Horas antes se había reportado, que Patiño Moreno, de 46 años de edad, activista protectora de animales, fue privada de la libertad por un grupo armado cuando se encontraba en el interior de una vivienda en la colonia 5 de Mayo, también en la capital sinaloense.

Un día antes, Juan José Córdova Liera, de 30 años de edad, agente adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Desaparición Forzada de Personas de la Zona Sur, de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, fue asesinado a balazos, mientras llevaba a cabo una investigación en el municipio de Mazatlán.

El crimen ocurrió cerca de una gasolinera en la colonia Puesta del Sol, en Mazatlán, mientras el agente de la FGR sinaloense realizaba labores de investigación relacionadas con un presunto secuestro, según detalló la institución de procuración de justicia.

Según los reportaron medios locales, Córdova Liera se encontraba en un vehículo marca Nissan, modelo Versa, de color blanco, cuando fue atacado a balazos. El agente alcanzó a activar el botón de pánico de su radio, lo que alertó a sus compañeros.

Elementos de investigación que acudieron en su auxilio se percataron de la presencia de dos jóvenes en una motocicleta, cerca del lugar del ataque. Al revisarlos, uno estaba en posesión de un arma de fuego, por lo que ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, para determinar si tuvieron participación en el atentado.

Paramédicos que llegaron al sitio del ataque, ubicado cerca del Club Muralla, brindaron los primeros auxilios al agente herido y lo trasladaron de urgencia a un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Sin embargo, Córdova Liera falleció poco después, a causa de las graves lesiones sufridas por los impactos de bala.

La FGE emitió un breve comunicado lamentando la pérdida de su agente y confirmando que el crimen estaba siendo investigado en relación con las actividades oficiales que Córdova Liera realizaba en Mazatlán.

El asesinato de Córdova Liera se produjo apenas unas horas después de otro ataque ocurrido la noche del miércoles 7 de mayo de 2025, mientras agentes de la Policía Municipal cenaban en una taquería en la zona de Pradera Dorada 6, en Mazatlán. Dos oficiales murieron en el lugar y otras cuatro personas, incluyendo civiles, resultaron heridas. El mismo día, un policía municipal fue asesinado al arribar a su domicilio particular, ubicado en la colonia 10 de Mayo.

Otro cierre se registró en la carretera Los Mochis–Topolobampo, donde civiles armados despojaron a cuatro tráileres, atravesaron las unidades sobre la vía e incendiaron una de ellas junto con una vagoneta en el entronque con el ejido 9 de Diciembre.

Un tercer bloqueo tuvo lugar en la calle Matamoros y bulevar Antonio Rosales, en el fraccionamiento Paseo Las Aves, donde un vehículo de lujo fue completamente calcinado.

También se reportaron otros actos de sabotaje como la quema de neumáticos y la colocación de ponchallantas sobre la avenida Agustina Ramírez, al poniente de la ciudad.

En Angostura, habitantes de comunidades como Chinitos reportaron intensas balaceras durante la noche, lo que provocó temor entre la población. Además, en la sindicatura de Alhuey, la autopista Benito Juárez fue bloqueada con camiones, afectando seriamente la circulación en una de las principales vías del estado.

En Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, un tráiler fue utilizado para bloquear el bulevar Francisco Labastida Ochoa, en su entronque con la carretera a Angostura. En otras vialidades, se incendiaron llantas para impedir el paso vehicular, generando alarma entre automovilistas.

Durante la mañana de este sábado 10 de mayo, la situación continuaba tensa. En el poblado Dámaso Cárdenas, en Angostura, elementos del Ejército Mexicano aseguraron al menos dos camionetas, presuntamente vinculadas con los hechos violentos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó, mediante un comunicado, que los bloqueos en Ahome, Guasave y Angostura ya fueron retirados y que las autoridades continúan trabajando para restablecer el orden en la región.

El convenio implica la transferencia de recursos por el orden de los 16 millones 338 mil 215 pesos que la Federación envía al gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas; esto porque el gobierno del estado, tendría que aportar 1.6 millones de pesos por concepto de coparticipación. Dicho monto equivale al diez por ciento del monto federal autorizado.

Esto de acuerdo con el convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas a través de sus comisiones locales de búsqueda, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de mayo de este año.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Chiapas recibirá los recursos federales y estatales en dos administraciones. La primera de 70 por ciento y la segunda de 30 por ciento.

El convenio corresponde al ejercicio fiscal 2025. El Ramo 04 Gobernación del Presupuesto de Egresos de la Federación que dispondrá de 854.6 millones de pesos para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a fin de que “realicen y ejecuten acciones de búsqueda en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y búsqueda forense con fines de identificación humana”.

De esa cantidad, 621.1 millones de pesos es el monto distribuible entre los estados de la República Mexicana, cuyos convenios de colaboración con la Secretaría de Gobernación comienzan a aparecer en el Diario Oficial de la Federación.

La crisis de las desapariciones en Chiapas

En marzo de este año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) presentó el informe: “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal (Entre el caos gubernamental, la delincuencia organizada y los caminos de la lucha y resistencia)”.

En su introducción, el informe del organismo fundado por el obispo Samuel Ruiz García indica: “La gran complejidad de la violencia en la que vive Chiapas”. Observa también que “seguimos contando historias de terror y dolor, en medio de una guerra interminable”.

El Frayba destaca que entre 2019 y 2023, la desaparición forzada aumentó en un 358 por ciento en el estado de Chiapas. El colectivo lo atribuye a la “disputa por el domino del territorio basada en la confrontación armada entre grupos criminales que cuentan con el amparo de instancias locales, nacionales y transnacionales”.

El gobierno actual de Chiapas, en un informe al mes de enero del presente año, reportó a través de la Alerta de Género 287 mujeres no localizadas desde 2011 al 31 de enero de 2025.

Para el Frayba, con las desapariciones “la intención sigue siendo el control de la vida social, económica y política de las comunidades mediante la estrategia del terror, con lo que se pretende acallar toda posibilidad de movimiento social y autogestión del territorio”. Además de que esta situación no es nueva, se ha visto en otras regiones del país y ahora en Chiapas, principalmente en las regiones Sierra y Frontera.

Sobre la “violencia machista”, en el informe se plasma que la desaparición de mujeres en el estado es mucho mayor que en los índices nacionales, ya que supera ampliamente el promedio nacional del 25 por ciento, alcanzando más del 60 por ciento, en su mayoría afectando a niñas y adolescentes.

Entre cientos de pancartas y nombres de desaparecidos, la familia de Héctor Águila pidió a grito abierto que “las autoridades federales hagan algo en materia de la desaparición forzada, porque dicen que no existe”.

“Quisiera que (las autoridades) nos acompañen un día a Jalisco (…) y vean cómo están matando a las madres buscadoras; en el mes de abril nos mataron a dos, tenemos miedo”, afirma Héctor, refiriéndose a asesinatos como el de la buscadora María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez.

El miedo de buscar y ser asesinado

Gloria Carmona, madre buscadora del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas y que no localiza a su hijo, Bernardo Iván Pérez, desde 2021, dijo a EFE que el miedo a ser asesinada es latente.

“He trabajado en campo con mis manos. Hemos tenido que sacar a muchas personas que, hasta el momento, no sé quiénes son. Tengo una frustración muy grande, porque, a pesar de todo lo que hemos sacado en dos años, no tengo una respuesta”, confirma con un nudo en la garganta al saber que ya van más de 29 personas buscadoras asesinadas en México.

Carmona, al igual que muchos familiares, es responsable del hallazgo de restos de desaparecidos en fosas clandestinas.

Sobre esta labor relata que ha encontrado “osamentas, piezas dentales y kilos de huesitos calcinados”, los cuales muchas veces le hacen “perder la fe” de ver de nuevo a su hijo con vida.

Son las madres las que están buscando “con sus manos, picos y palas”, porque en este país, explica la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, Edith Olivares Ferreto, “el Estado no busca a las personas desaparecidas”.

Por eso, continúa, “esperaría que cuando lleguemos al Ángel de la Independencia esté la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para recibirlas y para decirles cómo les va a reparar el daño por toda la violencia”.

Búsqueda “multigeneracional”

En la marcha, había familias que llevan más de cuatro sexenios presidenciales -desde el exmandatario Felipe Calderón (2006-2012) hasta el actual- esperando una respuesta por parte del Estado mexicano, y reconocen que “el tema de los derechos humanos es muy lento”.

Ese es el caso de Dan Fernández, hijo de una madre buscadora y hermano de Dan Jeremeel, quien desapareció hace 17 años en Coahuila y, después de casi dos décadas de búsqueda, advierte que sus hijos ya se están involucrando en las pesquisas al ser un “tema multigeneracional”.

“Empezaron las madres, seguimos los hijos y ahora van los nietos. Desgraciadamente muchas madres y padres fallecieron sin saber la suerte de su hija o hijo y nos toca a nosotros tomar esa estafeta”, sostiene.

Araceli Rodríguez, quien egresó como maestra en derecho penal tras la desaparición de su hijo Luis Ángel hace 13 años en Michoacán, señala que mientras las personas que buscan siguen vivas“ jamás” dejan de buscar ni de prepararse para encontrarles.

Y es que, afirma, después de tanto tiempo “conviertes tu dolor en causa. Cuando mi hijo desapareció yo solo tenía (había estudiado) la primaria”, concluye.

El 23 de mayo de 2024, en otro mensaje con motivo de las campañas del año pasado, en las que Murguía Santiago buscaba la reelección (que finalmente obtuvo), Rodríguez Ballesteros pedía que votaran por quien ahora está acusado de participar en los hechos del Rancho Izaguirre. 

Con el nombre de Chon Murguía bordado en la camiseta, decía: “Hola, soy Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros, soy cirujano dentista de la delegación de la Estanzuela (donde está el Rancho Izaguirre). Mi compromiso es continuar mejorando y fortaleciendo el área de Protección Civil y Bomberos Brac, con capacitaciones y equipo para mejorar el servicio. Seguir gestionando ante autoridades federales y estatales el mejoramiento de servicios de salud. Por eso, este 2 de junio te invito a que votes por esta planilla de Movimiento Ciudadano, la cual encabeza Chon Murguía ¡estamos de vuelta!”.

Previo a la Marcha de la Dignidad, que se reproduce en otras entidades del país, las madres integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos, cuya dirigente María Luisa Núñez Barojas recientemente fue víctima de señalamientos públicos por parte del secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, pidieron a las autoridades que “dejen de simular”.

“Les decimos a los funcionarios de Casa Aguayo y de la Comisión Estatal de Búsqueda dejen de revictimizar a nuestros desaparecidos y dejen de querer desacreditar lo que nosotros hacemos por amor y con el corazón, dejen de ofender nuestro trabajo que es el que ustedes deberían de hacer”.

El mensaje leído por Núñez Barojas hizo un llamado al gobierno estatal a que entiendan que la emergencia de los colectivos es resultado de un sistema estructuralmente corrupto.

Además, hicieron referencia a la más reciente confrontación pública que tuvieron con Aguilar Pala, quien contradijo a las madres buscadoras en relación a que fue el Ejército y no los familiares los que encontraron una fosa clandestina en el municipio de Palmar de Bravo.

“No señor Pala”, reclamaron en su mensaje, “no es un trofeo, la existencia de fosas clandestinas debería darles vergüenza y es algo que la sociedad no deberíamos seguir tolerando.”

En tanto que otros colectivos siguieron dando su respaldo a Núñez Barojas y a las madres buscadoras, como la Coordinación de Organizaciones Tejiendo Territorio, que manifestó su rechazo a “la narrativa de intimidación y descalificación” proveniente del gobierno de Puebla, lo cual ocurre en un contexto de violencia contra las personas defensoras e incrementa su vulnerabilidad.

Al llegar al zócalo la manifestación del Colectivo @VozdelosDesapa, su representante María Luisa Nuñez recordó el asesinato de la madre buscadoras Esmeralda Gallardo, también de Rosario, quien falleció sin haber localizado a su hijo. pic.twitter.com/OVFdJjRmIf

— E Línea Noticias (@elineanoticias) May 10, 2025

La carretera Internacional México 15 también tuvo bloqueos a la altura de Las Brisas, zona al norte de Guasave, con choques armados hasta Batamote. En esa zona se reportaron además vehículos despojados y ponchallantas.

Los bloqueos se reportaron en desde la medianoche y lograron ser removidos hasta entrada la mañana, según informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

En Angostura se reportó otro enfrentamiento en donde un militar resultó herido y siete presuntos gatilleros detenidos, luego de la refriega reportada en la comunidad de Rafael Buelna. Tras el choque armado, el Ejército aseguró también cuatro pick ups todas con blindaje artesanal.

Estos hechos violentos se dan recién cumplidos ocho meses de violencia ininterrumpida por la disputa interna del cártel, que ha cobrado la vida de casi mil 200 personas y desaparecido a alrededor de mil 400.

La batalla se había concentrado en Culiacán, Eldorado y la zona rural, y se extendió poco a poco hacia el sur en los municipios de Elota, Cosalá y San Ignacio hasta llegar al sur en Concordia, Mazatlán, Rosario y Escuinapa.

En la región centro norte recientemente se han reportado choques armados en Mocorito, Badiraguato, Angostura y Salvador Alvarado, y desde hace poco más de un mes en la zona serrana de Choix y El Fuerte, quedando prácticamente “en paz” Guasave y Ahome.

Estos municipios son zonas de influencia de Fausto Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, de quien no se habían tenido reportes de que participara en la batalla entre Chapitos y Mayos.

La audiencia efectuada en la sala 2 del Centro de Justicia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, encabezada por la jueza Juana Beatriz Jiménez, inició a las 13:24 y concluyó a las 23:45, con una duración de diez horas y 21 minutos. 

Por la parte acusatoria se presentaron seis fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR), así como el titular de esa dependencia federal en Jalisco, Juan Manuel Guajardo Sosa. 

Por la defensa fueron cuatro abogados y el funcionario municipal acusado, quien vestía una camisa tipo polo y un pantalón beige, color de uso obligado en el reclusorio y que, en momentos cruciales de la audiencia, se rascaba la cabeza calva, se ponía la mano en el hombro derecho y se cruzaba de brazos. 

Testigos de la defensa son funcionarios del Ayuntamiento

La defensa de José Ascensión presentó cuatro testigos, uno presencial y los otros por escrito.  

En la sala testificó la asistente particular del alcalde y quien también es la responsable del área de Ecología municipal, quien aseguró que siempre acompañaba el acusado y nunca atestiguó que hiciera algo ilegal o irregular. De hecho, comentó que “pasaba todo el día con él”, por lo que dijo le parecía “imposible creer” que los hechos de que lo acusan hayan pasado porque el alcalde “es muy miedoso” y es una persona sensible, ya que en una ocasión busco la forma de que no se sacrificara a “un perro atropellado”.  

Después, ante preguntas de la Fiscalía, la secretaria particular reconoció que su horario laboral concluye a las 15:00 horas y solo en algunas ocasiones lo acompañaba en la tarde, cuando tenía actividades en la agenda pública o en ocasiones en el gimnasio, al que iba el funcionario entre las 20:00 y las 23:00 horas. 

También se presentó el testimonio escrito del oficial mayor administrativo del Ayuntamiento, quien indicó que nunca se enteró de que el primer edil hiciera algo ilegal; añadió que “no conoce que el presidente formará parte de la delincuencia organizada” y “que eso es improbable”, ya que Teuchitlán es un “pueblo pequeño y todo se sabe”, además dijo que si eso fuera así, “yo no hubiera trabajado con él”. 

Otro testimonio por escrito fue el del chofer y guardia del alcalde, quien está en la nómina municipal como bombero, y quien dijo que nunca vio al alcalde en una acción ilegal o sospechosa. 

Señaló que, incluso, después de que se publicó la existencia del rancho, el alcalde acudió el 11 de marzo de 2025 para llevar agua y toldos a quienes efectuaban las labores periciales y “se perdió porque no sabía llegar al lugar” y tuvo que pedir la ubicación a policías municipales.  

El chofer y guardaespaldas del alcalde dijo que “nunca le ha visto ni armas ni lujos”, y que “ni conoce que tenga nexos con grupos delictivos”.  

Además, se presentó como testigo al dueño y administrador del bar “44”, quien dijo que en ese negocio “nunca vio” a José Ascensión, como aseguró un testigo, quien dijo que ahí se reunía el alcalde con integrantes del crimen organizado. Aseguró que al lugar sólo acuden personas “jóvenes de entre 17 a 25 años”. 

Los abogados de la defensa también reclamaron que la FGR hubiera usado los testimonios que el alcalde efectuó en calidad de testigo el 14 y 21 de marzo pasados, lo cual viola su derecho a la no autoincriminación; al finalizar, la jueza determinó que estos no los tomaría en cuenta. 

Los abogados de la defensa también alegaron que no eran ciertos los dichos de algunos testigos que aseguraron que el “presidente municipal” había cometido ciertos delitos entre abril y junio de 2024, y que esto no era cierto porque José Ascensión estuvo de licencia del 1 de marzo hasta finales de junio de 2024, por la campaña electoral. Además, argumentaron que las acciones de las que se acusaba al presidente municipal no encuadran dentro del delito que se invoca. 

La FGR lleva testigos protegidos, sobrevivientes del rancho Izaguirre

Por su parte, los fiscales efectuaron la exposición de una parte de los 100 datos de pruebas que están asentados en 23 tomos de la documentación acusatoria, con las cuales la Fiscalía sustenta sus acusaciones. 

Entre los datos están las declaraciones de varios testigos con identidad protegida y las de cuatro víctimas “que pasaron por el rancho Izaguirre” y que son “sobrevivientes de delitos como secuestro y trata, y que fueron “sobajándolos y deshumanizados” y quienes “sufrieron vejaciones humillaciones”, “para obligarlos a que pertenecieran al grupo delictivo” y quienes fueron “obligados con violencia extrema” a fabricar drogas en el rancho de La Vega.  

Los fiscales aseguraron que Murguía Santiago “colaboró dolosa, voluntariamente, con plena conciencia” y que “colaboró de lo ocurrido” en el rancho Izaguirre. Aseveran que participó activamente aportando patrullas, armas e incluso una retroexcavadora del municipio y permitiendo que “personas armadas transcurrieron por el pueblo y no hacía nada”.  

La parte acusatoria reclamó que el alcalde dijera que aquí “no se escuchaba” y “no se sabía” que el rancho Izaguirre era operado y controlado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuando eso es un “hecho notorio” e incluso manifestaron que era “irrisorio” y “vergonzoso” para los habitantes del municipio que el alcalde indicara esto. 

Los fiscales manifestaron que los testigos dieron elementos para efectuar cateos donde se incautó droga con sellos de un sapo con trenzas y un corazón, además de armas y chalecos tácticos con las letras CJNG, lo cual, dijeron, le da credibilidad a los  testimonios. “Aquí no hay un testigo único, hay varios que advirtieron que el señor alcalde pertenecía a ese grupo”. 

Durante su argumentación, la Fiscalía aseguró que el alcalde “decidió apoyar y pertenecer" y “estaba en la nómina” de esa empresa criminal y aportaba recursos materiales y humanos, brindando “seguridad”. Aseguraron que los delitos de lo que lo acusan son de “realización oculta" y que por eso los testigos dicen desconocer estos hechos. Refirieron que un testigo declaró: “Cómo es posible que quien tenga que cuidarnos forme parte del grupo criminal y ayude a los malos” 

La parte acusatoria preguntó “¿por qué el alcalde no denunció y no hizo de conocimiento de la autoridad superior? Recordaron que la obligación del alcalde era brindar orden y seguridad al municipio de Teuchitlán, pero en su lugar “dio seguridad, consintió y permitió que el grupo criminal siguiera desarrollándose y se asentará en Teuchitlán.  

Afirmaron que José Ascensión “pertenecía” al Cártel Jalisco Nueva Generación y que participó de manera plena y con conocimiento como autor material y directo de los hechos denunciados.  

Para cerrar su discurso, uno de los fiscales citó la frase de Benito Juárez: "Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan".  

El alcalde hoy vinculado a proceso declinó hacer algún comentario durante la audiencia. 

La jueza consideró que los testimonios acusatorios son consistentes

La jueza Juana Beatriz Jiménez consideró que los alegatos de la defensa solo eran opiniones. Hizo un recuento de todo lo denunciado por las víctimas y los testigos, y en esa parte manifestó que eran reclutados con engaños de falsas promesas de trabajo, llevados a los ranchos Izaguirre y La Vega, obligados a desnudarse y a entregar todas sus pertenencias, los entrenaban a disparar con pistolas tipo gotcha, los obligaban a levantarse temprano para entrenar, y los adiestraron en “La Escuelita”, y en un cerro cercano con la protección de la policía, algunos refirieron que los “obligaron a desmembrar cuerpos y a quemarlos”. La jueza agregó que se localizaron restos humanos de dos personas cuyo sexo no ha podido ser identificado. 

Los testigos también indicaron que los obligaron con violencia extrema a fabricar drogas con precursores químicos. Un testigo aseguró que la protección al grupo criminal la efectuaban patrullas de “Tala, San Felipe, Etzatlán y San Sebastián”. 

La jueza indicó que los testimonios son consistentes y están concatenados entre sí, añadió que los datos de prueba son razonables y suficientes. La juzgadora determinó que las acusaciones de la Fiscalía tenían mayor peso probatorio. 

Cabe destacar que, antes de arrancar la audiencia, llegaron dos camiones foráneos con personas que dijeron ser el “pueblo de Teuchitlán”, que no incluyó a ningún familiar directo, estuvieron unos minutos protestando y demandando la liberación del alcalde, luego se fueron. 

Al cierre de la jornada, el equipo de abogados encabezado por Carlos Santos se negó a dar declaraciones, solamente dijo que posteriormente “mandaría un comunicado” y literal huyó hacia su camioneta para evitar a los representantes de los medios de comunicación presentes.

El exalcalde, quien fue detenido el 9 de febrero de 2024 en Tulum, Quintana Roo, fue recluido en el Centro de Reinserción Social 1 Norte de Apodaca, en Nuevo León, bajo prisión preventiva.

Sin embargo, en octubre de 2024 fue trasladado al Hospital Universitario de Monterrey debido a supuestos problemas de salud.

Luego, en diciembre de ese mismo año, un juez, del Juzgado Séptimo de Distrito en Reynosa, Tamaulipas, le concedió un amparo para seguir el proceso en prisión domiciliaria, donde permaneció con un brazalete electrónico.

El 30 de marzo, un juez del Juzgado Primero de Distrito en Zacatecas le concedió una suspensión definitiva para que le fuera retirado el brazalete y permaneció sin él hasta el 26 de abril pasado, cuando logró evadir su custodia.

Canabal Ruiz se fugó del departamento ubicado en el edificio de la Calle José Vasconcelos 150, en la Colonia del Valle, en San Pedro Garza García, donde policías estatales lo vigilaban aparentemente.

Tras esta acción, el juez de Control del fuero común de Nuevo León, Eduardo Hernández, declaró a Canabal Ruiz “sustraído de la justicia” y giró una orden de reaprehensión en su contra.

Información de Reforma señala que, Xavier Olea Trueheart, abogado de LV S.A. de C.V., la empresa afectada por Canabal, quien advirtió que denunciará a los agentes que custodiaban a Carlos Canabal.

Asimismo, sostuvo que presentar a quejas contra los jueces federales que concedieron amparos al hoy prófugo, ya que consideró que el cambio de medidas facilitó la huida del exalcalde

Hasta el momento, y desde el 26 de abril, la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León no ha emitido posicionamiento al respecto del caso.

El legislador Mario Zamora enfatizó que la regulación busca equiparar los derechos de los trabajadores sexuales con los de otros sectores laborales, asegurando su acceso a la justicia, revisiones médicas periódicas y campañas de sensibilización para combatir el estigma social. 

El priista detalló que la propuesta responde a la realidad social y económica del país, donde el 100% de las personas dedicadas al trabajo sexual operan en la informalidad, según datos de la Secretaría de Economía de 2024. 

La iniciativa busca adicionar un Capítulo XVIII denominado “Trabajo Sexual” al Título Sexto “Trabajos Especiales” de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo los artículos 353-V, 353-X y 353-Y, con el objetivo de regular el trabajo sexual, proteger los derechos de quienes lo ejercen de manera voluntaria y diferenciarlo claramente de la explotación sexual.

De acuerdo con el banquero, fue tan profundo lo que ocurrió, que de los 18 bancos solamente cuatro bancos terminaron no quebrando.

“Y de esos cuatro bancos que no quebraron, solamente uno no cambió de dueño en el proceso de recapitalización”, sostuvo.

El presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza insistió que el Fobaproa se creó porque era otro México el de hace más de 30 años, “cuando la regulación y la situación del país era completamente distinta a la que hoy estamos viviendo”.

“Lo que pasó en aquel entonces es que debido a que no teníamos una regulación tan completa como la tenemos hoy, la banca era parte del problema en aquel entonces, hoy estamos con una regulación a nivel mundial, a los mejores estándares a nivel mundial, y esto nos permite tener hoy una banca muy fuerte, muy bien atendida, muy bien supervisada, muy bien regulada”, añadió.

De acuerdo con los banqueros, hace 30 años no se tenía un sistema de pagos ejemplar, adecuado a los sistemas de pagos, a las corridas financieras y era vulnerable a las crisis económicas.

Por su parte, el director de Barclays, Raúl Martínez, aseguró que si se dejara de pagar la deuda del Fobaproa, se caería en un incumplimiento “y claramente se mandaría una señal muy negativa hacia el mercado y en general a todos los acreedores de México, locales e internacionales, y eso generaría un riesgo adicional al que se tiene”.

“Entonces, al final creo que esa deuda, que como toda la deuda pública se viene refinanciando con el tiempo, creo que es importante que se cumpla y, precisamente, esa señal de compromiso que se ha venido haciendo es la que ha permitido que México mantenga el grado de inversión y que sea un crédito de los más sólidos de los mercados emergentes”, dijo.

Se espera que los banqueros y la presidenta Claudia Sheinbaum hablen del Fobaproa en la Convención Bancaria.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO), al cierre del 7 de mayo, había 128 mil 120 personas desaparecidas y no localizadas en México, desde 1965, por lo que desde 2011 la fecha emblemática del 10 de mayo se ha convertido en día de movilización nacional de miles de madres que buscan a sus hijos. 

Entre las personas buscadoras que ya no están, hay un registro de unas 30 madres buscadoras asesinadas y tres desaparecidas desde 2010, de acuerdo a registros de colectivos de familiares de personas desaparecidas. 

El MNDM ha convocado a recordar a “las personas buscadoras que ya no están”, en una velada que se llevará a cabo en el Monumento a la Madre, donde se está convocando a los familiares de víctimas y a la sociedad en general a solidarizarse con quienes sufren la desaparición de un familiar. 

“El objetivo es reunir a familiares, personas buscadoras y sociedad civil en un espacio colectivo de memoria y denuncia, que visibilice el legado de las madres buscadoras y fortalezca la identidad colectiva el movimiento”, explicó el MNDM en sus redes sociales. 

Bajo el hashtag #LasMadresNoSeRinden,el MNDM destacó que “el compromiso de las personas buscadoras va más allá de la impunidad y la violencia” por lo que invitó a familiares de víctimas y a la sociedad en general a acudir al Monumento a la Madre el vienes 9 de mayo con “velas o veladoras, nombres de madres buscadoras y objetos de lucha y de vida”, para homenajear a las personas fallecidas en la búsqueda de sus seres queridos.  

De acuerdo a las redes sociales de MNDM, con motivo del 10 del mayo, colectivos de familiares de desaparecidos en todo el país realizarán veladas y actividades culturales previo a las marchas de miles que, como cada año desde 2011, salen a las calles de México a exponer la crisis de desapariciones que hay en el país, por lo menos desde hace 2007, desde que el expresidente Felipe Calderón declaró la “guerra contra el narcotráfico”.

Al preguntar a la Secretaría Anticorrupción la razón por la que los contratos de Ethomedical no estaban disponibles, el área de prensa respondió que se trataba de adjudicaciones directas, “por lo que los documentos adicionales están bajo control de la Unidad Contratante”.

Con las adjudicaciones disponibles a finales de año en la plataforma, los restablecidos en marzo, y decenas de solicitudes de transparencia se pudo comprobar que las empresas vendieron hasta 885 % más caras las medicinas. 

Aunque en el desarrollo de esta investigación se detectaron inconsistencias en los contratos registrados a nombre de la empresa con vínculos con el yerno de una gobernadora morenista, no es el único ‘error’.

Funcionarios del IMSS explicaron que suelen ocurrir errores de registro en Compranet sin ser corregidos porque la antigua plataforma no permitía hacer modificaciones una vez publicada la información. 

Animal Político verificó la información con las facturas entregadas vía transparencia por el IMSS y se confirmó en la Cuenta Pública que Sinaloa gastó 2 mil 608 millones de pesos en la compra de medicinas ese año. 

De ahí que, para esta investigación, se descartaron estos cuatro contratos a la hora de contabilizar los recursos entregados a Ethomedical. Únicamente se consideraron los 1 mil 134 millones de pesos de 756 contratos cuya existencia se pudo confirmar a través de Compranet, solicitudes de información y la Plataforma Nacional de Transparencia.

Pero aún cuando se establecieran los parámetros para las excepciones, por primera vez en tres décadas se volvió a permitir que las negociaciones de contratación del gobierno sean de forma privada, sólo con la participación de ciertos funcionarios con empresarios, y sin que los ciudadanos puedan vigilar cada paso del proceso en tiempo real. 

“En casos excepcionales y justificados, la Secretaría podrá autorizar que se lleven a cabo los procedimientos de contratación sin utilizar la Plataforma, conforme a las disposiciones que se establezcan en el Reglamento de esta ley”, establece el artículo 74 de la Ley de Obras reformada. 

También habrá excepción de transparencia de contratos dentro de Compranet para el Ejército cuando ejecuten obras en el marco de convenios intergubernamentales para “proyectos prioritarios”. 

Además se incluye una nueva figura llamada “diálogo competitivo”, donde la institución entabla un diálogo con los proveedores interesados para dar a conocer información sobre los bienes o servicios que se busquen adquirir. La negociación continuará hasta alcanzar un acuerdo benéfico para la institución. 

Aunque este método se ocuparía para bienes o servicios especializados para generar un proceso de contratación colaborativo, el Instituto Mexicaro para la Competitividad (IMCO) alertó la necesidad de realizar un monitoreo constante, debido a que los diálogos entre funcionarios y empresas incrementa el espacio de contacto y  el riesgo de corrupción.

Estas adecuaciones son contrarias a los criterios de máxima transparencia impulsados en 20 años de reformas en la materia, que consideraba que todo ciudadano tenía derecho a conocer absolutamente todo lo referente a cualquier contratación pagada con recursos públicos; salvo excepciones como afectar la seguridad nacional en caso de que la información se hiciera pública. 

Con la reforma de la presidenta también se eliminó Compranet y en su lugar crearon la Plataforma Digital de Contrataciones, aunque especialistas advirtieron la falta de certeza sobre el traspaso del archivo histórico de contrataciones de 30 años y que abarcan los gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Tampoco hay seguridad de que cualquier persona pueda obtener información vía transparencia de las negociaciones, por ejemplo, en los “diálogos estratégicos” o de aquellos contratos que no se publiquen en Compranet. 

El gobierno de Sheinbaum desapareció el INAI, el organismo autónomo de acceso a la información. Aunque supuestamente el derecho a la información seguirá siendo ejercido a través del nuevo organismo, Transparencia para el pueblo, éste estará a cargo de la Secretaría Anticorrupción. Es decir, el gobierno será juez y parte para definir si entrega o no información.

De ahí que desde hace 22 años, académicos, activistas y periodistas impulsaron la creación de un organismo autónomo para dirimir estas controversias de acuerdo a la Ley de Transparencia. Por ejemplo, si una dependencia se negaba a entregar información a un ciudadano que la solicitaba, el INAI analizaba la solicitud y en caso de que las personas tuvieran la razón, obligaba a los funcionarios públicos a entregar la información pública. 

Ahora, un ciudadano podrá solicitar información a través de Transparencia para el pueblo, pero si se la niegan, la única posibilidad de obtenerla será interponiendo juicios ante tribunales. 

Las fallas de Compranet

Por primera vez en 26 años, Compranet estuvo fuera de servicio durante meses en dos ocasiones durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su gobierno decidió pasar la responsabilidad a la Secretaría de Hacienda, cuando la Oficial Mayor era Raquel Buenrostro, y quien ahora es titular de la la Secretaría Anticorrupción, desde donde nuevamente estará a cargo del registro de contratos públicos. 

Compranet colapsó y estuvo fuera de funcionamiento durante 17 días en julio de 2022. Luego sumó más intermitencias en 2023 y en 2024 pasó meses sin funcionar. Al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, no se podía consultar las contrataciones previas a 2022, lo que incluía todos los procedimientos de compra durante la pandemia de Covid.

En 2022, tras una primera caída del sistema, Hacienda aseguró que se debía a problemas técnicos, pero Animal Político reveló que la empresa Bravosolution México, a cargo de la operación de Compranet durante los 12 años previos, dejó de proveer el servicio desde el 31 de diciembre de ese año debido a la falta de pagos.

En 2020, tras la decisión de pasar Compranet a responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación detectó “debilidades en el registro”. En 32 mil 661 contratos, lo que representó 21.2 % del total de procedimientos realizados ese año, presentó “al menos 1 de sus 24 características sin información”. 

Además, en 2 mil 902 contratos que representan 5.4 % del total de contratos de 2020, los  proveedores no coinciden en sus números de contratos y en 2 mil 201 (5.7 %) son diferentes en la cantidad de importe de contrato.

Por ello, la Auditoría recomendó al gobierno implementar “mecanismos de seguimiento y control que permitan asegurar que se cuente con información fidedigna, confiable y relevante que contribuya a la transparencia, honradez y eficiencia de las compras y contrataciones”. 

Esto, “para medir su contribución en la atención del problema público relativo a que, las adquisiciones, contrataciones y servicios y obras públicas relacionados con las mismas del sector público son una fuente potencial de corrupción”.

Ya en terapia psicológica, en tercero de primaria y sin aquel compañero, la agresión comenzó a dirigirse hacia él: toleraba actos de exclusión en juegos para los que él mismo llevaba los insumos, que le rompieran sus cosas o se las quitaran, que lo molestaran y otros abusos para conservar a sus “amigos”. Al regresar de unas vacaciones de Semana Santa, Jessica recuerda el momento más trágico:

Recibió una llamada al mediodía en la que le pedían recoger a su hijo que había tenido un “accidente”. Se fue para el colegio rapidísimo, para encontrarlo con la playera marcada con sangre y la cara hinchada. Las autoridades escolares, dice, no le comentaron de inmediato a la psicóloga que llevaba tiempo acompañándolo, y nadie estaba junto a él cuando su mamá llegó.

“La normativa ha quedado en el papel, pero no en el territorio”

Jesús Villalobos, vocero de la Red por los Derechos de la Infancia en México, explica que para atender estos casos, en la Ciudad de México se ha impulsado un protocolo en contra del acoso escolar a partir de que en 2014 se promulgó la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que en su artículo 59 establece la obligación de las autoridades de crear ambientes libres de violencia en instituciones educativas. Sin embargo, esa normativa quedó en el papel y no se ha aplicado en el territorio. 

Con los protocolos pasa lo mismo. Si bien impulsan sistemas de atención al acoso escolar en todos los niveles, aunque a nivel federal y estatal puedan existir normativas, a nivel municipal o hiperlocal no hay suficiente claridad o ideas concretas de cómo aplicarlas, y ese es el nivel de contacto más cercano a la ciudadanía.

“La Ciudad de México ha impulsado un protocolo, pero quien tiene atención directa con la niñez y la adolescencia no solamente no lo conoce, sino que además carece completamente de todos los elementos para poder llevarlo a la práctica y de la formación que tiene que ver con derechos de la niñez y adolescencia”, puntualiza.

El caso reciente de Fátima, pero también el de Juan Pablo y Norma Lizbeth, tendrían que ser paradigmáticos –dice Villalobos– para que no se repitieran, pero siguen y lo único que va cambiando es el nombre de la escuela, de las autoridades y de las víctimas. Y ahora tenemos cifras alarmantes.

La hospitalización de Fátima en febrero de este año como resultado del hostigamiento que vivía en su escuela avivó la discusión en torno al acoso escolar, pero antes ya se habían registrado otros casos emblemáticos: la muerte de la estudiante de secundaria Norma Lizbeth en los primeros meses de 2023, luego de ser golpeada por una compañera que solía agredirla y agonizar 15 días en el hospital, así como el ataque a Juan Pablo, en julio de 2022, un niño de origen otomí que fue quemado por sus compañeros en una telesecundaria en Querétaro tras una larga historia de violencias y discriminación por no hablar español.

Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, señala que la omisión de las autoridades se manifiesta en un mismo patrón que se repite en todos esos y otros casos: desestimar los reportes de acoso escolar a partir de la idea equivocada de que es un problema “de o entre estudiantes”. Incluso, las autoridades suelen llegar a acuerdos entre familias mediante pagos o reparaciones del daño como única solución, para privilegiar su imagen institucional, pública o privada.

Acoso escolar, una estadística que no deja de crecer

Bullying sin Fronteras, una organización global que genera un estudio comparativo de datos, coloca a México como el segundo lugar a nivel mundial en casos de acoso escolar. Analizan que en 2024 sumaron en el país 280 mil, y se trata solo de los que tienen consecuencias violentas. Además, concluyen que 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes –aunque no lo reporten– han vivido algún tipo de acoso.

Para Villalobos, dos problemáticas son claras: los instrumentos a nivel estatal no tienen reflejo en instrumentos locales, es decir, en cada escuela, con sus propias dinámicas y medidas aplicables, debería existir un protocolo de actuación adaptado. Por otro lado, los profesores y las autoridades hacen caso omiso de la situación.

“Siempre aparecen dos actores nada más: quien recibió el castigo y quien fue violentado, y quien es violentado y su familia piden castigo. Se resume esa problemática en dos actores, pero no se toma en consideración que quien tiene que garantizar que la escuela sea segura, que sea un lugar a donde vayas con la tranquilidad de que vas a estar en un ambiente libre de violencia, son las autoridades locales”, apunta.

La falta de atención de las autoridades a la problemática del acoso escolar se refleja también en la variedad de estadísticas al respecto. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reporta, en específico, que entre 2019, previo a la pandemia, y 2024, hubo un aumento en los casos de acoso escolar en la capital del 205 %, mientras que en la Encuesta Nacional sobre Discriminación se calcula que el 28 % de las y los adolescentes –12 a 19 años– han sido acosados en algún momento en sus entornos escolares, es decir, 3.3 millones de estudiantes. 

Actualmente, en el país hay 43 millones de personas cuya edad está entre los 0 y los 19 años, según datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna). 

No hay estrategias en torno a una cultura de paz frente al acoso escolar

Villalobos recuerda que la única estrategia que ha dado resultados contra el acoso escolar –contrario a los castigos– es la cultura de paz: “Cuando enseñas a la niñez y la adolescencia, permanentemente, en el aula de clases que tiene que haber equidad de género, masculinidad sana, y que además se tienen que conocer, respetar y promover los derechos de la niñez y de la adolescencia. 

“Es ahí donde se tendría que empezar para que después también permee en los padres de familia y los demás actores de la sociedad”, señala el especialista. No se trata solo de falta de capacitación de las autoridades escolares, sino de un viraje en la mirada para dejar de normalizar la violencia.

El especialista recuerda que según datos del propio gobierno, 2.9 niñas, niños y adolescentes mueren diariamente producto de la violencia en el país, es decir, a causa de homicidios dolosos. Frente a esa realidad, no hay una respuesta que involucre la elaboración de políticas públicas, mientras que el plan nacional de desarrollo de la niñez y la adolescencia está completamente olvidado.

Una de las necesidades inmediatas, desde su perspectiva, sería dejar de normalizar la violencia y que el Estado garantizara que se genere una cultura de paz. Sin embargo, las políticas solo están encaminadas a vigilar y castigar. “No hay políticas encaminadas como tal al cambio de paradigma en cuestión de seguridad nacional”, apunta. Por un lado, es necesario cambiar la percepción sobre la seguridad y, por otro, impulsar la recomposición del tejido social. 

Para Pérez García, uno de los principales asuntos de sentido común, consignado por la ley, es creerle a las niñas y niños, desde una responsabilidad adulta para comenzar a generar condiciones y, como ha insistido la oficina de Naciones Unidas, superar la idea de que el acoso escolar es un problema de estudiantes. 

“El acoso escolar como un acto de violencia sistemática forma parte de una dinámica de la comunidad educativa. Esto implica que hay violencia entre estudiantes, por supuesto, que es la más visible, que es la que escuchamos y se hace viral, pero también hay casos, y se han documentado, de violencia de los maestros contra los niños y niñas”, explica.

Esas conductas, abunda, son solamente una reproducción social de la violencia que las infancias viven. Tres aspectos contundentes en los estudios académicos e investigaciones es que están reproduciendo la violencia que viven personalmente en su familia, su comunidad o la propia escuela.

“Están en una condición muy grave de violencia, de abandono particularmente de las autoridades, y al mundo adulto nos sorprende que reproduzcan la violencia cuando es la comunidad educativa la que lo permite, tolera y garantiza con impunidad”, critica.

Reconocer eso obligaría a poner el foco en la comunidad educativa y en las obligaciones de las autoridades, lo que no exime a las familias, pero “el juego de ping-pong de culpar la escuela a las familias y las familias a las escuelas se tiene que acabar”.

“Ambas partes son adultas y ambas tienen responsabilidades legales. No hay un compromiso sostenido, con recursos y formación especializada, para reconocer que la violencia es expresión de la comunidad educativa, y no se ha logrado un cambio cultural. Tenemos un millón de maestras y maestros en sindicatos, al servicio de gobiernos, desde hace varios años, que se dedican a protegerlos en contra de los derechos de niñas y niños. Cuando hablamos de sus derechos, lo ven como una afrenta, como algo que va en contra de su rol de educadores”, concluye.