Por segundo año consecutivo, México registró más de un millón de muertes en un año: En 2021 se contabilizaron un millón 122 mil 249 defunciones, cifra superior a la de un millón 86 mil 743 defunciones de 2020, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El ordenamiento de las defunciones por causa de muerte cambió en el reporte definitivo respecto al preliminar, por lo que el COVID-19 pasó de ser la segunda causa de muerte a la primera. 

Organizaciones de la sociedad civil interpusieron 24 nuevos amparos contra las reformas legislativas que delegan la operación y administración de los recursos económicos de la Guardia Nacional (GN) en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En conferencia de prensa, integrantes de algunas de las organizaciones litigantes, explicaron que el argumento central de las demandas de amparo es que la militarización de la seguridad pública genera “miedo y temor fundado” de que los activistas sufran represalias por ejercer su derecho a defender derechos.

Luego que la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) concluyó que Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el excoordinador nacional de Protección Civil, David León, no cometieron ningún delito electoral, este último se pronunció al respecto.

“Agradezco que la autoridad haya agotado estas investigaciones. Colaboré en todo momento con la autoridad; nunca he cometido ningún delito. Ese es el resultado de esa investigación que lo sostiene”, expresó León durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva en el espacio matutino de noticias de Radio Fórmula.

Organizaciones de la sociedad civil reprobaron la negativa del Estado mexicano para sostener un diálogo sobre la militarización de la seguridad pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como ocurrió este martes 25 en el contexto del 185 periodo de sesiones.

En un comunicado conjunto, recordaron que al menos 20 organizaciones civiles solicitaron una audiencia temática a la CIDH ante “la profundización de la militarización de la seguridad pública en México”, evento al que únicamente asistió Luz Elena Baños, embajadora ante la Organización de Estados Americanos, con lo cual el Estado mexicano “mostró un absoluto desinterés en dar respuesta” a los planteamientos y argumentos presentados por la sociedad civil.

Son las 8:30 de la mañana en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Michel Alejandro, un migrante venezolano de 24 años, aún tiene los ojos hinchados por el sueño. No ha dormido bien, como sus decenas de compatriotas que pasaron la noche en la calle, refugiados en la explanada del Congreso hondureño. Ahí les dijeron que al menos estarían algo más a salvo de las pandillas, de las ‘maras’ que se apoderaron de la ciudad y de todo un país donde ejercen violencia extrema.

Junto a un puestecito pintado de rojo, donde cuelgan portadas de nota policiaca con enormes letras que anuncian noticias como “Mara asesina a joven cuando amamantaba a su bebé”, Michel, que era estudiante universitario antes de abandonar su tierra, se coloca en el cuello una desgastada bandera de Venezuela: amarilla, azul y roja. 

Colectivos de familiares de desaparecidos en Morelos, denunciaron el incumplimiento de acuerdos por parte de la

Fiscalía local en el procesamiento de la fosa irregular en el Panteón de Jojutla“Pedro Amaro”.

A través de un comunicado, las familias señalan que dichos incumplimientos vulneran la garantía de identificación de los restos óseos recuperados de la fosa.

Un día después de recibir la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el Congreso del Estado aprobó este miércoles, por mayoría de votos, la reforma constitucional para permitir que las fuerzas armadas permanezcan hasta 2028 en labores de seguridad pública.

Con la de Michoacán, son ya 12 legislaturas locales que han avalado la ampliación del periodo de militarización del país, de las 17 que se requieren para la aprobación de esa medida.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) presentó ante la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, Massachusetts, la solicitud de apelación del fallo de desechar la demanda contra ocho empresas estadunidenses fabricantes de armas.

Por medio de la firma de abogados Shadowen PLLC, la cancillería mexicana en la solicitud de apelación busca revertir la decisión emitida el pasado 30 de septiembre por el juez federal de Boston Dennis Saylor, desechar la demanda del gobierno mexicano contra los ocho empresas.

Acompañado por José Cinto Bernal, presidente municipal, y por Guillermo Malpica Soto, subsecretario de Industria y Comercio del gobierno estatal, el directivo de la trasnacional aseguró que esas instalaciones, que estuvieron cerradas año y medio a causa de las protestas, ya no se usarán para extraer agua y sólo servirán para bodega y distribución de productos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, el 26 de octubre de 2022, tener la conciencia tranquila ante el “Culiacanazo”, como se le conoce al fallido operativo militar realizado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre de 2019, cuando se llevó a cabo la detención de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón” -hijo del capo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”-, pero 4 horas y 15 minutos después fue liberado por órdenes del titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Había un grupo haciendo una investigación para detener a esta persona y deciden aprehenderlo al mediodía en su casa. Hay una reacción del grupo de la delincuencia [Cártel de Sinaloa] y empiezan a movilizarse con armas de alto poder, empiezan a agredir a unidades habitacionales de militares, secuestran a militares y se colocan en lugares estratégicos en Culiacán”, comentó el mandatario nacional.

La Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena “amordazó” al ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, al imponerle medidas cautelares para impedirle hablar sobre militantes del partido.

Lo anterior se dio a conocer la tarde de ayer, martes 25 de octubre, mediante un oficio CNHJ-BC-1624/2022, emitido por dicho organismo colegiado.

En las seis ciudades de México donde los residentes se sienten más inseguros opera criminalmente, en mayor o menor medida el Cártel Jalisco Nueva Generación. La mafiosa asociación criminal encabezada por Nemesio Oseguera “El Mencho” confirma con su violenta embestida, su presencia en la mayoría de los estados de la República Mexicana.

Hace unos días, el Inegi presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad. No son datos de las organizaciones de la sociedad civil, tampoco los otros datos del Gobierno de la República, sino los datos de los ciudadanos. Cada trimestre, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática realiza la encuesta para conocer la percepción de los mexicanos respecto la seguridad, la inseguridad, la violencia, la comisión de delitos y la confianza en las autoridades.

Una mujer denunció que su hija fue presuntamente drogada y escondida al acudir a una fiesta privada realizada en un bar al interior de una plaza comercial de Santa Fe.

En un audio ampliamente difundido en redes sociales, la madre de la víctima relata que su hija acudió el pasado viernes 21 de octubre con cuatro amigas al bar Hookah Santa Fe, ubicado en el Centro Comercial VQ, que se encuentra en la Avenida Vasco de Quiroga 3880, Lomas de Santa Fe, en la Alcaldía de Cuajimalpa.

El Congreso de Quintana Roo aprobó reformas en el Código Penal del estado para despenalizar el aborto y permitir la interrupción legal del embarazo.

Durante la madrugada de éste miércoles, el Congreso de dicho estado avaló de forma exprés la iniciativa con 19 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, permitiendo la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación.

En una audiencia, organizaciones civiles mexicanas expresaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus preocupaciones por la “militarización de la seguridad pública del país”; sin embargo, la embajadora Luz Elena Baños, representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), no respondió los cuestionamientos y se limitó a leer el mensaje que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La embajadora, en representación del Estado mexicano, dijo que ahora no se violan garantías fundamentales y ninguna corporación castrense comete actos de barbarie, como torturas, masacres o ajusticiamientos.

«Con las recientes investigaciones de la Sedena (Secretaría de Defensa Nacional) dadas a conocer por el colectivo Guacamaya, lo evidente ya no se puede ocultar más, es público y comprobado, fue el narcoestado el que asesinó a Samir», aseguró el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos Puebla Tlaxcala.

El Frente explicó que los documentos filtrados de la Sedena confirman las relaciones de cárteles del narcotráfico con autoridades del gobierno de Morelos, entre ellos el gobernador estatal Cuahtémoc Blanco, el fiscal encargado de la investigación sobre el asesinato del defensor Samir Flores, Uriel Carmona, y el presidente municipal de Amilcingo, donde fue asesinado Flores, Valentín Lavín.

Fiscales en Nueva York dijeron el miércoles que han entregado documentos relacionados con la incautación de drogas en el condado de Queens en diciembre de 2019 y con el envío de narcóticos a Estados Unidos a través de empresas fachada como pruebas para el juicio al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que es posible reactivar las órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Sin embargo, el mandatario federal señaló, en su rueda de prensa matutina, que se podrán reabrir “siempre y cuando se cumpla con todos los procedimientos legales”.

El Senado de la República ha aprobado el proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2023, así como las reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

Durante la madrugada de este miércoles se dio la votación, la cual concluyó con 65 votos a favor, 44 en contra y dos abstenciones para el dictamen en lo general; así como con 62 a favor, 42 en contra y dos abstenciones en lo particular, por lo que el documento fue remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel), encabezada por José Agustín Ortiz Pinchetti, concluyó que Pío López Obrador, hermano del presidente, Andrés Manuel López Obrador y el excoordinador nacional de Protección Civil, David León no cometieron ningún delito electoral.

Fuentes federales confirmaron que la Fisel presentó un proyecto de no ejercicio de la acción penal en la investigación que inició contra López Obrador y León Romero por la difusión de dos videos en los que se observa al hermano del presidente recibiendo dinero en efectivo de parte del exfuncionario federal para supuestamente financiar a Morena.