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México, el país sin conflicto armado donde más periodistas han sido asesinados

La Franja de Gaza ha sido especialmente peligrosa para los profesionales de la información, con 57 periodistas asesinados en lo que va de año. Le siguen la guerra de Ucrania y Yemen, sumido en una contienda civil desde 2015, con otros once cada uno.

153 periodistas y trabajadores de medios han sido asesinados en el mundo en lo que va de año, una cifra que “nunca había sido tan alta en diez meses”, denunció la Campaña Emblema de Prensa (PEC), que subrayó que dos tercios de las muertes se produjeron en conflictos armados.

La Franja de Gaza ha sido especialmente peligrosa para los profesionales de la información, con 57 periodistas asesinados en lo que va de año. Le siguen la guerra de Ucrania y Yemen, sumido en una contienda civil desde 2015, con otros once cada uno.

México se posiciona como el país sin un conflicto armado donde más periodistas han sido asesinados, 10, superando incluso a Sudán, con 7.

“Nunca antes habían sido asesinados tantos periodistas sin que se lleven a cabo investigaciones para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”, lamentó el presidente de la PEC, Blaiser Lempen.

Con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas que se conmemora el 2 de noviembre, la ONG urgió a todos los Estados miembros de la ONU a apoyar el establecimiento de una comisión independiente internacional que investigue las violaciones graves del derecho internacional humanitario, penal o de derechos humanos cometidas contra los periodistas.

Esta comisión independiente emitiría recomendaciones para fortalecer la legislación de los países, los mecanismos de rendición de cuentas y la reparación de las víctimas, “facilitando así la verdad y previniendo la reincidencia”.

“Cuando un periodista es asesinado y el crimen queda impune, esta tragedia también transmite el mensaje de que matar a periodistas es aceptable (…), envía una señal escalofriante de que los poderosos pueden silenciar voces”, denunció la ONG.

El resto de asesinatos de periodistas en 2025 se ha producido en India (6), Pakistán (5), Bangladesh (4), Ecuador (4), Irán (4), Filipinas (3), Siria (3), Afganistán (2), Colombia (2), Honduras (2), Irak (2), Líbano (2), Nigeria (2), Perú (2), República Democrática del Congo (2), Estados Unidos (2), Brasil (1), Guatemala (1), Haití (1), Nepal (1), Arabia Saudí (1), Somalia (1), Turquía (1) y Zimbabue (1).

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.A
AUTOR: REDACCIÓN.

Cisneros lleva medios a ZETA y amenaza a codirectora

A las 14:00 horas de este viernes 31 de octubre, el dueño de la birriería Guadalajara en Ensenada, Manuel Cisneros Romero, acompañado por su abogado Miguel Lanz Paredes, su aparatosa escolta personal con hombres armados, y rodeado de medios de comunicación digitales, improvisó una conferencia de prensa en la acera frente a las oficinas del Semanario ZETA, donde, de forma agresiva, amenazó a la codirectora de ZETA, Adela Navarro Bello, a quien exigía ver: “porque vamos a ir con todo, porque ella publicó, Adela Navarro”.

Cisneros Romero se refirió a la nota en la edición impresa del Semanario de este viernes 31 de octubre de 2025 titulada “Crimen de Cisneros: pleito, extorsión y narco”, donde se replican las tres hipótesis que la FGE maneja entorno a la investigación del asesinato, ocurrido el sábado 18 de octubre de 2025, de Omar Cisneros Salcedo, cuando dos hombres vestidos de negro ingresaron al restaurante Birriería Guadalajara poco antes de las 18:52 horas y dispararon a quemarropa contra él. La agresión armada ocurrió cuando la víctima se encontraba frente al mostrador conversando con la cajera.

El hombre, evidentemente alterado, dio un mensaje ante los reporteros digitales señalando en reiteradas ocasiones a la directora de ZETA, a quien emplazó a proporcionarle pruebas de lo publicado en el semanario, pese a que lo que se reproduce en el texto de la nota son las declaraciones oficiales, y extraoficiales, de funcionarios de la Fiscalía General del Estado e investigadores asignados al caso.

En tono amenazante, Manuel Cisneros Romeros amedrentó a la directora de ZETA para poder verla, cuando declaró y así quedó grabado en las cámaras y en vivos de los reporteros digitales presentes: “Quiero verla a ella, vengo a buscarla, porque la nota salió hoy, vengo a buscarla porque me va a dar la cara, si no es aquí o en otro lado pero me la va a dar”, arengando que se encontraría, de alguna manera, con Adela Navarro Bello.

Cisneros Romero insistió en sus señalamientos y en exigir pruebas de las declaraciones de los funcionarios de la FGE, pero respecto a ZETA y a su directora, en su exaltada alocución emitió comentarios calumniosos, al referir que la publicación del Semanario atendía a otros intereses y no al ejercicio del periodismo de investigación, cuando señaló dirigiéndose a Navarro Bello, que no estaba presente en el lugar: “Que tienes de pruebas para comprobar y dañar a la familia así, de negocios, simplemente por un dinero están haciendo eso, o no quiero saber por qué lo están haciendo”.

El dueño de la birriería, insistió en exigir a ZETA y a su directora pruebas, pero en algún momento, evidenció que sus sospechas sobre el asesinato de su hijo estaban en el cobro de piso (una de las hipótesis que reveló la FGR y que el semanario replicó), de acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad de Baja California, así como licencias o autorizaciones del Ayuntamiento de Ensenada, su hijo Omar figuraba como propietario de los dos inmuebles que albergan las sucursales, una en la calle Ruiz, donde ocurrió el crimen, y la matriz que se encuentra en la calle Macheros, entre Primera y Segunda.

De acuerdo con la declaración que la familia hizo a los agentes de la Fiscalía, aseguraron que enfrentaban cobro de piso, pero además hicieron un señalamiento directo en contra de otra familia de empresarios de apellido Mancillas.

La familia Cisneros, sugirió, sin fundamento que el ataque podría venir de una disputa judicial por la fracción de terreno usado como estacionamiento que está contiguo a la matriz del restaurante ubicado en la calle Macheros.

El conflicto legal lo enfrentó durante varios años el padre de la víctima, con el empresario Fernando Mancillas Ponce, quien es propietario de diversos restaurantes de mariscos en la ciudad.

En la edición de este viernes se publicó un trabajo de investigación sustentado con información oficial de quienes investigan en la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), quienes dan a conocer las líneas de indagatoria en torno al homicidio del empresario Omar Cisneros Salcedo.

La Fiscalía informó que las tres hipótesis que los agentes están investigando para esclarecer el homicidio son: Una disputa judicial por una fracción de terreno que los propietarios de la birriería sostienen con otro propietario de Marisco Bahía de Ensenada, el cobro de piso y los nexos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con un tono sumamente agresivo, Cisneros, primero atendió a blogueros que reunió en la vía pública a quienes, beligerantemente, dijo: “Vengo a buscar a esta señora Adela Navarro, por la nota publicada sobre mi hijo fallecido -Omar Cisneros-. Eso se publicó sin escrúpulos, sin sustento y sin nada. Se atreven a decir que mi hijo está vinculado con los cárteles. Yo vengo a pedir que me dé las pruebas, el sustento. Mi hijo tuvo 33 años de negocios familiares y si tienen pruebas para acusarlo, que me las muestren”.

“Quiero que dé la cara y que presente las pruebas. Tiene libertad de publicar lo que quiera, pero yo también tengo derecho a decir por qué publica eso”, añadió.

Cisneros acusó al medio de recibir pagos para publicar la nota: “Muéstrame fotos, muéstrame evidencias, ¿qué pruebas tienen para difamar y dañar a la familia por dinero?”, dijo, sugiriendo que la publicación carece de sustento.

Al ser cuestionado, advirtió, “porque vamos a ir por todo”, sin especificar más.

Insistió: “Adela Navarro, quiero que me dé la cara, que me muestre las pruebas. Si las tiene, yo se las comprobaré para saber si mi hijo realmente estuvo en eso que ella afirma”.

Cisneros también aseguró que quiere entregar información sobre otras líneas de investigación en torno al homicidio de su hijo.

“Hay denuncias; quiero ver a la codirectora para dárselas y que se ponga a trabajar de verdad como periodista profesional, no que cumpla su horario y se vaya. Ya publicó la nota, ahora la tiene que comprobar conmigo”.

Sobre el posible cobro de piso en los negocios de Ensenada, afirmó que su hijo se lo reservaba.

“Lo que siempre sucede es el cobro de piso; no se atreven a investigarlo. Mi hijo nunca me lo dijo directamente, yo ya lo había pasado hace algunos años; a mi hijo lo estaban atosigando, y ahora me entero”.

Señaló una supuesta colusión policial funciona así: “Llega la policía, hace su ‘pum pum’, ya cierra y se va”. Negó la línea de investigación sobre una posible colusión de Cisneros Salcedo que la Fiscalía confirmó a ZETA.

“Era una persona noble, apoyaba a su papá, a su mamá, a su hermano, a su exmujer, a sus nietas y sobrinas. Que venga y diga que está con el cártel… se lo digo con firmeza porque yo también tengo el derecho de ejercer mi réplica”.

Sin embargo, Cisneros Romero no buscó a ZETA en junio, cuando se publicó en este Semanario una investigación sobre las ligas entre sus empresas y las de otros como Fernando Salgado o Jesús González Lomelí, este último señalado por la OFAC y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus nexos con la Mayiza, en donde figura la ex alcaldesa y hoy diputada federal por Morena, Araceli Brown.

“Que me compruebe y yo le puedo demostrar con cuentas bancarias. No se vale que se publique eso”, acusó Cisneros Romero antes de tocar la puerta de las oficinas de ZETA y exigir a la recepcionista hablar con Navarro Bello y cuestionar cuantas entradas y salidas tenía el inmueble.

La información contenida en la edición del viernes 31 de ZETA incluye a la empresa Cisgo y está disponible en el Registro Público de la Propiedad y el Registro Público de Comercio.

Entre socios de Cisneros en la citada empresa figura Jesús González Lomelí, quien aparece en listas que también son de dominio público del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus presuntos vínculos con miembros del crimen organizado, en particular con Alfonso y René Arzate García, operadores del Cártel de Sinaloa en Baja California.

Asimismo, información del Registro Público de Comercio indica que Cisneros participaba como socio en al menos tres compañías relacionadas con la industria alimentaria: Procesadora de Alimentos Alibaja, S.A. de C.V., Comercializadora Con Sabor a México, S.A. de C.V. y Alimentos Cisgo, S.A. de C.V., esta última al parecer fue disuelta.

Más información pública vinculan a los Cisneros con FJP & M, S.A. de C.V., propiedad de Fernando Rafael Salgado Chávez, originario de Guadalajara, quien, junto con el empresario Álvaro Vidal Velasco, constituyó el Grupo Xavkar, S.A. de C.V.

El mismo viernes 31 de octubre, ZETA y la codirectora Adela Navarro Bello, recibieron llamadas de alerta ante las amenazas de Cisneros Romero, de parte del Mecanismo de Protección Federal, el Mecanismo de Protección Estatal, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad del Estado, la Presidencia Municipal de Tijuana.

Dado que además de las amenazas y exigencias vociferadas en la banqueta frenta a ZETA contra el medio y su codirectora, cuando fue evidente que la solicitada no se encontraba en las instalaciones, uno de los blogueros que lo acompañó a su improvisada conferencia de prensa, le alertó y conminó a que fuera a buscar a la periodista del Semanario a su domicilio particular, proporcionándole, además, la ubicación de su casa.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan al periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez en Durango

Desde el inicio del siglo, la organización contabiliza 174 asesinatos y 31 desapariciones de periodistas en la república.

La Fiscalía General de Durango confirmó este lunes el asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez, en ese estado en el norte de México, y quien había denunciado las actividades del crimen organizado en la zona, en medio de la ola de violencia que vive el país.

El cuerpo de Beltrán Martínez, de 60 años, fue hallado sin vida con huellas de violencia y un mensaje amenazante en la carretera que conecta el estado de Durango con el vecino estado de Sinaloa, en el occidente, según reportaron medios locales.

Su hijo identificó el cuerpo el domingo cuando este había sido trasladado a las instalaciones forenses.

En la actualidad, Beltrán contaba con un perfil en la red social TikTok en el que difundía información del estado de Durango bajo el nombre de ‘Capo’.

El comunicador, de 60 años, había sido colaborador de medios como Contexto de Durango y La Voz de Durango, y también trabajó como reportero policíaco y cronista deportivo.

En 2025, siete periodistas han sido asesinados en México, según la organización de defensa de la libertad de expresión y derecho de la información, Artículo 19.

Desde el inicio del siglo, la organización contabiliza 174 asesinatos y 31 desapariciones de periodistas en la república.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Reportero de Tehuantepec es amenazado por policías y marinos durante cobertura

El periodista Francisco Abigail Hernández, de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, fue víctima de amenazas y bloqueo informativo por parte de elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina mientras realizaba una cobertura periodística el pasado 17 de octubre.

De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron durante una transmisión en vivo sobre una protesta vecinal y una movilización magisterial. El comisario Humberto Canún Silva se acercó junto con tres marinos y le exigió retirar su motocicleta, su herramienta de trabajo, bajo el argumento de que estaba en “zona prohibida”. Aunque explicó que se encontraba en una carretera federal sin restricción alguna, minutos después el mando policial regresó para amenazarlo con detenerlo.

El reportero relató que, al advertir por teléfono a un contacto que informara a la presidenta municipal sobre el intento de arresto, el jefe policiaco se retiró del lugar. La organización ARTÍCULO 19 México y Centroamérica documentó el caso y recordó que las autoridades mexicanas tienen la obligación de prevenir, proteger y procurar justicia frente a cualquier agresión a la libertad de expresión y de prensa.

ARTÍCULO 19 exigió al Ayuntamiento de Tehuantepec abstenerse de intimidar y obstaculizar el trabajo periodístico, así como capacitar a sus cuerpos policiales en materia de derechos humanos. También llamó al Gobierno de Oaxaca a garantizar la seguridad de periodistas en todo el estado y a reconocer su papel como representantes de la sociedad civil.

COMUNICADO:

Reportero de Tehuantepec, Oaxaca, es víctima de amenazas y bloqueo informativo por policías municipales y marinos

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2025. El 17 de octubre, Francisco Abigail Hernández, reportero de 50 Bravo Noticias y el periódico Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, fue víctima de amenazas a la integridad y de bloqueos informativos. Los hechos ocurrieron cuando el periodista acudió al municipio de Santo Domingo de Tehuantepec, Oaxaca, con la finalidad de dar cobertura periodística a una protesta de habitantes de la colonia Buenos Aires, así como a las movilizaciones de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Al estar haciendo la transmisión en vivo, a través de la página en Facebook del medio 50 Bravo Noticias, en una patrulla, se le acercó Humberto Canún Silva, comisario de la Policía Municipal, acompañado de tres militares de la Secretaría de Marina. Las autoridades le exigieron que retirara su motocicleta -la cual es su herramienta de trabajo-, con el argumento de que estaba estacionado “en zona prohibida”. El comunicador informó que estaba realizando una cobertura periodística en una carretera federal, sin ninguna indicación de limitación para el público. Ante esta respuesta las autoridades se retiraron.

Al finalizar la transmisión, el comisario regresó, en conjunto con otra patrulla, y amenazó al periodista con detenerlo: ¡Párate ahí, te vamos a detener!». En este momento, el comunicador se encontraba en una llamada telefónica, por lo que “le pidió a su interlocutor que le avisara a la presidenta municipal que intentaban detenerlo” y, según el testimonio del afectado otorgado a esta organización, “al escuchar esto el jefe policiaco arrancó la patrulla y se fue de inmediato del lugar”.

 ARTICLE 19 México y Centroamérica recuerda que:
  • De conformidad con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es obligación de las autoridades mexicanas prevenir, proteger y procurar justicia frente al derecho a la libertad de expresión y prensa. Esto incluye la capacitación sistemática a personas funcionarias públicas, con énfasis en cuerpos policiales y de seguridad, sobre el papel de los periodistas en toda democracia.
  • De acuerdo con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión cualquier amenaza, intimidación o presiones directas o indirectas para silenciar al periodismo, atenta de manera directa contra la libertad de expresión.
En vista de lo anterior, ARTICLE 19 exige:
  • Al Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, atender a cabalidad su obligación, conforme al derecho nacional e internacional, de respetar y proteger la labor periodística, lo que implica abstenerse de intimidar, obstaculizar e interferir las coberturas que realizan las personas comunicadoras en México.
  • A la Policía Municipal de Tehuantepec coadyuvar en el mismo sentido y en materia preventiva. Esta misma institución debe de capacitar de manera sistemática a los cuerpos policiales en relación con el derecho a la libertad de expresión y de prensa, a fin de guiar su actuar desde un enfoque de derechos humanos.
  • Al Gobierno del Estado de Oaxaca brindar las garantías de seguridad para el ejercicio de la labor periodística en todo su territorio, sin menoscabo de los derechos de los comunicadores como representantes de la sociedad civil que son.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Equipo de seguridad de Sheinbaum golpea al periodista Sergio Ocampo en Guerrero; Presidencia suspende al agresor

Tras la agresión al periodista de Guerrero Sergio Ocampo Arista por personal de seguridad de Claudia Sheinbaum, Presidencia informó que ya investiga los hechos y el presunto responsable fue suspendido.

Un escolta de la presidenta Claudia Sheinbaum golpeó al director de la radio universitaria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UaGro) y corresponsal de La Jornada, Sergio Ocampo Arista, cuando trataba de salir de las vallas metálicas que fueron colocadas en el campo de fútbol del Polideportivo donde se desarrolló el evento público de la mandataria.

José Miguel Sánchez, reportero de El Sur, relató que cuando terminó el acto de la presidenta Claudia Sheinbaum los escoltas los encerraron en un corral de vallas metálicas.

“Yo tenía que cumplir con una orden de trabajo para entrevistar a un funcionario y me brinqué de la valla y cuando un guardia me jaloneo Sergio Ocampo entró en mi defensa y ahí fue cuando el escolta le pegó un puñetazo en la cara y luego le aventó una silla”, expresó José Miguel.

Sergio Ocampo resultó con una herida en el ojo derecho.
Tras la agresión al periodista, casi un centenar de miembros de la prensa condenaron el hecho y exigieron que se abra una investigación contra el sevidor público federal.

“En el hecho reprobable también resultó agredido el compañero reportero José Miguel Sánchez del periódico El Sur”, dice el documento firmado por los periodistas de Guerrero.

Al respecto, la Coordinación General de Comunicación y Vocería del Gobierno de la República informó que ofreció una disculpa al periodista Sergio Ocampo.

También informaron que la persona involucrada en la agresión fue suspendida en tanto se realizan las investigaciones “y se tomarán las medidas en consecuencia”.


Asimismo, la Coordinación de Comunicación Social de Guerrero publicó en sus redes sociales que mantienen un “respeto absoluto a la labor periodística” y lamentaron los hechos ocurridos esta tarde en Chilpancingo, entre un colaborador del Gobierno Federal y el periodista Sergio Ocampo Arista.

“Expresamos nuestra solidaridad con el periodista Sergio Ocampo Arista y nuestro categórico rechazo a cualquier acto de agresión en contra de la prensa”.

En su publicación, el Gobierno de Guerrero reconoció la decisión del Gobierno Federal de separar de sus funciones al colaborador involucrado.


FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/EL TLACOLOL.

Cimac denuncia acoso judicial de la Fiscalía de Aguascalientes contra periodista

En un pronunciamiento, la organización expuso que, como directora del medio Péndulo Informativo, María del Refugio Martínez Guardado “ha enfrentado diversas formas de violencia: amenazas, hostigamiento y acoso judicial como represalia por su labor periodística”.

La organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac) denunció el acoso judicial de la Fiscalía General de Aguascalientes en contra de la periodista María del Refugio Martínez Guardado, quien desde 2022 ha sido vulnerada en su derecho al ejercicio de la libertad de expresión y a la seguridad jurídica.  

En un pronunciamiento la organización expuso que, como directora del medio Péndulo Informativo, Martínez Guardado “ha enfrentado diversas formas de violencia: amenazas, hostigamiento y acoso judicial como represalia por su labor periodística”.

Agregó que el 15 de julio, tras la publicación de una nota crítica sobre la actuación del fiscal estatal Manuel Alonso García, “María de Refugio fue citada nuevamente por el juzgado de Control y Juicio Oral Penal de Aguascalientes, reabriendo un proceso del que había sido absuelta en 2023”.  

A manifestar su preocupación por el uso indebido de las herramientas jurídicas en perjuicio de la periodista, Cimac exigió a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes garantizar “absoluta transparencia” en el litigio emprendido contra María del Refugio, “asegurando en todo momento el respeto a los derechos humanos de la periodista, sin admitir prácticas dilatorias ni indebidas que vulneran su derecho a la defensa y a la libertad de expresión”.  

Cimac reiteró que “el acceso a la justicia con perspectiva de género, la protección judicial efectiva y la garantía del derecho a informar son condiciones indispensables para el ejercicio libre y seguro de periodismo”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Alcalde de Piedras Negras ataca a reportera; preguntó si se haría antidoping

Jacobo Rodríguez González, Alcalde de Piedras Negras, generó polémica tras encarar a una reportera luego de que ésta le planteara una pregunta sobre si estaría dispuesto a someterse a un examen antidoping.

El Alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez González, protagonizó un controversial momento la mañana de ayer, cuando, al ser interrogado por una reportera sobre si estaría dispuesto a someterse a un examen antidopaje, respondió de forma alterada.

El hecho ocurrió el miércoles 13 de agosto durante la conferencia matutina del Presidente Municipal, espacio en el que una de las periodistas presentes le planteó el cuestionamiento antes mencionado.
"¿Estaría usted dispuesto a someterse también a pruebas de antidoping e informar a la ciudadanía de su resultado toxicológico para poner el ejemplo como primera autoridad?", fue la pregunta elaborada por la reportera, a raíz de que Rodríguez González habló en días pasados sobre estar a favor de realizar ese tipo de exámenes a miembros del departamento de bomberos local, así como a otras instituciones.
Ante la pregunta, el Alcalde, quien forma parte del partido Morena, cuestionó a la comunicóloga, con un tono de voz claramente molesto, el porqué de su interrogante, la cual tomó como un intento de atacarlo personalmente.
"Nunca vienes a la 'mañanera' y hoy vienes a quererme atacar de esa manera. ¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que yo ando drogado?", respondió el morenista.
"¿Qué es lo que quieres lograr?", añadió el Presidente Municipal, quien encaró a la periodista y le reclamó por qué no hacía ese tipo de preguntas a otros personajes como Manolo Jiménez, actual Gobernador de Coahuila.
Del mismo modo, Rodríguez González señaló a la reportera de no trabajar, pues consideró que únicamente se dedica a estar "molestando" a los regidores de la entidad y a quitarles el tiempo.
"Aburres ahí. No haces nada. Quitas el tiempo nada más", reprochó el político a la reportera, a quien posteriormente se le quitó el micrófono que sostenía para evitar que continuara con sus cuestionamientos.
Alcalde denuncia "golpeteo político"

Luego de viralizarse el video sobre el intercambio de palabras entre Jacobo Rodríguez González y la reportera, el Presidente Municipal de Piedras Negras compartió un video en sus redes sociales para abordar el tema, al cual se refirió como un intento de golpeteo político.
En su video, el morenista afirmó que la comunicóloga es y siempre ha sido adversaria a su Gobierno, aunque reconoció que debió haber respondido de forma clara y sin evasivas.
"Yo debí haber contestado: 'Claro que me hago el antidoping junto con todo mi Gabinete'. Y claro que estoy dispuesto a hacerlo, 100 por ciento, pero, bueno, es parte del golpeteo político, es parte del periodismo chayotero que existe aquí en Coahuila", dijo.
Finalmente, el político apuntó que sus adversarios están "muy enojados" por los buenos resultados de su gestión, al presumir que Piedras Negras es la "frontera más segura del país" y la "segunda ciudad más segura de México", según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Periodistas ofrecen disculpas públicas a gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por violencia política de género

El Tribunal Electoral de Campeche ordenó a tres periodistas disculparse con la gobernadora Layda Sansores por sus expresiones emitidas.

Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez Camal y Hubert Carrera Pali, periodistas del medio La Barra Noticias, ofrecieron disculpas públicas a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por emitir expresiones que constituyeron “violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”.

Las disculpas se emitieron en cumplimiento a una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), la cual fue apelada por los periodistas, sin embargo, fue ratificada por la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Este sábado 9 de agosto, en la página de Facebook y de Youtube de La Barra Noticias, se publicó un video en el que los periodistas, cada uno por su cuenta, leen el texto para cumplir con el fallo de la autoridad electoral.

“En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la gobernadora constitucional del estado de Campeche, porque las expresiones emitida en un programa de Youtube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”.


Cabe destacar que el periodista Abraham Martínez Caamal, quien administra el portal digital El Reportero del Crimen, cuenta con otras cinco denuncias de autoridades estatales que lo acusan de presunto daño moral, violencia política de género y difamación.

Lo anterior ocurre mientras la gobernadora Layda Sansores se encuentra de vacaciones en los Países Bajos, lo cual desató críticas al igual que otros lujosos viajes de diversos morenistas y que su equipo argumentó como un “derecho básico”.

Esta no es la primera vez que la mandataria denuncia a comunicadores por su labor. Un juez ordenó que un censor judicial revise las publicaciones del periódico Tribuna mientras que una persona acompañe al periodista Jorge Luis González Valdez en sus actividades para supervisar si se refiere a la gobernadora.

Dicha resolución fue criticada por organizaciones como Artículo 19 y defensores de derechos humanos, quienes la consideraron como excesiva y en contra de la libertad de expresión.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Autoridades amenazan y encarcelan al periodista Esaú Zavaleta en San Pedro Huamelula, Oaxaca

Autoridades de la agencia de Playa Grande en el municipio de San Pedro Huamelula en la costa oaxaqueña, detuvieron y encarcelaron al periodista Esaú Zavaleta, durante una asamblea realizada este 04 de agosto, mientras daba cobertura periodística a una denuncia ciudadana.

El periodista relató que acudió a la asamblea de la comunidad, luego de ser invitado por personas de la población para recoger su testimonio sobre la intención de las autoridades de la localidad para derribar un árbol maderable en peligro de extinción, y que se encuentra al interior del domicilio de la joven Deysi Abigail, quien también ha sido intimidada y amenazada por las autoridades.

Luego de ser puesto en libertad, el periodista señaló en una entrevista en vivo que “En esta asamblea se cometieron delitos contra mi persona, uno de ellos, me privaron de libertad, me coartaron mi libertad de expresión como periodista, me amenazaron y me mantuvieron retenido en la cárcel de la agencia municipal”.

El periodista relató que durante su detención, pudo ver cómo algunos topiles amedrentaban a la joven, la obligaron a disculparse en un video público, la intimidaron y se burlaron de ella, con la advertencia de que si no lo hacía también la metían a la cárcel.

Señaló que lo peor fue que en esa asamblea se encontraba el presidente municipal de San Pedro Huamelula, Daniel Gutiérrez Peña, quien no intervino y permitió que fuera agredido y encarcelado.

“Afortunadamente cuando me detuvieron pude grabar el audio, ahí el agente municipal decía que el reportero se comportó grosero y por eso lo encerraron, eso no es cierto, aquí tengo la evidencia, el audio de cómo estaba platicando de ella, de cómo me sometieron y me metieron a la cárcel”.

Esaú Zavaleta fue liberado tras difundirse en medios de comunicación que fue detenido de manera arbitraria en la agencia municipal de Playa Grande. Una vez que obtuvo su libertad acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia contra las autoridades de la agencia de Playa Grande y los topiles que lo amenazaron, sometieron y encarcelaron.

La denuncia del comunicador fue recibida por el Secretario General del Sindicato Nacional de Medios de Comunicación, quienes le brindarán acompañamiento jurídico y todo el respaldo de los medios de comunicación para no permitir más estas violaciones a la libertad de expresión.

FUENTE: EDUCA OAXACA.
AUTOR: EDUCA OAXACA.
FECHA: 4 AGOSTO 2025.

Fotoperiodista denuncia segundo cateo ilegal en su casa en Comitán

Ante la falta de explicaciones oficiales y el temor por su seguridad, Velasco Gordillo se ha visto forzada a abandonar su hogar, sin que las autoridades le hayan ofrecido hasta el momento ninguna aclaración, protección u orden judicial para el allanamiento.

La fotoperiodista Luz del Alba Velasco Gordillo, denunció nuevamente que su domicilio ubicado en el barrio Cruz Grande, en la ciudad de Comitán de Domínguez, fue cateado en dos ocasiones distintas, no sólo una como se había reportado inicialmente. 

Ante la falta de explicaciones oficiales y el temor por su seguridad, Velasco Gordillo se ha visto forzada a abandonar su hogar, sin que las autoridades le hayan ofrecido hasta el momento ninguna aclaración o protección.

Explicó que, en el primer cateo, las cámaras de video vigilancia que mantiene en la entrada de su domicilio registraron, la noche del 11 de julio a las 23:39 horas; primero llegó una camioneta Suzuky Jimny color blanca con quemacocos, sin ningún sello oficial. 

“Llegan alrededor de 20 personas con chamarras y algunos con las manos en los bolsillos; son policías municipales, personal militar y civiles, dos más personas se acercan al portón de la casa, ven la forma de la chapa y los sostenes de candado, aparece una mujer uniformada, mientras que, en la calle, 16 vehículos cierran la calle suman”.  

Velasco Gordillo relató que, al no abrir el portón, lo rompieron a la fuerza, “entonces entran los que están armados y con linternas comienza a inspeccionar, entran a la casa otros 10 y otros 10 elementos armados, se quedan afuera, unos llevan armas otros las manos en el bolsillo. Uno de ellos parece anotar. Luego de 10 minutos de estar con linternas, se van como llegaron, dejan el portón a medio cerrar, y vuelven a la mañana siguiente 12 de julio con mayor número de elementos, desplegándose con preponderancia”. 

Para la fotoperiodista, la ejecución de dos cateos agrava la percepción de hostigamiento, por lo que tiene miedo y ha decidido no regresar a su casa, por temor a nuevas represalias y por su seguridad. 

Señaló que, hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado de Chiapas no le ha ofrecido una explicación oficial sobre los motivos de estos cateos. Tampoco se ha presentado ninguna orden judicial que justifique los allanamientos. 

Velasco Gordillo comentó que el día que hizo la denuncia pública recibió una llamada del Fiscal de Distrito de Comitán, quien solo le comentó que el cateo obedeció a una denuncia ciudadana que acusó narcomenudeo. 

“Exijo una investigación a fondo, quien hizo esa “llamada ciudadana”, así como también demandó la explicación y transparencia de esos cateos, y que se garanticen mis derechos humanos y de los que me rodean”. 

La periodista reitera que estos hechos están directamente relacionados con su trabajo, ya que ha cubierto temas sensibles como la violencia, el desplazamiento forzado y la presencia de grupos armados en la zona fronteriza de Chiapas. Ella teme que estos allanamientos busquen intimidarla o, incluso, “sembrar” pruebas en su contra para criminalizarla. 

El caso ha generado una amplia condena y preocupación en la comunidad periodística y en organizaciones de derechos humanos, quienes ven en este acto una grave violación a la libertad de expresión y un riesgo para el ejercicio del periodismo en México. 

La falta de una respuesta clara por parte de las autoridades y la situación de desprotección y miedo que vive Luz del Alba Velasco, ponen de manifiesto los desafíos y riesgos que enfrentan los periodistas en Chiapas, un estado donde la violencia y la impunidad son una preocupación creciente. 

La periodista ha dirigido cartas a diversas autoridades y organismos de derechos humanos, incluyendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a organizaciones de defensa de periodistas como Artículo 19, solicitando su intervención y, crucialmente, medidas de protección para garantizar su integridad y su seguridad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

Denuncian a un periodista cada tres semanas en México; litigios buscan restringir libertad de expresión, advierte Artículo 19

Entre el último año del sexenio de AMLO y los primeros dos meses del de Sheinbaum se registraron 21 denuncias contra periodistas que incluyen demandas por daño moral y por violencia política de género, de acuerdo con un informe de Artículo 19.

Una jueza en Campeche ordenó que el medio Tribuna de Campeche cuente con un censor oficial y que el periodista Jorge Luis González Valdez sea supervisado en sus coberturas, como parte de medidas cautelares en un proceso penal por presunta incitación al odio tras publicaciones sobre la gobernadora Layda Sansores.

Estas medidas han sido rechazadas por González Valdez, quien sostiene que constituyen una forma de censura.

Al respecto, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, consideró en entrevista con Animal Político, como te contamos en esta nota, que estas medidas son un exceso y ponen en riesgo la libertad de expresión tanto en Campeche como en el país.

“No tiene ninguna base, es una aberración jurídica, es un ataque directo a la Constitución por parte de esta jueza. Y evidentemente eso pues tiene que ser revertido de inmediato por parte de los tribunales federales en el caso de que acuda al juicio de amparo”, dijo Maldonado.

Sin embargo, el caso entre Sansores y Valdez no es el único en el que se han utilizado denuncias penales contra periodistas como mecanismos para restringir la libertad de expresión.

Desde 2018 se han documentado 158 casos de acoso judicial contra periodistas, de acuerdo con datos de la organización Artículo 19. La organización señala que los procedimientos judiciales son utilizados como mecanismos para restringir la libertad de expresión.

En el último año del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y los primeros dos meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se registraron 21 casos de denuncias en contra de periodistas, que incluyen litigios con demandas por daño moral y acusaciones de violencia política de género para frenar investigaciones sobre políticos, según el informe “Barreras Informativas: Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información” de Artículo 19.

En promedio en 2024 se inició un proceso contra periodistas cada tres semanas. “El 28.57% de estas denuncias sucedieron en el marco electoral por violencia política de género”, indica el documento. Seis de éstos fueron por denuncias de presunta violencia política de género en contra de candidatas a un cargo de elección popular. “Lo que implica que las candidatas que hicieron estas denuncias hayan aprovechado esta medida para proteger intereses propios”, aseguró la organización en el informe.

En mayo de este año se dio un caso similar que afectó al periodista Héctor de Mauleón. La entonces candidata al Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras, denunció violencia política en razón de género y calumnia, por una columna de opinión en la que Mauleón denunció que Contreras mantenía nexos con una red de corrupción. 

Ante estas acusaciones, el tribunal local ordenó al periodista abstenerse de escribir sobre ella, además de su inscripción al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

Contreras será magistrada presidenta del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó su elegibilidad y triunfo tras desechar las impugnaciones del PAN y una ciudadana.

Sin embargo, las denuncias contra periodistas no se limitan a las presentadas por autoridades, ya que particulares también han acudido a las fiscalías para promover investigaciones contra comunicadores que consideran incómodos.

El caso más conocido de este hostigamiento fue cuando Grupo Salinas y Banco Azteca interpusieron una denuncia en contra de 20 usuarios de la red social X, entre ellos había periodistas y comunicadores que cubrían el desempeño empresarial del conglomerado. Los procesos judiciales fueron iniciados por una presunta “campaña de desprestigio y terrorismo financiero”.


En un caso similar entre los promovidos por particulares, el 15 de enero de 2025 Animal Político fue notificado de que el medio y una de sus periodistas habían sido demandados por la vía civil por un ginecobstetra prófugo de la justicia que ha sido señalado por más de 30 mujeres.

La historia, enmarcada en la problemática generalizada de violencia obstétrica, fue publicada por el medio desde marzo de 2023, y condujo a la formación del colectivo Con Ovarios, que presentó diversas denuncias penales contra el médico.

Ante la demanda civil que él promovió contra el medio y la periodista, la jueza Ana Mercedes Medina Guerra, del Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, favoreció al denunciante quien tiene una orden de aprehensión activa desde diciembre de 2024, concediéndole medidas cautelares que impiden a este medio seguir publicando sobre el caso. Organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado en el sentido de que se trata de un caso más de acoso judicial con fines de censura previa.

Periodistas sufren agresiones, pero no denuncian

En contraste, pese a que las agresiones contra periodistas no cesan, solo uno de cada tres presenta una denuncia ante una fiscalía estatal o federal, según otro informe, también de Artículo 19, titulado “Derechos pendientes”, publicado en 2024.

Lo anterior responde a que son las propias autoridades públicas las que en el 45 % de los casos cometen agresiones físicas contra las y los periodistas, también de acuerdo con el mismo informe.

Solo en 2024 se documentaron 639 agresiones en contra de periodistas y comunicadores, de los cuales 287 (que representan el 44.91 %) fueron ordenados directamente por funcionarios públicos, fuerzas de seguridad o fuerzas armadas; 145 casos (22.70 %) fueron ordenados por particulares; seguido de partidos políticos con 28 agresiones (4.38 %) e integrantes del crimen organizado con 21 casos (3.29 %). Los 158 casos restantes no pudieron ser corroborados. 

Además, existe una gran desconfianza en las autoridades. El 84.77 % de casos de violencia llevados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), permanecen en impunidad.

Esto en un contexto en el que los funcionarios públicos, incluidos alcaldes, policías y miembros del Poder Judicial, son señalados por sus presuntos vínculos directos con las organizaciones delictivas, lo que facilita que los crímenes en contra de periodistas permanezcan impunes y que cada vez sean menos denunciados, dice el informe.

Además, se tiene registro de 47 periodistas asesinados y 31 desaparecidos durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Con el gobierno actual, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se han registrado al menos 10 asesinatos de periodistas desde octubre de 2024 hasta abril pasado.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: GUADALUPE FUENTES.

Acusan a agentes de la FGE de extorsionar a periodista detenida en Cuautla

La periodista continúa privada de la libertad desde la tarde del miércoles y testimonios recabados por el medio apuntan a un presunto intento de extorsión por parte de los agentes.

Carolina Olvera, reportera y directora del medio Entre Noticias y Más Noticias Morelos, fue detenida por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, en Cuautla, tras ser acusada de conducir un vehículo presuntamente con reporte de robo.

La periodista continúa privada de la libertad desde la tarde del miércoles y testimonios recabados por el medio apuntan a un presunto intento de extorsión por parte de los agentes.

De acuerdo con Tessy Zamora, reportera de Redacción Morelos y acompañante de Olvera durante el operativo, ambas se dirigían a un cajero automático en la Central de Abastos de Cuautla cuando fueron interceptadas por personas que se identificaron como agentes ministeriales. Relata que no portaban identificación visible, no leyeron sus derechos y procedieron a una revisión del vehículo.

Según el testimonio, los oficiales señalaron que la camioneta —una Ford blanca— era de procedencia ilícita.

Posteriormente, exigieron una suma inicial de 10 mil pesos para permitirles retirarse. Al recibir apoyo de familiares, la cifra presuntamente se incrementó a 50 mil pesos. Uno de los agentes habría dicho: “Son cincuenta mil para que su familiar se quede, pero el vehículo nos lo llevamos”.

El vehículo fue remolcado, y Carolina Olvera trasladada por hombres sin la presencia de agentes mujeres, lo que, según especialistas en derechos humanos consultados, podría representar una violación al debido proceso. La reportera mostró su identificación como periodista, sin embargo, una de las respuestas que recibió fue: “Me vale madre”.

Familiares de Olvera consultaron el Registro Público Vehicular (Repuve) y aseguraron que no existe reporte de robo. Posteriormente se les informó que el supuesto reporte data de un incidente ocurrido hace dos años en Jalisco, aunque la unidad ha circulado sin restricciones en Cuautla, e incluso ha sido verificada en operativos federales.

Periodistas de la zona oriente de Morelos condenaron los hechos y exigieron una investigación imparcial. Señalaron que no es un caso aislado y que se han documentado otros intentos de extorsión similares por parte de agentes de la FGE. Asimismo, solicitaron la intervención de la gobernadora Margarita González Saravia, de la coordinadora de Comunicación Social del estado, Margarita Estrada, y del fiscal general, Edgar Maldonado Ceballos, para garantizar la integridad de Olvera y esclarecer los hechos.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un posicionamiento oficial. La reportera continúa detenida en espera de que se resuelva su situación legal.

Exigen periodistas del oriente liberación de Carolina Olvera y sanción a agentes

Periodistas de la región oriente de Morelos, mediante un pronunciamiento, exigieron la liberación inmediata de la reportera Carolina Olvera, detenida el miércoles por la noche en Cuautla, y solicitaron una investigación a fondo contra los agentes de la Fiscalía que presuntamente incurrieron en detención arbitraria e intento de extorsión.

A través de un pronunciamiento, el gremio condenó el operativo y denunció violaciones a derechos humanos y falta de perspectiva de género, ya que fueron solo hombres quienes detuvieron a dos mujeres sin protocolos adecuados.

Pidieron la intervención de la gobernadora Margarita González Saravia, del fiscal general Edgar Maldonado, del fiscal anticorrupción Leonel Díaz Rogel, de la presidenta de la CDHEM, Nadxieli Carranco Lechuga, y de la secretaria de la Mujer, Clarissa Gómez Manrique.
Demandamos justicia y garantías para ejercer la labor periodística con libertad y seguridad.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

«México sigue siendo el país más peligroso de la región para los reporteros»: RSF

«México sigue siendo el país más peligroso de la región para los reporteros», con al menos ocho periodistas asesinados en lo que va de 2025, informó Reporteros Sin Fronteras (RSF).

«Pese a los compromisos asumidos por la presidencia y la implementación de mecanismos de protección, México sigue siendo el país más peligroso de la región para los periodistas. En julio, tres nuevos asesinatos en menos de una semana aumentaron el saldo total a nueve muertes desde enero, de las cuales ocho están probablemente relacionadas con su labor periodística», destacó la organización.

De acuerdo con las cifras, las ocho víctimas registradas por RSF equivaldrían a que casi dos periodistas fueron asesinados cada mes en 2025 en México, que ocupa la primera posición en la lista de países de América Latina más letales para el periodismo.

RSF precisó que de enero a julio de este año ha documentado el asesinato de 13 periodistas en toda la región, con lo que se supera la cifra para el mismo periodo del año pasado.

En México, los casos documentados por la organización incluyen el de Calletano de Jesús Guerrero, perpetrado en enero en el Estado de México «en circunstancias que revelan fallas en el sistema oficial»; Alejandro Gallegos de León, director de La Voz del Pueblo, que «había publicado investigaciones sobre el crimen organizado en el centro-norte del país»; y los de Kristian Uriel Zavala Martínez, reportero de El Silaoense.Mx, y Raúl Irán Villarreal Belmont, periodista del medio comunitario Observatorio Ciudadano, que fueron asesinados en Guanajuato, donde investigaban sobre violencia estatal y desapariciones forzadas.

La organización también sigue las investigaciones de José Carlos González Herrera, director del medio digital El Guerrero Opinión Ciudadana, asesinado por hombres armados en el centro de Acapulco, Guerrero; de Salomón Ordoñez, fundador de la página Shalom Cuetzalan Producciones en Facebook, asesinado en un ataque armado en junio en el estado de Puebla; y de Ángel Sevilla, periodista y director del medio digital Noticias 644, asesinado el 7 de julio en Cajeme, Sonora.

Finalmente, RSF destacó los casos de Melvin García, periodista de investigación hallado sin vida el pasado 8 de julio en Cozumel, Quintana Roo, a donde había regresado luego de exiliarse por persecuciones relacionadas con un libro en el que denunció la implicación de un exgobernador en un crimen cometido en 1999; y de Ronald Paz Pedro, administrador de la página informativa Ronald Paz NotiExpress Pedro en Facebook, asesinado a balazos en Guerrero.

«Aunque se han abierto investigaciones en la mayoría de estos crímenes, con frecuencia no se resuelven, lo que perpetúa un clima de miedo y obstaculiza el ejercicio del periodismo», condenó RSF en referencia a los 13 casos documentados hasta el momento en los países de la región, a cuyos gobernantes urgió adoptar o reforzar medidas de protección para los periodistas y poner fin a la impunidad que rodea estos crímenes.

COMUNICADO:

Desde enero pasado, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha documentado el asesinato de al menos trece periodistas en América Latina. Esta cifra ya supera los nueve casos registrados durante todo el año 2024, lo que confirma un preocupante aumento de la violencia mortal contra la prensa. Los periodistas locales que trabajan sobre temas sensibles son los más atacados. México sigue siendo el país más peligroso de la región para los reporteros. Ante esta escalada, RSF hace un llamado urgente a los Estados latinoamericanos para que adopten o refuercen medidas de protección para los periodistas y pongan fin a la impunidad que rodea estos crímenes.

Entre enero y julio de 2025, al menos trece periodistas fueron asesinados simplemente por ejercer su profesión y brindar información de interés público a las poblaciones de sus respectivos países. Durante este periodo, RSF registró ocho asesinatos en México, dos en Perú, uno en Colombia, uno en Guatemala y uno en Ecuador, probablemente relacionados con el ejercicio periodístico.

La mayoría de las víctimas trabajaban en medios locales o comunitarios y cubrían temas sensibles como la corrupción, el crimen organizado, el medio ambiente… Varias de ellas ya habían recibido amenazas o eran objeto de campañas de difamación. Dos periodistas incluso estaban bajo protección policial en el momento de su muerte. Aunque se han abierto investigaciones en  la mayoría de estos crímenes, con frecuencia no se resuelven, lo que perpetúa un clima de miedo y obstaculiza el ejercicio del periodismo.

“RSF condena los asesinatos de al menos trece periodistas en América Latina ocurridos durante los primeros siete meses del año 2025. Esta tendencia confirma el grave deterioro de las condiciones de seguridad para la profesión en la región, en especial para quienes investigan temas delicados. RSF denuncia la persistencia de la impunidad y la falta de voluntad política suficiente que alimenta esta violencia. Exigimos a los Estados que refuercen las garantías de seguridad para la prensa, mejoren los mecanismos de protección y lleven a cabo investigaciones rápidas, independientes y exhaustivas.

Artur Romeu

Director, RSF América Latina

México: casi dos periodistas asesinados cada mes

Pese a los compromisos asumidos por la presidencia y la implementación de mecanismos de protección, México sigue siendo el país más peligroso de la región para los periodistas. En julio, tres nuevos asesinatos en menos de una semana aumentaron el saldo total a nueve muertes desde enero, de las cuales ocho están probablemente relacionadas con su labor periodística.
  • En el Estado de México, Calletano de Jesús Guerrero, inscrito desde 2014 en un programa federal de protección tras recibir amenazas, fue asesinado en enero de 2025 en circunstancias que revelan fallas en el sistema oficial.
  • Otro caso es el de Alejandro Gallegos de León, director de La Voz del Pueblo, también asesinado en enero. Su medio había publicado investigaciones sobre el crimen organizado en el centro-norte del país.
  • El 2 de marzo, Kristian Uriel Zavala Martínez, reportero de El Silaoense.Mx, y Raúl Irán Villarreal Belmont, periodista del medio comunitario Observatorio Ciudadano, fueron asesinados en el estado de Guanajuato, gravemente afectado por la violencia del crimen organizado. Ambos investigaban sobre violencia estatal y desapariciones forzadas.
  • En mayo, José Carlos González Herrera, director del medio digital El Guerrero Opinión Ciudadana, fue asesinado por hombres armados en el centro de Acapulco, en el estado de Guerrero. Cubría temas locales como la seguridad, la política y las demandas ciudadanas en una de las regiones más peligrosas del país.
  • RSF también sigue de cerca la investigación sobre el asesinato de Salomón Ordoñez, fundador de la página Shalom Cuetzalan Producciones en Facebook, asesinado en un ataque armado en junio en el estado de Puebla. Las autoridades investigan un posible vínculo con su labor como periodista local.
  • En Cajeme, estado de Sonora, Ángel Sevilla, periodista y director del medio digital Noticias 644, fue asesinado el 7 de julio mientras transitaba  en moto. Cajeme es una de las municipalidades más violentas del estado, escenario de conflictos entre grupos criminales. El medio dirigido por Ángel Sevilla se había convertido en una fuente clave de información en tiempo real sobre el deterioro de la seguridad.
  • En Cozumel, estado de Quintana Roo, el cuerpo en avanzado estado de descomposición del periodista de investigación Melvin García fue hallado el 8 de julio. Había regresado a la región unos meses antes, luego de exiliarse por persecuciones relacionadas con un libro que publicó, en el que denunciaba la implicación de un exgobernador en un crimen cometido en 1999.
  • El 9 de julio, pocos minutos después de transmitir en vivo un video sobre un hundimiento de calzada en Acapulco, Ronald Paz Pedro, administrador de la página informativa Ronald Paz NotiExpress Pedro en Facebook, fue asesinado a balazos. Desde hacía años cubría crímenes y compartía preocupaciones ciudadanas.
Una espiral de violencia fuera de control en la región

En Perú, dos asesinatos conmocionaron el panorama mediático. Gastón Medina Sotomayor, fundador y presentador del canal regional Cadena Sur TV, muy seguido en la municipalidad de Ica, fue asesinado en enero de 2025. Denunciaba la corrupción y criticaba la actuación de las autoridades locales. En mayo de 2025, Raúl Celis López, conductor de un noticiero matutino en Radio Karibeña, fue ejecutado en la ciudad de Iquitos. Recientemente había reportado haber recibido amenazas por su cobertura de temas ambientales y tráfico ilegal en la Amazonía peruana.

En Colombia, el asesinato del periodista independiente Óscar Gómez Agudelo en enero de 2025 se suma a un contexto ya crítico para los reporteros regionales que investigan los vínculos entre grupos armados y administraciones locales. El 5 de julio, Gustavo Chicangana Álvarez, director de la radio Guaviare Estéreo y corresponsal de Radio Caracol, sobrevivió a un intento de asesinato: tras tres disparos, el arma se atascó. Las autoridades consideran el incidente como un ataque dirigido, probablemente vinculado a sus reportajes sobre desplazamientos forzados y la presencia de grupos armados en la región.

En Guatemala, en marzo de 2025, Ismael Alonzo González fue asesinado frente a su domicilio, de un disparo en la cabeza por parte de individuos que luego huyeron. Dirigía Producciones Alonzo, una página de Facebook dedicada a noticias locales y comunitarias.

En Ecuador, el periodista Patricio Ernesto Aguilar Vásquez, editor en jefe del medio digital El Libertador, fue asesinado en marzo de 2025 en la ciudad costera de Esmeraldas. El medio, reconocido por su tono crítico y trabajo de investigación, había publicado días antes un informe sobre redes de corrupción que operaban en el puerto local.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

México sigue siendo el país más letal para periodistas en América Latina: RSF

La organización Reporteros Sin Fronteras también documentó el asesinato de 13 periodistas en América como en lo que va de 2025, lo que supera a los 9 de todo el año anterior.

México sigue siendo el país más peligroso de la región para ejercer el periodismo, advirtió Reporteros Sin Fronteras (RSF), en un artículo donde refirió que desde enero de 2025, ha documentado el asesinato de ocho periodistas en el país, de un total de trece homicidios registrados en América Latina.

“Pese a los compromisos asumidos por la presidencia y la implementación de mecanismos de protección, México sigue siendo el país más peligroso de la región para los periodistas”, señaló la organización.

En su informe, RSF destacó que “en julio, tres nuevos asesinatos en menos de una semana aumentaron el saldo total a nueve muertes desde enero, de las cuales ocho están probablemente relacionadas con su labor periodística”.

Entre los casos documentados, se encuentra el asesinato de Calletano de Jesús Guerrero, quien estaba inscrito desde 2014 en un programa federal de protección tras recibir amenazas.

Fue asesinado en enero en el Estado de México, “en circunstancias que revelan fallas en el sistema oficial“.

Otro caso es el de Alejandro Gallegos de León, director de La Voz del Pueblo, quien también fue asesinado en enero; su medio había publicado investigaciones sobre crimen organizado en el centro-norte del país.

En Guanajuato, el 2 de marzo, Kristian Uriel Zavala Martínez, reportero de El Silaoense.Mx, y Raúl Irán Villarreal Belmont, periodista del medio Observatorio Ciudadano, fueron asesinados.

“Ambos investigaban sobre violencia estatal y desapariciones forzadas“, documentó RSF.

En mayo, en Acapulco, Guerrero, José Carlos González Herrera, director del medio digital El Guerrero Opinión Ciudadana, fue asesinado por hombres armados mientras cubría temas locales sobre seguridad y política.

En Puebla, Salomón Ordoñez, fundador de Shalom Cuetzalan Producciones, fue asesinado en junio; las autoridades investigan un posible vínculo con su labor como periodista local.

En Sonora, el 7 de julio, Ángel Sevilla, director del medio Noticias 644, fue asesinado mientras circulaba en motocicleta; su medio era considerado “una fuente clave de información en tiempo real sobre el deterioro de la seguridad”.

En Quintana Roo, el cuerpo del periodista de investigación Melvin García fue hallado el 8 de julio en avanzado estado de descomposición, RSF recordó que García había regresado a la región tras exiliarse por amenazas previas.

El 9 de julio, en Acapulco, Ronald Paz Pedro fue asesinado a balazos pocos minutos después de transmitir en vivo un video sobre un hundimiento en la ciudad.

Ante este panorama, RSF advirtió que en México “casi dos periodistas son asesinados cada mes”, y señaló que los crímenes ocurren incluso contra periodistas bajo protección oficial.

Trece periodistas asesinados en América Latina en 2025: RSF

Desde enero de 2025, al menos trece periodistas fueron asesinados en América Latina, una cifra que ya supera los nueve casos registrados durante todo 2024, alertó Reporteros Sin Fronteras (RSF).

“Esta cifra ya supera los nueve casos registrados durante todo el año 2024, lo que confirma un preocupante aumento de la violencia mortal contra la prensa”, señaló el organismo.

Del total, ocho homicidios ocurrieron en México, dos en Perú y uno en Colombia, Guatemala y Ecuador, respectivamente.

RSF explicó que “la mayoría de las víctimas trabajaban en medios locales o comunitarios y cubrían temas sensibles como la corrupción, el crimen organizado, el medio ambiente”.

Varias de ellas ya habían recibido amenazas o eran objeto de campañas de difamación; dos periodistas incluso estaban bajo protección policial en el momento de su muerte.

“RSF condena los asesinatos de al menos trece periodistas en América Latina ocurridos durante los primeros siete meses del año 2025. Esta tendencia confirma el grave deterioro de las condiciones de seguridad para la profesión en la región, en especial para quienes investigan temas delicados”, indicó la organización.

En Perú, RSF documentó el asesinato de Gastón Medina Sotomayor, en Ica, y Raúl Celis López, en Iquitos; en Colombia, se reportó el asesinato de Óscar Gómez Agudelo, mientras que en Guatemala, Ismael Alonzo González fue asesinado frente a su domicilio y en Ecuador, el periodista Patricio Ernesto Aguilar Vásquez fue ejecutado en Esmeraldas.

RSF denunció “la persistencia de la impunidad y la falta de voluntad política suficiente que alimenta esta violencia” y exigió a los gobiernos que “refuercen las garantías de seguridad para la prensa, mejoren los mecanismos de protección y lleven a cabo investigaciones rápidas, independientes y exhaustivas”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Periodistas bajo acoso: en Veracruz usan ley de violencia de género para censurar medios críticos

Autoridades usan la figura “violencia política en razón de género” para censurar a 9 periodistas y 22 medios locales. El caso más grave involucra a 5 reporteros por notas desde 2021, donde se mencionó la liga familiar entre Mara Chama (excandidata del PVEM en Teocelo) y su padre, entonces alcalde.

La figura de violencia política en razón de género está siendo utilizada en Veracruz como herramienta jurídica para sancionar y silenciar a periodistas y medios generando preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP).

En los últimos meses al menos nueve periodistas han sido sancionados y enfrentan medidas como multas de hasta 10 mil pesos, el retiro de contenidos, disculpas públicas y la inscripción en registros de personas sancionadas.

También se han emitido sanciones contra otros 22 medios y una académica que emitieron opinión crítica sobre la sentencia. 

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)emitió la sanción más severa al resolver que cinco periodistas de diversos medios cometieron violencia política de género contra la excandidata a la presidencia municipal de Teocelo, Mara Yamileth Chama Villa, basándose en contenidos publicados desde 2021.

Aunque algunas publicaciones sólo mencionaban el parentesco con su padre –entonces alcalde de Teocelo–, todos fueron sancionados por igual, sin distinguir contexto ni tono.

En mayo de 2024 Chama Villa era candidata plurinominal a la diputación federal por el PVEM y presentó una queja para señalar que desde su participación en el proceso electoral ordinario 2020-2021 –en que fue candidata a la presidenta municipal– hasta el pasado proceso electoral federal 2023-2024 sufrió violencia política en razón de género por la publicación de notas periodísticas. 

La Sala Regional Especializada del TEPJF resolvió que los periodistas incurrieron en violencia política contra las mujeres al publicar contenidos que reforzaron estereotipos de género y minimizaron la trayectoria política de la denunciante.

La resolución dice que las notas, columnas, blogs y un spot radiofónico supeditaban su candidatura a la figura de su padre, entonces alcalde de Teocelo, lo que invisibilizaba sus propios méritos. “Se identificaron expresiones como ‘cumplirle el caprichito’, ‘heredarle el cargo’ o ‘la niña verde’, consideradas por el tribunal como formas de violencia simbólica, mediática, verbal, digital, psicológica, análoga e interpósita persona”.

Aunque en 2021 el caso del parentesco no representaba una violación a la ley, la reciente reforma constitucional que prohíbe el llamado “nepotismo electoral” le ha dado nueva relevancia al debate. 

Esta reforma, aprobada por el Congreso en abril último, establece que ninguna persona puede competir por un cargo de elección popular si ha tenido, en los tres años previos, un vínculo de parentesco, matrimonio o concubinato con un funcionario en funciones.

Sin embargo, cuando los señalamientos ocurrieron, esa legislación aún no existía. 

Sobre la sentencia contra periodistas, el voto particular de uno de los magistrados advirtió que, para establecer responsabilidad a los periodistas, era necesario probar que los contenidos antiguos tuvieron un efecto concreto en la elección de 2024. 

El magistrado advirtió que esto impone a los medios una carga irrazonable, al exigirles revisar todos sus archivos históricos para prever si podrían afectar a futuras candidaturas, algo que consideró inviable y riesgoso para la libertad de prensa.

La violencia política contra las mujeres se definió en la legislación federal y en leyes estatales como las acciones u omisiones dirigida a las mujeres por motivos de género con impacto desproporcionado que afectan, anulan o vulneran sus derechos políticoelectorales.

Radio Teocelo, sanción inédita

Sobre la sentencia, el periodista Élfego Riveros, de Radio Teocelo, considera que la sanción impuesta al medio comunitario por el uso de la figura de violencia política representa un hecho inédito en sus más de 60 años de existencia.

La sanción se basa en un spot satírico de un minuto, transmitido en 2021 durante el proceso electoral, en el que –según Riveros– se critican malas prácticas como el nepotismo, el chapulineo y las candidaturas heredadas.

“Pasamos ese spot tres veces y de ahí viene toda esta acometida que nos tiene ahora cumpliendo medidas de reparación: multa, disculpa pública y todo lo que está en la legislación”, explica.

“Estamos en este cumplimiento bajo protesta porque no estamos de acuerdo. En el fondo limita nuestra libertad de expresión y el derecho a la información de nuestras audiencias”, dice Riveros.

También explica que el medio ha recibido al menos ocho requerimientos entre el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral y el Organismo Público Local Electoral (OPLE), incluso por publicaciones de personas solidarias en redes sociales.

“Estamos prácticamente sin poder hablar, sin poder decir nada. Nos siguen castigando incluso por lo que dicen otros”.

Considera que la sanción responde a una intención de castigar políticamente al medio por su papel crítico en la vida pública local: “Es como un tipo de venganza política contra un medio que les ha quitado la máscara. ¿Por qué les estorba una pequeña radio? Porque somos el único medio que informa quiénes son y qué han hecho cuando han gobernado”.

Manipulación del término “violencia de género”

Tras esa sentencia, el caso escaló. Mara Yamileth, que también fue candidata a la presidencia municipal de Teolcelo por la alianza PVEM-Morena en la pasada elección del 1 de junio, interpuso nuevas quejas por violencia de género.       

El seis de junio denunció violencia de género por comentarios de la académica Celia del Palacio, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de la Universidad de Guadalajara. 

Después, el 28 de junio último, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordenó a 22 medios y perfiles en redes sociales eliminar notas que informaban sobre su intención de llegar a la presidencia local, pero el tribunal fue más allá: también sancionó publicaciones sobre críticas por considerar injusta la resolución del TEPJF contra cinco periodistas. 

La académica Celia del Palacio fue sancionada por emitir una cápsula editorial –retirada de Canal 44 por orden del OPLE–, donde comentó el caso de sanción contra periodistas por el uso indebido de la figura de violencia política en razón de género. Nunca se refirió directamente a la denunciante ni utilizó lenguaje ofensivo.

En entrevista para Proceso, la académica cuestiona que nunca fue notificada personalmente sobre la decisión: “Me parece muy grave esto que ocurre. Me dicen ‘Notifíquese por estrados’, quiere decir que yo me tengo que dar por enterada, ¿quién sabe cómo?”. 

Del Palacio advierte el uso excesivo de la legislación que se promulgó con el propósito de proteger a las mujeres de la violencia política: 
Esta es una ley que fue hecha para proteger a las mujeres de ataques realmente misóginos. Que se esté aprovechando tanto esta figura (...) es una interpretación muy sobrada, muy extraña de esa ley.
La académica señala que el caso forma parte de una tendencia nacional preocupante, en la que personas no favorecidas en los comicios utilizan estas figuras para sancionar a voces críticas.

También alerta que el uso indebido de la norma “desprestigia la figura” y la debilita, cuando realmente se necesita en casos graves de violencia política real.

Criminalización de la crítica

Luis Ramírez, secretario ejecutivo de la Comisión de periodistas de Veracruz, también considera que la figura de violencia política en razón de género se está utilizando para inhibir la crítica periodística en procesos electorales y pidió al Congreso revisar el marco legal. 

Ramírez confirmó que al menos nueve periodistas han sido procesados bajo esta figura. “La sentencia obliga a pagar una multa… algunos compañeros no pudieron acercarse a la comisión, pero a quienes lo hicieron se les brindó asesoría jurídica y acompañamiento hasta la Suprema Corte”.

Desde la CEAPP defendió el papel de la prensa como contrapeso en democracia y se cuestionó la permisividad con la que los tribunales han admitido denuncias sin criterios estrictos: “¿Qué tanto debe la autoridad aceptar el cuestionamiento de la prensa? Mientras no falsee información, no hay mayor problema. Si detrás de ti estuvo tu padre, tu madre, tu tío… es lógico que cualquiera pregunte si eso no constituye una forma de cacicazgo”.

Ramírez adelantó que buscarán un encuentro con la diputada Bertha Ahued, presidenta de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas en el Congreso de Veracruz para exponer la situación y proponer ajustes legales.

En Veracruz, más de 40 periodistas y organizaciones se pronunciaron contra estas resoluciones en una carta abierta, en la que calificaron las sanciones como una medida que vulnera la libertad de expresión y sienta un precedente preocupante contra el ejercicio periodístico.

“Imponer sanciones sin comprender las dinámicas del trabajo informativo, y sin considerar la desigualdad estructural entre quienes informan y quienes ostentan el poder, constituye un acto desproporcionado”, advirtieron. 

Por su parte, la organización Artículo 19 expresó su preocupación por los casos y subrayó que en contextos electorales la libertad de expresión es un derecho especialmente protegido, ya que garantiza el acceso de la ciudadanía a información relevante sobre candidaturas, vínculos familiares, antecedentes y comportamiento público.
La eliminación de contenido vulnera el derecho de la ciudadanía a ‘recibir cualquier información y conocer la expresión del pensamiento ajeno’.
Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México, alertó que las sentencias en el caso de Veracruz y otros del país, como al periodista Héctor De Mauleón, son claros ejemplos de acoso judicial, con políticos que abusan de la ley para silenciar el periodismo crítico, un fenómeno cada vez más común en México,” dijo.

Mientras los pronunciamientos continúan, la excandidata de Morena a la alcaldía de Teocelo, Veracruz, Mara Yamileth Chama Villa, presentó la impugnación de la elección municipal del pasado 1 de junio. En un mensaje dirigido a la ciudadanía en junio pasado, denunció una campaña sistemática de violencia política en razón de género, amenazas y uso indebido de recursos públicos durante el proceso electoral.

La excandidata responsabilizó a medios de comunicación y otros actores de haber difundido ataques que, según ella, fueron reconocidos judicialmente como violencia política por la Sala Regional Especializada del TEPJF, en el expediente SRE-PSC-8/2025.

Chama Villa aseguró que las condiciones en las que se desarrolló la elección “anulan su validez democrática y constituyen un precedente peligroso”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALRES.