La iniciativa propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica (2014) propone, entre otros puntos, revocar los permisos para autoabastecimiento otorgados a empresas con la capacidad de generar su propia energía para sus procesos de producción, solo en los casos en que hayan sido obtenidos “mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley”.

La Fiscalía ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer el caso y dar con los responsables.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó la muerte de la exalcaldesa Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín en el municipio de Cosoleacaque.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la madrugada de este lunes, un comando ingresó al domicilio de la exalcaldesa y disparó contra ella y su hija, quienes perdieron la vida.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que los adultos mayores no deben tenerle miedo a la vacuna de AstraZeneca, mientras la capital mexicana preparaba los últimos detalles –a cargo de su Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum– para dar el banderazo a la campaña.

Con el objetivo de mantener bajo total confidencialidad una investigación que, según el INAI, ya debería de haberse desclasificado por ser de interés público, la Fiscalía General de la República (FGR) le negó a una jueza federal la entrega de datos de la carpeta de investigación del caso Odebrecht, e incluso promovió una queja en contra de dicha jueza por habérselos pedido.

La queja de la fiscalía, que fue desechada por los magistrados que la revisaron por ser notoriamente improcedente, detuvo un juicio de amparo que una organización civil promovió para que se les reconozca como victimas en el caso, y se les permita tanto el acceso a la carpeta de investigación, así como a los videos de las audiencias.

Los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto condonaron un equivalente a 413 mil 258 millones de pesos en forma acumulada, informó este lunes el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los techos de palma protegían de los fuertes rayos solares del noreste mexicano. Su bandera con estrellas y franjas azul, blanco y rojo ondeaba. En Vícam, Sonora, la primera cabecera de los ocho pueblos yaquis, los gobernadores tradicionales con camisas a cuadros y sombreros de paja, capitanes y autoridades eclesiásticas recibieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo, incluyendo a Blanca Jiménez Cisneros, la titular de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), instancia que está en proceso de transferirles la administración de un distrito de riego y coordina la construcción de un acueducto desde septiembre, una planta potabilizadora y una red de alcantarillado hacia 13 plantas de tratamiento con un costo de 2 mil 100 millones de pesos, informó el Director del Organismo de Cuenca Noroeste, Jose María Martínez Rodríguez.

Comúnmente cuando escuchamos hablar de los beneficiarios de la violencia en México nuestra mente alude a los miembros del crimen organizado; sin embargo, los delincuentes coexisten con ciertos empresarios y contratistas de seguridad que también se han enriquecido con los millones de los presupuestos de seguridad de todos los niveles y órdenes de gobierno.

En diciembre de 2020 se cumplieron 14 años continuos de la guerra contra el crimen organizado, de incrementos exponenciales a los presupuestos de seguridad que no se han traducido en una pacificación de la violencia, desaceleración de los índices delictivos o disminución del número de víctimas. Entonces:

Pueblos mixes, mixtecos, zapotecos y zoques del Istmo de Tehuantepec denunciaron que en medio del incremento de casos de coronavirus el Hospital N° 37 en Matías Romero no cuenta con el equipamiento necesario ni con personal especializado para atender a los pacientes.

De la misma forma, indicaron que las casas de salud de la jurisdicción sanitaria N°2 se encuentran en «completo abandono», a pesar de que han señalado las carencias a las autoridades en numerosas ocasiones.

El Colectivo de Representantes de Trabajadores Capítulo 3000 exigió a la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Lucina Jiménez, retomar el diálogo sobre las contrataciones de los meses posteriores al 28 de febrero, fecha en que expira el contrato vigente.

“Iniciamos el año con la certeza de la continuidad de nuestras labores en enero y febrero, sumado al diálogo que se recuperó con su administración a finales del año pasado», sin embargo, las reuniones fueron interrumpidas «por razones desconocidas», señalaron.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener la conciencia tranquila en el caso de los contratos millonarios que asignó Pemex a su prima Felipa Obrador, porque previamente había dado la instrucción para que se lo negaran.

“A mí me fue a ver el director de Pemex, Octavio Romero, (para) decirme de que mi prima estaba participando en un concurso, que había ganado y que venía trabajando de tiempo atrás en Pemex como empresaria y le dije que no, aunque venga de tiempo atrás, no, y resultó de que le buscaron la forma o no tuvo el cuidado suficiente y al final salió con un contrato", dijo el mandatario.

El gobierno de Estados Unidos anunció que comenzará a admitir a los miles de solicitantes de asilo que permanecen al otro lado de la frontera con México, en un nuevo paso atrás sobre la política inmigratoria adoptada por la anterior administración, presidida por Donald Trump.

La administración Trump endureció en 2019 las medidas para evitar que quienes solicitaran asilo permanecieran en Estados Unidos a la espera de la resolución de su caso, dentro de una política de tolerancia cero a la que Biden ha prometido dar carpetazo progresivamente.

El juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, aceptó el pedido de fiscales y defensa del caso Genaro García Luna, de postergar por 60 días la audiencia de preparación de juicio y la agendó para el 19 de abril.

La sesión de trámite de preparación de audiencia en contra de García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, estaba programada para este 17 de febrero, pero por la crisis sanitaria ahora se llevará a cabo el próximo 19 de abril a las 10:30 horas.

Al interior del gobierno de México existe una preocupante falta de coordinación entre diversos organismos y funcionarios con respecto a la gravedad de la tortura y las formas de erradicarla, lo cual ha incidido en que dicha práctica siga siendo común en el país y sus responsables continúen en la impunidad.

Así lo indicaron organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, las cuales advirtieron que en el país sigue habiendo pocos recursos y voluntad política para acabar con los tratos inhumanos, crueles y degradantes, a pesar de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano para avanzar en esa materia.

Uno de cada tres efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está asignado a tareas relacionadas con la seguridad pública o de apoyo a la Guardia Nacional (GN), según información de la propia dependencia, en respuesta a una solicitud de información pública.

Hasta inicios de este mes, 73 mil 25 elementos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) estaban asignados a “Operaciones para la Construcción de la Paz” (OCP); el total de activos de ambas corporaciones es de 214 mil 157.

Las OCP son parte de la estrategia nacional de seguridad pública, promulgada en mayo de 2019, donde se planteó que la descomposición e ineficacia de las corporaciones policiales hacían necesario recurrir a las fuerzas armadas.

Un reo del penal de El Amate, denunció que él y su esposa fueron víctimas de tortura por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) que lo detuvieron en octubre del 2019 para auto incriminarse de un delito que según el interno no cometió.

Carlos Antonio López Robles, quien se encuentra en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 14 conocido como “El Amate”, ubicado en Cintalapa de Figueroa, narró que fue detenido y privado de su libertad de manera injusta por agentes de la Fiscalía de Alto Impacto, quienes con violencia entraron a su domicilio ubicado en la Colonia las granjas en Tuxtla Gutiérrez.

Tras concluir este día la “Caravana por la Estabilidad Laboral y Salarial” –que partió el pasado 6 de febrero del puerto Lázaro Cárdenas–, el docente Lev Velázquez explicó a Contralínea que no instalaron el plantón después de realizar un bloqueo en la avenida Reforma en espera de una respuesta positiva del gobierno federal a sus demandas.

“Queremos darles una muestra de voluntad y pedirles que adelanten la mesa de diálogo para el martes [con representantes de las secretarías de Gobernación y de Educación Públoca]. De no ser así, regresaríamos de manera masiva, hasta donde se pueda por la pandemia, el día martes con las condiciones para instalarnos en el plantón”, indicó el también doctor en pedagogía crítica y educación popular.

La Secretaría de la Defensa Nacional recibirá este 2021 un presupuesto de 21 mil 314 millones de pesos para la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, que tendrá un costo estimado total de 84 mil 956 millones de pesos.

Este miércoles el presidente López Obrador sostuvo que entregar esta obra al Ejército fue una “muy buena decisión”, pues con esto se logró evadir la contratación de empresas corruptas y hacer posible la inauguración para marzo de 2022, es decir en 13 meses.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó a la Cámara de Diputados que de mantenerse el esquema vigente de contratos con los productores independientes de energía (PIE), el daño a la nación se calcula en 412 mil millones de pesos por subsidios, riesgos cambiarios y de inflación, bajo despacho y tarifas crecientes.

La “CFE sufre una sangría”, alertaron directivos a los legisladores, explicaron que sólo los subsidios a PIE ascienden a 249 mil 606 millones de pesos, y de este monto 56 mil 175 millones corresponden exclusivamente a la trasnacional Iberdrola por la operación del parque eólico La Venta, en Oaxaca.

La Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) denunció la «represión e intimidación» que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ejerce «al hacer uso de la Guardia Nacional y elementos de seguridad pública para realizar cortes de energía eléctrica a las familias que defienden sus derechos».

La Asamblea rechazó que el gobierno, «en lugar de apoyar a la población e implementar programas y acciones eficaces para combatir la pandemia, está utilizando a la guardia nacional para quitar el suministro de energía a los que no pueden pagarla».