En un comunicado conjunto, recordaron que al menos 20 organizaciones civiles solicitaron una audiencia temática a la CIDH ante “la profundización de la militarización de la seguridad pública en México”, evento al que únicamente asistió Luz Elena Baños, embajadora ante la Organización de Estados Americanos, con lo cual el Estado mexicano “mostró un absoluto desinterés en dar respuesta” a los planteamientos y argumentos presentados por la sociedad civil.
Tras resaltar que la mayor parte del mensaje transmitido a través de Baños se centró en enlistar cifras sobre el decomiso de drogas y la detención de presuntos narcotraficantes, las organizaciones consideraron grave que, “frente a la denuncia de violaciones a derechos humanos, el Estado busque retornar a un discurso de ‘guerra conta las drogas’ que criminaliza y estigmatiza grupos históricamente vulnerados, y que ha tenido como consecuencias cientos de miles de víctimas de desapariciones, ejecuciones, torturas y otras violaciones graves a derechos humanos”.
Las organizaciones firmantes insistieron en que “la falta de voluntad de réplica durante la audiencia” puso en evidencia “la nula intención estatal de dialogar sobre la progresiva militarización de la seguridad pública del país con la academia, la sociedad civil y los organismos internacionales, tanto a nivel nacional como internacional”.
Reprobaron “las expresiones de deslegitimación a la labor de defensa y promoción de derechos humanos –nacionales e internacionales– y en particular contra la CIDH”, emitidas por la embajadora Baños, quien dijo transmitirlas en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dichas palabras “son de la mayor preocupación y no reconocen la larga labor que el organismo internacional ha impulsado denunciando los riesgos de la profunda militarización en el país desde hace décadas y la necesidad de construir una vía hacia la verdadera seguridad ciudadana”.
En el comunicado las organizaciones pidieron a la CIDH solicitar al Estado mexicano información sobre los marcos normativos de las Fuerzas Armadas para realizar acciones de inteligencia y el espionaje hacia personas defensoras; las acciones tomadas para la desmilitarización de la Guardia Nacional; los planes de profesionalización de las policías en estados y municipios; los mecanismos de regulación y supervisión del adecuado uso de la fuerza en tareas de seguridad pública; y las investigaciones sobre el uso del software Pegasus y la contratación que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional sobre este programa, utilizado para espiar a personas defensoras y periodistas.
Asimismo, sugirieron recomendar al Estado mexicano desarrollar un programa para la construcción de paz duradera, que incluya el desarme de las personas capturadas por el crimen organizado y el retiro progresivo de los militares de las tareas de seguridad pública, así como solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la militarización en México.
Firmaron el pronunciamiento la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; México Unido contra la Delincuencia; Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez; Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social; Impunidad Cero; Seguridad Sin Guerra; Hasta Encontrarte y México AC.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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