A finales de 2019, cuando el virus del COVID-19 apareció en Wuhan, China y rápidamente comenzó a propagarse en el mundo, se iniciaron una serie de estudios en laboratorio en los que se probaron fármacos existentes para confirmar o descartar si alguno de éstos sería útil para tratar el virus. Uno de ellos fue la ivermectina, un antiparásito que, aunque se utiliza en humanos, su uso más recurrente es el veterinario.

En abril de 2020, científicos australianos publicaron los resultados de un estudio en laboratorio en el que “confirmaban” que la ivermectina inhibía en 48 horas la replicación del virus. Aunque su análisis fue en laboratorio y dijeron que aún debían realizarse ensayos en seres humanos, esta información se propagó casi tan rápido como el COVID-19 y las personas comenzaron a tomarlo.

En México, de 2010 a 2021 se han registrado mil 200 agresiones contra mujeres que trabajan en medios de comunicación; del total de las agresiones, 769 se han detectado en los últimos tres años, es decir, más de 64% de los casos, de acuerdo con el informe publicado por Signa Lab, laboratorio interdisciplinario del ITESO.

El documento “Asedio, amenaza y ataque: la condición de vulnerabilidad de periodistas en México” señala que, tomando en cuenta la recopilación Geografía de la Violencia contra Periodistas, que elabora Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), se realizó una revisión a finales de 2021 para detectar los casos de agresiones que ocurrieron, entre 2018 y 2021.

Un total de 47 periodistas fueron asesinados en 2021 en ataques contra ellos, bombardeos o en medio de fuego cruzado, según el informe anual de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), publicado este miércoles.

En el documento, se destaca que ocho de los casos fueron periodistas asesinados en México: Benjamín Morales Hernández, Gustavo Sánchez Cabrera, Saúl Tijerina Rentería, Ricardo Domínguez López, Abraham Mendoza, Jacinto Romero Flores, Alfredo Cardoso y Fredy López Arévalo.

El Instituto Nacional de Transparencia (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar la versión íntegra de la información sobre las masacres de San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, así como de Cadereyta, Nuevo León, en 2012.

Luego de que un particular solicitara a la FGR la versión digital y gratuita de toda la documentación generada en estos hechos violentos, la Fiscalía le respondió que solamente podría hacer consulta directa de los archivos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció “una pausa” en las relaciones diplomáticas con el gobierno de España, argumentando que autoridades y empresas ibéricas se quedaron acostumbrados al “contubernio” y "la promiscuidad” económica y política que tenían con sus antecesores.

En enero de 2022, la inflación anual arrancó el año en 7.07%, presionada principalmente por el incremento en los precios del limón y la gasolina de bajo octanaje, aunque fue su segundo mes a la baja.

Para el primer mes del año, los precios al consumidor mostraron un incremento mensual de 0.59%.

Cientos de migrantes protestaron para exigir la libertad de más de mil 500 personas “encarceladas en la estación migratoria Siglo XXI” en Tapachula, Chiapas, y para demandar que paren las redadas, explicó Irineo Mujica, director de Pueblos sin Fronteras.

De acuerdo con Mujica, entre 500 y 600 migrantes avanzaron desde el parque central de Tapachula hasta la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) “para pedir la libertad de los más de mil 500 presos que se encuentran ahí, porque no son criminales, y para exigir que paren las redadas”.

Don Julio Scherer, uno de los mejores periodistas que este país ha leído, contaba sobre un Presidente de la República que antes de sentarse en la Silla del Águila, había sido su contacto, conocido, y regular compañero de conversaciones privadas, de pláticas de luchas ideológicas y reformadores pensamientos. Pero que no bien llegado al Palacio Nacional, se había transformado.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que pedirá a Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, que explique el financiamiento que realiza el Gobierno estadounidense a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El enviado especial presidencial para el Clima de la Casa Blanca, John Kerry, afirmó este miércoles durante su visita a México que Estados Unidos “respeta totalmente la soberanía de México“, al hablar de la Reforma Energética impulsada por el mandatario Andrés Manuel López Obrador.

El colectivo de “Madres Buscadoras” de Sonora denunció que luego de la localización de “un campo de exterminio, con múltiples restos óseos calcinados y varias osamentas de muy poco tiempo” el pasado 22 de enero, sufrieron un atentado en el municipio de Santa Ana, al norte de Sonora, cuando se dirigían al lugar donde les habían informado que se encontraba el hijo de una de sus integrantes; no obstante, al avanzar, las buscadoras observaron que les habían puesto varias “ponchallantas” para evitar que siguieran, dijo en entrevista con Cimacnoticias, la vocera de Madres Buscadoras, Ceci Patricia Flores Armenta.

Ante el miedo de ser atacadas, el colectivo no pudo continuar su camino y Flores Armenta llamó en sus redes sociales a los tres niveles de gobierno para auxiliarla, y de nuevo pidió al gobernador de la entidad, Alfonso Durazo (con quien se reunió en enero pasado para exigir seguridad en las búsquedas) que las autoridades les garanticen su seguridad y sus derechos.

Desde hace más de un año, el líder pescador Sunshine Antonio Rodríguez Peña, permanece preso en un penal de Hermosillo, Sonora, en espera de una audiencia para determinar su posible responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, supuestamente, por pertenecer a una agrupación dedicada al tráfico de totoaba.

En noviembre del 2020, Rodríguez Peña fue capturado en un operativo realizado por autoridades federales en el puerto de San Felipe y Mexicali, donde detuvieron a varios presuntos operadores del conocido como “Cártel del Mar”.

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, negó este miércoles que la empresa del Estado haya favorecido a la compañía Baker Hughes tras el escándalo de que un hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador vivió en una casa en Texas de un contratista.

El Gobierno de México anunció esta mañana que fueron detenidos tres presuntos autores materiales del homicidio de María Guadalupe Lourdes Maldonado López, periodista mexicana que cubría temas de corrupción y políticos en Baja California, quien fue asesinada de un tiro en la cabeza frente a su casa del fraccionamiento Las Villas, en Tijuana, el 23 de enero de 2022.

El Gobierno de la Ciudad de México se encuentra en el centro de la polémica después de que la revista digital de divulgación científica SocArXiv retirara un artículo en el que funcionarios capitalinos respaldaron el uso de la Ivermectina a pacientes con COVDI-19, el cual repartió esta administración por un año a miles de ciudadanos que contrajeron la enfermedad.

Siendo consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra aprovechó sus facultades legales y sus influencias en el gobierno federal para frenar una investigación que concluía que fue ilegal la concesión del Viaducto Bicentenario, que el gobierno del Estado de México, en la gestión de Enrique Peña Nieto, otorgó a la constructora española OHL, hoy Aleática.

A pesar de que la Secretaría de Salud federal, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Food and Drugs Administration (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés) no recomiendan usar ivermectina como tratamiento para COVID-19, en la Ciudad de México se sigue recetando ivermectina para tratar la enfermedad.

Oficialmente, la Secretaría de Salud local informó que desde septiembre del año pasado dejaron de entregar kits médicos con este medicamento a pacientes que resultaron positivos a COVID-19, sin embargo, esto no ha sido limitante para en centros de salud a su cargo se continúe prescribiendo este fármaco no recomendado ni aprobado para tratar al virus.

Damnificados por la inundación en Tula ocasionada por el desbordamiento de ríos del 6 y 7 de septiembre del año pasado quemaron colchones donados por el gobierno municipal, al denunciar que son piezas reconstruidas que desprenden un olor pestilente y en las que, al abrirlos, encontraron capas de los forros anteriores con residuos de sangre y orina. 

La compra de 743 colchones para ser donados, de acuerdo con solicitudes de acceso a la información, costó cerca de un millón de pesos, por lo que las familias afectadas, que consideraron una ofensa la entrega de estos artículos en mal estado, pidieron investigar posibles actos de corrupción en estas adquisiciones por parte de la administración del alcalde perredista Manuel Hernández Badillo.

Desde la madrugada hasta el amanecer de este martes, esta capital y los municipios aledaños de Villa de Álvarez y Coquimatlán vivieron una jornada de terror con balaceras prolongadas, ejecuciones y mensajes amenazantes que aparecieron en las zonas urbanas.

Frente a la incertidumbre, varias escuelas públicas y privadas suspendieron clases presenciales, mientras que el secretario de Educación y Cultura, Adolfo Núñez González, declaró que se respetarían las decisiones de los consejos técnicos y direcciones de los planteles, para evitar poner en riesgo a estudiantes y docentes.