En conferencia de prensa, integrantes de algunas de las organizaciones litigantes, explicaron que el argumento central de las demandas de amparo es que la militarización de la seguridad pública genera “miedo y temor fundado” de que los activistas sufran represalias por ejercer su derecho a defender derechos.
Los defensores exigieron al Poder Judicial de la Federación dar respuesta oportuna a las solicitudes de amparo para dar certeza jurídica sobre la militarización en el país, ya que las 24 demandas de amparo se suman al menos una decena de recursos interpuestos desde 2017 contra la política de militarización de la seguridad pública.
Víctor del Pozo, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) explicó que las reformas a leyes secundarias, que entregan la administración de la GN a la Sedena, y la constitucional que amplia la permanencia de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028, son un intento por “perpetuar y hacer generalizada la militarización en el país”, y es contra esa política que “la sociedad civil está resistiendo”.
Dijo que los activistas han recurrido a una jurisprudencia desarrollada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionada con el “efecto inhibidor o amedrentador” que generan las reformas legislativas en quienes tienen como labor fundamental la defensa de víctimas de violaciones a derechos humanos, entre ellas a víctimas de abusos cometidos por miembros de fuerzas armadas.
Al señalar que tienen legitimidad para cuestionar las modificaciones legislativas, Del Pozo añadió que en las reformas legislativas se advierte una “falta de certeza y seguridad jurídica que se suma al miedo y temor fundado como organizaciones de la sociedad civil por las consecuencias, y los actos arbitrarios e ilegales que se derivan del ejercicio de nuestro derecho a defender derechos humanos, en un contexto de inseguridad jurídica y de clara desviación de poder que atenta contra el orden jurídico interamericano”
Añadió que como miembros de organizaciones de derechos humanos tienen “temor real de que las reformas de la militarización sean usadas como un pretexto para intimidar, y que nos haga pensar dos o tres veces hacer las tareas que normalmente hacemos como parte de nuestro mandato y objeto social”.
El abogado de la CMDPDH insistió en que la “arbitrariedad de las reformas” que militarizan la seguridad pública “afectan una actividad constitucionalmente permitida, que es la defensa de derechos humanos, y que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha reconocido como fundamental para la democracia”.
Abundó que las organizaciones han recurrido al Poder Judicial de la Federación “convencidas de que las reformas aumentan el riesgo y temor fundado de sufrir algún daño por parte de las fuerzas armadas por denunciar la militarización”, de ahí que los jueces estarían obligados a “declarar la inconstitucionalidad de estas normas”.
Cristina Reyes, de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), exigió al poder judicial dar una respuesta pronta a las demandas de amparo interpuestas por las organizaciones civiles ante la existencia de procesos pendientes sobre ese mismo tema por resolver desde hace varios años.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no ha resuelto acciones de inconstitucionalidad presentadas por la administración de Luis Raúl González al frente de la CNDH contra el Código de Justicia Militar, el Código Militar de Procedimientos Penales, contra la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, así como controversias constitucionales contra la Ley de creación de la Guardia Nacional promovidas por la fracción minoritaria en el Congreso de la Unión, contra el acuerdo presidencial militarista de mayo de 2020, por los congresos de Michoacán, Colima y Aguascalientes, y por la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, así como los recursos interpuestos contra las recientes reformas por integrantes del Congreso de la Unión.
Durante la conferencia de prensa, los activista ofrecieron algunos datos que revelan los riesgos de acentuar la militarización de la seguridad pública en el país.
Mónica Meltis de Data Cívica resaltó que desde la declaración de “guerra contras las drogas” por Felipe Calderón en 2006, la presencia militar se ha ido incrementando, llevando a su máxima exposición en este sexenio, en el que se han construido 241 cuarteles de la GN militarizada, sin que se haya generado paz en el país ya que los homicidios dolosos han incrementado en 61%.
Asimismo, agregó que durante los operativos castrenses, “por cada militar muerto, ha habido 17 personas civiles fallecidas; persiste el abuso del poder, ocho de cada diez personas detenidas por miembros de fuerzas armadas han sufrido violencia entre el arresto y su puesta a disposición ante el ministerio público, en tanto dos de cada diez mujeres detenidas pro miembros del Ejército o la Marina han sido violadas”.
Nancy Carmona de Equis Justicia para las Mujeres, recordó que desde 2018 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas urgió a México a desmilitarizar la seguridad púbica del país, ante los efectos nocivos contra sectores vulnerables como las mujeres.
Dijo que en recientes encuestas, 238 mil mujeres han manifestado que sufrieron violencia de género por parte de personas vinculadas a las fuerzas armadas.
Los activistas reconocieron que la militarización el país no es nueva, pero alertaron que con las últimas reformas legislativas se dan pasos preocupantes para la perpetuación de las fuerzas armadas al frente de la seguridad pública, lo que contraviene los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por México.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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