredo Sánchez, es exactamente lo que el sistema patriarcal está hecho para hacer: proteger a los hombres, pero sobre todo a los hombres con poder”, manifestó en un comunicado el Movimiento Feminista de Zacatecas.
“Nosotras sabemos de su cercanía, desde el poder judicial hasta la fiscalía y el poder ejecutivo (David Monreal). Se construye una red de poder que hoy ha transformado una acusación de violación equiparada –delito que nuestro código persigue hasta con 20 años de prisión– en ‘abuso sexual’ que, con un procedimiento abreviado, quedará en condena simbólica y libertad condicional”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA, MONTSERRAT ANTÚNEZ.

Sicarios disparan y matan a la secretaria particular de Clara Brugada y a su asesor

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la secretaria particular de la Jefa de Gobierno, Ximena Guzmán, y José Muñoz, asesor, perdieron la vida durante una agresión directa en la Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia Moderna, de la Alcaldía Benito Juárez.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Clara Brugada Molina confirmaron la mañana de este martes que asesinaron a Ximena Guzmán y a José Muñoz, secretaria particular y asesor de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), durante un ataque directo.
"El Gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la Jefa de Gobierno, Ximena Guzmán, y José Muñoz, Asesor, en la Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia Moderna, de la Alcaldía Benito Juárez", anunció primero Brugada Molina.
A través de una tarjeta informativa, detalló que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), con apoyo del Gobierno de México, ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión.


Además, Brugada explicó que las autoridades están trabajando en el análisis de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona "para identificar a los probables responsables que, se sabe, viajaban a bordo de una motocicleta".
"No habrá impunidad. Los responsables serán detenidos y deberán enfrentar a la justicia", aseguró la mandataria capitalina en el boletín que difundió por medio de sus redes sociales.
Finalmente, aprovechó para enviar sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas, a quienes se les brindará todo el apoyo necesario.

Casi de inmediato, la Presidenta de México se pronunció sobre el tema en Palacio Nacional. Dijo que ya había tenido oportunidad de verificar la información que recibió unos minutos antes, razón por la cual estuvo dialogando con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mientras se presentaba un informe, hecho que llamó la atención de los medios de comunicación.

 


"Quisiera dar una información muy, muy relevante. Por eso nos estábamos comunicando con el Secretario [de Seguridad]. Teníamos información, pero fue ya confirmada. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, acaba de emitir una tarjeta informativa", declaró durante su conferencia de prensa matutina.
Posteriormente, Sheinbaum Pardo leyó el documento, y afirmó que "desde el primer momento Omar [García Harfuch] giró instrucciones" para que las autoridades capitalinas tengan todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Subsecretaría de Inteligencia de la SSPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con sus palabras, el Gobierno federal brindará "todo el apoyo que requiera la Jefa de Gobierno para la investigación y llegar al fondo de esta situación, que no haya impunidad".
"Desde el Gobierno de México enviamos condolencias a sus familiares. Todo el apoyo que requiera la Jefa de Gobierno. Vamos a llegar al fondo de esta situación y que haya justicia. Nuestro apoyo incondicional a la Jefa de Gobierno", insistió Sheinbaum.
"Y por supuesto nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de estas dos personas. Vienen trabajando en nuestro movimiento desde hace mucho tiempo. Los conocemos. Nuestra solidaridad con sus familias, a Clara y vamos a darle todo el apoyo que requiera por parte del Gobierno de México", agregó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Más desfalcos de Duarte: 276 mdp para factureras que burlaron el radar de las autoridades

La administración duartista en Veracruz desvió 276 millones de pesos a empresas fantasma que no fueron incluidas en las denuncias de la ASF. Algunas de las compañías fachada también hicieron negocios con otros gobiernos, incluido el de AMLO.

Que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, contrató empresas fantasma es un asunto conocido. Por eso fue condenado a nueve años de prisión —de los cuales, ya ha purgado siete— y a una multa de 58 mil pesos por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Sin embargo, quedaron algunos casos sin considerar. Más de ocho años después de que abandonara su cargo y huyera a Guatemala, donde fue detenido, salen a la luz contrataciones con compañías fachada que, hasta la fecha, no han sido incluidas en las 71 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra su administración.

Este nuevo capítulo de la larga historia del político que gobernó Veracruz de 2010 a 2016, se escribe a partir de los hallazgos en una base de datos de contratos realizados entre el gobierno y Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), creada por el Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) de la Universidad Nacional Autónoma de México y Quinto Elemento Lab.

Su análisis permitió descubrir 95 convenios con 16 compañías que facturaron 276.6 millones de pesos de recursos federales, y que pasaron desapercibidos para los auditores. Esta cantidad de dinero equivale a poco más de lo que cuesta construir y equipar un hospital regional en Veracruz para brindar servicio a 35 mil habitantes. 

La mayoría de estas empresas fachada eran veracruzanas, un par se constituyó en Puebla y una en Guadalajara; algunas tenían direcciones fiscales en viviendas de zonas populares, o socios de bajo perfil o ilocalizables; otras recibieron contratos al poco tiempo de haber sido creadas, pero todas tenían al menos una cosa en común: ninguna pudo refutar los señalamientos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, por esa razón, fueron incluidas en la lista definitiva de EFOS. 

Los recursos entregados a las factureras procedieron, sobre todo, de secretarías estatales —Educación, Desarrollo Social, Salud—, entre las que destaca la de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), que les destinó 237 millones de pesos.

Además, las empresas obtuvieron 81 millones de pesos adicionales por contratos con dependencias federales, principalmente con la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la entonces Administración Portuaria Integral de Veracruz, y la Secretaría de la Función Pública, además de los gobiernos de Hidalgo, Morelos y Oaxaca. Firmaron también convenios con las siguientes administraciones, incluida la de Andrés Manuel López Obrador.


De áreas prioritarias a bolsas fantasmales

Los contratos de la SIOP debían servir para una cancha de usos múltiples en Tantoyuca, la remodelación del parque Reino Mágico en Veracruz, pavimentación de calles en Xalapa, un estudio para el manejo de la basura en municipios del sur, y 79 obras carreteras en todo el estado. 

Para estos proyectos se destinaron recursos federales, que tenían que invertirse en educación, salud, infraestructura social y seguridad pública.

La SIOP justificó en el papel su aplicación a proyectos de infraestructura, pero en la práctica, las transferencias federales fueron a parar a siete empresas fantasma: Infraestructura en Construcción, Inmobiliaria Gomgo, Grupo Inmobiliaria Frabersa, Consorcio de Ingeniería Petrolera, Comercializadora y Constructora Gora, Antep y Grupo de Servicios Gamyt.


Infraestructura en Construcción se llevó 118 millones de pesos mediante 25 contrataciones. En esa compañía, Quinto Elemento Lab y AVC Noticias encontraron que un albañil y un jardinero figuraban como socios, aunque la persona que solía encargarse de los convenios era el representante legal, el arquitecto Ramón Montano Hernández, quien junto con su familia  formaba parte de otras dos constructoras contra las que a veces simulaba competir para ganar licitaciones.


Casi todas las obras eran para trabajos carreteros del norte al sur de Veracruz. La SIOP respondió por Transparencia que no halló los expedientes de cinco contratos y, de otros 19, admitió que existían, pero condicionó su revisión a que fuera presencial y solo si se acreditaba pertenecer a la empresa. Sobre uno más, relacionado con el parque Reino Mágico, la secretaría indicó que no podía entregar información porque estaba en medio de un juicio administrativo.

La dependencia también recibió un cuestionario por escrito, pero no contestó a las preguntas para este reportaje.

El enorme parque inaugurado a finales de los ochenta era como un pequeño Chapultepec para los veracruzanos: tenía una gran zona arbolada con áreas de juegos infantiles, teatro al aire libre, un trenecito y toboganes, y albercas para enfrentar las épocas de intenso calor. De aquello queda muy poco.

Cuando Duarte gobernaba la entidad, la SIOP encargó a Infraestructura en Construcción que hiciera dentro de Reino Mágico una pista de patinaje de categoría internacional, destinada a ser sede de una competencia de velocidad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014. La obra, que actualmente se encuentra deteriorada, costó 22 millones de pesos; de acuerdo con la prensa local, la administración duartista no pagó a la constructora.


Los contratos también llegaron a Inmobiliaria Gomgo y Grupo Inmobiliaria Frabersa, que se encargaron de 49 obras carreteras por más de 80 millones de pesos. Gomgo fue creada un par de semanas antes de que Duarte tomara posesión como gobernador, mientras que Frabersa se constituyó durante su primer año de mandato.

Ambas registraron sus domicilios fiscales en casas de colonias populares en Coatzacoalcos; donde supuestamente alguna vez estuvo Gomgo ahora hay una barbería, cuyo dependiente dijo que no había escuchado hablar de la empresa. Tampoco contestaron al cuestionario que se les envió por correo electrónico.


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Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explica que es una irregularidad común de las factureras que sus domicilios no tengan coherencia con el giro de la compañía: “Lo que muestran los antecedentes de empresas fantasma es que se utilizan viviendas de personas colaboradoras, de trabajadores cercanos, como prestanombres de vivienda de esta empresa”.

Las coincidencias entre las firmas tampoco son casualidad: pertenecen a la misma red —donde hay más de un centenar de contratistas o de EFOS—, formada por compañías que comparten accionistas, administradores, representantes legales o comisarios, según la reconstrucción hecha por Quinto Elemento Lab a partir de registros de comercio.

Una red que, de acuerdo con una investigación de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, obtuvo contratos en el sexenio de Duarte por más de 3 mil 600 millones de pesos.

Los nexos entre Gomgo y Frabersa son visibles a través de Yajaira Sánchez Hernández, quien en 2011 era una joven veinteañera con roles de administración y representación legal en Frabersa. Sánchez era parte de, por lo menos, otras nueve empresas con las que se tendía un puente hasta Gomgo. El suyo no es el único caso, pues otras personas están también simultáneamente vinculadas con muchas compañías.

“En general, las empresas fantasma funcionan en red. […] Si acaso sancionas a una,  no estás viendo todo el esquema”, afirma Janet Oropeza, especialista de Fundar, organización civil que analiza políticas e instituciones públicas.


AVC Noticias acudió al domicilio de Hernández, indicado en los registros comerciales de las empresas. Se encuentra en la colonia Formando Hogar, una zona de viviendas populares contigua al puerto de Veracruz. En la visita, realizada a principios de noviembre de 2024, uno de los vecinos dijo que no vivía ahí desde hacía años.

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La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) contrató a cinco firmas que acabaron en la lista de EFOS definitivas. De los 25 millones de pesos de este rubro que se entregaron a factureras, Sistemas Avanzados Deportivos —constituida en Guadalajara— recibió 9.5 millones de pesos, mientras que Comercializadora Masa de Córdoba —cuyo domicilio es un local donde se venden dulces— obtuvo 5.9 millones de pesos. Fueron contratadas por la SEV para la compra de computadoras y artículos deportivos.

El sector salud estatal también utilizó de forma irregular las transferencias federales. En total, 5.9 millones de pesos que deberían haber sido utilizados para terminar un centro de salud en Cerro Azul, al norte de la entidad, y darle mantenimiento a una docena de clínicas en comunidades de la zona sur, acabaron en manos del Corporativo Administrativo Piraya, una EFOS conformada en Puebla.

Las dependencias mencionadas recibieron un listado detallado de preguntas vía Comunicación Social, pero no brindaron un posicionamiento sobre los hallazgos de este reportaje.

Uno de los extrabajadores de esta empresa es el actual subdirector de Programación, Seguimiento, Control y Evaluación Técnica de Obras Públicas de la SIOP, Jesús Eduardo Ruiz Bermúdez. La información fue proporcionada por el funcionario en su reseña curricular, como parte de las obligaciones de transparencia. Se buscó al funcionario vía telefónica y por correo, aunque no contestó el cuestionario enviado.

Para el académico de la Universidad Veracruzana, Víctor Andrade Guevara, experto en estudios políticos y sociales de la región, el problema de la contratación pública de empresas fantasma en Veracruz está lejos de haber terminado, pero destaca que “tuvo su punto más alto en el periodo de Javier Duarte, donde se convirtió en un verdadero mecanismo de extracción de recursos de la administración pública, totalmente planificado: este es un mecanismo sistémico de corrupción”.

Negocios sin consecuencias

Aunque la ASF tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales, ninguno de los 95 contratos detectados por Quinto Elemento Lab y AVC Noticias ha sido incluido en las denuncias que enfrenta la administración duartista, según la revisión de 45 informes del órgano fiscalizador que derivaron en 71 procedimientos penales. 

De estas denuncias, apenas 14 se han presentado ante un juez, en cuatro casos no se continuó la investigación, y 53 están en la etapa de integración.

Consultado para este reportaje, el exauditor del Área Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Gerardo Lozano Dubernard, explica que es probable que no se hayan detectado los convenios del gobierno de Veracruz con las EFOS porque el personal es insuficiente para examinar todas las contrataciones. 

“Todo es a base de muestras”, aclara. “Tú no tienes una bolita de cristal para saber en qué auditoría te vas a encontrar una irregularidad”. Esto hace que obras o compras pequeñas “de 3 millones o de 4 millones” comúnmente queden fuera de la revisión, precisa Lozano. La mayoría de los contratos fantasma que el gobierno de Duarte otorgó con dinero de transferencias federales está por debajo de ese rango. 

La dependencia estatal que más dinero entregó a las EFOS, la SIOP, en respuesta a solicitudes de información de Quinto Elemento Lab y AVC Noticias, aseguró que no hubo ninguna sanción administrativa ni denuncias por los contratos con empresas fantasma. En cambio, hubo factureras que sí emprendieron demandas contra el gobierno estatal. 

En respuestas enviadas por Transparencia, el Gobierno de Veracruz —en el periodo de Cuitláhuac García Jiménez— reconoció que Infraestructura en Construcción exigió el cumplimiento de un adeudo por 16.4 millones de pesos relacionado con 20 obras contratadas entre 2009 y 2015. Según un oficio entregado por la Secretaría de Finanzas y Planeación de la entidad, la administración no había pagado a la empresa fantasma. La dependencia no respondió al cuestionario por escrito que se le envió.

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Infraestructura en Construcción siguió obteniendo contratos con recursos federales: el último, en la administración de López Obrador a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, la firma ya no pudo cobrar el dinero ni iniciar la obra porque el SAT la había inmovilizado tras catalogarla como empresa fantasma.

Otra compañía que logró subsistir, aunque con distinto nombre, fue E&E Production. Esta facturera recibió 3.9 millones de pesos de la SEV para organizar eventos culturales en 2014, cinco años antes de que el SAT la clasificara como EFOS. 

Posteriormente, su socio fundador, Ernesto Carvajal del Puerto, se mantuvo activo como contratista gubernamental.

En respuesta a esta investigación, Ernesto Carvajal dijo vía telefónica que E&E Production era una microempresa sin trabajadores, donde solo se encontraban él y otro socio. “De ahí en fuera todo, todo lo subarrendábamos”. Por el impedimento para facturar, explicó que actualmente trabaja como persona física, pero opera como tal como lo hacía con la empresa: “Hacemos lo mismo (…).  Bueno, hemos crecido, hemos comprado algunas cosas, tenemos activos y todo”.

El Gobierno de Veracruz lo contrató en 2019 para conseguir a los artistas musicales de las Fiestas Patrias y obtuvo casi 30 millones de pesos por adjudicaciones directas para la realización del Festival de la Salsa en 2022 y para la instalación de los escenarios en la edición de 2023. En 2024 se encargó —también por adjudicación directa— de montar un escenario en el fuerte de San Juan de Ulúa para festejar los 200 años del Congreso de Veracruz y para el Sexto Informe de Gobierno de García Jiménez.

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Dentro del contrato con el Congreso de Veracruz, en el apartado de los datos del proveedor se menciona la página web de la empresa inmovilizada. Sobre esto, Carvajal mencionó: “No tengo nada que ocultar de la empresa. Nos quedamos con el nombre comercial, así quedamos. Y las páginas y  las redes sociales siguen siendo las mismas”. Respecto al hecho de haber recibido la mayoría de los contratos por adjudicación directa, argumentó que es porque prestaba un servicio especializado, “no es que yo tenga un amigo, un compadre, un familiar o nada de eso”.

Carvajal también fue proveedor de al menos 15 eventos políticos de Morena para la campaña de Rocío Nahle García por la gubernatura de Veracruz y para las visitas al estado de Claudia Sheinbaum durante la carrera presidencial. Documentos de fiscalización del Instituto Nacional Electoral permitieron comprobar que el empresario no figuraba en la lista del SAT como contribuyente que simula operaciones. 

El actual gobierno del estado contestó brevemente por escrito a una lista de preguntas enviadas para este reportaje. Negó conocer la información de las contrataciones previas con E&E Productions y confirmó que Carvajal fue contratado en la campaña electoral de Nahle con las facturas correspondientes, sin embargo, indicaron que “no conocíamos los antecedentes que se mencionan de Ernesto Carvajal”.

Casos como este son posibles gracias a que no existe un supuesto legal que invalide a los socios de una facturera, explica Denise Tron, experta fiscal de la organización Justicia Justa, aunque por los antecedentes que llevaron a que una compañía fuera enlistada como EFOS considera que el SAT “tendría que investigar a las otras empresas en las que participan los mismos accionistas o representantes legales”.

Frente a este panorama, el académico Víctor Andrade concluye que, a pesar del transcurso de los años, poco ha cambiado la situación en Veracruz. Cuando lo dice, está por terminar el primer gobierno morenista del estado, con García Jiménez. “Es algo similar en muchos sentidos. Retornamos a las prácticas a las que se recurría en el periodo de Javier Duarte”.

NOTAS:

* Inmobiliaria Gomgo y Grupo Inmobiliaria Frabersa se fundaron en domicilios de colonias populares en Coatzacoalcos al inicio de la gubernatura de Javier Duarte. Fotografías extraidas de Animal Político: Cortesía para Quinto Elemento Lab; imagen: Google Maps

** El domicilio señalado por Yajaira Sánchez en los registros de comercio de las EFOS se encontraba en una zona popular del puerto de Veracruz. Vecinos dijeron que la mujer ya no vivía ahí. Imagen: Captura de pantalla de Google Maps

*** De entre un grupo de EFOS inmovilizadas por el SAT, solo Infraestructura en Construcción ha reclamado adeudos al Gobierno de Veracruz. La administración estatal no ha confirmado que el pago se haya realizado. Imágenes: SIOP y SEFIPLAN, respuestas de Transparencia

**** Imágenes: SIOP y SEFIPLAN, respuestas de Transparencia

***** El gobierno del Estado de Veracruz ha continuado contratando como proveedor a Ernesto Carvajal, quien fuera socio fundador de una empresa boletinada por el SAT. Imágenes: Secretaría de Turismo, AVC Noticias

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/QUINTO ELEMENTO LAB/AVC NOTICIAS.
AUTOR: /VIOLETA SANTIAGO, FLAVIA MORALES.

Gestión de AMLO instruyó beneficiar a gobierno de Cuba; pagó 111 mdp por medicamentos caducos y que no llegaron a hospitales

Por orden de su entonces director, Birmex benefició a una empresa del gobierno de Cuba con la compra de millones de gotas para los ojos sin permisos sanitarios y que resultaron de mala calidad y caducas.

Mientras pacientes reclamaban la falta de medicinas para atender sus enfermedades, la administración de Andrés Manuel López Obrador instruyó beneficiar a la empresa representante en México del gobierno de Cuba, con contratos directos para la adquisición de medicamentos que sumaron 111 millones de pesos en 2022 y 2023.

Entre las compras estuvieron 3.4 millones de gotas para los ojos por las que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) pagó 80 millones de pesos, aunque resultaron de mala calidad, caducas y sin permisos sanitarios. Mientras que de Cisplatino, tratamiento para cáncer, sólo llegó 65 % del pedido, de acuerdo con información oficial obtenida por transparencia. 

El proveedor fue Neuronic Mexicana, S. A. de C. V., representante en México de Laboratorios AICA, que a su vez forma parte de Biocubafarma –un conglomerado de 48 compañías dedicadas a la investigación y comercialización de fármacos– propiedad del gobierno cubano.

La instrucción de beneficiar a esta empresa habría venido del general en retiro Jens Pedro Lohmann, quien entonces era el director general de Birmex, según declararon exfuncionarios de Birmex a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante la revisión a sus adquisiciones de 2023. 

“En la historia de Birmex no se había comercializado ese tipo de medicamentos, no fue hasta la licitación de compras consolidadas 2023-2024 que se instruyó por parte de la dirección general de Birmex de beneficiar al proveedor Neuronic Mexicana y que Birmex participara con diferentes claves de medicamentos que manejaba el proveedor con el Laboratorio Cubano AICA”, dijo un exfuncionario a la Auditoría.

Esta declaración contenida en el informe de la Auditoría se confirma con los datos: la compañía sólo había ganado 419 mil pesos en contratos con el gobierno entre 2009 y 2015, pero sus ganancias se incrementaron exponencialmente en la administración de AMLO, de acuerdo con datos oficiales de Compranet y de solicitudes de información.

La empresa fue beneficiada a raíz de la instrucción del expresidente de importar medicamentos sin permiso sanitario de la Cofepris o sólo con la validación de agencias de otros países. Orden que se materializó en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2020. 


Neuronic Mexicana lo reconoció así en respuesta al cuestionario enviado por Animal Político: “La diferencia con años anteriores es que la importación de esos productos se realizaron bajo el Acuerdo del 28 de enero de 2020 en el que se establece la equivalencia de requisitos sanitarios para algunas Agencias Regulatorias extranjeras reconocidas por la OMS o de Referencia de la Región (en este caso clasifica la AR de Cuba el CECMED certificada por la OMS). Ese acuerdo permitió la importación sin Registro Sanitario (RS) en México, pero cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la COFEPRIS, por ejemplo que se deben analizar y liberar cada lote por un tercero autorizado”. 

En tanto, Birmex recibió el cuestionario de Animal Político desde el 29 de abril pasado y la Secretaría de Salud el 8 de mayo, en el cual se preguntó la razón para beneficiar al gobierno de Cuba y los incumplimientos de calidad y entregas de los productos, pero no hubo respuesta.


Empresa cubana incumplió entregas

Uno de los primeros contratos de medicinas ocurrió en 2022, cuando Birmex entregó 1 millón 950 mil pesos a Neuronic Mexicana por la adquisición de Aminofilina, tratamiento para enfermedades pulmonares, y Fluorouracilo, tratamiento contra el cáncer. 

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación encontró que 54 mil dosis de Aminofilina no tenían comprobación de entrega o estaban dañadas; y lo mismo ocurrió con 10 mil dosis de Fluorouracilo.

Aún con esos incumplimientos, Birmex contrató nuevamente a Neuronic Mexicana el año siguiente, con un contrato directo por 109 millones de pesos. Mismo que fue firmado por las principales autoridades de la institución: la representante legal de Birmex, Sandra Gómez Ríos; el director de Comercialización, Manuel Arizpe Diez Martínez; el gerente de Adquisiciones, Ignacio Cruz Zúñiga y la autorización de la directora de Administración y Finanzas, Diana Soto Araballo.

La mayor parte del contrato correspondió a la compra de 3.4 millones de gotas para los ojos: Cloranfenicol, Prednisolona, Pilocarpina, Atropina y Diclofenaco sódico, por 80 millones de pesos. Todas, parte del catálogo principal de Laboratorio Cubano AICA, en su línea de producto llamada “soluciones oftalmológicas”.  

Además, el gobierno mexicano habría comprado en excedente. El pedido hecho en 2023 es mayor a la necesidad anual de 2.6 millones de piezas, como se observa en la demanda de compra de 2025-2026. 

Y una vez más, Neuronic Mexicana incumplió con el pedido, como se demuestra en los registros de entrega a los almacenes de Birmex obtenidos por transparencia. De acuerdo a la información oficial, la empresa únicamente entregó 2.2 millones de gotas oftalmológicas.


De las 192 mil piezas de Cisplatino previstas en el contrato, sólo se registró la entrega de 123 mil. Es decir, habría un incumplimiento en 35 % de la adquisición. 

Luego de la recepción en almacenes, Birmex debe enviar los productos a los hospitales, pero de acuerdo a los reportes entregados, la proporción fue ínfima. Sólo hay prueba de distribución de 32 mil de las 105 mil dosis de Atropina entregadas por la empresa; y 1,922 piezas de Cisplatino, de las 123 mil piezas compradas. Del resto de medicamentos no entregaron registro por transparencia.

Además, la Auditoría ya había analizado una muestra por 48 millones de pesos de este contrato y detectó una serie de irregularidades, como la falta de permisos sanitarios, incumplimiento de entregas, productos caducos que debieron ser destruidos o cuya mala calidad provocó rechazos de los hospitales. 

Neuronic Mexicana fue elegida para la adquisición de los medicamentos pilocarpina, atropina, cloranfenicol, diclofenaco, y prednisolona sin tener los permisos sanitarios. Incluso, fue Birmex quien se encargó “del trámite de importación y liberación de los medicamentos”, según detectó la Auditoría. 

Un exfuncionario de Birmex explicó a la Auditoría la calidad de los productos cubanos: “Muchos de los empaques venían en mal estado y el área de calidad de Birmex los identificaba y apartaba con la finalidad de que éstos no se distribuyeran. En otras condiciones, este tipo de deficiencias a cualquier otro proveedor se le hubiera regresado. Sin embargo, la instrucción fue de recibirlos y de acondicionarlos (aproximadamente un millón de unidades) para su venta y distribución, lo cual generó un gasto adicional para Birmex por la materia prima y la mano de obra utilizados”.

Otro punto, agregaron funcionarios de Birmex, fue que el proveedor no cumplió con las fechas de entrega pactadas en el contrato ni con las cantidades solicitadas, además de que no pasó la prueba de volumetría realizada por la Cofepris en algunos lotes de los medicamentos: Atropina, Cloranfenicol y Diclofenaco. 

Aún así, “se instruyó a la Dirección de Calidad de Birmex que se hiciera la liberación interna del medicamento y emitiera el Dictamen de Cumplimiento Regulatorio para que se continuara con el proceso de distribución, por lo que algunas instituciones de salud rechazaron la entrega derivado de que dichos medicamentos no aprobaron la prueba de volumetría realizada por Cofepris”, se lee en las declaraciones ante la Auditoría.

Además, dichos medicamentos “no se encontraban aprobados en el Compendio Nacional de Insumo para la Salud, y de los cuales se identificaron diversos rechazos por parte de las instituciones hospitalarias”. 

Ante esta información sobre incumplimientos, Neuronic Mexicana negó que sus productos fueran de mala calidad y respondió a Animal Político que “se pagaron todas las penalidades establecidas por entrega tardía, por los envases que llegaron dañados por la transportación, por corta caducidad”. Mientras que por medicamentos caducos “se emitieron las notas de crédito o se devolvió el dinero a Birmex”, respondió la representante comercial de la empresa vía correo electrónico.

Sobre los productos que vendieron pese a no tener registro sanitario, informaron, “la responsabilidad recayó sobre BIRMEX y el análisis y la liberación la realizó el laboratorio de COFEPRIS. Ese era el proceder no solo para Neuronic Mexicana, era lo establecido”.

Sin embargo, al preguntar cuál fue el monto de penalidades y notas de crédito que la empresa pagó por incumplimientos, dejó de responder. 

La empresa también confirmó que no existe ninguna investigación en su contra por parte de alguna institución de gobierno. Esto porque “se procedió según las leyes establecidas en México. Neuronic Mexicana no le debe nada a BIRMEX. Se emitieron las notas de crédito y se devolvió el dinero en correspondencia con las penalizaciones emitidas. No se favoreció a Neuronic Mexicana, se procedió según fuera el caso”.

Insumos para los más pobres que no llegaron

Aún con los incumplimientos, Neuronic Mexicana fue contratada nuevamente por el IMSS Bienestar para la “adquisición de kits 11,768 individuales para la estrategia de atención proactiva en las unidades de salud de primer nivel del IMSS-Bienestar”; es decir, las clínicas en las zonas más marginadas del país. 

El 5 de julio de 2024, el IMSS Bienestar, entonces dirigido por Alejandro Calderón Alipi,  explicó que haría una adjudicación directa en lugar de una licitación para “evitar cubrir costos financieros, materiales y humanos que pueden generarse por la realización del procedimiento”. 

Ese mismo día notificó a la empresa que le asignaba el contrato por 273 millones de pesos (y con IVA sumaba 316 millones de pesos) para la compra de 11, 778 kits de atención médica con un costo unitario de 23 mil 184 pesos.

Cada paquete contendría una mochila, estuche de contención, estetoscopio de cápsula doble, esfigmomanómetro portátil digital, fonodetector portátil de latidos fetales, glucómetro, oxímetro de pulso, estuche de diagnóstico hospitalario, kit de instrumentos para curación, suturas, y parto, martillo clínico, termómetro digital y un estimulador eléctrico portátil. Aunque, al buscar cada producto en tiendas comerciales, el costo aproximado total ascendería a 18 mil pesos. 

Sin embargo, aunque el contrato se firmó en septiembre de 2024, hasta diciembre, la empresa no había entregado los productos y no podría cumplir con la contratación. De ahí que el IMSS-Bienestar solicitó la cancelación anticipada argumentando un “caso fortuito o fuerza mayor”. 

“Como consecuencia de los fenómenos naturales que afectaron directamente a la producción, importación y distribución de los bienes. Aunado a que no se cuenta con la capacidad institucional de almacenamiento y distribución de los bienes, ya que no cuenta con una partida presupuestal para tales fines”, establece el acuerdo entregado por el IMSS-Bienestar.


Más cerca de Cuba que de Dinamarca

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en al menos 70 ocasiones durante su administración que el sistema de salud mexicano sería como el de Dinamarca. Sin embargo, las cifras oficiales demuestran que la atención médica, sobre todo la dirigida a los más pobres del país ha decrecido. 

El gobierno de AMLO dejó a seis millones de bebés sin vacunas, puesto que no las compró; se dejaron de hacer medio millón de cirugías y aumentó cinco veces las recetas no surtidas en comparación con el gobierno anterior. Todo, resultado del objetivo de ahorrar recursos en todos los rubros, incluida la salud, como parte de su política de austeridad.

Al mismo tiempo, la gestión del morenista favoreció al gobierno de Cuba entregándole al menos 2 mil millones de pesos a través de diferentes mecanismos, provenientes del presupuesto de salud para los mexicanos.


Uno de ellos, con la contratación de médicos cubanos para integrarlos a los hospitales mexicanos. El gobierno mexicano erogó 472 millones de pesos a la empresa cubana Comercializadora de Servicios Cubanos SA por salarios de los médicos, de acuerdo a una investigación de El Universal. 

Incluso, Neuronic Mexicana S. A. de C. V. también participó en este caso, toda vez que recibió depósitos del IMSS como parte del servicio de los médicos, según consta en el convenio de cooperación firmado por el Instituto en septiembre de 2022. 

Mientras que en los contratos por la adquisición de medicamentos por parte de Birmex, y que fue revisado por la Auditoría Superior de la Federación, ésta solicitó información financiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.


En sus cuentas encontró transferencias a Laboratorios AICA y Biocubafarma Tesorería, y al preguntarle a la empresa, ésta justificó que hizo esos pagos porque es la “representante legal y mercantil de Laboratorios AICA en México y que ambas empresas forman parte de Biocubafarma, el cual es un grupo empresarial cubano”.

Otro de los contratos fue por la vacuna Abdalá contra la Covid-19, creada por Inmunoensayo, otra empresa que forma parte del conglomerado de Biocubafarma. México compró millones de dosis por mil 453 millones de pesos, de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación. 

El gobierno de López Obrador, además, hizo público su apoyo al presidente Miguel Díaz Canel, al recibirlo cuatro ocasiones en México entre 2018 y 2023. En ellos, indicaron en comunicados oficiales, se estrecharon lazos de cooperación en diferentes áreas, como la reanudación con más frecuencias en vuelos Ciudad de México-Varadero y Cancún-Cayo Coco, o la firma de acuerdos entre el Servicio Postal Mexicano y Correos de Cuba para facilitar el envío de paquetería entre ambos países.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.